Diversas temáticas desde las disciplinas antropológicas

 

Género y rotación legislativa de los representantes por el estado de Durango en el Congreso de la Unión

 

María del Rosario Varela Zúñiga

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma de Coahuila.

 

Resumen

Se hace un estudio de caso sobre la rotación legislativa de las y los representantes del estado de Durango en el Congreso de la Unión durante los últimos 15 años. El propósito es mostrar la importancia que tiene el género en el acceso al Poder Legislativo y en la posibilidad de hacer carrera política por parte de hombres y de mujeres. En tal sentido, se hace un tratamiento por sexo de los registros del Sistema de Información Legislativa, para identificar el acceso y permanencia de hombres y mujeres en el Poder Legislativo federal y local y las rutas de acceso que siguen. La investigación muestra la desventaja que tienen las mujeres del estado de Durango para acceder a la representación política en el Congreso de la Unión. El estudio se contextualiza en el debate actual sobre la Reforma Política desde la reelección legislativa, que es uno de los temas centrales.

Palabras clave: género, perspectiva de género, reelección legislativa, reforma política.

 

Abstract

This case study investigates the legislative rotation of the state of Durango representatives in the Union Congress over the past fifteen years. Its purpose is to show the importance gender for access of women and men into political representation space. By a sex treatment of the legislative information system registers, this paper identifies the number of women and men representatives, the paths routes they follow and the number of times they have held a position of representation. The study shows the disadvantage women of the state of Durango have in making a political and parliamentary career. It is contextualized in the current debate on Political Reform in which legislative reelection is one of its main points.

Keywords: gender, gender perspective, legislative reelection, political reform.

 

INTRODUCCIÓN

El debate actual sobre la reelección consecutiva representa una oportunidad para reflexionar sobre la escasa presencia de las mujeres en los cargos de representación, situación que muestra una de las fallas más evidentes que hemos tenido como sociedad: no garantizar el ejercicio de los derechos político–electorales a la mitad de la población, esto es, a la población femenina. En México, el sistema político electoral se conformó bajo reglas formales e informales que explícita o implícitamente negaron a las mujeres el derecho a participar en los asuntos públicos y, por ende, el derecho a representar y a ser representadas. De esta manera, la sociedad mexicana adquirió los rasgos propios de una poliarquía masculina, categoría con la cual Dahl [1992] se refirió a las sociedades representativas que todavía en el siglo XX no habían universalizado el voto a toda la población adulta. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, con la reforma al artículo 34, cuando la condición de ciudadanía se extendió a las mujeres.¹ La incorporación tardía de éstas a la categoría de sujetos representables propició que las instituciones políticas no reflejaran sus necesidades; por ello, su derecho a votar fue largamente postergado y el derecho a ser electas no ha sido ejercido plenamente.

El sello androcéntrico con el que se constituyeron las instituciones representativas en México da cuenta de un proceso diferenciado de acceso al poder por parte de las mujeres y los hombres. Los partidos políticos, únicas instituciones facultadas como vías de acceso de la ciudadanía al poder, han acusado un sesgo de género en el desempeño de su función pública, llevando al poder a más hombres que a mujeres. Son estas condiciones diferenciadas en el acceso al poder lo que obliga a plantearse la cuestión de la reelección legislativa —uno de los temas actuales de la agenda política—, desde una perspectiva de género. El género es una relación primaria de poder que imprime una desigualdad entre hombres y mujeres y condiciona el acceso y uso de los recursos [Scott, 1996]. Sin embargo, esta condición social frecuentemente es soslayada como variable que incide en los procesos de representación política, aun cuando, como bien dice Moore [1999:9], el género es un principio estructural de todas las sociedades humanas, ya que estructura las relaciones y las instituciones sociales, su historia, su ideología, su sistema económico y organización política.

En este sentido, la investigación realiza un estudio de caso de la rotación legislativa de las y los representantes políticos del estado de Durango en el Congreso de la Unión. Se trata de advertir la posibilidad que han tenido mujeres y hombres de ser representantes en más de una ocasión (ya sea en el Congreso federal o en el Congreso local), en un sistema político–electoral que, además de no permitir la reelección consecutiva o inmediata,² se muestra reticente en admitir la desigualdad de género como una de las fisuras de las sociedades democráticas–representativas. La intención no es hacer una exhaustiva revisión de las investigaciones generadas en torno a la reelección legislativa, sino orientar la discusión hacia una perspectiva de género, tomando en cuenta que las y los representantes portan una adscripción social de género ("hombres" y "mujeres") que les da diferentes posibilidades de incorporarse al poder político. Tampoco es la intención de esta investigación analizar las causas de la escasa presencia femenina en las estructuras políticas del país, pues estos elementos son considerados sólo parte del entorno que rodea el estudio de caso.

Se toman como referencia a las y los representantes electos —propietarios y suplentes en funciones— de las últimas cinco legislaturas federales; es decir, de la LVII a la LXI legislaturas, desarrolladas en el periodo 1997–2012. Este periodo comprende los años de modernización política en que los partidos de oposición empezaron a disputar al PRI la hegemonía política. De hecho, la LVII Legislatura Federal (1997–2000) es el parteaguas del proceso de liberalización política en México, pues, por primera vez, el PRI no tuvo mayoría en el Congreso. En el presente estudio se identifican las rutas seguidas por las y los representantes políticos para acceder a la arena federal o local en más de una ocasión, lo que permite hacer algunas inferencias sobre las posibilidades que tienen las mujeres y los hombres de hacer carrera política. Ésta se entiende en sentido restringido; esto es, se consideran principalmente los cargos electivos de diputados federales y locales, así como de senadores, amén de los cargos de gobernador, presidente municipal y regidores (estos últimos, en la medida en que tal información esté disponible).³

 

METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Para identificar a las y los representantes federales se utilizó el registro del Sistema de Información Legislativa (sil) que incorpora los cargos de diputados o senadores de la LVII a la LXI legislaturas.⁴ La fuente desglosa la información por cargo, partido, tipo de elección, estado, fecha de toma de protesta, tipo de cargo (propietario o suplente), así como su estatus vigente (activo o de baja). El SIL registra el número de cargos desempeñados, por lo que los nombres de los representantes aparecen tantas veces como hayan desempeñado un cargo, incluso los cargos de senadores se contabilizan doble —como si fuera una reelección—, ya que se cuentan por separado las dos legislaturas que comprenden el periodo senatorial. De los 3 785 registros del SIL,⁵ 82 corresponden al estado de Durango; de éstos, nueve cargos de senadores aparecen dobles, al restarlos quedan 73 registros⁶ que incluyen de manera repetida los nombres de los representantes que desempeñaron el cargo más de una vez. No obstante la amplitud de sus datos, el registro del SIL no está exento de fallas y omisiones; así, en varias ocasiones no se registra el estado de procedencia de las y los representantes, y en otras atribuye el mismo cargo (particularmente el de senador), a dos estados diferentes, aun tratándose del mismo periodo legislativo.⁷ Incluso así, el registro del SIL sigue siendo útil para los propósitos de esta investigación.

 

EL GÉNERO Y LA REELECCIÓN LEGISLATIVA: UN DEBATE A CONTRACORRIENTE

La reelección consecutiva forma parte del actual debate sobre la Reforma Política y se enmarca en el contexto de modernización de las estructuras políticas que experimenta México desde finales de los ochenta y cuya principal característica es la emergencia de otros partidos competitivos, además del PRI, que ganaron presencia tanto a nivel federal como estatal.⁸ En 1989, Baja California pasó a ser el primer estado gobernado por un partido de oposición; posteriormente siguieron otros, como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, la Jefatura del Distrito Federal, Nayarit, Tlaxcala, Zacatecas, Morelos y, más recientemente, Oaxaca, Puebla y Sonora. En el año 2000 la alternancia política se experimentó también en el plano federal con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República. En este contexto, cobraron importancia viejos asuntos de la agenda política, como la reelección consecutiva, que desde 1933 está prohibida en la Constitución.

La prohibición de la reelección legislativa inmediata surgió en un contexto político–institucional caracterizado por la existencia de un solo partido y un presidencialismo a ultranza [Tovar, 2010, y Nacif, 2006], pero en el actual contexto en que el presidencialismo se ha debilitado y donde existen más partidos políticos con capacidad competitiva, la vigencia de esta prohibición es vista como un anacronismo que no permite avanzar en el diseño de instituciones legislativas modernas [Nacif, 2006; Dworak, 2004a, 2004b; Campos, 2004]. La posibilidad de la reelección consecutiva ha motivado múltiples estudios sobre sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, se considera que la no reelección inmediata evita la acumulación de experiencias y la profesionalización de los congresistas, además de que impide el desarrollo de una relación de responsabilidad y rendición de cuentas entre los legisladores y su electorado [Campos, 2004:98]. Dworak [2004b:155–156] se muestra escéptico ante esta hipótesis y advierte que primero se deben especificar las circunstancias y mecanismos por los que los representantes buscarían adquirir conocimientos especializados en algún tema (como la pertenencia a comisiones legislativas).⁹ Sin embargo, está de acuerdo en que la restauración de las carreras parlamentarias mediante la reelección consecutiva llevaría al fortalecimiento de la función legislativa. Otros estudios han abordado la cuestión mediante una perspectiva comparativa o prospectiva (el mismo Dworak hace un estudio comparativo sobre los efectos de la limitación del mandato legislativo en Costa Rica, Filipinas y Estados Unidos; en este último, sólo algunos estados tienen limitación del mandato).

Empero, estos estudios han dejado fuera la perspectiva de género; esto es, soslayan la manera sobre cómo la reelección estaría mediada por la identidad social de "hombres" y de "mujeres". En todo caso, el debate asume que lo discutido es válido para ambos, lo que dista mucho de ser verdad, pues el género se ha develado como un factor que diferencia el acceso de mujeres y hombres al poder.¹⁰ Así, a lo largo de la historia de México no hubo ninguna mujer presidenta y apenas hemos tenido seis gobernadoras, dos de ellas interinas. Además, según el INEGI, en 2010 en la Cámara de Senadores de la actual LXI Legislatura, las mujeres representan 23.4% del total, y en la Cámara de Diputados las mujeres electas alcanzaron 27.8% (porcentaje que bajó hasta 25% posteriormente a la solicitud de licencias que hicieron varias diputadas que fueron sustituidas por hombres). En los congresos locales, la presencia de diputadas es de 21.7%; en las presidencias municipales de 5.3%; las síndicas representan 18.7%, mientras que las regidoras 32.6%. Lo anterior sin contar la escasa presencia femenina en el Poder Judicial y en la administración pública de los tres ámbitos de gobierno.

La representación política de las mujeres es actualmente uno de los ejes que articula la idea de una nueva gobernanza incluyente. Debido a que las mujeres han estado excluidas de la toma de decisiones, las instituciones que han regido a las sociedades democráticas–representativas no reflejan sus necesidades. Por ello, involucrar a las mujeres en la definición de las políticas y procesos decisorios hace más probable que las instituciones sean sensibles a las diferentes necesidades y situaciones, tanto de las mujeres como de los hombres, y contribuyan a la igualdad de género [Brody, 2009 y Guzmán, 2003]. La reducida presencia de mujeres en las estructuras de poder obedece a múltiples factores; así, de acuerdo con Tremblay [2007], existen factores de tipo cultural que subyacen en una sociedad, como valores estándar, actitudes e instituciones, en las cuales se crean las formas de ser, hacer y pensar. En este sentido, la religión, la educación y las visiones sociales de los roles de género son factores primariamente identificados como determinantes de la proporción de mujeres en la política (formal).¹¹ Por otro lado, de acuerdo con Moore [1999: 9], el género articula socialmente a los hombres y las mujeres, y el resultado de esta articulación es lo que define y redefine la actividad social. De este modo, la diferente ubicación de las mujeres y los hombres en la política parece depender del modelo de vida social que se desprende de la separación entre lo "doméstico" y lo "público", y que se traduce en una concepción cultural específica de lo que las mujeres y los hombres deben ser (y hacer). Vélez [2008] identifica factores subjetivos implícitos en la subrepresentación política de las mujeres que tienen que ver con la construcción de la subjetividad y la identidad femenina (subalterna) construida en los procesos primarios de socialización, situación que se convierte en nodal, pues actúa como estructura androcéntrica latente para determinar las representaciones que tienen los sujetos (en este caso las mujeres) de su posición en el espacio social, así como su relación con otros sujetos (individuos o grupos sociales). Vélez estima que la emergencia de un "sujeto femenino" en la política está sujeta a la deconstrucción de esas identidades.

Sin embargo, no existe un acuerdo generalizado sobre el peso de los factores socioculturales en la representación política de las mujeres. Otros autores acentúan la fuerza que tienen los factores de tipo político institucional, tales como el sistema electoral y de partidos y las reglas explícitas e implícitas que rodean los procesos de selección de candidatos y elección de representantes. En este sentido, se identifica al sistema de representación proporcional como el sistema que más favorece la incorporación de las mujeres al poder político; así, Matland [2002] refiere los resultados de una investigación realizada en 24 democracias industrializadas de Occidente que analizó las causas de las variaciones en los niveles de representación de las mujeres durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los resultados distinguen dos periodos: hasta 1970, la ventaja era de 2% de diferencia entre los países con sistemas electorales mayoritarios y los países con sistemas de representación proporcional, pero en las tres décadas siguientes el incremento fue más notable en estos últimos, mientras que en los sistemas mayoritarios fue más modesto. Ríos [2008] también refiere estudios que advierten sobre la importancia que tienen los factores político–institucionales como elementos de intermediación sobre los factores de tipo sociocultural, que suelen ser más graduales.

En México, desde finales de la década de los setenta, el sistema político–electoral es mixto; es decir, una proporción de representantes se elige por el principio de mayoría relativa en distritos electorales y otra proporción se integra mediante lista —cerrada— de diputados de representación proporcional y sujeta a la voluntad de los partidos políticos. En teoría, en el sistema mixto habría más posibilidades de que más mujeres arribaran al poder en la medida en que se abrieran otras vías de acceso, además del Partido Revolucionario Institucional (PRI).¹² Sin embargo, las mujeres no han alcanzado el umbral mínimo de representación (30%) considerado para las minorías (aun cuando las mujeres no son una minoría en el sentido estricto de la palabra). Lo anterior, a pesar de que desde mediados de los años noventa se introdujo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) la cuota de género, acción afirmativa temporal cuyo propósito esencial es revertir en un periodo corto la desigualdad de las mujeres en la esfera de la representación política. Inicialmente, el Cofipe exhortó sólo a los partidos políticos para que incluyeran en sus estatutos la necesidad de incorporar más mujeres en sus candidaturas; posteriormente estableció un porcentaje mínimo para la participación de candidatos de diferente género.¹³ Esta acción afirmativa fue incorporada paulatinamente en las legislaciones estatales¹⁴ con una coincidencia en su diseño: todas exoneraron de tal medida a las candidaturas de mayoría relativa, cuando éstas fueran electas por medios "directos" (considerados democráticos por sí mismos).¹⁵ Las posteriores reformas al Cofipe no han revertido esta excepción, situación que se considera una limitante para la participación política de las mujeres, pues en la práctica la cuota de género no opera para las candidaturas de mayoría relativa, que representan 60% de la Cámara de Diputados. Es decir, la cuota de género aplica sólo en las candidaturas de representación proporcional; sin embargo, es una práctica ya instituida en los partidos reservar estos espacios para sus figuras connotadas. De hecho, como se verá más adelante, esta vía es la que más se utiliza en la reelección alternada y es básicamente un canal de acceso masculino.

Tampoco existe un acuerdo sobre los efectos de la cuota de género en los diferentes países donde ya se ha establecido, pues mientras algunos muestran un incremento, otros no registran efectos positivos. Argentina, país pionero en América Latina en establecer la "Ley de Cupos" en 1991, ha mostrado mejoras, lo mismo Costa Rica y Perú, mientras otros, como Chile, Brasil y Colombia, han tenido pocos avances [Gallo, Sample y Schmidt, 2008]. Para el caso de México, de acuerdo con Reynoso [2008], el efecto ha sido exiguo y, según Alarcón [2009], el impacto es marginal. Conviene decir que estos países tienen variantes en sus sistemas electorales. En las legislaturas en estudio, aunque en la LVII Legislatura por primera vez la presencia de mujeres llegó a 17%, no es sino hasta la LIX legislatura cuando se advierte un incremento sustantivo, al representar 24% del total, pero en la LX legislatura este porcentaje cayó a 22%. La actual LXI Legislatura se integró al principio con 27% de mujeres; sin embargo, acusó una sensible baja por efecto de la licencia de algunas diputadas y su sustitución por hombres. La evolución que han tenido las mujeres en el Congreso de la Unión, durante las últimas cinco legislaturas, se muestra en el siguiente cuadro 1.

 

LA REELECCIÓN CONSECUTIVA: ACTORES Y PROPUESTAS

El tema de la reelección legislativa se puso notoriamente en la agenda política a raíz de la propuesta de reforma del Estado planteada a finales de 2009 por el Ejecutivo federal, que consideró la reelección de legisladores federales hasta un límite de nueve años (después de la primera elección; es decir, una permanencia en el cargo por espacio de doce años). Esta propuesta partió del supuesto de que la permanencia en el Congreso permitiría que los legisladores profundizaran su conocimiento, elevando con ello la profesionalización y especialización. La propuesta del Ejecutivo fue respaldada por el PRI —básicamente por la figura del presidente de la bancada priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones,¹⁶ cuya propuesta estableció dos reelecciones consecutivas en diputados federales y locales hasta un total de nueve años (una elección y dos reelecciones). Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso una reelección legislativa hasta por tres periodos consecutivos, y en el caso de las municipalidades y los jefes delegacionales se propuso su reelección hasta un máximo de seis años. El PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia rechazaron la reelección bajo el argumento de que primero era necesario fortalecer los procesos electorales, el sistema de rendición de cuentas y la revocación del mandato.¹⁷ Finalmente, la minuta del Senado de la República propuso un periodo de nueve años de permanencia, es decir, una elección y dos reelecciones para el caso de diputados; para el caso de senadores se consideró sólo una reelección.

Resalta que tanto en las propuestas del Ejecutivo como en la de los partidos no se consideraran medidas posibilitar y garantizar la presencia de más mujeres en el Poder Legislativo, no obstante la importancia que tiene la desigualdad de género en la Agenda Internacional de Desarrollo.¹⁸ De hecho, el índice de desigualdad de género es uno de los indicadores de desarrollo humano utilizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [2010]. Uno de los componentes de este índice es el empoderamiento, que expresa la participación de la mujer en la arena política, un lugar donde históricamente ha estado en desventaja. Para su medición se usa la relación de representantes hombre–mujer en el Congreso.

La exclusión de la desigualdad de género en las propuestas de reelección generó una serie de posicionamientos de las organizaciones de mujeres. De acuerdo con Natividad Cárdenas, presidenta del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, el Seminario de Análisis para la Reforma Política, impulsado por el Senado de la República, fue "una reforma discriminatoria e incompleta", pues ninguno de los temas que afectaban directamente a las mujeres estuvo en la mesa de discusión [CIMAC, 2010].¹⁹ También Mujeres por la Democracia Paritaria [2010b] advirtió sobre la necesidad de construir un nuevo pacto social centrado en la igualdad de género, y planteó una propuesta de paridad al Senado:

Impulsar un nuevo contrato social para el siglo XXI, donde la ciudadanía de todas las personas se sustente en plenos derechos, a partir del reconocimiento de las diferencias de género, origen étnico, orientación y/o preferencia sexual, capacidades diferentes, nacionalidad y clase social, para evitar que las diferencias sigan profundizando la injusticia y la desigualdad. Exigimos la reestructuración de las instituciones públicas estableciendo en la Constitución la PARIDAD, como medida definitiva para compartir el poder político entre mujeres y hombres de todas las condiciones sociales. Así se dará cabal cumplimiento al principio de igualdad de todos los mexicanos y las mexicanas, derecho fundamental ya consagrado en la Constitución [9 de febrero de 2010].

Estos posicionamientos de las mujeres hicieron eco en el Congreso de la Unión, donde se generaron tres iniciativas de ley, una por parte de Mujeres por la Democracia Paritaria y otra por el Grupo Parlamentario del PAN, así como otra que hizo en términos particulares la senadora del PAN, Leticia Sosa Govea.²⁰ Estas propuestas se significan por la prolija enunciación que hacen de los diversos instrumentos jurídicos internacionales en materia de igualdad de género, como argumentos precedentes de la serie de modificaciones y adiciones que se proponen a la Constitución, entre las que resaltan la incorporación del principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En contraparte, estos argumentos están ausentes de las propuestas de los partidos y de la del presidente, lo que denota la importancia que tiene el derecho internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el valor diferenciado que le dan las organizaciones de mujeres y los partidos políticos.

 

EL CONTEXTO LOCAL: GÉNERO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO

El estado de Durango es uno de los estados donde no ha ocurrido la alternancia política en el Poder Ejecutivo y donde, en el Poder Legislativo, el PRI ha sido siempre una fuerza hegemónica. Aunque hubo periodos en que dicha hegemonía se vio amenazada, mantiene la mayoría, incluso en la última elección de 2010, en que el PAN y el PRD se aliaron bajo la figura de José Rosas Aispuro, un ex priista que no se vio favorecido por su partido para su candidatura como gobernador. El PAN ha sido la primera minoría, pero su presencia ha venido disminuyendo desde la década de los noventa. El Partido del Trabajo (PT) ha constituido la tercera fuerza política, si bien últimamente le disputa este lugar el PAN. La presencia del PRD ha sido mínima, casi igual a la del Partido Duranguense (PD), un partido local; el PVEM ocasionalmente ha tenido representación en el Congreso. La actual LXV Legislatura local (2010–2013) está integrada por los partidos que se relacionan en el cuadro 2.

En este contexto local, caracterizado por un bajo impulso de los partidos a la participación política femenina, las condiciones para reclutar mujeres con cierta experiencia al Congreso federal se muestran poco favorables. De hecho, como se verá más adelante, son muy pocas las que han representado al estado de Durango en el Congreso de la Unión, y menos aún las que han sido electas para más de dos cargos, ya sea en el ámbito federal o local.

El Congreso del Estado de Durango ha tenido tradicionalmente una escasa presencia de mujeres, pues en las cinco últimas legislaturas su participación no fue superior a 20% (véase cuadro 3).

 

EL SESGO DE GÉNERO EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL PODER LEGISLATIVO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL ESTADO DE DURANGO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Como ya se advirtió anteriormente, en México está prohibida la reelección legislativa inmediata, pero no la reelección alternada o rotación legislativa. Para identificar la rotación legislativa de las y los representantes del estado de Durango en el Congreso de la Unión, se consideraron a los representantes que han ocupado un cargo en más de una ocasión, contando también los cargos desempeñados en la legislatura local.²¹ Al final se suma el número de veces que desempeñaron el cargo, ya sea como diputados federales, locales o senadores,²² y se identifican las rutas seguidas; esto es, si llegaron por la vía de mayoría relativa o de representación proporcional, y si lo hicieron como propietarios o suplentes. En caso de que estos últimos hubieran llegado a ejercer el cargo de propietarios, se contabiliza como cargo ejercido; si sólo fue suplente, se anota como parte de su carrera política exclusivamente.

Para saber cuántos hombres y mujeres han sido representantes por el estado de Durango en el Congreso de la Unión, y por cuántas veces lo han sido, se redujo el número de cargos a número de personas, quedaron 66 representantes, de los cuales 50 son hombres y 16 mujeres.²³ De los 50 hombres, 31 legisladores han ocupado un cargo legislativo más de una vez —entre cargos federales y locales—, mientras 19 lo han ejercido sólo una vez en el Congreso de la Unión (véanse cuadro 4 y anexo 1). De las 16 representantes mujeres, sólo seis han desempeñado un cargo legislativo —entre cargos federales y locales— en más de una ocasión, y 10 lo han desempeñado en sólo una ocasión (véase cuadro 4).

Sumando la cantidad de hombres y de mujeres, se tiene un total de 37 representantes que han ejercido el cargo en más de una ocasión. Es decir, 59% de los representantes del estado de Durango en el Congreso de la Unión en las últimas cinco legislaturas tienen una experiencia legislativa de más de una vez en el cargo (federal o local). El restante 44% ha desempeñado el cargo sólo una vez.²⁴ Por otro lado, de los 50 representantes hombres, 62% ejerció el cargo por una segunda ocasión, mientras, en el caso de las mujeres, este porcentaje correspondió sólo a 38%.Ahora bien, del total de los 37 representantes reelectos, 84% corresponde a hombres, mientras en el caso de las mujeres es 16% (véase cuadro 5), lo que indica un alto porcentaje de rotación legislativa masculina en comparación con la rotación femenina. De los representantes sin reelegir, 66% corresponde a los hombres y 34% a mujeres. Esto es así por el escaso número de mujeres electas, en comparación con el de los hombres.

Sin embargo, las diferencias no se agotan ahí, considerando el número de veces que las mujeres y los hombres ocupan un cargo de representación (federal y/o local), son más hombres quienes acceden en más de dos ocasiones. Es el PRI el que con más número de representantes —tanto mujeres como hombres— contribuye a la representación federal y cuenta también con más representantes, que han ejercido el cargo hasta en cuatro ocasiones. En el resto de los partidos, el número de cargos desempeñados sólo llega a dos (véase cuadro 6).

La mayor contribución de diputados del PRI se comprende si se toma en cuenta su ventaja histórica como partido. Así, en el estado de Durango nunca ha ocurrido la alternancia en la gubernatura y, tratándose del Congreso local, el PRI ha obtenido las diputaciones de mayoría relativa —con algunas excepciones en la segunda mitad de los años noventa. Entonces, tiene una mayor cantidad de activos con experiencia, que desde antes de la LVII Legislatura federal habían desempeñado una serie de cargos electivos.

 

RUTAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE HOMBRES AL CONGRESO DE LA UNIÓN

¿Cuál ha sido la ruta de acceso y permanencia de los hombres en el Congreso? Con algunas excepciones, la ruta que utilizan los hombres es ascendente: va de un cargo local a uno federal. La ruta descendente: diputado federal/diputado local, es menos frecuente; es decir, una vez que se llega al Congreso federal regularmente se vuelve a ocupar una posición de diputado o de senador. Sin embargo, la carrera puede empezar directamente en la arena federal y, una vez ahí, moverse, ya sea en la misma arena o irse temporalmente a la arena local y regresar a la federal, pero esta ruta es la menos frecuente. En esta última postura se encuentran sólo tres casos,²⁵ Gustavo Lugo Espinoza, del PRI, y Jorge Alejandro Salum del Palacio, del PAN, ambos diputados por la LXV legislatura local (véase anexo 1). En el PT se encuentra Santiago Gustavo Pedro Cortés, también diputado en la actual legislatura local, aunque éste realmente debe ubicarse en una ruta "alterna", es decir, sustituyendo a una mujer, práctica que ha sido recurrente en los partidos políticos como alternativa de mantener activos a sus diputados con más experiencia. El caso del diputado Pedro Cortés es extraordinario, porque, no estando en la fórmula asignada por el partido, tomó el cargo, debido a que (por estrategia del partido) ni el propietario ni la suplente acudieron a la toma de protesta y, de acuerdo con la norma constitucional local, se llamó al siguiente en la lista del partido.

Entre los diputados del PAN, en las cinco legislaturas en estudio, todos sus representantes han ocupado dos cargos siguiendo la ruta diputado local/diputado federal, aunque en un caso se siguió la ruta descendente: diputado federal/diputado local. En el PAN se advierte cierta especialización de algunos de sus miembros en la arena federal, como es el caso de Rodolfo Torres Elizondo, quien se desempeñó como diputado de la LIV Legislatura federal (1982–1991) y como senador en las legislaturas LVI y LVII (19942000). Otro caso es Juan de Dios Castro Lozano, que fue diputado federal en la LVII y LIX legislaturas (1997–2000 y 2003–2006, respectivamente). Asimismo, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, diputado en la LVIII Legislatura y senador en la LX y LXI legislaturas (2006–2012).²⁶

En el caso del PRD se sigue tanto una ruta ascendente como una descendente, sin descartar la ruta "alterna". Así, el diputado Marcos Carlos Cruz Martínez ha seguido una ruta ascendente, pero en la actual LXI Legislatura federal (2009–2012), tomó un "atajo", desplazando del cargo de propietaria a la diputada María Guadalupe Silerio Núñez.

En el caso del PVEM sólo se tiene un hombre, que ha desempeñado el cargo de diputado federal en dos ocasiones —José Antonio Arévalo González—, pero sólo en el segundo ejercicio —LX Legislatura (2006–2009)—²⁷ representó al estado de Durango; en la anterior —LVIII Legislatura (20002003)— representó al Distrito Federal.²⁸ Siguió la ruta DMRP–DRPP.

 

RUTAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LAS MUJERES AL PODER LEGISLATIVO

El patrón de ingreso de las mujeres como representantes políticas es más restringido que el de los hombres, ya que, además de ser electas regularmente sólo en una ocasión —para la Cámara de Diputados—, su acceso a la Cámara de Senadores es prácticamente nulo. A lo largo de las cinco legislaturas sólo ha habido dos senadoras —de 17 senadores en total—, ambas por el PRI: Judith Murguía Corral en la LVI y LVII legislaturas (1994–2000), y Ana Bricia Muro (en carácter de suplente en funciones) en las legislaturas LX–LXI (2006–2012).

En el caso de las mujeres, en muchas ocasiones su acceso al cargo deviene por suplencia cuando los diputados propietarios solicitan licencia para seguir con su carrera política (véase cuadro 7). Tal es el caso de las diputadas Rosario Sáenz y Ana Bricio, del PRI, y Salomé Elyd Sáenz y Rosa Elena Valles, del PAN, que ejercieron el cargo después de que los diputados propietarios Carlos Herrera, Ismael Hernández Deras y Juan de Dios Castro Lozano, respectivamente, solicitaran licencia, los dos primeros para ir por la candidatura para gobernador por el estado de Durango (que le fue concedida finalmente a Hernández Deras). En otras ocasiones, acceden al cargo sólo para dejarlo a un suplente.

Otra situación que resaltar es su escasa permanencia en la esfera pública, en contraposición a la permanencia de los hombres, que transitan por ésta con mayores rendimientos políticos; entre otros casos se encuentra el de Carlos Aguilera Andrade, suplente de Margarita Uriarte en la LVIII Legislatura local (1989–1992). Mientras Carlos Aguilera fue presidente municipal del municipio de Lerdo y actualmente es diputado de la LXV Legislatura local, Margarita Uriarte no volvió a desempeñar ningún cargo de elección.²⁹

Por otro lado, los casos recientes de diputados suplentes que siguen una ruta "alterna" muestran lo porosa que es la frontera del espacio representativo para los hombres, mientras que para las mujeres tiene límites rígidamente acotados por una cultura organizacional partidista que privilegia la representación masculina.

Ahora bien, ¿por cuál modalidad de representación llegan las mujeres? Regularmente se asume que la vía de la representación proporcional favorece más el ingreso de las mujeres al poder político (debido a que ésta abre mayores posibilidades para más candidaturas y éstas se pueden distribuir entre hombres y mujeres, a diferencia de las candidaturas de mayoría, donde sólo va un candidato). Sin embargo, a la luz de los datos que se obtienen para el estado de Durango esta afirmación tendría que matizarse para decir que la vía principal por la que entran las mujeres es la de la suplencia, ya sea por la vía de mayoría relativa o representación proporcional, así, de las 10 mujeres que ejercieron el cargo sólo una vez, ocho lo hicieron como diputadas de mayoría relativa y dos como representantes proporcionales. Sin embargo cuatro de las mujeres que entran por la vía de mayoría ejercen el cargo como suplentes en funciones, mientras dos dejan su lugar a un hombre. Esto reduce a solo dos las mujeres que entran como propietarias por la vía de mayoría (véanse cuadros 7 y 8).

De las seis mujeres que desempeñaron el cargo más de una vez, cuatro lo hicieron por mayoría relativa y dos por representación proporcional. Además, hay diferencias según la arena local o federal; por la primera, las mujeres llegan por la vía de mayoría, y en la segunda, por la vía de la representación proporcional. El acceso de las mujeres por la vía de la representación proporcional corresponde más a los partidos de menor competitividad; así, en las últimas cinco legislaturas la única diputada federal por un partido diferente al PRI (Elena Estrada Rodríguez, del PAN) fue de representación proporcional. Esta vía regularmente ha sido utilizada por los partidos para posicionar a sus activos políticos más connotados, que suelen ser hombres. Así, del PRI, por esta vía llegaron Samuel Aguilar Solís y José Ramírez Gamero en los dos últimos cargos de los cuatro que desempeñaron; asimismo, Alejandro González Yáñez, del PT, en su último ejercicio legislativo. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, también del PT, ha ingresado en todos sus ejercicios como diputado de representación proporcional —y en el actual ejercicio, en la LXI Legislatura, ingresó por la vía "alterna".

El partido con mayor capacidad de llevar mujeres al Congreso de la Unión en más de una ocasión es el PRI, pues ha llevado cinco mujeres de las seis que han estado en esta situación. En el caso del PAN, sólo ha llevado a una mujer, la diputada Laura Elena Estrada, con un cargo legislativo previo, desempeñado en la legislatura local. En los cuadros 7 y 8 se advierten las rutas de acceso por las que las representantes mujeres arribaron al Poder Legislativo en una ocasión o más.

En el PVEM sólo hay una mujer que ha representado al estado de Durango en el Congreso de la Unión (Lorena Valdés Corona); la otra mujer que pudo estar como representante (Olga Patricia Chozas y Chozas) fue desplazada por Luis Alejandro Rodríguez, quien llegó a la legislatura LXI por la "ruta alterna". El PRD y el PT no han llevado mujeres al Congreso federal; más bien han sido desplazadas (María Guadalupe Silerio Núñez, por Marcos Cruz Martínez, y Anel Patricia Nava Pérez, por Alfonso Primitivo Ríos).

 

CARRERAS POLÍTICAS DE LARGA DURACIÓN

Otra diferencia de género que se advierte es en la duración de las carreras políticas. Así, en el caso de los representantes hombres, aun sin reelección consecutiva, se tienen carreras parlamentarias y políticas de más de 30 años, llegando a ocupar hasta tres y cuatro veces un escaño federal, amén de mantener abierta la posibilidad de continuar con su carrera en las presidencias municipales y en las gubernaturas de los estados, o en la administración pública. En el PRI, José Ramírez Gamero es ejemplo de una longeva carrera política desempeñada sólo en la arena federal; fue diputado en la L Legislatura (1976–1979) y senador en la LII y LIII (1982–1988). Interrumpió su carrera legislativa para ser gobernador y luego volvió a ser senador en la LVII Legislatura (1997–2000). Este personaje estuvo vigente en el ámbito político por un periodo de 27 años, apenas superado por Ángel Sergio Guerrero Mier, contemporáneo suyo —también del PRI—, quien estuvo vigente por espacio de 30 años y llegó a ser gobernador del estado en el periodo 1998–2004. A diferencia de Ramírez Gamero, Guerrero Mier inició su carrera en la LI Legislatura local (1968–1971) y luego la continuó en el Congreso federal, donde en tres ocasiones fue diputado por mayoría relativa. Estos representantes se han reelecto hasta en tres ocasiones.

Otro caso de un representante que ha ocupado hasta cuatro cargos legislativos es Samuel Aguilar Solís, también del PRI, quien ha estado por 17 años en la carrera política. Este representante se inicia como diputado de la LIX Legislatura local (1992–1995) y luego es electo senador en la LVI Legislatura (1994–2000). En la LVIII y LX legislaturas (2000–2003 y 2006–2009, respectivamente), vuelve a ser diputado federal. Pedro Ávila Nevárez (del PRI), tiene también una carrera política larga de 20 años; se inicia como diputado suplente en la LVII Legislatura (1986–1989) del Congreso local y luego fue diputado propietario en la LXI Legislatura (1998–2001) del mismo Congreso; posteriormente fue diputado federal en la LIX Legislatura (20032006), y en la LXI (2009–2012) vuelve a ejercer este cargo al suplir a Jorge Herrera Caldera, que solicita licencia para competir por la gubernatura de Durango para el periodo 2010–2016.

Otro representante con una carrera y política prolongada es Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango para el periodo 2004–2010. Éste empezó su carrera siendo diputado local suplente en la LVIII Legislatura del Congreso local (1989–1992) y diputado propietario en la LIX legislatura (1992–1995) del mismo Congreso. Luego fue senador suplente de Ramírez Gamero en la LVII Legislatura (1997–2000) y senador propietario en la LVIII y LIX legislaturas federales (2000–2006). Esta carrera la hizo en 17 años.

Las carreras parlamentarias longevas se dan más en el PRI por ser el partido con más años en el poder; sin embargo, hay un caso de excepción, el de Alejandro González Yáñez, del PT, quien inicia su carrera parlamentaria en la LVIII Legislatura local (1989–1992) como representante del Partido del Comité de Defensa Popular (PCDP), organización política local antecedente del PT. Luego es diputado en la LVII y LIX Legislaturas federales (1997–2000 y 2003–2006, respectivamente). Otro activo del PT con una carrera política prolongada de 26 años es Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, actual diputado en la LXI Legislatura (2009–2012), a la que accede por la "vía alterna". Él inicia su carrera legislativa en 1986 como diputado del PCDP en la LVIII Legislatura local (1989–1992) y vuelve a ser diputado por el PT en la LXI Legislatura (2009–2012); en la LVIII Legislatura federal (2000–2003) se desempeña como suplente de Carlos Cruz Martínez, del PRD, y, finalmente, llega a la actual LXI Legislatura federal a partir de que Anel Nava Pérez le deja su lugar. En el PT, tres de sus cuatro representantes en el Congreso de la Unión siguieron la ruta de ser electos primero en un cargo local y luego en uno federal.

En contraste, entre las representantes son contadas las mujeres que han logrado permanecer por un tiempo prolongado en la política. El caso más representativo es el de Judith Murguía Corral, que ha desempeñado en dos ocasiones el cargo de diputada local en la LIX y LXV legislaturas locales (1992–1995 y 2009–2012, respectivamente), una vez el de diputada federal en la LIV Legislatura (1988–1991) y una vez el de senadora en la LVI–LVII legislaturas (1994–2000) (véase cuadro 8). En los primeros tres ejercicios representó al PRI, mientras que en el último representó al PAN, en la coyuntura de las elecciones de 2010, con la alianza PAN–PRD. Antes de esta elección, su carrera en el PRI parecía estar terminada. Se ha mantenido vigente por más de 20 años.

También Juana Leticia Herrera Ale, del PRI, es un caso excepcional, pues ha tenido dos cargos legislativos en un periodo corto de tiempo: diputada federal en la LX Legislatura (2006–2009) y diputada local en la actual LXV Legislatura local (2009–2012). Herrera Ale fue, además, presidenta del municipio de Lerdo. La ruta que sigue también es atípica, ya que inició como senadora (suplente sin entrar en funciones) en la LVIII y LIX legislatura (2000–2006), luego diputada federal y, posteriormente, diputada local. Los casos de Murguía y Herrera son excepcionales, pues regularmente las mujeres ejercen sólo un cargo legislativo, y en las pocas veces que lo desempeñan en más de una ocasión, siguen la ruta diputada local/diputada federal. Son menos aún las que pueden realizar una carrera política larga y experimentada.

 

CONCLUSIONES

Si bien en México no se permite la reelección consecutiva, el estudio de ^ caso, referido al acceso y permanencia de los representantes del estado J de Durango en el Congreso de la Unión, muestra que la reelección alternada —ya sea en el Congreso local o en el federal— ha permitido a los partidos políticos sortear tal prohibición y, paralelamente, cultivar una élite legislativa básicamente masculina. Así, a lo largo de cinco legislaturas federales, en la Cámara de Diputados las mujeres han sido sólo 14, en contraste con el número de legisladores, que se eleva a 42. En la Cámara de Senadores, sólo dos mujeres han ejercido un cargo senatorial, contra 15 hombres que lo han hecho. La escasa presencia de mujeres en el Poder Legislativo se agudiza entre los representantes que se eligen en más de una ocasión. En todo caso, en el Poder Legislativo la presencia de las mujeres es —con algunas excepciones— efímera y prescindible. Lo anterior muestra una falta de promoción política de las mujeres de parte de los partidos políticos en su calidad de únicas vías de acceso al poder. Esta situación obliga a replantear la discusión de la reelección legislativa desde una perspectiva de género, esto es, considerando las diferentes oportunidades de acceso y permanencia que tienen mujeres y hombres en la esfera de la representación política, con el objeto de incorporar acciones positivas que propicien el acceso de las mujeres a los cargos electivos, de manera que en éstos no se perpetúe sólo un segmento masculino de la clase política. Las prácticas de sustitución de candidatas o diputadas electas son generadas por la ausencia de controles que definan de manera clara la forma de ingreso y permanencia de los representantes en el Poder Legislativo. Al respecto, habrá que reformar las leyes electorales y la Ley Orgánica del Congreso. En este contexto, urge democratizar los métodos de elección interna de los partidos políticos a fin de que incorporen igualitariamente a mujeres y hombres tanto en las candidaturas de representación proporcional como en las candidaturas de mayoría relativa. Asimismo, es necesario acotar los desplazamientos de las diputadas propietarias a través de reglas que garanticen que la proporcionalidad femenina lograda en la elección permanezca constante, independientemente de los cambios que los partidos hagan entre sus candidatos cs, o diputados. No se puede dejar de señalar la sordera de los partidos, que ° han dejado de escuchar las voces femeninas disonantes y disidentes del statu quo, que se han alzado para reclamar la inclusión de la igualdad de género en la reforma política. Ésta es una demanda legítima y un valor emergente de las sociedades democráticas. Satisfacer esta demanda deo volverá algo de credibilidad a los partidos políticos y a las instituciones _ representativas. Algunas cuestiones que quedan pendientes de abordar son las características adicionales que acompañan a las y los representantes políticos que se eligen una o más veces; aspectos como la edad, el estado civil, y el parentesco y la cercanía con los grupos de poder, dan más elementos sobre la forma en que mujeres y hombres acceden a los cargos públicos. También queda pendiente el desempeño de las y los diputados reelectos a fin de poder comprobar el efecto que esto tiene sobre la profesionalización de las y los representantes políticos.

 

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NOTAS

¹ A nivel local se dieron tempranos reconocimientos del derecho a votar de las mujeres: en 1916, los estados de Yucatán, Chiapas y Tabasco reconocieron la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos de elección popular; en 1922, el estado de Yucatán reconoció el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipales y estatales; en 1923, en San Luis Potosí se aprobó la ley que permitió a las mujeres que supieran leer y escribir, participar en los procesos electorales municipales y estatales. Para una explicación más amplia véase Tuñón [2006].

² De acuerdo con lo estipulado en el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes".

³ Se omiten aspectos relacionados con las características socioeconómicas, educativas y de otra índole que rodean las carreras políticas de las y los representantes.

⁴ El SIL se actualiza constantemente; el consultado para este estudio correspondió al de fecha 24 de julio de 2011.

⁵ El estatus de 13 registros es de "baja" (del cargo).

⁶ No todos los 17 senadores del estado de Durango (propietarios o suplentes) que registra el SIL están contados doblemente, ya que algunos fueron electos para un periodo extraordinario de tres años en la LVII Legislatura, y otros sólo estuvieron en una legislatura.

⁷ Entre otros representantes que no tienen estado de procedencia se encuentra la diputada Norma Sotelo Ochoa, del estado de Durango. Además, los registros 1937 y 1938 consideran a Héctor Federico Ling Altamirano como senador de Representación Proporcional por el PAN por el estado de Durango en la LVIII Legislatura (primera mitad de su periodo legislativo), pero en la LIX Legislatura (segunda mitad) lo registra como del Distrito Federal. De acuerdo con esto, Ling Altamirano habría sido senador por dos estados durante el mismo periodo, lo cual es legalmente imposible. Su suplente en ambas legislaturas fue Arturo García Portillo.

⁸ La revocación de mandato, las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular, la iniciativa ciudadana y las figuras de plebiscito y referéndum, entre otros, también integraron las propuestas de la reforma política.

⁹ En relación con la eficiencia en el trabajo legislativo, conviene traer a colación el Índice de Eficiencia Procedimental (IEP) que maneja Bárcena [2011] para cuantificar el comportamiento de las comisiones en el ámbito de formulación de políticas públicas. Una de las hipótesis que introduce en este índice múltiple es la de que la experiencia parlamentaria de los presidentes de comisión afecta positivamente el IEP sin embargo, no encontró una relación positiva. Otros factores más determinantes fueron la cantidad de iniciativas que recibe una comisión, así como la creación de subcomisiones.

¹⁰ Emma Campos [2004] hace un prolijo estudio de la reelección de los representantes g durante las legislaturas XXXVI a LVI (LVII para el caso del Senado; sin embargo, no desagrega los datos por sexo y soslaya el hecho de que en la XLIII Legislatura las muI jeres habían conseguido el derecho a votar, por lo que ya se habían incorporado —si bien en una mínima proporción— al Congreso de la Unión.

¹¹ Las mujeres tienen una amplia participación en la política informal como parte de las bases de movilización de los partidos políticos y de sus líderes y también ejercen liderazgos comunitarios importantes; sin embargo, no logran pasar la frontera hacia los cargos de representación popular, considerados, en este caso, como la política formal.

¹² De acuerdo con Norris e Inglehart [1992, apud Tremblay, 2007], los parlamentos donde muchos partidos están representados ofrecen a las candidatas femeninas mayores posibilidades de ser electas, que en parlamentos donde sólo hay dos partidos.

¹³ En la legislación electoral, la diferencia sexual ha sido retomada como "género"; sin embargo, ésta no es una manera apropiada para referirse a hombres y a mujeres. El género es la representación sociocultural de la diferencia sexual; es decir, la valoración que la sociedad da al hecho de haber nacido hombres o mujeres. El género, así considerado, es una categoría para referirse a la diferencia social que se origina en la posición jerarquizante que la sociedad da a lo masculino y lo femenino. En el caso de la legislación electoral, sexo sería más apropiado que género.

¹⁴ A la fecha, sólo el estado de Nayarit no cuenta con esta acción afirmativa en su ley electoral.

¹⁵ Parte de este proceso en el ámbito estatal se pueden ver en: Peña [2003, 2006], Cervantes [2006], Pacheco [2006], Suárez [2006], Ochoa [2006] y Varela [2007], donde se reseñan los casos de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero y Nayarit.

¹⁶ Figuras importantes del PRI, como Emilio Chuayfett y Beatriz Paredes, se deslindaron de la propuesta de Beltrones diciendo que ésta era de los senadores y no del partido, y que sería éste el que posteriormente haría llegar su propuesta.

¹⁷ En la discusión en la Cámara de Diputados, los días 25 y 26 de octubre de 2011, la propuesta de la reelección inmediata se desechó por 237 votos a favor, 171 en contra y nueve abstenciones. El PRI, el PVEM y el PAN, votaron en contra. La figura de la revocación del mandato tampoco fue aprobada (transmisión de la Sesión del Pleno del Congreso de la Unión, Canal del Congreso.

¹⁸ La Plataforma de Acción IV Conferencia Mundial de la Mujer le dio visibilidad al O tema de la desigualdad de género en la esfera política. La igualdad de género ha sido impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en distintos foros internacionales. Actualmente es una de las Metas del Milenio.

¹⁹ En el segundo semestre de 2011 se realizaron los foros regionales "La Reforma Política. Cambio estructural de la vida social de México". Estos foros tampoco incluyeron las demandas de las mujeres. 

²⁰ Véase "Iniciativa de reforma política desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres", presentada al Senado de la República el 3 de marzo de 2010 [ref. 26 de septiembre de 2010, disponible en web: <www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2488]>. Asimismo, la iniciativa que presentaron la senadoras María Serrano Serrano, Blanca Judith Díaz Delgado, Lázara Nelly González Aguilar y Martha Leticia Sosa Govea, del GP del PAN el 18 de marzo de 2010. Gaceta del Senado, núm. 108. Véase también: "Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", que presenta el 25 de marzo la senadora Leticia Sosa Govea, del PAN, Gaceta, núm. 112.

²¹ Para identificar a los diputados locales se utilizó el libro Historia del Congreso del Estado de Durango, coordinado por Arreola et al., [2005].

²² No se consideran los legisladores locales que desempeñaron un cargo en el congreso de la Unión, pero que no lo hicieron por el estado de Durango, como es el caso del diputado del PRD, Rafael Palacios, que fue diputado local en la LXII Legislatura de Durango y diputado federal en la LXI Legislatura, pero por el estado de Sonora. En el caso contrario, sí se contabiliza, como el caso de José Antonio Arévalo González, del PVEM, que fue diputado federal por Durango en la LX Legislatura federal con una experiencia previa de diputado en la LVIII Legislatura, como representante del Distrito Federal.

²³ De los 73 registros se restan 12 nombres de representantes que se repiten al haber ocupado en más de una ocasión un cargo (incluidos los senadores que se contabilizan doble por el SIL).

²⁴ Este dato contrasta con los porcentajes de reelección que encuentra Campos para el Congreso federal en el periodo 1934–1997, transcurrido entre la XXXVI y la LVI legislaturas (LVII para el caso del Senado) y para cada legislatura: 13.7 y 14% respectivamente. Es decir, en el Congreso local de Durango el porcentaje es más elevado.

²⁵ Los tres diputados en esta situación acaban de integrarse a la LXV Legislatura local (2010–2013).

²⁶ Esta misma situación ocurre en el congreso local, donde los partidos especializan a una parte de sus activos.

²⁷ Para el ejercicio de la LX Legislatura (2003–2006), el SIL lo registraba como dado de 2 baja.

²⁸ La página web: <http://americo.usal.es/oir/elites/curriculums/Mexico/arevalo_gonzalez.pdf>, registra a un diputado local propietario por el PVEM en el III distrito para el periodo 2003–2006; sin embargo, la información es confusa puesto que el PVEM no tuvo representación en el Congreso de Durango, sino hasta la LXV Legislatura (2010–2013).

²⁹ Margarita Uriarte Rico es actualmente secretaria de Educación Básica en el estado de Nayarit, en una gestión caracterizada por el conflicto con la Sección 49 del SNTE.