La economía mexicana fue una de las economías que más creció en la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, a partir de la crisis de deuda de principios de la decada de 1980 el crecimiento se debilitó y no ha logrado recuperar el ímpetu perdido. Entre 1950 y 1981 la tasa de crecimiento exponencial del producto interno bruto per cápita a precios constantes (PIBpc) fue de 3.3%, mientras que el crecimiento entre 1982 y 2011 fue sólo de 0.5% (^{Feenstra, Inklaar y Timmer, 2015}). Para tener una dimensión del elevado costo del estancamiento económico nótese que si el PIBpc hubiera mantenido su crecimiento tendencial en el periodo 1982-2011, el PIBpc en 2011 sería 2.4 veces más alto de lo que fue efectivamente. Otro ejercicio interesante es observar que si tenemos en cuenta el periodo 1950-1977 (lo que implica excluir los años de crecimiento acelerado debido al descubrimiento de grandes reservas de petróleo), la tasa de crecimiento del PIBpc fue de 2.8%; por lo tanto, si este crecimiento se hubiese mantenido entre 1982 y 2011, el PIBpC en la actualidad sería al menos dos veces mayor. El efecto de la crisis de deuda también afectó al nivel del PIBpc, que volvió a alcanzar en 2004 los guarismos de 1982. De lo anterior se infiere que en los últimos 30 años hubo un proceso de divergencia con la economía estadounidense. En tanto que en 1981 el PIBpc mexicano equivalía al 44% del PIBpc del vecino país y en 2011 fue de sólo el 30%. La comparación se vuelve más espectacular si la hacemos respecto a Corea del Sur, ya que el PIBpc de México era 2.45 veces mayor al de esa economía en 1981 y de 45% en 2011.¹

¿Cuáles son las razones que explican por qué una economía que crecía de forma acelerada en un proceso de convergencia con las economías desarrolladas deja de hacerlo y se entrampa en una situación de ingreso medio y bajo crecimiento? Esta pregunta tiene una importancia toral en el debate actual sobre desarrollo económico, ya que economías de gran tamaño en términos absolutos -como China e India- están alcanzando niveles de ingreso per cápita similares al de economías que han caído en lo que se conoce como trampas de ingreso medio. ^{Felipe, Abdon y Kumar (2012)} y ^{Aiyar et ál . (2013)} muestran que América Latina es la región que concentra la mayor cantidad de países en una situación de trampa de ingreso medio. ^{Felipe, Abdon y Kumar (2012)} identifican que los países pueden estancarse en trampas de lento crecimiento con ingresos medios bajos y altos, si una vez que alcanzan esos niveles de ingreso mantienen esa categoría por más de 28 y 14 años respectivamente. De los 35 países que identifican en una trampa de ingreso medio (bajo o alto) casi el 40% se encuentran en América Latina y el 30% son de Medio Oriente y África del Norte, sólo hay 11 países de otras regiones. Según estos autores, Brasil y México -los dos países más grandes de América Latina- se encontraban en una trampa de ingreso medio bajo en el caso del primero y México estaba por caer en una trampa de ingreso medio alto. ^{Felipe, Abdon y Kumar (2012)} destacan que en el caso particular de México su economía alcanzaría un nivel de ingreso alto (se "recibiría" como una economía rica, siguiendo la nomenclatura utilizada en este tipo de literatura) recién en 2074 si mantuviera una tasa de crecimiento promedio igual a la del periodo 2000-2010.

Además de ser una región caracterizada por países entrampados con ingresos medios y lento crecimiento, América Latina es una región que se destaca por altos niveles de desigualdad del ingreso funcional y personal. En la década de los 2000 y en el primer lustro de los 2010 pareciera que existe evidencia empírica que refleja una mejora en la desigualdad del ingreso; sin embargo, el nivel continúa siendo elevado (^{CEPAL, 2014}). La dinámica de la desigualdad en el caso de México tiene elementos particulares que la destacan del resto de los países de América Latina. La desigualdad de la distribución personal del ingreso ha mejorado en México, como lo destaca ^{Ros (2015)}; entre las causas que se resaltan están las transferencias monetarias realizadas por el Gobierno Federal a través de los programas sociales como Oportunidades/Prospera, la disminución de la prima educativa, etcétera (véanse los capítulos 6 y 7).

Hubo una extensa literatura durante los años 2000 sobre la disminución de la desigualdad en México (entre otros, Esquivel, Lustig y Scott, 2010). En algunos casos hubo autores que estimaban que los problemas de desigualdad se habían resuelto o se habían puesto en funcionamiento procesos que llevarían a la disminución de la desigualdad; por ejemplo, ^{Esquivel (2008)} concluía que:

In general, we believe that Mexico is now [2008] beginning to experience the inequality-reducing effects of having a more educated work force and of trading with more skill abundant countries. This equalizing effect seems to have been postponed by a skill-biased technological change (either exogenous or endogenous) or by an endogenous technological upgrading which, in any case, now seem to have ended. This fact, together, with an ambitious and widespread social program focused on poor rural households; seem to be the main explanatory factors of the sharp reduction in inequality that has been observed in Mexico. In that sense, we can conclude that this process has been due to the interaction and combination of both, the Market and the State (p. 35, agregados entre []).

Incluso ^{Esquivel y Hernández Trillo (2009)} explican que:

(...) al menos desde 1994, el ingreso de la parte inferior de la distribución del ingreso ha crecido con más rapidez que el del resto de la población. Este hecho explica la reducción en la desigualdad que se ha observado a partir de ese año. Tanto este resultado como el análisis que acabamos de hacer indican que el principal problema de la tendencia reciente del crecimiento del ingreso en México es su bajo nivel y no su distribución (p. 289).

Este tipo de conclusiones son consecuencia de un uso incorrecto de la información generada por las encuestas de ingreso y gastos de los hogares sin tener en cuenta sus debilidades.

^{Ros (2015)} plantea que los problemas de desigualdad económica en México están lejos de tener una solución y explica que en los últimos años ha habido un proceso de pauperización de la clase trabajadora, especialmente en términos de la distribución funcional del ingreso. Al respecto, se observa una pérdida de la participación de la masa salarial en el ingreso desde 2001-2002 hasta la actualidad (véase la gráfica VII.2. de ^{Ros, 2015}). Debido, principalmente, a un proceso de estancamiento de los salarios reales respecto a la productividad laboral, generando una dinámica lenta aunque persistente, en la cual las ganancias van representando una proporción mayor del PIB año tras años.

Por lo tanto, el problema más acuciante que tiene México en la actualidad es salir de la trampa de ingreso medio en la cual se encuentra, pero de forma inclusiva; por ende, al mismo tiempo que se acelera la tasa de crecimiento, la desigualdad económica debe disminuir. ¿Es esto posible? ¿Se pueden lograr estos dos objetivos (acelerar el crecimiento y disminuir la desigualdad) al mismo tiempo? El libro de Ros ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad? tiene como objetivo principal presentar una serie de propuestas que procuran ser una respuesta a los problemas que enfrenta la economía y la sociedad mexicana.

El libro que estamos reseñando es la continuación propositiva del librito ² de ^{Ros (2013)}, Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México , el cual plantea que las reformas que se han llevado adelante, en especial las reformas microeconómicas de los últimos años (la laboral, la educativa, etc.) si bien tienen algunos aspectos positivos, el de generar crecimiento económico no es uno de esos. Y a la postre también se puede afirmar que esas reformas tampoco generarán una mejor distribución del ingreso, en especial los cambios acaecidos en el mercado laboral.

Las propuestas se pueden clasificar como macroeconómicas y sectoriales. Entre las primeras tenemos las de política fiscal (capítulos 1 y 2), política monetaria y cambiaria (capítulo 5) y política salarial (capítulo 6). Por otro lado, las de carácter sectorial son específicas para el sector industrial y el bancario-financiero que se analizan en los capítulos 3 y 4. En general, cada capítulo presenta la historia económica reciente de México, modelos matemáticos y la proposición de un plan de acción con políticas concretas, lo que convierten al libro en un importante aporte al debate actual sobre la coyuntura de la economía y la política mexicana,³ además de permitir reflexionar sobre los distintos elementos de la disciplina económica. A continuación se analiza cada capítulo con la intención de destacar los aspectos que nos parecen más relevantes, procurando realizar conexiones con la teoría económica y observando si la propuesta general realizada por ^{Ros (2015)} se adecua a los problemas que pretende resolver el autor.

El capítulo 1 muestra como la inversión pública disminuyó como consecuencia del ajuste del gasto público realizado a partir de la crisis de deuda y a la necesidad generar un flujo de fondos para hacer frente al pago de la deuda externa (^{Díaz-Alejandro, 1984}, destacó, tempranamente, que debido a la crisis de deuda muchos países de América Latina, entre ellos México, ajustaron el gasto público empezando primero por la inversión pública). Entre 1959 y 1981 la inversión pública creció de 6 a 11 por ciento del PIB y en promedio representó el 8.2% del PIB, mientras que durante la década perdida disminuyó a 5.2% y en los años de 1990 continúo cayendo, recuperándose levemente en los años 2000, y en el primer lustro de los años 2010 alcanzó mínimos históricos de 4.6%. La disminución de la inversión pública es un fenómeno que sirve como conector entre los prolegómenos que dieron origen al estancamiento económico y las políticas que deben ponerse en marcha para salir de la trampa de lento crecimiento. Es interesante notar que la fuerte disminución de la inversión pública no se reflejó en un aumento de la misma magnitud en la inversión privada, es decir, hay elementos para descartar la idea de crowing out entre la inversión pública y la privada.

El incremento de la inversión pública per se no mejora la distribución del ingreso, por eso ^{Ros (2015)} propone que los aumentos se enfoquen en mejorar la infraestructura de los servicios públicos en los estados del sur-sureste del país y, de esta forma, disminuir la brecha de ingreso que existen entre esa región y el resto del país. Asimismo, en el capítulo se analiza el plan de infraestructura presentado por Peña Nieto en julio del 2013, que se llevaría adelante en 2013-2018. En el texto se nota cierta esperanza en la realización del plan; sin embargo, a más de dos años y medio de la propuesta aquí podemos afirmar que ese documento es letra muerta, ya que la inversión pública disminuyó 4.7% en 2014 y en los primeros tres trimestres de 2015 la reducción se aceleró a 5%.

Finalmente, vale la pena detenerse en el modelo que se presenta en el anexo del capítulo 1 (que es similar al del capítulo 3), el cual tiene equilibrios múltiples (uno con capital por trabajador, salarios reales y crecimiento mayor que el otro) debido a la existencia de externalidades pecuniarias derivadas de la presencia de rendimientos crecientes a escala en la producción de capital público. A partir de ese modelo concluye el autor que:

(...) además de las inversiones en capital público, la adopción de tecnologías modernas puede verse estimulada por salarios altos. A condición que b <a (de manera que la participación del trabajo en la tecnología tradicional sea mayor que la participación indirecta del trabajo en la tecnología moderna), se puede mostrar fácilmente que un aumento del salario [real] reduce la rentabilidad de la tecnología tradicional más que en el caso de la tecnología moderna. Un aumento exógeno en los salarios puede entonces contribuir a un gran impulso al reducir la masa de inversiones requerida para hacer viable la tecnología moderna (^{Ros, 2015}, p. 45).

Este es un resultado importante que ^{Ros (2015)} no utiliza como fundamento para un incremento de los salarios que se plantea en los capítulos 6 y 7.

En el capítulo 2 se explica la estructura impositiva en México y se plantea la necesidad de un cambio en la estructura de impuestos. Se destaca la necesidad de un incremento en los impuestos directos, en particular hacer más progresivo el Impuesto sobre la Renta (ISR). ^{Ros (2015)} plantea un experimento mental para dimensionar el poder de una reforma progresiva al ISR calculando que un impuesto de 50% al ingreso del 1% más rico de la población podría recaudar entre el 10-15 por ciento del PIB. No obstante, considera la propuesta económica y políticamente inviable. Si bien el autor no explica las razones de la inviabilidad, se puede inferir que el poder político concentrado en el 1% más rico de la población provoca que tengan una influencia desproporcionada en el tipo de políticas que se llevan adelante, consecuentemente no van a apoyar este tipo de medidas. Empero, económicamente parece una sugerencia bastante razonable, ya que el 1% de los superricos mexicanos extrae una porción elevada de sus ingresos del mercado interno no de las exportaciones. Por lo tanto, en términos éticos, se podría plantear la necesidad de llevar adelante esa medida, tal vez morigerarla un poco.

Luego de desestimar la propuesta, se concluye que antes de tratar de recaudar más primero hay que acelerar la tasa de crecimiento y luego, una vez que se mejoren los servicios que brinda el Estado mexicano, incrementar la recaudación con relación al PIB. La propuesta se puede relacionar con ^{Piketty (2014)}, donde se plantea que gracias al crecimiento económico se pudo aumentar la recaudación en Europa en la segunda posguerra.⁴ Sin embargo, los impuestos representaban en 1950 entre el 27-36 por ciento del PIB de los principales países de Europa, porcentaje mucho más elevado de lo que representan en la actualidad en México, por lo tanto se podría concluir que existe un espacio para aumentar los impuestos independientemente del crecimiento económico.

En el capítulo 3 se plantea que la estructura de incentivos del sector bancario no responde a las necesidades de financiamiento del sector privado, pero también se establece que las necesidades de fondos de las empresas del sector privado se satisfacen por fuera del sistema financiero local. Concentrémonos en la segunda parte de la afirmación anterior. ^{Ros (2015)} plantea que la última reforma financiera no hace nada sobre la demanda de fondos, ya que la misma "(...) no ataca (y seguramente no puede hacerlo por sí sola) el problema de que la demanda de crédito doméstico es muy baja dada la escasa rentabilidad de los proyectos de inversión en actividades distintas a las de exportación" (p. 83). No obstante, el problema no sólo se genera por una baja tasa de ganancia, sino también por una baja demanda efectiva dado el tamaño del mercado interno, es decir, la tasa de rentabilidad relevante es la esperada y si los empresarios no esperan realizar sus ventas futuras es difícil que realicen nuevas inversiones. Además, la inversión puede responder directamente a los niveles de actividad económica (para un debate sobre la función de inversión véase ^{Skott, 2012}). Por ende, a los problemas que genera la baja rentabilidad de algunas empresas, cuyas ventas principales se destinan al mercado interno (por ser empresas pequeñas, medianas e informales), hay que sumarles los problemas del tamaño del mercado relacionado con los bajos salarios de la economía mexicana, una característica clave de esta economía que se analiza más adelante.

^{Ros (2015)} examina el desmantelamiento de la política industrial y por qué el éxito exportador de nuestra economía, a partir de mediados de la década de 1980, no se tradujo en una aceleración de la tasa de crecimiento de la misma. El autor plantea que las razones han sido la ruptura de los encadenamientos productivos, el bajo contenido tecnológico de las exportaciones y la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) (para un análisis más detallado de este tema véanse ^{Ibarra, 2010} e ^{Ibarra y Blecker, 2014}).

Existe un debate en la literatura respecto al contenido tecnológico de las exportaciones mexicanas. Al menos existen dos tipos de trabajos empíricos. Por un lado están los indicadores del Atlas de Complejidad Económica⁵ que colocan a México como un país con alta complejidad tecnológica de sus exportaciones, lo que implica, según ^{Hausmann, Jason y Dani (2006)}, que el crecimiento futuro del país es más auspicioso que la dinámica reciente que muestra la economía nacional. Por otro lado ^{Felipe, Abdon y Kumar (2012)} elaboraron una metodología que clasifica los bienes exportados entre aquellos que tienen alta, media y baja sofisticación y conectividad (está variable dimensiona las capacidades que se deben desarrollar para producir un bien en forma eficiente). México presenta un elevado conjunto de exportaciones que tienen alta sofisticación y conectividad, mayor que Brasil y Argentina aunque menor que Corea del Sur. Sin embargo, cuando se comparan los bienes "buenos", que son los que tienen alta o media sofisticación y conectividad, México queda rezago respecto a los tres países mencionados.

En este capítulo se plantea que nuestro país se encuentra en una trampa de ingreso medio al concluir que la economía mexicana "(...) está atrapada entre la pérdida de ventajas comparativas en las manufacturas intensivas en trabajo, frente a países con menores costos de mano de obra, y la incapacidad de adquirir ventajas comparativas en bienes con mayor intensidad de capital humano y tecnología, producidos por los países con un alto ingreso per cápita" (p. 101).

En términos de política industrial ^{Ros (2015)} no tiene una propuesta específica debido a que los tratados de libre comercio firmados por México no permiten desarrollar políticas de apoyo sectorial, por eso retoma las propuestas de capítulos anteriores: desarrollo regional (el Nuevo Pacto con el Sur), profundizar la política de incrementar el financiamiento de la banca de desarrollo y, finalmente, evitar la apreciación del tipo de cambio real procurando que tenga un nivel estable y competitivo, política que según algunos autores puede servir como un second best a la política industrial (véase ^{Rodrick, 2008}).

Finalmente, los últimos dos capítulos de ^{Ros (2015)} están dedicados a la política monetaria y a la salarial. Es interesante ver la relación entre estas dos políticas y sus conexiones con el estancamiento y la desigualdad económica. ^{Ros (2015)} analiza la política monetaria a partir de la premisa de ^{Calvo y Reinhart (2002)} que consiste en primero observar lo que los bancos centrales dicen que hacen y luego analizar lo que efectivamente realizan. Banco de México afirma que aplica un régimen de metas de inflación (RMI), lo que implica tener a la tasa de interés (la tasa de interés intercambiara a un día en el caso del Banco de México) como el único instrumento de política monetaria, no tener objetivos intermedios (como un agregado monetario o el tipo de cambio nominal) y tener solamente un objetivo final, que es una meta de inflación si el RMI es estricto; mientras que si el RMI no es estricto, el banco central tiene un objetivo adicional para el nivel de producto. Empero, entre el objetivo de inflación y el de actividad, el primero debe priorizarse.

^{Ros (2015)} destaca que el Banco de México es autónomo desde 1993, estrictamente se plantea la independencia con relación a que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no puede exigir que el banco central le otorgue financiamiento. Existen otro tipo de autonomías sobre las que no se dice mucho, como sobre la independencia de objetivos, prioridades y personal (véase ^{Panico y Rizza, 2004}). En este sentido, sería interesante que cada año se discuta en el Congreso de la Federación cuál será la meta de inflación, implicando que las posturas por relajar la política monetaria bregarían por una meta de inflación mayor. ^{Ros (2015)} propone ampliar el mandato de Banco de México para agregar un objetivo sobre el nivel de actividad económica. Lo que nos lleva a plantear un conjunto de preguntas que deben resolverse, por ejemplo: ¿cuál será la institución encargada de estimar el PIB potencial de la economía mexicana?, ¿qué metodología se va a utilizar para estimar el PIB potencial? Otras preguntas son aún más complejas de responder: ¿cuáles serán los niveles de pobreza e informalidad aceptables a la hora de calcular el PIB potencial?

En el capítulo sobre la política monetaria tampoco se pone en tela de juicio la independencia que tiene Banco de México, pero el conjunto de políticas que propone ^{Ros (2015)} plantean un dilema en este aspecto. Ya que hasta ahora la autonomía del Banco de México fue una pantomima debido a que no hubo objetivos contradictorios entre esa institución y la SHCP, ese objetivo común ha sido la estabilización de la economía rezagando otras metas, como el crecimiento y la desigualdad económica. Por lo tanto, si la SHCP modifica sus aspiraciones pueden surgir conflictos con el banco central y, de esta manera, la independencia dejaría de ser relevante y se convertiría en una carga para la estrategia de desarrollo.

El análisis de la política monetaria de Banco de México plantea que las modificaciones de la tasa de interés responden a las necesidades de estabilizar el tipo de cambio nominal en un nivel consistente con la meta de inflación. Además, se plantea que a esta política se le debe sumar la realización de intervenciones esterilizadas para controlar depreciaciones del tipo de cambio no deseadas, estableciendo que la paridad descubierta de tasas de interés no se cumple en todo momento. Aquí hay una imperfección cuando se expone que el diferencial de tasas de interés explica la acumulación de reservas por parte de Banco de México, en tanto la principal fuente de reservas internacionales en el periodo 1996-2015 ha sido la venta de dólares que realizó Petróleos Mexicanos (PEMEX). Los dos instrumentos (tasa de interés e intervenciones cambiarias esterilizadas) se utilizan complementariamente para contrarrestar movimientos no deseados del tipo de cambio que pongan en riesgo la meta de inflación. Por lo tanto, existen múltiples elementos que separan al RMI que aplica Banco de México de los RMI tradicionales (descriptos, por ejemplo, en ^{Svensson, 2010}, ^{Taylor, 2001} y ^{Woodford, 2003}).

^{Ros (2015)} indica que las políticas monetaria y cambiaria tienden a apreciar el tipo de cambio real, lo que provoca una contradicción con la política de crecimiento vía las exportaciones que ha seguido México en los últimos 30 años (este es un problema histórico de la economía mexicana, para más información véase ^{Guerrero de Lizardi y Urzúa, 2007}). Por eso, uno de las propuestas de ^{Ros (2015)} es que el Banco de México tenga una política de mantener un tipo de cambio real estable y competitivo (TCREC), lo que podría detonar el crecimiento de las manufacturas industriales y con ello el del resto de la economía. Otro aspecto interesante que plantea el autor es que para lograr un TCREC podría ser necesario imponer controles de capital dadas las características del mercado cambiario mexicano, que es el octavo más liquido del mundo (^{BIS, 2014}; ^{Capraro y Perrotini, 2014}).

Sin embargo, la solución de ^{Ros (2015)} pone en riesgo la meta de inflación, por eso Banco de México no la ha puesto en práctica. Otra forma de resolver la disonancia entre la política monetaria y la de crecimiento vía las exportaciones incluye a la política salarial, ya que este nudo gordiano se puede romper si se reduce el poder de negociación de los trabajadores en la relación laboral, procurando recuperar la competitividad perdida por la apreciación real de la moneda a través de variaciones en los salarios nominales. De esta manera, el sector externo puede liderar el crecimiento sin poner en riesgo la meta de inflación.

Pero este tipo de políticas implican una redistribución del ingreso desde los trabajadores hacia los capitalistas, principalmente porque los empresarios pueden beneficiarse de los avances de la productividad y de los choques de oferta en detrimento de los trabajadores. En México se ha tomado esta segunda solución. Este tipo de políticas redistributivas pueden tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico si la economía es wage-led . Así, uno de los escenarios posibles que surgen de la aplicación de un RMI más la política de deflación salarial es un entorno económico donde las exportaciones crecen y la inflación efectiva tiende a converger a la meta de inflación, pero con un bajo crecimiento económico. La caída en la participación en el ingreso de los trabajadores es la que genera el estancamiento económico.

La menor participación en el ingreso de los trabajadores se explica por un menor poder de negociación de los trabajadores en la relación salarial. Lo que se puede confirmar en distintos indicadores del mercado laboral (tasa de sindicalización, flexibilización del mercado laboral, alta rotación en los puestos de trabajo, incremento de los trabajos temporales, aumento en la proporción de empleos en el sector servicios que históricamente han tenido menos poder de negociación que los trabajadores del sector industrial cuya participación en el empleo total ha disminuido) y otras características de la economía mexicana, como el alto grado de apertura comercial que tiende a afectar la participación de los trabajadores en el ingreso (^{Stockhammer y Onaran, 2013}). Por lo tanto, aumentar el salario mínimo como plantea ^{Ros (2015)} es el principio de la solución del problema, pero debe acompañarse con un incremento en el poder de negociación de los trabajados apoyado por el Estado para que los salarios medios reales crezcan al ritmo de la productividad laboral. Es decir, no es preciso plantear que "el principal instrumento que tiene la política salarial para influir en el nivel general de salarios y su distribución es la fijación del salario mínimo" (p. 156).

Es aquí donde pareciera que los argumentos de ^{Ros (2015)} entran en contradicción. ¿Por qué? El autor plantea que una política salarial muy activista pondría en riesgo un paquete de medidas macroeconómicas que tengan como centralidad un TCREC que no es consistente con un aumento de los salarios reales en el corto plazo (aunque como lo muestra el modelo del capítulo 6, si se mantiene un TCREC por cierto periodo de tiempo los salarios reales pueden crecer). Sin embargo, resultaría socialmente más eficiente primero aumentar los salarios reales, lo que generará un efecto redistributivo, y es simple probar que implicaría un incremento en el nivel de inversión en el mercado interno (^{Capraro, 2015}), y luego buscar un TCREC para hacer crecer el sector externo. Con esta dinámica, aquellas actividades que requieren un salario real muy bajo para ser rentables no se podrán llevar adelante (recuérdese la discusión sobre el capítulo 1). Pero se tendrá un mercado interno pujante, una mejor distribución del ingreso y un sector externo concentrado en aquellos bienes tecnológicamente más complejos, por lo tanto se pueden establecer bases para salir de la trampa de bajo crecimiento y alta desigualdad en la que se encuentra el país.

Finalmente, por lo dicho aquí se infiere que el libro comentado es altamente recomendable para el público general, políticos y economistas interesados en una agenda de políticas macroeconómicas y sectoriales alternativas para solucionar los problemas que aquejan al país. Si bien no compartimos la totalidad de las propuestas y algunas nos parecen incompletas, van en la dirección correcta y si se ponen en marcha seguramente la situación social y económica del país mejorará y Ros podrá escribir una carta similar a la que Keynes envió a Roosevelt en diciembre de 1933.