Sociedad y política

 

La democracia deliberativa y la confrontación entre poderes fácticos en una decisión gubernamental: modificación al artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial^*

 

Luis Daniel Vázquez Valencia^**

 

** Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México, Carretera al Ajusco 377, col. Héroes de Padierna, del. Tlalpan, México D.F., 14200.

 

Recibido el 12 de febrero de 2007
Aceptado el 9 de marzo de 2008

 

Resumen

La democracia deliberativa funda sus expectativas de resultado en interacciones comunicativas de tipo normativo aminorando las relaciones de poder y dominación que existen en política. Es interesante observar cómo se da la deliberación en la toma de decisiones gubernamentales a través de estudios de caso. En este marco, este artículo, analiza la confrontación de dos poderes fácticos (el Grupo por un País Mejor y las farmacéuticas transnacionales), el cabildeo, el uso de recursos políticos, los papeles del Estado y el corolario final de la deliberación en una toma de decisión pública: la modificación del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.

Palabras clave: Jürgen Habermas, John Rawls, modelos democráticos, democracia deliberativa, industria farmacéutica, poderes fácticos, cabildeo, recursos políticos, decisiones gubernamentales, proceso legislativo, Ley de Propiedad Intelectual.

 

Abstract

The deliberative democracy bases its expectations of results in interactions of communication of a normative type lessening the relations of power and domination that exist in politics. It is interesting to observe how a deliberation is made on governmental decision making, through case studies. In this frame, the article analyzes the confrontation of two factual powers (the Group for a Better Country and the transnational pharmaceuticals), the lobbying, the use of political resources, the role of the state and the final corollary in the deliberation for the public decision making: the modification of the article 77 of the Law of Industrial Property.

Key words: Jürgen Habermas, John Rawls, models of democracy, deliberative democracy, pharmaceutical industry, pressure groups, lobbying, political resources, governmental decisions, legislative process, Law of Industrial Property.

 

Introducción: la democracia deliberativa entre los modelos democráticos

Existen múltiples formas de pensar y construir la democracia no sólo por sus distintas formas y grados de institucionalización, sino también por los diversos modelos¹ teóricos de democracia. En este marco, se puede hablar de dos modalidades confrontadas que, a su vez, involucran a cuatro modelos, a saber: 1) la modalidad representativa o elitista vs. la participativa y 2) la procedimental vs. la sustantiva. Estas controversias se entrecruzan para formar una matriz que se presenta en el siguiente cuadro:²

La línea borrosa que divide al modelo representativo del participativo se relaciona con la pregunta ¿quién toma las decisiones vinculantes? Si el pueblo no gobierna en ninguno de sus sentidos semánticos, entonces, los representantes tampoco pueden presentar iniciativa de ley alguna, no al menos bajo la consigna "Nosotros el pueblo". En este caso, se está ante un modelo representativo o elitista que tiene una marcada división política del trabajo entre gobernantes y gobernados. Por el contrario, si en el modelo hay varias instituciones a través de las cuales los ciudadanos participan de forma directa en la toma de decisiones (no en la elección de representantes sino en la toma de decisiones vinculantes), se está, por el contrario, ante un modelo de democracia participativa o directa.

Más complicado es determinar dónde se encuentra la frontera borrosa y porosa que separa el modelo de democracia procedimental del sustancial. Aquí la pregunta clave para entender la diferencia es: ¿igualdad de qué? En el modelo procedimental hay un acuerdo mínimo que implica sustancia: el acuerdo en los procedimientos. Esto supone varios tipos de igualdad abstracta: la igualdad ante la ley, la igualdad moral y la igualdad política. En cambio, cuando se avanza hacia una democracia substancial, se pasa del análisis de las igualdades abstractas hacia las desigualdades concretas. Ya sea vía precondiciones democráticas o como expectativas finales del juego democrático, la sustancia gira en torno a la igualdad de oportunidades y la igualdad material.

A estos cuatro modelos de democracia se han sumado recientemente tres modelos más: el radical planteado por Mouffe a partir de su pluralismo agonístico; el modelo constitucional que supone la posibilidad de excluir ciertos elementos de la discusión democrática para preservar al régimen democrático (lo que Garzón Valdés ha llamado el coto vedado) y el deliberativo, que es el que interesa analizar aquí. El interés por recuperar a este modelo como estándar normativo de la democracia realmente existente proviene de la identificación de los elementos centrales que hacen del régimen democrático el mejor posible. Sobre este punto, Manin³ observa que si bien en la democracia, pensada como gobierno representativo, el pueblo no gobierna (en el sentido de que no toma las decisiones políticas vinculantes sino que sólo elige a quienes le gobiernan; éstos ni siquiera están obligados a cumplir sus promesas de campaña ni sus plataformas políticas, menos aún las expectativas de los ciudadanos debido a que el mandato no es vinculante), continúa siendo el mejor régimen de gobierno por dos procesos de juicio–colectivo–deliberativo: el llevado a cabo por los ciudadanos al momento de realizar la selección de los gobernantes y el efectuado por los gobernantes al momento de tomar las decisiones. ¿Será que hay un proceso de juicio–colectivo–deliberativo en la toma de decisiones que supone cierta posibilidad de acuerdo a una idea mayor (rousseauniana) o menor (cognoscitiva) de bien común? ¿La discusión política puede valerse de reglas de fondo de bienestar general (posición republicana) o de procedimiento de situaciones ideales de comunicación (pragmática universal habermasiana) que suponen situaciones de interacción donde desaparece el poder, el conflicto y la dominación? Éstas son las preguntas a analizar en las próximas páginas a través del estudio de caso de una decisión política en torno a la modificación de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

La democracia deliberativa: las situaciones ideales de interacción política

La democracia deliberativa se gestó a partir de dos importantes teóricos contemporáneos: la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y la de la justicia de John Rawls. De acuerdo con Mouffe⁴ y Baños,⁵ los teóricos de la democracia deliberativa retoman las instituciones y procedimientos clásicos de la democracia liberal, al tiempo que complementan este modelo con una noción fuerte de ciudadanía, del espacio público y de la opinión pública intentando reconstruir las tensiones entre la democracia y el liberalismo. Sin embargo, el problema comienza en las expectativas de resultados que fundan en los procedimientos normativos de la deliberación.

Tanto el alemán como el estadounidense construyen teorías normativas, uno, de la acción comunicativa, el otro, de la justicia. El primero busca una racionalidad comunicativa basada en el lenguaje que sea capaz de hacer crítica y teoría social con el fin de tender hacia la emancipación del hombre. El lenguaje es un elemento dialógico basado en la conversación cotidiana desde el ámbito de lo intramundano y siempre tendiendo al entendimiento recíproco mediante una intersubjetividad discontinua. En efecto, para el primero de ellos la intersubjetividad del entendimiento en el lenguaje ordinario es tan ilimitada como discontinua. Ilimitada porque puede extenderse cuanto se quiera y discontinua porque nunca puede establecerse por entero. Este último factor permite a Habermas sostener que el lenguaje necesariamente es capacidad reflexiva, lo que conlleva la posibilidad de ejercer una crítica de la misma tradición de la que se procede.⁶ Sin embargo, se pueden presentar distorsiones en el habla como son las perturbaciones del lenguaje manifiestamente patológicas que se presentan en los sicóticos. Incluso puede haber comunicación sistemáticamente distorsionada en los patrones del habla normal o a partir de los patrones simbólicos prelingüísticos que necesariamente requieren de una precomprensión sistemática que se extienda al lenguaje en su conjunto. En consecuencia, lo que Habermas busca son principios o constantes de carácter comunicativo, ya que no se dispone de ningún criterio general que nos permita constatar cuándo somos prisioneros de un entendimiento pseudonormal. Este tipo de entendimiento conduce al filósofo de Düsseldorf a la búsqueda de las pretensiones universales de validez susceptibles de crítica en los actos de habla capaces de trascender el contexto histórico. El problema que aquí se plantea el sociólogo de la Escuela de Francfort no es menor, tiene que retomar fundamentos normativos de una teoría crítica de la sociedad sin caer en metafísica. La respuesta es el lenguaje: "La tentativa es reconstruir racionalmente las reglas universales y los presupuestos necesarios de los actos del habla orientados al entendimiento, recurriendo para ello a la semántica formal, a la teoría de los actos de habla y a otros planteamientos de pragmática del lenguaje."⁷

Entra en juego un nuevo factor: la pragmática universal que plantea las condiciones de validez que pueden asegurar el éxito de los actos de habla, libres de toda coacción, desde una perspectiva racional, es decir, aquellas reglas universales que rigen toda acción comunicativa orientada al entendimiento y que a su vez está orientada al consenso, o sea, a la verdad. Estas reglas son: la inteligibilidad, la veracidad, la verdad y la rectitud. Habermas afirma:

[...] todo agente que actúe comunicativamente tiene que entablar en la ejecución de cualquier acto de habla pretensiones universales de validez y suponer que tales pretensiones pueden desempeñarse [...] El hablante tiene que elegir una expresión inteligible, para que hablante y oyente puedan entenderse entre sí; el hablante tiene que tener la intención de comunicar un contenido proposicional verdadero, para que el oyente pueda compartir el saber del hablante; el hablante tiene que querer expresar sus intenciones de forma veraz para que el oyente pueda creer en la manifestación del hablante; el hablante tiene, finalmente, que elegir una manifestación correcta por lo que hace a las normas y valores vigentes, para que el oyente pueda aceptar esa manifestación, de suerte que ambos, oyente y hablante, puedan concordar entre sí en esa manifestación en lo que hace a un trasfondo intersubjetivamente normativo.⁸

Estas pretensiones universales de validez son, por un lado, el instrumento mediante el cual la acción comunicativa logra un acuerdo que no está basado en el seudoentendimiento y, por el otro, la fuente de la deliberación.

Por su parte, Rawls ve a la sociedad como una asociación autosuficiente de personas que reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias en sus relaciones y que actúan de acuerdo con ellas. En una sociedad existe una identidad de intereses basada en la cooperación social entre personas libres e iguales para facilitar la vida. La libertad e igualdad de los ciudadanos se restringe a la capacidad para suscribir una concepción del bien, se consideran fuentes auto–generadoras de reclamos válidos, capaces de asumir la responsabilidad por sus propios fines y cuentan con los poderes conectados de la razón, pensamiento y juicio. Para el de Baltimore, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, el modo en que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Para evitar las ventajas y desventajas en la constitución de los principios de justicia social, Rawls establece una posición original caracterizada por un velo de la ignorancia que asegure la imparcialidad. La posición original es la interpretación filosófica preferida de la situación inicial. Esta situación incorpora las condiciones que son razonables para poder elegir principios los cuales deben ser aceptables desde un punto de vista moral y tener por objeto un status quo equitativo. Al establecer esta posición original, el catedrático de Harvard esta tratando de identificar el acuerdo subyacente y la manera aceptable en que se van a resolver las divergencias buscando lograr que los conflictos de opinión sean lo suficientemente acotados para mantener la cooperación política con base en el respeto mutuo.

El velo de la ignorancia, que tienen las personas al realizar el contrato fundacional, permite a los integrantes de la posición original desconocer su situación social y sus dones naturales. Este velo tiene por objeto lograr un desinterés y falta de conocimiento, tal que permitan que los acuerdos a los que se arribe sean constituidos y constitutivos de una justicia social imparcial. De esta forma, los ciudadanos deliberando en esta posición original se encuentran en un plano de igualdad que los lleva a establecer principios que perfectamente permiten acceder a sus proyecto de vida, puesto que si acceden a ciertos bienes superiores en el reparto original lo harán, únicamente, en beneficio del resto de la comunidad y siempre que así sea se le respetarán el resto de sus derechos inalterables por su concepción de persona. Más allá de los principios provenientes de esta posición original y de los métodos del consenso traslapado o de equilibrio reflexivo, lo que me interesa destacar es el punto de partida de Rawls: su posición original (con velo de la ignorancia) y su contrato social.⁹

Cabe preguntar, en el modelo deliberativo ¿quién forma parte de la deliberación? La respuesta que se ha dado a esta pregunta es: todos aquellos que sean afectados por la decisión.¹⁰ Más allá de la dificultad para determinar quiénes son los afectados (directos y potenciales), el elemento central es que el momento democrático deja de ser fundamentalmente la elección y se refuerza a la toma de decisiones como momento democrático que implica poderes fácticos y órganos gubernamentales interactuando a través del ejercicio de recursos políticos¹¹ (Cuadro 2).

Los modelos deliberativos de estos dos teóricos del quehacer político tienen por objetivo confrontar el modelo realista democrático liberal. El modelo de democracia liberal da por hecho que los ciudadanos y los gobernantes interactúan tanto al interior de cada grupo como entre ellos. Esta interacción se realiza a través de intercambios por medio de recursos de poder entre actores egoístas–autointeresados por lo que su actuación tiene como fin maximizar sus beneficios. El ideal del modelo liberal es que se puede lograr un juego de resultado ganar–ganar donde las acciones autointeresadas pueden llegar a formar bienestar colectivo. Lejos de estos actores egoístas y autointeresados, la postura deliberativa de Rawls supone acuerdos mínimos en torno a principios básicos de justicia, de bienestar general; se trata de una postura de justicia mínima de tipo cognoscitiva que permite una amplia libertad de acción del individuo, pero siempre tomando decisiones y deliberando en torno a ciertos principios mínimos y básicos de justicia que permean la estructura política y social.

La posición de Habermas, en cambio, no supone principios substanciales mínimos de justicia (como lo hace Rawls, los republicanos y el modelo constitucionalista), en lugar de ello, establece reglas procedimentales que garantizan un entendimiento emancipador, una interacción libre.¹² La idea central es que el "cemento de la sociedad" no es la maximización egoísta–individual, sino la concreción de principios de justicia o una situación ideal de interacción comunicativa.

El principal problema radica en que tanto la posición original de Rawls como las condiciones universales de validez susceptibles de crítica en los actos de habla de Habermas, son puntos de partida normativos que dejan de lado una de las peculiaridades de la política que recupera con todo su realismo la propuesta liberal: el conflicto.¹³ En efecto, una de las principales aportaciones del modelo radical y su pluralismo agonístico es poner al descubierto el modelo de consenso que conforma a las teorías deliberativas.¹⁴ Pese a los intentos teóricos de uno y otro, lo cierto es que el conflicto permanece en la realidad,¹⁵ proveniente de las tensiones generadas entre la tradición democrática y la liberal, de las pretensiones de libertad e igualdad. Si bien uno y otro saben del aspecto contra–empírico a la par que ellos están construyendo teorías normativas, lo cierto es que mantienen pretensiones de aplicación empírica de sus teorías (política y no metafísica). La ausencia del conflicto en el modelo deliberativo se convierte en un muro imposibilitador de la factibilidad teórica de ambos.

 

Los poderes fácticos en la decisión

Alrededor de los poderes fácticos o grupos de presión se ha escrito especialmente desde la teoría pluralista.¹⁶ Para Meynaud un grupo es un "conjunto de individuos que poseen una o varias características comunes".¹⁷ Éste se constituye como un grupo de interés cuando "defiende ventajas materiales o salvaguarda valores morales".¹⁸ Finalmente, se constituye como grupo de presión en el momento en que "los responsables actúan sobre el mecanismo gubernamental para imponer sus aspiraciones o reivindicaciones".¹⁹ Así, el grupo de presión "evoca las luchas emprendidas para que las decisiones de los poderes públicos se conformen a los intereses o a las ideas de una categoría social dada".²⁰ La palabra grupo de presión identifica como necesaria una acción: la presión. Sin embargo, los poderes fácticos no necesariamente actúan, no necesariamente presionan. El poder puede ejercerse persuasivamente o simplemente mantener una omisión (segunda y tercera dimensiones del poder). Asimismo, no basta la presión, el ejercicio de un recurso político, para identificar a un factor real de poder; es necesario que dicho recurso sea coronado con el éxito, que sea "real" de poder, ya que puede haber grupos de presión cuyos recursos políticos sean tan inferiores que su influencia en la toma de decisiones sea mínima. Así, todos los factores reales de poder son grupos de presión, pero no todos los grupos de presión son factores reales de poder.

En la decisión que se analiza en este trabajo, los principales impulsores de la reforma eran las empresas y sociedades incorporadas a la asociación civil denominada "Grupo por un País Mejor, A.C." (GMP). Este consorcio, se formó en junio de 1999 siendo desde entonces su presidente Víctor Gonzáles Torres.²¹ El principal actor de este grupo es la sociedad anónima Farmacias Similares. Estas mismas, de acuerdo con Jalife:

[...] vinieron a capitalizar una laguna de la legislación, al lanzar al mercado el concepto de medicamentos que, sin haber cursado las pruebas necesarias para garantizar su intercambiabilidad con los productos líderes, ofrecen precios muy bajos. La fórmula, como es fácil advertir, ha sido ganadora en la medida en que los altos precios de los medicamentos patentados y la inexistencia de genéricos, ha permitido ganar una posición de aquellos.²²

Los principales detractores de la reforma legislativa eran los laboratorios farmacéuticos innovadores que se verían afectados por la disminución del tiempo de sus patentes o por la inoperancia de las mismas frente al otorgamiento de licencias públicas²³. Estos laboratorios son representados por la Cámara Nacional Farmacéutica de México (Canifarma), en especial por uno de sus organismos: la Asociación Mexicana de la Industria de Innovación Farmacéutica (AMIF) que actualmente agrupa a las 25 principales farmacéuticas mundiales.²⁴ Algunos de sus representantes son: Pfizer, Roche, Novartis, Aventis, Bayer, Merck–Sherin–Plaug, etcétera. Vale la pena mencionar que los Laboratorios Best, productores de medicamentos que se venden en Farmacias Similares, no son parte ni de la Canifarma ni de la AMIF.

La confrontación de estos dos poderes fácticos se centra en la modificación al régimen jurídico de patentes y marcas el cuál, con el advenimiento de la globalización, ha tomado un papel central para disminuir la incertidumbre generada en los capitales transnacionales. Más aún, se trata del más polémico de los temas inherentes al régimen de patentes y marcas: las patentes farmacéuticas. El debate se centra en razones humanitarias: la incapacidad de millones de individuos para acceder a los medicamentos por sus altos costos y la incapacidad de gobiernos de países subdesarrollados con graves problemas de salud para solventar la compraventa o producción de las medicinas necesarias para distribuirlas por medio de un aparato de salud pública eficiente. Para solucionar este problema se ha recurrido a la figura de las licencias públicas decretadas por el Estado que tienen por objeto que los gobiernos logren conciliar el derecho de exclusividad y, por ende, de monopolio de los propietarios de las patentes con un sistema basado en la libre competencia.²⁵ Al respecto, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en México establece en los artículos 70 y 77 tres causas de otorgamiento de licencias públicas obligatorias: la no explotación de la patente por su dueño, los casos de emergencia y los casos de seguridad nacional. La decisión legislativa en análisis consistía en la modificación al artículo 77 de la LPI para establecer una nueva causal autónoma para el otorgamiento de las licencias públicas: las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria.

El principal motivo y detonador del conflicto entre los poderes fácticos que participaron en la decisión que se analiza es, sin lugar a dudas, el mercado de las medicinas en México. En efecto, tanto las medicinas de patente o innovadoras como las genéricas con pruebas de intercambiabilidad y las medicinas genéricas sin pruebas de intercambiabilidad o similares compiten en el mercado de venta de medicina, tanto en México como en el mundo entero. El mercado mundial de medicinas era en 1981 de 70 mil millones de dólares, mientras que en el 2000 alcanzó la cifra de 317 mil millones de dólares²⁶ y en el 2002 fue valuado en 322 mil millones de dólares.²⁷ De esos totales las principales diez compañías farmacéuticas (Pfizer+Pharmacia, Glaxo Smith Kline, Merck–Shering Plaug, Bristol–Myers Squibb, Astra Zeneca, Aventis, Johnson & Johnson, Novartis, Wyeth y Eli Lilly) acapararon en el 2001 el 47% y en el 2002 el 58.4% del mercado.²⁸ En cuanto a México, el mercado farmacéutico llegó en el 2003 a los siete mil millones de dólares.²⁹ La existencia de este mercado conlleva la obtención de importantes utilidades para las empresas farmacéuticas. Por ejemplo, el negocio de Farmacias Similares a cargo de Víctor González Torres facturó en 2003 (año de la disputa) 300 millones de pesos al mes, que incluye la operación de mil quinientas farmacias.³⁰ Por su parte, Pfizer, el laboratorio farmacéutico más grande del mundo, durante el 2002 facturó en México 500 millones de dólares de los cuales un porcentaje se refiere a ventas en Sudamérica, África y Europa.³¹ Asimismo, Merkc Sharp & Dohme, el tercero más grande del mundo, facturó en México durante el 2002 también 500 millones de dólares de los cuales el 50 por ciento corresponde a exportaciones a Brasil, Argentina, Venezuela, Centroamérica y Chile.³² Finalmente, Novartis, el quinto más grande en el mundo, en el 2002 facturó 4 mil 633 millones 900 mil pesos, 12% más que en 2001.³³

 

La construcción de discursos legitimadores

La participación de los poderes fácticos en la toma de decisiones gubernamentales conlleva la conversión del poder privado en poder público, e implica la necesidad de generar mediaciones a través de discursos legitimadores para lograr la aceptación de las decisiones, tanto por el Estado como por los poderes fácticos en conflicto, ya que si bien es cierto que el Estado se encuentra y actúa dentro de una serie de intereses de dominación y en disputa, también lo es que las relaciones de dominación raramente se presentan de forma explícita, antes se generan diversos discursos que buscan legitimar la postura frente a un público más amplio: se crea el debate que constituye una forma de lucha simbólica.

En torno al Estado, explica Majone, todo gobierno, en su operación y formulación de decisiones, necesita ofrecer a los ciudadanos buenas razones para la ejecución de las mismas: "Todo político entiende que se requieren argumentos no sólo para aclarar su posición respecto de un problema, sino también para atraer más simpatizantes [...] Aún cuando una política se explique mejor por las acciones de grupos que persiguen fines egoístas, quienes traten de justificarlas deberán apelar al interés público y los méritos intelectuales del caso."³⁴ Para ello, se hace uso de la dialéctica ya que ésta permite generar premisas razonables con puntos de vista refutables y cambiantes, es decir, da paso a la discusión e intercambio que sería imposible si se tratara de hechos evidentes o principios indiscutibles. Se producen argumentos y no pruebas formales, donde el punto principal es generar inferencias razonables de tipo persuasivo.³⁵ Es preciso distinguir, sigue Majone, entre las motivaciones y las razones de una decisión. Hay todo un proceso por el cual se llega a una conclusión, este es el proceso de descubrimiento que puede incluso ser afectado por relaciones de poder. Ya que se ha llegado a la conclusión se inicia un segundo procedimiento por medio del cual ésta es justificada. Así, las consideraciones de la actuación provenientes del proceso conclusivo son las motivaciones, pero estas pueden ser muy distintas de las consideraciones usadas en la comunicación que son las razones. De esta forma, no todas las razones son motivaciones y viceversa y no necesariamente las motivaciones son dadas a conocer en la toma de decisión.

Cuadro 3

En este mismo sentido, y desde los factores reales de poder, las motivaciones y el conflicto en la toma de decisiones no se presentan ni se resuelven de forma descarnada, también los poderes fácticos generan sus discursos legitimadores. La disputa simbólica se planteó en los siguientes términos: El principal argumento que el GPM elaboró a través de sus tres principales voceros –el presidente del grupo, Víctor González Torres, el vicepresidente, Víctor García Lizama y la presidente de Fundación Best y AMMeDeSEF, María del Carmen Villafaña– para impulsar la reforma al artículo 77 de la LPI es la existencia de un importante sector poblacional de México en pobreza y pobreza extrema que, por ende, no tiene capacidad para adquirir los medicamentos a altos precios y tampoco cuenta con atención de seguridad social (ayudar a los que menos tienen). Frente a este primer argumento los laboratorios farmacéuticos trasnacionales elaboraron cuatro contra–argumentos: A) de aprobarse la reforma se pondría en duda la totalidad del régimen jurídico de la propiedad industrial, lo que ocasionaría que no llegaran los últimos avances de los medicamentos innovadores a México, peor que un medicamento caro es un medicamento inexistente. En este sentido explica Víctor Gómez, directivo de Novartis, que "[...] yo creo que aquí el punto más importante es el acceso a los medicamentos, no el costo de los medicamentos sino el acceso a los medicamentos, o sea, no hay peor medicina que la que no se tiene: para qué vamos a crear una medicina que eventualmente puede ser gratis si no está disponible [....]".³⁶ B) Hay diversos elementos que deben ser tomados en cuenta cuando se estudia si un medicamento es caro o no, en especial se debe considerar el impacto que éste tendrá en la calidad de vida del paciente.³⁷ C) El tercer contra–argumento involucra la extensión de la salud pública. En un país como México, donde el 80 por ciento de la población está cubierto por algún tipo de seguro social público, por la propia Secretaría de Salud o por el Seguro Médico Popular, el costo de las medicinas para atender a la población de bajos recursos no es un argumento prioritario.³⁸ D) El cuarto contra–argumento se refiere a la propia actividad y responsabilidad social de las instituciones de investigación y desarrollo de medicamentos que en ciertas ocasiones regalan sus medicamentos de punta a poblaciones específicas.³⁹

El segundo argumento que elaboró el GPM fue la existencia de actos de corrupción en la compraventa de medicina que a través de licitaciones realizan los organismos públicos. Suponiendo que un sector de la población que se encuentra en pobreza cuenta con seguridad social, aún así hay un importante "saqueo" y destrucción de los organismos públicos de atención a la salud por los distintos actos de corrupción que se observan en las licitaciones de medicamentos, porque no se compran medicamentos genéricos y porque los medicamentos innovadores tienen precios muy por encima de su costo de producción. De acuerdo con Farmacias Similares se ejercen presiones por parte de las farmacéuticas transnacionales, las distribuidoras y algunos funcionarios para poner en el cuadro básico medicamentos caros y con patente, como el Viagra. Asimismo, la compra de los medicamentos por parte del sector público no se realiza directamente a los laboratorios que tienen las patentes sino a distribuidores que revenden los medicamentos.⁴⁰

A este segundo argumento recayeron dos contraargumentos de los laboratorios asociados en la Canifarma: 1) en México la pirámide poblacional ha cambiado y se está invirtiendo, tenemos más gente adulta y la esperanza de vida se ha incrementado enormemente por lo que hay más enfermedades crónico degenerativas (como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, etcétera.) que requieren más medicamentos por lapsos de tiempo más prolongados⁴¹. 2) El costo de los servicios de salud está en toda la infraestructura del sector. El costo de los medicamentos en el costo total del sistema de salud realmente es muy pequeño. En el cuadro 4 (siguiente página) se presenta la compra de medicinas respecto del gasto total.

Por su parte, la Canifarma también generó dos argumentos legitimadores. El más explicitado en los medios de comunicación fue la necesidad de recuperar la inversión hecha en investigación que antecedió la salida del medicamento al mercado. Al respecto, el laboratorio farmacéutico Pfizer informó que, previo al lanzamiento de un medicamento, se invierten 15 años de investigación y 800 millones de dólares;⁴² por su parte, Rafael Gual comenta que se invierten en promedio 10 años de investigación y 900 millones de dólares.⁴³ No obstante, de los pocos datos públicos existentes de los laboratorios farmacéuticos se tiene que Pfizer, durante el 2003, invirtió 72 millones de dólares de los 500 millones facturados en México sin especificar qué cantidad de esos 72 millones se utilizó específicamente para investigación.⁴⁴ Asimismo, el laboratorio Merkc Sharp & Dohme durante el 2003 invirtió 5 millones de dólares en investigación de los 500 millones facturados⁴⁵ y Novartis invierte en investigación el 15 por ciento de sus recursos facturados.⁴⁶ Alma López reportó, en su momento, que se esperaban inversiones destinadas a la investigación farmacéutica para el 2004 de 400 millones de dólares,⁴⁷ mientras que Rafael Gual (AMIF) informó entonces que la inversión en el 2004 habría de ser de 200 millones de dólares.⁴⁸

En torno a este punto los laboratorios de medicamentos genéricos construyeron tres contraargumentos: A) revisar las cifras que los laboratorios innovadores proporcionan ya que hace una década la industria farmacéutica declaraba que le costaba, en promedio, 231 millones de dólares el desarrollar un medicamento, mientras que ahora afirma gastar 800 millones de dólares. Asimismo, algunas otras organizaciones arriban a cifras muy distintas como la Global Alliance TB Drug Development para quien el costo real de desarrollar un medicamento es de no menos de 40 millones y no más de 120 millones de dólares; mientras que para Public Citizen, grupo de defensa del consumidor, el costo promedio es de 110 millones de dólares.⁴⁹ B) Los productores de genéricos aducen que la facultad de monopolio que otorga la patente es tal que el medicamento tiene un precio muy superior a su costo de producción lo que les permite recuperar sus ganancias en un plazo inferior al de 20 años que le otorgan las patentes.⁵⁰ C) Los productores de genéricos exponen que, una buena parte de la inversión en el desarrollo de los medicamentos innovadores proviene de subsidios públicos a través de los institutos o universidades públicas donde se realizan las investigaciones.

El segundo argumento construido por la Canifarma es que en realidad los veinte años de vigencia de la patente no son, en su totalidad, de explotación de la misma. Explican que la solicitud de inscripción de la innovación se realiza cuando se descubre la molécula, por lo que los primeros diez años de la patente son utilizados para realizar las pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad necesarias y previas a la salida del medicamento al mercado y los diez siguientes son los que cuentan para la recuperación de la inversión. Aunado a esto, hay muchas patentes, ya sea en el marco jurídico local o en el internacional, que se establecen con el fin de mantener la primacía sobre los posibles resultados de la investigación, sin embargo, al final no se llega a las conclusiones esperadas por lo que el medicamento no se comercializa. Frente a esto, los laboratorios productores de genéricos aducen, como primer contra–argumento, que la mayoría de las patentes que conllevan el desarrollo y producción de un medicamento ya han sido descubiertas y únicamente se realizan algunas modificaciones sobre las mismas para aumentar el tiempo de exclusividad por otros 20 años más, o se hacen modificaciones en el método de producción con la misma finalidad.⁵¹ Asimismo, contra–argumentan que durante el proceso de investigación se encuentran nuevas propiedades de la molécula cuya invención farmacéutica fue previamente patentada lo que lleva a los laboratorios innovadores a diversificar sus usos en dos, tres o más remedios que se costean con una sola inversión, a la vez que se posibilita el otorgamiento de una nueva patente para el nuevo uso.⁵²

 

El cabildeo y la entrada del tema en la agenda

Una vez planteada la confrontación, el siguiente paso es la realización del cabildeo necesario para convertir un interés privado en agenda social y luego en agenda pública. El cabildeo es un esfuerzo encaminado a influir en el gobierno respecto a cualquier asunto por medio de la sola información. Se puede influir en la elaboración de trámites y sanciones en los proyectos legislativos, en los programas y plataformas electorales de los partidos políticos, en la nominación y elección de los candidatos para ocupar cargos o roles internos o en los procesos de formación de la opinión pública.⁵³ La influencia en el cabildeo se lleva a cabo a través de la información por lo que algunos autores presentan al cabildeo como un ejercicio necesario y provechoso de la toma de decisiones rechazando la fuerza o la riqueza como medios de presión indebida. Lo cierto es que el cabildeo no es neutral y el acceso al gobierno no es igualitario. Quien cabildea busca que se tome la decisión en los términos presentados por él por lo que la información que otorga es parcial, a la vez que tanto el acceso a los medios de comunicación como a los órganos del gobierno es diferenciado. No obstante, el elemento que finalmente constituye la principal influencia en la toma de decisiones es el recurso político que posterior o paralelamente se utilice. Si bien el cabildeo es una faceta de la participación de los factores reales de poder en la toma de decisiones, el empleo o amenaza de empleo de los recursos políticos con que cuentan los factores reales de poder es el elemento que determina: el acceso a los medios, el acceso al gobierno y la influencia en la toma de decisiones a partir de la afectación a los intereses estatales.

El cabildeo inicial fue llevado a cabo por el Grupo por un País Mejor (GPM) a fin de incluir el tema primero en la agenda social y luego en la agenda pública. Para ello llevó a cabo una serie de actos de denuncia de las condiciones de salud de la población. Al respecto nos dice el vicepresidente del grupo:

El GPM propició la cruzada nacional en defensa de los enfermos de SIDA y cáncer que son los casos más patéticos y propuso al Congreso de la Unión que estudiase la forma legal y justa para que pudieran producirse los medicamentos que están protegidos por patente [...] hablamos en primer término con el partido Acción Nacional [...] pero no aceptaron. Y seguimos insistiendo a través de los medios de comunicación en esta idea que es justa y fue así como el partido verde tomó la iniciativa [... ] Y luego se fueron sumando los demás partidos incluyendo al partido Acción Nacional.⁵⁴

Lo cierto es que prácticamente ninguno de los partidos tenía el tema ni en su plataforma electoral de 2000 ni en la agenda del periodo septiembre–diciembre de 2002 ni en la plataforma electoral del 2003. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no hacía señalamiento alguno en torno a los derechos de propiedad intelectual en general e industrial y de patentes en particular en ninguno de los documentos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la plataforma electoral del 2000 estableció que era necesaria la ampliación y el desarrollo de las capacidades científico–tecnológicas que garanticen el crecimiento sostenido y equitativo bajo la planeación y coordinación del Estado, para lo cual proponían revisar y adecuar el régimen de propiedad industrial y patentes aunque no especificaban en qué sentido se realizaría dicha adecuación. Este punto desapareció en la plataforma electoral del 2003.⁵⁵ En cuanto a la plataforma electoral de la coalición PAN/PVEM en el 2000, tampoco se encuentra el tema en cuestión. Al respecto explica un integrante del partido proponente, el diputado por el PVEM Diego Cobo Terrazas:

[...] No, no estaba previsto en el proyecto de agenda [refiriéndose a la modificación al artículo 77] pero el proyecto de agenda es dinámico porque nunca se presenta tal cual... a veces necesitamos eliminar algunas de las iniciativas que ya habíamos previsto o a veces se necesitan adicionar más... obviamente hay que ir haciendo ajustes en el camino. En este caso en particular se nos presentó la propuesta, fue analizada por quienes éramos en ese momento diputados de la 58 legislatura nos pareció muy loable, muy noble el fin de la iniciativa y en ese sentido la defendimos.⁵⁶

Más allá del trabajo de cabildeo realizado por el GPM hubo un elemento que facilitó la entrada del tema a la agenda pública: los lazos familiares. El diputado José Antonio Arévalo González, proponente de la reforma e integrante del PVEM, primo de Emilio González, presidente del PVEM y sobrino de Víctor González Torres presidente del GPM. De hecho, uno de los principales argumentos que obstaculizaron el avance de la reforma al artículo 77 de la LPI eran los lazos familiares que unían al PVEM con Farmacias Similares. Incluso algunas organizaciones civiles como Letra S decidieron no participar. Explica el coordinador general de Letra S, que las organizaciones de personas viviendo con VIH–SIDA no formaron parte del proceso legislativo ya que, si bien es cierta la necesidad de que disminuyan los precios de los medicamentos para controlar el virus del VIH–SIDA, también lo es que la reforma planteada buscaba, en su opinión, favorecer a un grupo específico de empresarios generándose un mutismo de estos organismos al respecto.⁵⁷

Finalmente, el proyecto fue presentado por el diputado del PVEM, José Antonio Arévalo González, el 13 de diciembre de 2002 y siguió el curso legislativo que se indica en el cuadro de la página siguiente:

Cuadro 5

En la toma de decisión que involucra al poder legislativo hay dos procesos de cabildeo: uno para ingresar el tema a la agenda y otro sobre los integrantes de las comisiones dictaminadoras para evitar que la iniciativa se vaya a "la congeladora". En este caso las comisiones dictaminadoras establecieron foros y consultas públicas así como la realización de una serie de reuniones para conocer los puntos de vista, a favor o en contra, de los diversos actores, el segundo juicio–colectivo–deliberativo a que se refiere Manin.⁵⁸ Finalmente, en la mesa directiva, se debatió la reforma el 13 y 17 de marzo de 2003.

La modificación se concentró en el artículo 77 de la LPI a fin de establecer una tercera causal de explotación por medio de licencia pública de la patente para las enfermedades graves de atención prioritaria.⁵⁹ En el proyecto se establecían dos "candados" para decretar una licencia pública de explotación de patente: el primero implicó someter la declaratoria de enfermedad grave de atención prioritaria al Consejo de Salubridad General.⁶⁰ Realizada la declaratoria, los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, que hubieran solicitado la concesión de una licencia de utilidad pública iban a ser revisados, en cuanto a su capacidad técnica, por la Secretaría de Salud quien debía determinar las condiciones de producción, calidad, duración y campo de aplicación de la licencia; este era el segundo candado. En estas condiciones cabía la posibilidad de excluir a los laboratorios que produjeran genéricos sin pruebas de intercambiabilidad como era el caso del GPM. Con ambos candados se abrían nuevos espacios políticos para que los poderes fácticos en confrontación desplegaran sus recursos. Finalmente, luego de entre tres y cuatro meses de trabajo, el 25 de marzo de 2003 el proyecto fue aprobado por unanimidad en las comisiones dictaminadoras.

 

El ejercicio de los recursos políticos: el cambio del proyecto

La formulación de discursos legitimadores y el cabildeo no son los elementos que determinan la dirección de una decisión gubernamental que involucra un conflicto entre poderes fácticos, un punto importante que inclina la balanza recae en los recursos políticos con los que los poderes fácticos en disputa cuentan. Tan pronto como los factores reales de poder son cualquier fuerza social, en ellos cabe: un movimiento social, una empresa transnacional, un grupo de empresarios nacionales, un gobierno extranjero, etc. Lo que hace diferentes a unos de otros son los recursos políticos que ostentan y que clasifico en dos grandes categorías: aquéllos que provienen de la capacidad económica y los que emanan de los repertorios modulares de la acción colectiva. En la disputa que se examina ambos poderes fácticos son empresariales aunque uno de ellos es un conglomerado de empresas transnacionales con fuerte capacidad económica y el otro es un grupo empresarial local de menor capacidad. Incluso este último en ningún caso amenazó con salir del país, a diferencia de la inversión transnacional, sino que trató de hacer uso de los repertorios modulares de la acción colectiva por medio de manifestaciones y mítines que tuvieron un muy bajo impacto.

Vale la pena dedicar algunos párrafos a los recursos político–económicos provenientes del mercado puesto que fueron los recursos utilizados por el grupo vencedor en esta decisión. Este tipo de recursos políticos provienen de la capacidad económica con la cual persuadir a los gobiernos a través de la inversión, la omisión de la inversión y la salida de capitales en determinados territorios nacionales, por ende, los principales poseedores de este recurso político son los grupos empresariales y, en especial, los grandes inversionistas transnacionales sobre la mediana, pequeña y micro industria. Se observan las siguientes variaciones:

Cuadro 6

Un elemento del capitalismo, que se exacerba en el esquema neoliberal, es la actividad del Estado para llevar a cabo las modificaciones necesarias que generen un "mayor atractivo" a la inversión, especialmente extranjera, pero también nacional. El atractivo consiste en mantener seguras, en principio, y mejorar las tasas de ganancia de los inversionistas a través de diversas medidas como son: el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera del Estado a través de sus ingresos fiscales y su manejo de deuda, el establecimiento de medidas fiscales preferentes para los inversionistas, la flexibilización de la relación laboral, la desregulación administrativa, el establecimiento de un régimen de propiedad intelectual, el mejoramiento constante de la infraestructura, la apertura a nuevas áreas de inversión que implican tasas de utilidad seguras y posibles monopolios u oligopolios naturales como son la electricidad, la industria petrolera, el sistema bancario, los medios de comunicación y vías satelitales, la industria carretera, etc. Toda esta serie de garantías para los inversionistas constituyen la categoría conocida como competitividad, concepto que es sumamente útil puesto que, en efecto, los diversos Estados nacionales compiten por el acceso a los capitales inversores y es por esta competencia que la entrada y salida de capitales se convierte en un recurso político. Asimismo el Estado, en un sistema capitalista–neoliberal, tiene una mayor dependencia al capital puesto que de él, por medio de múltiples decisiones privadas, dependen indicadores básicos para cualquier gobierno democrático como el empleo, los salarios, el crecimiento económico, la inflación, la deuda, los créditos, la distribución tecnológica etc. Quienes tienen capacidad de influir en los niveles de inversión y, por ende, en el crecimiento, desarrollo, empleo y avance tecnológico de una economía nacional tienen también recursos políticos más eficientes y una posición estructural privilegiada.⁶¹

De vuelta a la decisión, luego de haber votado por unanimidad el dictamen en la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2003, el 3 de abril del mismo año la mesa directiva de la comisión se reunió con miembros de la Canifarma para conocer la opinión de esta última respecto del dictamen. Pasó un mes sin que se presentara el dictamen, que había sido aprobado de forma unánime, al pleno de la Cámara. Finalmente, el 24 de abril de 2003 se publicó el texto analizado en la Gaceta Parlamentaria y se dio la primera lectura del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ese mismo día se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología para reformar el dictamen. Esta modificación cambio totalmente el sentido de la reforma planteada al artículo 77 de la LPI, las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria dejaron de ser una causal autónoma de otorgamiento de licencias públicas para subrogarse a los casos de emergencia o seguridad nacional, hecho de imposible realización en las enfermedades que se buscaba atacar con la reforma ya que tanto el VIH/SIDA como el cáncer y las demás enfermedades crónicas son males de avance progresivo por lo que una persona puede sobrevivir varios años después de la aparición de la enfermedad. Obsérvese el comparativo:

Cuadro 7

El principal argumento de la oposición al establecimiento de las enfermedades graves de atención prioritaria como causal autónoma para el otorgamiento de licencias públicas se basó en la posible salida de capitales o atraso tecnológico en materia farmacéutica. De hecho, el poder político que desplegaron los laboratorios transnacionales fue de tipo disuasivo o persuasivo más que una serie de acciones claras en contra de la propuesta. En efecto, no ejercieron sus recursos políticos, no hubo una desinversión, ni una salida de capitales, ni un atraso tecnológico palpable, sino que sólo hicieron patente que esto podía suceder de aprobarse la reforma al artículo 77 de la LPI en los términos planteados por el PVEM.⁶²

Ahora bien, todos los actores reconocen que la salida de capitales era una medida poco probable. Nos dice Francisco Patiño, diputado por el PRD:

[...] no se explica que ellos fueran a sacar su capital y con ello el país perdiera empleos, perdiera capacidad para atender enfermos a través de esas medicinas, eso era un absurdo, era una amenaza yo diría que tonta por que es el caso de Brasil... se han hecho las declaratorias para que las patentes sean declaradas de utilidad pública. Muchas compañías y empresas están produciendo sus medicamentos a precios muy baratos... y están ahí las grandes corporaciones, no se han ido, no ha pasado nada. Obviamente no se van a ir porque las ganancias son enormes y el capital piensa en las ganancias o sea que ese no era un argumento válido, nunca lo fue [...]⁶³

El argumento es un poco más fino. No habría, seguramente, una salida masiva de capitales o de la industria farmacéutica en particular sino que los avances tecnológicos en materia farmacéutica no llegarían a México por el riesgo de ser copiados y utilizados por otras compañías. Esto implicaría una disminución en los flujos de inversión futuros, relacionados con la innovación, que actualmente se calculan entre 200 y 400 millones de dólares anuales. Al respecto nos dice Rafael Gual, director ejecutivo de la AMIF, que:

[...] el ritmo de inversión que tiene actualmente la inversión farmacéutica que frisa los 200 millones de dólares al año podría verse afectada... esa inversión es la que se podría haber puesto en riesgo... lo cual conllevaría pues una serie de consecuencias desde el evitar que pudiéramos tener en México los nuevos productos de investigación por el riesgo de ser copiados hasta desinversiones en un momento dado por no respetar el marco de propiedad industrial que ha permitido ha México actualmente capitalizar inversiones que se hubieran destinado a otros países.⁶⁴

Por su parte, el Grupo por un País Mejor, echó mano de los repertorios modulares de la acción colectiva para intentar apresurar la presentación del dictamen en el pleno antes de que lo modificaran. En voz de Villafaña: "Finalmente la empezamos a presionar [refiriéndose a Silvia Álvarez, presidente de la comisión dictaminadora], incluso pusimos un contingente a hacer un plantón afuera de la Cámara de Diputados para que la pasaran y ya no nos recibían [...]"⁶⁵ En especial este grupo utilizó las marchas–botargas, mítines y plantones como recursos políticos, los cuales fueron mantenidos hasta la discusión en el Senado (septiembre–octubre de 2003). Asimismo, se realizaron una serie de inserciones pagadas en distintos medios escritos de difusión que impulsaban los dos principios analizados del discurso legitimador del GPM: ayudar a los que menos tienen y combatir la corrupción; a los cuales se sumó un tercer elemento: el nacionalismo. Sin embargo, pese al objetivo de Farmacias Similares de interactuar con la opinión pública, el tema se mantuvo en un bajo nivel mediático en televisión. No lograron evitar la modificación y aprobación del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados con los votos del PAN y el PRI y con la oposición del PRD y del PVEM el 28 de abril de 2003. La discusión pasó entonces al Senado.

 

La desvinculación de la relación dialógico–comunicativa y la culminación del proceso legislativo

Una vez aprobada la modificación al dictamen se observa otro interesante fenómeno: las dos posiciones encontradas pierden el hilo argumentativo de la discusión y comienzan a referirse a cosas totalmente distintas, desaparece la interacción comunicativa. En efecto, mientras que para el PVEM, el PRD, una parte del PRI y el Grupo por un País Mejor la reforma al artículo 77 de la LPI tenía por objeto otorgar licencias públicas de explotación de patentes de enfermedades como el VIH/SIDA, el cáncer, la hepatitis C, etcétera, y siendo esta la discusión que había venido observándose; para el PAN, otra parte del PRI y los laboratorios transnacionales a través de la Canifarma y la AMIF, dicha modificación tiene por objeto proveer en la esfera jurídica de la posibilidad de actuación del Estado frente a ataques epidemiológicos como el Ántrax o el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y es por ello que las enfermedades graves deben ser tales que impliquen una causa de emergencia o un peligro a la seguridad nacional.⁶⁶

Entre la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados y su votación en la de Senadores transcurrieron seis meses –del 28 de abril al 7 de octubre de 2003– dentro de los cuales se ventilaron una serie de conflictos y resoluciones que ponían a la vista a varios de los actores de esta decisión. En principio, en los meses de julio y agosto de 2003, el GPM publicó un conjunto de inserciones pagadas en distintos diarios en torno a dos puntos: 1) la aprobación de la reforma al artículo 77 de la LPI en los términos establecidos en el primer dictamen que luego fue modificado; y 2) en relación con una serie de actos cometidos, de acuerdo con dicho grupo, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que implicaban una cadena de corrupción. Por su parte, el IMSS, a través del entonces director Santiago Levy, argumentaba que los medicamentos similares (o genéricos sin pruebas de intercambiabilidad) eran ineficaces a la vez que denunciaba penalmente a Víctor González Torres, presidente del GPM, por difamación y calumnias. Por su parte, Farmacias Similares recurría al Congreso de la Unión para solicitar una auditoria al IMSS a la vez que denunciaba por los mismos delitos a Levy debido a su acusación de ineficacia de los productos que vende Farmacias Similares.

Asimismo, a mediados de septiembre de 2003, dos hechos más se eslabonaron a este conflicto: 1) la Secretaría de Salud sorprendió con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 19 de septiembre de 2003, de una serie de modificaciones al Reglamento de Insumos de Salud donde el punto principal fue el sometimiento del proceso del registro sanitario, a cargo de la Secretaría de Salud, a la revisión de no violación de patentes por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) para la producción de medicamentos genéricos intercambiables. 2) La Cámara de Diputados aprobó una modificación al artículo 376 de la Ley de Salud la cual exige que todos los medicamentos que se pongan a la venta deberán tener las pruebas de intercambiabilidad, hecho que no sucedía en algunos productos de Laboratorios Best que eran puestos a la venta por Farmacias Similares.

Ya en el Senado, los argumentos esgrimidos fueron estrictamente legales y relacionados con los tratados internacionales firmados por México. Por una parte el proyecto explicaba que tanto el TCLAN como el ADPIC regulan sólo dos casos de otorgamiento de licencias públicas: los casos de emergencia y la seguridad nacional. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un juicio celebrado en 1999 resolvió que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano con respecto de la Constitución Federal. De todo lo anterior se colige que la declaración de atención prioritaria de una enfermedad grave no puede ser una tercera limitación al derecho de patentes, porque esto violaría tanto lo establecido por el TCLAN como por el ADPIC, ya que el motivo de la reforma era una ley federal, la Ley de la Propiedad Industrial. La votación final fue de 71 votos a favor y 17 en contra. La modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2004.

 

Conclusiones

En su construcción teórica, la teoría deliberativa de la democracia desvanece las relaciones de poder que se mantienen en la toma de decisiones gubernamentales. La vertiente rawlsoniana las desaparece a través de tres herramientas filosóficas: el contrato social, la posición original y el velo de la ignorancia. La vertiente habermasiana lo hace a través de interacciones comunicativas normadas por principios universales de validez susceptibles de crítica. Uno de los principales aportes de la teoría radical de la democracia es especificar la reducción de lo político y de las relaciones de poder en la democracia deliberativa. Si bien es necesaria la construcción de teorías normativas que permitan poner en cuestionamiento a las lógicas políticas y sociales que imperan en la realidad, el problema proviene en la forma en que se puede construir la teoría normativa para que, tarde o temprano, sea plausible transformarla en teoría para la acción. Todo parece indicar que si la teoría normativa no proviene de ciertas pautas empíricas mínimas, resultará inaplicable. Cualquier teoría de la democracia que tenga como presupuesto la desaparición del conflicto, de las relaciones de poder y dominación que constituyen a la política, será una teoría que difícilmente se podrá transformar en instituciones y gobierno; será metafísica y no política.

Como se observa en el caso analizado, en la toma de decisiones gubernamentales interactúan órganos estatales y poderes fácticos a través del cabildeo (relaciones comunicativas) y del ejercicio o la amenaza del ejercicio de los recursos políticos con los que cuentan. En todos los casos se generan discursos legitimadores tanto por el Estado como por los poderes fácticos involucrados que están lejos tanto de los cánones comunicativos que la democracia deliberativa supone como de los principios mínimos de justicia provenientes de la posición original. En los términos de Majone, la motivación de la decisión analizada fue la competencia de poderes fácticos por el mercado de medicinas. Pero más interesante aún es que las razones publicitadas (la justificación) tanto de los laboratorios transnacionales como de Farmacias Similares, pese a tratarse de propuestas en conflicto, atienden ambas a la satisfacción de la salud pública como fin último.

El Grupo por un País Mejor obtuvo ventajas en el acceso al Estado a partir de las relaciones familiares que se sostenían con el PVEM lo que le permitió el ingreso de su tema a la agenda pública; asimismo, llevó a cabo un importante trabajo de cabildeo que logró la aprobación de su propuesta por unanimidad en la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados. No obstante, para impulsar la votación de la propuesta en el pleno de dicha cámara y para confrontarse con los laboratorios farmacéuticos transnacionales unificados en la Canifarma, contó sólo con los recursos políticos provenientes de los repertorios modulares de la acción colectiva. Es importante comentar que tanto la formación de la acción colectiva como el mantenimiento de la misma (abril–octubre de 2003) se vieron facilitados por la capacidad empresarial de dicho grupo, pero el elemento que se mantuvo ausente fue la capacidad de coalición: la solidaridad. En efecto, los recursos políticos ejercitados por Farmacias Similares, además de las limitaciones ya planteadas, se vieron aún más restringidos por la poca capacidad de convocatoria y solidaridad que generó el Grupo por un País Mejor. Por otro lado, la capacidad financiera del grupo empresarial le permitió pagar una serie de inserciones en diversos periódicos para tratar de influir en la opinión pública; sin embargo, la modificación al artículo 77 de la LPI siempre se mantuvo en un bajo perfil mediático.

Por el contrario, las empresas transnacionales agrupadas en la Canifarma y representadas en esta decisión por la AMIF ostentaron como recurso político la inversión en el país y el desarrollo tecnológico; especialmente la inversión dirigida a la industria de innovación farmacéutica y a la llegada de medicamentos de punta al territorio nacional. No fue necesario ejercitar dichos recursos, el poder ejercido por las transnacionales fue de tipo persuasivo. Incluso, para algunos legisladores la explicación de las consecuencias que podría traer dicha reforma no consistían en un medio de presión⁶⁷, en cambio si veían como medio de presión el repertorio modular de la acción colectiva que ejercía GPM. Con el ejercicio de sus recursos los laboratorios transnacionales lograron que la comisión dictaminadora cambiara el acuerdo que se había votado por unanimidad el mismo día que lo publicaba en la Gaceta Parlamentaria para su discusión en el pleno, luego de un mes de espera entre la votación y la publicación.

No sólo no se dio la interacción comunicativa esperada por los demócratas deliberativos sino que incluso, luego de modificado el dictamen y aprobado en la Cámara de Diputados para ser discutido en la de senadores, se encuentra una ruptura total de la interacción comunicativa, donde las partes en conflicto se refieren a objetivos totalmente distintos del proyecto de modificación legislativa.

Finalmente los grupos empresariales tienen de su parte una serie de factores en el ejercicio de sus recursos políticos como: a) el financiamiento; b) una organización previa de tipo empresarial; c) un mayor acceso a los medios tanto por su poder de convocatoria como por la contratación de publicidad; d) un tamaño más accesible para llegar a acuerdos entre diversos grupos empresariales; e) intereses comunes en lo fundamental; y f) un acceso especial al sistema estatal desde distintas esferas. Todas estas ventajas facilitan no sólo la formación de la acción sino incluso su mantenimiento a lo largo del tiempo para presentar en una segunda o tercera oportunidad las metas que en un primer momento no hayan logrado éxito.⁶⁸

 

Bibliografía

Alonso Piñeiro, Armando, El quinto poder: teoría y práctica del lobbying, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1992.         [ Links ]

Baños, Jessica, "Teorías de la democracia: debates actuales", en Andamios, vol. 2, núm. 4, junio de 2006, pp. 35–58.         [ Links ]

Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2000.         [ Links ]

––––––––––, "La pretensión de universalidad de la hermenéutica" en Jürgen Habermas, La lógica de las Ciencias Sociales, 1992, Madrid, Tecnos, pp. 279–306.         [ Links ]

––––––––––, "La problemática de la comprensión en las Ciencias Sociales" en Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social, Madrid, Taurus, 1988, pp. 147–196.         [ Links ]

––––––––––, "¿Qué significa pragmática universal?", en Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, México Rei, 1993.         [ Links ]

Held, David, Modelos de democracia, Madrid, Alianza Editorial, 1987.         [ Links ]

Instituto Federal Electoral, Plataformas electorales federales del año 2000, México, IFE, 2000, tomos 1 y 2 (disco compacto).         [ Links ]

Instituto Mexicano del Seguro Social, Memoria estadística 2000, México, IMSS, 2000.         [ Links ]

Lijphart, Arend, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Barcelona, Ariel, 2000.         [ Links ]

Macpherson, Crawford Brough, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza Editorial, 1977.         [ Links ]

Majone, Giandoménico, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, México, Fondo de Cultura Económica/Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1997.         [ Links ]

Manin, Bernard, "La democracia de los modernos. Los principios del gobierno representativo", en Sociedad, núm 6, abril de 1995, pp. 13–38.         [ Links ]

Martí, José Luis Martí, La república deliberativa. Una teoría de la democracia, Barcelona, Marcial Pons, 2006.         [ Links ]

Maynaud, Jean, Los grupos de presión, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1972.         [ Links ]

Mouffe, Chantal, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Barcelona, Paidós, 1999.         [ Links ]

––––––––––, La paradoja democrática, Barcelona, Gedisa, 2000.         [ Links ]

Partido Revolucionario Institucional, Agenda legislativa 2001–2003. Memoria de la conferencia de directivas de comisiones del grupo parlamentario del PRI, México, Palacio Legislativo de San Lázaro, 2003.         [ Links ]

Rawls, John, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1978.         [ Links ]

Przeworski, Adam, "Deliberación y dominación ideológica", en Jon Elster (comp.), La democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 183–206.         [ Links ]

Secretaría de Salud, Anuarios Estadísticos 1992–2000. Secretaría de Salud y servicio de salud en los estados, México, Secretaría de Salud, 1993–2001.         [ Links ]

Sell, Susan, Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.         [ Links ]

 

Leyes, tratados y diarios oficiales

Ley de Propiedad Industrial (24 de abril del 2003), en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. LVIII Legislatura, Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio, año III, sesión 15, volumen II, 24 de abril del 2003, pp. 155–276.         [ Links ]

–––––––––– (28 de abril del 2003), en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. LVIII Legislatura, Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio, año III, sesión 16, volumen III, pp. 279–430.         [ Links ]

–––––––––– (7 de octubre del 2003), versión estenográfica del debate en el Senado, en www.senado.gob.mx

Ley General de Salud, (4 de diciembre del 2002), en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. LVIII Legislatura, Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio, año III, sesión 32, volumen II, pp. 166–180.         [ Links ]

–––––––––– (19 de septiembre del 2003), en Diario Oficial de la Federación, Tomo DC, núm. 14. pp. 99–100.         [ Links ]

 

Hemerografía

Área de Análisis Económico, "Avanzó 8 por ciento la industria farmacéutica del país en el 2003", en El Financiero, México, miércoles 16 de febrero de 2004.         [ Links ]

Cano, Araceli, "Agudos contrastes en salud: Julio Frenk" en La Jornada, 24 de julio, México, 2002, p. 36.         [ Links ]

––––––––––, "Caos de precios en medicinas: Anafarmex", en El Financiero, México, domingo 12 de diciembre de 2003.         [ Links ]

––––––––––, "Genéricos intercambiables en el mercado", en La Jornada, México, domingo 26 de septiembre de 2003.         [ Links ]

––––––––––, "Grandes laboratorios son subsidiados por los gobiernos para crear nuevos fármacos", en La Jornada, México, sábado 2 de octubre de 2003, p. 48.         [ Links ]

––––––––––, "Peligra el boom de medicamentos similares", en El Financiero, México, sábado 11 de septiembre de 2003, p. 23.         [ Links ]

––––––––––, "Venden fármacos que no han probado eficacia: SSA ", en La Jornada, México, miércoles 26 de agosto de 2002, p. 8.         [ Links ]

Cruz, Ángeles, "Patentes de medicamentos, tema clave en la reunión de la OMC en Cancún", en La Jornada, México, lunes 16 de agosto de 2003, p. 21.         [ Links ]

––––––––––, "Víctor González Torres defiende la calidad de medicamentos similares", en La Jornada, México, domingo 3 de octubre de 2003.         [ Links ]

Galán, José, "Crecen ganancias de transnacionales con el saqueo de la riqueza genética: especialistas", en La Jornada, México, viernes 25 de junio de 2003, p. 46.         [ Links ]

Jalife, Daher Mauricio, "De la farmacia", en El Financiero, México, viernes 16 de julio de 2003, p. 35.         [ Links ]

––––––––––, "Deforma al sistema de patentes", en El Financiero, México, viernes 27 de agosto de 2003, p. 37.         [ Links ]

––––––––––, "Patentes de vida o muerte", en El Financiero, México, martes 13 de agosto de 2003, p. 39.         [ Links ]

––––––––––, "Similares, genéricos y patentados", en El Financiero, México, 18 de junio de 2003, p. 39.         [ Links ]

La Jornada, México, jueves 12 de agosto de 2003.         [ Links ]

López, Alma, "El seguro popular detonará las ventas de cadenas farmacéuticas", en El Financiero, México, sábado 4 de septiembre de 2003, p. 18.         [ Links ]

––––––––––, "Farmacéuticas invertirán 400 mdd en México", en El Financiero, México, domingo 13 de febrero de 2004, p. 13.         [ Links ]

––––––––––, "Goza de buena salud el mercado de genéricos intercambiables", en El Financiero, México, viernes 3 de septiembre, 2003, p. 29.         [ Links ]

––––––––––, "México, atractivo mercado para las medicinas genéricas", en El Financiero, México, viernes 8 de octubre de 2003, p. 33.         [ Links ]

––––––––––, "Se contrae mercado de medicamentos", en El Financiero, México, viernes 13 de agosto de 2003.         [ Links ]

––––––––––, "Se propone México extirpar la falsificación de medicamentos", en El Financiero, México, sábado 18 de septiembre de 2003, pp. 18–20.         [ Links ]

Martínez, Antonio, "¿Doctor Simi para Presidente?", en Reforma–Enfoque, México, martes 14 de diciembre de 2003, pp. 16–17.         [ Links ]

Martínez, Ernesto, "Remedios tradicionales, único recurso para 30 millones de mexicanos", en La Jornada, México, martes 17 de noviembre de 2002, p. 44.         [ Links ]

Ribeiro, Silvia, "Espejitos de colores y caracoles en Cancún", La Jornada, México, martes 29 de julio de 2003, p. 18.         [ Links ]

––––––––––, "Genéricamente hipócritas", en La Jornada, México, viernes 18 de abril de 2003, p. 24        [ Links ]

––––––––––, "Gran liquidación: oligopolios 2003", en La Jornada, México, lunes 24 de enero de 2004.         [ Links ]

––––––––––, "Sobredosis de ganancias", en La Jornada, México, lunes 22 de junio de 2002.         [ Links ]

Ruiz Marrero, Carmelo, "El negocio de la salud", en La Jornada–Masiosare, núm. 322, México, martes 22 de febrero de 2004, p. 12.         [ Links ]

Servín, Magaña Rosalía, "Acelerará doctor Simi la cruzada a favor de medicinas", en El Financiero, México, sábado 10 de julio de 2003.         [ Links ]

––––––––––, "Con la reforma de ley, convierten en obligatorio el seguro popular", en El Financiero, México, jueves 29 de abril de 2003, p. 51.         [ Links ]

Vega, Margarita, "Objetan diputados avances en salud", en Reforma, México, jueves 19 de septiembre de 2000.         [ Links ]

––––––––––, "México, la décima entidad económica del mundo", en El Financiero, México, jueves 13 de agosto de 2002.         [ Links ]

––––––––––, "Empresas transnacionales acaparan 90 % de las patentes de biotecnología", en La Jornada, México, lunes 28 de junio de 2003, p. 41.         [ Links ]

––––––––––, "Farmacias de similares e IMSS en los juzgados", en La Jornada, México, viernes 17 de julio de 2003.         [ Links ]

 

Mesografía

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en www.canifarma.org.mx        [ Links ]

Grupo por un País Mejor, en www.porunpaismejor.com.mx        [ Links ]

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en www.inegi.gob.mx        [ Links ]

Ley General de Salud, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf        [ Links ]

Ley de Propiedad Industrial, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf        [ Links ]

 

Entrevistas del autor

José Antonio Arevalo González, diputado por el PVEM de la LVIII Legislatura y creador del proyecto de modificación al artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, jueves 17 de febrero de 2004.

Diego Cobo Terrazas, diputado por el PVEM de la LVIII Legislatura, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y defensor del proyecto del PVEM en el pleno, viernes 11 de febrero de 2004.

Manuel Figueroa, coordinador general de Letra S, jueves 17 de marzo de 2004.

Víctor García Lizama, vicepresidente del Grupo por un País Mejor. Impulsores del proyecto del PVEM, viernes 25 de febrero de 2004.

Víctor Gómez, director de comunicación corporativa del grupo Novartis, jueves 3 de marzo de 2004.

Rafael Gual Cossío, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF), jueves 24 de febrero de 2004.

Francisco Patiño Cardona, Diputado por el PRD de la LVIII legislatura, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y defensor del proyecto del PVEM en el pleno, domingo 20 de febrero de 2004.

Mónica Serrano, diputada por el PAN en la LVIII Legislatura, lunes 26 de abril de 2004.

María Del Carmen Villafaña, presidente de la Fundación Best y de la Asociación de Médicos Mexicanos en Defensa de la Salud y la Economía Familiar. Impulsores del proyecto del PVEM, domingo 20 de febrero de 2004.

Marco Antonio Xicoténcatl, senador por el PAN en la LVIII–LIX Legislatura y detractor de la reforma en el pleno, sábado 19 de febrero de 2004.

 

Notas

^* Este documento fue desarrollado gracias a los auspicios del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradezco los comentarios de Gilberto Alvide, José Luis Velasco y Noemí Luján quienes alimentaron este texto. Todos los yerros provienen del suscrito.

¹ Entiendo por modelo, una construcción teórica destinada a exhibir y explicar las relaciones reales que subyacen a las apariencias existentes entre los fenómenos que se estudian. Para hablar de modelos de democracia son útiles: Crawford Brough Macpherson, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza Editorial, 1977; David Held, Modelos de democracia, Madrid, Alianza Editorial, 1987 y Arend Lijphart, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Barcelona, Ariel, 2000.

² Debo aclarar que el cuadro es solamente ilustrativo, busco poner algunos ejemplos pero, de ninguna manera, pretendo sintetizar el debate entre los diversos modelos de democracia.

³ Bernard Manin, "La democracia de los modernos. Los principios del gobierno representativo", en Sociedad, núm. 6, abril de 1995.

⁴ Chantal Mouffe, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Barcelona, Paidós, 1999.

⁵ Jessica Baños, "Teorías de la democracia: debates actuales", en Andamios, vol. 2, núm. 4, junio de 2006.

⁶ Jürgen Habermas, "La pretensión de universalidad de la hermenéutica", en J. Habermas, La lógica de las Ciencias Sociales, Madrid, Tecnos, 1992.

⁷ J. Habermas, "La problemática de la comprensión en las Ciencias Sociales" en J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social, Madrid, Taurus, 1988.

⁸ J. Habermas, "¿Qué significa pragmática universal?", en J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previo, México, Rei, 1993.

⁹ John Rawls, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 654.

¹⁰ José Luis Martí, La república deliberativa. Una teoría de la democracia, Barcelona, Marcial Pons, 2006.

¹¹ Este segundo momento democrático también es analizado por los modelos substancial y participativo de la democracia. En cambio, el modelo preponderante, el representativo–procedimental, da prioridad al primer momento democrático: la elección.

¹² Esto es evidente en la obra de Habermas, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2000.

¹³ C. Mouffe, op. cit.

¹⁴ C. Mouffe, La paradoja democrática, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 24–25.

¹⁵ En un análisis de la democracia deliberativa, Przeworski llega a una conclusión semejante: las relaciones dentro de la deliberación no dejan de ser relaciones de poder, pues " [...] la deliberación puede llevar a la gente a sostener creencias que no corresponden a sus mejores intereses [...] la deliberación puede llevar a la dominación ideológica en el sentido de Gramsci". Vid. Adam Przeworski, "Deliberación y dominación ideológica", en Jon Elster (comp.), La democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa, 2000.

¹⁶ David Truman, Arthur Bentley, Jean Meynaud, H. Eckstein, Orlando Key, Jacqueline de Celis y Robert Dahl, por mencionar algunos, son muestras del desarrollo del análisis de los factores reales de poder desde principios del siglo XX.

¹⁷ Jean Meynaud, Los grupos de presión, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1972, p. 9.

¹⁸ Ibid, p. 11.

¹⁹ Idem.

²⁰ Ibid, p. 5.

²¹ Este grupo está integrado por cinco empresas y otras tantas instituciones no lucrativas: 1) Laboratorios Best, S. A. de C. V. (1953), que es una empresa que se dedica a fabricar medicamentos genéricos, algunos con pruebas de intercambiabilidad y otros sin dichas pruebas (similares). Este laboratorio no hace trabajo de innovación farmacéutica. 2) Plásticos Farmacéuticos, S. A. de C. V. (1987), empresa que produce los envases para los medicamentos de Farmacias Similares. 3) Farmacias Similares, S. A. de C.V. (1997), que es una cadena de farmacias. 4) Transportes Farmacéuticos Similares, S. A. de C.V. (1999), que es una empresa dedicada a la distribución de los medicamentos que comercializa Farmacias Similares en México. 5) SIMIMEX, S. A. de C. V. (2002), que es la empresa encargada de la imagen del Dr. Simi. 6) Fundación Best, A. C. (1994), institución conformada por cuatro divisiones: asistencial, consultorios médicos, dispensarios médicos y estudios clínicos. La primera brinda ayuda en especie y/o económica a instituciones de asistencia social; la segunda tiene a su cargo una serie de consultorio médicos; la tercera tiene como objetivo instalar dispensarios en las zonas de mayor marginación del país y la cuarta realiza estudios clínicos. 7) Movimiento Nacional Anticorrupción, A. C. (1996). 8) Asociación de Médicos Mexicanos en Defensa de la Salud y la Economía Familiar, A. C. (2000), que actualmente la integran 2,500 asociados. 9) Fundación Niños de Eugenia, A. C. (2002), que es una casa hogar para niños de la calle. 10) VIVOZ Fundación Mexicana en Defensa de los Seres Vivos A.C. (2003), cuyo objetivo es lograr soluciones a los problemas ecológicos.

²² Es importante mencionar que existen medicamentos innovadores que provienen de la investigación de los laboratorios y que tienen vigente la patente de propiedad industrial correspondiente; al lado de ellos están los medicamentos genéricos respecto de los cuales se han hecho pruebas de biointercambiabilidad o bioequivalencia con los medicamentos innovadores previamente a que salgan al mercado y después de que ha fenecido la patente de los medicamentos innovadores. Por último, tenemos a los medicamentos genéricos que no tienen las pruebas de biointercambiabilidad o bioequivalencia y que se les denominó similares. Mauricio Jalife Daher, "Similares, genéricos y patentados", en El Financiero, México, 18 de junio de 2003, p. 39.

²³ El establecimiento de una licencia pública implica la posibilidad de producir el objeto patentado por una persona distinta al titular de la patente por lo que es una excepción al derecho de exclusividad.

²⁴ De acuerdo a Rafael Gual Cossio, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF), entrevistado por el autor el jueves 24 de febrero del 2004.

²⁵ Cuando países como Sudáfrica o Brasil intentaron utilizar estas excepciones fueron boicoteados por las multinacionales y amenazados por Estados Unidos de establecer paneles de disputas ante la OMC (Silvia Ribeiro, "Espejitos de colores y caracoles en Cancún", en La Jornada, México, martes 29 de julio de2003, p. 18) También se han establecido acuerdos paralelos que buscan reducir los ámbitos de aplicación de las excepciones a las patentes como el número de enfermedades a tan solo la malaria, la tuberculosis y el SIDA (incluso cuando se dieron a conocer los casos de SARS y neumonía atípica se hizo la aclaración de que no se otorgarían excepciones para estas dos enfermedades porque no habían entrado al acuerdo previo). Asimismo, se estableció que las razones de salud pública sólo operan cuando impliquen un caso de emergencia o pongan en peligro la seguridad nacional, evaluación que siempre puede ser discutida y contra–argumentada en juicio. Finalmente se ha establecido que los grupos de países que pueden aplicar las excepciones son sólo los menos desarrollados, es decir, los 48 extremadamente pobres según las Naciones Unidas. Estos elementos son los que se encontraban en discusión en la reunión de la OMC en Cancún en septiembre del 2003 –además de la reducción de aranceles en la agricultura– y respecto de los cuales no hubo ningún acuerdo. En específico había una iniciativa consensuada por 145 países que consistía en permitir que laboratorios copien los medicamentos innovadores con patentes vigentes para combatir enfermedades como el SIDA, la tuberculosis y el paludismo y los vendan a países pobres. Pero Estados Unidos aún se opone a esta fórmula (Ángeles Cruz, "Patentes de medicamentos, tema clave en la reunión de la OMC en Cancún", en La Jornada, México, lunes 16 de agosto de 2003, p. 21).

²⁶ S. Ribeiro, "Sobredosis de ganancias", en La Jornada, México, lunes 22 de junio de 2002.

²⁷ S. Ribeiro, "Genéricamente hipócritas", en La Jornada, México viernes 18 de abril de2003, p. 24.

²⁸ Idem.

²⁹ Cifras según Rafael Gual Cossio, op. cit. Área de Análisis Económico, "Avanzó 8 por ciento la industria farmacéutica del país en el 2003", en El Financiero, México, miércoles 16 de febrero de 2004.

³⁰ Ángeles Cruz, "Víctor González Torres defiende la calidad de medicamentos similares", en La Jornada, México, domingo 3 de octubre de 2003.

³¹ Alma López, "Se contrae mercado de medicamentos", en El Financiero, México, viernes 13 de agosto de 2003, p. 20.

³² A. López, "Goza de buena salud el mercado de genéricos intercambiables", en El Financiero, México, viernes 3 de septiembre, 2003, p. 29.

³³ Vid. la página web de esta empresa en www.novartis.com.mx.

³⁴ Giandoménico Majone, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, México, FCE/ Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1997.

³⁵ Ibid., p. 41.

³⁶ Declaración de Víctor Gómez, director de comunicación corporativa del grupo Novartis, entrevistado por el autor el jueves 3 de marzo del 2004.

³⁷ Sobre este punto, nuevamente V. Gómez es claro: "Los medicamentos no se valoran por el signo de pesos que aparece en las cajitas, el verdadero valor de los medicamentos está cuando hablamos de cuántos días más de vida te va a dar, cuántas visitas al médico te va a ahorrar, cuántas idas al hospital vas a dejar de tener, cuántos días de incapacidad menos vas a tener, cuánta calidad de vida vas a tener... cuando está siendo tratado con un medicamento estamos hablando de un paciente que se reintegra a su vida laboral, un paciente que tiene una vida normal, es un paciente que en lugar de estar incapacitado está produciendo y cuando hace la suma de uno y otro dice bueno está saliendo el medicamento aparentemente caro pero si no lo hubiera gastarías más dinero." (ibid.).

³⁸ Vid. www.canifarma.org.mx

³⁹ Por ejemplo, el laboratorio Novartis nos informó que acababan de lanzar un medicamento denominado Glivec para un tipo de cáncer en la sangre; este producto es derivado del conocimiento fármaco–genómico y cuesta alrededor de 20 mil pesos mensuales el tratamiento. De no existir este medicamento, el tratamiento al enfermo consistiría en una serie de quimioterapias y muchas consultas al médico y estancias hospitalarias. En cambio, con este nuevo medicamento, a las tres semanas el enfermo se está reincorporando a la vida social. Lo que hizo esta compañía en México, y en otros muchos países, fue darlo a aquellos que no tenían dinero para comprarlo y que no tuvieran tampoco seguridad social. Este programa es administrado por AMANC y Sólo por Ayudar (ibid.).

⁴⁰ Inserción pagada en La Jornada, México, jueves 12 de agosto de 2003, p. 10.

⁴¹ En este sentido, el informe elaborado por el IMSS correspondiente al año 2002 explica que en la actualidad enfermedades como el cáncer, los padecimientos cardiovasculares, el SIDA, la diabetes y las neuropatías afligen sólo al dos por ciento de los derechohabientes del IMSS pero absorben el 25 por ciento de los gastos médicos (vid. www.imss.gob.mx).

⁴² A. López, "Se contrae mercado de medicamentos"... op.cit.

⁴³ Cifras según R. Gual Cossio, op. cit.

⁴⁴ A. López, "Se contrae mercado de medicamentos"... op.cit.

⁴⁵ A. López, "Se propone México extirpar la falsificación de medicamentos", en El Financiero, México, sábado 18 de septiembre de 2003, p. 18.

⁴⁶ Porcentaje según V. Gómez, op. cit.

⁴⁷ A. López, "Farmacéuticas invertirán 400 mdd en México", en El Financiero, México, domingo 13 de febrero de 2004, p. 13.

⁴⁸ Cifras según R. Gual Cossio, op. cit.

⁴⁹ Carmelo Ruiz Marrero, "El negocio de la salud", en La Jornada–Masiosare, núm. 322, México, martes 22 de febrero de 2004, p. 12.

⁵⁰ Con respecto del plazo de recuperación de la inversión no hay datos duros a los que se pueda recurrir y, por el contrario, existe una serie de comentarios que los fijan desde un día hasta un año de venta mundial. Seguramente el tiempo de recuperación depende de cada medicamento a partir de la inversión específica y de sus niveles de demanda. Como ejemplo de personas que afirman que los laboratorios recobran su inversión en el primer año de venta, tenemos al presidente del laboratorio canadiense ACIC Fine Chemical Inc., Luciano Calenti, así como al vicepresidente del Grupo por un País Mejor, Víctor García Lizama para quien "... el cierto caso es que cuando sale el producto, en el primer año de venta recuperan con creces cualquier gasto porque se venden cientos de millones de dólares en la venta de ese producto en el primer año. Por lo cual si tomamos en consideración que el proyecto en sí no tiene un costo mayor, la utilidad es enorme, y esa utilidad enorme fácilmente cubre los 700 u 800 o mil millones de dólares que hubieran gastado en la formación". (Declaraciones de Víctor García Lizama, vicepresidente del Grupo por un País Mejor, Impulsores del proyecto del PVEM, entrevistado por el autor el viernes 25 de febrero del 2004). En este mismo sentido, la investigadora Silvia Ribeiro ejemplifica con el Viagra que, en su primer año en el mercado, vendió más de 700 millones de dólares mientras que en el tercer año superó los mil millones de venta anual (S. Ribeiro, "Sobredosis de ganancias"... op. cit.).

⁵¹ Al respecto, nos comenta Carmen Villafaña, presidente de Fundación Best, que "... el 80 o 90 por ciento de las moléculas están descubiertas ya, y lo único que hacen es cambiar un radical, un oxígeno o un hidrógeno y con eso salen y protegen la otra patente..." (Declaraciones de María del Carmen Villafaña, presidente de la Fundación Best y de la Asociación de Médicos Mexicanos en Defensa de la Salud y la Economía Familiar, Impulsores del proyecto del PVEM, entrevistada por el autor el domingo 20 de febrero del 2004.). En este mismo sentido, explica Ribeiro que más del 90 por ciento de los medicamentos nuevos que producen los laboratorios transnacionales son copia de los que ya existían con alguna modificación menor que les permita sacar una nueva patente y prolongar el derecho de exclusividad (S. Ribeiro, "Genéricamente hipócritas"... op.cit.). En específico, la Oficina de Evaluación Tecnológica de Estados Unidos observó, en un estudio realizado en 1993, que de los 348 fármacos lanzados por 25 compañías en un periodo de siete años, el 97 % eran copias de otros que ya estaban en el mercado para mantener la patente (S. Ribeiro, "Sobredosis de ganancias"... op.cit.). Un ejemplo práctico lo señala Jalife quien, haciendo un estudio del tratamiento de la osteoporosis, encontró que "los laboratorios nacionales que fabrican o importan el producto sostienen que la patente que amparaba la molécula de alendronato concluyó su vigencia desde abril del 2002. Sin embargo, argumentando un régimen de excepción, su titular Merck habría pretendido extender su vigencia por tres años más. Habiendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declinado la petición, la producción de alendronato en el país puede considerarse como liberada. Sin embargo, basándose ahora en una segunda patente de método, Merck ha manifestado su oposición a la comercialización de productos por terceros en presentaciones de determinados gramajes, argumentando que es la única facultada para fabricar el medicamento en presentaciones de 35, 70 y 140 miligramos" (M. Jalife Daher, "Patentes de vida o muerte", en El Financiero, México, martes 13 de agosto del 2003, p. 39.).

⁵² Al respecto, Villafaña nos pone los siguientes ejemplos: "el naitol famoso... yo lo uso hace 25 años y se utilizaba para las náuseas y como reacción secundaria te da sueño y entonces ahora yo lo patento como un inductor del sueño. Otro, el Viagra, éste es un medicamento que fue descubierto para la hipertensión arterial y como reacción secundaria se vio que favorecía la circulación a nivel de los cuerpos cavernosos y favorecía la erección, lo patento para la impotencia sexual [...]" (Declaraciones de M. C. Villafaña, op. cit.). Asimismo, explica Ribeiro que "los farmacéuticos para humanos son patentados con otro nombre alegando uso veterinario, y las empresas inventan afecciones en las mascotas. Novartis vende un antidepresivo humano con otro nombre para atender la ansiedad de separación canina. El departamento de salud animal de Novartis afirma que más de siete millones de perros en Estados Unidos sufren de ansiedad por separación. Pfizer vende productos para mal de Parkinson, rebautizados para perros con problemas de vejez [...]" (S. Ribeiro, "Gran liquidación: oligopolios 2003", en La Jornada, México, lunes 24 de enero del 2004.).

⁵³ Armando Alonso Piñeiro, El quinto poder: teoría y práctica del lobbying, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1992.

⁵⁴ Testimonio de V. García Lizama, op. cit.

⁵⁵ Instituto Federal Electoral, Plataformas electorales federales del año 2000, México, ife, 2000, tomos 1 y 2 (disco compacto).

⁵⁶ Testimonio de Diego Cobo Terrazas, diputado por el PVEM de la LVIII Legislatura, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y defensor del proyecto del PVEM en el pleno, entrevistado por el autor el viernes 11 de febrero del 2004.

⁵⁷ Según Manuel Figueroa, coordinador general de Letra S, entrevistado por el autor el jueves 17 de marzo de 2004.

⁵⁸ B. Manin, op. cit.

⁵⁹ El artículo 77 quedó como sigue:

Por causas de emergencia o seguridad nacional o en los casos de enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, y mientras duren éstas, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

La Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y de calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia, así como la calificación de la capacidad técnica del solicitante. El Instituto establecerá, escuchando a ambas partes, un monto razonable de las regalías que correspondan al titular de la patente.

La concesión podrá abarcar una o todas de las prerrogativas a que se refieren las fracciones I o II del artículo 25 de esta Ley.

Salvo la concesión de licencias de utilidad pública a que se refieren los párrafos segundo y tercero de este artículo, para la concesión de las demás licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72. Ninguna de las licencias consideradas en este artículo podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles.

Vid. "Ley de Propiedad Industrial", en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. LVIII Legislatura, Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio, año III, sesión 15, volumen II, 24 de abril del 2003, p. 155–276.

La ley puede ser consultada in extensis en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf N.E.

⁶⁰ Este Consejo depende directamente del presidente de la República y está integrado por el secretario de Salud, un secretario y trece vocales, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Cirugía y los vocales que su propio reglamento determine.

⁶¹ Eficiencia que puede atenuarse dependiendo de si el poder fáctico actúa en un país capitalista subdesarrollado y, en consecuencia, más dependiente y con un gobierno menos autónomo que un país capitalista desarrollado y estable.

⁶² Explica el senador por el PAN, Marco Antonio Xicotencatl, que "De hecho, lo que nosotros estábamos analizando [refiriéndose a la bancada del PAN] era precisamente los riesgos internacionales, ver si convenía o no manejarlos, pero también estábamos muy interesados en cuáles serían los efectos económicos y los efectos de salud en ambos sentidos. Nosotros consideramos que era importante mantener los acuerdos internacionales, consideramos que hay cosas en las que no debemos de fallar [...] lo que queríamos era garantizar que la propiedad de los medicamentos, la propiedad intelectual de la producción de los medicamentos quedara conservada [...] de esta manera nosotros quedamos sí incluidos dentro de los avances que en materia farmacéutica se vayan dando. De otra forma, tenemos ejemplos en el mundo, en donde los acuerdos farmacéuticos no se dan porque no hay el respeto a la Ley de la Propiedad Industrial" (declaraciones de Marco Antonio Xicotencatl, senador por el PAN en la LVIII– LIX Legislatura y detractor de la reforma en el pleno, entrevistado por el autor el sábado 19 de febrero de 2004). Al respecto, confirma el director general de Merkc Sharp & Dohme, el tercer más importante laboratorio farmacéutico transnacional, y presidente de la Canifarma, José Luis Román–Pumar, que "[...] las empresas globales ubican sus inversiones en los países cuya certeza jurídica y marcos regulatorios les permitan predecir un mejor futuro y mayor éxito comercial. Cuando se decide invertir aquí [refiriéndose a México], es a costa de no hacerlo en otros países de la región, como Brasil, Argentina, o los de Centroamérica, precisamente porque no tienen una ley de propiedad industrial e intelectual [...] Destaca que la certidumbre legal se traduce en empleos, transferencia tecnológica y derrama económica". (A. López, "Goza de buena salud el mercado...", op. cit.).

⁶³ Testimonio de Francisco Patiño Cardona, diputado por el PRD de la LVIII Legislatura, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y defensor del proyecto del PVEM en el pleno, entrevistado por el autor el domingo 20 de febrero del 2004.

⁶⁴ Testimonio de R. Gual Cossio, op. cit.

⁶⁵ Testimonio de M. C. Villafaña, op. cit.

⁶⁶ Un ejemplo del desconcierto de los actores que estaban a favor de la propuesta del PVEM. lo representa Carmen Villafaña, quien afirma que: "... nos mandó llamar curiosamente porque les interesaba nuestro punto de vista médico [...] cuando yo platico con ella me dijo: [...] yo creo que no podemos modificar el artículo 23 sino el que se tiene que modificar es el 77 para que así no solamente se dé el beneficio solo a los pacientes con SIDA y cáncer sino a otras enfermedades graves [...] se puede dar el beneficio al paciente con hepatitis c, al paciente que tiene enfermedades crónico degenerativas [...] empezamos a ver que se empieza a retrasar y que no la pasan y que estaba agendada y no la pasan, y la vuelven a agendar y no la pasan, y se acababa ya el periodo legislativo de esta cámara, es decir había elecciones y ya iban a salir [...] en ese momento ella nos recibe en el salón de quejas de la cámara y, junto con otros miembros de su comisión, nos dicen que sí la van a pasar ese día pero que le habían hecho unas modificaciones. ¿A razón de qué? y ella me decía que por que entonces estaban pensando en el SARS y yo le dije que en aquél entonces el SARS todavía no existía cuando lo platicamos y yo no entendía sus modificaciones y que eso a todas luces era una traición [...]" (M. C. Villafaña, op. cit). Otro ejemplo de la nueva interpretación que se daba a la modificación del artículo 77 de la LPI es el caso de la Canifarma. Rafael Gual, explica que la modificación a dicho artículo: "[...] permitía el licenciamiento obligatorio a terceras empresas o terceras personas cuando había alguna causa de emergencia o seguridad nacional. Esto estaba referido a cuando existe un desastre natural por ejemplo, o cuando existe una enfermedad como el SARS donde no hay suficiente capacidad para producir un medicamento patentado que se pudiera dar una licencia temporal para que otras empresa pudieran fabricar este mismo producto, y cubrir de esta manera la emergencia, así estaba el artículo 77. La modificación que se le hizo fue puntualizar que dentro de estos casos de emergencia o seguridad nacional, que no especificaba el tema de enfermedades, se explicitara digamos, y esta es la modificación que se hizo finalmente al artículo 77". (R. Gual Cossio, op. cit.).

⁶⁷ Por ejemplo, para la diputada panista Mónica Serrano la posible salida de capitales no era una medida de presión: "No, no aquí lo que se sentía era por el contrario, o sea, Canifarma no estaba presionando a la Comisión, más bien quien estaba presionando a la Comisión eran los de productos similares que hasta hicieron una marcha [...] y hacían reuniones cada mes donde invitaban a la asociaciones en pro de la vida, con aspectos humanistas pero bajo mercadotecnia porque aquí lo que se vio fue una gran mercadotecnia [...]" (testimonio de Mónica Serrano, diputada por el PAN en la LVIII Legislatura, entrevistada por el autor el lunes 26 de abril de 2004).

⁶⁸ De hecho, Farmacias y Similares de la mano con el PVEM presentó nuevamente esta propuesta legislativa y logró que fuera aprobada el 7 de diciembre del 2005 gracias a su nueva coalición con el PRI. Asimismo, el PRI presentó el 24 de enero de 2007 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una nueva iniciativa a la LPI para reducir las patentes farmacéuticas de 20 a 10 años.