Miscelánea

 

San Nicolás de la Torre, Querétaro: de estancia a hacienda. Siglos XVI y XVII

 

Adrián Valverde López

 

Escuela Normal Superior de México

 

Resumen

Aunque los peninsulares pronto se dieron cuenta de que las tierras ocupadas en la región otomí de Amealco no eran propicias para las actividades agrícolas, sabían que sí lo eran para el establecimiento de estancias de ganado. Esto lo supo aprovechar, por ejemplo, el adelantado Juan de Burgos al obtener 13 estancias de ganado mayor y tres caballerías, así como tres leguas y media de tierra con dos mil pasos de ancho que fueron otorgadas, inicialmente, al influyente Gonzalo de Salazar, y que en 1590 fueron reagrupadas por Alonso de la Torre, conformando así la Hacienda de San Nicolás de la Torre.

Palabras clave: adelantados, peninsular, funcionarios, región, estancia, hacienda, mercedes, caballerías.

 

Abstract

Although the peninsular ones soon realize the land occupied in the otomí region of Amealco is not adequate for agricultural activities, they know it is right for rising cattle. Juan de Burgos, for instance, made the most of it when obtaining 13 cattle farms and three horse stables, as well as three and a half leagues of land with two thousand steps wide. This land was formerly owned by an influential man, Gonzalo de Salazar. Later, in 1590, these were regrouped by Alonso de la Torre and were eventually part of a ranch named San Nicolas de la Torre.

Key words: advanced ones (first settlers), peninsular ones, kingdom representatives, region, cattle farms, ranch, grants, horse stables.

 

El presente estudio es un primer intento de compaginación de la información disponible en dos archivos históricos para tratar de entender el proceso de conformación de la Hacienda de San Nicolás de la Torre ubicada al suroeste de Amealco, Querétaro, en los límites entre el Estado de México y Michoacán.

Para lograr este propósito recurrimos a la consulta de diferentes ramos documentales en el Archivo General de la Nación (en adelante AGN), pero sólo en el grupo de Tierras, vol. 1801, exp. 3, fs. 1–8, encontramos algunas referencias sobre la relación de la hacienda con los pueblos vecinos y el gobierno central. Otra fuente son las Declaraciones, 1.22–L.2, exp. 30–7, ubicadas en el Archivo de la Reforma Agraria (en adelante ara), donde se asientan los nombres de los sucesivos propietarios, extensión, operaciones de compra–venta e hipotecas de la hacienda.

En la búsqueda de textos que nos ayudaran a explicar los datos ubicados, recurrimos a autores como Bishko [1952], Chevalier [1985], Keith [1971], Florescano [1971] y Gibson [1967], entre otros, los cuales fueron esenciales en el desarrollo de este estudio. Para Bishko [1952], Chevalier [1970] y Keith [1971] las mercedes de estancias de ganado mayor otorgadas a adelantados, influyentes funcionarios y ricos comerciantes al norte de la Nueva España son el origen de las haciendas y ranchos, los cuales surgieron a partir de la desintegración de la encomienda a mediados del siglo XVI. Es decir, que mientras la encomienda se debilitaba por la sobreexplotación y el servicio personal que los indios prestaban a los encomenderos, la hacienda se fortalecía con la adquisición de mercedes, mismas que eran factibles de ser heredadas.

Chevalier [1970] señala el paralelismo en la evolución de la hacienda en México con la propiedad rural en algunas zonas del Mediterráneo: primero, con una etapa pastoral (las estancias ganaderas en Nueva España), después, con la construcción de la villa romana (el casco de la hacienda), más adelante, con el surgimiento de la aristocracia feudal (aristocracia virreinal), seguido del acaparamiento de grandes extensiones de tierra (recurriendo a diferentes métodos) y, por último, con la constitución de centros de población alrededor de la casa del hacendado. Destaca que la hacienda en la Nueva España era un instrumento de colonización que desembocaba en el establecimiento del peonaje o una nueva forma de servidumbre.

Florescano [1971] subraya la relación entre la abundancia de la tierra y la necesidad de hacendados y mineros por el control de la fuerza de trabajo conocido como repartimiento, esto les garantizaba la suficiente mano de obra indígena para la construcción de obras públicas, la explotación minera y la agricultura. Los indios, antes forzados por la encomienda, al igual que los mestizos y los criollos empobrecidos —advierte—, recibieron el nombre de peones acasillados, esto significa "de casa" porque vivían en la hacienda. Esta etapa marca el inicio del sistema de peonaje en México, y tiene como peculiaridad la sujeción mediante deudas contraídas en forma de adelantos, en especie o en efectivo, de los que difícilmente pueden librarse. Gibson [1967] agrega que el peonaje es un sobreviviente de la encomienda, que sería más exacto describir como una nueva forma medieval de señores y siervos.

 

El Señorío de Jilotepec

El Señorío de Jilotepec se ubicaba en el actual Estado de México (Cuauhtitlán, Tlalnepantla e Ixtlahuaca), al norte del estado de Querétaro, al noreste del estado de Hidalgo (en la zona de Tula y Tepeji del Río) y al sureste del estado de Michoacán, el cual estableció relaciones con zonas colindantes, geográfica y culturalmente, como la Huasteca (Hidalgo y Veracruz), Michoacán y Guanajuato [Castillo, 2000]. Por su localización geográfica fue paso obligado de migraciones en dirección norte–sur y este–oeste; su frontera norte colinda con los grupos nómadas y seminómadas chichimecas; en la porción noroccidental y suroccidental con el imperio tarasco, además de que "por el sureste tiene fronteras con la provincia de Atotonilco, por la del este con la Acoxpan[...] y por el noroeste con el señorío independiente de Meztitlán" [Brambila 1994:223].

Entre los pueblos sujetos al Señorío de Jilotepec estaban "Acaxochitla, Michmaloayan, Tecocauhtla, Tepetitlan, Soyaniquilpan, Xilotepec, Tlacho, Atlán, Huichapan, Nopala, Timalpan, Zimapán, Tecolutla, Techalitla y Chipantongo[...], entre otros" [Brambila, 1994:226–227].

Para la primera mitad del siglo XVI, Jilotepec representaba un territorio importante para la Triple Alianza, ya que aseguraba el control de sus fronteras al norte y noroeste, y el abasteciendo de alimentos y soldados en las guerras de expansión. Con todo, el imperio mexica no pudo delinear con claridad su posición en la frontera norte y noroeste debido al intercambio comercial pacífico entre los otomíes de Jilotepec con los chichimecas y los tarascos.

Escribe Brambila [1994]:

[...]no sólo consumían la producción de los otomíes al sur de su territorio, también eran proveedores[...]. Este hecho explica cómo obtenía parte del tributo que pagaban, pero también nos lleva a pensar que los miembros del valle de México interactuaban con los grupos allende sus fronteras a través de los otomíes, y por lo tanto éstos fungían como amortiguadores de frontera dentro del sistema de la Triple Alianza [ibid.:229–230].

En suma, en la porción noroeste del Señorío de Jilotepec, colindante con la frontera chichimeca y tarasca, había guarniciones militares que provocaron la migración de pueblos y comunidades otomíes a territorio tarasco, así como su despoblamiento parcial [Carrasco, 1996]. Migraciones que fueron aprovechadas por los tarascos para ubicar aldeas en puntos estratégicos de su frontera que servían como escudos en la defensa de su territorio [Salas, 1997].

 

La llegada de los peninsulares

Para 1519, los peninsulares sabían de la existencia del señorío de Jilotepec, lo conquistaron a mediados de 1520, y en 1526 iniciaron la colonización. A su llegada, la frontera norte colindaba con un vasto territorio ocupado por los chichimecas "[...] aunque no queda claro si era la situación del momento del contacto, o si los chichimecas se desplazaron hacia el sur al derrumbarse el poderío otomí" [Salas, 1997:74].

Jilotepec pasó del dominio mexica al castellano, los cuales establecieron una alianza con los caciques para la conquista y poblamiento del territorio, esto afectó la organización productiva, política y social de ambos sistemas. Sin embargo, las formas de asentamiento y relación con el paisaje fueron un factor de cohesión y continuidad entre estos grupos [Brambila, 2000].

La creación de las estancias ganaderas en la región y las nuevas formas de tenencia de la tierra trajeron como resultado la devastación ecológica y la ruina productiva de los pueblos indios, así como el surgimiento de nuevos usos y costumbres [ibid.]

Así, con la llegada de los castellanos, Jilotepec pasó a formar parte de la frontera norte de Nueva España desde donde se organizaban las expediciones para agrandar los dominios de la corona castellana, así como lugar en el que se ubicaba la más rica encomienda de la segunda mitad del siglo XVI, que como entidad tributaria se extendía hasta el norte de Toliman, Zimapan y Querétaro (ver fig. 1) [García, 1999].

En suma, los otomíes de Jilotepec fueron un elemento demográfico que movilizó, de acuerdo a sus políticas de población, primero a los mexicas y a los tarascos, ubicándolos en aldeas que sirvieron de barrera entre ellos y los chichimecas. Después, con los españoles, fueron reubicados para fundar ciudades y villas que eran la base económica de los reales de minas, y como lugares de tráfico entre México–Zacatecas [Mendizábal, 1930].

 

La región otomío de Amealco

La región otomí de Amealco estuvo ocupada por adelantados y otomíes reubicados en la segunda mitad del siglo XVI, con todo, es difícil saber con precisión quiénes fueron los primeros beneficiarios con la entrega de mercedes reales. Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis Montañés, descendiente de caciques de Jilotepec, fundaron en 1535, una villa con gente del lugar donde hoy se encuentra – San Bartolomé del Pino, que para 1599 congregaba a 50 familias tributarias de la corona española en el poblado de Santa María de los Montes, hoy Santa María Amealco [Enciclopedia de México, tomo XII, 1987].

Van de Fliert [1988] menciona que en 1535 los otomíes de la zona se "[...] replegaban hacia lugares apartados, obligados por el acoso de los españoles. Un grupo de ellos —dice— se asentó en la parte suroeste de lo que hoy es Amealco, convirtiéndose en lo primeros pobladores de la región" [ibid.:45].

Los pueblos y comunidades otomíes que se ubicaron en este espacio son: San Ildefonso Tultepec, en náhuatl "Lugar de tules", integrado por diez barrios, (El: Saucito, El Tepozán, El Bothé, El Rincón, Yospí, El Cuisillo, Xajay, Tenazdá, La Piní y Mesillas); San Miguel Tlaxcaltepec, en náhuatl "Cerro de las tortillas"; Santiago Mexquititlán, en náhuatl "lugar en el cual abundan los mezquites"; San Juan Deguedó, en otomí "en la peña grande"; San José Ithó, "Vara" o "Chivo"; San Miguel Dehedeti, "Borrega"; y Chitejé, "Lugar entre cerros" [ini, s/f.] (ver fig. 2).

Las comunidades y pueblos restantes son de origen castellano y mestizo; destacando entre ellas algunos barrios como San Pedro (La Ladera, El Apartadero, San Bartolomé del Pino (Santa Clara, El Capulín, El Atorón, La Esperanza), San Antonio, Agua Blanca, Hacienda Blanca, Galindillo, Quiotillos, El Batán, Palos Altos, San Martín, El Rincón y Laguna del Servín, entre otras [ibid.].

 

Las estancias ganaderas

Entre la cabecera de Jilotepec y el poblado de Amealco surgieron centros ganaderos y agrícolas que formaron parte de una red comercial regional abastecedora de trigo, maíz, cebada, carne, pieles, sebo y animales de trabajo o de silla que garantizaban el tránsito de los caminos que conducían a los centros mineros, lo que posibilitó la acumulación de grandes fortunas, que en parte eran invertidas en la compra de tierra y es el origen de una nueva aristocracia terrateniente en el territorio, que cristaliza con el surgimiento de grandes propiedades acaparadas en unas cuantas manos.

Con la colonización y establecimiento de esta red comercial la estructura agraria cambió radicalmente en la zona, y aunque las nuevas normas jurídicas conservaban el régimen comunal surgió la gran propiedad rural con posibilidades de expansión por la disponibilidad de baldíos o "tierras ociosas" y tierras realengas que marcaron el principio de las grandes propiedades conocidas como estancias y haciendas.

Esta nueva forma de distribución de la tierra, apunta Chevalier [1985], fue aprovechada por los castellanos, quienes mediante la entrega de mercedes reales no enajenables o compras ventajosas a los pueblos de indios, ocultaban el "acaparamiento legalizado" mediante pagos al fisco real e inicio de largos litigios judiciales y la obligación de proporcionar mano de obra temporal (peones y rancheros) a la hacienda.

En 1604, por ejemplo, el juez congregador informó al virrey de la visita que hizo entre la cabecera de Jilotepec y el poblado de Amealco para la congregación de indios otomíes de esta provincia recomendando que "[...] habiendo visto este pueblo de Xilotepec que es necesario congregar al de Santa María Amealco con su tribu repoblando este sitio quedan muchos y muy buenas tierras y agua y oportunidad para los ganados de vacas de un español" [AGN, Tierras, vol. 1801, exp. 3, fs. 1–8].

Para finales del siglo XVI las estancias se vinculaban cada vez más con actividades agrícolas que generaban una producción mixta, las cuales, al mismo tiempo que producían trigo, cebada y maíz para abastecer el mercado local, vendían su ganado en San Juan del Río, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de México o en rancherías de chichimecas pacificadas.

En suma, la gran cantidad de mercedes otorgadas, la ocupación ilegal de baldíos o "tierras ociosas", tierras realengas y de contratos de compra–venta ventajosos marcaron el inicio de la gran propiedad agraria en la región. Periodo que se caracterizó, además, por despojos de tierras comunales de los pueblos vecinos y sucesivas composiciones, así como por el incremento de una pequeña y mediana propiedad conocida como ranchos, que abastecían con mano de obra y productos o a través de préstamos o mediante el alquiler de tierra a las fincas, que con el tiempo reclamaban derechos legales sobre la tierra por medio de la adquisición de títulos dudosos.

 

Dos personajes: Juan de Burgos y Gonzalo de Salazar

Desde la primera mitad del siglo XVI —como se sugirió antes— adelantados, funcionarios reales y ricos comerciantes se reservaron el dominio de las tierras ubicadas entre la cabecera de Jilotepec y Amealco. Este proceso de acaparamiento, menciona Florescano [1971], afectó tanto a zonas poco pobladas como a aquellas con alta densidad de población donde la inversión de capitales en la compra de tierra, como la influencia e iniciativa de estos personajes, es el origen de las grandes haciendas.

Si bien en la porción suroeste de Amealco es difícil saber cuándo llegaron los primeros adelantados o quiénes recibieron las primeras mercedes de estancias de ganado, en todo caso tres de las primeras fueron otorgadas en 1533 a Juan de Burgos, y en 1537 se otorgó otra a Gonzalo de Salazar de tres leguas y media de tierra con dos mil pasos de ancho [ARA, Declaraciones 1.22–L.2, exp. 30–7].

Con lo que se confirma, como señala Chevalier [1985], por un lado, que las ocupaciones fueron realizadas con anterioridad y sin autorización y, por otro, con la entrega de un título real se ratificaba la posesión. En otras palabras, desde muy temprano se empezaron a bosquejar los primeros derechos en la conformación de la gran propiedad de los peninsulares, lo que les garantizó la posesión de la tierra bajo la supervisión del virrey. Chevalier [1985:137] apunta:

Al determinar límites y al marcar derechos y deberes para los beneficiarios, los nuevos títulos de estancias tendían a precisar y a circunscribir la lenta toma de posesión del suelo por los ganaderos. Los años 1563–67 son un punto de partida: la estancia tomaba su forma definitiva, que no era, a su vez, sino una etapa en la formación de la hacienda.

Los documentos consultados nos muestran el interés de estos personajes por adquirir estancias de ganado y caballerías agrícolas entre la cabecera de Jilotepec " y Amealco. Entre quienes sobresalen Juan de Burgos y el factor de la Segunda Audiencia (1530–1535) Gonzalo de Salazar, quienes al mismo tiempo que impulsaron la actividad ganadera se apropiaron de baldíos, tierras realengas o comunales de los pueblos otomíes reubicados en el territorio.

Pero ¿quiénes son estos personajes? Juan de Burgos era un comerciante sevillano que junto con el maestre de navío Francisco Medel y trece soldados más, llegó a finales de 1520 a Veracruz con un bastimento de mercaderías, armas y tres caballos que le compró Cortés. Sumándose, poco después, al mermado grupo de conquistadores que se aprestaban al sitio de la ciudad de Tenochtitlán en 1521 [Martínez, 2003].

Participó en el sitio y toma de Tenochtitlán, donde fue herido, y posteriormente en la expedición a Pánuco, así como en la empresa de conquista de Occidente junto con Nuño de Guzmán. En recompensa recibió pueblos en encomienda y solares en la Ciudad de México; en 1529 el cabildo de la Ciudad de México lo nombró procurador mayor y mayordomo, y alcalde ordinario en 1532, 1540 y 1545 [ibid.].

Martínez [2003] refiere que Cortés tenía una deuda pendiente con Juan de Burgos por el navío y sus bienes de 1520, por lo que el 19 de enero de 1528 le otorgó la encomienda del pueblo de Oaxtepec. Sin embargo, al regresar Cortés de España en 1530 quiso recuperarla, pero Juan de Burgos se niega e inicia un litigio para conservarla y la enemistad entre ellos.

Gonzalo de Salazar, a diferencia de Juan de Burgos, era licenciado y tenía una situación holgada. Fue uno de los funcionarios enviados en 1524 por Carlos V a la Nueva España a cuidar la Hacienda Real y a Cortés. A su llegada refirió al Conquistador que en su paso por Cuba se enteró que Velásquez estaba en tratos con Cristóbal de Olid para adjudicarse las Higueras, razón por la que decidió organizar una expedición, dejando el gobierno de la Ciudad de México en manos del factor o recaudador de rentas Gonzalo de Salazar y en el veedor Peralmíndez Chirinos. Éstos, además de ser responsables de la confusión y crímenes que se suscitaron por entonces, organizaron un juicio de residencia en su contra [ibid.].

Gonzalo de Salazar al mismo tiempo que funcionario controvertido y enemigo de Cortés se convirtió en un próspero encomendero propietario de tierras en diferentes lugares y en un hombre de negocios. Utilizó los privilegios de su posición como funcionario para obtener concesiones y hacer compras de tierras ventajosas en beneficio de sus empresas económicas, distinguiéndose, también, por el despojo que realizó de las tierras comunales y la exigencia de excesivos pagos de tributos a la encomienda de Tepetlaxtoc [Gibson, 1967].

Por si esto no fuera suficiente, en 1544 consiguió que el virrey ratificara la compra de 20 caballerías que hizo a los indios de Tajimaroa, donde fue encomendero, para crear un ingenio que se convertiría en uno de los más grandes de Zitácuaro. Del mismo modo, en 1551, se le autorizó que los indios de Tajimaroa pudieran ser "contratados voluntariamente", para trabajar en su ingenio. No obstante, anota Chevalier [1985], la realidad era distinta ya que rara vez era de forma voluntaria, siendo obligados en la mayoría de los casos en contra de su voluntad.

 

La estancia de San Nicolás

Las estancias ganaderas y caballerías agrícolas se fusionaron tempranamente formando grandes propiedades mixtas, con lo que se generaron las condiciones necesarias para una ocupación permanente al convertirse en sitios estratégicos en el avance de los españoles hacia el norte y occidente, transformando el espacio con nuevas formas en la tenencia de la tierra. Esto es, menciona Chevalier [1985], las fincas se caracterizaron, entonces, por la combinación de actividades ganaderas y sus derivados para su venta en las zonas mineras, y el cultivo de trigo, cebada y maíz para el consumo interno y el comercio local.

En los títulos de la Hacienda de San Nicolás de la Torre se incluyen las primeras mercedes, documentos subsecuentes de venta, registros de exámenes, declaraciones de límites y otros papeles relacionados con la propiedad. Entre los títulos (1533 a 1604) se encuentra un primer cuadernillo en el que se hace constar la existencia de las primeras mercedes y las operaciones de compra–venta de tierras [ARA, Declaraciones 1.22–L.2, exp. 30–7]. En éste se refiere la entrega de tres sitios de ganado mayor, nombrados Yxtatepec, Iztapa y Jonacatlán, por la Segunda Audiencia a Juan de Burgos en 1533, a cuyos espacios se agregó más superficie con las sucesivas mercedes o contratos de compra–venta realizados con diferentes propietarios de estancias y caballerías agrícolas circunvecinas a sus propiedades. Como, por ejemplo, la que se otorgó el 22 de octubre de 1537 al factor Gonzalo de Salazar, de tres leguas y media de tierra, con dos mil pasos más de ancho y la facultad de servirse del agua de los ramales del Río Lerma para molinos y batanes.

En 1539 el virrey Antonio de Mendoza concedió nuevamente a Juan de Burgos y Juan Cano, diez estancias de ganado mayor [Martínez, 2003]. En 1545, por tercera vez, se le entregaron tres caballerías y agua para molino; propiedades que vendió en 1546 a Juan de Villareal y a Juan Fernández Caso [ARA, Declaraciones 1.22–L.2, exp. 30–7].

Todo parece indicar que Juan de Burgos fue uno de los primeros en dedicarse a la cría de ganado en la región, haciendo de esta una de las actividades más productivas y causa de disputas entre el clero secular y regular por el pago del diezmo del ganado de sus estancias. Personaje que, con la obtención de mercedes y la compra de otras, se convirtió en poco tiempo en un ganadero exitoso que llegó a tener más de cinco mil cabezas de ganado, las cuales con frecuencia invadían las tierras comunales de los pueblos colindantes.

En Real cédula del 3 de junio de 1555 se da cuenta del impacto de las estancias entre la cabecera de Jilotepec y Amealco, en donde se dice "[...] que esta a veinte y cinco leguas de esta ciudad de México, entre la cabecera de Jilotepec y el poblado de Amealco, hay en el más de ocho estancias de ganado en que dizque hay más de cinco mil cabezas de vacas e yeguas" [AGN, Tierras, vol. 1812, exp. 6, f. 18–20].

Ganados que causan a los otomíes "grandes daños en sus tierras y sementeras y haciendas" por lo que los pueblos vecinos solicitan al rey ordene sacarlo, "porque los toros los corrían y mataban" de tal suerte que "no osaban labrar sus tierras, ni salir de sus casas". La oposición de los estancieros a sacar sus ganados no se hizo esperar, por lo que no le quedó más recurso al virrey, Luis de Velasco, que ordenar construir cercas que separaran las tierras de los pueblos de indios y las estancias.

Ante estas medidas de la autoridad, los estancieros promovieron un litigio en el que apelaban contra el mandato del virrey y el pago de los cercados. Con esto se proponían —se dice en la cédula— dilatar su construcción y pago "todo lo más que pudieran, por lo que los indios no sean pagados (indemnizados del costo de la cerca) ni la cerca no se construya, que es lo que pretenden". Para echar por tierra la maniobra de los ganaderos, el virrey ordenó que "los que tienen ganado en el valle pagasen la cerca o sacasen los ganados". Si bien convenían más a lo primero, tuvo en cuenta para resolver en definitiva que la cerca debería ser pagada a fin de que "el ganado se conservase sin daño de los naturales". Con todo, los cercados nunca se construyeron.

Dos cosas se observan en los fragmentos anteriores; por un lado, el incremento de la ganadería en la región en poco tiempo y, por otro, la capacidad de maniobra de los estancieros para aplazar o cancelar todo aquello que fuera en beneficio de los poblados vecinos y estuviera en contra de sus intereses.

Así, los antecedentes de la Hacienda de San Nicolás de la Torre se remontan a la primera mitad del siglo XVI, la cual a través de diferentes procesos legales o semilegales (entrega de mercedes, compras, composiciones y denuncias de baldíos), incrementó considerablemente su propiedad en poco tiempo.

Chevalier [1985:185] escribe:

[...] la posesión de no pocas tierras ocupadas irregularmente se vio confirmada por el rey a lo largo del siglo XVII, previo pago de las "composiciones" por parte de los interesados. Desde este punto de vista, las reales cédulas de 1591 señalan un punto de partida muy importante para la constitución definitiva de las haciendas, si bien la ejecución de las órdenes no comenzó hasta mucho más tarde, llegando al máximo entre 1634 y 1645 en todo el centro de México.

En suma, son pocas las haciendas ubicadas en el centro de México cuyos títulos no tienen sus inicios a finales del siglo XVI. Incluso, es raro el caso que alguna se haya fragmentado en este periodo debido a que la mayoría tenían hipotecas pendientes que las hacían indivisibles a perpetuidad.

De estancia a hacienda

Las propiedades pertenecientes a la estancia de San Nicolás las adquirió en 1578 Alonso Arévalo, mismas que en 1590 vendió al escribano Pedro Vázquez y fueron heredas por su hijo, el franciscano Pedro Vázquez Rega, quien al perder el litigio por el pago de un préstamo a las monjas del convento de San Juan del Río se vio obligado a subastarlas en almoneda pública a Alonso de la Torre. Las que a partir de entonces serán conocidas como la Hacienda de San Nicolás de la Torre [ARA, Declaraciones 1.22–L.2, exp. 30–7].

En este expediente encontramos también diferentes operaciones de compraventa, en 1596, mediante las que Luis de Hermosilla obtuvo dos sitios de ganado menor y uno de ganado mayor, al igual que dos sitios más de ganado menor y de tierras realengas en 1603 en las proximidades del pueblo de San Francisco Ceualtapetania y del "pueblo despoblado" de Santa Clara, así como un sitio de ganado mayor aledaño al pueblo de San Pedro Tenango. Mismas que adquirió más tarde Alonso de Arévalo junto con las tierras contiguas a la estancia de Laes, inicialmente entregadas a Gonzalo de Salazar, que también se anexaron a la hacienda. Llegando a tener la hacienda un total de cinco sitios de ganado mayor, seis de ganado menor, cinco caballerías y un área de 3 1/2 leguas por 2000 pasos de 5/3 de ancho equivalentes a 17765 has, 97 a 25 c.

El acaparamiento de tierras, apunta Chevalier [1985], abarcó espacios supuestamente desocupados: terrenos perdidos (huecos), baldíos y realengos alrededor de la hacienda y la compra a caciques endeudados, pueblos o comunidades que vendían las tierras de "indios muertos" sin descendencia para el pago de tributos atrasados u otras deudas.

En 1604 Juan López (sucesor de Alonso de la Torre) vendió la hacienda a Fernando Villegas, quien trasladó el dominio universal a uno de sus hijos de nombre Diego de Villegas, el cual recurrió a las monjas de Santa María de Gracia (hoy San José de Gracia) para obtener un préstamo de 12 mil pesos y liquidar la parte del patronato que tocaba a los Villegas [ARA, Declaraciones 1.22–L.2, exp. 30–7].

Una pregunta que surgió al revisar los cuadernillos de la hacienda fue ¿quiénes eran estos sucesivos propietarios? Se puede observar que eran adelantados, encomenderos, funcionarios reales de alto nivel y ricos comerciantes que mediante la adquisición legal e ilegal de tierras conformaron una gran propiedad rural con dos propósitos: uno, adquirir poder y, dos, acrecentar sus rentas.

El proceso de expansión de San Nicolás de la Torre (1533 a 1604), por medio de diversas operaciones de compra–venta y ocupaciones ilegales, nos conduce a otra pregunta: ¿cuál fue el motivo de estas transacciones? y si éstas respondían únicamente al poder que significa la posesión de la tierra y las utilidades de la venta de maíz, trigo, cebada, carne y sus derivados a nivel local y regional, o si había que agregar las deudas contraídas por las sequías y sus consecuentes pérdidas económicas. Sin duda, retomando a Florescano [1971], la respuesta es sí, debido a las recurrentes crisis financieras de los propietarios (cosechas malogradas) y por la escasez de lluvias que caracteriza a la región, que provoca la mortandad del ganado cuando éstas tardan demasiado en llegar.

En suma, la combinación de diferentes factores influyeron de manera decisiva en las frecuentes operaciones de compra–venta y ocupaciones ilegales de la hacienda, así como

el que en una sociedad donde había multitudes de gente menuda que gravitaban en torno a unos cuantos personajes, en un país donde la tierra constituía la inversión principal, era muy natural que las fincas modestas —cuando las hubo— fueran absorbidas por las más grandes [Chevalier, 1985:184].

 

La hacienda

La hacienda, menciona Weckmann [1994], era una institución agrícola castellana establecida en Nueva España a finales del siglo XVI, como una unidad de producción de trigo para el consumo de peninsulares y criollos, de cebada para forraje de los animales y de maíz para alimento de sus trabajadores. El término en su forma arcaica es facienda, en la Andalucía de fines del medioevo es sinónimo de cortijo, y describe una propiedad agrícola trabajada con técnicas heredadas de la presencia árabe en la península ibérica.

Chevalier [1985] y Gibson [1967] apuntan que el vocablo hacienda, después de tener originalmente el sentido de "capital líquido", empezó a ser utilizado en las colonias americanas para designar cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles. Lo mismo "haciendas de minas" que "haciendas de labor o ganado", ranchos, rancherías, estancias o "hacienditas".

En el siglo XVII se siguieron utilizando estos diversos significados que empezaron a ser identificados con una propiedad rural en la que se conjugan (en vastas unidades territoriales) tanto caballerías de cultivo como estancias ganaderas que acaban por designar solamente medidas de tierras.

Chevalier [1985:212] escribe: "La palabra misma hacienda, a diferencia de la palabra estancia, hace pensar en el capital incorporado a la tierra, el que los "hombres ricos" habían empleado en hacer presas y otras instalaciones fijas, en adquirir esclavos y herramientas, carros y animales".

Para el siglo XVII, las haciendas incorporaron a su producción el maíz ante su escasez para abastecer tanto los mercados locales como regionales, que con el tiempo muchas se convirtieron en haciendas trigueras en las que se cultivaba una pequeña parte de la tierra. Adquirió derechos definitivos sobre sus propiedades y se consolidó el sistema de explotación por deudas de peones y pequeños arrendatarios, formándose como una gran unidad económica con poblados bajo la autoridad del hacendado o de su "mayordomo" [Gibson, 1967].

Con todo, la caída de la producción de plata junto con la disminución e irregularidad del comercio con la metrópoli, afectaron su estructura económica al quitarle dos de sus principales consumidores para sus productos: los hornos de fundición y los ingenios de minas [ibid.].

En esta época de decadencia minera fue sin duda cuando la hacienda se replegó sobre sí misma. El hecho es indudable en lo que se refiere a los latifundios del Norte después de la desaparición de los hornos de fundición y de los ingenios de minas. En otros lugares se entrevé este mismo repliegue, y el estudio detallado de la contabilidad de las haciendas lo pondrían probablemente en evidencia, si bien tales papeles eran de ordinario muy insuficientes antes del siglo XVIII [Chevalier, 1985:355].

Dos elementos que al combinarse dan como resultado el repliegue de la hacienda sobre sí misma, una disminución de los ingresos y dificultades crecientes en los pagos de hipotecas o de censos y capellanías; además de ser la causa directa de continuas operaciones de compra–venta entre particulares, y de constantes juicios legales entre sus sucesivos propietarios a lo largo del siglo XVIII.

Los cuadernillos de la hacienda de la Torre

En el segundo cuadernillo de los títulos de la hacienda de la Torre se menciona la escritura de venta que otorgó Diego de Villegas a Jacinto Mondragón. El tercer cuadernillo habla de la merced del sitio y rancho nombrado Santa Clara a nombre de Beatriz Ávalos, que a su muerte vendió Juan Espíndola a Alonso Alcocer y éste a su vez a Fernando de la Peña, quien traspasó a Felipe Alonso de Sandoval y cuyos albaceas lo vendieron junto con la hacienda a María Teresa de Medina, la que heredó a Felipe Cayetano de Medina. En el octavo cuadernillo se comenta la existencia de una escritura de venta de la Torre en el año 21, otorgada por María Teresa de Medina a Pedro Barberena. En el cuaderno noveno se indica la existencia de la real provisión y diligencias practicadas para restituir a Pedro Barberena la hacienda a María Teresa de Medina. Asimismo, en el cuadernillo décimo se cita la escritura de venta que otorgó María Teresa a Melchor de los Cameros y a Elvira de la Paz de la hacienda de la Torre el año 26 y real provisión del año 29 en que se mandan restituir las tierras ocupadas al pueblo circunvecino de Santiago Mexquititlán. Por último, en el cuadernillo once se hacen referencia de los autos originales contra Melchor de los Cameros [ARA, Declaraciones 1.22–L.2, exp. 30–7].

En estos cuadernillos se puede observar cómo la hacienda de la Torre experimentó un constante crecimiento y consolidación —desde finales del siglo XVI — al fusionarse con otras fincas o ranchos vecinos bajo el mismo nombre, y cómo sus sucesivos propietarios —de extracciones diversas— originaron la presencia constante de familias ricas y con poder que contrastaban en un medio de gente pobre.

Chevalier [1985:351] menciona que en algunos casos se puede hablar de la existencia de hacendados como empresarios financieros, que se distinguen por su riqueza, gustos, costumbres, preferencias y cultura que invaden

[...]todas las esferas de la vida rural, incluyendo ciertas villas o comunidades de labradores criollos a quienes se les encuentra como capitanes de peones, vaqueros o sirvientes de las grandes propiedades, o como humildes arrendatarios de sus "ranchos" anejos.

No obstante, la apropiación y concentración de los elementos de la producción en manos de un grupo de españoles, mediante la adquisición de mercedes, recomposiciones, usurpaciones y compra de tierras no presupone necesariamente la inversión de capital en las haciendas.

Para finales del siglo XVI y en el transcurso del XVII, los propietarios de la Hacienda de la Torre recurrieron a dos censos: uno a favor de las monjas del convento de San Juan del Río y otro a favor de las monjas del convento de Santa María del Río de García. Es decir, al no existir vínculos legales que limitaran la movilidad de la tierra (excepción hecha del fundo legal), ésta se utilizaba como una mercancía.

Durante el transcurso del siglo XVII la Hacienda de la Torre llegó a tener unos 50 bueyes de labor y 60 mulas para transporte, así como una venta regular de las cosechas equivalente a una producción aproximada de 5 mil fanegas de trigo (2250 hectolitros), que dejaba un ingreso de 3 mil pesos. Unos 40 trabajadores (libres y arrieros) que son el embrión del actual poblado de La Torre, cuya principal actividad era el curtido de pieles de ganado vacuno [ARA, Declaraciones 1.22–L.2, exp. 30–7].

La Torre, como localidad contigua a la hacienda, les permitió a sus habitantes ubicarse en un plano diferente a los gañanes y peones acasillados, al igual que de los otomíes y mestizos de los pueblos y ranchos vecinos.

Finalmente, la inestabilidad política y el deterioro económico minaron el funcionamiento de la hacienda provocando la escasez de inversiones de capital para mejorar y conservar su infraestructura. Los sistemas de riego, las trojes, los caminos y demás avíos sin el mantenimiento adecuado se dañan aceleradamente, y las restricciones de los mercados interrumpen el proceso de expansión de la agricultura reduciendo sus posibilidades productivas.

 

Conclusiones

La entrega sucesiva de mercedes reales a adelantados, funcionarios reales y ricos comerciantes en la primera mitad del siglo XVI, así como las compras ventajosas, la ocupación ilegal de terrenos baldíos y realengos proporcionan un fuerte impulso a la actividad económica ganadera en la porción suroeste de Amealco. Dichas propiedades, que a partir de 1590 fueron reagrupadas por Alonso de la Torre, dan lugar a la Hacienda de San Nicolás de la Torre.

En una región en la cual la hacienda llegó a acumular, para principios del siglo XVII, 17,765 has, es evidente que la tierra es un símbolo de poder donde la actividad agrícola se circunscribe a un área reducida y la utilización del espacio para el ganado es más importante que el valor mismo de la tierra. En suma, el poder y el control que estos personajes llegaron a ejercer sobre la tierra, sus recursos y la población encontraron en las autoridades virreinales el apoyo suficiente para aumentar su dominio sobre los poblados vecinos, sobre la tierra y sobre esos recursos. En otras palabras, las relaciones y el ejercicio del poder de los propietarios de la Hacienda de la Torre nos permiten aseverar que tenían cierto margen de autonomía, el cual se expresó en la toma de decisiones y el control sobre el elemento que constituía su fuente de poder: la tierra.

 

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Referencias documentales

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Archivo Reforma Agraria, México Documento: Declaraciones        [ Links ]