Por lo menos desde hace veinte años viene creciendo de manera alarmante la exigencia por parte de instituciones y revistas académicas de alta reputación (reconocidas en listas blancas) para garantizar prácticas éticas en la publicación científica. Esto se acompaña de la exigencia de gobiernos, universidades e instituciones de todo el mundo por aumentar la producción del conocimiento en todas las áreas del saber. Lo anterior parece responder al hecho de que los académicos deben justificar ante la sociedad -en forma de productos finales de investigación- su trabajo cotidiano y, más aún, los ingresos y financiamientos que reciben de los contribuyentes. Es decir, la sociedad, representada por esos organismos, les exige a los académicos que demuestren de manera concreta la utilidad científica y social de su trabajo. De este modo se han creado índices de productividad y de competitividad y recompensas económicas a instituciones y académicos.

La comprobación de estos resultados determina prestigio, subsidios y asignaciones económicas a las instituciones y contrataciones, promociones e ingresos totales o compensatorios a sus académicos. Así, prestigio y dinero, en última instancia, determinan el actuar de los participantes. A mejores indicadores de productividad mayores recursos. Esto ha generado una dinámica imparable de productivismo en la actividad académica y científica que muchas veces pierde de vista la naturaleza benevolente y altruista que la debería justificar.

La práctica docente tampoco es ajena a estas métricas y sistemas compensatorios. La eficiencia terminal, las calificaciones promedio de los estudiantes y las evaluaciones que éstos hacen a los docentes también participan en el sistema. De esta manera, todo el sistema educativo de nivel superior, la investigación y las publicaciones académicas son sometidos a evaluaciones constantes por parte de diversas instituciones, lo cual determina premios y castigos para todos los participantes en todas las actividades que en principio deberían estar determinadas por el altruismo y la virtud. De ser este el caso, la moral aristotélica sería predominante.

El problema al que nos enfrentamos en la vida real es que cada vez hay más cuestionamientos sobre estas prácticas -muchas veces calificadas de antiéticas- debido a que la existencia de incentivos económicos y de prestigio ha hecho que todos los participantes, absolutamente todos, hayan caído de forma creciente en prácticas esencialmente criticadas por Nietzsche.²

Como sabemos, mientras que Aristóteles se preocupaba por definir las conductas humanas que hacían el bien al basarse en la virtud, Nietzsche consideraba que era una falacia creer en la existencia de acciones buenas que se consideren morales,³ dado que el móvil de la conducta humana es el instinto de conservación, particularmente basado en la búsqueda del placer y la evitación del dolor (^{Rojas, 2017, p. 960}).

Aplicado a nuestro objetivo, Nietzsche criticaría a la moral aristotélica del mundo académico e intelectual al plantear que el mundo real está regido por la búsqueda inmediata de beneficios y no necesariamente por la virtud, entendida en el sentido judeo-cristiano.

El individuo práctico del mundo contemporáneo -aunque muy probablemente así haya sido siempre- rige su conducta por lo que le reporta mayor utilidad (prestigio y dinero) y no por la virtud, aun cuando ello le requiera incurrir en conductas inmorales.

Esta conducta que viene caracterizando al trabajo académico ha llevado a que los investigadores se vuelquen crecientemente a las publicaciones, más por el instinto criticado por Nietzsche que por el ideal aristotélico. De esta manera, la producción de libros, pero en particular de artículos científicos ha crecido de manera exponencial, al tiempo que también lo han hecho revistas de muy dudosa reputación (clasificadas en listas negras) que han querido capitalizar esta tendencia. A estas revistas se les ha llamado depredadoras (predatory journals).

Frente a la apremiante necesidad de publicar de los investigadores -las revistas en general, pero más aún esas revistas depredadoras- han visto un nicho de mercado muy importante que ha desembocado en dos prácticas altamente cuestionables. La primera refiere a que han proliferado miles de revistas⁴ que advirtiendo que siguen un proceso de revisión por pares (peer review)⁵ y que son de acceso abierto⁶ “abren sus páginas” a la gran oferta de artículos. Estas revistas, en su inmensa mayoría, utilizan nombres parecidos a revistas ya acreditadas y ofrecen revisiones express, no mayores a dos o tres semanas. Es común que incluso en cuestión de días acepten casi de forma incondicional los artículos que reciben y a cambio cobran “cuotas de publicación” que pueden oscilar entre 75 y 400 dólares y en caso de superar la extensión máxima cobran por páginas adicionales. Por estas características, en el mundo editorial se les han llamado revistas depredadoras y existen listas negras (^{Anderson, 2017})⁷ para advertencia de los autores, instituciones y sistemas de calificación.

Hay debates sobre el tamaño del problema. Por ejemplo, de acuerdo con ^{Economist (2018)}, Jeffrey Beall, bibliotecario de la Universidad de Colorado, compiló una lista que refiere unas 12 mil revistas. Utilizando otra lista (de Bo-Christer Björk, científico de la información en la Hanken School of Economics, en Helsinki) se estima que la cantidad de artículos publicados en revistas depredadoras ha aumentado de 53 mil en 2010 a más de 400 mil en la actualidad, y que el 6% de los trabajos académicos realizados por investigadores en Estados Unidos aparece en dichas revistas.

La segunda práctica altamente cuestionable es que muchas de las revistas académicas ya establecidas⁸ y con notable reputación⁹ se dan el lujo de cobrar de forma anticipada cuotas de inscripción para permitir el envío y, posteriormente, rechazan arbitraria e injustificadamente artículos de buena calidad debido a que tienen enorme afluencia de trabajos. En muchos casos, sus editores no dictaminan de acuerdo con los cánones establecidos y, en otros, de acuerdo con lecturas muy someras y faltas de rigor rechazan trabajos relevantes.

En el primer caso, son notables los eventos de artículos fraudulentos elaborados de forma expresa con propósitos de evidenciar su falta de rigor académico. Por otro lado, es común que publiquen artículos de calidad muy cuestionable o con resultados erróneos por el solo hecho de haber pagado las cuotas respectivas.

En efecto, la falta de revisión por pares de las revistas depredadoras corrompe la naturaleza de la ciencia al publicar resultados erróneos que pueden tener consecuencias humanitarias muy trascendentes. Para ilustrar la poca seriedad de algunas revistas, ^{Bohannon (2013)}, un periodista con un doctorado en biología molecular, escribió 304 versiones de un artículo con poco sustento científico,¹⁰ de manera deliberada, para probar la falta de seriedad de revistas Open Access. El autor describe que hay dos métodos de cobro: 1) el de recepción del artículo y 2) el pago una vez aceptado para publicación. Refiere que 154 revistas aceptaron el artículo, 98 lo rechazaron y 29 fueron abandonadas. De los 255 artículos que se sometieron al proceso de edición completo, aproximadamente el 60% de las decisiones finales se produjeron sin signos de revisión por pares. E incluso, de acuerdo con ^{Economist (2018)}, cuando recurrió a revistas en una lista blanca de acceso abierto, que supuestamente eran confiables, el 38% de los 167 que abordó cayeron en la trampa, lo que nos lleva incluso a cuestionar el dictamen doble ciego y pensar en dictámenes abiertos, aunque éstos últimos también han demostrado incurrir en prácticas basadas en intereses económicos.

Otro caso muy sonado con consecuencias humanitarias desastrosas es el de ^{Wakefield et al. (1998}), quien publicó resultados falsos con el fin de incidir en la cancelación de la aplicación de vacunas. Wakefield publicó en la prestigiada revista The Lancet¹¹ un artículo que asociaba la vacuna trivalente (sarampión, parotiditis y rubeola) con el aumento del riesgo de padecer autismo. Como consecuencia se dejó de aplicar la vacuna con el resultado de que años después se empezaron a ver casos de sarampión y paperas y, de forma secundaria, de tosferina y difteria. De hecho, hubo un brote importante de sarampión en el verano de 2018 en Europa Occidental. Con el tiempo se demostró no sólo que el investigador había mentido, maquillando los datos, sino que se había comprometido financieramente al recibir pagos de una organización antivacunas. The Lancet reconoció su error al no haber sido más estricta a la hora de revisar el artículo y lo retiró. La Asociación Médica Británica acusó a Wakefield y le prohibió ejercer en el Reino Unido.¹²

En el segundo caso, que refiere a las revistas de listas blancas que no siguen procedimientos justos de evaluación, se pierden productos valiosos que pueden ser de alta calidad y esto hace que frente a la prisa de los investigadores por evaluar o justificar sus empleos, acaben publicando en revistas depredadoras, con lo cual se genera un nefasto círculo vicioso que en nada beneficia a la actividad científica. Se cumple así la moral utilitarista mencionada por Nietzsche.

Por otro lado y no menos importante es el caso de la docencia en las universidades en las que muchos profesores, por concentrar sus esfuerzos en publicar,¹³ descuidan la calidad y puntualidad de sus cursos, y para no ser castigados por los alumnos regalan notas altas. Los alumnos hacen lo propio y cierran una mutua complicidad profesores-alumnos que desvirtúa totalmente lo que debería ser un apostolado y la mejor apuesta para su formación académica.

En suma, parecería que la tendencia de las últimas décadas es que todos los participantes incurren de forma creciente en conductas antiéticas que enturbian y prostituyen el quehacer académico y científico que debería estar caracterizado por la ética aristotélica.

Frente a ello, ha comenzado a plantearse la necesidad de realizar prácticas éticas en todas las actividades, no sólo las que competen a las ciencias experimentales (que involucran seres humanos y animales).¹⁴ En ese sentido, en diciembre de 2012 un grupo de editores de revistas académicas se reunió en San Francisco, California, y elaboró la Declaración de San Francisco que tiene que ver con la realización de prácticas adecuadas de evaluación de la investigación.¹⁵

Para los objetivos de este ensayo, en lo que sigue me concentraré exclusivamente en la práctica editorial. Los sistemas de evaluación de producción científica han detectado que es creciente el plagio, la simulación y la falta de originalidad de los escritos. En ese sentido, se han ido conformando comités y organismos que propugnan por las prácticas aristotélicas.

De esta suerte, cada vez es más común que las revistas no depredadoras se asocien a códigos internacionales de ética -y que los anuncien de forma expresa en sus líneas editoriales- que comprometen a los actores participantes (autores, revisores y editores) a ser morales. En ese sentido, integrado por voluntarios, en 1997 se fundó El Comité de Ética para Publicaciones (COPE, Committee on Publication Ethics) con el fin de consignar las faltas de ética en la investigación y en las publicaciones. Este organismo ofrece un foro de discusión y estipula recomendaciones generales y específicas para editores, autores y revisores científicos (^{COPE, 2006, p. 1}).¹⁶ Su objetivo es definir prácticas correctas y detectar y sancionar las que no lo son (^{COPE, 2006}). Incluso se advierten las penalizaciones y sanciones que deben aplicarse en caso de prácticas antiéticas. Este documento (^{COPE, 2006, p. 5}) establece las responsabilidades de los editores en caso de conductas inadecuadas: “los editores no deben simplemente rechazar documentos que susciten la posibilidad de una conducta inapropiada: tienen la obligación ética de investigar el caso (…). Los editores deben tomar con seriedad todas las acusaciones y sospechas de conducta inapropiada (…) deben decidir cuándo poner sobre aviso a los empleadores de los autores acusados”.

Asimismo, es muy común que muchas revistas, al momento de recibir un artículo para consideración, exijan a los autores firmar de forma expresa un compromiso de ética que -entre otras cosas- asegure:¹⁷ contenido original, inédito y de investigación, que no se envíe simultáneamente a otros medios. Que los autores firmantes deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su redacción y revisión. Que no existen conflictos de intereses y que hay reconocimiento institucional y de financiamiento. Que ninguno de los datos o resultados ha sido plagiado, inventado, manipulado o distorsionado. Que se identifican y citan las fuentes originales en las que se basa la información contenida (tablas, figuras, datos, etc.) en el artículo, así como las teorías y los datos procedentes de otros trabajos previamente publicados. Que los autores aceptan su versión final y están de acuerdo con su publicación y que no se ha omitido ninguna firma responsable del trabajo y se satisfacen los criterios de autoría científica.

Por si esto fuera poco, muchas revistas usan programas de cómputo especializados¹⁸ para detectar plagios de textos, a pesar de que los autores previamente se comprometieron a no incurrir en esta anomalía.