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Revista mexicana de ciencias políticas y sociales

versión impresa ISSN 0185-1918

Rev. mex. cienc. polít. soc vol.58 no.219 México sep./dic. 2013

 

Artículos

 

La economía cubana: entre voluntarismo e intentos de planificación (1959-2012)

 

The Cuban Economy: Between Voluntarism and Planning Attempts (1959-2012)

 

Bruno Sovilla* y Francisco García Fernández**

 

* Licenciado en Ciencias Políticas, Universidad de Boloña, Italia. Maestro en Relaciones Internacionales, Universidad de Trento, Italia. Doctor en Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, (México). Autor de numerosos artículos en revistas especializadas, entre los que destacan: Las políticas económicas en el contexto del neoliberalismo: situación actual y perspectivas para la economía mexicana (2006); La crisis estructural de la economía cubana en los 90 y 2000: una interpretación heterodoxa (2010) y Remittances and Economic Policy (2012). Sus principales líneas de investigación son: política económica, remesas, economía cubana. Dirección de correo: brunosov@yahoo.it.

** Licenciado en Economía por la Universidad Estatal de Bielorrusia, Minsk. Master en Gestión de Comercio y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctor en Economía por la Universidad de la Habana. Profesor de Tiempo Completo Universidad Autónoma de Tamaulipas, (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones destacan: La crisis estructural de la economía cubana en los 90 y 2000: una interpretación heterodoxa (2010) y Las remesas familiares, exportación de fuerza de trabajo y políticas aplicadas en Cuba (2012). Sus principales líneas de investigación son: patrones de innovación regional, modelos de desarrollo regional y economía cubana. Correo electrónico: ffernandez@uat.edu.mx.

 

Recibido el 11 de abril de 2013
Aceptado el 24 de abril de 2013

 

Resumen

A lo largo de más de medio siglo, la Revolución Cubana no ha logrado implementar un Sistema de Dirección de la Economía (SDE) que enfrente y supere los tradicionales problemas de las economías centralmente planificadas. Cuando la clase dirigente cubana quiso alejarse de los métodos de planificación adoptados en los países socialistas, la dirección de la economía ha padecido de "voluntarismo" y las consecuencias económicas siempre han sido negativas. En el trabajo se propone una clasificación del ciclo económico con fases ascendentes y descendentes, según dominen en cada fase los intentos de planificación y organización económica racional o de dirección altamente centralizada de la economía. Se realiza un análisis histórico-económico de cada una de las fases del ciclo demostrando que las fases ascendentes o de introducción de principios de racionalidad económica, han correspondido a etapas de buenos o aceptables resultados económicos, mientras que las fases descendentes o de énfasis voluntarista corresponden con etapas donde los resultados económicos han sido adversos, a menos que factores externos los hayan tergiversado.

Palabras claves: economía cubana; Sistema de Dirección de la Economía y Planificación de la Economía; Junta Central de Planificación; Sistema de Financiamiento Presupuestario.

 

Abstract

Throughout more than fifty years, the Cuban Revolution has been unable to implement an Economic Management System (EMS) to face and overcome the traditional problems of centrally planned economies. When Cuban leaders tried to back away from the planning methods adopted in socialist countries, the economic management suffered from "voluntarism", with invariably negative consequences. This article proposes a categorization of the economic cycle into upward phases -in which rational economic planning and organization predominate- and downward phases with a highly centralized direction of the economy. A historic-economic analysis of each phase of the cycle is presented, revealing that upward phases were characterized by good or acceptable economic outcomes, while these were poor during downward phases with a prevalence of voluntarism, unless external factors appeared.

Keywords: Cuban economy; Economic Management and Planning System; Central Planning Board; Budgetary Financing System.

 

Introducción

En una economía centralmente planificada, el modelo económico o Sistema de Dirección de la Economía (SDE) se define a partir de los 3 subsistemas que lo componen: a) la planificación; b) la gestión; c) los estímulos.

Con la planificación se determinan las relaciones entre el órgano planificador -que en el caso cubano es la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN)- los organismos centrales de la administración estatal y las unidades productivas. Inicialmente, la planificación es un proceso de definición de objetivos económicos y de los recursos para conseguirlos (en términos físicos o monetarios) a nivel de gobierno, luego desagregados hacia los ministerios, los organismos y las empresas.

En el subsistema "gestión" se establecen un conjunto de reglas y principios que se aplican a las relaciones horizontales entre empresas, el sistema crediticio y los órganos financieros de la administración central. Por su parte, el subsistema de incentivos tiene que definirse tanto a nivel de las empresas como a nivel de los trabajadores.

El SDE que se aplicó en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex-URSS) y en los países socialistas, se basaba en una rígida planificación centralizada (anual y quinquenal). El sistema de gestión empresarial utilizaba el principio del cálculo económico (autofinanciamiento) y el sistema de incentivos privilegiaba netamente los estímulos materiales sobre los morales (estos últimos se utilizaban sólo en situaciones extremas: guerras, desastres naturales, etcétera).

A mediados de los años 50, eran evidentes en la ex-URSS las limitaciones del modelo de planificación centralizada aplicado en la época, a pesar de que inicialmente permitió un rápido proceso de industrialización y el desarrollo acelerado de algunas ramas (entre ellas la industria pesada y de armamentos).

Fue en esa época que Liberman abrió un interesante debate (Liberman, 1962). Sin contraponerse a la planificación centralizada, el economista soviético proponía que se modificaran los objetivos de las empresas y el sistema de incentivos en el proceso de construcción del socialismo. La intervención de Liberman suscitó cierto interés, pues por primera vez se reconocían serias ineficiencias en el modelo económico aplicado hasta entonces y se inauguraba un interesante debate sobre la autonomía económica de las empresas, el justo equilibrio entre centralización y descentralización así como sobre el papel de la ganancia en la economía planificada.

A pesar de la coincidencia temporal, el debate que se abrió en Cuba en 1962 no partía de las propuestas de Liberman. El grupo de economistas que en la isla abogaban a favor del cálculo económico o el autofinanciamiento empresarial, estaban influidos mayormente por los reformistas soviéticos. Sin embargo, tenían que debatir en un terreno más extenso, discutiendo por ejemplo el reconocimiento de las empresas como unidades independientes y sus relaciones con las finanzas centrales.

En "el gran debate" se enfrentaron por un lado, los defensores del sistema de planificación soviético y del principio de cálculo económico; por el otro, los que proponían el sistema de financiamiento centralizado (entre ellos Ernesto Che Guevara, quien lo aplicó en el Ministerio de Industria hasta 1965). A diferencia de la URSS, en Cuba la discusión no abarcó el tipo de planificación, el equilibrio correcto entre centralización y descentralización y el posible papel del mercado en las economías planificadas. Los modelos económicos propuestos fueron: el Sistema de Financiamiento Presupuestario (SFP) y el Cálculo Económico (CE).

En el SFP las empresas se convierten en unidades operativas de una sola gran empresa centralizada: entre ellas no hay contratos de compraventa, sino asignaciones administrativas. Dentro del sector socialista no había pagos: el dinero sólo se consideraba un instrumento de medición contable (destinado a desaparecer en la fase comunista). En cuanto a la relación entre unidades productivas y sistema bancario, éstas abrían dos cuentas en el Banco Nacional de Cuba (BNC) donde depositaban en caso de superávit, o donde extraían si tenían un déficit. Tanto el BNC como el Ministerio de Hacienda llevaban controles muy estrictos sobre los costos de las unidades productivas (a veces era suficiente mantener el sistema de contabilidad eficiente y moderno de las empresas norteamericanas nacionalizadas).

Según Ernesto Che Guevara -Ministro de Industria de 1963 a 1965 y defensor del SFP- en una economía socialista, el uso de los incentivos materiales, sobre todo los individuales, tenía que ser limitado a favor de los incentivos morales (Guevara, 1988). Éstos tenían que reducirse gradualmente a medida que se desarrollaba la conciencia comunista, el "hombre nuevo", y aumentaba la eficiencia económica.

Se intentó aplicar el SFP en la industria y en parte en el comercio exterior. Inicialmente, casi por necesidad, a causa de la falta de personal técnico y administrativo del país, se constituyó un fondo centralizado para financiar la zafra azucarera, a la vez que más tarde se incorporó al presupuesto público y funcionó como centro de financiamiento de las unidades productivas en el sector industrial. Un objetivo realista fue el de mantener las grandes estructuras productivas y crear otras cuando fuera posible, con lo que se inició un proceso de concentración empresarial horizontal que llevó a los "concentrados"; todo ello debido a la falta de personal directivo y con el objeto de aprovechar el sistema de contabilidad muy avanzado de las empresas norteamericanas reconocido por el Che.

Por su parte, el sistema del CE se basa en el principio del autofinanciamiento según el cual las empresas no pueden recurrir al presupuesto central para financiar sus gastos sino que tienen que apoyarse en sus ingresos. De este modo, a pesar de que las empresas tienen que subordinarse a un plan económico estatal, se caracterizan por: a) una independencia económica en el uso de los recursos; b) relaciones directas con las otras empresas; c) la búsqueda de la ganancia entre los objetivos primarios; d) la utilización del crédito bancario; e) la aplicación de ambos tipos de estímulos, (materiales y morales aunque privilegiando los primeros), tanto individuales como colectivos.

En 1963, con Carlos Rafael Rodríguez en la dirección del Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA), principal defensor del CE, se dan los primeros pasos para su introducción en el sector agropecuario a nivel de granjas (las grandes haciendas agrícolas estatales). Sin embargo, según varios cubanólogos, después de dos años de implementación, el CE no funcionaba en la agricultura y el principio del autofinanciamiento no se había aplicado. Estas empresas eran las que más recurrían al presupuesto público, violando la Ley 1007 que las obligaba a la autonomía financiera (Castro, 1990; Mesa Lago, 1981).

El objetivo de este trabajo es demostrar que la dirección de la economía cubana a lo largo de la etapa revolucionaria, ha oscilado entre períodos de voluntarismo, en los cuales las decisiones económicas eran totalmente subordinadas a las prioridades políticas de los gobernantes y la búsqueda de un Sistema de Dirección Económica (SDE) que las institucionalizara y colocara en un marco de racionalidad. En este sentido, la hipótesis que se intentará convalidar es que el intento principal de ordenar la economía cubana aplicando los principios de la planificación centralizada desarrollados por los países socialistas (sobre todo en la Unión Soviética) entre 1980 y 1985 fracasó por la fuerte oposición del máximo líder de la revolución y su afán centralizador.

El ciclo centralización/descentralización -que según Nuti (1979) caracterizó las economías socialistas- no tuvo lugar en Cuba, sino que puede definirse otro tipo de ciclo basado en la contraposición entre la introducción de criterios racionales en la dirección económica y la completa subordinación de ésta a las necesidades políticas de la clase gobernante. En este sentido, se pueden distinguir tres fases descendentes y tres ascendentes:

Fases descendentes:

1. 1966/1970: Nuevo Sistema de Registro Económico.

2. 1986/1994: Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas e inicio del Período Especial (fase más aguda).

3. 2004/2007: Batalla de Ideas.

 

Fases ascendentes:

1. 1970/1985: Racionalización e introducción del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía.

2. 1995/2003: Reforma Económica.

3. 2008/2013: Actualización del Modelo.

 

1. El modelo económico en el período 1966/1970

Varios cubanólogos no residentes en Cuba y de distinta tendencia política coinciden que en este período hubo un esfuerzo por parte del grupo dirigente cubano de extender el SFP a toda la economía cubana. Mesa Lago, cubanólogo de reconocido prestigio, ha calificado el período como una etapa mao-guevarista. Zimbalist y Brundenius, otros estudiosos de la economía de Cuba, refuerzan la tesis de Mesa Lago, sugiriendo que en 1966 "Guevara's policy prescriptions had finally won out (although Guevara himself had been out of office since 1965) and were implemented in extreme fashion' (Zimbalist y Brundenius, 1989). En la misma línea, White considera que después de un prolongado debate, se estableció en la economía "un sistema guevarista" (White, 1987: 154). El planificador chileno Lataste Hoffer, sostiene que en ese período "el modelo presupuestario de gestión se generalizó a toda la economía estatal" (Lataste Hoffer, 1971: 51). Por su parte, Bernardo observa que "el debate se cerró en 1966, cuando el socialismo cubano tomó el camino trazado por Guevara" (Bernardo, 1971: 11). En general, los cubanólogos coinciden que en éste período hubo una recentralización importante de las decisiones económicas en las manos de Fidel Castro.1

Si analizamos detenidamente las principales medidas tomadas por el gobierno revolucionario, según las palabras del máximo dirigente de la revolución en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), vemos que:

Se suprimió de facto el presupuesto del Estado (...). La supresión de pagos y cobros se dio a principio del segundo trimestre de 1967 (...). Al final de 1965, se suprimió el Ministerio de Hacienda (...). El último presupuesto aprobado fue el de 1967, pero no se controló su ejecución porque a partir del segundo trimestre se renunció a realizar cobros y pagos (Castro, 1990: 104).

Se suprimieron las escalas salariales y se introdujo el horario por conciencia (las horas extra eran voluntarias y gratuitas). La última ley importante fue la nacionalización de 56 000 pequeñas actividades comerciales con la "ofensiva revolucionaria" de marzo 1968.

En el Primer Congreso del Partido, Castro llamó el nuevo método de dirección de la economía "nuevo sistema de registro económico". La planificación consistía en dar objetivos físicos a las empresas (sin ningún cálculo monetario). Cualquier tipo de control financiero sobre los costos, por ejemplo, era imposible en esta situación.

La estrategia de desarrollo fue redefinida radicalmente y toda la economía reordenada para cumplir una meta simbólica: la producción de 10 millones de toneladas de azúcar en la zafra de 1970.

En una interesante autocritica sobre los errores de idealismo de aquella época, el propio Castro afirmó:

No existía un sistema único de dirección para toda la economía y en esas circunstancias tomamos la decisión más equivocada, que fue la de inventar un nuevo procedimiento. Interpretando idealistamente el marxismo (...) quisimos establecer nuestros propios métodos (...). Se estableció un sistema de dirección que se alejaba tanto del cálculo económico, que era generalmente aplicado en los países socialistas, que del SFP que se había empezado a introducir en Cuba, acompañado por un nuevo sistema de registro económico que fue precedido por la erradicación de las categorías mercantiles y la supresión de pagos y cobros entre las empresas del estado (Castro, 1990: 104).

Como veremos, a lo largo del proceso revolucionario hubo otros momentos en los cuales los dirigentes revolucionarios priorizaron medidas económicas centralizadoras, pagando siempre un costo en términos puramente económicos. Sin embargo, cabe aclarar que proyectos tan radicales de transformación social como el que impulsó la Revolución Cubana, obligan a buscar frágiles equilibrios entre lo económico y lo político, apoyado en un armazón ideológico destinado a modificar el curso de los eventos en una u otra dirección. Era claro, por ejemplo, que los grandes programas de movilización laboral voluntaria en la década de los años 60 eran antieconómicos, o que el objetivo de las 10 millones de toneladas de la zafra hubiese perjudicado a otros sectores de la economía. Sin embargo, fueron llevados a cabo con el objeto de alimentar el apoyo popular hacia el grupo dirigente, pretendiendo reforzar el sistema político en su acción de transformación social.

En nuestra opinión, es un error considerar al Che como el inspirador de las medidas tomadas en ese período que, como reconocieron más tarde los mismos dirigentes, llevaron la economía cubana al borde del colapso. Esto es así, por las siguientes razones:

a) El énfasis en los "planes especiales",2 la eliminación del Ministerio de Hacienda y la reducción de la JUCEPLAN a un papel exclusivamente formal, neutralizaron cualquier posibilidad de llevar a cabo una verdadera planificación. Sin embargo, el Art. 42 de la Ley sobre el SFP defendido por el Che, prevé un procedimiento muy riguroso para modificar el plan económico, mientras que los planes especiales, violan constantemente la planificación. Con esos planes, fue posible quitar en cualquier momento recursos a unidades que habían sido financiadas por el plan para desviarlos hacia los programas priorizados.

La misma ley citada, asignaba al Banco Nacional de Cuba y al Ministerio de Hacienda funciones fundamentales en la planificación de la economía que en este período no pudieron ejercer.

b) El presupuesto público "que se supone juega un papel fundamental en el modelo mao-guevarista pierde importancia y desaparece por una década entera" (Mesa Lago, 1981: 24). Por lo tanto, el financiamiento a las unidades productivas se daba al margen de un sistema de control y sobre la base de los requerimientos de las mismas, es decir del peso político de sus administradores.

c) Se canceló el sistema de contabilidad en las empresas, decisión que se encontraba en total contradicción con la rigidez de los controles en el sector industrial cuando el Che fue ministro (Rodríguez, 1990: 103). En palabras de González:

El Che desarrolló de manera pragmática un modelo económico para dirigir el sector industrial recién nacionalizado, que consistía en extender las técnicas de dirección más avanzadas de las filiales de las grandes transnacionales norteamericanas, como los sistemas de contabilidad o de costo (...) a las otras empresas menos avanzadas, (...) y remarcó la importancia de la aplicación de métodos de contabilidad y de costo en el perfeccionamiento de la organización y el control de la gestión económico productiva (González, 1994: 97).

d) Los estímulos materiales fueron totalmente eliminados a favor de los estímulos morales. En realidad, el Che nunca propuso la eliminación de los estímulos materiales y en una ocasión declaró:

No negamos la necesidad objetiva de los estímulos materiales, pero no los queremos usar como el instrumento primario de estimulación (...) poco a poco, aumentando gradualmente la cantidad de bienes de consumo disponibles para la población, evitando así la necesidad de estos incentivos (citado en Silverman, 1971: 174).

El mismo Mesa Lago reporta un discurso del Che a favor de las normas:3 "las normas se establecen para que los esfuerzos de los mejores no sean inútiles y su ejemplo sea seguido por los demás" (Mesa Lago, 1968: 67).

Todo esto significa que de ninguna manera el Che puede ser considerado el arquitecto del nuevo sistema de registro implementado a finales de la década del 60. Azicri sostuvo inicialmente que entre 1966 y 1970 "se introdujo un modelo sobre la base de las ideas económicas de Guevara" (Azicri, 1988: 128) y se "expandió el SFP hasta llegar a cubrir toda la economía", pero dos años más tarde cambió radicalmente su postura:

Las políticas del 66/70 de manera equivocada fueron atribuidas a las ideas económicas de Ernesto Che Guevara. Un resultado del actual proceso de rectificación ha sido un reexamen de las ideas económicas del Che que ha demostrado cómo las políticas de aquel período no fueron una verdadera representación de sus tesis económicas (Ibid., 1988: 19).

De acuerdo con Valdés, que considera un pivotal point la distinción entre el modelo económico guevarista y el fidelista, nuestra opinión es que el pensamiento económico del Che se ha utilizado en Cuba para justificar los períodos de mayor voluntarismo económico, es decir cuando la dirección de la economía se centraliza en el máximo dirigente de la revolución (Valdés, 1979: 18).

La economía cubana a finales de la década de los 60 había entrado en un callejón sin salida. Brundenius estima en un 9.6% la contracción acumulada del Producto Nacional Bruto per capita entre 1966 y 1971 (Brundenius: 1984) y Mesa Lago, utilizando fuentes oficiales, llega a un dato muy similar (Mesa Lago: 1981). Por su parte, Ritter reporta la evolución de algunos productos del sector primario importantes en la dieta alimentaria cubana en esa época (Ritter, 1974).

José Luis Rodríguez, economista cubano y Ministro de Economía y Planificación entre 1995 y 2003, estima el aumento de liquidez de 811 millones de pesos en 1966 a 3 335 millones en 1970, lo que representa el 86.2% del ingreso nacional en ese año (Rodríguez, 1990: 130). 4

El cambio en la estrategia de desarrollo determinó, como se dijo, una reorganización sobre todo del sector agropecuario, para aumentar la producción de azúcar y llegar a la cantidad simbólica de 10 millones de toneladas en 1970. Dicha meta no se alcanzó: la zafra fue de 8.5 millones de toneladas. Entre 1966 y 1970, Cuba tenía que entregar a la URSS 22 millones de toneladas de azúcar, pero las consignas fueron inferiores a la mitad (10.58 millones de toneladas). A pesar de criticar los cambios económicos y la persecución de importantes cuadros acusados de filo-sovietismo (la micro-fracción), los soviéticos no redujeron las entregas prometidas y permitieron que Cuba vendiera en el mercado mundial buena parte del azúcar que tenía que entregarle según el acuerdo de 1964.

 

2. El Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE): 1980/1985

En 1972, Cuba entró formalmente en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y Castro reconoció los errores de idealismo cometidos así como la necesidad de regresar a los trodden paths en el proceso de construcción del socialismo (Roca, 1981). Se inició una sostenida recuperación económica, en parte propiciada por relaciones externas más favorables. En ese año, el precio del azúcar en el mercado mundial volvió a aumentar (multiplicándose por 15 entre 1969 y 1974), lo que significó para Cuba mayores ingresos en moneda convertible y así facilitó los primeros préstamos de los países capitalistas. La ayuda económica soviética fue reforzada con la revisión de los acuerdos comerciales a finales del mismo año y los soviéticos aceptaron aumentar los créditos comerciales para financiar el creciente déficit comercial en beneficio de Cuba. Con esta actitud más colaborativa, los dirigentes soviéticos querían estimular el esfuerzo racionalizador en la dirección de la economía que Castro reconoció como necesario, claramente definido en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) de 1975. Entre estas medidas, cabe citar la reintroducción de los estímulos materiales duramente criticados en la etapa idealista anterior: se volvieron a medir los costos de las unidades productivas, práctica que había sido abandonada en 1966 (Rodríguez, 1990: 135). Se abandonaron los grandes planes de inversión como los que se llevaron a cabo en el sector azucarero así como los planes especiales y se priorizó la distribución de bienes de consumo durables a los trabajadores (como televisores y lavadoras importadas de la Unión Soviética) para estimular una mayor productividad laboral,5 objetivo que se alcanzó y que se refleja en la reducción del exceso de circulante (Tabla 2), conclusión en la que concuerdan cubanólogos de distinta orientación.

Algunos dirigentes revolucionarios marginados en la época anterior (como. Rodríguez), volvieron a tener cierta influencia. En este contexto y bajo la presión soviética, tuvo lugar el primer congreso del PCC en 1975 y fue decidida la introducción del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). Según Figueras, el SDPE aplicado se caracterizó por estar dotado de "un mecanismo de regulación económica con un patrón centralista, donde se combinan la planificación directiva, la verticalización administrativa casi total y la negación del mercado" (Filgueras, 1995).

También en este caso, la mayoría de los cubanólogos ha sacado conclusiones bastante apuradas, comparando el SDPE con el modelo soviético reformado de 1965. En realidad, el principio del autofinanciamiento empresarial sobre el cual descansa este modelo económico fue aplicado de manera restringida en Cuba y cada intento descentralizador orientado al mercado, encontró desde principio la oposición radical de Castro.

Como anticipamos, en 1962 Liberman proponía la reforma del modelo económico vigente en la entonces URSS, considerado obsoleto e ineficiente. El economista soviético sugería la introducción de categorías financieras en la planificación. Por ejemplo, para contrastar la tendencia de las empresas a pedir recursos en exceso, propuso un sistema de incentivos materiales basado en la tasa de rentabilidad medida como relación entre ganancias y capital utilizado en la empresa (si aumenta el capital ocioso, disminuye la tasa de rentabilidad y con ella los estímulos). También propuso un impuesto sobre el capital para desincentivar su acumulación y una reforma de los precios haciéndolos corresponder más a los costos de producción. Sin embargo, el problema de fondo evidenciado por Liberman era la falta de autonomía empresarial, concepto desarrollado más tarde por el economista húngaro Kornai.

La reforma económica que empezó en Cuba a mediados de los años 70, fue diseñada por la JUCEPLAN y su presidente, Humberto Pérez, era uno de sus principales propulsores. El principio del cálculo económico que tenía que sustentar el SDPE, fue intencionalmente aplicado de forma restringida, es decir, con un uso limitado de los incentivos materiales y sobre todo con márgenes de autonomía empresarial también reducidos. Según H. Pérez, el SDPE requería el funcionamiento del sistema de precios, de las categorías financieras y del sistema de recolección de estadísticas. Sin embargo añadía que: "el desarrollo del SDPE dependía de la comprensión y apoyo político". (Pérez, 1985: 54). Sólo en una segunda etapa el presidente de la JUCEPLAN hizo énfasis en el problema de la autonomía empresarial y definió cómo pasar de las restricciones presupuestarias blandas a las fuertes. Como sugería Kornai, el problema principal de la política económica en las economías centralmente planificadas no es la forma de incentivos, sino las reglas de sobrevivencia de las empresas y las relaciones presupuestarias entre estas y el gobierno (Kornai, 1980).

La experiencia soviética había demostrado que la búsqueda de la eficiencia dentro de una economía planificada lleva necesariamente a plantear la descentralización del proceso decisional y la introducción de mecanismos de mercado. En Cuba la apertura del Mercado Libre Campesino (MLC) fue el intento más atrevido en esta dirección. Después de un quinquenio de gestación, entró en funcionamiento en 1980.

Las dos reformas agrarias de los primeros años de la revolución habían nacionalizado la mayor parte de las tierras en Cuba. Sin embargo, en 1975 todavía un 30% de la superficie agrícola era de propiedad de campesinos que no habían querido entrar en las cooperativas. Los campesinos tenían que entregar la cosecha al Estado que pagaba precios muy desestimulantes y al mismo Estado compraban los insumos. Había evidencias, que una parte importante de la producción era ocultada por parte de los mismos campesinos, que la desviaban hacia el mercado negro. Aun así, y a pesar de poder efectuar inversiones muy inferiores, mostraban índices de productividad superiores a la producción estatal de las granjas.

La reforma de 1980 consistió en permitir a los campesinos la venta en el mercado libre a precios determinados por la demanda y la oferta, una vez cumplidas las entregas obligatorias al Estado (Decreto Ley 66, 1980). Inicialmente, la ley dispuso esta posibilidad para todos los productores, incluyendo las empresas estatales (granjas) y las cooperativas de producción agropecuarias (CPA) recién creadas. Otras medidas de "liberalización" de la Reforma de los 1980 fueron: la apertura del trabajo por cuenta propia (Decreto Ley 14, 1978) en 48 actividades -entre ellas oficios como albañilería, carpintería, plomería y electricidad-, el permiso a la contratación de empleados por pequeños agricultores, así como la autorización de la construcción de viviendas por el trabajo privado. Desde el inicio Fidel Castro fue crítico de los MLC, considerándolos una concesión inadmisible al capitalismo (Castro, 1991: 3-6).

En los primeros años, la producción aumentó y se diversificó sin que aumentaran los insumos asignados a los campesinos (Rosenberg, 1992). Es decir, de la misma cantidad de fertilizantes y semillas que se le entregaba a los campesinos para cumplir con el plan de producción, estos lograban producir para cumplir con las entregas obligatorias de acopio (la empresa estatal comercializadora de los productos agropecuarios) y también un excedente que vendían en esos mercados, lo cual evidencia un incremento de eficiencia en la producción agropecuaria (Meurs, 1990; Meurs, Deere y Pérez, 1991). Sin embargo, los precios se habían disparado y no volvieron a bajar por dos razones principales: 1) tanto las cooperativas como las granjas no llevaron su excedente productivo al mercado, donde llegaban sólo los campesinos; 2) no se aplicó ningún control (sobre todo hacia los intermediarios) y la única medida importante fue la introducción de una tasa sobre la ganancia que fue trasladada a los precios. El Estado no intervino en la comercialización de los productos y algunos intermediarios privados se enriquecieron rápidamente, lo cual generó mucho descontento entre la población (Rosenberg, 1992: 60). Es difícil no reconocer la voluntad política de desacreditar los mercados y con ellos el grupo reformista encabezado por Humberto Pérez.

El experimento reformista de la JUCEPLAN fue interrumpido a mitad de los años 80 y el cierre de los MLC fue la demostración más clara de que la contrarreforma había triunfado. Eso a pesar de las evidentes mejorías que el SDPE había aportado a la economía: entre 19811985 el Producto Social Global (PSG) creció a una tasa anual del 7.3% y la productividad del trabajo a un 5.2%. Indudablemente, el consistente apoyo económico soviético al intento de introducir un SDPE explica en parte este resultado, sin embargo, el conjunto de estímulos materiales introducidos tomando como ejemplo la reforma soviética de 1965, creó una mayor relación entre el esfuerzo laboral y el pago recibido por los trabajadores, lo cual contribuyó al aumento de productividad mencionado. Los principales estímulos materiales utilizados fueron tanto individuales (primas) que colectivos (premios). En el primero, la fuente de financiamiento fue el presupuesto del gobierno; en el segundo, las ganancias empresariales.

Efectivamente, a mitad de los años 80 había razones para desarrollar un plan económico para reformar el SDPE, sin embargo su aplicación había llevado a un incremento del nivel de vida de la población, conclusión compartida por los principales cubanólogos y por las mismas autoridades de la isla (Mesa Lago, 1988; Álvarez, 1992; Zimbalist y Eckstein, 1987).

Era claro que el SDPE mostraba los límites de la planificación y la dificultad de aumentar la eficiencia (pasando de la fase de crecimiento extensiva a la intensiva) sin contaminar el sistema con la introducción de mecanismos de mercado. Sin embargo, la crítica al SDPE protagonizada por el máximo líder de la revolución, llevó a una recentralización de las decisiones económicas en las manos del mismo Fidel Castro y de un grupo de apoyo bajo la dirección del máximo líder que sustituyó a la JUCEPLAN en la dirección de la economía y que se situó por encima de los ministerios. Humberto Pérez y sus principales colaboradores fueron sustituidos y Fidel Castro empezó el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas (PR), acusando de economicismo a los tecnócratas de la Junta.

 

3. Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas y el inicio del Período Especial: 1986/1994

La crítica al SDPE y a los mecanismos monetarios y de gestión que se utilizaron durante el período, significó el viraje hacia un período de centralización de la toma de decisiones y la eliminación de los mecanismos económicos de estímulo laboral.6 Esta fase abarca la segunda mitad de los años 80, hasta el Período Especial (pe), antes de la reforma económica de los años 90, exactamente a partir del segundo semestre de 1994. Como en el período 66/70, las consecuencias económicas fueron desastrosas. Sin embargo, desde un punto de vista político la recentralización se justificaba por el nuevo escenario determinado a raíz de los cambios económicos y políticos que se empezaron a introducir en el campo socialista. En la antigua Unión Soviética, el presidente Gorbachov había comenzado a aplicar reformas que se revelaron estructurales y desencadenaron protestas sociales en los demás países socialistas. Inicialmente, las protestas fueron reprimidas (como en Plaza Tien An Men), y luego se impusieron causando el derrumbe de los gobiernos en casi todos esos países. En parte, el rechazo a la "glasnosf y a la "perestroika" motivaron a la clase dirigente cubana a tomar una serie de medidas que re-centralizaron también en el aspecto económico el poder en las manos de Fidel Castro y del "grupo de apoyo" nombrado por el máximo líder. En este nuevo contexto, la JUCEPLAN perdió totalmente la autonomía decisional lograda bajo la presidencia de Humberto Pérez.

Una de las medidas que demostraron cómo la cuestión económica empezaba a subordinarse a la necesidad de un mayor control central sobre las tendencias autonómicas tanto dentro de las instituciones como en la sociedad civil, fue el cierre de los mercados libres campesinos. En las palabras de Rosenberg:

For supporters in the minag, JUCEPLAN, the ICIODI, the Comités Estatales de Finanzas y Estadísticas, and elements within ANAP, the MLCS provided increased importance in the domestic political economy and association with a policy that they hoped would bring increased popular support to the revolutionary regime. For MLC opponents, including Fidel Castro, Arnaldo Milián, the provincial first secretaries and the CPAS, successful MLCS threatened their continued control over the domestic political economy by focusing credit for improved conditions on the agrarian private sector and the technocratic elites. For MLC supporters, economic success brought political success. Thus for the opponents, the political costs of success outweighed the economic benefits. (Rosenberg, 1992: 87)

Según Fidel Castro, en el período de la implementación del SDPE:

El partido se olvidó de la economía (...) esa pertenecía a los expertos (...) no tenemos que renunciar a la idea de la ganancia empresarial ni a la idea del cálculo económico (...) no estoy contrario a esos mecanismos, sin embargo hay que tener claro que es el trabajo político, el trabajo revolucionario (...) que hace posible la eficiencia (...) en la esfera de la producción tenemos que utilizar esos mecanismos como medios auxiliares del trabajo político y revolucionario (Castro, 1988: 130).

Con el PR comenzó la fase descendiente del ciclo y Fidel, como veinte años antes, la volvió a encabezar con las mismas consecuencias: en un sólo quinquenio (1985-89) el Ingreso Nacional Creado (INC) per capita disminuyó en un 9.14%. El déficit comercial acumulado fue superior a los 11,000 millones de pesos, (no había llegado a 1,000 millones en el período del SDPE) y el déficit fiscal alcanzó el 10.9% del INC en 1989. A mediados de los años 80, el presupuesto público estaba en equilibrio mientras que para 1989, se contaba con un exceso de liquidez de 21% del PBI, excedente que continuará creciendo hasta 1993 (Tabla 3).

Buena parte de este déficit no es consecuencia del aumento del gasto social después de las restricciones del período anterior, sino de un gran aumento de los pagos a la esfera productiva, es decir de mayores subsidios a las empresas. Eso significa que la restricción presupuestaria -de la cual según Kornai depende la viabilidad del modelo económico- volvió a ser muy blanda (Kornai, 1980).

La renuncia a los métodos de gestión y planificación de la economía y la implementación del PR responde -según el discurso oficial- a la aparición de un conjunto de problemas económicos que atentan contra el proceso de construcción del socialismo y que han desvirtuado su esencia misma. De ahí la consigna del presidente cubano en 1986: "Ahora sí vamos a construir el Socialismo" (Castro, 1986: 1). Por tanto, el PR significó una corrección en el camino y el avance por una etapa de métodos propios del socialismo que estaban directamente asociados a una búsqueda de eficiencia económica sin sacrificios de los criterios de tipo social y político.

Entre 1990 y 1991, la URSS retiró el subsidio que a lo largo de treinta años había otorgado a Cuba. El efecto combinado del retiro imprevisto de la ayuda soviética y del conjunto de relaciones comerciales, financieras y tecnológicas con los antiguos países socialistas y la contrarreforma iniciada en 1986 con el PR, determinaron una caída abrupta del PBI, de más de un tercio en solo cuatro años (1989-1993) (ONE, 1996; García Fernández, López Arévalo y Sovilla, 2010).

En ese período, que Fidel Castro bautizó como "Período Especial en Tiempo de Paz", los consumos de la población bajaron considerablemente, viéndose obligada a comprar en el mercado negro también los bienes primarios. El transporte se paralizó y en la capital, las bicicletas provenientes de China sustituyeron a los carros y los autobuses de Europa Oriental.

Hubo dos importantes medidas representativas de esta fase. Una fue la creación de los llamados Contingentes, como una nueva forma organizativa de la producción y el trabajo, que permitieron concentrar importantes recursos materiales y humanos en grandes obras de infraestructura: en la agricultura para el Programa Alimentario, en la ciencia para llevar a cabo el programa de investigación en la industria biotecnológica y farmacéutica y en la construcción de los "terraplenes" para unir islotes de la cayería con la isla grande para el desarrollo del turismo internacional.

La otra medida fue la mencionada eliminación de los MLC. El gobierno pretendió sustituir con las empresas agrícolas estatales, la oferta de alimentos que los campesinos privados suministraban. Sin embargo, a mediados de los años 90, el Programa Alimentario tampoco había podido cumplirse.

Los programas que se crearon en esa fase, basados en nuevos métodos de producción (como el Programa Alimentario, de desarrollo del Turismo, etc.), en su mayoría quedaron inconclusos con la irrupción de la crisis en 1991 y el inicio del pe. Sólo el programa de desarrollo de la industria biotecnológica orientado a la salud continuó siendo una prioridad para el gobierno, aunque sin resultados para esa etapa (Mesa Lago, 2005; García Fernández y Chassagnes Izquierdo, 2003).

 

4. La Reforma Económica: 1995/2003

El paquete de reformas preparado a mediados de los años 90 por José Luis Rodríguez -el nuevo ministro de economía-, tenía una dirección precisa: la de reconocer espacios a la actividad privada legalizando actividades como la venta de comida en las casas (paladares), la venta de alimentos, bebidas y helados en la calle, la actividad artesanal privada y la conducción de pequeños talleres.

Entre las medidas de corte estructural se destacaron: la apertura a la inversión extranjera, la reintroducción de los MLC, que se re-denominaron "Mercados Agropecuarios" (MA), la libre circulación del dólar (cuya posesión era prohibida y duramente sancionada), la apertura del mercado de productos industriales, la descentralización del comercio exterior y la apertura de las zonas francas. En el sector agropecuario se crearon las llamadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), unidades productivas que se organizaron a partir de las ineficientes granjas estatales existentes, para lo cual recibieron la tierra ociosa en usufructo gratuito y por tiempo indeterminado.

Otra de las medidas de importancia medular fue la decisión de aplicar selectiva y paulatinamente el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial (SPRE). El SPRE fue la experiencia de administración en las empresas militares del estado que, implementada desde mediados de los 80, tuvo un éxito reconocido en los indicadores de productividad laboral y la calidad de los resultados. Según los mismos responsables del SPRE, éste consiste en: "el cálculo económico, la descentralización de la gestión empresarial y la búsqueda de mecanismos que contribuyan al aumento de la eficiencia y la conciencia comunista de todos los trabajadores" (Pérez Betancourt y González Sánchez, 1988: 22).

Sin embargo, cabe aclarar que entre 1995 y 2003 se consiguieron resultados importantes,7 que podemos resumir en el siguiente orden:

a) Reducción del déficit fiscal al 2.8 % del PBI en 2003; b) menores subsidios a las empresas hasta el 1.3% del PBI en 2001; c) disminución del exceso circulante (el 56% del PBI en 1993 hasta el 40% a final de este período) (Tabla 4).

 

5. La Batalla de Ideas: 2004/2007

La mayoría de los especialistas consideran que desde el año 2004, tiene lugar una paralización de las reformas que contribuyeron a la recuperación de la economía del país (Mesa Lago, 2005; Miranda, 2004). La suspensión de las reformas resultó en un fortalecimiento de las políticas de regulación centralizada de la economía (o de recentralización) y a un recorte del papel de mercado. La llamada Batalla de Ideas fue personalmente impulsada por Fidel Castro, con los argumentos de que ese era el método más adecuado para luchar contra la corrupción administrativa, el desvío de recursos estatales y el enriquecimiento ilícito, males que se achacan al mercado y no a las deficiencias del Estado ni a su excesivo burocratismo. Es decir, se descartó nuevamente al mercado como mecanismo económico generador de eficiencia para retornar a políticas que sacrifican la eficiencia y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos como factores de partida para el crecimiento económico.

Entre las medidas tomadas a partir del año 2004 destacan:

1. La limitación del trabajo por cuenta propia. Si hasta el año 2003, el número de cuentapropistas aumentó, convirtiéndose en una alternativa de empleo e ingreso, a partir del 2004, se incrementan las trabas para obtener nuevas licencias y los impuestos se hacen muy onerosos. Sin embargo, la tendencia a disminuir los permisos de trabajo por cuenta propia empieza desde 1996. Ese año se otorgaban el 80% de las solicitudes. En el 2003 sólo un 22%, proceso que continuó en los años siguientes hasta fines de 2010 (Pérez Izquierdo, 2003).

2. La reconsideración de la inversión extranjera (IE), sobre todo la asociada a medianos y pequeños empresarios foráneos y determinados sectores. La atracción de la IE fue considerada durante principios de los años 90, una de las medidas de mayor calado e impacto en el crecimiento económico y en la reestructuración que debía producirse como salida a la crisis. Sobre todo, por la necesidad de acceder a nuevos mercados y tecnologías ante el cierre de los mercados de Europa del Este y la antigua URSS. La reconsideración de este nuevo mecanismo para la economía cubana viene muy directamente asociada al incremento de las relaciones con Venezuela y a la exportación de servicios como la fuente principal de ingresos dentro de la balanza de pago. Durante los años 90, el turismo y el níquel fueron las principales fuentes de ingresos externos y los sectores de arrastre para el resto de la economía del país, muy asociados ambos a las inversiones extranjeras. Sin embargo, a partir del año 2004, ese rol lo asume la exportación de servicios profesionales, fundamentalmente hacia Venezuela. En 2004-2007 la exportación de servicios creció a una tasa anual por encima de 28% (Vidal y Pérez Villanueva, 2011).

3. El incremento del control financiero, contable y operacional sobre las empresas estatales, así como el retorno a una suerte de monopolio de comercio exterior, derogando una de las medidas aplicadas en 1994 que permitió el acceso directo a las importaciones a un grupo importante de empresas estatales autorizadas para realizar estas funciones. Precisamente, Sánchez Egozcue y Triana señalan que el punto culminante del proceso de centralización fue la creación de la cuenta única del Estado y la creación de la Comisión de Asignación de Divisas (Sánchez Egozcue y Triana Cordoví, 2010).

Entre el 2004 y 2007, el PBI creció a una tasa promedio del 9% anual, la más alta después de la crisis de los años 90. Probablemente ese crecimiento fue el efecto pospuesto de las medidas económicas implementadas en el decenio anterior y del acceso a una nueva fuente de financiamiento externo para la economía cubana asociada a la compra del petróleo venezolano a precios preferenciales y a los servicios profesionales ofertados que llevó a que estos representaran el 40% del valor agregado dentro de la estructura del PBI, desplazando al azúcar, el níquel y el sector manufacturero en general, que retrocedió a un 13% (ONE, 2009).

En esta fase, desde el año 2003 tiene lugar la introducción de una nueva metodología para la medición de la actividad económica. Varios economistas, sobre todo cubanólogos (Pérez López y Mesa Lago, 2009; Pérez López, 2010), han insistido en que al agregar al PBI la valoración de los servicios gratuitos y subsidios obtenidos por medio de la Libreta de Racionamiento, la nueva metodología PBI, sobrevalora el producto bruto interno en al menos 1% anual.

Tabla 5

 

6. Actualización del Modelo: 2008/2013

La última etapa de este ciclo coincide con la transferencia del poder a Raúl Castro como Presidente del Consejo de Estado, el cuál siempre fue considerado el heredero natural cuando el tránsito fuera necesario. Sin embargo, este período va acompañado de circunstancias excepcionales que lo marcan desde su inicio como una etapa de crisis severa calificada por Mesa Lago como una crisis de desabastecimiento muy similar a la crisis de los años 1993/1994. Probablemente, estas circunstancias estén afectando toda la etapa del ciclo, aunque obviamente unas tendrán mayor capacidad de influencia en relación con su permanencia en el tiempo. Estas son: la crisis económica mundial, los varios huracanes que azotaron el país en los años 2008, 2009 y 2012 (destruyendo una parte importante de la agricultura y las viviendas de varias provincias), y el deterioro significativo de los términos de intercambio, -sobre todo del níquel, principal recurso de exportación, cuyo precio cayó en un 80% en el 2008- (Mesa Lago, 2009: 435). A inicios de 2013, los precios del níquel aún se mantenían a niveles similares a los de cinco años atrás.8 De este modo, Cuba enfrenta una nueva fase de racionalidad económica en condiciones de fragilidad macroeconómica debido a las circunstancias externas mencionadas y a debilidades estructurales no resueltas de etapas anteriores, que provocaron una crisis de balanza de pagos y caída del crecimiento económico entre 2009 y 2010 con deterioro de la actividad industrial y agrícola. Pavel Vidal considera que el crecimiento positivo en los años mencionados se debió a la modificación de la contabilización en el PBI del año 2004 de los servicios gratuitos (Servicios básicos y otros servicios), pues el sector real de la economía (industria azucarera, pesca, sector agricultura, ganadería y silvicultura) sufrió un deterioro significativo (Vidal, 2011: 258).

En los años 2011 y 2012, los sectores productivos mejoraron algo su comportamiento (crece la industria azucarera, la industria manufacturera y el sector de la agricultura, la ganadería y la silvicultura mejoran para volver a caer) y la exportación de Servicios Profesionales ralentizó su comportamiento, probablemente debido a la inestabilidad de la situación económica en Venezuela.

La decisión de concentrar la actividad azucarera en los centrales más eficientes, provocó una contracción de la producción que actualmente apenas permite satisfacer el consumo interno (la zafra 2011-2012 fue de 1.4 millones de toneladas, un nivel que Cuba ya alcanzaba a principio del siglo pasado y en la recién terminada 2012-2013, se logró un volumen semejante, lejos del plan), en un período de elevados precios del producto en el mercado mundial.

En esta etapa, los intentos de regreso a la planificación económica y de rechazo al voluntarismo, son los caballos de batalla del nuevo presidente de Cuba, situación que la opinión pública del país ha venido asociando a medidas de racionalidad económica, frontalmente críticas del derroche y la corrupción. No es de extrañar que su discurso inicial haya estado directamente relacionado con recuperar prácticas racionales y acabar con los gastos sobredimensionados de la etapa anterior (La Batalla de Ideas), vinculados directamente a la batalla ideológica de Fidel Castro, que no es posible asumir en el actual período de crisis económica.

La propuesta fundamental de la reforma del Presidente Raúl Castro -Actualización del Modelo- se presentó en el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, documento central del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de 2011. Las medidas estuvieron vinculadas con la necesidad de recuperar el crecimiento económico, sobre todo la producción de alimentos en el corto plazo, sin aumentar significativamente los gastos. Esas medidas fueron la concesión en usufructo de tierras no cultivadas a la población por diez años, con la posibilidad de prórrogas y la reactivación de la política de promoción del trabajo por cuenta propia. Existe consenso entre economistas de fuera y dentro de la isla, acerca de la lentitud para la incorporación de cualquier tipo de medida económica o no económica, lo que hace que los plazos muchas veces sean excesivamente largos. El mejor ejemplo fue el aplazamiento por catorce años del VI Congreso del PCC.

El documento aprobado en el Congreso de abril de 2011, supone un regreso a una parte importante de las medidas propuestas y no completamente instrumentadas en los años 90 a la vez que retoma otras acciones de etapas reformadoras anteriores. El "Proyecto de Lineamientos" constituye una amplia propuesta de acciones posibles, al punto que algunos cubanólogos lo han llamado "listado de deseos" debido a la gran cantidad de propuestas incluidas en el proyecto, las cuales difícilmente podrán alcanzarse. La esencia de las medidas económicas consiste en acciones orientadas a reactivar la economía del país con una empresa estatal socialista y productiva, pero con autonomía suficiente para tomar decisiones económicas y financieras, posibilidad antes prohibida. Es decir, el Congreso aboga por continuar con la planificación como instrumento principal de dirección de la economía pero teniendo en cuenta algunos aspectos del mercado y la gestión "no estatal" de la economía. La empresa estatal cubana deberá ser autofinanciable y tener la independencia suficiente para fijar salarios, contratar y despedir, planear inversiones y hacer frente a la quiebra.

Una consideración básica de cualquier reforma es el papel que se confiere a los precios. En el documento del Congreso queda explícito que la fijación de precios continuará siendo un función centralizada del estado: "se mantendrá el carácter centralizado de la determinación de los precios de los productos y servicios que económica y socialmente interese regular, descentralizándose los restantes" (PCC, 2011: 16).

Las últimas medidas se han concentrado en el activo mayormente explotable, la tierra. En reiteradas ocasiones, el Presidente Raúl Castro ha criticado la improductividad de las empresas agrícolas estatales, calificando como problema de seguridad nacional el incremento de la eficiencia en la producción agrícola en el corto plazo. En la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada el 11 de julio de 2008, el presidente cubano afirmó: "¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!" Y en esa ocasión anunció: "las disposiciones legales para iniciar la entrega en usufructo de tierras ociosas a quienes estén en condiciones de ponerlas a producir de inmediato"; medidas que se concretaron en el Decreto Ley 259 (Castro Ruz, 2008).

Después de cuatro años, las medidas de política agraria aún no han generado el incremento de la producción agropecuaria esperado y los precios de los productos en los mercados agropecuarios han seguido aumentando, así como el gasto en divisa para la importación de alimentos (en el 2011 se destinaron 1633.7 millones de üsd y en el 2012 alrededor de 1 500 millones). Por su parte, el 9 de diciembre de 2012 entró en vigor el Decreto Ley 300 que aumenta de 3 a 5 caballerías (67 hectáreas)9 la entrega de tierras en usufructo, quitando la prohibición contenida en el decreto anterior a partir de la cual el usufructuario no podía construir su vivienda en la parcela que le venía asignada.

Sin embargo, el campesino usufructuario y no propietario todavía tiene que apoyarse en las entidades con personalidad jurídica (granjas, CPA, CCS, UBPC) para adquirir los insumos y servicios que necesite (es decir que no se procede hacia la creación de un mercado mayorista para el abastecimiento de estos nuevos productores). Además, cabe destacar que ha continuado la obligación de entregar una parte de la cosecha a las empresas comercializadoras estatales de acopio, las cuales todavía pagan precios totalmente desestimulantes. Por lo tanto, el usufructuario sigue atado al sistema estatal de suministro y acopio, no pudiendo decidir autónomamente qué producir, a quién vender y a qué precios. De este modo, no se ataca el problema en su raíz: la falta de estímulos para ejercer una actividad que requiere tanto empeño como es la producción agropecuaria. Sin embargo, en junio de 2013, el responsable de la introducción de los cambios en el modelo económico -Mariano Murillo- reconocía que las medidas anteriores para incrementar la producción agropecuaria no habían dado resultado e insistía en liberar las fuerzas productivas para aumentar su eficiencia (Puig Meneses y Martínez Hernández, 2013).

Una de las medidas de impulso al mercado que comprenden la liberación de las fuerzas productivas demandada por el Gobierno, ha sido nuevamente la reactivación del trabajo por cuenta propia, coincidente con el discurso oficial de reducción de las plantillas infladas -lo que implicaría la reorganización del funcionamiento del mercado laboral otorgándole racionalidad y disminuyendo el costo presupuestario de los empleos públicos excedentes-. Mesa Lago (2012) ha estudiado con profundidad las medidas económicas (estructurales y no estructurales) de esta última fase y ha concluido que la orientación es adecuada, aunque ha señalado que existen un conjunto de obstáculos a la reforma que son responsables del retardo o la ausencia de efectos claramente positivos. Algunos ejemplos son: la lentitud del proceso; las trabas y la resistencia burocráticas; el conflicto entre objetivos contradictorios en varias medidas adoptadas (los impuestos claramente desestimulantes para el trabajo por cuenta propia y otras actividades); y la limitación del trabajo por cuenta propia a actividades de trabajo no calificado, entre otras. Un aspecto de importancia decisiva es la ausencia de un modelo económico definido cuando el mensaje principal de la reforma es su actualización. No menos importante es la aún pendiente reforma de la doble circulación monetaria, la cual trae graves consecuencias para la actividad productiva del país.

Una parte importante de esas medidas, recuerda las reformas de mercado de los antiguos países socialistas y la necesidad de relacionar la productividad con los estímulos materiales a los trabajadores. En esa dirección funcionó el llamado "Cálculo Económico" que en Cuba nunca fue implementado correctamente.

A pesar del conjunto de condiciones adversas de índole política, económica, social o ambiental, que han afectado la instrumentación de la reforma, como la crisis económica mundial, los efectos de los ciclones, el estado de las relaciones con los Estados Unidos, etc., la mayoría de los investigadores del tema coinciden en que se ha aplicado con excesiva lentitud, afectando el timing de los cambios esperados. Es decir, no ha habido una secuencia del programa de medidas, por lo que algunas han sido implementadas y al tiempo se han corregido (por ejemplo, en cuanto a la prohibición de viviendas en las tierras en usufructo) y otras necesitan de complementos que hacen que las medidas no produzcan el efecto deseado (por ejemplo, la ausencia de un mercado mayorista para los trabajadores por cuenta propia -urbanos o agrícolas y los cambios permanentes en las leyes de aduana-).

Vale la pena recordar que el actual esfuerzo reformador se apoya en las relaciones comerciales preferenciales con Venezuela, que además de garantizar los suministros de petróleo a precios extremadamente favorables, aseguran un flujo de divisa a través de los pagos a los servicios de los profesionales cubanos que trabajan en aquel país.

La muerte reciente del presidente venezolano Hugo Chávez, que había sido el arquitecto de un nuevo orden de relaciones económicas entre los dos países, inspirado en principios de solidaridad internacional y no sólo de conveniencia económica, abre otra vez la puerta hacia escenarios que evocan los primeros años del período especial, cuando la ayuda soviética se retiró y la economía de la isla llegó al borde del colapso. La victoria en Venezuela de Nicolás Maduro en las elecciones que siguieron a la muerte de Chávez, partidario del mantenimiento de las relaciones con Cuba de la época chavista, no han disipado las dudas sobre una posible revisión de las relaciones entre los dos países. Tanto la lucha interna en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como los problemas económicos de este país que se han agudizado en los últimos meses, representan para el gobierno cubano una espada de Damocles, ya que la economía de la isla sigue dependiendo de la ayuda del gobierno bolivariano.

Tabla 6

 

Conclusiones

En este artículo, el análisis se ha desarrollado tomando en cuenta la relación entre los cambios introducidos en el SDE y algunos indicadores macroeconómicos. La dificultad de encontrar datos que abarquen todos los períodos examinados, no ha permitido construir series históricas largas de los indicadores sociales (educación y salud principalmente) que siempre han sido objetivos priorizados por los planificadores cubanos. Sin embargo, los progresos declarados por el gobierno en educación y salud, han caracterizado la primera etapa del proceso revolucionario (hasta 1990), pues se requería de una gran ayuda externa para poder financiarlos, ayuda que en los primeros treinta años Cuba recibió del campo socialista y sobre todo de la ex URSS. La ineficiencia del sistema productivo cubano no sólo ha determinado una crónica escasez de productos, también de primera necesidad, sino que no ha generado las condiciones para que esos logros sociales se pudieran mantener cuando la ayuda externa se retiraba. De allí los grandes recortes en la educación y salud a partir de los años 90, que han determinado una menor calidad de estos servicios, comprometiendo su carácter universal y gratuito, que justamente ha sido la mayor presunción del gobierno revolucionario.

La economía cubana en la etapa revolucionaria estuvo condicionada desde el inicio por un cambio brusco en sus relaciones externas. El sector exterior cubano se caracterizó hasta 1959 por la concentración del intercambio comercial con Estados Unidos, y el gobierno revolucionario tuvo que redefinir su colocación geopolítica a partir del embargo que el gobierno norteamericano empezó a aplicar contra la isla desde octubre de 1960. Sin embargo, Cuba logró rápidamente insertarse en el campo socialista y gracias a la generosa ayuda soviética pudo reorganizar exitosamente su economía y sus relaciones externas, neutralizando de esta forma las consecuencias negativas del llamado "bloqueo". Consideramos por tanto que es posible analizar la economía cubana en la etapa revolucionaria prescindiendo de sus relaciones externas y de su impacto económico, para evaluar las consecuencias de los cambios en la dirección económica.

En efecto, el análisis de medio siglo de la economía cubana evidencia que el comportamiento de las variables macroeconómicas fundamentales está sujeto al modelo económico y a la forma de intervención estatal. Se ha constatado que el voluntarismo privilegió la acción deliberada, consciente, de los hombres por encima del papel determinante de las leyes económicas objetivas.

Durante más de 50 años y hasta la actualidad, en ciclos de fases ascendentes y descendentes, se han ido alternando etapas con clara imposición de medidas de corte voluntarista, donde lo que prevalece es la voluntad del Líder, con intención precisa de cumplir metas generalmente inalcanzables y que significan, en términos económicos y no económicos, un gran gasto material y humano y una contracción productiva que casi siempre ha obligado al país a retroceder a los años anteriores a la fase de instrumentación de las medidas voluntaristas. Estas etapas se caracterizan por el combate a la corrupción,10 a la acumulación de riqueza o a manifestaciones de desigualdades económicas -como por ejemplo el "combate a los macetas"- 11 y se aplican medidas que refuerzan la distribución y el consumo igualitario entre la mayoría de la población.

En cambio, las fases de recuperación y ajuste, son períodos donde se retorna a los equilibrios macroeconómicos y se instrumentan medidas de política económica de mayor racionalidad y tomando en cuenta, aunque limitadamente, al mercado. Las tres etapas de este tipo, cuando se observan desde una perspectiva de más largo plazo, tienen en común la recuperación del crecimiento económico y el aumento del bienestar general, acompañado de desigualdades obvias para condiciones de funcionamiento del mercado. Son los casos de apertura al trabajo por cuenta propia, al mercado libre campesino, el acceso a la inversión extranjera, entre otros. Se evitan grandes despilfarros y planes gigantes con metas inalcanzables.

Desde finales del año 2007, el Presidente cubano Raúl Castro ha impulsado la nueva fase de un ciclo ascendente con intentos de retomar la reforma económica de los años 90. La reforma actual, denominada Actualización del Modelo, pretende retomar el crecimiento económico, impulsar la productividad del trabajo, ajustar el aparato del Estado a unas dimensiones racionales, lo que significaría reducir empleo estatal, sobre todo el de carácter improductivo. Sin embargo, la etapa actual, al igual que las anteriores, está obligada a corregir no sólo distorsiones que la etapa anterior generó (La Batalla de Ideas), sino un conjunto de problemas no resueltos, acumulados en el tiempo, cuya solución se ha ido aplazando y que tienen un evidente carácter estructural (Pérez Villanueva, 2011; García Fernández, López Arévalo y Sovilla, 2010). A eso se le agregan los efectos de la crisis económica mundial que Cuba, como el resto de los países del mundo, recibe por su economía abierta, integrada a la economía global.

El tiempo nos dirá si el gobierno cubano está en condición de implementar exitosamente "las reformas estructurales y de concepto" que el Presidente Raúl Castro anunció al inicio de su mandato, introduciendo reformas económicas orientadas al mercado, como lograron China y Vietnam, o si el grave retardo acumulado obligará a considerar otros escenarios, con cambios más radicales.

 

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Notas

1 La opinión en este sentido es prácticamente unánime. Domínguez (1979) sostiene que Fidel Castro apoyó a C. R. Rodríguez en contra del Che, favoreciendo su salida del gobierno para después llegar a implementar una versión aun más radical del SFP propuesto por el mismo Guevara. Según Domínguez, la actitud de Fidel Castro en esta ocasión fue similar a la de Stalin en los años 20, cuando se alió a la derecha de Bucharin contra Preobrazenski para llegar después a aplicar en una forma aún más extrema las teorías económicas más radicales de la izquierda.

2 Los planes especiales o "Planes Fidel" eran actividades priorizadas en la asignación de recursos, concentradas en el sector primario. Son una representación extrema del voluntarismo de esa época. Según Recarte: "En efecto en 1967 se da el inicio espectacular de los planes especiales (...) El más importante fue el Plan Cordón de La Habana. La intención era rodear la ciudad de frutales, café y hortalizas. El territorio metropolitano de La Habana se extendía a lo largo de 55 000 hectáreas, de las cuales 17 000 eran ocupadas por construcciones y carreteras. En lo que quedaba, se quería meter a cultivar alrededor de 30 000 hectáreas, de las cuales 19 000 se sembrarían de frutales y café, dejando el otro para huertos y pastos (...). En este Plan Cordón como en los otros, las plantaciones eran acompañadas por obras públicas, presas, carreteras, casas, etc., pero los resultados fueron decepcionantes (...). En 1967 se organizaron 33 planes especiales, en 1968 se crearon 6 y desaparecieron 23. En 1969 se forma 1 y desaparecen 9, así que en 1971, el último año en el cual hay datos, existían 7" (Recarte, 1980: 24). En palabras de Dumont, un testigo ocular y experto de agronomía, (en varias ocasiones consejero económico del gobierno en ese período): "La historia de esos "Planes Fidel", que fueron muy costosos, es más la de una serie de desastres que de éxitos. El Plan de los Huertos en Pinares de Mayarí se hizo en tierras friables (...) que no eran aptas para el cultivo de hortalizas y además en proceso de laterización; por eso no había que tocarlas: los bosques de pinos son más aptos para esos lugares. El Plan Café de San Andrés de Caiguanabo (...) fue un desastre. En la parte oriental de La Habana, en pendientes calcáreas no regables, plantaciones de café que no recibían más de un metro de lluvia, con meses demasiado largos de sequía (...). El plan Banao de las Villas, basado en la fresa, la vid, los espárragos, el ajo, la cebolla, es un fracaso" (Dumont, 1970: 70-71).

3 La fijación de normas era el primer paso para poder introducir el estímulo material. Las normas indicarían un nivel de productividad "medio" por encima del cual se considera que el trabajador tiene que ser premiado con una "prima'.

4 En una economía centralmente planificada, con precios administrados y sin mercado de trabajo, el exceso de circulante representa un buen indicador de las presiones inflacionarias y del desequilibrio macroeconómico. Cuando la cantidad de dinero circulante crece sin respaldo en un aumento de la producción de bienes y servicios, el excedente monetario se convierte en el combustible que alimenta el mercado negro o economía sumergida. Es allí que el desequilibrio se manifiesta con un aumento en los precios que a su vez causa un mayor desvío de recursos proveniente de la economía formal. Se genera un círculo vicioso perverso, que desestimula el esfuerzo en el sector formal, donde se reduce el poder adquisitivo del salario. Si este proceso no se revierte en tiempo, la participación en el mercado negro como oferente se convierte en una obligación para poder comprar los productos de primera necesidad que ya no se encuentran en la economía estatal, lo cual tiene profundas repercusiones sociales distorsionando el sistema de valores de la sociedad: lejos de premiar el esfuerzo y la honradez, se estimula el ocio y el robo.

5 En los centros de trabajo se volvieron a introducir las "normas" que se habían eliminado en la etapa idealista. El proceso inició en 1971 y fue lento y complejo (Zimbalist y Brundenius, 1989: 125-6), pero indudablemente propició la recuperación de la productividad, ya que las normas establecían niveles promedio de productividad del trabajo por encima de los cuales había pagos extras (primas) o la posibilidad de adquirir bienes de consumo durables.

6 Según Mesa Lago (1989: 98-139) hay cuatro razones en la base del proceso de rectificación. Tres de ellas son de carácter político-ideológico y una sola tiene base económica. Según el autor, Fidel Castro logró retomar el poder en sus manos y en el partido a través del proceso de rectificación, poniendo fin a la descentralización orientada al mercado que el SDPE había tratado de introducir. Otros cubanólogos concuerdan con Mesa Lago al interpretar así el proceso de rectificación (Pérez López, 1990; Roca, 1992).

7 Todavía no es posible comparar el dato del PBI después del 1997 con los años anteriores por dos razones: 1) el cambio del año base (de 1981 a 1997). "La nueva serie de la Oficina Nacional de Estadística sólo muestra el período 1996-2003 y cuando es comparada con los mismos años de la serie anterior, resulta en un incremento real sistemático del 60% en el valor del PBI, sin que las autoridades hayan dado una explicación de esta anomalía". 2) "Desde 2002 las autoridades cubanas han criticado la metodología del sistema de cuentas nacionales para el cálculo del PBI, alegando que perjudica a Cuba porque subestima el valor de los servicios sociales gratuitos y los subsidios de precios al consumidor, por lo cual han publicado en los dos últimos años una cifra alternativa que incrementa el PBI aún más" (Mesa Lago, 2005: 186).

8 Ver: London Metal Exchange. Disponible en: <http://www.lme.com/metals/non-ferrous/nickel/>.

9 Una caballería son 13.42 hectáreas.

10 El combate a la corrupción siempre ha fracasado, pues se ha concentrado en los efectos y no en las causas, ya que este problema emana diariamente de las condiciones en que viven los cubanos.

11 Definir al "maceta" es complejo, especialmente considerando que existen dos versiones: la del Estado y la de la calle. Para el gobierno de la isla, los macetas son criminales que se dedican a negocios ilícitos para obtener un lucro considerable a costa del resto de la sociedad. Sin embargo, en la calle la percepción es distinta. El cubano ve al maceta como un negociante, un hombre que se ha enriquecido por su propio esfuerzo. El fenómeno de los macetas surge a partir del inicio del llamado período especial, que se implanta desde la aguda crisis económica desencadenada con la desaparición de la Unión Soviética. Ante la mala situación, muchas personas se han lanzado a los negocios en la bolsa negra (mercado negro), donde se consigue todo aquello que la libreta no suministra (N. de la E.).

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