Buenas tardes.

Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a todos su presencia. También agradezco al director de la Facultad de Economía de la UNAM, Mtro. Eduardo Vega López, el haber organizado esta ceremonia.

Como suele suceder en Hollywood, durante la premiación de las mejores películas con los “Oscar”, quiero iniciar mi intervención agradeciendo a las personas que en diferentes momentos impulsaron y apoyaron mi nombramiento de Profesor Emérito que el 15 de diciembre del año pasado acordó otorgarme el Consejo Universitario de la UNAM.

Desde luego, quiero dar las gracias a los más de 25 profesores de tiempo completo-definitivos de la Facultad de Economía de la UNAM que presentaron y apoyaron mi candidatura ante la Comisión Dictaminadora de nuestra Facultad. También agradezco a los miembros de dicha comisión haber resuelto favorablemente y por unanimidad dicha candidatura, y a los miembros del Consejo Técnico de la Facultad también el que por unanimidad me hayan propuesto ante el Consejo Universitario de la UNAM. Finalmente, agradezco al Consejo Universitario el que por unanimidad me haya otorgado la distinción de Profesor Emérito. Varias personas hablaron a mi favor en el Consejo Estudiantil, entre otros, los consejeros estudiantiles Andrea Peña, Rodrigo Guerra y Hortensia Martínez. Gracias a todos.

A lo largo de todo este proceso muchas personas me apoyaron y ayudaron. Alfonso Anaya, hace ya más de un año, inicio formalmente el proceso. Lo continuó Eduardo Vega, quien a lo largo de más de un año estuvo en todo momento al pendiente de su marcha por los corredores de la UNAM. Conté, desde antes de que se iniciara este proceso, con el respaldo de Leonardo Lomelí, en ese entonces director de la Facultad de Economía, y por ello le agradezco su interés y su apoyo. Varios ex directores de la Facultad me apoyaron ante el Consejo Universitario.

Rosa Carmina Ramírez y personal de la Secretaría General de la Facultad me dio el respaldo logístico que me fue muy útil y, en especial, quiero agradecer a la licenciada Diana Rubalcaba; también Francisco Carmona siempre me ayudó y apoyo. Ángeles Trejo corrió con buena parte del trabajo de organizar la documentación y el currículum vitae que requiere el Consejo Universitario, y le agradezco su paciencia y el buen humor que tuvo para aguantar mi nerviosismo y mi impaciencia.

A todos ellos, una vez más mi agradecimiento.

Que agradable y estimulante ha sido trabajar tantos años en la Facultad de Economía de la UNAM, antes Escuela Nacional de Economía, a la que he visto crecer y mejorar durante varias décadas. Compartimos un sitio envidiable en el campus de Ciudad Universitaria. Somos afortunados y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta comunidad universitaria. Son muchas y de lo más variadas las actividades que día a día y en CU se llevan a cabo. Basta leer los lunes y los jueves de cada semana La Gaceta, para darse cuenta de lo que en la UNAM se hace y se ofrece. A partir de los intereses de cada uno de nosotros y de la forma en que organicemos nuestro tiempo, podremos aprovechar mejor lo que la UNAM ofrece. Hay actividades de todo tipo: académicas, conferencias y cursillos; culturales, cine, teatro, danza. Se puede practicar todo tipo de deportes y las instalaciones son adecuadas.

Nuestra Facultad está cada vez mejor equipada. Tenemos dos excelentes bibliotecas y acceso a internet sin límite. Se dispone de un Centro de Cómputo. Las aulas están bien equipadas. Se cuenta con cada vez mejores alumnos, preparados, bien informados, con habilidades y destrezas. La planta de profesores ha venido mejorando. Son varios de tiempo completo con buenos posgrados. Muchos de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Hemos disfrutado durante muchos años de buenos directores y personal de apoyo administrativo. En resumen, estamos entre una de las mejores facultades de economía de México. Y ese es el trabajo de muchos, de todos nosotros.

Ahora que estamos celebrando el centenario de la Constitución de 1917, quiero hacer brevemente referencia a lo que ustedes conocen y que ofrece enormes posibilidades para el estudio, la investigación y el trabajo que los economistas de nuestra Facultad podemos llevar a cabo. Estamos viviendo en México momentos difíciles, muchos mexicanos, más de cincuenta millones, viven en condiciones de pobreza. No cuentan con trabajo seguro. La economía no crece, está estancada. Necesitamos actuar, y ya, para superar los problemas.

No hay en la Constitución un capítulo económico. Si bien no hay un capítulo económico propiamente dicho, en la Constitución se establece, en diversos artículos, una muy amplia, sólida y diversa serie de facultades y obligaciones que le corresponden al Estado ―que se complementan entre sí, retroalimentándose―, para que la economía nacional se desenvuelva favorablemente en beneficio de la población. No se puede olvidar que en la Constitución, en su artículo tercero, se define a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.” Vamos a ver qué es lo que se puede hacer para que ello sea una realidad.

Nuestra actuación debe estar orientada a partir de lo que dispone la Constitución. Tendremos así el respaldo de la ley. Conforme al mandato constitucional, en México, la intervención del Estado en la economía tiene lugar y debe organizarse y llevarse a cabo a partir de varios principios programáticos, de los cuales hay que destacar los siguientes:

En primer lugar, se abandona la tesis liberal que presupone la igualdad política, económica y social entre las personas como punto de partida, para sustituirla por la tesis ―más avanzada socialmente― que plantea la igualdad como una meta de alcanzar. Y ello a través de la acción orientada y decidida del Estado.

En segundo lugar, el 10 de junio de 2011 se promulgó la reforma de 11 artículos de la Constitución y el cambio de denominación del capítulo primero de su título primero: “De las Garantías Individuales” a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Con esta reforma, cuyo núcleo residió en el artículo primero, se estableció el goce de los derechos humanos para todas las personas, tanto reconocidos en la propia Constitución como los consignados en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En el mismo artículo se establecieron nuevos criterios de interpretación de las normas y también nuevas obligaciones del Estado en la materia. En el párrafo tercero del artículo primero se asumieron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:

Universalidad. Los derechos humanos son exigencias éticamente justificadas y reconocidos “para todas las personas, independientemente de su preferencia sexual, edad, nacionalidad, grupo étnico, sexo, etcétera.” Ello implica que son aplicables a todas sociedades y pueblos sin excepción, pero considerando centralmente al “sujeto de derechos en su contexto y la interpretación de los derechos a partir de sus necesidades locales”.

Progresividad. Los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales deben ser considerados como piso mínimo. Es obligación del Estado buscar una satisfacción o realización mayor de cada uno de ellos. En consecuencia, “el Estado no podrá disminuir el grado alcanzado en el disfrute de los derechos”, lo que exige el máximo uso de recursos posibles.

Interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos integran un solo cuerpo y se sostienen en relación recíproca. “El disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos”. Por esta razón, los derechos humanos no admiten jerarquía interna.

En tercer lugar, por lo que respecta a los derechos sociales, en la Constitución se dice: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (…). “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (…). “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” (…). “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” (…). “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Y otros derechos más.

En cuarto lugar, en la Constitución (artículo 123) se establecen tesis, se asientan principios y se definen derechos de la clase trabajadora como tal y en su relación con el capital, haciendo al Estado responsable de velar por su cumplimiento.

En quinto lugar, en la Constitución (artículo 27) se establecen tesis y se precisan conceptos en torno a la “propiedad de las tierras y aguas dentro del territorio nacional” que “corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”, y ésta, la Nación, “tendrá en todo tiempo el derecho” de imponerle “las modalidades que dicte el interés público”. La Nación también tendrá en todo tiempo el derecho de “regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

En sexto lugar, para afirmar y darle contenido a la rectoría del Estado en el proceso de producción y distribución de mercancías y servicios ―conforme lo establece la Constitución―, el Estado se reserva la explotación y el desarrollo de una serie de actividades productivas, estratégicas para la buena marcha económica del país y, para algunas de ellas, establece el régimen de concesión a los particulares.

En séptimo lugar, en la Constitución (artículo 131) se señala que el Ejecutivo Federal puede ser facultado por el Congreso de la Unión para “regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país”.

En octavo lugar, en el artículo 25 se afirma que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación, y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución (…). Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado (…). El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”

Y, por último, en noveno lugar, en el artículo 26 se precisa que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Para avanzar en la construcción de nuestra democracia es indispensable trabajar con claridad de propósitos. A mi manera de ver, estos los encontraremos en los mandatos constitucionales, que siguen estando vigentes. Tan sólo hay que cumplir con lo que ordena nuestra Constitución. Hay mucho por hacer para superar la desigualdad en la distribución del ingreso, reducir la pobreza y promover el crecimiento económico y el empleo.

Muchas gracias.