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Revista mexicana de ciencias políticas y sociales

versión impresa ISSN 0185-1918

Rev. mex. cienc. polít. soc vol.58 no.217 México ene./abr. 2013

 

Dossier: poderes fácticos

 

Los poderes fácticos mediáticos y el surgimiento del Estado híbrido en México

 

The Media Factual Powers and the Emergence of the Hybrid State in Mexico

 

Javier Esteinou Madrid*

 

* Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, (México). Expresidente (y fundador) de la Asociación Mexicana de investigadores de la Comunicación. Premio Nacional de Periodismo 2010. Autor de diversas obras como Economía Política y Medios de Comunicación: Acumulación, Ideología y Poder (1985) y La Ley Televisa y la Lucha por el Poder en México (coautoría, 2010). Sus principales líneas de investigación son: medios de comunicación y transformación del Estado, reforma legal de medios y políticas de comunicación. Correo electrónico: jesteinou@gmail.com.

 

Recibido el 21 de septiembre 2012
Aceptado el 8 de octubre de 2012

 

Resumen

El proceso de traslape institucional que se dio entre los tradicionales poderes constitucionales formales y el funcionamiento de las tecnologías electrónicas de difusión masiva, que gradualmente alcanzaron posiciones fácticas desde la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, ocasionó que el Estado nacional sufriera nuevas modificaciones sustanciales que cambiaron su naturaleza y sus funciones rectoras básicas. Así, la acción del poder mediático a lo largo de varias décadas, dio origen a un novedoso fenómeno de naturaleza mixturada que generó un nuevo tipo de "Estado hibrido". La correspondiente nueva República histórica, de naturaleza altamente mediático-política, modificó la estructura y el escenario del convencional Estado-nación contemporáneo en México. La evolución de dicha realidad histórica no ha concluido, sino que continúa desarrollándose con enorme dinamismo y fuerza hacia nuevas etapas de transformación del Estado, del espacio público y de la sociedad en su conjunto, sin saber hasta dónde llegará su devenir, pues los poderes fácticos mediáticos se fortalecen crecientemente en el país al tiempo que los poderes públicos se debilitan paulatinamente. Por ello, con mayor razón la sociedad debe sostener un permanente análisis crítico que describa objetivamente las nuevas características que adquiere este fenómeno estratégico, las fases de transformación a las que asciende y las alternativas de retorno que existen para rescatar el proyecto de un crecimiento nacional.

Palabras clave: Estado, poderes fácticos mediáticos, república mediática, telecracia.

 

Abstract

The process of institutional overlapping that developed in Mexico between formal traditional constitutional powers and mass electronic technologies, which gradually attained factual positions in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st, changed the nature and basic governing functions of the national State. Thus, mass media power gave rise to a novel mixing phenomenon that generated a new type of "hybrid State". The corresponding new historical Republic with a highly political and media oriented nature modified the structure and scenario of the conventional contemporary nation state. The evolution of this historical reality has not yet come to an end, but instead continues to develop with an enormous amount of dynamism and force towards new stages of transformation of the State, public space, and society as a whole, without knowing its final outcome due to the strengthening of factual media power while the major branches of government are gradually weakening. Consequently, society needs to critically engage in an objective analysis of this strategic phenomenon, its phases of transformation and the viable alternatives for recovering the national development path.

Keywords: State, de facto media power, media republic, telecracy.

 

El origen histórico del Estado mexicano

A lo largo de los últimos doscientos años la sociedad mexicana luchó incansablemente para conquistar condiciones de mayor autonomía y humanidad que le permitieran vivir con más independencia, equidad, dignidad y paz social. Con este fin, la comunidad nacional decidió enfrentar a través de la guerra de la Independencia de 1810 a la dominación del poder imperial de la Corona Española que se había instalado violentamente desde hacía muchos siglos en México. Fue también mediante el levantamiento de la Revolución mexicana de 1910 que encaró al poder autoritario terrateniente del porfiriato, para formar un nuevo orden nacional, más justo y equilibrado que posibilitara la coexistencia sana y pacífica de los diversos conjuntos sociales que componían al país.

De esta forma, a través de dichos procesos sociales emancipadores, paulatinamente se crearon en México novedosas jerarquías políticas, acuerdos colectivos, instituciones de estabilización y nuevos marcos jurídicos que le permitieron conseguir la edificación de un nuevo orden de paz y convivencia comunitaria más equilibrado para las mayorías sociales. Dentro de las innovaciones estructurales que se introdujeron para estabilizar a la sociedad, la realidad histórica más trascendente que se construyó en estos últimos dos siglos fue la edificación de la figura del Estado-nación mexicano como la instancia rectora que creó un nuevo sistema de estabilidad y dirección nacional.

En su larga dinámica de consolidación histórica, el Estado mexicano no floreció a priori –desde su origen a la fecha– como una realidad jurídico-política totalmente acabada, definida o cerrada, sino que se conformó homeopáticamente a través de una progresiva dinámica de construcción político-institucional, mediante la cual adquirió su sentido, personalidad y funciones civilizatorias específicas que ejerció en cada fase por la que atravesó hasta llegar al actual período de la modernidad nacional en el siglo XXI. De esta manera, el proceso histórico convencional de edificación del Estado mexicano cruzó por tres etapas históricas fundacionales, cada una de las cuales se materializó con la aprobación de una constitución jurídico-política o marco normativo específico con el cual se consolidó un tipo de República exclusiva para cada ciclo de su evolución civilizatoria y sus diversos instrumentos estructurales de poder político con los cuales gobernó a la sociedad.

Dichas etapas históricas centrales fueron la fundación de la Primera República Nacional, la edificación de la Segunda República Nacional y la conformación de la Tercera República Nacional.

Así, en un primer momento, la conformación del Estado-nación emergió lentamente en México como producto del movimiento de insurrección civil que explotó en 1810 contra la dominación del poder absoluto del imperio español que reinaba en nuestro territorio. En esta fase emergente, el Estado cobró vida como una nueva fuerza política derivada del movimiento de la Independencia a través del cual se liberó de los poderes tiránicos coloniales e integró a la población peninsular, criolla e indígena, en un mismo proyecto de desarrollo económico, político, cultural, lingüístico y educativo. Este nuevo proyecto de desarrollo le dio más autonomía, justicia, estabilidad, integración e identidad colectiva que la que tenían anteriormente como colonia de la Corona española. Para apuntalar ideológicamente esta etapa fue esencial la aportación de la filosofía de los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón en el Congreso de Chilpancingo de 1813, en Guerrero, a través de la cual se conformó el espíritu de la Primera República Nacional que contribuyó a proporcionarle a la sociedad mexicana una primera atmósfera de derecho jurídico para la convivencia colectiva armónica. Con ello, se reorganizaron a las comunidades sociales del momento alrededor de un nuevo proyecto de desarrollo nacional soberano que ofreció un nuevo futuro de esperanza colectiva para el país y no de explotación esclavista para la población.

En un segundo momento, en 1821 continuó el movimiento de liberación nacional y Agustín de Iturbide proclamó el Acta de Independencia frente al imperio español que cristalizó con la elaboración de los principios de la Constitución del 5 de octubre de 1824. Este proceso se perfeccionó políticamente cuando en 1836 el Congreso Federal prefiguró la Constitución de las Siete Leyes que sirvieron de base para que en 1857 se jurara la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que le dio el triunfo definitivo al sistema federal y congresional sobre los movimientos internos desintegradores (Nuestras Constituciones, 2000; Morelos y Pavón, [1813] 2001). Dichos procesos dieron origen al establecimiento de la Segunda República Nacional que le dio al país un segundo nuevo orden normativo de convivencia nacional más civilizado.

En un tercer momento, después de funcionar el Estado-nación en las fases históricas anteriores como la jerarquía rectora del desarrollo de la población mexicana, la acción de éste no fue capaz de resolver democráticamente la enorme cantidad de contradicciones estructurales que se acumularon durante más de cien años en México, especialmente en el sector rural. Esto provocó gradualmente la emergencia de multitud de revueltas masivas, urbanas y campesinas que generaron, en 1910, el estallido de la Revolución Mexicana como un segundo movimiento emancipador que luchó por liberarse del sometimiento del modelo autoritario porfirista concentrado en el poder terrateniente de los hacendados y en sus órganos despóticos de poder político aliado.

Concluida la Revolución Mexicana en 1917, quedó un gran desastre social en todos los ámbitos internos de operación del país y fue indispensable la construcción de un nuevo orden hegemónico que organizara el caos resultante del movimiento insurgente. Para ello, fue necesario refundar la fuerza rectora del poder público fortaleciendo con mayores capacidades regentes al Estado-nación, y así se creó un nuevo pacto nacional de paz, de gobernabilidad, de ejercicio político y de crecimiento social que se concretizó en la Constitución Política Mexicana de 1917, fundamento jurídico para el surgimiento de la Tercera República Nacional.

Además de contar con los diversos elementos constitutivos de poder central, para alcanzar sus fines rectores como Estado-nación mexicano, éste diseñó su forma de gobierno autónoma bajo la modalidad de la Tercera República Nacional. La nueva República quedó conformada con un nuevo modelo o paradigma jurídico-político provisto con la acción de tres poderes públicos federales soberanos, complementarios y divididos entre sí, para autorregularse y ejercer una gobernabilidad más virtuosa que resolviera los fuertes antagonismos acumulados durante tanto tiempo en el país: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

En este sentido, la Tercera República quedó estructurada históricamente bajo el paradigma tripartito compuesto por el Poder Ejecutivo –para darle dirección política firme al devenir de la comunidad nacional–; el Poder Legislativo –para crear una representatividad social plural que creara el entramado jurídico de derechos y obligaciones básicos para normar la convivencia de los conjuntos sociales–; y el Poder Judicial –para aplicar correctamente el sistema de justicia en todos los niveles para hacer respetar el orden jurídico establecido–. Dichos poderes públicos republicanos quedaron sólidamente legitimados con los postulados centrales de la Constitución Política Mexicana de 1917, las diversas leyes que posteriormente se anexaron, los decretos emanados del Poder Ejecutivo y los múltiples reglamentos que ulteriormente se derivaron de ella para operacionalizar cotidianamente el nuevo gran acuerdo de concordia y de crecimiento social que requería el país para despegar hacia otro modelo de desarrollo colectivo más virtuoso. Así, el modelo formal más acabado del Estado-nación mexicano es el que cobró vida a través del dibujo jurídico que la sociedad mexicana realizó sobre la naturaleza de la Tercera República, mediante el contenido plasmado en la Constitución Mexicana de principios del siglo XX y los cambios normativos que posteriormente se introdujeron para que ésta se actualizara periódicamente.

De esta forma, después de muchos años de enfrentamientos internos entre fracciones liberales y conservadoras del poder nacional, con objeto de establecer la paz interna y alcanzar otro proyecto de desarrollo, se creó un nuevo consenso nacional basado en los siguientes ocho postulados que formuló la Constitución Política Mexicana de 1917 sobre el Estado mexicano posrevolucionario y que son los fundamentos jurídico-políticos del paradigma dominante que formalmente imperan hasta nuestros días:

1. "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno" (Constitución Política, 2007: 41).

2. "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental" (Ibid., 2007: 41).

3. "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal" (Ibid., 2007: 41).

4. "Para su ejercicio el Supremo Poder de la Federación, se divide en tres poderes: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial" (Ibid., 2007: 49).

5. "El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores" (Ibid., 2007: 50).

6. "El ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un sólo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos" (Ibid., 2007: 74).

7. "El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito" (Ibid., 2007: 80).

8. Para establecer su "régimen interior, los Estados adoptarán la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre" (Ibid., 2007: 107).

En esta última fase histórica de existencia de la Tercera República Nacional, el diseño jurídico de tal estructura de gobernabilidad quedó constituida sólo por la intervención de los poderes públicos tripartitos de la República constitucional, debido a las siguientes tres causas: primero, debido a que esta directriz se fundó cuando la sociedad mexicana estaba compuesta demográficamente por multitudes y no por hiper-masas como sucede en la actualidad, para lo cual fue suficiente la presencia de esas tres autoridades institucionales para nuevamente reconducir de manera eficaz a las comunidades fragmentadas del momento hacia un nuevo pacto de coexistencia y crecimiento social. Segundo, debido al grado de complejidad que enfrentaba la recomposición de la sociedad mexicana de esa fase histórica, el proceso de gobernabilidad del Estado únicamente exigía la acción de esos tres sólidos poderes públicos para generar un nuevo orden hegemónico de dirección del país postrevolucionario que había quedado desestructurado en todos los niveles del funcionamiento de la vida privada y pública de los ciudadanos por el desgaste y el caos interno que dejó el estallido de las dos guerras libertarias anteriores. Y tercero, debido a que los ideales internacionales de libertad, justicia y democracia que sirvieron como filosofías libertarias para el estallido de los movimientos insurgentes en 1810 y 1910 en México, sólo contemplaron la existencia de tres poderes republicanos para refundar a la sociedad.

Por consiguiente, dicha conformación político-gubernamental bajo el paradigma de estructuración con poderes tripartitos republicanos fue la modalidad política adecuada para refundar civilizatoriamente al nuevo Estado-nación en tales momentos históricos de emancipación que requerían liderar al país por rumbos alternativos de evolución democráticos, especialmente cuando arrastraba la existencia de jefaturas políticas severamente erosionadas, instituciones públicas muy corroídas, fuertes enfrentamientos internos de fracciones de poder, aguda erosión de los poderes públicos, grandes grupos sociales desorientados, corrupción desatada, enorme desintegración comunitaria y acumulación de agudos problemas estructurales de crecimiento que debían resolverse para alcanzar la concordia y la paz social.

De esta manera, después de un largo proceso de luchas, deterioros, anarquías, reconstrucciones y profundos cambios en el ámbito del poder público que dejó el paso violento de los movimientos libertarios durante los siglos XIX y XX, la comunidad nacional conformó paulatinamente al Estado mexicano como una nueva fuerza pública hegemónica que desempeñó entre otras las siguientes siete funciones orgánicas: enfrentó a los poderes dominantes que durante siglos esclavizaron a la gran mayoría de los habitantes para defender a la población; gestionó un proyecto con diversas posibilidades de desarrollo integral para la mayoría de los mexicanos; creó un nuevo pacto político-social de equilibrios más justos para vivir en concordia colectiva y superar el clima de inestabilidad e inseguridad prevaleciente; fundó un nuevo orden jurídico para definir los derechos y las obligaciones básicas de los individuos, siguiendo los principios de los Derechos Universales del Hombre; innovó las instituciones necesarias para darle estabilidad a la vida social; aglutinó a los individuos alrededor de un novedoso proyecto de justicia y de garantías ciudadanas fundamentales que les aportó otro estatus civil, estableciendo un avanzado sistema de derecho que los elevó al grado de ciudadanos y, finalmente, estableció otro modelo de cultura e identidad nacional, con especial énfasis en la mitología posrevolucionaria, que sirvió como cemento mental y afectivo para integrar a la población alrededor del modelo de la nación mexicana.

Así, el Estado-nación mexicano encabezó el re surgimiento de diversos procesos económicos, políticos, sociales y culturales, que dieron origen a la emergencia de un nuevo proyecto de desarrollo colectivo: una economía con absorción intensiva de mano de obra, un sistema político con mayor representatividad ciudadana, una flamante Constitución Política plural, una democracia liberal en formación, una moderna existencia urbana, una atmósfera cultural abierta, una educación oficial incluyente y una calidad de vida más completa. Es decir, se abrió paso a una nueva sociedad nacional moderna emancipada de los poderes despóticos que la habían subordinado durante varios siglos en el pasado, y cuyas bases se convirtieron en los fundamentos para el crecimiento del México moderno del siglo XXI.

En el proceso histórico de formación del Estado-nación, a través de sus diversas fases de evolución histórica, fue definitivo que éste se consolidara maduramente con sus respectivos instrumentos de poder, pues "la actuación del Estado lleva consigo necesariamente la existencia de órganos de poder sin los cuales no le es posible darle la vida" (Jellinek, 2004: 16). En este sentido, "el poder es un supuesto del Estado, al punto que no hay Estado sin medios de poder" (Ibid., 2004: 28); en otros términos, un Estado sin órganos de poder es una representación incompleta, que equivale a la anarquía, lo cual significa una contradictio in adjecto (Ibid., 2004: 36). Por consiguiente, todo ello, exigió que el Estado mexicano gradualmente se dotara de los elementos de poder rector necesarios para conducir exitosamente a la sociedad mexicana a lo largo de las décadas.

En este sentido, para darle concreción y fuerza al Estado mexicano, éste se conformó gradualmente con los elementos estructurales de poder necesarios para ejercer su naturaleza como un órgano rector central del resto de la sociedad. Por ello, los factores históricos propios que constituyeron al Estado mexicano a lo largo de sus diversas etapas de evolución por la que atravesó su consolidación histórica fueron, entre otros, los siguientes nueve: contar con un territorio, una población, una forma de gobierno establecida, una organización jurídica, una capacidad de aplicación legítima de la fuerza o de la coerción, una lengua o idioma, una cultura o ideología, una identidad y una moneda de intercambio económico, con los cuales se produjo una forma histórica específica de soberanía, integración, identidad y hegemonía política para gobernar al país.

 

El surgimiento del Estado híbrido

No obstante la conformación histórica de la realidad estatal de la Tercera República en México, con sus diversos elementos de poder constitutivos para gobernar al país, este proceso no fue estático, rígido, ni definitivo, sino que se transformó activamente en base al ritmo del surgimiento de las nuevas fuerzas de poder que emergieron en la nación y que modificaron la estructura hegemónica tradicional de ésta mediante la evolución de cada uno de sus elementos de poder conformadores de la gobernabilidad. En consecuencia, para entender con claridad la realidad del Estado-nación mexicano en el siglo XXI, es necesario abandonar las posiciones ideológicas doctrinarias u oficialistas que han definido al mismo actuando como camisas de fuerza mental para entender el nuevo suceso histórico en la fase moderna de la historia nacional y reconocer que éste hecho no es una realidad acabada, sino que es un producto social en constante mutación que se ha edificado de forma distinta según han sido los diversos momentos de progreso por los que han atravesado la combinación de las fuerzas de poder dominante que definen el proyecto de dirección de la sociedad mexicana.

En este sentido, siguiendo la lógica constitutiva del Estado moderno, podemos decir que en la medida en que un sector o grupo social de poder es capaz de crear los mismos elementos rectores básicos que conforman al Estado clásico (contar con un territorio, una población, un aparato de gobierno, una organización jurídica, una capacidad de aplicación de la fuerza o de la violencia, una legitimidad, una lengua, una cultura, una identidad, una hegemonía, una forma de obtener recursos económicos, una moneda, entre otros factores) ésta entidad se convierte de facto en parte constitutiva del Estado real. De esta forma, ya sean reconocidos doctrinariamente o no por la teoría tradicional establecida sobre el mismo, o por los "representantes oficiales" del Estado formal (abogados, ministros, juristas, magistrados, legisladores, etc.), en la realidad cotidiana tales entidades de fuerza pasan a formar parte de facto del Estado concreto o del Estado real que funciona eficazmente todos los días en nuestras vidas. Esta transformación puede darse bajo dos modalidades: por una parte, en la medida en que sólo se modifican algunos de sus elementos constitutivos, la nueva entidad de poder que surge se convierte en una nueva área o faceta de ampliación del Estado tradicional concreto sin que llegue a alcanzar el grado de consolidación de un nuevo Estado maduro; y por otra parte, en la proporción en que se transforman la mayoría de sus factores conformadores avanzando como instancias regidoras de la sociedad, dan origen a otro nuevo tipo de Estado concreto de naturaleza mestiza o mezclada con sus propios elementos de fuerza y funciones específicas que cambian la estructura propia del Estado jurídico convencional.

La contundencia de acción del nuevo Estado –o de una nueva rama postiza que se crea de éste, según sea uno u otro caso– dependerá del grado de consolidación que alcancen cada uno de los elementos estructurales que configuran al Estado como entidad rectora del conjunto social. Es decir, quedará en función del nuevo nivel de afianzamiento que obtenga la realización de su territorio, de su población, de su capacidad de aplicación de la violencia genuina, de su legitimidad jurídica, de su aparato de gobernabilidad, de su cultura, de su ideología y de su moneda, como nuevos elementos de poder rector para gobernar al conjunto social. Este fenómeno significa que en la medida en que evolucionen sólidamente en conjunto tales elementos de poder público rectores, estaremos ante el surgimiento de un nuevo Estado concreto o sólo frente a un nuevo rasgo estructural del mismo que impactarán relevantemente sobre el proceso global de la dirección del país, sobre la formación de la hegemonía, sobre la maduración de la gobernabilidad y sobre la definición del proyecto de desarrollo nacional, colocando en cuestión la existencia pura del Estado jurídico convencional que se creó desde las etapas de la Independencia y la Revolución en México.

Por lo tanto, mediante un fenómeno histórico de cruzamiento o mixturamiento institucional que se dio entre los poderes constitucionales formales y el funcionamiento de las tecnologías electrónicas de difusión masiva –que gradualmente alcanzaron posiciones fácticas–, desde la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, se provocó que el Estado nacional sufriera nuevas modificaciones sustanciales que cambiaron su naturaleza y sus funciones rectoras básicas. Así, las transformaciones graduales que a lo largo de varias décadas experimentó el Estado-nación posrevolucionario en cada uno de sus elementos estructurales constitutivos, con la acción del poder mediático dieron origen a un nuevo fenómeno de naturaleza mestiza, mixturada o cruzada que generó un nuevo tipo de "Estado híbrido",1 con su correspondiente nueva República histórica de naturaleza altamente mediático-política que modificó el escenario del convencional Estado contemporáneo en el país.

De esta manera, el "Estado híbrido" nació en México como aquel fenómeno que mestizó o combinó el poder rector nacional que surgió en la etapa moderna de evolución de la sociedad mexicana a través de la suma de la estructura jurídico-política del "Estado formal" tradicional, creado a través de los movimientos de la Independencia de 1810 y la Revolución de 1910, y el gradual agregado de los modernos procesos mediáticos político-culturales que afloraron desde 1950 en adelante con la introducción de las tecnologías electrónicas de difusión colectivas en el país. Este trascendental cruce o mixtura de poderes rectores nacionales generó una nueva realidad histórica mezclada que produjo al "Estado híbrido" compuesto por la conjunción del Estado jurídico-político convencional más la fuerza del poder mediático avanzado en México.

En este sentido, el surgimiento del Estado híbrido en México no corresponde a una simple faceta más de evolución natural de la misma trayectoria del Estado tripartita republicano convencional que surgió desde la Tercera República Nacional, sino que se refiere a una nueva etapa de mutación completamente nueva que dio origen a otro novel fenómeno histórico donde la rectoría de la nación, además de continuar siendo conducida por los habituales tres poderes públicos constitucionales, ahora también es combinada, compartida o disputada cotidianamente por la intervención del poder fáctico mediático. De esta forma, los poderes fácticos mediáticos ya no sólo actúan como instrumentos externos de presión sobre el Estado tradicional, como sucedió hasta el último tercio del siglo XX, sino que a partir del intento de la transición a la democracia en México, del año 2000 en adelante, su fuerza rectora sobre la sociedad avanzó de tal forma que ahora ya son parte de la misma estructura, de la dinámica y del núcleo del Estado real que actúa informalmente todos los días en el país. Así, lo novedoso y central del Estado híbrido es que los medios no sólo actúan como poderes fáticos para influir o presionar sobre el Estado tradicional, sino que ahora ya evolucionaron a formar parte de corazón del mismo. Es decir, sin ser reconocidos oficialmente como parte constitutiva de la médula del Estado, se convirtieron paulatina y silenciosamente en elementos centrales del mismo.

Así, con la actuación de los medios electrónicos de difusión colectivos privado-comerciales sobre el espacio público en México, nació un nuevo poder virtual que transformó la división política ancestral de los poderes públicos republicanos del Estado-nación que fueron creados por los movimientos sociales de emancipación de la Independencia y la Revolución para gobernar equilibradamente a la sociedad mexicana. De este modo, se introdujo un nuevo poder mediático público que participó cotidianamente por la vía fáctica en la dirección renovada del país. Con ello, a principios del tercer milenio, el funcionamiento cotidiano de la República nacional evolucionó de la formación de la división de los tres poderes públicos definidos por la Constitución Política Mexicana, a la creación de una nueva división de cuatro poderes públicos reales: tres podres constitucionales formales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y un reciente poder fáctico mediático no formal impuesto por el avance tecnológico y la organización empresarial privada del mismo.

En consecuencia y en última instancia, con la actuación de los medios de difusión electrónicos no se dio en México un simple proceso de presión coyuntural de importantes fuerzas de coacción sobre el Estado, sino que se gestó históricamente, por la vía informal, un cambio de régimen político de gobierno o de régimen republicano de gobernabilidad hacia una nueva fase mestiza de combinación de poderes constitucionales y mediáticos, aunque ésta etapa todavía no sea reconocida oficialmente por la doctrina formal del Estado, por la conceptualización de la Reforma del Estado, por la Reforma Electoral o por las ciencias políticas y sociales.

Una de las formas de repercusión de esta nueva realidad histórica fue la generación de la hegemonía mestiza y de la gobernabilidad híbrida que son aquellos hechos de dirección colectiva de la sociedad que ya no son creados sólo por la acción dominante del Estado jurídico convencional derivado de la Tercera República nacional que se fortaleció después de la posrevolución mexicana, sino que son realidades que se gestaron por la conjunción de las acciones del Estado jurídico tradicional, sumadas a las acciones derivadas de las mediaciones políticas que introdujo o impuso el nuevo poder mediático a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Es decir, son un conjunto de fenómenos político-sociales-ideológicos de naturaleza privado-comerciales vinculados con la rectoría nacional que poseen, cada vez más, las mismas características rectoras que le corresponden ejecutar al Estado convencional, pero con los agregados mediático-políticos que introdujo el avance de las tecnologías electrónicas de comunicación avanzadas en México.

Es por ello que para entender a principios del siglo XXI la nueva etapa de evolución en la que se encuentra el Estado mexicano heredado desde los movimientos de la Independencia de 1810 y de la Revolución de 1910, ahora es indispensable examinar el fenómeno del nuevo Estado híbrido con su correspondiente nueva Republica mediática que surgió en el país con los cambios estructurales que paulatinamente introdujeron las tecnologías electrónicas de difusión colectivas en la vida cotidiana del México contemporáneo. Esto es, debido a las capacidades técnico-culturales que gradualmente conquistaron las industrias culturales, éstas se convirtieron en poderes fácticos de carácter mediático que actuaron sobre el espacio público de la sociedad transformando al Estado nación republicano, generando una nueva realidad en el campo de la gobernabilidad nacional.

Sólo así comprenderemos que estamos en otra fase de desarrollo histórico del Estado nacional que ya no corresponde a la filosofía, ni a la concepción, ni a los ideales de los movimientos emancipadores anteriores que le dieron vida en siglos pasados; sino que a comienzos del nuevo milenio, estamos ante la acción de un flamante Estado híbrido que es el nuevo paradigma histórico real que domina la gobernabilidad cotidiana de la nación y que, por consiguiente, es urgente que precisemos analíticamente cuáles son sus características, su estructura, sus procesos de acción, sus tendencias, las consecuencias sociales que provoca, sus crisis y la dirección auténtica hacia dónde conduce el futuro del país.

En este proceso es importante tener en cuenta que la conformación histórica del Estado híbrido no sólo es un fenómeno que se gesta a través de la acción de los medios electrónicos de difusión colectivos, sino también se produce mediante la intervención de todos los poderes fácticos que operan compitiendo por la rectoría y el usufructo de la sociedad, como son el narcotráfico, la iglesia, los sindicatos, los organismos empresariales, entre otros. Debido a que los medios masivos han alcanzado una expansión, una forma de organización y un impacto preponderante sobre la edificación de la vida contemporánea, éstos desempeñan un papel estratégico en la construcción de esta nueva forma de poder civilizatorio. Por ello, aunque el planteamiento central de esta reflexión puede aplicarse –con sus adaptaciones específicas– a cada una de las fuerzas sociales anteriores que se disputan la dirección de las comunidades nacionales y que colaboran a edificar al Estado híbrido –y debido a la influencia superior que ejercen los medios de difusión electrónicos sobre la estructuración de la sociedad–, es necesario crear una nueva teoría del Estado contemporáneo a partir del particular peso que tales empresas privado-comerciales ejercen sobre el espacio público, sobre la transformación del poder, la fabricación del conocimiento cotidiano, el moldelamiento de la emociones y la reproducción de la sociedad en general.

De lo contrario, arrastraremos una vieja concepción formal decimonónica del Estado que será incapaz de explicar el verdadero fenómeno del Estado real rector que actúa diariamente en el México contemporáneo del siglo XXI.

 

La incidencia de los medios electrónicos de difusión masivos en la emergencia de la Cuarta República Mediática

Pese a que la sociedad mexicana constituyó a lo largo de más de dos siglos al Estado-nación como la principal cabeza rectora de la sociedad, y pese a que la presencia de éste le dio una nueva estabilidad y desarrollo histórico a las comunidades nacionales, con la existencia del nuevo espacio público mediático de naturaleza netamente virtual, que lentamente construyeron las industrias culturales electrónicas, particularmente audiovisuales, a lo largo del siglo XX y principios del XXI, se modificaron las reglas y las dinámicas tradicionales con las que nuestra sociedad nacional antaño se articulaba, organizaba y participaba colectivamente.

Mediante ello, se produjo un profundo cambio en la jerarquía de poderes y fuerzas que conformaban el esqueleto del poder y de la movilización diaria de nuestra sociedad convencional, donde los medios de difusión masivos paulatinamente se convirtieron en el centro del poder político, cultural, mental, emocional, energético y espiritual cotidiano de la República: los medios se transformaron en los grandes sistemas nerviosos y los cerebros colectivos edificadores de la nueva plaza pública y las principales redes neuronales centrales edificadoras de la conciencia diaria que organizan y dirigen a la sociedad.

De esta manera, a través del nuevo posicionamiento estratégico que alcanzaron los medios de difusión colectivos –especialmente los electrónicos– dentro del conjunto de fuerzas que inciden y luchan para edificar la dinámica de poder con el fin de dirigir a la comunidad nacional, éstos se convirtieron de facto y gradualmente en instituciones nodales para conformar al Estado real, a la República cotidiana y a la sociedad mexicana ordinaria. Es decir, a diferencia de las etapas históricas anteriores –en las que el tradicional Estado-nación mexicano se formó a partir la realización de sistemáticos procesos políticos, ideológicos, jurídicos, movilizaciones de masas, ejecución de grandes consensos colectivos, formación de fuertes clientelismos, legitimaciones históricas, etc.– a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, además de seguir operando las dinámicas reguladoras anteriores para consolidar al Estado mexicano, la construcción de éste también se dio paralelamente a través de la expansión de las tecnologías de información electrónicas y cibernéticas masivas, así como de sus respectivos modelos de culturas mediáticas específicas que se introdujeron en nuestro territorio. Ello debido a que mediante el desarrollo de dichos recursos tecnológicos modernos se gestó la construcción de un nuevo conocimiento colectivo que dio origen a un nuevo tejido social que creó un nuevo espacio público o plaza pública virtual, el cual permitió el funcionamiento de otra forma de participación social, en primera instancia, vía el nuevo espacio público mediático, y en segunda instancia, a través del ciberespacio del Internet. Esto generó el surgimiento de nuevas zonas ampliadas de poder que impactaron sustancialmente sobre las estructuras y dinámicas tradicionales creadas por el Estado formal convencional y por otros procesos de reproducción cotidiana de las comunidades mexicanas.

Así, a partir del crecimiento de estos nuevos espacios virtuales, las estructuras de poder del antiguo Estado burocrático posrevolucionario de principios del siglo XX lentamente entraron en períodos de crisis estructurales, y vía las novedosas tecnologías de información masivas que se incorporaron al territorio de lo público, emergieron nuevas dinámicas de expansión, complementación, oposición, o incluso, anulación de las tareas tradicionales que ejecutaba el Estado-nación. Esto significa que paralelamente al desarrollo de la televisión, la radio, los satélites, las redes informáticas, la Banda Ancha, el Cuádruple Play, la fibra óptica, los celulares, los sitios Web, los derivados interactivos, etc., que introdujo la presencia de las industrias culturales y la revolución de la sociedad de la información en el país, lo que se produjo fue la creación de un nuevo tejido tecnológico informativo de las comunidades, a la vez que se constituyó la ampliación o formación de un nuevo entramado de poder mediático colectivo que alcanzó una eficacia muy relevante para dirigir, organizar y construir diariamente a la sociedad, y en consecuencia, para edificar el nuevo Estado real contemporáneo.

Esta transformación histórica –basada en la modernización de las tecnologías de difusión– fue sumamente vertebral, pues en última instancia, lo que introdujo fue la renovación de los aparatos ideológicos del Estado-nación moderno que actualizaron los mecanismos del poder rector tradicional. En consecuencia, el cambio y la innovación tecnológica no sólo significaron la introducción de mecanismos de eficiencia, rapidez, abundancia, intensidad y modernidad para ejecutar las dinámicas informativas, sino fundamentalmente representó la metamorfosis del esqueleto y de la mecánica de operación del Estado republicano convencional, de sus formas de poder y de las vías concretas para dirigir a las comunidades.

De esta manera, el profundo cambio histórico de la estructura y esencia del Estado mexicano tradicional se dio por el surgimiento del fenómeno del Estado ampliado que se generó a partir de la expansión de los medios electrónicos de difusión sobre el tradicional tejido social que articulaba a las células sociales y la proyección del resto de las instituciones a través de nuevas infraestructuras virtuales de representación de la realidad y de interacción comunitaria.

En este sentido, a partir de la expansión de la nueva realidad mediática, después de la Revolución Mexicana de 1910, la historia cultural y mental del siglo XX en México, particularmente en las ciudades, se dividió en dos períodos sustancialmente distintos: antes y después de la existencia de los medios electrónicos de información colectivos, particularmente electrónicos. Ello provocado porque desde la presencia de los canales de difusión masivos, se introdujeron colectivamente múltiples mediaciones tecnológicas y culturales en nuestro funcionamiento social que modificaron radicalmente nuestra forma personal, grupal e institucional de informar, recibir, escuchar, ver, conocer, sentir, pensar, desear, soñar, imaginar, decidir, actuar, organizarnos y proyectarnos comunitariamente en nuestro país. Es decir, transformaron profundamente nuestros hábitos de percibir, de conocer, de interactuar y de ser, individual y colectivamente.

De esta forma, con el poder mental que les otorgó la enorme concentración de las mediaciones culturales que conquistaron las industrias culturales, especialmente las audiovisuales, éstas se convirtieron en las instituciones ideológicas que definen la manera como la sociedad de masas percibe la realidad cotidiana concreta que les rodea. Con ello, las industrias mediáticas, particularmente audiovisuales, controlaron la dinámica grupal de conocer colectivamente los hechos de la realidad específica que acontece y la estrategia de movilización diaria de los individuos en la vida social, de lo cual se derivó la creación de un nuevo poder cerebral y organizativo que transformó la estructura y funcionamiento de la civilización contemporánea en México: el poder mediático.2

La transformación que experimentó la esencia del Estado mexicano y el esqueleto del espacio público con la actuación de las tecnologías de difusión colectivas en México, fue tan sustancial que modificó la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos heredados de las etapas anteriores de la historia nacional. Así, reinterpretando la historia de la formación del Estado y de la conformación de la República nacional de los últimos doscientos años, constatamos que con la gradual inclusión de la nueva variable mediática en el ámbito superestructural de la sociedad mexicana, al concluir la Revolución Mexicana en 1921, se alcanzó el establecimiento de un nuevo pacto social colectivo con los acuerdos posrevolucionarios. Mediante ello, se fundó la Tercera República Nacional que se conformó con la presencia y acción del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial para crear un nuevo orden público de fuerzas equilibradas con contrapesos institucionales que permitieron la convivencia social en concordia.

En esta etapa, el poder ideológico independiente de la Iglesia ya no significó un problema o peligro para la estabilidad del Estado-nación porque la fuerza persuasiva de ésta ya estaba desmantelada con la instrumentación de las Reformas Juaristas que desacralizaron el poder público gubernamental y crearon una nueva realidad de gobierno y cultura laica. Es necesario recordar que en esos períodos la Iglesia buscó crear otro país distinto al que pretendían construir los movimientos emancipadores del siglo XIX, y en ese sentido dicha institución se convirtió en el principal obstáculo para el avance de la democracia de esa época. Por ejemplo, la Iglesia controlaba la economía, la política, las elecciones, la cultura, la moral y la educación que conformaron a la sociedad mexicana durante muchas décadas.

Con dichas Reformas Juaristas, a la Iglesia se le arrebató la dirección ideológica de la sociedad mexicana y pasó a manos del aparato educativo, los ateneos culturales y otros organismos formadores mentales de la época que estaban modelados por las directrices que se establecían desde los tres poderes públicos constitucionales que conformaban la estructura de la República mexicana. Así, durante el principio del siglo XX, las diversas comunidades de la sociedad posrevolucionaria estuvieron gobernados por las mediaciones políticas, administrativas, coercitivas, educativas e ideológicas de los tres poderes públicos de la Tercera República Nacional: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dicha Tercera República funcionó durante el siglo XX en México creando un nuevo orden estabilizador que integró al país alrededor del proyecto de crecimiento como República nacional federada y que alcanzó su éxito con la fase de desarrollo estabilizador conocida como el "Milagro Mexicano".

Sin embargo, no obstante la consolidación histórica del Estado nacional durante muchas décadas como la máxima entidad rectora del país, con la gradual introducción de las tecnologías electrónicas de información de masas en México –la radio en 1920 y la televisión en 1950–, paulatinamente el poder ideológico de las industrias culturales crearon nuevas mediaciones tecnológicas de carácter virtual que impactaron drásticamente sobre las anteriores estructuras económicas, políticas, sociales, mentales y espirituales que había creado el poder estatal en la sociedad mexicana y lentamente se desbordó la esfera de acción, de control y de orientación político cultural formada por el Estado posrevolucionario tradicional para gobernar al país. En pocas décadas, éste moderno poder empresarial-tecnológico-informativo entró en una nueva fase de desarrollo vertiginoso que rebasó los límites de los controles jurídicos y políticos convencionales creados durante la Tercera República por el Estado mexicano y gradualmente se fue conformando paralelamente como un poder ideológico independiente que adquirió tanta fuerza que le permitió competir y enfrentarse a los otros tres poderes republicanos formales que constituían al Estado nacional convencional, e incluso, en algunos casos, los reformuló, los desafió, los superó y en otros, hasta los substituyó.

De esta forma, fue a partir del momento histórico en que los medios ocuparon el lugar central en la conformación de la estructura del poder ideológico contemporáneo de nuestro país que se constató que si a mediados del siglo XX el Estado mexicano estaba constituido por los tres poderes formales autónomos y divididos entre sí (el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial) a principios del siglo XXI, en términos reales, el Estado mexicano cotidiano quedó compuesto por cuatro poderes concretos: tres poderes formales tradicionales y un reciente poder fáctico, que es el nuevo Poder Mediático. Este último poder, cada vez más, debido a sus nuevas y grandes capacidades tecnológico-sociales, silenciosamente frente a nuestras narices, conquistó grandísimas cuotas de poder e influencia que lo convirtieron ideológica y políticamente en el Poder del Poder que progresivamente subordinó y presionó al resto de los tres poderes constitucionales del Estado-nación para someterlos a su voluntad mediático empresarial e imponer su proyecto de construcción de sociedad, de economía, de política y de seres humanos.

En éste sentido, si la lucha por nuestra independencia nos dio la edificación de la Primera República Nacional, si la realización de la Reforma Juarista aportó la cimentación de la Segunda República Nacional, y si la Revolución Mexicana colocó los fundamentos de la Tercera República Nacional en el país, con la consolidación del nuevo poder mediático, especialmente de 1960 en adelante, se conformó lentamente en el país la República Mediática que dio origen al fenómeno de la nueva Cuarta República en el siglo XXI con su respectiva mutación estatal y social.

Así, con el gradual surgimiento de los medios de difusión colectivos en el siglo XX, y la aplicación del marco jurídico a modo que les permitió su expansión monopólica empresarial, se permitió la super-concentración de un nuevo poder ideológico-político informativo de naturaleza oligopólica. Dicha acumulación de fuerza comunicativa se transformó en un sólido poder político alternativo que gradualmente fue disputando las funciones rectoras del Estado tradicional y fundó paulatinamente de manera informal el fenómeno histórico de la nueva Cuarta República Mediática, especialmente en las urbes del país.

La emergencia histórica de la Cuarta República Mediática no brotó por azar, sino que surgió debido a que la fuerza del poder mediático gradualmente fue conquistando los mismos once factores medulares de gobernabilidad que componían al Estado-nación de la Tercera República nacional.

 

El poder mediático y la disputa por la Nación

El ejercicio de sus nuevas funciones rectoras estratégicas por parte de las industrias culturales electrónicas no se ejecutó drásticamente de la noche a la mañana, sino que fue un largo proceso de evolución histórica que tardó más de nueve décadas para madurar –en el caso de la radio– y seis décadas –en el caso de la televisión–, a través de las cuales, se conquistaron gradualmente diversas funciones del ejercicio de la gobernabilidad nacional. En este sentido, la transformación del Estado republicano constitucional no se gestó de manera abrupta, sino de manera gradual y sectorial transitando por diversas etapas históricas de mutación institucional.

Así, con la lenta obtención de los elementos estratégicos de gobernabilidad estatal por parte del poder mediático, en una primera fase, le posibilitaron operar como sectores empresariales aplicando acciones económicas. En una segunda fase le permitieron actuar como grupos de presión social al conquistar funciones ideológicas. En una tercera fase le posibilitaron maniobrar como nuevos aparatos de Estado virtuales de gobernabilidad paralela al alcanzar tareas políticas. Finalmente, en una cuarta etapa, evolucionó hasta conformar fácticamente parte del mismo corazón del Estado al ejercer actividades globales de rectoría social, dando origen a la formación de la Cuarta República Mediática, a través de la cual, participa en el proceso global de caudillaje cotidiano de las comunidades nacionales.

En este sentido, durante el siglo XX el poder tecnológico, organizativo, empresarial de naturaleza privada de los medios de difusión colectivos, de manera informal y silenciosa, en mayor o menor grado, conquistaron las once funciones rectoras que le corresponden ejercer al Estado-nación como instancia dirigente. De esta forma, gradualmente fueron construyendo su propio territorio mediático-virtual, su población o públicos, su específica forma de gobierno, su soberanía mediática, su capacidad de aplicación de la violencia, su lengua, culturas o ideologías, identidades colectivas, su obtención de recursos monetarios, su ofrecimiento de servicios infraestructurales ciudadanos, su moneda de intercambio social, entre otros factores, para dirigir a la sociedad mexicana.

En esta forma, fue a partir del funcionamiento privatizado y monopolizado del espacio público mediático –a través de la presencia y acción de las tecnologías de difusión colectivas que conformaron el Estado Ampliado en México desde mediados del siglo XX– que surgió otra faceta histórica del tradicional Estado derivado de la Tercera República Nacional que fue la emergencia informal de la Cuarta República Mediática a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

Así, a pesar de haberse edificado al Estado-nación como instancia rectora para conducir el crecimiento de la sociedad mexicana a lo largo de muchas décadas, éste se transformó sustancialmente con la presencia de los medios electrónicos de difusión colectivos y con la introducción de las posteriores nuevas tecnologías de información colectiva en nuestro territorio. Con la conquista de sus propias cualidades tecnológico-culturales de gobernabilidad sobre la población, paulatinamente las industrias culturales electrónicas se transformaron en poderes fácticos mediáticos que les permiten disputarse la dirección de la nación. De esta manera, la estructura, dinámica y procesos de acción cotidiana del Estado nacional mexicano gradualmente se modificaron en forma esencial dando origen a nuevas realidades de gobernabilidad mediática que compitieron con la tradicional labor estratégica de dirección colectiva que antaño había concentrado el Estado-nación mexicano convencional.

En este sentido, en los últimos doscientos años de evolución de la comunidad nacional, ésta pasó de ser una sociedad religiosa a una sociedad laica liberal, de una sociedad rural a una sociedad urbana, de una sociedad analfabeta a una sociedad alfabeta, de una sociedad de grupos a una sociedad de masas, de una sociedad religiosa a una sociedad liberal, de una sociedad autocrática a una sociedad semidemocrática, de una sociedad cerrada a una sociedad abierta, de una sociedad local a una sociedad globalizada, y a la vez evolucionó de una sociedad con un Estado-nación tripartito republicano fuerte de la Tercera República, a una sociedad con un Estado mediático inmaterial de la Cuarta República Mediática en México.

La evolución de dicha trascendente realidad histórica en México en la actualidad no ha concluido, sino que continúa desarrollándose con enorme dinamismo y fuerza hacia nuevas etapas de transformación del Estado, del espacio público y de la sociedad en su conjunto, sin saber hasta dónde llegará su devenir, pues los poderes fácticos mediáticos se fortalecen crecientemente en el país, y en paralelo, los poderes públicos se debilitan paulatinamente. Por ello, y con mayor razón, la sociedad debe sostener un permanente análisis crítico que describa objetivamente las nuevas características que adquiere este fenómeno estratégico, las fases de transformación a las que asciende y las alternativas de retorno que existen para rescatar el proyecto de equilibrado de crecimiento nacional.

 

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Notas:

1 La realidad mestiza del Estado contemporáneo no la entendemos desde la conceptualización antropológica o histórica tradicional del término que lo define como la fecundación que se produce en el ámbito racial por la mezcla de la cultura española con la cultura indígena o entre la población blanca y la población negra, originando otra situación racial combinada, sino regresando al origen primigenio del proceso mixturante del mestizaje, lo asimilamos en un sentido sociológico como la suma de diversas fuerzas de poder totalmente distintas que se amalgaman entre sí, dando origen a una nueva realidad híbrida con diferentes características y funciones, que repercuten de manera diferente sobre la conformación y dirección rectora de la sociedad. En este sentido, a nivel de gobernabilidad de los poderes rectores nacionales, el fenómeno del mestizaje lo comprendemos como el hecho histórico que se genera en México por la mezcla de la Tercera República Nacional derivada de la posrevolución mexicana con la fuerza del Poder Mediático Electrónico contemporáneo, alumbrando una nueva realidad de poder dominante híbrido que puede denominarse como el surgimiento del Estado híbrido en México.

2 Para ampliar este punto en el caso de la etapa moderna de la historia de México consultar la obra de Jenaro Villamil (2010: 17).

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