Diversas temáticas desde las disciplinas antropológicas

 

La democracia participativa, instrumento de vinculación para la protección del patrimonio cultural

 

Fermín Ali Cruz Cervantes

 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH.

 

Recepción: 3 de diciembre de 2013.
Aprobación: 25 de febrero de 2014.

 

Resumen

El propósito de este documento es aportar elementos para la discusión referente a la protección del patrimonio cultural, como responsabilidad de las diferentes instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como de las organizaciones civiles y sobre todo de la sociedad civil, desde una perspectiva de la democracia participativa como un elemento indispensable en la conformación de los planes regionales y municipales de desarrollo en las diferentes entidades federativas, los cuales pueden contribuir a fortalecer y enriquecer el patrimonio cultural. Eso, aunado a la riqueza cultural de pueblos y comunidades, es un factor clave en el logro de un desarrollo sustentable.

En este sentido puede hablarse de la conexión de intereses de los grupos sociales con los programas culturales, pero, ¿cómo vincular a la sociedad civil con la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural?, ¿cómo promover acuerdos que garanticen la participación de los gobiernos de los estados, municipios y de la sociedad organizada en la defensa y preservación del patrimonio cultural, de tal manera que coadyuve a la conformación de políticas públicas culturales que rijan en el ámbito cultural?, y sobre todo bajo la influencia del fenómeno de la globalización de las economías del mundo y el avance tecnológico. Para abordar la complejidad de la vinculación de todos los elementos que concurren, y lograr, el propósito fundamental, se emplea el enfoque sistémico de la teoría general de sistemas (TGS).

Palabras clave: gestión cultural, patrimonio cultural, enfoque sistémico, globalización/mundialización, democracia participativa.

 

Abstract

The purpose of this document is to provide elements for discussion concerning the protection of cultural heritage, as the responsibility of the different levels of federal, state and municipal governments as well as civil society organizations and all civil society, from the perspective of participatory democracy as an essential element in shaping regional and municipal development plans in different states, which can strengthen and enrich the cultural heritage. That coupled with the cultural wealth of peoples and communities is a key factor in achieving sustainable development.

In this sense one can speak of connecting interests of social groups with cultural programs, but how to engage civil society in the protection, conservation and promotion of cultural heritage, how to promote agreements that guarantee the participation of state governments, municipalities and organized society in the defense and preservation of cultural heritage, so that contributes to the cultural shaping of public policies in force in the cultural field?, especially under the influence of the phenomenon of globalization of world economies and technological advancement. To address the complexity of linking all the elements which contribute, and achieve the fundamental purpose, systemic approach to General Systems Theory (GST) is used.

Keywords: cultural management, cultural heritage, systemic approach, globalization/globalization, participatory democracy.

 

Cuanto hayamos aprendido debemos enseñarlo a quien
nada sabe todavía; de este modo pagaremos
una deuda sacrosanta.
Mantegazza

 

Introducción

La planeación democrática participativa es un elemento indispensable en la conformación de los planes regionales y municipales de desarrollo, los cuales —ésa es la apuesta de este trabajo— pueden contribuir a la fortaleza y enriquecimiento del patrimonio cultural. Por otra parte, vista desde otra perspectiva, la riqueza cultural de pueblos y comunidades es un factor clave en el logro de un desarrollo sustentable. Estos objetivos no son una misión fácil, sobre todo en la crisis en que vive el país en términos políticos, económicos y sociales, y por los numerosos matices y condicionamientos que supone cada uno. En este sentido puede hablarse de la conexión de intereses de los grupos sociales con los programas culturales, pero, ¿cómo vincular a la sociedad civil con la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural? ¿Cómo promover acuerdos que garanticen la participación de los gobiernos de los estados, municipios y de la sociedad organizada en la defensa y preservación del patrimonio cultural, de tal manera que coadyuve a la conformación de políticas públicas culturales que rijan en el ámbito cultural? Éstas son las preguntas que se trata de responder en este escrito.

Por otra parte, propongo que es posible el análisis de la problemática y complejidad de la vinculación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las instancias del gobierno estatal y municipal, incluyendo a la sociedad civil a partir de un análisis apoyado en la teoría general de sistemas (TGC), cuyo principal exponente es el biólogo Ludwig von Bertalanffy, quien considera que estamos inmersos en un mundo de sistemas y que todos ellos están intercomunicados para formar sistemas más grandes o pequeños.

El modelo sistémico es retomado en un proyecto de gestión participativa del patrimonio, el cual fue desarrollado en Bolivia por la maestra María de los Ángeles Muñoz Collazos en un complejo arqueológico ubicado en el municipio de Pocona, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. Sin embargo, no estoy de acuerdo totalmente con esta propuesta, porque en el caso boliviano se considera al gestor cultural como la entrada o input del proceso por sus conocimientos y cualidades, así como por su capacidad de mediación entre lo macro y lo micro, mientras que en el esquema que propongo la entrada o input son las necesidades o requerimientos de la sociedad que exige acceso a la cultura y nuevos conocimientos para la investigación científica, y la urgente necesidad de instrumentos encaminados a la protección del patrimonio cultural, entre otros. Otra diferencia importante entre este estudio y el boliviano es que en este último no se visualiza el producto o resultado, en todo caso se considera de manera general; mientras que en el modelo que proponemos el producto es el desarrollo generado por la cultura y el patrimonio, el aumento del nivel de vida de las regiones y sus habitantes, y los nuevos conocimientos en términos antropológicos de las culturas de estudio; además de programas, proyectos y estrategias para la protección del patrimonio cultural, y el fortalecimiento del INAH como institución responsable de la protección del patrimonio cultural, su administración, operación y gestión institucional. De este modo, [Muñoz 2006: 33].

El objetivo del presente ensayo es argumentar que la vinculación social y cultural en los ámbitos estatal y municipal contribuye al fortalecimiento del INAH al incorporar a la sociedad civil, mediante la democracia participativa, al proceso de toma de decisiones en asuntos del patrimonio cultural. Para ello ubicaré en primer lugar el contexto mundial en el que surgen estas reflexiones, como lo es el entorno de la globalización, sus alcances y sus repercusiones políticas y económicas en la vida de las sociedades organizadas en estados nacionales. Posteriormente señalaré la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en la conformación de políticas públicas culturales que sean primordiales para la custodia y salvaguarda del patrimonio cultural de cada región y a nivel nacional, así como la importancia de los diferentes programas regionales de desarrollo, tanto a nivel de entidad federativa como municipal, y la conveniencia de vincularlos a las responsabilidades institucionales del INAH en términos de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de la nación. Finalmente abordaré el papel de los investigadores, como los arqueólogos y antropólogos sociales, y demás personal de investigación, que conforman de manera integral el cuerpo del trabajo científico del proyecto, así como el del profesionista en gestión del patrimonio cultural, en particular de los centros INAH, tanto en el contexto estatal como en el municipal, en su carácter de elementos coadyuvantes a la vinculación entre las instancias de gobierno y la sociedad, entre otros aspectos. El presente ensayo es producto de un proyecto en proceso de realización, el cual en breve se someterá a la consideración de las instancias respectivas del INAH.

 

Globalización/mundialización

La humanidad inicia el siglo XXI con avances de enorme magnitud y profundidad en sus capacidades científicas, tecnológicas y productivas. Se están produciendo rupturas simultáneas en numerosos campos del conocimiento, las cuales han generado modelos conceptuales renovados para comprender los fenómenos y una nueva ola de tecnologías basadas en el conocimiento de amplísimas posibilidades. Los avances en campos como las telecomunicaciones, la biotecnología, la ciencia de los materiales, las máquinas-herramientas, la informática y la robótica, entre otros, han contribuido a transformar las matrices productivas básicas.

Los nuevos modelos de producción de bienes y servicios se han expandido y multiplicado rápidamente. Al mismo tiempo hay una revolución de las expectativas. Se están realizando grandes cambios que se aprecian como transiciones en sentido amplio y ocurren tanto en las sociedades desarrolladas como en las subdesarrolladas. Tales transiciones obligan a que coexistan formas sociales que pertenecen a diferentes épocas, lo cual imprime un carácter particularmente conflictivo a los procesos sociales, que son vividos de manera inevitable como crisis e implican una continua ruptura con el pasado, un desgarramiento que divide a personas y grupos, y que incluso llega a expresarse en la conciencia individual. La crisis provocada por la ruptura con el pasado es característica del mundo actual, es un estado de rompimiento de un orden establecido hacia otro nivel de desarrollo.

Estas transformaciones han provocado cambios muy diversos, tanto positivos como negativos, los cuales se presentan como fenómenos de mundialización-regionalización-localización; tendencias a la configuración de bloques interestatales ante la secesión-erosión de los pactos nacionales; término de la Guerra Fría y del mundo bipolar; destrucción ecológica y desesperanza de lograr un desarrollo sustentable ante los déficits de alimentos, vivienda, vestido y salud.

Entre las transformaciones culturales impulsadas por los procesos de globalización que han sido destacadas por diferentes investigadores encontramos las cinco siguientes: el distanciamiento entre el tiempo y el espacio, la desterritorialización de la producción cultural, el reforzamiento de las identidades locales, el surgimiento de las culturas globales y la hibridación [Mantecón 1993: 80]. También podemos comentar que esta influencia se presenta en la intersección de lo global con lo local, y que en el nivel de las identidades, su evolución y nuevas formas de emergencia, existe una colonización del territorio cultural, ya que influye sobre las costumbres, los hábitos, los gustos y valores de manera negativa.

Estamos siendo testigos de un nuevo tipo de civilización, una civilización emergente cuyo rasgo más representativo es la progresiva globalización de las diversas esferas de la actividad humana. El espacio de la economía y las redes de intercambio cultural se organizan bajo la forma de sistemas abiertos, redefiniéndose con ello el sentido de todo lo local, donde los conocimientos y las comunicaciones adquieren valor estratégico para el desarrollo de las naciones, la globalización de los mercados, y la gestación de los asuntos públicos y privados; así como para el propio desenvolvimiento de las culturas e identidades comunitarias; un nuevo entramado civilizatorio con características bien definidas. En esta civilización globalizada, la evolución tecnológica produce una nueva y más compleja relación entre la cultura y naturaleza. Mientras la primera se autonomiza, la segunda se subordina al incesante desarrollo de las fuerzas productivo-tecnológicas [Brunner 1997: 1].

El panorama arroja una agenda de retos gigantes para la política, el gobierno y la administración pública, y para el propio Estado. Es evidente que en las dos últimas décadas del siglo XX el mundo ha vivido grandes transformaciones y cambios que han colocado en la palestra de la discusión el papel del Estado, del gobierno y de la administración pública en la economía, y la relación de éstos con la sociedad civil. La polémica actual consiste en dilucidar el papel que desempeñan las fuerzas emanadas del avance tecnológico, el neoliberalismo, la globalización y los cambios acelerados en el interior de la sociedad civil y en la complejidad de las relaciones en el ámbito político, económico y social. Estos procesos vienen acompañados de una amplia dosis de incertidumbre, aunque no por ello tan incierta e ininteligible:

Esta globalización omnipresente que abarca todo y desafía a las democracias representativas, así como a los líderes políticos, y afectando significativamente la organización tradicional de los Estados nacionales, esta globalización es producto de una política deliberada y ejercida a escala mundial, pero a pesar de su poder no es predestinada, sino, por el contrario, coyuntural, perfectamente analizable y discutible [Forrester 2000: 12].

El actual proceso de globalización de la economía mundial capitalista se apoya en los altos niveles alcanzados por la concentración del capital y la internacionalización de la producción y de los mercados. La dinámica de la globalización tiende a conformar una estructura económica mundial altamente jerarquizada y excluyente, donde cada vez predominan más los intereses privados de las grandes corporaciones transnacionales productivas, financieras y de servicios. Mediante el concurso de los Estados nacionales de los países capitalistas centrales y de las instituciones transnacionales se está reorganizando el conjunto de la economía internacional en función de sus intereses, no sin las disputas por la supremacía hegemónica en el mercado mundial [Dieterich y Chomsky 1995].

La globalización es sinónimo de la creciente supeditación de las economías nacionales ante los intereses de la economía mundial dirigida por las grandes corporaciones transnacionales. Éstas han provocado cambios profundos en la división internacional del trabajo; también una nunca antes vista agudización de la pobreza y concentración de la riqueza. Todo esto como resultado de la aplicación de un modelo económico caracterizado por la apertura de los mercados nacionales a una competencia comercial globalizada en el marco de una intervención restringida y favorecida por tal apertura [Vellinga 1997].

Estos cambios no sólo se han dado en el ámbito económico o en los otros ámbitos anteriormente señalados, también han ocurrido en el panorama de la cultura, sobre todo en lo que toca a modificaciones en el consumo cultural, la creciente importancia del peso económico de la cultura, las industrias culturales y el impresionante avance de la tecnología ligada a la cultura, entre otros aspectos. Sin embargo, a pesar de la participación e influencia del sector privado, el patrimonio cultural del país no puede, en ningún caso y ni por ningún motivo, ser una más de las mercancías disponibles en el juego de la oferta y la demanda.

 

Democracia participativa

En este panorama de cambios debe anotarse también la exigencia por ampliar los sistemas de base democrática, empezando por la capacidad de las diversas poblaciones de elegir a sus representantes y el reclamo generalizado de participación. Los pueblos y grupos sociales, en espera de tener influencia real en los esquemas de toma de decisiones, han desplegado un amplio movimiento hacia la constitución de formas nuevas y más activas de organización de la sociedad civil en todos los ámbitos de la vida del país, incluyendo el cultural. En México este empeño por la ampliación de la democracia es continuación de diversos movimientos sociales que tal vez surgieron en la Revolución de 1910 con la resignificación de la consigna "Sufragio efectivo. No reelección".

La democracia es un sistema en gestación y perfeccionamiento constante, es un proceso dinámico que no admite dogmas ni ortodoxias. En un sistema democrático la condición necesaria para garantizar el derecho de los actores es la pluralidad. En la democracia el enemigo irreconciliable no es el otro, sino sólo el adversario legítimo, el interlocutor válido. Donde no rige la democracia, la dicotomía amigo-enemigo engendra contradicciones que sólo se resuelven a través de la rebelión y la represión [Cruz 2005].

El origen popular de los afanes democráticos de la sociedad mexicana nos permite considerar la democracia participativa como una incesante lucha del pueblo mexicano en tres frentes simultáneos: democracia participativa electoral, democracia participativa económica, democracia participativa social y cultural. Las tres están íntimamente vinculadas y es necesario avanzar de manera simultánea en el desarrollo de cada una de ellas. La democracia participativa implica la participación cotidiana del ciudadano en la ejecución de las decisiones que atañen a su vida local. Si en la democracia electoral el ciudadano deposita su capacidad de decisión en los gobernantes a través de su voto cada tres o seis años, en la democracia participativa conserva y ejerce cotidianamente su capacidad de decisión. La democracia participativa es el reclamo de la sociedad de que corresponde al Estado y al gobierno facilitarle participar en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando éstas afecten la vida diaria del ciudadano, para mejorar las condiciones materiales y culturales de la familia y de la comunidad. La democracia participativa implica no sólo una actitud individual del ciudadano sino la organización de la colectividad para alcanzar finalidades concretas: mayor seguridad, mejores servicios públicos, mayor producción y mejor nivel de vida y, en el caso que nos ocupa, participación para la protección y conservación del patrimonio cultural de su región o de su estado, pues el acceso a la cultura debe ser visto como un derecho individual y colectivo irrenunciable.

En la democracia participativa falta mucho por avanzar en lo referente a lo económico, social y cultural. El estilo de desarrollo centralizador distribuyó en el territorio, de manera desigual y desequilibrada, la actividad productiva, la población y los frutos del desarrollo; concentró el poder político, económico y cultural en unas cuantas áreas del territorio y en sectores sociales minoritarios. El proceso centralizador tuvo su razón de ser y cumplió su papel de impulsor de las fuerzas productivas, pero hace mucho tiempo agotó sus posibilidades. Vivimos una crisis de crecimiento y tenemos que reorganizarnos.

La democracia cultural, asunto que atañe a este ejercicio, puede ser definida, según Lucina Jiménez, como "Una cultura muy diversa, generada por una diversidad de actores, para llegar a muchos. Ésa es una democracia participativa". Y añade "Decíamos que para alcanzarla es necesaria la articulación de las piezas que, ahora desconectadas, suman nuestra cultura. Articulación que, para bien o para mal, sólo puede lograrse con la rectoría del Estado. El Estado replanteado como el Gran Facilitador: el vinculador, el enlazador, el articulador" [Berman y Jiménez 2006: 147]. La autora propone en su texto que: "Contra la fragmentación lo que toca es enlazar. Es tiempo de vinculación y reflexión en torno a ella. ¿No es así?" [Berman y Jiménez 2006: 319].

Es evidente que abordar el tema de la democracia participativa en un ensayo como éste, y con un enfoque sistémico, es un esfuerzo que posiblemente dejará al margen temas y enfoques sin abordar, sin embargo, más adelante se podrá abundar sobre el tema.

 

Instrumentos de vinculación

Pero, ¿cómo podemos acceder a la toma de decisiones en el ámbito cultural de nuestra comunidad, en la población, en nuestro municipio, en nuestro estado y sobre todo en el país? En nuestra legislación existen disposiciones que nos facilitan esta participación y que las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a acatar. Según el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estado le corresponde:

[...] la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza; permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Como se puede observar, el desarrollo nacional de manera integral y sustentable (concebido como un desarrollo que abarca lo político, económico, ecológico, social y cultural) es responsabilidad del Estado. Por otro lado, la Carta Magna añade:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Es obligación y responsabilidad del titular del Ejecutivo Federal establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y los diferentes programas de desarrollo, definir los órganos responsables del proceso de planeación, establecer convenios con los gobiernos de las entidades federativas e inducir y concertar con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En conclusión, podemos considerar que existen los instrumentos para que la sociedad civil pueda participar en los diferentes programas gubernamentales, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal. Por otra parte, la Ley de Planeación contiene disposiciones de orden público e interés social, y norma y establece principios básicos para llevar a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, e integra y determina el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática. También define las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del plan y los programas.

En su artículo 14, fracción II, la mencionada Ley de Planeación estipula la obligación del ejecutivo federal de tomar en cuenta las propuestas de los gobiernos de los estados, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados. También, en su fracción III, establece la responsabilidad del ejecutivo federal de proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que éstos realicen.

Se puede concluir que en lo formal existen los espacios para que la sociedad en general participe en los diferentes programas y proyectos de desarrollo regional, pero falta la apropiación social de ellos, así como incorporar acciones encaminadas a la valoración, disfrute, conservación y difusión del patrimonio cultural de las diferentes regiones.

Es evidente la importancia social de la participación, sobre todo para el desarrollo de un Estado democrático, por su papel central en la creación de los más amplios procesos sociales. Hablar de una participación cultural implica partir de la existencia de una sociedad multicultural, donde la diversidad de culturas que viven en un mismo espacio social y los intereses particulares de carácter diverso ponen en tela de juicio la universalidad como valor, como representatividad y como símbolo a seguir.

La participación, entonces, se da de manera activa e involucra a los participantes en tareas específicas de una comunidad determinada, que no pretende que sus necesidades y problemas sean iguales a los de otra comunidad.

En la medida en que los diversos grupos logren la participación de sus miembros en los proyectos de transformación y consolidación elaborados por las diferentes instancias, los cuales van produciendo una diversidad de los mismos, la noción de cultura va cobrando cada vez más un sentido de vivencia y pertenencia y, en ese sentido, deja de ser vista como una noción, las más de las veces difusa, para convertirse en el proceso de participación creador de nuevos valores y sentidos que son compartidos en la cotidianeidad e incorporados a la existencia de cada miembro de la comunidad participativa [Pérsico 2005: 2-3].

Tampoco debemos olvidar que el patrimonio "es un recurso cultural que está a disposición de los agentes locales y puede ser una palanca del desarrollo, su conservación significa el aumento del potencial de un recurso no renovable que ofrece a la región y al municipio una suerte de ventaja competitiva para el desarrollo sostenible", y que es necesario tener presente que "la apropiación y el aprovechamiento del patrimonio con fines sociales, esto es, como vehículo de educación, atracción turística o cultural, sólo es factible si se preservan sus atributos de autenticidad y valores excepcionales de referencia" [López 2006: 20].

Es necesario tener presente que, para alcanzar una eficiente gestión del patrimonio cultural, es vital promover acuerdos que garanticen la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad organizada en la defensa y preservación de este patrimonio, en donde las representaciones federales del INAH (Centros INAH) desempeñan un papel muy importante, dado que en su seno se concretan los acuerdos de vinculación con los gobiernos de los estados y municipales, además de que cuentan con personal altamente capacitado y especializado en diferentes disciplinas, y poseen las facultades legales y técnicas para suscribir acuerdos técnicos.

Los instrumentos y principios de gestión del INAH los podemos encontrar en los programas de trabajo, en donde se definen las estrategias principales para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales: investigación y conservación del patrimonio cultural, formación de profesionales, difusión del patrimonio cultural e innovación organizacional. Para el tema que nos interesa, el de la vinculación, dentro de la primera estrategia se definen las líneas de acción dirigidas a vincular al INAH con las diferentes instancias de gobierno, siendo la estrategia principal "la ubicación del patrimonio cultural como elemento central del desarrollo social de México", del cual se derivan las siguientes líneas de acción:

• Integrar, junto con los estados y municipios, la preservación del patrimonio y las políticas públicas, a los programas sociales y a los planes regionales de desarrollo.

• Impulsar y coadyuvar con los distintos órdenes de gobierno en el diseño de programas integrales de protección, conservación, rehabilitación y difusión de los principales centros históricos del país.

• Generar, ejecutar y dar seguimiento a la operación de planes de manejo de zonas arqueológicas, monumentos históricos y museos, en coparticipación con otras dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.

• Desarrollar, en colaboración con la Secretaría de Turismo, los gobiernos estatales y municipales y la sociedad civil, programas de fomento al turismo cultural de calidad... que tenga como premisa básica la conservación del patrimonio cultural.

• Asesorar a los estados y municipios en la generación de normatividad específica en materia de preservación del patrimonio.

• Fomentar la creación de órganos ciudadanos de apoyo a la sociedad y a los amigos.

• Vincular la preservación del patrimonio cultural con el sector educativo [INAH 2001: 14-19].

En ese mismo sentido, el INAH considera en su programa de trabajo que la sociedad civil demanda, cada vez con mayor intensidad, dejar atrás su papel de simple receptor para convertirse en un actor clave en la definición de las políticas públicas. Por otra parte, las instancias culturales de los estados exigen ser más que un simple vehículo para la aplicación de las decisiones federales y convertirse en verdaderas corresponsables en la conformación y administración del patrimonio cultural.

Para cumplir con la obligación social que establece la ley, el INAH divide su programa de trabajo en los siguientes ejes temáticos estratégicos:

1. Patrimonio y diversidad cultural.

2. Infraestructura cultural.

3. Promoción cultural nacional e internacional.

4. Formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística.

5. Cultura y turismo.

En cada uno de estos ejes temáticos estratégicos se encuentran objetivos generales con sus diferentes estrategias. Entre los que se relacionan con la vinculación del INAH con las diferentes instancias gubernamentales y la sociedad civil podemos comentar los siguientes:

1. Coordinación interinstitucional y gubernamental en la preservación del patrimonio cultural.

a) Fomentar y promover la firma de convenios y acuerdos de colaboración y de coordinación con los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de conservación del patrimonio cultural mueble, inmueble e intangible.

b) Articular esfuerzos y recursos con las dependencias federales encargadas del desarrollo económico y social, así como con los gobiernos estatales y locales, para potenciar el conocimiento, la valoración y el disfrute del patrimonio histórico y cultural.

c) Focalizar y optimizar recursos mediante proyectos de alcance regional, involucrando transversalmente las áreas académicas y de investigación en tareas que permitan generar estrategias y políticas públicas para una mejor preservación del patrimonio a cargo del Instituto.

2. Participación social para la preservación del patrimonio cultural.

a) Estimular la participación de diversos actores sociales, cuerpos colegiados, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones civiles en la conservación, preservación y restauración del patrimonio que es propiedad de la nación.

b) Proporcionar asesoría y asistencia técnica a comunidades, patronatos, comités, instituciones académicas, organismos públicos y privados, para el conocimiento y la conservación del patrimonio cultural de propiedad federal, bajo la supervisión técnica de las instancias correspondientes y con apego a la normatividad científica y legal en la materia.

3. Información y comunicación para la preservación del patrimonio cultural de propiedad federal.

a) Difundir el conocimiento del patrimonio cultural de la nación para crear conciencia sobre el valor de este legado, mediante campañas en los medios de comunicación, libros de texto y publicaciones, entre otros.

b) Informar oportuna y eficientemente sobre las acciones realizadas en torno del patrimonio cultural propiedad de la nación para incrementar la conciencia y la cultura de la conservación entre la población, y especialmente dentro del sistema educativo y los grupos en edad escolar.

4. Formación e investigación en antropología, historia y conservación del patrimonio cultural.

a) Redefinir la función de la investigación con políticas que correspondan a los aportadores para la construcción de perspectivas más amplias respecto de las prioridades nacionales, así como a las necesidades de gestión y conservación del patrimonio cultural.

b) Establecer políticas claras en materia de investigación que fomenten el desarrollo de proyectos de aplicación directa en el manejo y conservación del patrimonio cultural del país, con un alto beneficio social.

De acuerdo con estas líneas de acción, el papel del INAH es acercar, por conducto de los Centros INAH, los recursos culturales de las zonas patrimoniales bajo la responsabilidad del Instituto a un mayor número de ciudadanos, a través de una red de servicios que contribuya a extender la oferta cultural y a desarrollar la participación ciudadana en la vida cultural. Se perfilan, entonces, lugares comunitarios (centros de participación cultural) que propicien la socialización a través de la cultura, un campo de animación y dinamización sociocultural que favorezca el acercamiento de los usuarios al disfrute de nuestro patrimonio cultural, y propicie el intercambio social y cultural mediante acciones formativas, lúdicas, festivas, recreativas, etcétera [INAH 2007: 2, 24, 25, 26 y 37].

De este modo, podemos considerar que existen lineamientos definidos de cuál es la misión del Instituto. Dado que el marco normativo y jurídico define la vinculación como un área importantísima, sólo resta, a fin de lograr esa vinculación que está haciendo falta, llevarla a la práctica de manera general como una obligación irrenunciable de los diferentes centros INAH.

Otro de los instrumentos existentes que enmarca la tarea de vinculación es el Programa de Prevención de Desastres del Patrimonio Cultural, el cual se deriva de un convenio marco con el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación, a fin de participar en el ámbito de su competencia en la operación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Un documento básico, dirigido a presidentes municipales, regidores, funcionarios responsables de los ayuntamientos y a los grupos sociales interesados en la conservación del patrimonio cultural, es la guía técnica titulada "Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural de la Nación", cuyo propósito fundamental en ofrecer lineamientos básicos que ayuden al establecimiento de políticas públicas vinculadas a los programas de rescate, conservación y difusión del patrimonio cultural (arqueológico, histórico y paleontológico).

Aunque en esta guía existen definiciones de términos y conceptos que ayudan a homogeneizar el léxico utilizable, hacen falta los instrumentos jurídicos sustentados en nuestra Carta Magna, y en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que obliguen a los tres niveles de gobierno a signar convenios de colaboración entre el INAH y los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de diferentes tipos, para lograr un enlace regional y estatal que redunde tanto en el desarrollo regional como en la protección del patrimonio cultural, y sobre todo en estimular la participación de diversos actores sociales, cuerpos colegiados, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones civiles para la conservación, preservación y restauración del patrimonio propiedad de la nación.

El Programa Anual de Trabajo (PAT) de cada una de las dependencias que integran al Instituto es el instrumento donde se debe reflejar claramente la misión y la visión de la dependencia, principalmente de los Centros INAH, y donde estén definidas las políticas y estrategias del PAT, el cual estará integrado por los diferentes proyectos específicos a realizar en su vida cotidiana.

Es preocupante que, a pesar de los documentos citados que norman el accionar del Instituto, no existe de manera formal un Programa Integral de Vinculación Permanente a nivel nacional entre el INAH y los gobiernos estatales, municipales y sociedad civil organizada, que genere sinergia en beneficio del patrimonio cultural y del desarrollo regional de la cultura, compromisos y acuerdos formales en áreas culturales, sociales, políticas y administrativas en términos de planeación y gestión del patrimonio.

 

Políticas públicas culturales

Es innegable la importancia y la responsabilidad del Estado en el futuro del patrimonio cultural, la diversidad y la democracia cuando se habla de políticas públicas, es decir, de las decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados (todos nosotros), en su calidad de ciudadanos electorales y contribuyentes [Aguilar 2007: 36]. De aquí que las políticas públicas culturales deberán ser el resultado de un proceso participativo, reflexivo y eminentemente inclusivo, inspirado en las dinámicas transversales, representativas, descentralizadas y pluralistas que representen el sentir de la sociedad. Además, por otro lado, estas políticas tienen un campo de acción muy amplio, que puede incluir acciones encaminadas a preservar el patrimonio, a administrar y reglamentar las industrias culturales, a fomentar la práctica creativa, a establecer canales de distribución y recepción de bienes y objetos artísticos, etcétera.

Según la UNESCO, un organismo de las Naciones Unidas encargado de la cultura considera que las políticas culturales apuntan actualmente a preservar y promover la diversidad cultural en todas sus formas, tanto tradicionales como contemporáneas. Tienen un doble propósito, en primer lugar, desarrollar el sector cultural tratando de satisfacer concretamente las necesidades existentes en materia de legislación, formar administradores culturales y gestionar los recursos culturales; y, en segundo lugar, lograr que la cultura ocupe el puesto que le corresponde en todas las políticas de desarrollo, y más concretamente en las relativas a la educación, la ciencia, la salud, el medio ambiente y el turismo [UNESCO 2006].

Las políticas públicas culturales nacionales las podemos considerar como un elemento integrador de los acuerdos en el ámbito de la cultura, formado por el conjunto de líneas generales de políticas culturales definidas por el Estado con el propósito de:

[...] crear las condiciones que propicien la más amplia participación y compromiso social, más allá de nuestras diversidades sociales, étnicas, políticas, religiosas o de género, a la altura de los retos de la globalización y del intenso intercambio cultural con el mundo.

Se trata de políticas institucionales definidas por el propio Instituto y con las líneas estratégicas a desarrollar claras y viables. En este marco institucional no debe olvidarse que:

[...] el desarrollo de nuestra cultura nacional y su preservación constituyen una responsabilidad histórica de las actuales generaciones, responsabilidad que no se agota en la indispensable labor creativa. De tal forma, se debe transitar hacia el futuro con una visión y un proyecto de país que contribuya al pleno desarrollo de las potencialidades y expectativas de los mexicanos [Piedras 2006: 80-81].

De este modo, los acuerdos con los estados y municipios deben emanar de las políticas públicas del INAH cuyo objetivo es fortalecer su presencia y su acción en todos los ámbitos como único responsable constitucional del patrimonio cultural (arqueológico, histórico y paleontológico). Estas líneas conforman una política cultural integral que, usando las palabras de García Canclini, tiene la finalidad de "orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o transformación social" [1987: 26], la cual debe insertarse en los planes de desarrollo estatal y municipal, así como en los programas y proyectos específicos multidisciplinarios para el rescate, conservación y difusión del patrimonio local, sin dejar a un lado la participación de la sociedad organizada en el marco de la democracia participativa.

Uno de los efectos de la globalización en el mundo son "los cambios en las políticas estatales y las dinámicas económicas, que establecen fuertes presiones sobre la herencia cultural. Los centros históricos entran en la dinámica del turismo y de la especulación inmobiliaria...", pero estas presiones también se están dando en el patrimonio intangible, "...la vida cotidiana, bienes y manifestaciones culturales de sociedades subvaloradas en el último siglo comienzan a tener un espacio cada vez mayor en los programas televisivos de cultura y de turismo". La empresa privada también se ha incorporado a esta dinámica, por lo tanto, podemos decir que "la herencia natural y cultural ha dejado de ser tan sólo un tema de discusión académica para convertirse en un tema de interés de las finanzas, de las inversiones y del mercado" [Caraballo y López 2004: 73]. Sin embargo, "la UNESCO entiende que la cultura no puede, en ningún caso, ser una más de las mercancías puestas en el juego de la oferta y la demanda, obviando la carga de identidad y valores sociales asociados a ella" [Tiburcio 2006: 6].

Cuando hablamos de desarrollo es necesario centrarlo a partir del crecimiento cultural, porque es la identidad lo que nos distingue y nos da valía, y ese concepto está indisolublemente ligado a la cultura de un pueblo: son las tradiciones, el comportamiento diferente ante situaciones similares, las cosas propias del sitio que no pueden ser repetidas miméticamente; las respuestas materiales e inmateriales a determinado clima. Las estructuras familiares, como el germen de la estructura de la comunidad [...] Por eso planteamos que todo desarrollo que se produzca ajeno a estos fundamentos generará decadencia [Leal 2002].

La UNESCO defiende que las causas de la cultura y el desarrollo están interconectadas. Entendiendo el desarrollo no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceder a una existencia intelectual, efectiva, moral y espiritual satisfactoria. El desarrollo considerado como:

[...] el conjunto de capacidades que permite a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera integrada. La diversidad cultural es el capital social de la humanidad, el cual, sumado al capital científico-tecnológico y a la diversidad ambiental, debería permitir la construcción de acciones sustentables para lograr una equidad en la calidad de vida de las personas que habitamos este planeta.

Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad, fuente de intercambio, de innovación y de creatividad" [Caraballo 2004: 8].

Es por ello que considero que las culturas locales pueden y deben ser el principal motor de los procesos de desarrollo de los sitios patrimoniales, por lo que deberán ser tomadas en cuenta y crear los mecanismos para el fomento del sector cultural, sin olvidar que la dimensión política del patrimonio se refiere tanto a la administración territorial de los bienes culturales como a su inclusión en los procesos de apropiación significativa y puesta en valor de los mismos por la sociedad civil, entendidos éstos como referencias culturales.

La misión es, entonces, "aprovechar al máximo el potencial económico de crecimiento y desarrollo de nuestra actividad económica derivada de la cultura, todo ello en un marco de respeto de nuestra identidad y de nuestra diversidad" [Piedras 2006: 47]. Sólo respetando nuestro patrimonio cultural, definiendo políticas claras, los ámbitos de competencia y la responsabilidad de los diferentes actores involucrados en la cultura podremos edificar una nación con rumbo social y cultural y, sobre todo, con identidad nacional.

Con el propósito de abordar la problemática y complejidad de la protección del patrimonio cultural es válido explorar otras metodologías o modelos que nos permitan analizar y visualizar la problemática que permea tanto al patrimonio cultural como a su protección y conservación, para lo cual se retoma un modelo sistémico que nos facilite vincular al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dependencia federal responsable de la protección del patrimonio cultural en el país, con las diferentes instancias o instituciones de los gobiernos estatales y municipales, incluyendo a la sociedad civil organizada.

Este enfoque sistémico fue aplicado en un proyecto de gestión participativa del patrimonio en Bolivia, en un complejo arqueológico ubicado en el municipio de Pocona, provincia de Carrasco, del departamento de Cochabamba; dirigido por la maestra María de los Ángeles Muñoz Collazos y dio resultados que superaron las expectativas esperadas.

 

Enfoque sistémico

Una manera de plantear la complejidad de la vinculación es empleando el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS).

Sin abundar, y de manera breve, se puede decir que la Teoría General de sistemas, desde mediados de los años cuarenta, se basa en el humanismo científico (el cual considera que ningún cambio tecnológico es posible sin la presencia de la especie humana), que fundamenta todos los cambios y productos de la era de la información y la tecnología [Martínez-Salanova 2000: 3].

En un sentido amplio, la teoría general de sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinario.

En tanto paradigma científico, la TGC se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, donde lo importante es la relación y los conjuntos que emergen. En tanto práctica, la TGC ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades.

Para el biólogo Ludwig Von Bertalanffy, quien acuñó la denominación "teoría general de sistemas", éste debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales, y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. El sociólogo alemán Niklas Luhmann, quien se considera uno de los responsables de adoptar y aplicar la TGS en el ámbito de las ciencias sociales, comenta al respecto: "La TGS surge en respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques analíticos-reduccionistas y sus principios mecánico-causales" [Arnold y Rodríguez 1990]. Se desprende que el principio clave en que se basa la TGS es la noción de totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba fundado en una imagen inorgánica del mundo.

Si bien el campo de aplicación de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la TGS [Arnold y Osorio 1998: 40-41].

Éste es un recurso metodológico que nos permite ahondar en el conocimiento de la problemática del patrimonio cultural, en lo cual participan instituciones y organizaciones civiles con intereses particulares. Esta teoría enfoca el comportamiento de los elementos de la realidad frente a varios elementos, poniendo de relieve que cada uno de ellos existe dentro de un contexto con el cual tiene múltiples interrelaciones de relevancia. Podemos decir que existe una interrelación vital entre cualquier sistema y su medio ambiente, y que estamos rodeados de sistemas interrelacionados unos con otros formando microsistemas o suprasistemas.

El enfoque sistémico es un tipo de proceso lógico, compuesto por etapas clásicas claramente definidas como: identificar el problema, determinar alternativas de solución, seleccionar una alternativa, poner en práctica las alternativas seleccionadas, determinar la eficiencia de la realización y, cuando sea necesario, revisar cualquier etapa del proceso.

De manera sencilla podemos definir el concepto de sistema como un conjunto de elementos íntimamente relacionados con miras a lograr un objetivo común [Córdoba 1979: 35-55]. Para el tema que nos interesa —la cultura y el patrimonio cultural— el esquema que se visualiza contempla los tres niveles que concurren en el proceso, ya sea de manera directa o indirecta, el macro, meso y micro. En el nivel meso se ven representados como input o entradas los requerimientos o necesidades de las instituciones y de la sociedad civil, donde uno de los personajes fundamentales en el proceso es la comunidad institucional, integrada ésta por los profesionistas de las disciplinas antropológicas y de conservación que laboran en el INAH: arqueólogos, antropólogos sociales, historiadores, etnohistoriadores, etnólogos y lingüistas, restauradores, museógrafos y arquitectos, trabajadores administrativos, técnicos y manuales; una comunidad con tradiciones, creada y formada en un conjunto de principios y valores relativos al patrimonio cultural, experta, conocedora y enterada; que no se deja seducir por modas o paraísos fáciles, como los recientes proyectos que ligan la cultura con el turismo, la modernidad, el desarrollo o la globalización.

El propósito principal es desarrollar la investigación y demás actividades necesarias para generar experiencias comunitarias en términos de conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, pues sin estas experiencias el patrimonio cultural estará condenado a desaparecer, ya que, si no se incorpora a la vivencia de las comunidades, no sólo corre el peligro de ser saqueado o destruido, sino de perder, de facto, su carácter mismo de patrimonio, de no representar absolutamente nada para las personas y, por lo tanto, de no ser difundido como experiencia histórica de la humanidad, con lo cual se condenaría al olvido una gran cantidad de vivencias que podrían ser de mucha utilidad para ella. Además, un patrimonio con el cual la comunidad no se identifica no es patrimonio, aunque las leyes digan lo contrario.

La difusión es un elemento fundamental para el conocimiento de nuestra identidad nacional, y los promotores o gestores culturales se ocupan de ella participando como mediadores, comunicadores y facilitadores entre la creación, la participación y el consumo, con lo cual quedan insertos dentro de una estrategia cultural, social, territorial, haciendo viables los proyectos culturales en lo político y social. En este nivel también ubicamos a los centros INAH, lugares en donde, por medio de acuerdos y convenios, se lleva a cabo la vinculación entre las partes, así como la mediación entre el nivel macro y micro (lo local). En el nivel macro se encuentra al propio Estado, las dependencias gubernamentales, el INAH, así como los diferentes planes y proyectos de desarrollo nacional. Es el espacio donde se dictan las políticas públicas culturales, los lineamientos y estrategias con carácter nacional obligatorio. En el nivel micro están ubicadas las instancias municipales, los actores locales, el patrimonio cultural tangible e intangible de la región (zonas arqueológicas, monumentos histórico-coloniales, museo de sitio y regionales, las costumbres y tradiciones, la música, etc.) y las instancias operativas de los centros INAH (arqueólogos, historiadores, antropólogos, gestores culturales etc.), los que tendrán el trato directo con las comunidades y pueblos de la región.

De acuerdo con la TGS, este proceso cultural genera salidas, también llamadas output, de los productos y servicios culturales requeridos por la sociedad. Estos productos hacen posible el desarrollo cultural generado, el cual deberá redundar en elevar el nivel de vida de las regiones y sus habitantes, también generará nuevos conocimientos en términos antropológicos e históricos, además de, como resultado de su presencia vital en cada uno de los ámbitos de su competencia, el fortalecimiento del INAH como institución responsable de parte del patrimonio cultural y su enriquecimiento.

En este proceso cultural no sólo influirán los factores externos y las contingencias del medio ambiente, sino también las instancias u organismos y empresas transnacionales interesadas en la riqueza de nuestro patrimonio cultural, por lo tanto, se requerirá de una retroalimentación permanente para, en caso necesario, realizar cambios en el sistema con el fin de lograr los objetivos esperados.

La retroalimentación es la información que indica cómo está funcionando el sistema en la búsqueda de su objetivo, lo cual es introducida nuevamente al sistema con el fin de que se lleven a cabo las correcciones necesarias para lograr su objetivo (retroalimentación). Desde este punto de vista, es un mecanismo de control del sistema para asegurar el logro de su meta. La retroalimentación tiende a mantener el sistema dentro del programa o plan establecido para alcanzar el objetivo. En otras palabras, cuando el sistema se desvía de su camino, la información de la retroalimentación advierte de estos cambios a los centros decisionales del sistema y éstos toman las medidas para iniciar acciones correctivas y hacer retornar al sistema a su camino original [Johansen 2000: 8] (véase el esquema propuesto, figura 1).

 

Conclusiones

El papel del Estado en la cultura no está a discusión, es evidente que la responsabilidad institucional es la salvaguarda del patrimonio cultural, principalmente el arqueológico, histórico y paleontológico. Sin embargo, es importante que aquel también participe en la protección del patrimonio intangible, dado que fortalece la identidad de la nación mexicana. Sólo restaría definir cómo debe participar, cuál sería su papel en esta dinámica y con qué presupuesto hay que llevarlo a cabo. Es evidente que el Estado interviene con el propósito de legitimarse y como aparato representativo de un país y de la sociedad, pero esta intervención debe satisfacer también los intereses de los ciudadanos, ya que sólo así se podrá lograr una sociedad más cohesionada y con justicia social, que fomente y garantice la democracia participativa y el acceso a la cultura de la sociedad civil como un derecho individual y colectivo. Habría que asignar recursos intelectuales y financieros para fomentar la cultura en términos de creatividad, protección y fortalecimiento de la identidad nacional, salvaguardando el patrimonio cultural y la diversidad cultural.

Mediante la democracia participativa será posible vincular a las comunidades y población civil con los diferentes proyectos de desarrollo sustentables, tanto regionales como municipales, y con ello incorporarlas al desarrollo económico, político y cultural, y permitirles incidir en la orientación de los diferentes proyectos que integren el proceso de desarrollo regional. Esta incorporación estará dirigida a la definición de las acciones que permitan transformar su herencia natural y cultural en instrumentos que conduzcan a mejorar su calidad de vida. La actividad cultural, en términos económicos, es un elemento de desarrollo económico que debe beneficiar en primer término a las localidades en donde se encuentren ubicados los bienes patrimoniales, por tal motivo es prioritario que las culturas locales se conviertan en las principales detonadoras de estos procesos de desarrollo sustentable en beneficio de los propios habitantes de la región.

Asimismo, es indispensable formular políticas públicas culturales incluyentes y claras, así como reglas de operación bien definidas para que funcionen como elementos integradores de los acuerdos entre el INAH y los diferentes gobiernos estatales, municipales y sociedad civil organizada, pues esto permitirá lograr una vinculación que genere sinergia entre los actores involucrados en el ámbito de la cultura encaminada a promover, conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación; lo que garantizará la diversidad social, étnica, política, religiosa y de género; y lo que, a su vez, permitirá el respeto a nuestra identidad y la diversidad cultural, pero no sólo eso, también repercutirá en beneficio de nuestra sociedad, tanto en términos económicos como en el aprovechamiento del potencial productivo y el bienestar cultural, dado que el desarrollo requiere de la afirmación cultural y ésta, a su vez, necesita rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo.

El INAH debe desempeñar un papel estratégico en este proceso de vinculación, tiene que estar presente en el desarrollo de todos los proyectos que se instrumenten en el país que involucren el patrimonio cultural de la nación, deberá estar presente en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en los programas de cultura de los diferentes programas sectoriales, regionales o especiales, en los planes estatales de desarrollo, los planes parciales de desarrollo, los planes municipales de desarrollo urbano y los planes parciales de desarrollo de centros históricos y zonas arqueológicas. Incluso deberá estar presente en la expedición de los diferentes bandos municipales, así como en el marco jurídico y normativo, estatal y municipal, con el propósito de garantizar que se cumplan las disposiciones constitucionales referentes a la protección y conservación del patrimonio cultural.

Todo este marco jurídico es necesario para la protección de nuestro legado cultural, así como para fortalecer el federalismo, sustentado en la preservación de las profundas y genuinas raíces culturales de comunidades y regiones. Además son instrumentos para consolidar la vigencia de un sistema de organización social que ha confirmado ser incluyente de la diversidad étnica del país, la vía idónea de unidad del pueblo mexicano.

En cuanto a la capacitación para la vinculación y la capacitación como proceso educativo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos definidos, se deberán organizar programas de capacitación (cursos, talleres participativos, seminarios, etc.) para los involucrados de las diferentes instancias gubernamentales y sociedad civil a fin de transmitirles el conocimiento y la importancia del patrimonio cultural de su región, su conservación y protección; y de que desarrollen habilidades sobre temas específicos en términos de participación democrática en programas y proyectos de desarrollo regional y municipal, de que desarrollen o modifiquen actitudes que favorezcan las estrategias y acciones encaminadas a la realización de proyectos específicos de desarrollo regional y municipal, además de incorporar al léxico la terminología necesaria que les facilite la aplicación de conceptos aplicados a la cultura y el patrimonio cultural, entre otros aspectos.

La importancia de la TGS, y su enfoque sistémico como herramienta metodológica, nos permite analizar y conocer el proceso cultural que se lleva a cabo en diferentes ámbitos de la vida nacional. Es un modelo para la interpretación de la complejidad y problemática de la vinculación cultural, ya que nos ayuda a conocer el aspecto dinámico de las relaciones interinstitucionales y nos permite definir y estructurar los recursos, responsabilidades y actividades de los actores involucrados en el proceso cultural.

El patrimonio cultural de la nación mexicana es uno de los más ricos de Latinoamérica. Este patrimonio cultural afirma nuestra identidad como mexicanos y contribuye a la cohesión social y la integración de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), lo que nos obliga, como herederos naturales de este legado, a protegerlo, conservarlo, enriquecerlo y difundirlo, dado que sólo con identidad cultural se garantiza que la especie humana se realice y mantenga sus valores, creencias y tradiciones, y que el país al que se pertenezca sea un país con rumbo e identidad nacional.

 

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