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Revista mexicana de ciencias políticas y sociales

versión impresa ISSN 0185-1918

Rev. mex. cienc. polít. soc vol.56 no.212 México may./ago. 2011

 

Reseñas

 

"México ensangrentado"

 

Reseña del libro de Diego Enrique Osorno González (selección e introducción) et al., País de muertos. Crítica contra la impunidad, México, Debate, 2011, 328 pp

 

Juan Carlos Montero Bagatella*

 

* Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Escuela de Graduados en Administración y Política Pública, Av. Fundadores y Rufino Tamayo, s/n, San Pedro Garza García, Nuevo León, 66269. juancarlosmonterob@gmail.com

 

Este libro es portavoz de catorce voces1 que relatan dolorosos eventos por los que ha atravesado la sociedad mexicana y que permanecen en la impunidad. Desde la introducción, la obra destaca una de sus principales aportaciones: se trata de textos de investigación periodística completamente diferentes a aquéllos que se hacen siguiendo sólo notas de "moda" y basados únicamente en comunicados o información oficial. En pocas palabras, son trabajos en los que los periodistas acudieron al contexto en que se desarrollaron los acontecimientos y realizaron investigaciones independientes para lograr un mejor conocimiento de los mismos. Los trabajos son verdaderas fuentes alternativas de información al proveer diferentes elementos sobre hechos en los que diversas instituciones gubernamentales se han visto involucradas y en los que aún permea la impunidad.

Los sucesos investigados y abordados en el libro son: el accidente en la Sonda de Campeche (22 de octubre de 2007), narrado por Emiliano Ruiz Parra; el asesinato de jóvenes en Ciudad Juárez, reseñado por Pablo Ordaz (2010–2011); el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda (11 de julio de 2005), contado por José Luis Martínez; el caso de la guardería ABC (5 de junio de 2009), relatado por León Krauze; el caso de la explosión en la mina de pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), expuesto por Arturo Rodríguez García; la masacre de una familia en la comunidad de La Joya de los Martínez, Sinaloa (1° de junio de 2007), llevada a cabo por un grupo de soldados del ejército mexicano, referida por Alejandro Almazán; el asesinato del fotógrafo estadounidense Bradley Roland Will en Oaxaca, durante el movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (27 de octubre de 2006), denunciado por su amigo John Gibler; una selección fotográfica de Alejandro Cossío sobre la cotidianidad de las ejecuciones en Tijuana (2009–2011); el asesinato de trece jóvenes en una fiesta desarrollada en el municipio de Creel, Chihuahua (16 de agosto de 2008), descrito por Daniel de la Fuente; los asesinatos políticos del argentino Mario Palacios Montarcé (21 de noviembre de 2003) en Toluca y del profesor Misael Nuñez Acosta (30 de enero de 1981) en Tulpetlac, ambos lugares en el estado de México, pormenorizado por Diego Enrique Osorno y Ángeles Magdaleno; la masacre de Acteal (22 de diciembre de 1997), especificada por Jesús Ramírez Cuevas; la muerte de once jóvenes y dos policías durante el operativo realizado en la discoteca News Divine (20 de junio de 2008), detallada por Daniela Rea Gómez y diversos asesinatos en Mazatlán, Sinaloa (2009), que no fueron informados a los medios de comunicación, comentados por Froylán Enciso.

La narración de Emiliano Ruiz Parra contiene una cruda exposición sobre los hechos ocurridos en la sonda campechana que costó la vida a 22 personas y en los que se ha señalado como principales responsables de los accidentes a los muertos, sin ejercer castigo alguno sobre ningún funcionario de pemex. Al trabajo puede criticársele cierta tendencia contra las instituciones gubernamentales, pero no oculta la existencia de dos evaluaciones independientes sobre el suceso y que señalaron como responsables no sólo a los muertos, sino también a la falta de información para operar la sonda y a la falta de capacitación para la respuesta en casos de emergencias. En cambio, el trabajo exalta la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que destaca también la precariedad de medios para responder a las emergencias y el mal estado de las embarcaciones empleadas para evacuar la sonda. El trabajo no oculta la existencia de informes que contradicen el punto de vista del autor, lo cual permite al lector formar su propia opinión.

La reseña de Pablo Ordaz expone, a su vez, la difícil realidad en Ciudad Juárez, Cihuahua, desde el punto de vista de un padre cuyo hijo es asesinado, pero también a partir de la visión de los policías federales que se encuentran en la ciudad para tratar de reducir los homicidios. El autor expone lo cotidiano que se han vuelto los homicidios, al grado de volverse fenómenos "normales". Asimismo, analiza la tensión con la que actúan los policías federales y la forma como se arriesgan ante los criminales para tratar de ganar una guerra que cada vez parece estar más perdida.

Por su lado, José Luis Martínez cuenta la incansable y arriesgada lucha de la señora Isabel Miranda de Wallace por encontrar a su hijo Alberto –víctima de secuestro, primero, y de asesinato, luego. La absoluta indolencia gubernamental ante el caso, originó uno de los más importantes movimientos ciudadanos en contra del secuestro y de la inseguridad en México. La narración captura la desesperación de la señora Wallace quien, al no encontrar apoyo en las instituciones gubernamentales responsables, decidió emprender la búsqueda de los secuestradores y asesinos de su hijo. Desafortunadamente, el cuadro expuesto no se encuentra completamente actualizado, por lo que el caso se le presenta al lector incompleto. La incansable lucha de la señora Wallace no ha concluido debido a que aún no se encuentra el cadáver de su hijo, a pesar de haber empujado a las autoridades a detener a la mayoría de los perpetradores del infame crimen.

En su relato, León Krauze captura la desesperación e impotencia de los padres de los 49 bebés muertos en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. La narración se concentra en la conformación de un movimiento ciudadano formado a raíz del evento y de la forma como los gobiernos estatal y federal han buscado evadir su responsabilidad al respecto. En particular, destaca que, al suceder el accidente en el periodo electoral para renovar la gubernatura, el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideraron al Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio como una organización con intereses electorales y, por ello, buscaron responsabilizar al Gobierno federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Adicionalmente, para los miembros del pri en Sonora, la muerte de los niños sólo representó un fenómeno político. El texto, que no alcanza a capturar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los escasos avances que se han dado hasta el 2011, concluye cuando el máximo tribunal de justicia del país decide tomar vacaciones antes de determinar la atracción o el rechazo del caso para investigar posibles violaciones a las garantías individuales de los niños afectados.

Por lo que se refiere a la explosión en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, la exposición que de ella hace Arturo Rodríguez García deviene en un ensayo sobre los negocios y las ganancias que tienen las empresas mineras en México, apoyadas en la explotación de los trabajadores. Su trabajo captura la necesidad de los mineros, la desesperación y la incapacidad de las familias involucradas en los accidentes que llaman la atención de los medios, la resignación de aquéllos que se ven involucrados en accidentes que no llaman la misma atención y que no reciben los mismos beneficios y los contrasta con la riqueza de los líderes obreros, la inacción de la Secretaría del Trabajo federal y las enormes ganancias de las compañías mineras.

De cómo un grupo de soldados del ejército mexicano, presuntamente drogados, asesinaron a una familia en la comunidad de La Joya de los Martínez, Sinaloa, al confundirlos con narcotraficantes y dispararles indiscriminadamente. Tal es la temática de la investigación de Alejandro Almazán la que, además, aborda los intentos de las fuerzas castrenses por obstaculizar la travesía de los sobrevivientes a Culiacán para ser atendidos. La referencia describe cómo una familia y sus acompañantes, que otrora respaldaban la lucha del presidente Calderón en contra del narcotráfico, fueron asesinados por el ejército en el que confiaban. Adicionalmente, se menciona que, a pesar de que ya se han entregado las indemnizaciones correspondientes a los deudos, ninguno de los soldados involucrados ha sido aún sentenciado, poniendo de relieve con ello la inacción de los tribunales militares.

A continuación, la indagatoria de John Gibler intenta esclarecer el asesinato de su amigo el fotógrafo Brad Will en Oaxaca, durante el movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El texto cuestiona seriamente la investigación realizada tanto por la Procuraduría de Justicia de Oaxaca como la Procuraduría General de la República (PGJ); demuestra además la acción de policías disfrazados de civil que asesinaron indiscriminadamente a miembros de la appo y a quienes señala como responsables del asesinato del reportero norteamericano. En su versión, Gibler traza claramente la acción casi paramilitar del gobierno de Oaxaca para tratar de debilitar al movimiento social a través de asesinatos y de la denigración de su imagen culpándolo, frente a la opinión pública, de ser los perpetradores de los disturbios y matanzas ocurridos entonces. Para ello, el autor demuestra la falta de lógica de la versión construida por la pgj sobre el asesinato del periodista norteamericano; exhibe el encubrimiento de las autoridades de los policías responsables del asesinato; muestra la inacción del gobierno federal que se ha negado a resolver el caso y acusa la posibilidad de la existencia de un acuerdo entre el Ejecutivo federal y el de Oaxaca para mantener al gobernador Ulises Ruíz en el poder a fin de fortalecer la posición del presidente Calderón que enfrentaba por entonces serios cuestionamientos acerca de su elección.

Acto seguido, Daniel de la Fuente descarna la impunidad de las bandas de sicarios que golpean municipios como el de Creel, Chihuahua, donde poco más de una docena de adolescentes fueron arteramente acribillados en plena fiesta sin deberla ni temerla. Expone la desesperación de los familiares y los personajes involucrados en la etapa posterior a la ejecución múltiple; la criminal desidia del gobierno estatal que jamás acudió a realizar las investigaciones correspondientes y la lasitud de la policía municipal que no hizo siquiera intento alguno de evitar el ataque, mucho menos de enfrentarlo. El texto demuestra el desamparo de la población ante una guerra cuyas líneas de fuego constantemente los abrasan.

De manera semejante, Diego Enrique Osorno y Ángeles Magdaleno pormenorizan dos asesinatos vinculados con importantes personajes políticos: el de Mario Palacios Montarcé, (muerto presuntamente por haberse relacionado sentimentalmente con Maude Versini, entonces esposa del ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel, y cuyo caso no fue investigado) y el del profesor Misael Nuñez Acosta (disidente de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de cuya muerte fue responsabilizada su dirigente, Elba Esther Gordillo, lo cual ha generado un caso que ha sido investigado como delito político pero que no ha llevado a identificar a los verdaderos responsables. Se destaca que, a pesar de haber capturado a los asesinos materiales, éstos habrían sido defendidos por abogados contratados por el SNTE... fugándose además de la cárcel poco tiempo después).

La tristemente célebre matanza de Acteal es especificada a través de la pluma de Jesús Ramírez Cuevas, quien desnuda la verdad de lo ocurrido en un mar de mentiras y encubrimiento oficiales: fueron paramilitares –la Máscara Roja, decidida a exterminar "la semilla zapatista– al servicio del gobierno de Chiapas los responsables materiales de masacrar a 45 indígenas tzotziles del grupo Las Abejas, quienes se encontraban, al momento del ataque, orando. El relato denuncia además la protección que la policía estatal dio a los perpetradores y comenta como corolario que de no haberse filtrado a los medios los videos de la carnicería, el caso se mantendría en un nivel de impunidad aún mayor del que actualmente se encuentra.

El libro recoge también el testimonio de Daniela Rea, quien detalla los hechos ocurridos en el torpe operativo realizado en la discoteca News Divine en la que once jóvenes murieron al igual que dos policías del Distrito Federal. En su capítulo, la autora destaca que sólo el dueño del bar fue encarcelado y que no se han imputado responsabilidades contra los mandos superiores del operativo, menos aún contra los funcionarios que violaron flagrantemente los derechos humanos de los detenidos.

Finalmente, el trabajo de Froylán Enciso comenta una realidad que busca ser ocultada en Mazatlán, Sinaloa: el asesinato de cuarenta personas por parte de un grupo de narcotraficantes. Decidido a investigar, el periodista va descubriendo que hay más de los cuarenta muertos, encontrando además un contexto de guerra entre grupos del narcotráfico que ha atrapado a la población en medio de la batalla. El artículo destaca la inacción del gobierno (que prefiere mirar a otro lado, abandonando a la sociedad en medio de una guerra entre criminales) para intervenir en la guerra entre narcotraficantes, así como la perversa consigna de no informar de todos los hechos violentos acaecidos, método que ha servido para disminuir engañosamente los márgenes delictivos en la comarca. El autor demuestra que hay muchos más homicidios de los que oficialmente se informan, lo que le obliga a cuestionarse cuántos más homicidios habrá en realidad a lo largo y largo de este México ensangrentado.

El recuento de los casos hace de éste un libro duro de leer (sobre todo si cae uno en la cuenta que los casos consignados no reflejan más que una minúscula parte de la deteriorada realidad mexicana), pero muy necesario consignar. Su objetivo no es alimentar la desesperanza, sino criticar la impunidad y alzar la voz para exigir justicia, no sólo en los casos abordados, sino también en aquéllos que no aparecen en los medios de comunicación.

Estupendamente bien narrado, tiene, además, el prestigio que el inteligente periodismo de investigación suele dar al sinceramente interesado por realidades 'incómodas', como lo es la intrincada y nada amable situación de la seguridad pública mexicana.

 

Notas

1 Alejandro Almazán, Alejandro Cossío, Froylán Enciso, Daniel de la Fuente, John Gibler, León Krauze, Ángeles Magdaleno, José Luis Martínez S., Pablo Ordaz, Jesús Ramírez Cuevas, Daniela Rea, Arturo Rodríguez García, Emiliano Ruiz Parra y Diego Enrique Osorno.

 

Juan Carlos Montero Bagatella

Politólogo/Sociólogo. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Puebla, en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde actualmente desarrolla estudios de doctorado en Política Pública en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. Entre sus publicaciones recientes se encuentran "Fundamentos Organizacionales del Gobierno Moderno" (2010) y "Equilibrios políticos en las entidades federativas" (2010).

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