Dossier

 

Inmigrantes laborales y flujo en tránsito en la Frontera Sur de México: dos manifestaciones del proceso y una política migratoria

 

Immigrant Labor and Flow in Mexico's Southern Border: Two Faces of the Process and a Migration Policy

 

Germán Martínez Velasco*

 

* Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte, (México). Maestría en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Sur, (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Mención Honorífica en la 7ª Edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales del lis de la UNAM, por el ensayo: Chiapas, cambio social, migración y curso de vida. Sus líneas de investigación son: migración centroamericana, política migratoria, migración de chiapanecos a Estados Unidos. Entre sus últimas publicaciones destacan: Migración Internacional chiapaneca: trayectoria de movilidad, sociodemográfica y condiciones sociales (2013); Presencia centroamericana en la Frontera Sur de México: un espacio en construcción transnacional y Cambio religioso, expulsiones indígenas y conformación de organizaciones evangélicas en Los Altos de Chiapas (2012). Correo electrónico: gmartine@ecosur.mx.

 

Recibido el 12 de septiembre de 2013
Aceptado el 31 de octubre de 2013

 

RESUMEN

El texto presenta una caracterización de la inmigración laboral de guatemaltecos a México, su perspectiva histórica y sus procesos de cambio en relación con los nuevos espacios territoriales de destino, cruces e inserciones laborales. También establece los rasgos fundamentales de la migración en tránsito proveniente de Centroamérica que cruza el territorio nacional mexicano, sus nuevas trayectorias de cruce y sus costos sociales en términos de sus derechos humanos en un marco de mayor vulnerabilidad social. Con base en esos dos procesos de migración, se analiza el papel que ha desplegado el Estado mexicano en relación con el establecimiento de una nueva política migratoria emprendida en las dos últimas administraciones (2001-2012) de gobiernos del Partido Acción Nacional, los arreglos institucionales y legislativos, sus avances y la asignatura pendiente en relación con la proclamación de los derechos humanos y laborales. Se concluye que aun cuando la normatividad migratoria tuvo avances sin precedentes, ésta manifiesta serias insuficiencias en relación a la inmigración centroamericana a México (sea la laboral como la de tránsito) la cual ha cambiado a nuevas formas de expresión, registrando cambios cualitativos y cuantitativos en su cruce, en un ambiente de mayor riesgo en el territorio nacional mexicano.

Palabras claves: migración laboral; migración en tránsito; política migratoria; derechos humanos.

 

ABSTRACT

This text presents a characterization of Guatemalan labor immigration into Mexico, its historical perspective and processes of change in relation to new places of destination, crossings and labor insertions. It also sets out the most fundamental traits of migrants who cross Mexican territory when in transit from Central America, new crossing trajectories and social costs in terms of human rights, within a framework of greater social vulnerability. It analyzes the role that the Mexican state has played in relation to the establishment of a new migration policy set forth in the last two administrations (2001-2012) by the Partido Acción Nacional (National Action Party), institutional and legislative arrangements, progress and unresolved matters with respect to the proclamation of human and labor rights. It is concluded that even though unprecedented progress has been made in terms of immigration regulations, these policies still have serious shortcomings with regards to Central American immigration into Mexico, be it labor immigration or migrants in transit. This migration has taken on new forms and has registered qualitative and quantitative changes in crossing, in an environment of greater risk in Mexican territory.

Keywords: labor migration; transit migration; migration policy; human rights.

 

Introducción

El paisaje social agrario en buena parte de la geografía chiapaneca -en especial en su franja fronteriza- ha estado poblado por imágenes recurrentes de población indígena guatemalteca: muchas veces transitando de manera documentada por los puntos formales de cruce pero en su mayoría cruzando por los innumerables senderos de extravío a través de la frontera México-Guatemala. Se trata de grupos de hombres jóvenes o conjuntos familiares que laboran en grandes y pequeños establecimientos agrícolas, en diversas estaciones del año, de generación en generación, que habitualmente se han confundido con la población rural chiapaneca.

El Soconusco, región fronteriza chiapaneca, ha sido el receptáculo natural del flujo, primero de guatemaltecos pero más tarde de casi toda Centroamérica y otras nacionalidades distantes que pisan suelo nacional mexicano en su tránsito intermitente a la frontera norte. Originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua se visibilizan cuando dejan las sombras para insertarse en casas de asistencia para migrantes o, más aún, cuando por diversas razones se instalan indefinidamente en la zona, principalmente en la Ciudad de Tapachula, centro urbano regional.

El presente artículo está dividido en tres secciones que ofrecen una panorámica de lo que ha sido y es la inmigración laboral, su conversión y diferenciación del flujo al ensancharse y dar paso, no solamente a una mayor diversificación de la propia corriente laboral, sino también del flujo en tránsito por México. Acorde a este planteamiento, en una primera sección se ubica la inmigración laboral en su referente histórico apreciando su transición y sus nuevas expresiones. En una segunda parte, se presentan los rasgos de la corriente en tránsito, sus desplazamientos y sus expresiones en términos de derechos humanos. La tercera sección expone de manera sintética los cambios recientes en la política migratoria para la Frontera Sur de México, sus retos en un punto de inflexión como es la coyuntura actual, y finalmente se plantean unas consideraciones generales a manera de conclusión.

 

La tradición migratoria de guatemaltecos en México

La tradición migratoria de guatemaltecos en México ha tenido dos polos de destinos en el plano nacional: 1) hacia el centro del país, cuyo eje de atracción lo ha constituido fundamentalmente la zona metropolitana de la Ciudad de México, y 2) la entidad más fronteriza del sur de México, el estado de Chiapas. A pesar de lo añejo de ambos destinos, sus propósitos y perfiles sociales han sido distintos; mientras que en el primero la tradición migratoria se ha orientado mayormente a alcanzar accesos educativos, básicamente de educación profesional, el segundo ha sido un destino de aquellos que han pretendido cubrir necesidades de ingresos económicos mediante el trabajo asalariado. En el primero se involucran las clases medias del entorno urbano guatemalteco, mientras que el segundo se constituye de campesinos empobrecidos, básicamente de los departamentos fronterizos con México.

Aun cuando las fuentes de información han sido escasas en lo referente a la presencia de población trabajadora en México de origen guatemalteco, podemos encontrar descripciones marginales en los escritos de Cossío Villegas, (1972); Seargent, (1980); Rébora (1982); Matías Romero, (1893); González Navarro, (1974); y Martínez, (1994), quienes desde distintas perspectivas han aportado evidencias de los vínculos existentes entre jornaleros agrícolas y las plantaciones de café de El Soconusco. También han ofrecido información valiosa sobre las condiciones sociales y económicas diferenciadas en ambos espacios fronterizos, que hicieron posible que diversas comunidades visualizaran en Chiapas el medio básico de sobrevivencia ante las condiciones más adversas imperantes desde tiempo atrás en el medio rural guatemalteco.

Daniel Cossío Villegas (1972) relataba en su obra Historia moderna de México:

La existencia de una población indígena guatemalteca que acostumbraba a invernar en Guatemala y veranear en México desde hace mucho antes de que Guatemala y México existieran como nacionalidades propias; además esos indios no entendían los conceptos abstractos de nacionalidad y frontera (Cossío Villegas, 1985: 21).

Igualmente, Helen Seargent menciona cómo indígenas tacanecos del departamento de San Marcos, bajaban a las primeras fincas establecidas en El Soconusco para abastecerlas de brazos para el acondicionamiento de terrenos, así como también en el suministro de productos agrícolas de clima frío propios de la actividad hortícola de sus lugares de origen (Seargent, 1980).

En los inicios de la plantación cafetalera, también se advertía de los requerimientos de brazos a la altura de las exigencias de la futura expansión cafetalera. Matías Romero, político y empresario agrícola, visualizaba desde 1872 las dificultades inherentes en la instalación y operación de verdaderas empresas agrarias: "la escasez de trabajadores será, en el Soconusco, la principal dificultad para cualquier empresa agrícola" (Matías Romero, 1874: 75). Igualmente, avizoraba la dificultad que significaba atraer otros contingentes de mano de obra hacia las plantaciones:

En el Estado de Chiapas, particularmente en el Soconusco, hay un sistema de trabajo con serios inconvenientes, que ocasiona fuertes gastos y pérdidas considerables. Todos los trabajadores adeudan a los patrones cantidades de dinero -entre veinte y cien dólares-; por tanto, para contratar a un trabajador hay que pagar antes sus deudas (Ibídem, 1874: 76).

Asimismo, mencionaba que una vez que el trabajador se incorporaba a la empresa seguía solicitando más préstamos, pero:

Negar un préstamo a un trabajador es motivo suficiente para que abandone el empleo. Si se le otorgan todas las solicitudes de préstamo, su cuenta se incrementa en forma considerable, al grado de espantar al trabajador, por lo cual, también abandona el empleo. (...) Afortunadamente, se cuenta con los indios de la región fría de Guatemala, contigua a este distrito, gente pobre que no tiene aversión para las regiones templadas; con ellos, solamente, es posible plantar café en grandes extensiones (Ibídem, 1874:76).

Como lo previó Matías Romero, la escasez de brazos constituía el freno para una plena expansión cafetalera empresarial. Aunque en Guatemala abundaba la oferta de mano de obra, ya entrado el siglo XX, el sistema de peonaje por deudas provocaba que esa mano de obra quedara retenida en Guatemala. Si esos contingentes se internaban a México, entonces se les consideraba ya como inmigrantes ilegales -no por parte de la autoridades mexicanas sino por los propios hacendados guatemaltecos que en la mayoría de los casos los denunciaban ante las autoridades migratorias mexicanas-, por lo que solicitaban que "sus jornaleros fugos" se les pusiera de inmediato del lado guatemalteco para sus respectivos castigos (Martínez, 1994).

Desde finales del siglo XIX hasta los años 70 del subsiguiente siglo XX, esta fuerza de trabajo transfronteriza de origen guatemalteco colaboró, junto con la de la región Altos de Chiapas, en la expansión y consolidación de la cafeticultura, no solamente de las fincas de El Soconusco, sino de otras contiguamente asentadas en las zonas de Motozintla, Jaltenango y Yajalón.

 

Diversificación y persistencia laboral

El Soconusco sin duda ha sido el espacio por excelencia de destino para distintas generaciones de migrantes. La importancia de esta región se deriva de factores económicos, territoriales y sociodemográficos. De lo primero se desprende la existencia de procesos económicos acaecidos en Chiapas, como la instalación de cultivos de plantación (cacao, café, banano, algodón), lo que devino en una interacción transfronteriza hasta hoy presente. La consolidación de una cafeticultura exigente en mano de obra, solamente fue posible de satisfacer al ubicarse en un territorio binacionalmente integrado en términos sociales y demográficos como lo es El Soconusco y su contraparte guatemalteca denominada el Altiplano Occidental. Hasta hoy día, las interacciones fronterizas presentes en distintas localidades, zonas o regiones de la franja fronteriza van siendo de menor intensidad conforme se alejan de esas regiones e incursionan en la Selva Lacandona mexicana y la Selva de El Petén guatemalteca.

En el caso en cuestión, la interacción se ha vertebrado en gran medida por la cafeticultura. En décadas recientes, también se observa el papel destacado que juega la ciudad mexicana de Tapachula como instancia comercial y prestadora de servicios; segunda ciudad en importancia del estado de Chiapas que se erige como capital regional allende la frontera, única en su categoría en el contexto transfronterizo. De ahí que dicha ciudad represente, en el contexto regional transfronterizo, el punto gravitacional no solamente en términos laborales sino también comerciales y de servicios, siendo referente geográfico no solamente para la población nacional de la zona sino también para un buen número de pueblos y ciudades del lado guatemalteco. Así, su área de influencia llega a los departamentos guatemaltecos de Quetzaltenango, Mazatenango, Retalhuleu, Coatepeque, Malacatán y San Marcos. A su vez, Tapachula también suele ser escala o destino del flujo de migración centroamericana indocumentada dependiendo de los planes, situaciones y vicisitudes del personal inmigrante.

 

La inmigración laboral a México

El estudio de la inmigración laboral de centroamericanos, más precisamente de guatemaltecos a México, ha sido poco e intermitentemente desarrollado y su abordaje variado. En el transcurso de las tres últimas décadas, sobresalen aquellos análisis centrados básicamente en el estudio de las condiciones de vida y de trabajo de los lugares de origen de los jornaleros guatemaltecos, la estructura productiva y la tenencia de la tierra (véase: Castillo y Casillas, 1988). Por su parte, Ordoñez (1993) analiza las lógicas imperantes en la agricultura capitalista guatemalteca y chiapaneca y su derivación en flujos de mano de obra empobrecida. Años más tarde, la inmigración laboral fue abordada desde la participación de las mujeres por Ángeles y Rojas (2000), apreciando la feminización y diversificación del flujo laboral. Posteriormente, en 2008, con base en un análisis exploratorio de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF-SUR),¹ Anguiano (2008) ofrece los primeros resultados aportando un panorama general del perfil sociodemográfico de esta inmigración laboral en términos de composición por sexo, edad, lugares de origen, de destino, así como también de la confirmación de una tendencia creciente del nivel de participación de las mujeres. Un año más tarde, se publica la obra colectiva "Flujos migratorios en la frontera Guatemala-México" bajo la coordinación de Anguiano y Corona (2009) en donde la inmigración laboral constituye una parte del amplio abanico de movimientos poblacionales bajo análisis, incluyendo los de retorno a Guatemala, tanto desde México como los provenientes de Estados Unidos. El sustento de dicho libro se basa fundamentalmente en el análisis minucioso de la EMIF-SUR. Respecto al tema, destacan cuatro aportaciones de Chávez Galindo, Nájera Aguirre, Ángeles Cruz y Ortiz Millán. En el primero se lleva a cabo un estudio comparativo de las características sociodemográficas por sexo, sectores de inserción laboral así como las trayectorias laborales -tanto en el lugar de origen como en el de destino- por parte de los inmigrantes. En el segundo estudio, se analizan las principales ocupaciones de las mujeres guatemaltecas, sus tiempos de estancia en México según las variables de ocupación sumadas a otras asociadas al estado civil, concluyendo que la feminización de la migración puede apreciarse como un proceso de autonomización mediante el cual se integran al trabajo ex-tradoméstico. En el tercer trabajo, se desarrolla una caracterización sociodemográfica de los trabajadores/as agrícolas destacando la composición por sexo, estructura de edad, presencia de acompañantes, aspectos relacionados con la educación, el estado civil y la composición del hogar -entre otras variables de interés- concluyendo que una de las principales causas de la migración es la falta de empleo en Guatemala. El cuarto y último de los capítulos sobre la migración laboral se aborda desde la perspectiva de una política migratoria. Además de exponer las determinantes y características del flujo laboral, la contribución se centra en evaluar los impactos regionales y locales, subrayando la incidencia que tiene esta inmigración en la estructura laboral de Chiapas, y por tanto, su consideración en la política migratoria en la Frontera Sur.

Teniendo en cuenta este marco analítico, el presente trabajo contribuye a actualizar el conocimiento sobre las principales variables del flujo laboral y del tránsito de Centroamérica a México con base en uno de los últimos resultados disponibles de la EMIF-SUR, además de complementarlos con registros que ofrece el Instituto Nacional de Migración (INM) y otros documentos generados por el Centro de Estudios Migratorios del propio Instituto. El análisis inicia en el 2004 (año en que da comienzo el levantamiento muestral de la EMIF-SUR) y se extiende hasta el año 2009. Se utilizan para tal fin los registros administrativos suministrados por el INM de 1999 a 2007 para el seguimiento de algunas variables, y hasta al 2011 para otras. Por último, en una tercera parte, se establecen los rasgos generales de los cambios recientes en política migratoria en lo que atañe al flujo laboral y en tránsito. De este modo, se combinan las dos fuentes principales de información que complementan una visión panorámica del fenómeno además de ofrecer elementos actualizados en materia de política migratoria.

Cabe señalar que entenderemos como inmigración laboral internacional aquellas actividades económicas que realizan personas que cruzan la frontera Guatemala-México con fines de obtener una remuneración por sus servicios, sean formales o informales, documentados o indocumentados. Por su parte, la migración en tránsito, es considerada como el flujo que ingresa a México y recorre el país con la misión expresa de alcanzar un segundo país, en este caso, los Estados Unidos de América.

 

Características del flujo laboral

De acuerdo con uno de los últimos registros públicos disponibles por parte de las instituciones financiadoras de la EMIF-SUR, el volumen de registros contabilizados de guatemaltecos cuya estancia en México fue de más de un día, asciende a 515.148 eventos laborales en 2009, de los cuales los hombres contribuyeron en 376.748 registros (73.1%) y las mujeres en 138,400 (26.9%).

Mientras que la inmigración laboral a Chiapas históricamente se había circunscrito al sector agrícola, hacia inicios del nuevo siglo los datos de la Encuesta de Migración en la Frontera Sur (EMIF-SUR 2009) evidencian un proceso de cambio en relación a su inserción laboral. Si bien durante el lapso de levantamiento de la encuesta (2004-2009) el 62.1% de los entrevistados indicó que su inserción laboral se había hecho en el sector agrícola, los otros sectores están atrayendo el 37.9%, siendo el sector terciario el que está teniendo mayor importancia al captar un promedio de 23.2% durante la serie. Cabe señalar que dentro de este último sector, la actividad de servicios domésticos es la que está cobrando relevancia ya que al inicio de la serie representaba un 8.2% para terminar en un 13% en el año 2009.

Tal y como ocurre respecto a la migración laboral, sea interna o internacional, el grueso del flujo está compuesto aquí por edades mayoritariamente jóvenes. En este caso, el 83.6% se encuentra entre los 15 y 44 años, en cuya cifra está incorporado un valor nada despreciable de jóvenes de 15 a 19 años quienes representan el 14.3%. El resto (16.4%) se encuentra distribuido en los subsiguientes grupos de edad llegando hasta el grupo de 85-89 años. Los valores de la distribución porcentual de los rangos de edad señalados también se repiten al desagregarlos por sexo, es decir entre hombres y mujeres, lo que indica la presencia de un patrón común en la estructura de edad en el flujo.

En el caso de los trabajadores agropecuarios, como en casi todas las demás ocupaciones, existe una continuidad laboral entre las actividades que desempeñan en sus lugares de origen con las que realizan en los de destino. Así, el 62.1% de los ocupados en México en labores agropecuarias, también desarrollaron esa actividad en Guatemala.

Respecto a la inserción de hombres y mujeres en la estructura del empleo en México, resulta ser una clasificación tradicional por sexo: los hombres en las labores agrícolas y en el sector industrial y las mujeres en el comercio y los servicios. En el primer caso, el sector agropecuario absorbe el 55% del total de hombres, mientras que las actividades relacionadas con la construcción el 21.6% y con la manufactura el 2.2%. En el segundo caso, del total de mujeres el 41.4% se relaciona con la rama del comercio, mientras que el 51.5% en los servicios personales, destacando dentro de este rubro la actividad del servicio doméstico con un 46.8%. Pese a la anterior tendencia, cabe señalar que el comercio se está convirtiendo en una actividad intergénero ya que también los hombres participan con un 12.8%. En otras actividades comerciales como el comercio ambulante, destacan las mujeres con el 39.4% y los hombres con el 10.5%. El comercio fijo, aunque en niveles menores, atrae por igual a ambos sexos: 2.6% de hombres y 2.5% de mujeres.

Los migrantes laborales también declararon en un 99.6% tener experiencia migratoria en México. Lo anterior define a este país como zona de empleo temporal, en contraste con las condiciones del mercado laboral prevaleciente en Guatemala, en donde el 47.7% de los entrevistados en México declararon que en los 30 días previos al levantamiento de la encuesta no habían trabajado en ese país. Cabe señalar que la tendencia de búsqueda de trabajo en México apunta a la alza ya que al inicio de la serie tuvo un valor de 31.5% y al final de ella, asume un valor de 64.6%. El perfil educativo de la población laboral que ingresa a México según las ramas de actividad económica se reduce básicamente a dos grupos levemente diferenciados entre sí. Por una parte, los jornaleros agrícolas y las trabajadoras domésticas, y por la otra, los que se dedican a la industria de la construcción y al comercio. El primer subgrupo se distingue por menores niveles de educación formal en todas las categorías y sus montos mayores en las categorías de sin instrucción y primaria incompleta, mientras que los del segundo subgrupo se aprecian ligeramente más instruidos.

El cruce a México con objetivo laboral se realiza documentada e indocumentadamente. El documento oficial que ampara la estancia y desempeño de alguna ocupación para guatemaltecos en Chiapas fue, desde 1997 hasta el 10 de marzo de 2008 la forma migratoria de visitante agrícola (FMVA), y a partir del 11 de marzo de 2008 la forma migratoria de trabajador fronterizo (FMTF). Mediante esta última se oficializa la incorporación de la nacionalidad beliceña y se amplía el radio de inserción de ambas nacionalidades a los estados de Quintana Roo, Campeche y Tabasco.²

Ahora bien, según resultados de la encuesta, los documentos oficiales -tanto la FMVA como la FMTF- han sido poco utilizados por los inmigrantes, ya que en promedio durante los años 2004 a 2009 fueron ocupados tan sólo el 16.2% del total de los cruces laborales efectuados (aunque con una ligera tendencia a la alza, en tanto que a inicios de la serie se tuvo un valor de 9.1% y al final de la misma de 18.6%). En cambio, resultan valores mucho más altos los correspondientes a los que cruzaron mediante la forma migratoria de visitante local (FMVL),³ o bien con el "pase local" que hasta el año 2008 expidieron autoridades guatemaltecas y fueron recibidos por sus contrapartes mexicanas. La suma de ambos medios utilizados alcanza un 63.2%, sin desestimar al 20.1% que cruzaron sin documento alguno. Tomando el último registro de la encuesta de 2009, quienes más pasaron sin presentar documento alguno fueron los hombres con un 21.6%, mientras que el dato para las mujeres desciende al 16.7%. Como se ha dicho, siendo la forma oficial para trabajar la FMTF, su uso se presenta diferenciadamente según sean hombres o mujeres. Esta es solamente utilizada en un 16.6% por los hombres y tan sólo en un 1% en las mujeres. En lo que respecta al uso integrado de la FMVL (mexicana) o el pase local (guatemalteco) por sexo, resulta que en el caso de los hombres su uso asciende a 61.6%, mientras que el de las mujeres es superior al alcanzar un 82.2%. Por lo anterior, no cabe duda que estos medios han sido los más comunes para cruzar a México, indistintamente de que sirvan para realizar cualquier actividad: trabajar, vender, comprar, visitar, o incluso transmigrar.⁴

Como se mencionó anteriormente, aun cuando la EMIF-SUR encuentra bajos montos porcentuales en el uso de la FMTF, cabe decir que también muestra un aumento en su demanda. Esta tendencia coincide con los datos recabados en los registros del inm. En efecto, en el 2009 -un año después de que comenzó a expedirse la FMTF- se efectuaron 46, 477 registros; en 2010 se demandaron 84,107 formas migratorias y en el 2011, 130,674 registros. Esto significa que de 2009 a 2011 se presentó un incremento porcentual del orden de 181.1% (gráfico 1). Con estos datos, resulta evidente que la entrada en vigor de la FMTF ha tenido éxito en su expedición, situación que denota un paralelismo entre la expansión de la inmigración laboral de centroamericanos a lo largo de la Frontera Sur -incluido el territorio quintanaorrense- y la instrumentación de este medio que ha facilitado su regularización y con ello, generado una compatibilidad entre esta disposición reglamentaria y los procesos sociales prexistentes.

Aun cuando Chiapas sige siendo un lugar recurrente de inmigración, otras entidades se han perfilado como lugares de destino. Es el caso de Tabasco, donde se les contrata en campos de caña de azúcar y plátano, principalmente en los municipios de Balancán, Teapa y Tenosique, cuya estancia no alcanza el mes de trabajo ya que la estrategia es reunir recursos para continuar el viaje a los Estados Unidos (INM, 2005: 3). Los que se dirigen a Quintana Roo, de acuerdo a las indagaciones de campo del INM, tienen una presencia considerable. El ramo de la construcción también absorbe parte del flujo así como el sector agrícola. Entre los que laboran en actividades agropecuarias, también se incluyen salvadoreños y hondureños. En la industria de la construcción se emplean en el municipio de Cancún y en las localidades de Cozumel, Playa del Carmen y el territorio de la Riviera Maya (desde Puerto Morelos a Tulum). Aunque muchos tienen la intención de retornar al país de origen, su estancia llega a ser hasta de un año debido a su inserción en la industria de la construcción. Otros se incorporan en el sector servicios y en la economía informal. Dicho documento también señala a otras entidades alejadas de la Frontera Sur con presencia centroamericana como Oaxaca, Veracruz y Puebla (Ibídem, 2005: 89).

La proximidad entre Chiapas y Guatemala, sumada a la presencia de una estructura de cultivos de plantación que habría de requerir volúmenes considerables de mano de obra (como el café, banano, caña de azúcar, papaya, mango y tabaco) hicieron que la incorporación de población guatemalteca persistiera a través de los años. Sin embargo, en lo que corresponde al ingreso de trabajadores para el sector agrícola se evidencia un considerable descenso. Por ejemplo, en lo que va de 1999 a 2011, los registros descendieron de 64,691 a 29,953 (53,7%) (INM: 1999-2011). En las garitas ubicadas en la región de El Soconusco (El Carmen-Talismán, Tecún Uman-Ciudad Hidalgo y Unión Juárez) se ha visto disminuir su flujo. El primer cruce ha tenido solamente un incremento de 0.5% mientras que los dos siguientes han decrecido en 22.8% y 59.4% respectivamente. En cambio, el punto de cruce que ha experimentado una intensidad considerable ha sido el de La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc con 1281.2% y Niquivil-Mazapa de Madero con un 688.6% de incremento (EMIF-SUR, 2009). De acuerdo a cada punto de cruce, se puede señalar que la baja histórica en captación que tuvo la estación de Talismán ocurrió en 2005, mientras que en 2009 tuvo un considerable repunte para mantenerse en una captación inestable hasta el 2011. Lo contrario sucedió en la de Ciudad de Hidalgo donde hubo un alza sobresaliente en 2005 para luego descender en 2008 y mantener ese nivel durante 2009 al 2011. Unión Juárez (que siempre había sido un paso histórico entre municipalidades guatemaltecas del departamento de San Marcos y fincas mexicanas aledañas), ha mostrado un acusante bajo perfil durante el período que va de 1999 a 2011 (INM: 1999-2011).

Acorde a lo antes expuesto, en términos generales se corrobora que existe una tendencia a la disminución del ingreso a Chiapas en casi todas las garitas migratorias (ver gráfico 2). De todas formas, se observa la primacía que guardan las estaciones de Ciudad Hidalgo y Talismán en captación, las cuales han sido las de mayor importancia en el plazo estudiado. También se aprecia la caída estrepitosa de la primera llegando a su nivel más bajo en 2008, mientras que la segunda, (aunque sus registros suelen ser altos), ha tenido sus variaciones. Una reanimación de cruces para trabajar en la entidad reflejan las estaciones de Mazapa de Madero y Ciudad Cuauhtémoc. En posición intermedia se apunta la garita de Unión Juárez y de poca monta la de Carmen Xan, uno de los últimos puntos de cruce habilitados.

La situación anterior requiere al menos exponer algunas explicaciones hipotéticas: la baja en la atracción de la entidad chiapaneca por parte de la población trabajadora podría estar fundamentada en dos factores vinculados entre sí: a) la reorientación de la ruta migratoria hacia otras entidades del Sureste de México -especialmente en el sector secundario del estado de Quintana Roo- debido al auge de la industria de la construcción por el constante incremento de los complejos turísticos; y b) la incursión migratoria de guatemaltecos a los Estados Unidos.

Indagaciones de campo reportadas por el INM (2005) muestran evidencias del importante papel de la mano de obra guatemalteca en entidades de sur-sureste, a la vez que reportes de otras investigaciones hechas sobre la emigración de guatemaltecos del altiplano occidental señalan que esa región vecina con Chiapas también se ha incorporado en gran medida al flujo hacia la Unión Americana (Camus: 2009). Si el primer planteamiento tiene sentido, conviene señalar que por cuestiones logísticas, el trayecto entre Chiapas y Quintana Roo -viniendo de Guatemala- resulta de mayor facilidad mediante la Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc que por El Soconusco, permitiendo un viaje más corto y por lo tanto de menor costo y fatiga.

En lo que concierne a Chiapas, los jornaleros están en todas sus regiones, sin embargo, El Soconusco concentraba el 52.9% en 2007. Le sigue la región Fraylesca con 35.1% y el resto se distribuye en orden de importancia en las regiones Sierra, Centro, Istmo-Costa, Selva, Fronteriza, Altos y Norte. Se reconocen 16 municipios chiapanecos de destino, mientras que se identifican cinco departamentos guatemaltecos de origen: San Marcos, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango y Suchitepéquez. Cabe señalar que el primer departamento es el que ha tenido relevancia como espacio emisor, llegando a obtener en promedio la mitad de las salidas. El resto de los departamentos no alcanzan a definir un perfil tan determinante de participación, ya que según los registros las variaciones de un año a otro pueden ser muy altas. El 98.7% se emplea en las fincas y en otro tipo de establecimientos privados, el 1% en ejidos y otro tanto en sitios no especificados (INM, 2005).

Como hemos visto, las actividades del sector agrícola que todavía son destino laboral lo constituyen las plantaciones de café (sean privadas o ejidales), las que todavía estructuran los ritmos de incorporación de trabajadores. La plantación cafetalera experimenta gran demanda de trabajadores durante la etapa de cosecha del grano. De manera general, esta etapa transcurre entre octubre y enero, con una pausa en la segunda quincena de diciembre cuando la población trabajadora regresa a sus comunidades de origen con motivo de los festejos. Acorde a esta idea, el siguiente gráfico (3) muestra el comportamiento mensual en la internación de trabajadores guatemaltecos a la entidad.

De la anterior figura se desprende que en los doce años que componen la serie existe un patrón claramente definido de internaciones mensuales, específicamente en lo correspondiente a la elevación de las líneas a partir de octubre, con una caída en diciembre y un nuevo elevamiento en enero. El resto de los meses, los trabajadores agrícolas guatemaltecos se incorporan a otras tareas de menor monto propias de la cafeticultura (chaporro, desombre, fertilización, etc.), así como a otras de las plantaciones bananera, cacaotera, azucarera o la fruticultura.

El descenso de este tipo de inmigración laboral se ratifica a nivel de la ocupación mensual. En referencia al mismo gráfico, cabe señalar que exceptuando el año 2000, en el período señalado se aprecia una tendencia generalizada al descenso, evidenciando el paulatino retiro de jornaleros de las actividades agrícolas en Chiapas aun cuando éste siga siendo el estado de mayor captación.

Las estancias son también diversas. En Chiapas, a diferencia de épocas pasadas cuando los braceros se empleaban hasta por tres meses, ahora las visitas laborales son más cortas reportándose en promedio un mes de alojamiento. Situación distinta a los que se emplean en Tabasco, Yucatán y Campeche, en donde se emplean entre un mes y cuatro meses de acuerdo a las expectativas de retorno o de continuar su viaje hacia la frontera norte. Por su parte, los grupos que se insertan laboralmente en el estado de Quintana Roo, lo hacen hasta por un año, muy probablemente debido a su inserción en la industria de la construcción.

 

Las rutas de internación laboral

Cuatro son las rutas de entradas laborales en México:

1. La ruta Sur, que comprende una de las entradas más tradicionales, consistente en el cruce de Tecún-Ciudad Hidalgo; El Carmen-Talismán; Toquian Grande-Unión Juárez. Generalmente, por aquí ingresan los provenientes del departamento de San Marcos y otros departamentos y municipios de la costa guatemalteca.

2. La ruta Centro-Occidente, que es utilizada por los que cruzan por Mazapa de Madero, La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc; Carmen Xhan-Gracias a Dios; Ingenieros-Nuevo Orizaba. Por estos cruces ingresan los provenientes de San Marcos, Huehuetenango y el Quiché. Las dos primeras han sido los trayectos históricos de la migración laboral guatemalteca empleadas desde inicios del siglo pasado. Las siguientes rutas son de reciente aparición y responden a dos motivos principales: el poblamiento guatemalteco en el norte del país y la facilidad vial que representan para otras poblaciones alejadas de la frontera entre el lugar de origen y el de destino.

3. La ruta Norte, que comprende los cruces de Bethel-Fronterza Corozal (Chiapas), El Ceibo (en el estado de Tabasco) y el cruce de Paxban (en el estado de Campeche). Por estos cruces acceden los provenientes del Petén.

4. La ruta Norte-Belice, que incluye los cruces de Ciudad Melchor de Mencos (ubicada en la frontera Guatemala y Belice), Vértice Aguas Turbias o Tres Banderas (Guatemala-Belice-México), Rivera Río Hondo (Belice-México). Estos cruces son utilizados por los que llegan también del Petén, así como por algunos trabajadores Beliceños (INM, 2005: 6).

Considerando las rutas de cruce de los inmigrantes laborales, podemos apreciar una expansión en las interacciones transfronterizas que ya no se reducen a El Soconusco como tradicionalmente se hacía, sino de manera significativa la expansión ha ocurrido no solamente a otras micro-regiones de Chiapas, sino a la región Sur-sureste convirtiéndose así en una migración diversificada en destinos, tiempos de estancia y sectores de inserción laboral.

 

La población en tránsito

En el plano geográfico de la Frontera Sur de México, Chiapas es la entrada más amplia y transitada en relación con el resto de los estados fronterizos (Tabasco, Campeche y Quintana Roo), ya que la entidad posee 648 km de los 1,140 kilómetros que comprende la línea fronteriza. Además, ésta comparte su frontera con Guatemala a lo largo de 18 municipios chiapanecos,⁵ que en su mayoría pertenecen a la región de El Soconusco, cuya área es la más dinámica respecto a la interacción fronteriza entre México y los vecinos países centroamericanos.

De acuerdo con los registros de devoluciones del INM, el número de asegurados en Chiapas y devueltos por la Frontera Sur ha tenido un comportamiento que se puede dividir en 3 etapas: la primera se extiende entre los años 1994 y 1998 y la cifra oscila en aproximadamente 59 mil detenidos. El segundo período, de 1999 a 2005, en el que asciende el promedio a 82,806, y un tercer período de 2006 a 2009, en el cual los aseguramientos y devoluciones bajan en un promedio de 52,136 (cuadro 1).

Llama la atención el último período en tanto que los aseguramientos y devoluciones bajan significativamente, muy probablemente asociado a una baja en el número de cruces a México, debido a una etapa de inhibición de la inmigración centroamericana a Estados Unidos por las secuelas del Huracán Stan sumado a los anuncios previos de la severa crisis económica experimentada en ese país en 2009, año en que coincide con la cifra más baja de aseguramientos que el INM haya registrado.

Con base en los registros de datos nacionales y estatales, la entidad chiapaneca ha destacado siempre por su alto volumen de asegurados respecto al total del país. En este sentido, se aprecia que el porcentaje de su participación fue de 39%, llegando a ostentar el 56.3% del total de asegurados en 2001. Acorde a lo anterior, y con base en cifras del Instituto Nacional de Migración, se revela que por Chiapas transita el flujo más grueso de indocumentados. Del primer año (2001) del presente milenio, en lo que respecta a devolución de indocumentados de México a Guatemala, hasta el último año consultado (2010), Chiapas ha sobresalido a nivel nacional por su cuantía en los aseguramientos totales. De acuerdo al siguiente gráfico (4), esta entidad sobresale durante la serie de años frente al total de entidades del país (y en lo que a la Frontera Sur se refiere, en particular) (Tabasco, Campeche, Quintana Roo).

Sin embargo, debe señalarse la tendencia decreciente que la entidad está teniendo a partir del año 2006, meses después del paso del Huracán Stan, a causa de la destrucción provocada a las vías de ferrocarril desde su entronque con Guatemala hasta el municipio de Arriaga, a lo largo de toda la costa chiapaneca.

Por ello, la ruta de migración indocumentada se desvió del lado guatemalteco: del corredor costero hacia el noroeste de ese país, saliendo por la zona selvática de El Petén guatemalteco y entrando por el municipio de Tenosique, en la vecina entidad mexicana de Tabasco. De ahí que esta entidad se haya convertido desde el 2005 hasta la actualidad en un importante punto de cruce fronterizo. Pese a todo, cabe hacer notar que aun cuando Tabasco se haya perfilado como un territorio de paso de inmigrantes en situación irregular, Chiapas todavía sigue siendo la puerta de entrada principal de este flujo.

En promedio, los guatemaltecos ocupan la primera nacionalidad de aseguramientos realizados en México, representando el 55% de los casos, mientras que los hondureños representan el 23%, y los salvadoreños el 18%. El resto lo componen distintas nacionalidades latinoamericanas como brasileños, ecuatorianos, peruanos y colombianos, así como extra-continentales provenientes de Irak, China, India, Somalia y Líbano (coespo, 2007).

La población indocumentada que transita por Chiapas y por el resto del país, en su mayoría lo constituyen hombres mayores de edad (83.9%), mientras que el restante 16.1% son mujeres en esa misma categoría (INM, 2009).

La población de menores constituye un fenómeno aún más reciente. A partir del año 2000 los menores comienzan a tener mayor presencia en los grupos de indocumentados. Solos o acompañados se han constituido en una población vulnerable dentro de los vulnerables. En el 2009 la cifra alcanzó las 4632 devoluciones, de las cuales 3462 fueron de niños y 1170 de niñas, arrojando una proporción de casi tres hombres menores por cada mujer perteneciente a esa categoría (INM, 2009).

También debe considerarse que la internación al país puede hacerse de manera regular -al menos para los de la nacionalidad guatemalteca- a través de la solicitud de un pase local en cualquiera de los seis establecimientos migratorios existentes en Chiapas. Por ejemplo, se puede constatar en el cuadro 2 cómo aumentan los ingresos de manera desorbitante en 1999 con una cifra de 928,703 respecto de la cifra del año anterior (que fue de 433,436), lo que representa un aumento de más del 100%. Para el año 2000, el aumento continuó con un valor de 1,282,171 con un máximo histórico de 1,373,384 en 2001, para luego comenzar a declinar hasta llegar en 2005 con un dato de 604,343 pases locales emitidos.

Esta tendencia a la baja concuerda con el comportamiento en el número de devoluciones que anualmente hizo el INM señalado anteriormente en el cuadro 1.

 

Las rutas de internación

Las estaciones migratorias de expedición de pases locales son el Puente Dr. Rodolfo Robles, Puente Ing. Luis Cabrera, Puente Talismán, Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla, Carmen Xhan-Gracias a Dios y Corozal-Bethel. Por otra parte, la serie de cruces informales que se enlistan a continuación han ido cobrado importancia en el trasiego de personas indocumentadas que han cambiado las dinámicas locales con sus incursiones intermitentes.⁶ Así, los pasos terrestres informales existentes a lo largo de la frontera se encuentran cercanos a centros urbanos importantes así como a poblaciones remotas enclavadas en la Selva Lacandona. Por vía fluvial, los ríos Suchiate y Usumacinta -al ser fronteras naturales con Guatemala- son intensamente utilizados en el cruce informal al igual que otros ríos como la Pasión y Chixoy, en la región del Usumacinta, y Lacantún, en Montes Azules.

Los puntos fronterizos de cruce México-Guatemala que utilizan las poblaciones en situación irregular están determinados por las estrategias implementadas por los propios grupos de indocumentados que por cuenta propia definen su trayectoria terrestre, así como también por las organizaciones de traficantes de indocumentados que por una u otra razón modifican sus habituales trayectos al interior de Guatemala y su cruce en la frontera mexicana. Como se señaló anteriormente, el factor que modificó la ruta tradicional de internación por el Río Suchiate en la región de El Soconusco en la costa de Chiapas, fue el huracán Stan en 2005 que con su fuerza destruyó las vías del tren y con ello las facilidades que representaba este medio de transporte para dirigirse hasta el estado de México.

A continuación se enlistan los pasos informales de vehículos detectados por la Comisión Interamericana de Límites y Aguas en los municipios fronterizos del estado.

Cuadro 3

Una ruta de cruce alternativa es la vía marítima que parte de Ocós, Guatemala, hacia el litoral chiapaneco, específicamente a la costa del municipio de Mazatán. Esta alternativa es utilizada principalmente por transmigrantes no centroamericanos.

Una vez hecha la internación en territorio chiapaneco, las rutas de viaje pueden estar dispuestas según la manera en que los circuitos y maniobras de traslado sean distribuidos entre las organizaciones de tráfico de personas. De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas se han identificado al menos siete corredores migratorios de indocumentados:

• La ruta tradicional de Tapachula, que consiste en abordar el tren o vehículo en Tapachula, pasar por Huixtla, llegar a Arriaga y de ahí optar continuar el viaje por Veracruz o por Oaxaca.

• La ruta Tapachula-Reforma, que consiste en pasar por Tuxtla Gutiérrez y de ahí a Reforma para después llegar a Tabasco a través del municipio de Cárdenas, para arribar a Coatzacoalcos y enseguida al puerto de Veracruz.

• La ruta Talismán-Frontera Comalapa, que consiste en partir de Talismán hacia Tuxtla Chico, de ahí llegar al crucero de Huixtla-Motozintla, para orientarse hacia Frontera Comalapa. De ahí se puede continuar en avionetas hacia Palenque o Salto de Agua para enseguida arribar a Tabasco.

• La ruta Ciudad Hidalgo-Acapetahua, que consiste en partir de Tapachula por vía terrestre en vehículo automotor, para pasar por Huixtla, llegando después a Acapetahua, y de ahí embarcarse para llegar por mar hacia las costas de Oaxaca.

• La ruta Benemérito-Palenque, que consiste en entrar por la parte más meridional de la Selva Lacandona, de ahí llegar a Chancalá para después arribar a Palenque y enseguida pasar al estado de Tabasco.

• La ruta Ciudad Cuauhtémoc-Raudales Malpaso, que consiste en salir de Guatemala por la Mesilla, llegando inmediatamente a Ciudad Cuauhtémoc, después Frontera Comalapa, atravesar los Valles Centrales de Chiapas, para arribar al vaso de la Presa de la Angostura y en lanchas de motores fuera de borda llegar a la Concordia, después a Tuxtla Gutiérrez y enseguida a Raudales Malpaso para terminar en Tabasco.

Como se puede apreciar, en muchas de las rutas se hace contacto directo con el estado de Tabasco, también entidad fronteriza, que hace diez años tenía poca visibilidad en el tráfico de personas, situación indicativa del papel jugado por dicha entidad en las maniobras de conexión de indocumentados entre Chiapas y Veracruz.

Estas y otras rutas -que sin duda pueden estar presentes de manera simultánea- se han generado en el marco del deterioro de la vías férreas del tramo Tapachula-Arriaga, así como a partir de un mayor control migratorio por parte de los cuerpos de seguridad mexicanos (en el contexto de una serie de planes de contención a migrantes implementados después los sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos).

 

El difícil tránsito

El plan de contención del flujo en tránsito por México ha propiciado el aumento cada vez mayor de la exposición al riesgo de daños a la salud, de seguridad personal, secuestros, violaciones y un incremento de los costos económicos de la migración.

Respecto al ambiente de inseguridad desatado en la pasada administración federal y vigente durante la presente (2012/2017), dan cuenta una serie de evidencias documentales que con fines de presentar sus elementos más generales, conviene retomar. En primer lugar, se destaca el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestros en contra de migrantes dado a conocer el 15 de junio de 2009 y el Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México publicado en mayo de 2009 por Belén, Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras, A.C. y Frontera con Justicia A.C.

En el primer documento llama la atención el peso que la delincuencia organizada ha desplegado en territorio nacional mexicano generando los más caros atropellos a la dignidad de las personas inmigrantes en México. El Informe señala que en un período de seis meses (septiembre de 2008 a febrero de 2009) se registraron 198 casos violatorios referidos por migrantes, que incluyeron a 9,758 víctimas (Belén et al., 2009: 9). En el segundo documento, las denuncias refieren a las conexiones existentes entre las bandas del crimen organizado con los maquinistas, coyotes y guías con el objeto de efectuar una amplia serie de atracos a las personas migrantes cuyo medio de transporte es el tren.

Para ver el recuento de daños, no basta solamente con revisar los anteriores documentos sino la profusión de noticias difundidas en los medios electrónicos, sobre todo de los escritos, los cuales han venido relatando la situación de violación a las garantías de los propios migrantes irregulares así como el acoso cada vez mayor a los organismos civiles instaurados en México en apoyo a la inmigración centroamericana en su tránsito por el territorio mexicano.

 

La inmigración centroamericana en la política migratoria del Estado Mexicano

Antes del año 2000, previo a los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, la política migratoria en la Frontera Sur de México había estado ausente de la agenda federal, de tal modo que desde tiempos remotos el fenómeno de la inmigración en todas sus facetas había sido abordado por el Estado mexicano bajo la inercia de la costumbre.⁷ Las tareas básicas implementadas por el Instituto Nacional de Migración se habían reducido a labores técnicamente administrativas, sin mayor protagonismo que el de administrar los flujos de inmigración de jornaleros agrícolas, la expedición de las formas de las visitas locales de población guatemalteca adyacente a la línea fronteriza, la implementación de programas de regularización migratoria a la población extranjera radicada en la entidad, la admisión en la internación de turistas de otras nacionalidades por la Frontera Sur y las ejecuciones de deportación numéricamente sin importancia. Con el paso del tiempo, hacia finales de la década de los años 80 del siglo pasado, con las primeras señales de aumento de las internaciones de población indocumentada con dirección a Estados Unidos, dieron comienzo las redadas en las ciudades fronterizas de El Soconusco, principalmente en la ciudad de Tapachula, así como la disposición de retenes ubicados básicamente en carreteras de esa región y eventualmente en las regiones Sierra y Costa. Tiempo después, a la par del creciente flujo de centroamericanos atravesando por la entidad y del crecimiento de redes de coyotaje convertidas en bandas locales, regionales, estatales e internacionales (y sus consiguientes redes de contubernio con autoridades migratorias), la vulneración de los derechos humanos de los migrantes fue en aumento, llevándose a cabo delitos que fueron visibilizándose por medio de las noticias propagadas en los medios de información y las crecientes denuncias de organismos no gubernamentales laicos y religiosos de apoyo a migrantes. Situación que generó un ambiente cada vez más tenso entre grandes segmentos de la sociedad, haciendo insostenible el discurso de las altas esferas gubernamentales que, carentes de legitimidad ante los Estados Unidos, impedía solicitar pleno respeto a las garantías de los mexicanos en ese país, cuando en México se atropellaban a las de los inmigrantes centroamericanos.

En ese contexto, a finales del sexenio de Vicente Fox, específicamente en el año 2005, dio inicio lo que actualmente se denomina Política Migratoria Integral para la Frontera Sur de México. Para ello, se desplegaron una serie de foros de consulta a nivel regional: uno en las ciudades chiapanecas de Tapachula y San Cristóbal, otro en Villahermosa, Tabasco y el cuarto en la Ciudad de México (INM, 2006). En este marco, se llevó a cabo una consulta a instancias de la sociedad civil, la academia y los sectores empresariales a partir de la cual se plantearon una serie de puntos que atender en materia de inmigración. Para el caso de Chiapas, se destacan los siguientes:

1. Se recomendó tomar en cuenta el carácter histórico de la continuidad cultural, económica y étnica de diversas microrregiones fronterizas al momento de realizar una propuesta de política migratoria para la Frontera Sur.

2. Se diagnosticó el crecimiento que año con año había presentado el flujo masivo de migrantes, el incremento sostenido de la participación de hondureños en la corriente de inmigración y la permanente dificultad operativa del INM para contener el flujo migratorio en tránsito (incluyendo la ampliación de la inserción laboral de centroamericanos en Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo).

3. En materia jurídica, se especificó la necesidad de reformar la legislación para prevenir y castigar los delitos relacionados con el tráfico humano: perseguir de oficio el tráfico de personas; incrementar las penas en los delitos de abuso de autoridad, extorsión, delincuencia organizada, trata y tráfico de menores y delegar mayores facultades a los estados y municipios en materia migratoria.

4. En materia laboral, se propuso establecer un programa de trabajadores temporales: ampliar el programa de visitantes agrícolas aplicado a guatemaltecos en la agricultura para incluir a salvadoreños y hondureños y ampliar la inserción laboral en otras ramas de actividad económica: ganadería, construcción, servicios turísticos y servicio doméstico.

El siguiente paso consistió en presentar el documento Propuesta de Política Migratoria Integral para la Frontera Sur, por parte del Instituto Nacional de Migración en su calidad de organismo ejecutor (INM, 2005).

Desde entonces, la nueva política se estructuró en cuatro grandes ejes de acción migratoria:

1. Facilitación de los flujos migratorios documentados en la Frontera Sur de México.

2. Protección de los derechos de los inmigrantes que ingresan por la Frontera Sur de México.

3. Contribución a la seguridad en la Frontera Sur de México.

4. Actualización de la legislación migratoria.

Respecto al primer eje, se experimentaron una serie de acciones tendientes a la actualización administrativa de algunos flujos en función de los procesos presentes en torno a la inmigración laboral y del ingreso diario de población circunvecina a Chiapas.

En marzo de 2008, acorde a los nuevos contextos de los mercados laborales presentes en la Frontera Sur de México, se generó la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), que sustituyó la antigua forma migratoria de visitante agrícola (FMVA). Además, se contempló la incorporación de estos trabajadores en las entidades de Quintana Roo, Tabasco y Campeche. En las nuevas disposiciones, también se aceptaron los trabajadores de Belice, nacionalidad que antes tenía restricciones para su acceso laboral en México. Sin embargo, quedaron fuera de esta disposición los trabajadores de Honduras y El Salvador, quienes en los foros de consulta pública habían sido señalados como candidatos para formalizar su incorporación laboral en México.

Por su parte, a los residentes fronterizos que cruzan a diario la frontera México-Guatemala se les otorgaron facilidades migratorias a través de la emisión de una credencial que reemplaza el trámite diario para la obtención del pase local. Los beneficiarios lo constituyen principalmente pequeños comerciantes guatemaltecos que realizan actividades de compra-venta de mercaderías y otros pequeños grupos de empleados urbanos que transitan diariamente de sur a norte, incluyendo a algunas trabajadoras domésticas. Dichos beneficiarios son los residentes de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Retalhuleu y Alta Verapaz, con un radio de internación hasta de 100 kilómetros en el territorio mexicano. En este caso, la internación por El Soconusco es hasta Tapachula, y para el caso de La Mesilla, hasta Comitán.

En materia de protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito, el INM estableció nuevas medidas de atención a la población asegurada referente a las condiciones de estancia y acompañamiento de indocumentados durante la estancia en las estaciones migratorias.

En las disposiciones se establecieron medidas para garantizar el acceso a las estaciones migratorias a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones religiosas, así como personal consular dedicado a verificar las condiciones de estancia de los inmigrantes asegurados. Se definieron derechos adicionales a los menores migrantes y se establecieron funciones ad hoc del personal migratorio en la atención a la población infantil a través de la creación de la figura de Oficiales de Protección a Infantes, compuesto básicamente por mujeres del inm.

A su vez, se establecieron lineamientos para la repatriación de menores en coordinación con los consulados establecidos en Tapachula. En la actualidad, a diferencia de años pasados y según el protocolo, los menores deben ser entregados siempre y cuando haya intervenido el consulado de la nacionalidad respectiva con fines de localización de familiares en el país de origen.

También se contempló la eliminación de espacios que eran utilizados como prisiones en los centros de concentración de indocumentados con el objeto de convertirlos en estancias de recreación con equipamiento para la práctica del deporte y la recreación. Al INM le fueron asignadas nuevas obligaciones relacionadas con la motivación e información a víctimas para la realización de denuncias por atropellos, así como facilitar la permanencia de los afectados en el territorio nacional.

En materia de actualización jurídica, sobresalen las modificaciones a la Ley General de Población (de abril de 2007), principalmente en lo referido a la eliminación de penalidades impuestas a los inmigrantes por las violaciones a la misma. Las anteriores penalidades permitían hacer uso de la ley en la comisión de delitos como cohecho, chantaje, extorsión y coerción.

En el marco de los ajustes administrativos que la nueva política migratoria venía realizando, las bandas organizadas perseguidoras de migrantes también hacían lo suyo sin mayor acción gubernamental dirigida a suspender los ilícitos. En el contexto de violencia social desatada en México en estos años, ocurre el fatídico asesinato de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas. En respuesta a ese suceso y pasadas recientemente las enmiendas a la Ley General de Población, se promulga por primera vez una Ley de Migración, el 24 de mayo de 2011. Ley que tuvo una recepción positiva en tanto que varios asuntos de interés de la población inmigrante y de grupos de la sociedad civil en general fueron allí encarados. Sin embargo, su aplicación y reglamentación se demoró hasta el 29 de septiembre del siguiente año. El desencanto también apareció, principalmente entre los organismos pro-defensa del migrante, al advertir mecanismos de exclusión, fundamentalmente hacia el grueso de la población centroamericana cuyo evidente propósito es ingresar al país en calidad de viajeros en tránsito cuya meta es alcanzar la frontera norte y llegar a los Estados Unidos.

Es en la persistencia del tono de la terminología empleada en el nuevo reglamento que puede percibirse la visión con que el Estado mexicano establece su relación con determinados núcleos de población extranjera: tecnicismos como acta de internación, acta de rechazo, alerta migratoria, listas de control migratorio, orden de visita, polizón, puesto a disposición, revisión migratoria, segunda revisión, apátrida, entre otros.

Así, acorde a lo anterior, el artículo 104 de dicho reglamento establece que la visa sin permiso para realizar actividades remuneradas solamente se expedirá a las personas extranjeras que deseen permanecer hasta ciento ochenta días naturales en el territorio nacional, demostrando que el interesado tiene razones para regresar a su país de origen, o bien solvencia económica suficiente para cubrir el monto de sus gastos de alojamiento y manutención durante su estancia en el territorio nacional, entre otros supuestos.

En contraste, el artículo 124 (capítulo segundo), establece un criterio de selección mediante un sistema de puntos para que las personas extranjeras puedan adquirir la residencia permanente y así atraer personas extranjeras inversionistas o con alta competencia en áreas como la ciencia, la tecnología, el deporte, las humanidades y las artes o aquellos que fortalezcan y fomenten el desarrollo y competitividad en el territorio nacional (DOF, 2011: 28). La visa también podría emitirse por motivos de trabajo mediante una oferta de empleo propuesta por una persona física o moral incluyendo una invitación bajo acuerdos interinstitucionales que prevean actividades por temporada estacional, o bien, por invitación de alguna autoridad o institución académica, artística, deportiva o cultural, o por formar parte de un proyecto de investigación científica o recolección de muestras en el territorio nacional o aguas jurisdiccionales del país, previa obtención de las autorizaciones correspondientes de las autoridades nacionales competentes; si es a través de una invitación, entonces ésta deberá contenerse en papel membretado y señalar la actividad que realizará la persona extranjera, la temporalidad y el lugar, así como la responsabilidad solidaria del que invita para cubrir sus gastos de viaje y manutención (Ibídem, 2011: 22). En caso contrario, la persona extranjera deberá acreditar solvencia económica suficiente para cubrir sus gastos de manutención durante su estancia en el territorio nacional (artículo 107). El mismo artículo prevé otros supuestos alternativos como la posesión de bienes inmuebles en territorio nacional y, desde luego, para aquellas personas con inversiones empresariales establecidas en México.

Las anteriores exigencias se traducen en un trato diferenciado de los aspirantes que pueden o no satisfacer tales requisitos, y desde luego esta situación ha sido materia de denuncia por parte de organismos civiles en el sentido de la prevalencia de una visión de Estado sostenida en mecanismos excluyentes y elitistas.

La aplicación de tales medidas en un contexto centroamericano de falta de oportunidades de empleo, en donde la población tiende a buscar medios de vida mediante la emigración, además de contar con recursos sociales existentes en los Estados Unidos, promueve la persistencia del ingreso irregular de inmigrantes en territorio mexicano.

De acuerdo a esta situación y las medidas de exigencia para el ingreso documentado, el reglamento prevé sanciones que si bien superan a las que contenía la antigua ley de población (períodos de encarcelamiento), ahora se circunscriben a reiterar el rechazo a quienes hayan omitido observar las prescripciones de las actuales medidas reglamentarias. De ahí que el artículo 244 determine las restricciones de ingreso al territorio nacional a quienes hayan ingresado irregularmente: si es por primera vez, la restricción será de uno a cinco años; si se trata de un reincidente, la restricción asciende de dos a diez años; si se infringieron leyes nacionales en materia penal u otros tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano, el plazo de restricción será de cinco a veinte años, y si la persona extranjera, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva (Ibídem, 2011: 59).

Desde luego que esta última restricción alude a las condiciones de securitización de las fronteras en las que México ha tenido acuerdos con los Estados Unidos de América y los gobiernos centroamericanos, temática ajena a los objetivos de análisis de este documento.

A modo de hipótesis, se presume que la regularización de los flujos laborales de trabajadores fronterizos es inacabada debido a la dificultad de satisfacer los procedimientos administrativos, tanto por parte de los oferentes como por los demandantes de mano de obra. El artículo 134 exige, por ejemplo, que el solicitante guatemalteco o beliceño pueda mostrar una oferta de empleo en la que se indique la ocupación, la temporalidad requerida, el salario integrado o salario mínimo, el lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del empleador. Además, mediante el artículo 136, otra vez por razones de seguridad, la autoridad migratoria deberá entrevistar a la persona extranjera a efecto de que proporcione información biográfica y biométrica que permita identificarlo plenamente y requisitar su solicitud de trámite, y en caso de resolución negativa, emitirá oficio debidamente fundado y motivado, en el que determine las razones del rechazo de la persona extranjera (Ibídem, 2011: 31).

Por su parte, a los empleadores (sean personas físicas o morales) también se presume que les sea difícil obedecer una serie de disposiciones de carácter administrativo, más aún si se toma en cuenta que en este sector se encuentran no solamente empresas sino pequeños ejidatarios que eventualmente complementan sus labores agrícolas con mano de obra de los países señalados. Dentro de los requisitos, el artículo 166 señala que los oferentes de empleo deberán promover ante el INM su inscripción para obtener su personalidad jurídica. Para ello, deberán exhibir, según sea el caso:

Para personas morales:

1. Acta constitutiva o el instrumento público en el que se acredite la legal existencia de la persona moral, así como sus modificaciones.

2. Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las facultades conferidas a los representantes legales o a los apoderados si el acta constitutiva no los contiene.

3. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal.

4. Comprobante de domicilio de la empresa, cuya fecha de expedición no exceda de treinta días.

5. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y constancia emitida por autoridad competente, sobre la presentación de la última declaración de impuestos.

6. Lista de empleados y su nacionalidad.

Para personas físicas:

1. Identificación oficial vigente.

2. Comprobante de domicilio cuya fecha de expedición no exceda de treinta días.

3. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y constancia emitida por autoridad competente, sobre la presentación de la última declaración de impuestos.

Además, todos los empleadores deberán actualizar anualmente la última declaración de impuestos a que se refiere la fracción I, inciso e, y fracción II, inciso c, de dicho artículo.

En el intento de hacer compatible los procesos laborales defacto, consistentes en la paulatina ampliación territorial de la inserción laboral irregular de los trabajadores fronterizos, con la nueva ley y su reglamento se ha oficializado el ingreso de trabajadores guatemaltecos y beliceños más allá de sus lugares de destino de antaño. Así, la ley prevé la inserción ya no solamente en la entidad chiapaneca, sino en las entidades de toda la Frontera Sur como Quintana Roo, Campeche y Tabasco.

Como puede apreciarse, quizás las importantes empresas de agroexportación puedan satisfacer tales requisitos así como las de la cafeticultura o de la industria de la caña de azúcar, o bien aquellas dedicadas al levantamiento de los complejos turísticos en Quintana Roo. Sin embargo, todos aquellos pequeños propietarios del sector social, incluyendo a grupos de población indígena, que no cuentan con la tradición de llevar a cabo trámites en sus actividades, presentar esta compleja documentación al INM ha de resultar en la práctica improcedente.

 

Consideraciones finales

En una visión de larga duración de los procesos sociales ocurridos en la Frontera Sur de México, Chiapas ha venido jugando un papel preponderante como vínculo entre lo nacional y lo internacional a través de la inmigración centroamericana y sus distintas formas de expresión: inmigración laboral, transmigración, seguridad fronteriza, etc. No obstante, el nexo fundamental y de mayor historicidad lo ha generado la inmigración laboral, relevantemente determinado por la inserción de trabajadores rurales guatemaltecos en la economía de plantación en Chiapas. Este fenómeno ha ido evolucionando de una inmigración de carácter eminentemente regional entre pequeñas poblaciones limítrofes guatemaltecas y establecimientos agrícolas chiapanecos, hasta representar una fuente más de mano de obra, no solamente para otras ramas agrícolas de la entidad, sino para otras actividades en las entidades de la gran región Sur-Sureste de México. En su diversificación en Chiapas, el flujo laboral también se ha insertado con cierta intensidad en una serie de actividades urbanas (industria de la construcción), así como el hecho de constituir un espacio de sobrevivencia para hombres y mujeres guatemaltecos que trascienden la frontera diariamente para insertarse como vendedores ambulantes, comercio fijo y trabajo doméstico. En su diferenciación, las mujeres han superado su antiguo papel de acompañantes de sus contrapartes masculinas, para incursionar de manera más independiente en ocupaciones en el ámbito urbano.

A este flujo laboral guatemalteco se le sumó, en los últimos veinticinco años, un flujo de distinto perfil compuesto por la misma población guatemalteca sumada a otras nacionalidades centroamericanas, así como a poblaciones del Istmo -de distintas edades y con distintas formas de transitar por México- convirtiendo a este país en el pasaje obligatorio para alcanzar la Unión Americana.

Por su magnitud y las sombras que la cubren en su paso, ha sido esta corriente la que ha llamado la atención internacional por la sangría emocional y económica que conllevan la serie de violaciones a las garantías humanas.

Desde la perspectiva gubernamental, el Estado mexicano ha abordado estos dos flujos de manera extemporánea e insuficientemente. Primero, mediante una serie de arreglos institucionales e introduciendo una serie de disposiciones administrativas en el brazo ejecutor del accionar migratorio representado por el Instituto Nacional de Migración, así como en ajustes legislativos hechos a la Ley General de Población. Finalmente, ambos resultaron insuficientes en relación al tamaño del reto. En alcance a esas modificaciones emprendidas, en aras de estar a tono y a la altura de las circunstancias, se emprendió la ruta más adecuada mediante el diseño de una Ley de Migración. No obstante su pertinencia, su aplicación también ha sido insuficiente debido al incumplimiento de traducir su contenido en su disposición reglamentaria.

Así, la situación de la inmigración centroamericana continúa planteando severos desafíos a los gobiernos municipales y estatales asentados en la Frontera Sur, pero sobre todo al federal, debido al ámbito de competencia que le impone la naturaleza del fenómeno. La nueva etapa de política migratoria para la Frontera Sur de México ha resultado en una mayor facilitación de los flujos, particularmente el de la inmigración laboral, en el protocolo de devolución a las personas aseguradas y en la despenalización de una serie de supuestos delitos infringidos por los inmigrantes que solamente hacían más propicia la corrupción e impunidad tanto de grupos delictuosos como por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

De ahí que pueda considerarse que si bien el Estado mexicano paulatinamente ha mostrado apertura para encarar los retos que le impone su condición fronteriza con Centroamérica -primero mediante reformas a la Ley General de Población y enseguida con una trascendente Ley de Migración-, la situación hoy prevaleciente hace suponer una falta de consenso en su interior debido a los entresijos que conlleva dicha ley.

 

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Notas

¹ Entre 1994 y1998 se le llamó EMIF-GUAMEX.

² El 10 de marzo de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación la derogación de la FMVA y se oficializa para el día siguiente la entrada en vigor de la FMTF.

³ La FMVL permite la estancia por tres días a los residentes de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén, Retalhuleu y Alta Verapaz dentro de cierta amplitud (100 km, aproximadamente) de la franja fronteriza de México. Dicha forma sustituyó, a partir del 13 de marzo de 2009, al "pase local" que venía expidiendo la autoridad guatemalteca y que se utilizaba cotidianamente para cruzar la frontera sin permiso de trabajar.

⁴ La transmigración no solamente está referida a la acción de aquellas personas que se internan a México con motivo de llegar a los Estados Unidos recorriendo el territorio mexicano en su camino, sino también a aquellas que pueden acceder a determinados aeropuertos del país (Tapachula y Cancún) para abordar vuelos directos a los Estados Unidos o cualquier otro destino internacional. Desde luego, ello supone que la persona cuenta con visa del país de destino por lo que evidencia otra condición social a la del transmigrante común.

⁵ Benemérito de las Américas, Amatenango de la Frontera, Cacahoatán, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, Las Margaritas, Mazapa de Madero, Metapa, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, La Trinitaria, Tuxtla Chico, Unión Juárez y Mazatán.

⁶ De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (2006).

⁷ En rigor, la no-política, también puede ser interpretada como la verdadera política.