nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
En estrecha vinculación con el desempeño que ha tenido al menos durante la última década y media, la democracia mexicana padece un déficit de confianza y credibilidad. Numerosos estudios muestran un pronunciado desencanto y distanciamiento de la ciudadanía con respecto a las instituciones políticas y su funcionamiento. 2 Esta situación afecta claramente a la población joven: diversas expresiones de protesta social, como el movimiento "#YoSoy132" o las movilizaciones llevadas a cabo a partir de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (estado de Guerrero), revelan el interés que los asuntos públicos pueden despertar en los jóvenes. 3 Sin embargo, las condiciones prevalecientes en el sistema político no parecen ofrecer oportunidades a las y los jóvenes de ser protagonistas en la acción pública y la democracia en este país. La participación electoral, en tal sentido, a pesar de ser un mecanismo institucional clave en el ejercicio de los derechos ciudadanos, es una forma de influencia política a la que los jóvenes recurren en menor medida que otros grupos de edad (IFE, 2011 y 2013). 4 Ante el distanciamiento ciudadano de las instituciones representativas, si no es por la vía de la protesta y la movilización, el régimen político parece ofrecer pocas alternativas para que las y los ciudadanos jóvenes se involucren en la gobernanza democrática.
La inclusión política de las personas jóvenes es una tarea pendiente de gran importancia para el fortalecimiento de la democracia en México. Nuestro principal objetivo en este artículo es formular una concepción de la inclusión política juvenil en la democracia que pueda servir como un parámetro normativo para la acción y las políticas públicas, así como un instrumento para la investigación empírica. Con este propósito, en su primera parte desarrollamos una concepción de la inclusión política de los jóvenes que opere para distintas formas concretas de interpretación y análisis; sostenemos que la inclusión política juvenil es importante, en principio, para hacer partícipes a las y los jóvenes de los asuntos públicos en la sociedad en que viven, pero también es necesaria para sostener y profundizar, a lo largo del tiempo y entre distintas generaciones, los valores e instituciones de la democracia. En la segunda parte ofrecemos una propuesta específica al defender una interpretación de la inclusión política juvenil basada en la teoría deliberativa de la democracia, la cual asume que el diálogo público es un mecanismo de inclusión, de fortalecimiento del compromiso cívico, y de generación de decisiones políticas con mayor respaldo y legitimidad; 5 concretamente emplearemos la noción de "capacidades deliberativas del sistema político" (Dryzek, 2009 y 2010), pues permite analizar qué tan inclusiva, auténtica y consecuente es la deliberación que articula los espacios públicos con los espacios resolutivos en un sistema político.
Con base en el enfoque de las "capacidades deliberativas", en la sección tercera y en la cuarta de este trabajo presentamos el análisis de un caso empírico de inclusión política juvenil: el sistema político del estado de Baja California (BC), ubicado en el extremo noroeste de México. Este caso reviste interés por los contrastes que lo caracterizan: con una población prácticamente urbana y alfabetizada, estrechamente vinculada a las dinámicas sociales y económicas de California -sur de los Estados Unidos- y a pesar de la ola de violencia que la afectó hace algunos años, esta entidad federativa se encuentra entre las que tienen mejores indicadores en materia de desarrollo humano y calidad democrática en México. 6 Sin embargo, los altos índices de abstencionismo electoral, la indiferencia general hacia el quehacer gubernamental y los bajos indicadores de participación social presentes en el estado, ilustran una significativa desarticulación entre sociedad y política; de hecho, estudios previos afirman que las y los jóvenes en esta entidad se interesan más por viabilizar sus proyectos personales de vida que por tener presencia en la esfera pública (Monsiváis-Carrillo, 2004). Este escrito muestra, en cambio, que en la sociedad bajacaliforniana se ha constituido un espacio público dinámico y creativo de participación juvenil, con influencia en materia institucional a escala local. Así, los déficits se encuentran en la debilidad de las dinámicas asociativas de las y los jóvenes, y en la poca capacidad que han tenido las instituciones políticas y de gobierno para llevar a cabo políticas eficaces y duraderas de inclusión juvenil.
Finalmente, luego de exponer el análisis del caso, en las conclusiones, ofrecemos una síntesis del argumento y un balance del enfoque propuesto -las capacidades deliberativas(, para entender y analizar la inclusión democrática de la población joven.
La inclusión democrática de las personas jóvenes
El objetivo de esta primera parte es argumentar que la inclusión política de las personas jóvenes es una condición importante para el fortalecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de un régimen democrático. Pretendemos formular un planteamiento conceptual y normativo que suscite distintas aproximaciones concretas para analizar y promover la inclusión juvenil en la democracia, para lo cual exponemos la concepción de la democracia que orienta este trabajo, definimos a la población de interés -las "personas jóvenes"- y hablamos de la importancia de promover la inclusión política de la juventud.
La democracia como régimen y como principio
La democracia es un régimen de instituciones, condiciones y procesos para el acceso y el ejercicio del poder público. Antes de dar por hecho alguna forma institucional, es un principio de legitimidad de la autoridad política basado en la libertad y la igualdad política de las y los ciudadanos. 7 Son múltiples los significados y los arreglos institucionales que son congruentes con tal principio. Como señala Gallie (1955), la democracia es uno de esos conceptos esencialmente contestados. Las controversias en torno a su significado no son solamente de índole conceptual: tienen repercusiones en el diseño institucional y en las prácticas políticas. Esto ha convertido a la teoría de la democracia en un terreno fértil para los debates e innovaciones conceptuales, normativas y públicas. Los aportes son múltiples y diversos; desde David Held (2006), quien pasa revista a los modelos ateniense, republicano, liberal, competitivo, pluralista, posmarxista, participativo, deliberativo y cosmopolita de la democracia; pasando por Leonardo Morlino (2012: 34-47), quien debate sobre los componentes de la calidad de la democracia e identifica ocho modelos normativos (liberal, responsivo, participativo, deliberativo, asociativo, igualitarista, buen gobierno y buena democracia); hasta arribar a Michael Coppedge, John Gerring y sus colaboradores (2011: 254), quienes incorporan seis concepciones de la democracia en un planteamiento comparativo a escala mundial (electoral, liberal, mayoritaria, participativa, deliberativa e igualitaria).
En este artículo defendemos una perspectiva deliberativa para analizar la inclusión política juvenil. En tanto régimen de derechos, la democracia se constituye a partir del conjunto de normas, disposiciones y oportunidades que tiene la ciudadanía para expresar opiniones, asociarse libremente, intervenir en los asuntos públicos, elegir y ser electa. Por medio de la apropiación y el ejercicio de los derechos democráticos, las y los miembros de una sociedad pueden ejercer control sobre la agenda pública, la conformación de los gobiernos y la conducción de las políticas públicas. El ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos son parte del entramado institucional que así como favorece la identificación de intereses comunes, la colaboración en los procesos de gobernanza y el sentido de pertenencia a una "comunidad de iguales", también ofrece mecanismos para adoptar decisiones políticas legítimas en contextos de diferencia y desacuerdo. 8 Como sistema de gobierno, la democracia se fortalecerá en la medida en que motive a los actores sociales a aceptar sus reglas y sus resultados; no es un desafío menor, considerando que las sociedades actuales no son sólo socialmente plurales, sino que están integradas por agentes con preferencias heterogéneas, intereses potencialmente en conflicto y concepciones morales diferentes, en ocasiones irreconciliables. Un régimen democrático, por tanto, debe incentivar a todos los agentes, independientemente de su posición social, poder económico o credo religioso, a jugar bajo las mismas reglas, por lo que la construcción y renovación de las instituciones y las prácticas democráticas constituye un desafío permanente para toda sociedad. El arraigo y funcionamiento de este sistema depende no solamente del reconocimiento público de su valor intrínseco, sino también de la capacidad que tenga para incluir y representar las demandas ciudadanas, para crear espacios para el procesamiento institucional del conflicto y para dar respuestas eficaces a los problemas públicos. Cuando el sistema cumple de manera deficiente con estas funciones los intereses particulares predominan sobre el interés público, las problemáticas sociales se profundizan, y la ciudadanía se vuelve partícipe de dinámicas de desapego, polarización y conflicto social.
La inclusión política juvenil puede considerarse una prueba para todo sistema democrático. En la medida que un sistema político consigue afianzarse y reproducirse a través de mecanismos que permiten el tránsito entre generaciones, cada nueva generación se apropia de los valores, prácticas e instituciones que dan forma a la autodeterminación y el autogobierno. Para promover la inclusión política juvenil hay que comenzar, entonces, por discutir qué es lo que esto significa.
¿Quiénes son las y los jóvenes?
Hace ya más de tres décadas, Bourdieu (2003) afirmó que la noción de "juventud" no es más que una palabra. 9 Con esta provocativa tesis pretendía subrayar que, más allá de la edad de las personas, la condición de juventud adquiría contenidos sustantivos sólo de manera relacional, a partir de las jerarquías y relaciones de poder prevalecientes en un campo determinado. A partir de este postulado, la definición de la condición de juventud se ha convertido en una cuestión altamente debatida. Fundamentalmente, a partir del estudio de las culturas juveniles se han cuestionado distintas concepciones psicologistas, funcionales y lineales de la juventud para hacer énfasis en las identidades, la capacidad de agencia y las prácticas distintivas de los jóvenes. 10 Este giro ha provocado, a su vez, algunas dificultades adicionales debido a la tendencia a identificar el todo con una de sus partes: la juventud equivale a la expresión de identidades y prácticas socioculturales de agrupaciones concretas de jóvenes. En nuestro caso, consideramos relevante el período etario pero no para encontrar ahí los atributos constitutivos de alguna inmanente "condición juvenil", sino para delimitar un período en la vida de las personas que es crucial para su constitución como agentes morales y públicos. Denominamos "jóvenes" a las personas que, entre los 12 y 29 años de edad, viven experiencias propias e individuales de desarrollo humano 11 que se encuentran influidas tanto por las características propias de cada individuo -en un sentido biológico y psicológico- como por las condiciones del entorno social en el que vive. Más allá de los determinantes psicológicos o sociales de la vida de estas personas, el elemento central de la concepción que proponemos es la experiencia de desarrollo humano vivida durante esta etapa, y damos por hecho que las y los jóvenes, antes que "jóvenes", son personas con capacidad de agencia, 12 agentes morales capaces de decidir acerca de sus valores e intereses y actuar en consecuencia, haciéndose responsables de sus actos. Cada persona puede vivir conforme a lo que, a partir del juicio propio y las condiciones definidas por el entorno, considere una vida digna de ser vivida. A la construcción reflexiva de este proyecto de vida (que implica una actualización constante a lo largo del tiempo) es a lo que denominamos "experiencia de desarrollo humano".
La "juventud", entonces, es una etapa crucial en el desarrollo humano de cada persona, durante la cual se adquieren y desarrollan las capacidades necesarias para concebir y realizar, de manera consciente o sistemática, un proyecto de vida propio. Desde luego, varias circunstancias pueden interferir con -o fortalecer- las oportunidades que las personas jóvenes tienen para vivir una experiencia de desarrollo humano acorde con las propias potencialidades, aspiraciones y expectativas. Por ejemplo, hay personas que desde temprana edad, en virtud de las desventajas de su entorno, tienen pocas posibilidades de elegir un proyecto propio, se ven obligadas a responder a las necesidades de su ambiente y a asumir responsabilidades que disminuyen su experiencia de desarrollo personal. Por otra parte, hay quienes pueden aprovechar las oportunidades acumulativas que su situación particular les ofrece y prolongar esa experiencia de desarrollo humano más allá de la etapa de juventud.
Concebimos a las personas jóvenes como aquellas personas que, ubicadas en un rango de edad de entre 12 y 29 años, viven experiencias subjetivas de desarrollo individual y humano, mediatizadas por sus condiciones de vida, sus posiciones sociales y sus relaciones interpersonales. De esta forma, podemos articular la condición juvenil con distintas modalidades de actuación, participación y relación con lo público. La capacidad de agencia política es constitutiva de las personas jóvenes en tanto que son agentes morales capaces de reconocer intereses propios y ajenos, responsabilidades individuales y colectivas. Tal capacidad les permite asimilar información, formular preferencias, juicios políticos y actuar -de manera individual o colectiva- para influir en los asuntos públicos. La influencia pública de los jóvenes puede asumir distintas formas y emplear diversos medios: puede seguir los cauces de la institucionalidad prevaleciente o puede buscar vías alternas y contestatarias; puede tener como propósito reforzar o reproducir el statu quo, subvertir el orden establecido o impulsar cambios de distinta índole; puede recurrir a repertorios convencionales de protesta y participación, o introducir innovaciones públicas y socioculturales con alcance político.
Al estudiar la agencia política juvenil, sin embargo, es de primera importancia prevenir algunos equívocos conceptuales. En primera instancia, es necesario no confundir las categorías sociales con agentes colectivos. Una de las confusiones más frecuentes es asumir que aquellas personas que tienen entre 12 y 29 años, por el sólo hecho de estar atravesando la etapa de "juventud", forman parte de un agente colectivo "joven" que comparte valores, creencias, intereses, propósitos y formas de acción. Esta visión es desacertada. La edad y las experiencias a ella asociadas pueden crear vivencias comunes y formas variadas de reconocimiento y diferenciación intersubjetivas, pero ello es algo distinto a la configuración de "actores" o "sujetos colectivos". Este reconocimiento no implica negar que existan organizaciones sociales y movimientos constituidos por personas jóvenes, sino enfatizar que el concepto de "persona joven" designa por igual a jóvenes participativos y movilizados que a otros jóvenes que no se involucran de esa manera.
En segundo lugar, es importante evitar la idea de que "la condición de juventud" se opone, por definición, al "mundo adulto". Si se aspira a contrarrestar las diversas exclusiones que padecen las personas jóvenes, no es difícil albergar la creencia de que las actitudes, motivaciones y acciones políticas de "los jóvenes" se definen por oposición a las de los "adultos". Esto puede ser cierto en determinados casos, pero también hay que tener en cuenta que una buena proporción de las personas jóvenes es adulta para todo efecto práctico. 13 Al rebasar cierto umbral de edad -18/21 años-, las personas son reconocidas como individuos autónomos y competentes en las esferas de lo civil, lo penal, lo político y lo económico, entre otras. Por ende, no es prudente afirmar que los mundos "adulto" y "juvenil" son simplemente opuestos. Si se trata de dar cuenta de los mecanismos de exclusión que afectan a determinados segmentos de la población joven, hay que comenzar reconociendo que las nociones de "jóvenes" y "adultos" (o cualquier otra) son categorías descriptivas -algo ambiguas, por lo demás-, pero no son sujetos sociales.
Finalmente, es importante tener la precaución de no dar por hecho que la agencia política juvenil es intrínsecamente valiosa o compatible con todos los ideales políticos, que puede promover cambios democráticos, pero también puede reforzar distintas estructuras de dominación política; puede innovar en términos de protesta para combatir el autoritarismo, pero también puede movilizarse para defender privilegios, sostener jerarquías o afianzar enclaves de poder. Aunque la participación pública de las y los jóvenes suele estar asociada con la profundización democrática, la movilización política de muchos jóvenes se enmarca también en intercambios particularistas que emplean formas autoritarias de organización e influencia y que, inclusive, pueden recurrir a la violencia como forma de presión política. Por ejemplo, los jóvenes que viven en condiciones de marginación y pobreza, o que se ven afectados por mecanismos estructurales de desigualdad, no escapan a las formas clientelares y corporativas de intermediación de otros agentes sociales. En América Latina, las redes clientelares proporcionan a los sectores populares y marginados un acceso a los bienes públicos que ni los mecanismos de la democracia representativa ni los servicios estatales consiguen ofrecerles. 14 Tales formas corporativas y clientelares de intermediación política llegan a capturar las redes de organizaciones sociales y los instrumentos supuestamente "ciudadanizados" de participación y gestión urbana; 15 estos mecanismos son vías de inclusión de los jóvenes en tanto clientes, pero no en tanto ciudadanos.
La inclusión política de las personas jóvenes
Uno de los principales retos del fortalecimiento de la democracia es el desarrollo de mecanismos para la socialización política y la inclusión de las personas jóvenes. Cuando hablamos de inclusión política nos referimos a la posibilidad de participar en los asuntos públicos, ya sea interviniendo en la configuración de las agendas públicas, introduciendo innovaciones socioculturales en el espacio público, fomentando diversas expresiones de asociación y organización colectiva, teniendo voz y voto en los procesos de decisión política, fungiendo como representantes políticos o reconociendo que los propios valores, intereses y demandas están adecuadamente representados en el régimen político y el ejercicio del gobierno. Cuando hablamos de la inclusión política de las personas jóvenes damos por hecho que, en tanto personas, las y los jóvenes no simplemente tienen "identidades plurales". Ante todo, los concebimos como agentes con capacidades humanas diferenciadas, con creencias y preferencias heterogéneas, con intereses que pueden entrar en conflicto y con convicciones morales que pueden ser incompatibles e irreconciliables, por lo que la inclusión democrática juvenil implica promover, fortalecer e impulsar los siguientes criterios:
La posibilidad de que cada persona joven tenga acceso a condiciones de bienestar y oportunidades de desarrollo humano que le permitan reconocerse como miembro de una sociedad democrática con pleno derecho.
Que el reconocimiento de esa condición de membresía vaya acompañado de una apropiación activa de los valores y normas asociados con la política democrática: legalidad, imparcialidad, libertades de credo, asociación, expresión, tolerancia, no discriminación y deliberación, entre otros.
Posibilidades sustantivas para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades políticos en la acción pública y en los procesos del régimen democrático. Esto se consigue impulsando una participación social y política relevante y eficaz a través de las instituciones electorales y representativas del régimen democrático, pero también de las diversas expresiones asociativas y discursivas que se producen en los espacios públicos.
Programas públicos o acciones sociales dirigidos a la población de jóvenes que cumplan dos funciones complementarias: a) promover el desarrollo de capacidades democráticas en un marco de igualdad de oportunidades, b) favorecer el desarrollo de capacidades democráticas entre segmentos de la población que requieren de prerrogativas especiales para subsanar condiciones de desventaja específicas -por ejemplo, mujeres jóvenes, jóvenes indígenas, jóvenes en pobreza urbana, etcétera-.
Un sistema democrático debe ofrecer condiciones y oportunidades para que las y los jóvenes puedan convertirse en ciudadanos comprometidos y responsables. La inclusión política de las personas jóvenes debe ser concebida como un proceso continuo y constante, no como una acción puntual en el tiempo que sólo beneficie a los jóvenes del presente. No se trata sencillamente de que se abran espacios para jóvenes en las organizaciones sociales, el gobierno o los partidos políticos, ni tampoco de crear cuotas para "jóvenes" como un fin en sí mismo. Se trata de lograr que la política democrática esté abierta a la participación de personas jóvenes en función de sus méritos y capacidades. El riesgo de descuidar la inclusión política juvenil implica un deterioro intergeneracional de la confianza en los valores y las instituciones de la democracia para dirimir los conflictos políticos y definir legítimamente rutas para la acción colectiva.
Capacidades deliberativas e inclusión juvenil
El estudio de la inclusión política juvenil puede realizarse desde distintas perspectivas y metodologías, y aquí defendemos la relevancia de la teoría deliberativa de la democracia para estudiar este fenómeno y proponemos hacerlo mediante las herramientas derivadas del concepto "capacidades deliberativas del sistema político". En esta sección se describe la perspectiva deliberativa de la democracia y se desarrollan las categorías que orientan el análisis.
Democracia deliberativa e inclusión juvenil
La teoría deliberativa es un conjunto de premisas normativas, programáticas y analíticas relacionadas con el fortalecimiento y profundización de la democracia (Thompson, 2008). No solamente ha promovido un replanteamiento del significado de la legitimidad política, el constitucionalismo o la operación de las políticas públicas (Chambers, 2003), sino que ha inspirado también numerosas iniciativas de acción pública, experimentos e investigaciones orientadas directamente a promover el compromiso cívico, la rendición de cuentas y el desempeño democrático. 16
El enfoque deliberativo surgió inicialmente en el plano de la teoría política normativa como parte de una concepción de la legitimidad política alternativa a las concepciones economicistas y utilitaristas de la democracia. 17 En este primer momento, la teoría deliberativa puso énfasis en identificar las condiciones ideales del discurso que podían dar legitimidad a las decisiones políticas a través de procesos de motivación y justificación razonada de las alternativas de elección. 18 Como una reacción crítica a este planteamiento, numerosos partidarios de la teoría deliberativa relajaron las condiciones ideales del discurso, promovieron concepciones alternativas de la política deliberativa e impulsaron diversas innovaciones y experimentos públicos. 19 Luego de más de una década de transitar por esa ruta, la teoría deliberativa ha dado un giro sistémico: conscientes de que el estudio de los minipúblicos concentró los esfuerzos de investigación en el estudio de las consecuencias particulares de los procesos deliberativos, los partidarios de este enfoque han llamado la atención hacia la necesidad de retomar el estudio de la deliberación "a gran escala", es decir, en las sociedades y los regímenes democráticos actuales. 20
El enfoque de la democracia deliberativa actualmente se caracteriza por darle centralidad a los procesos de debate, argumentación y justificación para identificar problemáticas, alternativas de solución y adoptar decisiones políticas que susciten un amplio respaldo público. 21 De esta forma, constituye una alternativa a una concepción de la política democrática restringida al carácter instrumental, antagonista y agregativo de los procesos políticos. En lugar de sostener que para adoptar una decisión democrática es suficiente con sumar preferencias y votos, la perspectiva deliberativa demanda que haya procesos públicos de debate en los que sea el intercambio de razones que toman en cuenta los intereses generales lo que permita arribar a decisiones que cuenten con un respaldo político justificado. Para los partidarios de este enfoque, la deliberación es un mecanismo de cooperación y decisión políticas que enriquece el repertorio de formas de acción democrática. En este sentido, poner énfasis en el carácter deliberativo de la política democrática no supone pasar por alto la amplia variedad de instituciones y mecanismos que existen en una democracia. Por el contrario, permite identificar el papel que desempeñan los procesos de diálogo y justificación públicos en impulsar la rendición de cuentas democrática.
Una concepción deliberativa de la democracia es particularmente relevante para repensar la inclusión política de las personas jóvenes, lo que puede entreverse a partir de la premisa de inclusividad de la democracia deliberativa, 22 según la cual todo ciudadano que se vea implicado por las acciones o disposiciones de alguna autoridad o gobierno debe tener oportunidades de participar -en condiciones de equidad y reciprocidad- en los procesos deliberativos que habrán de conducir a la adopción de decisiones vinculantes y al llamado a cuentas a los gobernantes. Idealmente, y bajo los términos establecidos para organizar las instituciones políticas, ningún ciudadano o ninguna persona debe ser relegada del proceso deliberativo por atributos particulares como la edad, la condición social, el origen étnico, etcétera. Así, las personas jóvenes, en tanto integrantes de pleno derecho de la comunidad política, deben contar con iguales oportunidades de participar en los procesos de deliberación pública, lo cual no implica que la participación deliberativa de las y los jóvenes deba apegarse necesariamente a los parámetros de una deliberación racionalista, pues a través de distintos repertorios de expresión simbólica y manifestación colectiva, los jóvenes también pueden contribuir a las contiendas discursivas en la esfera pública 23 o darle un carácter deliberativo a los movimientos sociales. 24
Al promover una concepción deliberativa de la inclusión política de las personas jóvenes se espera dar impulso a una cultura política democrática basada en las normas de participación, reciprocidad, diálogo y cooperación, entre otras. Esta cultura política no solamente serviría para que las personas jóvenes se apropien de una manera más activa y colaborativa de las instituciones políticas, sino que sentaría las bases para el desarrollo intergeneracional de un sistema político deliberativo.
Sistemas deliberativos, capacidades deliberativas y democracia
La propuesta de este artículo se inscribe dentro del giro sistémico de la teoría deliberativa de la democracia, a partir del cual no se trata simplemente de estudiar el funcionamiento de un determinado espacio o foro público, sino de dar cuenta de la manera en que la deliberación se articula a través de distintos espacios públicos e instancias de decisión política. 25 La relevancia de este enfoque sistémico radica, en primera instancia, en dos aspectos: el primero exige reconocer que la deliberación es una práctica política que asume diversas formas en distintos espacios institucionales. En un sistema deliberativo, se pueden distinguir al menos tres modalidades de política deliberativa (Monsiváis-Carrillo, 2015: 33-36): la participación discursiva -que tiene lugar en las conversaciones cotidianas sobre política y en los discursos generados y promovidos por asociaciones y movimientos sociales y de protesta-, la deliberación pública -que se verifica en una amplia variedad de foros y espacios consultivos, cuya finalidad es clarificar o definir agendas públicas y hacer recomendaciones a otras instancias resolutivas o de decisión-, y la deliberación política -que se realiza en ámbitos institucionales con capacidad de emitir decisiones vinculantes, como los parlamentos-. El segundo aspecto a considerar es que los procesos deliberativos no tienen lugar exclusivamente en un momento discreto en el tiempo, sino que forman parte de procesos de coordinación política que se extienden temporal y espacialmente.
Por otra parte, el enfoque sistémico obliga a pensar en la inclusión política juvenil en términos que trascienden los efectos de momentos particulares o expresiones concretas de participación o movilización de jóvenes; antes bien, invita a considerar la manera en que distintas formas de expresión juvenil interactúan con las instituciones públicas, los programas de gobierno dirigidos hacia la juventud, otros movimientos sociales, o procesos legislativos y de implementación de políticas. El carácter propiamente deliberativo de la inclusión juvenil viene dado por la capacidad que tienen tanto las instituciones públicas, las organizaciones sociales y las propias personas jóvenes para generar discursos sobre cuestiones de interés colectivo, ofrecer alternativas de política, presentarlas y defenderlas en espacios públicos y políticos, y exigir que se rindan cuentas acerca de la relación existente entre agendas, debates, decisiones y resultados de la acción pública. En tal sentido, la potencial relevancia del enfoque deliberativo para promover la inclusión democrática juvenil depende de la disposición de herramientas conceptuales que contribuyan a promover y a analizar los sistemas deliberativos. Una propuesta teórica particularmente útil para este propósito es la del enfoque de las "capacidades deliberativas". Esta propuesta ha sido formulada por John Dryzek (2009), quien establece que el desarrollo de capacidades deliberativas es un indicador empírico de la democratización de los sistemas políticos. De acuerdo con este autor, la capacidad deliberativa se define como "la medida en que un sistema político posee estructuras que hospedan una deliberación auténtica, inclusiva y consecuente" (Dryzek, 2009: 1382), de tal suerte que, a "la luz de la teoría deliberativa, entre más auténtica, inclusiva y consecuente es la deliberación política, más democrático es el sistema político" (Ibíd., 2009: 1380).
El enfoque de las capacidades deliberativas tiene el propósito explícito de ser útil para el análisis comparado de los procesos de democratización, y desde nuestro punto de vista promueve dos aportaciones clave para la inclusión democrática de las y los jóvenes. En primer lugar, establece un vínculo directo entre la expansión de las capacidades deliberativas y la calidad de la democracia en un sistema dado. La premisa es que, en la medida en que un sistema político cuenta con condiciones para que los jóvenes y la ciudadanía en general se involucren en una deliberación inclusiva y consecuente, las políticas públicas podrán responder mejor a las demandas colectivas. Desde luego, la evidencia de que ello suceda en la práctica requiere del estudio de casos empíricos concretos.
La segunda aportación del enfoque de las capacidades deliberativas es precisamente su relevancia heurística. Por un lado, pone énfasis en estructuras y procesos, facilitando la observación de los procesos políticos con carácter deliberativo. Las dificultades para observar la deliberación son uno de los motivos que han limitado la realización de estudios empíricos con perspectiva deliberativa. Dryzek (2009) pone énfasis en las capacidades deliberativas que se gestan en los espacios públicos y resolutivos; de hecho considera de primera importancia analizar los intercambios entre espacios públicos y espacios de decisión. Por otra parte, define tres estándares normativos para evaluar la calidad de la deliberación: ésta debe ser inclusiva, auténtica y consecuente. 26 Por lo tanto, al establecer estos parámetros, se reconoce que la calidad del discurso importa. Sin embargo, pueden criticarse dos aspectos de este enfoque: el primero es que representa una aproximación general a los procesos de integración de los sistemas deliberativos; el segundo es que no ofrece una guía para el estudio empírico del discurso en los procesos deliberativos, tal como sí lo ofrece -por ejemplo- el Índice de la Calidad del Discurso. 27 Consideramos que estas críticas, antes que desestimar este enfoque, invitan a impulsar una agenda de desarrollo teórico analítico y de investigación empírica que subsane estas limitaciones.
En este documento asumimos que las capacidades deliberativas de un sistema político pueden fortalecer el carácter democrático del mismo, dando por hecho que "lo democrático" está definido por la realización de elecciones competitivas, un marco de libertades públicas y la vigencia efectiva del Estado de derecho. Ahora bien, para analizar empíricamente el desarrollo de las capacidades deliberativas, utilizaremos las categorías propuestas por Dryzek (2009: 1382, 1385-1386) :
Capacidades deliberativas: designan el grado en que existe una deliberación auténtica, inclusiva y consecuente en un sistema político. En este caso, asumimos como auténtica la deliberación que induce una reflexión política de maneras no coercitivas, que vincula las demandas con principios generales y que demuestra reciprocidad; es inclusiva la deliberación en la que participa un amplio rango de intereses y discursos en un escenario político determinado, y es consecuente la deliberación que tiene algún grado de impacto en las decisiones colectivas o en los resultados sociales.
Sistema deliberativo: es un sistema de acción colectiva integrado por distintos espacios formales e informales de comunicación, decisión y actuación públicos. Esta definición se puede aplicar tanto a un conjunto de normas, instituciones y actores transnacionales, como al régimen político de un Estado nacional o a la red de gobernanza definida por alguna temática específica.
Un sistema deliberativo se compone de los siguientes elementos: 28
Espacios públicos. Son espacios frecuentemente informales, con pocas restricciones de entrada a los procesos deliberativos: movimientos sociales, foros ciudadanos, audiencias públicas, espacios físicos de encuentro y reunión (plazas, restaurantes, clubes), y redes sociales en la Internet.
Espacios resolutivos. 29 Son organizaciones o estructuras organizacionales que producen decisiones vinculantes: parlamentos, las cortes y/o los consejos corporativos.
Medios de transmisión. Son los medios a través de los cuales los espacios públicos influyen en los espacios resolutivos: campañas políticas, redes entre actores políticos, discursos y pronunciamientos públicos, expresiones socioculturales, etcétera.
Medios de control o rendición de cuentas. Son los que permiten a los espacios públicos hacer rendir cuentas a los espacios resolutivos, y pueden ser los mismos o similares a los medios de transmisión.
Los lineamientos expuestos en la tabla 1 ofrecen criterios para el desarrollo de estudios empíricos acerca del desarrollo de las capacidades deliberativas relacionadas con la inclusión política juvenil, y son los que guían el análisis empírico que presentaremos a continuación. El objetivo es determinar qué tan robustas son las capacidades deliberativas del sistema en relación con las personas jóvenes. Las filas de la tabla contienen las tres dimensiones de las capacidades deliberativas del sistema, mientras que las columnas muestran las características prototípicas que se podrían observar si esas capacidades fueran robustas, intermedias o débiles.
Tabla 1: Capacidades deliberativas e inclusión política juvenil, criterios de observación
Fuente: elaboración propia con base en Dryzek, John, (2009) "Democratization as Deliberative Capacity Building" en Comparative Political Studies. Vol. 42, núm. 11, pp. 1379-1402. Nueva York, SAGE Publications.
Un estudio de caso: la inclusión política de jóvenes en Baja California
El estado de Baja California es la primera entidad federativa en México en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció, en las elecciones para gobernador en 1989, el triunfo de un partido opositor, el Partido Acción Nacional (PAN). 30 Todavía en esa época (a pesar de la crisis económica de 1982, de los conflictos postelectorales de 1986 en Chihuahua, de la "caída del sistema" a la hora del conteo de los votos para la elección presidencial de 1988, y el descontento social generalizado en el país), no se alcanzaba a anticipar el día en que el PRI perdería en las urnas la presidencia de la República 31 -ni mucho menos, que habría de "regresar a Los Pinos" en el año 2012-.
¿Cuál es el interés teórico o analítico que reviste este caso? Baja California es una entidad federativa que se caracteriza por ser una sociedad dinámica, con niveles de desarrollo y bienestar entre los más altos del país, y un sistema político consolidado, electoralmente competitivo. Sin embargo, entre la sociedad y el sistema político parece haber mecanismos fragmentados y poco robustos de articulación en la esfera pública. 32 Esto lo ilustra el análisis de los consejos de planeación para el desarrollo estatal y municipal en Tijuana que, a mediados de los años noventa, ganaron notoriedad como espacios de colaboración entre los sectores público y privado, pero que se fueron debilitando conforme los partidos en el gobierno desatendieron la continuidad de los procesos participativos y construyeron vínculos con sus propios intermediarios. 33
A pesar de haber experimentado un intenso período de violencia a causa del crimen organizado entre 2007 y 2009, esta entidad no fue presa de una espiral de deterioro institucional como ha sucedido en Guerrero, Michoacán o Tamaulipas; antes bien, ha conseguido restablecer estándares de seguridad pública compatibles con una reactivación del desarrollo social y económico, 34 y se ha mantenido como un estado que presenta los niveles de desarrollo humano más altos en el país. 35 Debido a los procesos de migración interna e internacional que tienen lugar en la región, Baja California se caracteriza por ser una sociedad plural y en constante movimiento. En esta entidad, la población total rebasa los tres millones de habitantes y más de 90% de la misma reside en zonas urbanas (de los cuáles más de la mitad vive en Tijuana o en los dos municipios cercanos a esta ciudad(, y más de 90% de la población está alfabetizada. 36 Además existe una fuerte integración económica y social con el sur de los Estados Unidos. La propia economía regional -predominantemente estructurada en torno a la industria de exportación- se ha diversificado a través de la instalación de empresas innovadoras, la expansión del sector de servicios, el impulso a la industria agropecuaria orientada hacia el mercado externo, y la emergencia de un segmento turístico y gastronómico basado en la industria vitivinícola y el clima mediterráneo que predomina en la costa de la entidad. 37
Paralelamente, el sistema político bajacaliforniano es clasificado como una de las democracias de más calidad en el plano subnacional mexicano. 38 Aunque el pan ha ganado sistemáticamente las elecciones a la gubernatura del estado desde 1989, el régimen electoral es altamente competitivo. En este sistema, esencialmente bipartidista, compiten el PRI y el PAN; el resto -incluyendo a los partidos de izquierda- promueven alianzas electorales para capitalizar diputaciones de representación y algunos puestos en los gobiernos estatales y municipales.
A pesar del dinamismo de la sociedad bajacaliforniana y del carácter competitivo del régimen electoral, la evidencia disponible muestra lo que parece ser una esfera pública "despoblada": la ciudadanía no parece interesarse demasiado por los asuntos públicos. No se trata de un rechazo abierto en contra del régimen o sus instituciones, sino de un desapego cercano a la indiferencia. Por ejemplo, el gráfico 1 muestra que la participación electoral en BC se ha mantenido sistemáticamente a la zaga del promedio de participación nacional en las elecciones federales llevadas a cabo entre 2000 y 2012. En el plano local, la participación electoral es notoriamente baja, pues desde 1998 no rebasa el 45% de la lista nominal de electores, oscilando entre 30 y 40 % de la votación.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California <www.iepcbc.org.mx> y del Instituto Nacional Electoral <www.ine.mx>. Acceso del 23 de enero de 2015. Los años 1995, 2001, 2007 y 2013 reportan la participación electoral en elecciones para gobernador; los años 1998, 2004 y 2010, la participación en elecciones legislativas locales. Los años 2000, 2006 y 2012 reportan elecciones para presidente de la República; y los años 2003 y 2009 reportan elecciones legislativas federales.
Gráfico 1 Participación electoral en los comicios locales y federales de Baja California (1995-2013)
Se podría tomar partido por la sociedad y afirmar, con razón, que a pesar del carácter competitivo del régimen electoral, las elecciones locales contienen una oferta de candidatos y programas poco estimulante. Con todo, sería de esperar un activo compromiso cívico por parte de la ciudadanía, o por lo menos por parte de la ciudadanía joven. En 2010, la población de jóvenes representaba una tercera parte de la población del Estado: de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, 27.3 % de la población en el Estado está constituida por jóvenes de entre 15 y 29 años -es decir, por poco más de 860 mil jóvenes-. A lo largo de su vida, las generaciones nacidas después de 1985 han conocido -al menos en el plano estatal- un régimen electoral competitivo. Los jóvenes bajacalifornianos han sido parte de un sistema sustancialmente más democrático que el que se ha vivido en otras regiones de México durante las últimas tres décadas. Sería esperable encontrar en este segmento poblacional elementos de una cultura democrática en construcción.
Sin embargo, los datos disponibles muestran que las y los jóvenes en Baja California se mantienen distanciados de un activo compromiso cívico. Por ejemplo, a partir de la Encuesta Nacional de Valores (ENVUD, 2012), el gráfico 2 revela 39 que si bien la identificación con la democracia entre las y los jóvenes en BC es equiparable, e incluso un poco más alta que entre adultos en BC y jóvenes y adultos en el resto del país, el interés por la política es menor en BC y entre los jóvenes que en el resto del país. Se trataría de una identificación con la democracia más emotiva que informada. De la misma forma, el gráfico 3 muestra que los mecanismos para iniciar acciones colectivas o políticas son débiles, como si la acción juvenil estuviera "despolitizada". En BC, la membresía en organizaciones o agrupaciones sociales y la noción de que se puede confiar en la mayoría de la gente son proporcionalmente menores a las que se observan en el resto del país, tanto entre la población joven como entre la población mayor de 30 años de edad. Paralelamente, cerca de la mitad de la población joven declara no tener una identificación partidista específica, proporción mayor a la de los jóvenes que se identifican con algún partido político en particular. La misma tendencia se observa en otros indicadores: la frecuencia con la que se sostienen conversaciones sobre política, con la que se da seguimiento a las noticias sobre política y gobierno, o el conocimiento que se tiene de los propios derechos civiles y políticos. En cada uno de estos indicadores la población en Baja California se mantiene igual o a la baja con respecto a lo que se observa en el resto del país.
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (ENVUD), 2012México, Banamex/Fundación Este País.
Gráfico 2 Identificación con la democracia e interés por la política
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (ENVUD), 2012. México, Banamex/Fundación Este País.
Gráfico 3 Indicadores de capital social
Sin embargo, como se aprecia en los gráficos 4 y 5 , existen elementos en la cultura política de la juventud bajacaliforniana que aluden a un potencial de transformación pública. Aunque se registran altos niveles de conservadurismo en cuestiones sociales y afinidad con una ideología de derecha, en términos de valores tanto hombres como mujeres en BC se conciben a sí mismos como socialmente más progresistas que los propios adultos bajacalifornianos y que el resto de la población en el país. Esto queda de manifiesto en las actitudes hacia el aborto en tanto que hombres y mujeres jóvenes en BC están de acuerdo con este derecho en una proporción mayor que el resto de la población. No es así, sin embargo, con relación al matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos datos son ilustrativos de una cultura política que se concibe a sí misma como progresista y abierta pero que, desconfiando de los medios que el sistema político ofrece actualmente, tiende a "despolitizar" sus formas de acción -como lo revela el hecho de que muy pocos se identifiquen con una ideología de izquierda o tengan afinidad con algún partido político-. El contexto, como mostraremos en la sección siguiente, ofrece mecanismos incipientes y fragmentarios de inclusión política, lo que refuerza este distanciamiento entre la juventud y lo público.
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (ENVUD), 2012México, Banamex/Fundación Este País.
Gráfico 4 Perfil ideológico
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Valores: lo que une y divide a los mexicanos (ENVUD), 2012México, Banamex/Fundación Este País.
Gráfico 5 Acuerdo con derechos al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo
Capacidades deliberativas e inclusión juvenil en Baja California
A pesar de las tendencias generales que se registran en el caso bajacaliforniano con respecto a la participación electoral y el compromiso cívico de la ciudadanía, durante los últimos años han surgido iniciativas y dinámicas asociativas muy puntuales promovidas por personas jóvenes, que tienen por objeto influir en los asuntos públicos de la región. Esta activación ha permitido desarrollar las capacidades deliberativas de inclusividad y autenticidad del sistema político local, y aunque la efectividad o las consecuencias de la deliberación pública también han sido relevantes, es en los planos asociativo e institucional donde se observan importantes áreas de oportunidad para promover la inclusión política juvenil.
Los resultados que se reportan en esta sección son producto de una fase de investigación llevada a cabo entre agosto de 2012 y abril de 2014. La estrategia metodológica combinó el análisis de datos estadísticos e institucionales sobre programas públicos y asociaciones juveniles, y de jóvenes empleando distintas fuentes de información. Una descripción del diseño general de investigación se muestra en el anexo 1,algunos resultados del análisis estadístico a los que se alude en ese anexo se presentan en la sección anterior. Las fuentes documentales que se consultaron abarcan leyes, reglamentos y documentos oficiales. El trabajo de campo consistió en la aplicación de entrevistas semiestructuradas y actividades de observación participante en consultas públicas y foros de discusión de los planes de desarrollo y de la política de juventud en el Estado de Baja California entre diciembre de 2013 y abril de 2014. 40 Se llevaron a cabo entrevistas a tomadores de decisión y responsables de programas en materia de juventud: responsables de la Comisión de Juventud en el Congreso del estado, directores de los institutos estatal y tijuanense de juventud, responsables de programas de capacitación y participación ciudadana, líderes jóvenes y jóvenes integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales.
Inclusividad
Teniendo en cuenta los criterios definidos en la tabla 1, las capacidades deliberativas del sistema político bajacaliforniano alcanzan un nivel intermedio de inclusividad. Si se consideran, por ejemplo, las organizaciones de jóvenes o las iniciativas en las que se involucran las y los jóvenes que tienen algún propósito político o público en relación con el volumen poblacional, sería evidente un potencial asociativo poco desarrollado; sin embargo, si se evalúan las dinámicas asociativas y participativas de los jóvenes de la entidad en función de sus características intrínsecas en experiencias e iniciativas puntuales, sale a relucir un interesante dinamismo. Durante los últimos años, el espacio público bajacaliforniano se ha ampliado con la incorporación de movimientos, iniciativas y organizaciones promovidas por jóvenes o que involucran a jóvenes, lo que se debe en parte a dos factores: por un lado, a la relativa ausencia de formas de intermediación corporativas que históricamente han caracterizado a esta entidad, 41 favoreciendo el surgimiento de iniciativas asociativas autónomas, y por el otro, a la crisis de inseguridad que se vivió en la frontera hace unos años, lo cual propició la emergencia y vinculación de diversas iniciativas, así como la creación y el fortalecimiento de redes. Estas iniciativas abarcan movimientos y actores ubicados en un espectro ideológico amplio: desde las organizaciones pro empresariales hasta los movimientos contestatarios y radicales, pasando por otros orientados a la provisión de servicios, la contraloría social o la asistencia social.
Dentro de esta creciente diversidad de actores y movimientos sobresale el carácter sustancialmente limitado de las organizaciones relacionadas con los partidos políticos. En la entidad se encuentran "Acción Juvenil" (jóvenes simpatizantes del PAN); "Juventud Territorial Tijuana" (conformada por jóvenes del PRI); una representación juvenil del partido "Movimiento Ciudadano" en Baja California; y las "Juventudes de Izquierda" 42 (representación juvenil del Partido de la Revolución Democrática). La investigación de campo revela que estas asociaciones cuentan con pocos miembros y operan sin presupuesto. Quienes se involucran en ellas son jóvenes voluntarios, afiliados o simpatizantes del partido de referencia, que realizan actividades proselitistas y de diversa índole con recursos propios o autogestionados. Estas asociaciones constituyen mecanismos de acceso a la política local para jóvenes interesados en convertirse en políticos profesionales.
En cambio, en un terreno distinto al partidista, los jóvenes han encontrado diversas plataformas para organizarse y representar sus intereses; este es el caso de Jóvenes Unidos por la Sociedad A.C. (JUS) de la ciudad de Tijuana, una asociación civil que busca motivar a la juventud a colaborar en el bienestar de Tijuana y a incidir en las políticas de juventud locales. Esta fue la primera organización local que consiguió citar a políticos, artistas y empresarios locales e impulsar el tema de jóvenes en su agenda. Esta asociación organizó un debate con candidatos locales para las elecciones federales de 2012, apoyó la creación de la Ley de Juventud de Baja California, obtuvo un "Espacio Poder Joven" del Instituto de la Juventud, y el premio de juventud a nivel municipal en 2010 y estatal en 2012.
Por su parte, en el año 2010 se formó el "Consejo Ciudadano Juvenil de Tijuana", integrado por representantes de diferentes organismos juveniles -JUS, Comisión de Jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Junior Chamber International (JCI) Tijuana, Tijuana Trasciende, Rotaract Tijuana Oeste, entre otros- para impulsar proyectos conjuntos de interés social para jóvenes. Entre sus iniciativas se encuentran la realización del evento "Tijuana Somos Todos" con la participación de diversas organizaciones de la ciudad y el impulso a la Ley de Juventud en Baja California. Luego de un par de años de trabajo, esta organización permanece inactiva en el presente.
Además de las mencionadas, existen las siguientes organizaciones y movimientos:
"Acóplate" es un movimiento surgido en 2011en el municipio de Tecate a partir de la iniciativa de estudiantes radicados en esa localidad para gestionar los medios de transporte necesarios para trasladarse a las escuelas y universidades de Tijuana.
La "Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Tijuana" se ha constituido en un actor político relevante en temas de desarrollo económico y juventud.
"Entre Jóvenes" es una agrupación de la ciudad de Mexicali que realiza grupos de encuentro dirigidos a jóvenes en temas de capacitación laboral. Uno de sus proyectos fue ganador de una convocatoria emitida por el Instituto Mexicano de la Juventud.
"Hala Ken Telar Juvenil" busca la profesionalización y el empoderamiento de jóvenes como catalizadores del cambio a través de actividades de apoyo psicológico, capacitación e incubación de proyectos en la ciudad de Tijuana.
"Líderes Juveniles" se vincula con instancias de juventud e instituciones educativas para promover el liderazgo y la participación social de jóvenes en la comunidad.
"Red Universitaria de Tijuana" fue creada en 2012 y vinculaba a estudiantes y egresados universitarios en actividades sociales y comunitarias; actualmente se encuentra inactiva.
"Sé Líder" es originaria de Mexicali y se presenta como "una organización nacional laica, apartidista y sin fines de lucro" enfocada en promover el liderazgo juvenil y el desarrollo social, formada por jóvenes de 13 a 22 años. Entre 2004 y 2006, algunos de sus miembros fueron consejeros ciudadanos del Instituto Estatal de la Juventud y en 2007 obtuvieron el Premio Estatal de Juventud en Mérito Cívico.
"Un millón de jóvenes por México" es una iniciativa de carácter nacional para establecer redes de trabajo sobre juventud, con módulos en las ciudades de Tijuana y Mexicali.
"Viral bc Redes de Acción Local para la Transformación Nacional en Baja California" busca formar una red de vinculación juvenil a nivel local y nacional.
"Yo Tijuaneo" es una iniciativa que agrupó a 13 organizaciones juveniles para promover las fortalezas y virtudes de la juventud tijuanense. Surgió en 2012, año en que representó a la juventud local en el evento "Tijuana Innovadora" y quedó inactiva cuando varios de sus integrantes se incorporaron a la administración municipal que inició en 2013.
Por otra parte, con un perfil contestatario dentro del espectro ideológico local, se encuentran otras organizaciones y movimientos de protesta:
"#YoSoy132bc" es la representación del movimiento "#YoSoy132México" en Baja California.
El "Instituto Nacional de Gastos Pendejos" (INGAPE) es una agrupación a nivel local que se desprende de la misma iniciativa de carácter nacional. Aunque no es propiamente una organización juvenil, las y los jóvenes locales tienen en ella un papel protagónico, organizando acciones de protesta civil pacífica de manera constante.
El "Movimiento Estudiantil Revolucionario" fue creado en el municipio de Playas de Rosarito. Motivan la participación de jóvenes en acciones de denuncia y protesta.
La "Unión de la Juventud Revolucionaria" de Tijuana se asume como "revolucionaria, democrática, popular, antifascista, progresista y anti imperialista". Agrupa a jóvenes que "luchan" por las reivindicaciones propias y las demandas "del proletariado y las masas populares", en contra de "la opresión y la explotación capitalista". Realizan acciones de protesta y desobediencia civil.
Dentro del conjunto delimitado que constituyen, es notoria la diversidad de organizaciones y movimientos de jóvenes en la entidad; sin embargo -como se muestra en la tabla 2-, también es visible que se trata de dinámicas asociativas que se caracterizan por su empuje y voluntad más que por el grado de estabilidad, institucionalización y profesionalización que alcanzan. Son voces diversas y originales que promueven iniciativas de distinta índole, que forman parte de redes informales y que consiguen visibilizar las temáticas de juventud en espacios delimitados; sus logros son tangibles, pero claramente circunscritos en términos temáticos. Muchas de ellas están integradas por pocos miembros y son transitorias. Son pocos los casos de las asociaciones y movimientos estudiados que disponen de fuentes estables de financiamiento, personal suficiente, estructura organizacional eficiente, y capacidades técnicas para elaborar informes y emitir recomendaciones en temas especializados. Fungen como espacios de expresión, formación de vínculos y socialización juvenil, pero sin lograr estructurarse como organizaciones o movimientos sociales que formen parte de los procesos decisivos en la elaboración de las políticas públicas. En ese sentido, sirven como redes que impulsan las carreras profesionales de los jóvenes en el plano civil o político, y de manera claramente articulada en torno a partidos políticos, grupos empresariales o asociaciones civiles orientadas a la provisión de servicios.
Autenticidad
La autenticidad de la deliberación pública es la dimensión de las capacidades deliberativas del sistema político bajacaliforniano que se encuentra más robustecida en lo relativo a la participación de las y los jóvenes. ¿Qué significa "autenticidad" en este caso? Como se muestra en el apartado "Sistemas deliberativos, capacidades deliberativas y democracia" y en la tabla 1, hay dos indicadores empíricos importantes: uno es el grado en que la participación y la comunicación públicas en las que se involucran las personas jóvenes depende de la posibilidad de expresar sus propias convicciones e intereses sin que haya riegos a la coacción o represalias; el otro es la diversidad de mecanismos de influencia y control políticos que promueven entre los espacios públicos y los espacios resolutivos. Los casos de tres asociaciones de jóvenes en BC permiten mostrar que las formas de acción pública de las y los jóvenes en Baja California se caracterizan por la autenticidad de sus aportaciones deliberativas.
Una de las organizaciones juveniles que más destaca por su papel protagónico en el espacio público es la asociación "Jóvenes Unidos por la Sociedad", creada en 2009 y con sede en Tijuana, conformada por 30 jóvenes entre 22 y 28 años de edad. Sus aportaciones a la deliberación pública regional son diversas, ya que promueven la incidencia en políticas y programas públicos que toman en cuenta a la juventud. Es una asociación que ha logrado establecer la comunicación con actores políticos pues convocó a los candidatos a la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2012-2013 a un debate público, da un constante seguimiento al desempeño de funcionarios y políticos, y participa en eventos y foros de alcance nacional.
"Jóvenes Unidos por la Sociedad" ha construido, además, importantes vínculos con diversas entidades públicas y sociales de la región; ha mantenido comunicación con el Congreso del estado, con la secretaría general de gobierno y de desarrollo social, y con regidores y directores de los institutos de juventud a nivel estatal y municipal; mantiene vínculos con los medios de comunicación, hace alianzas con otras organizaciones de jóvenes y con organismos nacionales y binacionales; colaboró en el programa "Jóvenes constructores Tijuana" junto con la Fundación Internacional de la Comunidad y United States Agency for International Development (USAID) de la Embajada de Estados Unidos en México, con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y en el Consejo Ciudadano Juvenil de Tijuana. Ante tal desempeño, sus dirigentes fueron convocados para elaborar el plan de juventud del candidato del PRI a la gubernatura en 2013. De hecho, varios de los integrantes de esta asociación han participado en las campañas de los distintos partidos políticos, aunque mantienen el carácter apartidista de la asociación. En cierta medida, estas acciones mermaron la legitimidad de las demandas ciudadanas juveniles sin fines partidistas que hasta entonces había mantenido la organización pues sus acciones ya no son percibidas como apartidistas o ciudadanas por algunos actores públicos.
Impulsando una agenda centrada en el desarrollo del empresariado local, otra de las organizaciones juveniles que ha adquirido una voz propia es la "Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex de Tijuana", filial de la Coparmex. 43 Los dirigentes de esta comisión participan en consultas públicas, se entrevistan regularmente con diputados locales, con funcionarios de las dependencias gubernamentales relacionadas con la juventud, con la iniciativa privada, con los servidores públicos y los empresarios; durante los procesos electorales participan como observadores; al tiempo que se han sumado a iniciativas como el "amparo colectivo" que promovió el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, en contra de la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) en las zonas fronterizas con la tasa de 16% que se cobra a nivel nacional.
La esfera pública regional incorpora, igualmente, los pronunciamientos, acciones de protesta y actividades de otro conjunto de asociaciones juveniles, agrupadas en el "Frente Único de Lucha de Baja California". Este frente se integra por varias organizaciones del estado como el INGAPE, el "Frente Popular Revolucionario", la "Unión de la Juventud Revolucionaria" y "#YoSoy132BC", con sede en la ciudad de Tijuana. Con expresiones discursivas que integran elementos provenientes de discursos del marxismo revolucionario, las luchas populares, el sindicalismo y el anarquismo, los jóvenes que participan en esta asociación promueven posturas antisistémicas y de oposición al gobierno. Algunos de sus integrantes consideran que es necesario ir más allá de lo legal para ser escuchados y se declaran inconformes con que el gobierno proporcione apoyo únicamente a jóvenes ligados al sector empresarial o que realicen proyectos de tipo cultural/empresarial. Los integrantes de este frente se reúnen de manera continua para organizar actividades conjuntas. Constantemente realizan actividades de volanteo, trabajo comunitario, crean comités en colonias populares y se vinculan también con otras agrupaciones a nivel nacional. ingape es una de las asociaciones más activas del frente. Las y los jóvenes que participan en esta coalición también organizan círculos de lectura en comunidades para formar a jóvenes en política y concientizarlos de los problemas del país; buscan democratizar los medios de comunicación, a la vez que difunden la ideología y las actividades de la organización a través de las redes sociales y de un órgano impreso que editan y distribuyen.
Los espacios de inclusión y deliberación que ofrecen las redes asociativas y los movimientos sociales en BC quedan expuestos en las trayectorias y experiencias de los propios jóvenes. Como ilustración, en la tabla 3 presentamos testimonios de jóvenes que han sido protagonistas de diversas formas de participación y acción pública en la entidad.
Tabla 3: Experiencias individuales: participación juvenil en espacios públicos y resolutivos
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas por Cheryl Álvarez-Torres. Los nombres de las informantes han sido modificados. Pedro: entrevista en Tijuana, 24 de febrero de 2014; Gil: entrevista en Tijuana, 7 de diciembre de 2013; Daniela: entrevista en Tijuana, 25 de febrero de 2014; Melissa: entrevista en Tijuana, 17 de marzo de 2014; Carlos: entrevista en Tijuana, 21 de marzo de 2014.
Efectividad y consecuencias
La deliberación pública que implica a la población joven -o que tiene por objetivo su inclusión política- ha sido medianamente efectiva o consecuente. Esto significa que hay logros tangibles (como una ley estatal en la materia que dio origen a un instituto estatal y un parlamento juvenil), pero éstos se ven afectados por las limitadas capacidades de operación de los gobiernos, y por el riesgo de captura por parte de actores políticos y gubernamentales que tienen prioridades distintas a las del fortalecimiento de los programas públicos dirigidos a la población joven.
A pesar del desarrollo que se registra en los planos de inclusividad y autenticidad de la deliberación, son pocos los espacios resolutivos que promueven una deliberación robusta. Las dependencias y programas dirigidos a la juventud que se vinculan con la sociedad lo hacen, en el mejor de los casos, a través de consultas eventuales en las que no se establecen compromisos vinculantes y de las que posteriormente no se conocen los resultados. Por más que en la narrativa gubernamental se apele a la horizontalidad, los rituales, los discursos y las acciones revelan actitudes paternalistas hacia las personas jóvenes. Como regla general, los programas públicos dirigidos a la juventud tienen una agenda orientada hacia el deporte, la salud, la educación y la capacitación laboral, pero carecen de mecanismos participativos en esas áreas y pocas veces impulsan actividades de educación cívica más ambiciosos. La oferta programática de las distintas dependencias municipales dirigidas hacia los jóvenes -lo mismo que los programas de educación cívica promovidos por el Instituto de Electoral y de Participación Ciudadana de BC (IEPCBC)-, se han limitado a ofrecer cursos de capacitación a jóvenes de educación básica y media/básica.
El proceso deliberativo más importante en materia de juventud en la entidad tuvo lugar en el Congreso del estado y obtuvo como resultado la elaboración de la Ley de Juventud de Baja California, publicada el 11 de julio de 2011. Calificamos como "deliberativo" al proceso de formulación de esta ley debido a que es producto de una conjunción de esfuerzos liderados por la Comisión de Juventud y Deporte de la XX Legislatura del Congreso del estado de Baja California, cuya presidencia estaba a cargo de una joven diputada del PAN. De acuerdo a los testimonios de jóvenes líderes y funcionarios, la formulación de la ley devino de un proceso inclusivo y contó con la participación de distintas fuerzas políticas y organizaciones de jóvenes.
La Ley de Juventud, por su parte, contiene tres dispositivos institucionales relevantes: uno es el Instituto de Juventud de Baja California, el segundo es Consejo Estatal de Atención a la Juventud -un órgano para la evaluación y el seguimiento de las políticas de juventud- y el tercero es el Parlamento Juvenil -una figura deliberativa pero no consultiva ni vinculante-. Sin embargo, la operación de la ley y la puesta en marcha de estos tres dispositivos institucionales no ha sido inmediata ni eficaz. Un factor que explica este derrotero es el cambio en las administraciones municipales y la estatal, que tuvo lugar a finales del año 2013, luego de prolongados procesos electorales que absorbieron la atención de políticos y funcionarios. Con el cambio de gobierno, el propio Instituto Estatal de la Juventud que inició funciones a finales de 2013, incumplió la ley al designar como director estatal a alguien que no cumplía con el requisito de contar con título universitario -se encontraba cursando la licenciatura al momento de la designación-, lo que generó el rechazo de algunos líderes juveniles. Un grupo de jóvenes lo denunció públicamente y otros decidieron no acudir a las consultas estatales y no colaborar con la nueva administración.
Las dificultades con las que inició el Instituto Estatal de la Juventud son un reflejo de la relevancia que tienen las capacidades administrativas de las entidades gubernamentales para hacer valer los derechos garantizados por las leyes. Estas dificultades no han afectado exclusivamente al instituto, sino que han estado presentes al menos durante la última década. Acerca de la continuidad de los programas públicos, resulta sintomático que entre los actores políticos y gubernamentales -jóvenes y no jóvenes- no esté presente el recuerdo de que, diez años atrás, en el 2001, se promulgó una ley para crear el Instituto de la Juventud de Baja California (INJUVE), un órgano descentralizado y con autonomía de gestión. El INJUVE tuvo un gris desempeño y en el año 2010 fue reubicado en la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Desde el punto de vista de la planeación y el diseño de programas públicos, sería interesante preguntarse si quienes promovieron la creación del nuevo Instituto Estatal de la Juventud contaron con un diagnóstico de las causas del bajo desempeño que tuvo el INJUVE. La documentación disponible no proporciona evidencias en ese sentido.
Si el diseño de las nuevas dependencias previstas por la Ley Estatal de Juventud no previó la modificación de algunas de las condiciones que impidieron el desarrollo institucional del primer Instituto de la Juventud de Baja California, era previsible que la operación del Consejo Estatal de Atención a la Juventud y la puesta en marcha del Parlamento Juvenil no resultaran tan inmediatos ni garantistas como se esperaba. ¿Cuáles son algunas de esas condiciones? En la administración pública local en México, el desempeño de las dependencias gubernamentales está asociado a la centralidad que esas dependencias tienen para los actores políticos -el poder ejecutivo, los legisladores, los partidos políticos- y a las propias capacidades administrativas instaladas en cada dependencia. Si una agencia gubernamental es clave para el gobernador y cuenta con suficiente desarrollo organizacional, es previsible que tenga un desempeño eficiente. En cambio, si no cuenta con un respaldo firme de un agente político con influencia y las capacidades administrativas de la dependencia son débiles, el cumplimiento de su mandato se pone en riesgo. Esto es lo que sucede en muchas ocasiones con las dependencias relacionadas con los temas de juventud: si son administrativamente débiles y no forman parte del proyecto político de algún actor prominente, se convierten en entidades con importancia secundaria o en un botín administrativo del gobierno de turno, -o ambas cosas-. De esta manera, los cargos se reparten en función de las afinidades con determinados líderes, patrones o fracciones partidistas, y lo que tendría que ser un espacio de servicio público profesionalizado termina siendo objeto de captura por grupos políticos con clientelas propias. En gran medida, estas consideraciones pueden ayudar a entender lo que sucedió con el INJUVE creado en 2001 y los riesgos que corre el actual instituto estatal; así mismo, permiten entender las dificultades registradas en la instalación del Parlamento Juvenil que comenzó a operar recién en el año 2014. En la práctica, una instancia que pretendía vincular a las y los jóvenes con la función representativa y legislativa ha comenzado a funcionar como un espacio de promoción de las carreras políticas de algunos jóvenes y, aunque este giro tergiversa el propósito original del Parlamento Juvenil, al menos abre un espacio institucional a la profesionalización de la política.
Conclusiones
Con frecuencia, los indicadores agregados de participación social y política no permiten apreciar el desarrollo de iniciativas particulares de organización y acción pública, y esto es evidente en el estudio de caso presentado. Aunque la tendencia general de la participación ciudadana en el estado de Baja California se caracteriza por el desapego y distanciamiento de la población hacia el espacio público y las instituciones políticas, en la entidad existen diversas iniciativas de acción pública que han contribuido a promover la inclusividad y autenticidad en la deliberación que tiene lugar en la esfera pública regional, particularmente en las diversas formas de acción y participación de las personas jóvenes.
Como hemos mostrado, durante los últimos años han surgido grupos de jóvenes que promueven de manera original diversas iniciativas de acción pública; las voces son diversas y se expresan en distintos foros y espacios sociales. Una característica sobresaliente de las incursiones de las y los jóvenes en los espacios público/sociales es que se realizan en un marco de comunicación y reflexión no coercitiva. Sin embargo, son dos los principales desafíos para la inclusión juvenil en este contexto: por un lado, se requiere del fortalecimiento de las capacidades en el espacio público para sostener las formas de organización y deliberación en las que participan las personas jóvenes. Así sea en actividades expresamente promovidas por jóvenes o en otras iniciativas con un alcance social más amplio, en este escenario son notorias las dificultades para sostener en el tiempo los proyectos participativos. El entorno propicio para el asociativismo en México es todavía deficiente y esto se observa inclusive en sociedades con condiciones relativamente desarrolladas de bienestar, como la bajacaliforniana. Por otro, el segundo desafío es igualmente estructural y considerable: la articulación de la ciudadanía con el sistema de partidos, las instituciones representativas y las políticas públicas. La deliberación que promueve la inclusión política juvenil en este caso ha sido parcialmente consecuente: ha promovido importantes avances en la agenda pública, la legislación y los programas públicos -una iniciativa original en ese sentido es el Parlamento Juvenil que fue creado por la Ley Estatal de Juventud-, pero no ha conseguido evitar que el enfoque general de las acciones públicas hacia la juventud tenga un fuerte acento paternalista, así como tampoco ha revertido el papel secundario o inexistente que tienen los programas de educación cívica o de desarrollo de capacidades políticas entre las y los jóvenes; de hecho, los programas públicos hacia los jóvenes se enfrentan a las inercias que afectan las iniciativas en este campo: inestabilidad, falta de recursos, captura administrativa y manipulación política.
Al realizar este estudio de caso hemos pretendido identificar los desafíos que enfrentan la sociedad y las instituciones del estado de Baja California para promover la inclusión política juvenil, pero también pretendemos señalar que estos desafíos son compartidos por la sociedad y el Estado mexicano, inclusive en un grado mayor. Es importante, desde luego, estudiar empíricamente otros casos para explorar los mecanismos que dificultan el desarrollo de capacidades deliberativas para la inclusión política de las personas jóvenes; pero es igualmente importante tener en cuenta los motivos de esta agenda de investigación. Como se mostró en la primera parte de este trabajo, las y los jóvenes son personas que atraviesan por distintas experiencias de desarrollo humano y personal, por lo que para la democracia es de vital importancia que esas experiencias sirvan para que estas personas se reconozcan como agentes capaces de influir en los asuntos públicos de la sociedad en la que viven a través de los valores, reglas y procedimientos del sistema democrático. Con este objetivo en mente hemos defendido una concepción deliberativa de la inclusión política juvenil y hemos propuesto utilizar el enfoque de las capacidades deliberativas para promover y analizar esa inclusión política. Este trabajo constituye un primer acercamiento al desarrollo y aplicación de este enfoque en el análisis de un caso empírico.
Al hacer un balance, consideramos importante señalar que si bien puede parecer abstracto e inclusive idealista, el enfoque de las capacidades deliberativas tiene un notable potencial normativo y heurístico. Por un lado, proporciona un marco general para conceptualizar la interacción entre agentes, instituciones, organizaciones, políticas públicas y condiciones de inclusión política; como herramienta de análisis, este marco puede adaptarse al estudio de un sistema político nacional o subnacional, o los componentes formales e informales de los procesos de elaboración de políticas. Por otra parte, este enfoque promueve distintos estándares normativos para evaluar la acción política; en este caso, pusimos énfasis en tres criterios: inclusividad, autenticidad y consecuencias en materia de inclusión política juvenil de las formas de acción, participación y las políticas públicas.
En lo que sigue, deben refinarse los criterios, los indicadores y los métodos de análisis, pero también debe ponerse mayor énfasis en otros aspectos de la política deliberativa como, por ejemplo, el análisis de los discursos públicos, las características de los diseños institucionales específicos, o la transformación que tiene lugar en las preferencias de los actores y las decisiones públicas. Consideramos que se trata de una agenda de investigación por desarrollar; una agenda de investigación relevante, si se toma en cuenta que los jóvenes no dejarán de velar por sus propios valores e intereses aun en las condiciones más adversas. Un futuro poco promisorio le espera a aquella sociedad que no consiga que las nuevas generaciones promuevan sus proyectos colectivos y de vida reconociendo el valor y la utilidad de las instituciones democráticas. La perspectiva deliberativa de la democracia contribuye a pensar cómo promover y reforzar esas instituciones democráticas.
