Introducción

La eficacia de los gobiernos es condición no sólo de legitimidad -obtención de resultados positivos y reconocidos por los ciudadanos- sino por el modo en que cumplen con la rendición de cuentas horizontal, en cuanto la responsabilidad política que deben cumplir las autoridades en relación con la sociedad y los ciudadanos. Responder a terceros, es decir, a la sociedad y los ciudadanos, es atributo de los gobiernos que ejercen el poder con sentido de responsabilidad, fortaleciendo de ese modo, la calidad de la vida democrática.

Sin embargo, cuando los gobiernos se alejan de la rendición de cuentas horizontal, implica que las autoridades incumplen con el sentido de la vida republicana y dañan la vigencia de los controles democráticos que son necesarios para regular con eficacia el ejercicio del poder.

Cuando las autoridades no se ciñen a las normas y rutinas que fundamentan la naturaleza diáfana de las cuentas públicas, le fallan a los ciudadanos, más aún cuando el saldo de la gestión institucional que llevan a cabo se caracteriza por deudas y quebrantos infringidos en perjuicio de la sociedad civil, los mercados, la vida productiva y la vida civil.

La importancia de la rendición de cuentas, en este caso la horizontal, consiste en que las autoridades, en la visión del Estado de Derecho, tienen la obligación de conducirse de manera honrada y responsable con el fin de responder a la confianza del voto ciudadano.

Cuando las autoridades políticas no entregan cuentas claras y con apego a la honradez a la sociedad civil, la rendición de cuentas horizontal se resquebraja para desventaja de la vida democrática, porque se da lugar a incumplimientos vinculados con la vigencia de controles que permiten que el Estado responda con responsabilidad y eficacia en el cumplimiento de sus tareas.

En este sentido, el desempeño de las autoridades políticas en el periodo de estudio enunciado, se caracteriza por la secuela de daños a quienes (los ciudadanos en su condición de contribuyentes) advierten que las cuentas del gobierno de Quintana Roo en el periodo 2011-2018 tienen faltantes, endeudamiento, quebrantos, corrupción, daño patrimonial. En este sentido, se violenta la relación entre gobernantes y ciudadanos para dar cabida al repudio, desencanto y el descrédito de las instituciones estatales por parte de la sociedad civil.

Con base en lo expuesto, en el presente trabajo se analiza el caso del Gobierno de Quintana Roo durante en el periodo 2011-2018, debido a que los fondos federales que le fueron suministrados para beneficio de la comunidad, desembocan en situaciones de daño, ya que no se utilizaron de acuerdo con los compromisos formales que los justifican el ejercicio por parte del gobierno estatal no tiene el mejor de los destinos y los resultados en esa lógica son desfavorables, por la prevalencia de prácticas caracterizadas por la corrupción política.

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación, que tiene como adscripción la Cámara de Diputados a nivel federal y que es el órgano responsable de la rendición de cuentas horizontal, documenta de manera sistematizada las deudas, los quebrantos, los faltantes, así como el daño patrimonial que se infringe al Gobierno de Quintana Roo por parte de autoridades estatales que deciden no utilizar de manera legal y debida los fondos federales que le corresponden a esa entidad federativa.

La gestión de gobierno de Quintana Roo desemboca en escándalo público, debido a que tiene como origen la corrupción política, ocasionando así el descrédito de las instituciones burocráticas, la administración y la gestión pública.

Para los fines del presente trabajo, se han definido dos ámbitos de referencia: uno que corresponde a un enfoque teórico/normativo que permite sustentar de modo comprensivo los fundamentos centrales del artículo, y otro que refiere al desempeño de un gobierno local, en este caso el de Quintana Roo, aportando datos empíricos que ubican con mejores elementos descriptivos la situación de ilegalidad, corrupción y daño en diversos rubros del quehacer institucional en particular, con el uso de fondos federales ejercidos de manera inmoral y cuyos resultados de gestión están documentados por la Auditoría Superior de la Federación.

El objetivo del artículo consiste en analizar cómo la rendición de cuentas cuando es objeto de quebranto institucional por parte de los actores del poder, da lugar a que la corrupción política se reproduzca en el ámbito de la vida gubernamental local, ocasionado que los recursos públicos a cargo de las autoridades y administradores del propio gobierno tengan un manejo que contraviene la legalidad, la responsabilidad y la eficacia. Con ello se origina que el desempeño institucional desemboque en el descrédito, el desencanto, la desconfianza y la irresponsabilidad, lo cual genera ambientes de incertidumbre que dañan la convivencia de la sociedad con el poder público, debido a los costos altos que se derivan del ejercicio perverso del poder.

La hipótesis de trabajo consiste en destacar que la relevancia de la institucionalidad democrática tiene en la rendición de cuentas horizontal, una de las bases fundamentales para llevar a cabo el control del poder. Sin embargo, cuando la corrupción política se reproduce en los aparatos de gobierno y en el nivel de la toma de las decisiones colectivas, los gobiernos incurren en prácticas de inmoralidad política que vulneran las normas de legalidad, así como el sentido republicano de la vida asociada. Con tales hechos se crean condiciones para la suspicacia pública, el quebranto institucional y el daño a la vida productiva y ciudadana.

Para fines de exposición, el artículo se estructura del modo siguiente: 1. Sentido del poder. 2. Relevancia de las instituciones. 3. Corrupción política: un caso de quebranto institucional. 4. Quintana Roo, un caso de corrupción política. 5. Conclusión.

Sentido del control del poder

Una característica fundamental de las democracias consiste en fortalecer los procesos que conllevan al control del poder, a fin de evitar abusos, así como conductas ilegales y arbitrarias. Es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil son reactivos al ejercicio abusivo del poder y desde la formación de las instituciones democráticas se ha optado por dotarlas de las atribuciones y medios que permitan fortalecer las tareas de vigilancia, fiscalización y evaluación para evitar el riesgo de dañar libertades, derechos de propiedad y también impedir el quebranto del patrimonio público. Sin duda, el poder del Estado y los órganos que lo integran fincan su lógica funcional en las atribuciones que tienen, así como en las responsabilidades que deben cumplir en términos constitucionales y materiales “La limitación material del poder, esto es, los derechos fundamentales, aparecen, así, como el nacimiento del mismo Estado constitucional, como el núcleo del concepto de constitución” (^{Aragón, 2013: 9}).

La categoría poder es de importancia vital para que el Estado y los órganos estatales estén sujetos a normas positivas de Derecho, las cuales autorizan y restringen lo que deben hacer. En este caso, el control del poder es una de las aristas más importantes para ubicarlo en el perfil de la sociedad civil y la vigencia del Estado democrático de Derecho. Esto significa que el poder no se ejerce en el vacío, sino en el marco de normas y disposiciones que establecen los procedimientos, tiempos, modos y medios para que su ejercicio sea apegado a principios constitucionales y al objetivo de las normas que integran el sistema de Derecho público. La categoría poder es relevante para la vida democrática, misma que ha definido desde su génesis y desarrollo los procedimientos institucionales para que sea objeto del escrutinio ciudadano y del apego a las reglas que lo formalizan como un conjunto de ámbitos, responsabilidades y líneas jerárquicas que son la base de su funcionalidad y eficacia.

El ejercicio del poder en la democracia tiene como punto cardinal su carácter público. Esto significa que su base de identidad son los ciudadanos, motivo central de su organización y funcionamiento. El carácter público del poder es atributo fundamental para que las democracias, convertidas en gobierno y administración del Estado, tengan a su cargo las modalidades en que debe ejercerse. El carácter público del poder deviene de la savia ciudadana que lo legitima con el cumplimiento de la normativa que está obligado a cumplir, situación que permite vislumbrar un espacio público atento y vigilante al modo en que se lleva a cabo el desempeño de las autoridades. El carácter público del poder es propio de sistemas institucionales que reconocen no sólo la distinción entre la vida privada y la vida pública, sino el modo en que se comunican, interrelacionan y cooperan para llevar a cabo el cumplimiento de las tareas, objetivos y metas colectivas.

Lo público del poder deriva del cumplimiento de las normas constitucionales y legales, las cuales son producidas por los órganos legislativos, debido a que tienen la responsabilidad de generar las reglas del juego que se deben cumplir en la vida colectiva de manera continua. “Las plazas, la calle, son lugares de uso público, abierto a todos” (^{Rabotnikof, 2005: 30}). Lo público del poder en las modalidades de “lo general y común, lo visible y manifiesto, y lo abierto y accesible” (^{Rabotnikof, 2005: 30}) significa que está a la vista de todos, que sus funciones se conocen ampliamente y que las consecuencias de su acción en la sociedad y en relación a los ciudadanos y organizaciones colectivas son de impacto general.

Por tanto, el control del poder es un imperativo que explica su fundamento, costos y beneficios, motivo por el cual es objeto de regulación sistematizada, que lo obliga a ceñirse al cumplimiento de las metas colectivas “…la recuperación y ampliación de la esfera pública está planteada en términos de la posibilidad de que opere como esfera que medie entre el Estado y la sociedad, ejerciendo sobre aquél una función de crítica y control” (Cunill, 1997: 67). Si el poder se organiza en órganos, funciones, atribuciones y responsabilidades, significa que el Estado y la Administración que lo integran, tienen la factibilidad de funcionar en la lógica de pesos y contrapesos. Éstos se diseñan no para frenar la actividad del Estado, sino para que a través de una regulación inteligente interactúen para garantizar la vigencia de las libertades civiles y políticas. La salvaguarda de éstas es vital en el ejercicio del poder democrático, porque implica que la relación de la sociedad con el Estado tiene que ser más cooperativa que conflictiva. Los pesos y contrapesos responden a la necesidad y funcionalidad del poder para desactivar las tentativas de concentrarlo y monopolizarlo desde las esferas de la vida burocrática. Los pesos y contrapesos son producto de que el poder se valora como un conjunto de fuerzas interactivas regidas por la estabilidad y tienen como objetivo que su funcionamiento sea balanceado, procurando que su sistema de institucionalidad garantice la funcionalidad de cada órgano para que la correlación de fuerzas sea la base que evite la destrucción o el desgaste del poder estatal.

Los pesos y contrapesos responden a condiciones de estabilidad, correlación, coordinación y vigilancia, que son necesarios en la vida de los Estados y se estructuran con las ventajas de la democracia moderna. La garantía para que el poder cumpla con sus cometidos a través de los órganos que lo integran, consiste en diseñar pesos y contrapesos para que sus movimientos sean sincronizados y, en ese sentido, favorecer la articulación de las fuerzas que lo integran con movimientos que no se contrapongan, sino que permitan cumplir las tareas de vigilancia y evaluación. El poder organizado en pesos y contrapesos es un sistema de control y vigilancia que previene y sanciona cuando se incurre en situaciones críticas que lo deterioran. Es un sistema de control y vigilancia que funciona para revisar lo que se hace como atribución y responsabilidad por parte de los órganos constituidos en el ámbito del Estado. Es un sistema que favorece que el poder tenga un desempeño más eficaz y sujeto a las normas, con lo cual ante un eventual descarrilamiento de sus atribuciones, es motivo de sanciones y correctivos.

La ventaja del control del poder es condición de vida para los Estados, debido a que funcionan como un sistema de frenos y contrapesos para que los órganos que lo integran no incurran en desempeños anómalos que perjudican la legalidad y eficacia de las instituciones políticas y administrativas del Estado.

El ejercicio del poder no regulado implica que prevalezca la decisión del más fuerte. Este es un arreglo primitivo del poder. Para sortear esa situación fáctica, el ordenamiento jurídico tiene entre sus propósitos atenuar los efectos de ese comportamiento elemental e introducir factores de racionalidad del poder (^{Valadés, 2008: 12}).

La capacidad del poder se orienta a la definición y solución de problemas colectivos en un mundo cambiante e incierto que exige, sin embargo, reglas para producir certidumbre institucional por parte del poder público. Por tanto, se integra por un conjunto de capacidades de administración y gobierno que tienen como finalidad desactivar conflictos; incentivar la cooperación social; aprovechar con eficacia los recursos escasos, asignar recursos a políticas, programas y proyectos; realizar trabajo de planeación, programación y medición; definir estrategias de desarrollo, así como producir y distribuir bienes y servicios públicos. Esas capacidades se orientan a cumplir la vigencia de los principios, reglas y procedimientos, que hacen factible que mediante políticas y programas públicos se generen las condiciones de vida que exigen la economía de mercado, los intercambios, las transacciones y las operaciones necesarias para que la sociedad en su conjunto adquiera, con oportunidad, los satisfactores que la estimulan como cuerpo productivo, para asegurar su reproducción como un sistema eficiente de bienes y servicios públicos con la intervención reguladora del poder público. En este compromiso, las capacidades de gobierno y administración estatal se apoyan con recursos públicos que aportan los contribuyentes con el pago de los impuestos. Esos recursos los necesita el Poder Ejecutivo para financiar políticas y programas públicos; el papel del Poder Legislativo consiste en autorizar los presupuestos de ingresos y egresos para que las tareas del Estado y los demás órganos de administración se cumplan en tiempo y forma.

En este caso, la relación, coordinación e interacción de los poderes Ejecutivo y Legislativo da cuenta de cómo los pesos y contrapesos se materializan para dar juego a un sistema de control y vigilancia. El Poder Legislativo no sólo autoriza los ingresos y gastos púbicos, sino que también vigila y monitorea las áreas, organismos, políticas y programas que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo, en el cual se localiza la adscripción de la Administración Pública. Los pesos y contrapesos son necesarios para evitar los rendimientos decrecientes del poder; es decir, los rendimientos que apuntan por la senda de abusos, ineficiencia o fallas que repercuten de modo directo en los procesos de la gestión pública, mismos que se deben cumplir para articular mejor las metas colectivas. El ejercicio sano del poder implica que los pesos y contrapesos racionalizan con mayor eficacia el modo en que se ejerce el mismo poder en las áreas diferenciadas del régimen político, así como la forma en que se obtienen los resultados deseados y esperados. Todo ello en un marco de interacción institucional que da paso a los procesos de control y vigilancia que permitan la evaluación constante del poder en términos de legalidad, responsabilidad y eficacia.

El significado de los pesos y contrapesos responde al imperativo de que el poder no sucumba por falta de control y vigilancia. En la medida que el control y la vigilancia son efectivos desde la perspectiva de los pesos y contrapesos, el ejercicio del poder tiene mayores probabilidades para lograr rendimientos crecientes; es decir, rendimientos que lo favorecen y lo dotan de mayor salud política para fines de conservación y supervivencia. Por tanto, los pesos y contrapesos son mecánicas indispensables para el Estado y los órganos que lo integran, debido a que funcionan como piezas que evitan el desprestigio y vulnerabilidad de las instituciones estatales.

Relevancia de las instituciones

El control en el Estado de Derecho no se realiza en el vacío, ni en el marco de reglas carentes de constitucionalidad y legalidad que sustentan su validez en la esfera de la vida colectiva. Por el contrario, se lleva a cabo en ámbitos formalizados que dan cuenta de un sistema de instituciones que tienen como característica su validez legal y legítima, que son atributos para acreditar su responsabilidad en términos sociales, económicos y políticos. Esto significa que el Estado tiene diversos órganos jurisdiccionales para dar cauce a las reglas formales que son la base para que el control no sea arbitrario ni persecutorio, lesionando con ello la vigencia de las libertades civiles y políticas.

El sentido del control es examinar, vigilar, convalidar, mejorar o sancionar la conducta de los titulares de los órganos del propio Estado en la modalidad del desempeño, con el propósito de que las instituciones no sean objeto de prácticas que las vulneren o impidan cumplir las tareas que les son asignadas. El sentido del control se estructura con reglas que validan atribuciones y derechos con base en la lógica de la responsabilidad. Por tanto, las instituciones se erigen en el pilar relevante para llevar a cabo el control del poder, a partir de reglas, procedimientos, tiempos, sanciones, así como la validación de los propósitos que cumplen.

El objetivo de las instituciones consiste en producir certidumbre y estabilidad para el conjunto de la vida privada y la vida pública “Las instituciones son colecciones de reglas y rutinas interrelacionadas que definen las acciones de los individuos, según las relaciones establecidas entre el papel que éstos desempeñan y las situaciones del entorno” (^{Cortez y Salazar, 2013: 91}). La certidumbre (^{Ayala, 1999: 32}) en la visión del Estado de Derecho es factible conocerla con anticipación, debido a que las reglas institucionales son preventivas, correctivas y permanentes para autorizar las acciones públicas a la autoridad constituida. Asimismo, los habitantes y los ciudadanos de la sociedad civil también pueden conocer por anticipado cuál es el sentido de las normas jurídicas que rigen las condiciones, procesos y consecuencias en la vida social. Esto significa que en la visión del Estado de Derecho tanto las autoridades como los habitantes y ciudadanos de la sociedad, pueden no sólo conocer, sino valorar con anticipación el significado aplicado -castigos y sanciones- de las normas jurídicas, así como advertir las consecuencias cuando se incurre en conductas que violentan su vigencia. La estabilidad, por su parte, consiste en que la suma de actores y organizaciones de la sociedad civil se entreveran con las autoridades, órganos y ámbitos de responsabilidad, hasta formar y recrear condiciones en las cuales la correlación de fuerzas funciona con equilibrios dinámicos que se cuidan para evitar la ruptura del orden establecido “En este sentido, las instituciones constituyen la base de las relaciones que se establecen entre los diversos actores del Estado, mercado y la sociedad civil” (^{Cortez y Salazar, 2013: 90}).

La estabilidad responde a condiciones en las cuales la correlación de fuerzas es la palanca que permite identificar cómo funciona la organización y el ejercicio del poder, entendido en la óptica de que hay actores, decisiones, acciones y reacciones que configuran situaciones de regularidad que permiten que la sociedad y el Estado tengan condiciones favorables para lograr un mejor desempeño en lo que realizan y una reproducción eficaz de sus condiciones de vida. Tanto la certidumbre como la estabilidad tienen como punto base la vigencia de las instituciones, entendidas como las reglas del juego que tienen como objetivo regular conductas individuales y colectivas, las cuales se desenvuelven en el espacio de las autoridades constituidas.

En el mundo de las instituciones se forman y localizan los órganos de gobierno y administración encargados de producir y recrear la gobernabilidad. Esta implica capacidad para dirigir; aplicar incentivos positivos y negativos; asignar recursos escasos; tomar decisiones; elaborar e implementar políticas públicas; hacer efectivos los castigos y las sanciones cuando se incurre en situaciones de ilegalidad; coordinar a los agentes productivos, a los grupos sociales, políticos y civiles que ocupan sitios en la vida colectiva; cuidar la observancia y eficacia de las normas jurídicas; establecer relaciones con los contextos internacionales; atemperar los conflictos; diseñar soluciones; elegir recursos; hacer trabajo de planeación, programación y evaluación; apegarse a la trasparencia y la rendición de cuentas; evitar que los conflictos, demandas y problemas colectivos rompan los imperativos del orden jurídico y político, tanto en el Estado como en la sociedad civil.

La visión normativa de las instituciones no sólo debe destacarse, sino también debe situársele en enfoques conceptuales y metodológicos para subrayar no sólo su funcionamiento, sino también su utilidad en términos de ventaja pública desde el ángulo de la gobernanza, para dar cauce a la cooperación, coordinación y corresponsabilidad de los actores sociales, económicos y políticos. “La gobernanza no implica la absorción de los actores públicos por parte de los civiles, ni la intervención de los privados en la dinámica de la vida social” (^{Martínez, 2016}). Desde el ángulo de la economía política de las instituciones, éstas tienen como objetivo destacar cuál es el papel del Estado en el mercado, los intercambios y la formación de capital a partir de enfatizar la importancia de los derechos de propiedad, los costos de transacción y la economía de la información. En este caso es importante destacar que el Estado es la institución más importante de la vida organizada y, por tanto, tiene los medios, capacidades, recursos, decisiones y acciones para gobernar y administrar.

Desde esta perspectiva, la economía política de las instituciones es una vía para analizar y conceptuar la importancia de las propias instituciones combinado dos categorías centrales: democracia y economía

Lo que, por el contrario hace falta para que la economía funcione mejor es garantizar que la conducta del gobierno esté sometida a una atenta supervisión por parte del ciudadano. En pocas palabras, debemos reformar nuestra economía mejorando nuestra democracia, garantizando que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades al gobierno (^{Przeworski, 2001: 115}).

La política, vista desde las instituciones, es la herramienta que permite situar en los procesos colectivos a los actores, agentes y procesos de mercado como ejes centrales en la construcción y el funcionamiento de los procesos de intercambio. El Estado, en este sentido, tiene en las Constituciones políticas el ámbito de institucionalidad para efectuar la aplicación de las normas jurídicas y las políticas públicas, a fin de formar, modificar o reacomodar las relaciones de poder en la sociedad y la vida productiva sin adoptar una intervención vetusta “Los principios constitucionales son necesarios para limitar el ámbito de la intervención estatal. El Estado no tiene que ser eficaz y responsable, sino también limitado (^{Przeworski, 2001: 130}). Con base en la lógica de ganadores y perdedores ubicada en el referente de la toma de las decisiones, a través de las instituciones se aplican incentivos, se satisfacen demandas en competencia, se procesan conflictos con soluciones específicas, se distribuyen recursos y se reacomodan los actores de la vida comunitaria en la estructura básica de la sociedad.

Desde esta perspectiva, tanto la acción como la inacción del Estado en términos de política pública, entendidas como estrategias de gobierno, ocasiona reacomodos e impactos en la estructura del poder en la sociedad, los mercados y los intercambios entre las diversas personas y actores sociales. Esto significa que el Estado no se abstiene de intervenir en la economía y la sociedad; por el contrario, fundamenta decisiones tanto para el diseño como para la implementación de las políticas públicas. Éstas no son neutrales, ni carentes de compromiso, sino que son parte de valores, intereses y motivaciones relacionados con los actores del poder, los cuales tienen interés en las mismas, a fin de conseguir ventajas públicas -apoyos, legislación, recursos, decisiones y acciones específicas- con la intervención de la autoridad. La estructura básica (Rawls, 1999: 70) de la sociedad y el Estado se media con la aplicación de las políticas públicas, las normas jurídicas, los acuerdos, los reglamentos, las circulares, los códigos, los estatutos, los bandos de gobierno y el uso legal de los recursos públicos. Por tanto, la política -politics-, como herramienta que dirime conflictos, consigue acuerdos y establece compromisos. Es fundamental el desempeño de la economía, porque con su aplicación y eficacia, los Estados utilizan políticas públicas no sólo para cumplir demandas en competencia, sino también cuidar la gobernabilidad de la sociedad cuando se alude a costos, impactos y beneficios de las mismas.

Este perfil del Estado revela que la economía tampoco es asunto exclusivo de carácter técnico, sino que se encuentra formada por relaciones de intercambio y poder que deben gobernarse con eficacia para que abonen con la intervención de la autoridad, en una mejor gobernabilidad para la sociedad y el Estado. La economía, entendida como la anatomía y fisiología de la sociedad, es producto de conductas, intercambios, elecciones, preferencias y el comportamiento de personas y organizaciones que dan cuenta de la suma de poderes que intervienen en lo procesos del intercambio mercantil. Por otra parte, el desempeño de la economía se inscribe en acuerdos, negociaciones, articulación de intereses y la distribución del poder, combinando decisiones y políticas públicas que se aplican en los diversos campos de la vida productiva. Otra faceta de la economía política de las instituciones - en la visión de James M. Buchanan y Gordon Tullock en su obra The Calculus of Consenso, de 1962, y de Charles E. Lindblom, Democracia y sistema de mercado, 1999) está determinada por diversos tipos de conducta que son producto de relaciones de poder que se desarrollan en el interior de las instituciones y en la sociedad civil. En este caso, la conducta humana es la variable a destacar para situar a las instituciones del Estado en los marcos de la funcionalidad que se forma y desarrolla a partir de la conducta de los cuerpos burocráticos. Estos tienen en sus manos la administración de la sociedad, lo cual implica que son los expertos en el trabajo, de las rutinas y los procedimientos que dan vida al trabajo gubernamental para asegurar la dirección de la sociedad civil. Con la economía política de las instituciones es posible destacar, para fines de este trabajo, algunos elementos que se desarrollan en el interior de las propias instituciones, sin dejar de puntualizar que se desdoblan hacia la vida de la sociedad, las conductas, las prácticas y los costos, con el objetivo de ejercer, sobre la base de ventajas, el poder de las oficinas burocráticas.

En este sentido, con apego a un enfoque de teoría de la elección pública -economía aplicada a la política-, las burocracias tienen facetas conductuales que se relacionan con el modo en que detentan y ejercen el poder que corresponde al Estado, pero con beneficios que derivan de su visión de la política y las políticas públicas. En este caso, en el universo de las instituciones, existen conductas relacionadas con prácticas de cálculo que se desarrollan desde los escritorios de las burocracias, debido a que son el sitio en el cual se corrobora el manejo de los presupuestos, así como el apoyo o bloqueo a las políticas públicasy la asignación de valores monetarios y presupuestales escasos para ganar en el juego del poder, el cual se condensa en la categoría maximización de recursos para obtener beneficios tangibles en términos del ejercicio del poder. Esto se deriva de las relaciones de poder que se establecen con los grupos de interés ubicados en la sociedad civil, los mercados, los grupos corporativos y las empresas. El juego del poder en esta situación consiste en utilizar las atribuciones, el cargo administrativo y el presupuesto no sólo para cumplir atribuciones, sino para abrir un sistema de ventajas que permitan que el ejercicio del poder favorezca a los políticos y las burocracias, para multiplicar su influencia, prestigio y relaciones de apoyo con fines políticos. El presupuesto público es un medio para tener no sólo acercamiento con grupos de interés, sino negociar el perfil de las políticas públicas en razón de demandas y el juego de intereses que las apoyan. Los problemas públicos tienen lógica y justificación cuando son apoyados por grupos de interés de la sociedad civil que acreditan organización, recursos, capacidad de movilización, nexos con la opinión pública, los legisladores, los partidos políticos, los sindicatos, los grupos de presión, los grupos económicos y los grupos sociales. La constelación de actores y fuerzas organizadas en favor de algún problema colectivo, es factor medular para que ingrese a la agenda de gobierno y desde el interior de ésta se localicen los cuadros de la burocracia que asuman posiciones en favor de ciertos temas y problemas de política pública, al establecer una relación directa con los actores que demandan la atención de la autoridad para acciones que se justifican con apoyo, legislación y recursos públicos, a fin de cumplir los objetivos públicos y en favor de cierta política pública.

Las burocracias tampoco son neutrales en la aceptación, hechura, implementación, evaluación, reinicio o cancelación de las políticas públicas. Toman partido en la concepción y estructuración de las políticas y de esa manera la relación con grupos de interés, incluso, en el interior del gobierno con más segmentos interesados en el destino de las políticas públicas, reflejan que no son ajenas al juego del poder y a la articulación de los valores e intereses que las justifican como necesidad pública.

En este sentido, las burocracias son actores del poder que influyen en su práctica no sólo con relaciones y negociaciones, sino aportando las razones y los argumentos a favor o no de determinada política pública. Su ubicación en la estructura del poder estatal y gubernamental les permite, mediante el dominio del saber profesional nutrir el ejercicio del poder.

El saber profesional no es especulativo, sino aplicado; tiene un efecto multiplicador porque las fuerzas productivas de un país se deben aprovechar de manera intensiva y extensiva…permite también utilizar estadísticas para formular inventarios físicos, naturales y humanos para que los estados conozcan qué tienen, cómo pueden aprovecharlo mejor y cuáles son sus capacidades reales para aspirar al progreso y el desarrollo de la sociedad (^{Aguilera,2018:125}),

…definir los objetivos, metas y presupuestos a favor de las políticas públicas que son autorizadas para que ingresen a la agenda de gobierno.

Por tanto, la burocracia es parte activa en las estructuras de gobernación, motivo por el cual, en términos de poder, su conducta se vincula con los costos, las utilidades y las ganancias del poder no sólo desde el ángulo económico, sino político. La burocracia conoce el significado de la inversión del poder. En este caso, los costos públicos y sociales los valora, por ejemplo, a través de la eficacia del análisis costo/beneficio, la factibilidad de los programas, así como la distribución de los recursos escasos para financiarlos. La utilidad se apoya en criterios no sólo de ventaja financiera y presupuestal, sino con otros elementos -asimetría de la información- que permiten multiplicar las relaciones políticas con diversos públicos que tienen interés específico en ciertas políticas públicas. Las ganancias del poder derivan del incremento del mismo y la influencia que adquiere. Se debe a la extensión de relaciones que le permiten cumplir con políticas negociadas en razón de oportunidades, decisiones y recursos disponibles para financiarlas. La burocracia cuenta no sólo con estudios, diagnósticos, propuestas y recomendaciones técnicas en favor de ciertas políticas públicas, las cuales tienen actores que las patrocinan, siendo uno de ellos la propia burocracia gubernamental, considerando el lugar que ocupa en los procesos de toma de decisiones y la asignación de los recursos.

Otra faceta a destacar es que el diseño de las instituciones al definir órganos, atribuciones, jerarquías y líneas de responsabilidad, da lugar a las zonas de influencia de la burocracia con fines políticos y administrativos. Cuando en las normas jurídicas hay imprecisiones, vacíos, duplicidades, incoherencias o categorías polivalentes, se abre la oportunidad para que las burocracias hagan uso de la discrecionalidad para decidir. La discrecionalidad es la oportunidad para interpretar en cierto marco de valores, intereses, preferencias y decisiones, el sentido y hasta el espíritu de las normas jurídicas para destrabar situaciones problemáticas con su correspondiente diseño institucional. Para ese fin, se aplican patrones de racionalidad jurídica que no corresponden necesariamente con el sentido original de las normas, para dar paso a decisiones y acciones que resultan beneficiosas a los patrocinadores de las políticas públicas. La discrecionalidad es una de las ventajas que capitalizan las burocracias para dar paso, en su lógica, a la inversión del poder.

De este modo, el juego burocrático no es ajeno a los cálculos políticos y a la inversión del poder que realizan los directivos y los responsables de la operación de las políticas públicas desde las oficinas administrativas y gubernamentales. La discrecionalidad es un costo de oportunidad para interpretar las normas escritas en razón de ópticas específicas que se relacionan de modo directo con el sentido de las políticas públicas para hacer ajustes o modificaciones que se valoran como necesarios, a fin de conseguir el cumplimiento de sus objetivos y metas. Por tanto, es importante para efectos de un equilibrio más dinámico de las instituciones, conjuntar las ventajas de la rendición de cuentas vertical, horizontal y transversal, para que el control del poder mediante el examen de las cuentas que obtiene con su desempeño sea más efectivo.

La rendición de cuentas vertical se ejerce cuando los ciudadanos en su condición de principal, evalúan el desempeño de las autoridades -agente- encargadas de cumplir la tarea de gobernar en razón de las expectativas y compromiso de política pública que dan inicio al cumplimiento de la agenda de gobierno en tiempos electorales, de lo cual deriva un voto de castigo o un voto de recompensa. “Los votantes pueden sancionar las desviaciones de los mandatos solamente después de que se hayan experimentado sus efectos” (^{Przeworski, 1998: 356}).

La rendición de cuentas horizontal consiste en la responsabilidad que tienen los gobernantes y loa administradores del Estado para responder ante terceros con base en el resultado efectivo o no de las políticas públicas a cumplir; “…implica una relación entre iguales, es decir, entre las propias autoridades, y no autoridad, como en la rendición de cuentas vertical” (^{Cattebeke, 2013: 29 y 30}).

La rendición de cuentas transversal consiste en los espacios e instancias que comparten el Estado y la sociedad dirigidos a través de las instituciones del primero, que inciden en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas... “ y comprometen a los ciudadanos… en el control de la acción gubernamental [mediante] la incidencia [y supervisión] de los procesos decisionales [y operativos] del quehacer público” (^{Islas, 2017: 80-81 y 87}). El referente de la rendición de cuentas da cuenta de cómo las democracias tienen a la mano las herramientas para que los ciudadanos, los órganos de rendición de cuentas y fiscalización, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el cumplimiento de las agendas de gobierno, son fundamentales para dar paso a un mejor control del poder.

La rendición de cuentas, en consecuencia, es un medio efectivo para prevenir, corregir y mejorar el desempeño de los órganos del Estado de Derecho, así como del sistema de autoridades que, con jurisdicción definida, los sustentan, considerando que las democracias no sólo viven de la lucha y la competencia política, sino también de la calidad, honradez y responsabilidad que acreditan los órganos administrativos, burocráticos y gubernamentales que la integran.

Puede establecerse una correlación biunívoca entre Estado de derecho y jurisdicción. Si es verdad que el Estado de derecho consiste en la sujeción a la ley por parte de los poderes públicos, el espacio de la jurisdicción equivale al sistema de límites y vínculos legales impuestos por los poderes públicos y crece con el desarrollo de este sistema (^{Ferrajoli, 2017: 87}).

Sin embargo, los órganos de fiscalización no obstante la efectividad que pueden aportar desde el punto de la óptica de la rendición de cuentas horizontal que corresponde a su naturaleza, sentido y alcance, en ocasiones no logran cumplir sus tareas institucionales con mayor eficacia para hacer de las cuentas públicas un ejercicio apegado a los valores y normas de la democracia en términos de que sean diáfanas, debido a que en el interior de las instituciones gubernamentales sobrevienen prácticas relacionadas con la asimetría de la información, que dan paso a la opacidad y la eficiencia con responsabilidad acreditada ante los ciudadanos. En consecuencia, es “… inaceptable entonces que un sistema político no asegure la rendición de cuentas a los ciudadanos” (^{Mariñez, 2018: 21}).

En este caso, la información como bien público se esfuma cuando las asimetrías de la información se imponen en los espacios de la vida institucional del Estado.

La economía política institucionalista también le confiere importancia a la distribución de la información entre los agentes, es decir, no se trata de si la información es incompleta, sino también de que la información se distribuye desigualmente entre los agentes, es decir, asimétricamente. En efecto, los agentes tienen acceso desigual a la información, todos los agentes son afectados, incluido el gobierno, pero sobre todo aquellos que tienen pocas posibilidades de adquirir información (^{Ayala, 1999: 142}).

Lo anterior significa que en el desarrollo de los procesos institucionales hay ganadores y perdedores con la asimetría de la información, la cual da lugar al sistema de prácticas que dan vida a la corrupción política, misma que tiene como ámbito de operación institucional a los Estados y los órganos de gobierno; ahora bien, en ámbitos democráticos se forman para que la auténtica información vinculada a las cuentas públicas, sea del conocimiento amplio de los ciudadanos y demás esferas del propio gobierno.

El advenimiento de la asimetría de la información es parte del juego perverso del poder, que tiene como objetivo no ceñirse intencionalmente a las reglas, rutinas y lineamientos de la rendición de cuentas horizontal, ocasionando con ello bancarrotas, daños, quebrantos, perjuicios y saqueos a los recursos y patrimonios públicos a cargo de los agentes del gobierno, coludidos con los principales -autoridades- que eligen los ciudadanos mediante el voto universal para que cumplan en condición de mandantes por parte de los mandatarios -ciudadanos- la oferta de gobierno a la cual se comprometen.

Sin duda, una manera de vislumbrar la corrupción política en los Estados consiste en que la asimetría de la información juega un doble papel: por un lado, da lugar a conductas perversas que tienen como propósito obtener ventajas, escondiendo y no cumpliendo en tiempo y forma con el sentido de responsabilidad y justificación ante terceros que exige la rendición de cuentas horizontal y por otro lado, engañar a los habitantes y ciudadanos de la sociedad civil sobre el estado real que guarda el ejercicio de las cuentas públicas que son estructuradas con dolo para esconder la situación verdadera que se relaciona con la administración y gestión de los asuntos comunitarios.

En este sentido, las asimetrías de la información son una causal que dan origen a la corrupción pública, la cual puede calificarse como una práctica perniciosa que ocasiona daños y quebrantos al patrimonio público del Estado y traslada a los ciudadanos, los mercados, la sociedad civil y el conjunto de la vida asociada, efectos devastadores que provocan mayor inmoralidad, ilegalidad y daño en ocasiones irreversible a la sociedad civil, ya que se estanca en la medida que la riqueza que produce y que paga mediante impuestos, es dilapidada a través de sistemas silenciosos, malévolos y redes de complicidad que alimentan la práctica de la corrupción política.

Corrupción política: un caso de quebranto institucional

Una de las consecuencias del daño a las instituciones se origina con las prácticas de la corrupción, debido a que es un mal social, público y gubernamental, que desencadena impactos que dañan la vida productiva de las personas, empresas, negocios, áreas de servicios, así como a los programas gubernamentales. Esto significa que las instituciones no son receptáculo para validar y convalidar tipos de comportamiento fincados en su destrucción, alteración o la eficacia disminuida con el oleaje de la corrupción. La fortaleza de las instituciones consiste en que su diseño, vigencia y funcionamiento responde a valores e intereses públicos que corresponde a la autoridad formalizar con reglas y procedimientos que habrán de permitir su efectividad, a partir de que los habitantes y ciudadanos aceptan cumplir las normas que prescriben las conductas públicas.

En este sentido, la corrupción es un sistema nocivo que corroe a las instituciones con valores dañinos como -cleptocracia, impunidad, patrimonialismo y arbitrariedad entre otros factores nocivos-, debido a que se convierten en prácticas que socavan su sentido y justificación para desventaja de la sociedad y el Estado, desde el momento en que se convierten en objeto de lucro, mercadeo y saqueo de recursos, al generarse conductas que tienen como objetivo infringir daños a la sociedad y los mercados, propiciar quebranto financiero y presupuestal, así como lograr encaramar a las camarillas que la practican en detrimento del conjunto de la sociedad.

En este caso, la corrupción implica quebrar, destruir y dañar las reglas normativas que tienen como finalidad hacer gobierno y administración estatales en favor del orden vigente. Con la corrupción se degrada el orden político y jurídico, el servicio público se pervierte mediante conductas ilegales y el prestigio del Estado de cara a la sociedad declina, al ser valorado como ámbito en el cual se fraguan delitos, fraudes y saqueos para desventaja de las personas, ciudadanos y empresas. Con la corrupción se trasgreden las normas de la convivencia pública, ocasionan que la clandestinidad de la ilegalidad se reproduzca de manera silenciosa a través de actividades, operaciones y prácticas que se ejecutan para obtener beneficios privados con el patrimonio, los recursos y los medios del quehacer público.

Cuando segmentos burocráticos del servicio público se avocan a las prácticas de la corrupción, se pierde la necesaria sensibilidad democrática para cumplir las tareas de gobierno. Se da paso a sistemas perniciosos de vida, cuyo propósito consiste en saquear los ámbitos públicos del Estado, a partir de conductas malévolas que se desarrollan en su interior, con el fin de apoderarse de manera patrimonial de los recursos públicos, infringiendo así daño a la vida privada y la vida pública.

Esto da lugar a que la corrupción se convierta en un poder destructivo, de acuerdo a la posición que tienen en las esferas de la decisión y gestión del gobierno tanto los políticos como los cuadros de la burocracia. En este sentido, la corrupción que se práctica y consuma en las esferas administrativa, burocrática y política del Estado, es la corrupción política. Se forma con decisiones e intereses que se proyectan desde esferas del poder; y en ese sentido, la corrupción política se alimenta con el secreto, la violación a las normas, el descarrilamiento normativo del Estado y el afán de tener más poder en el Estado, a costa de reproducir anomalías, vicios y saqueos que son contrarios en todo momento a los fines del interés público que el Estado propio encarna como organización política de la sociedad

…la corrupción política es toda trasgresión de normas dentro de un determinado orden social, en este caso, de una sociedad política como totalidad organizada y de una cierta racionalidad, transgresión que cuestiona en alguna medida la supervivencia razonable de esa totalidad (López,1997:117).

En este caso, la corrupción política también “puede ser entendida como violación de normas jurídicas y también morales” (López, 1997: 118). La visibilidad de la corrupción política se consuma en el Estado, debido a que es la institución abierta, visible y evidente a la vista de los ciudadanos, los mercados y las organizaciones de la sociedad civil.

La corrupción se origina no sólo con decisiones adoptadas sino también con el incumplimiento de normas promulgadas y sancionadas por el poder público, lo cual da paso a un problema que tienen implicaciones múltiples y daño nocivo para las reglas del orden jurídico y político. El espacio de la corrupción política es la vida política.

Se entiende la vida política como vida pública, esto es, lugares, sedes e instituciones en los que están comprometidos intereses públicos o generales. Se podría restringir el sentido de la vida política a la vida institucional, esto es, dentro de los distintos aparatos del Estado, bien como gobernantes o bien como oposición (López, 1997: 118).

La corrupción, por cuanto conducta perversa, violenta la gestión democrática de la sociedad, debido a que quien la asume y práctica desde la esfera del Estado, abdica de su compromiso con la integridad de la vida administrativa y gubernamental, además de quebrantar el cumplimiento de las normas legales que está obligado a acatar y hacer obedecer. El compromiso con los conciudadanos desde los cargos públicos se hace a un lado cuando la corrupción invade y contamina el ejercicio del servicio público. Esta situación ocasiona elementos destructivos que se extienden de manera vertiginosa, ya que la corrupción, no sólo como suma de conductas inmorales, también se desarrolla de manera clandestina y se sustrae a toda vigilancia, más aún, cuando las redes de complicidad se convierten en su protección y eficacia nociva, sustentadas en deslealtades y traiciones.

Por tanto, “Si se acepta que las obligaciones son deberes adquiridos por promesas o aceptación expresa o tácita de una determinada posición social, no cuesta admitir que la corrupción implica siempre un acto de deslealtad o hasta de traición con respecto al sistema normativo relevante” (^{Garzón, 1997: 44}). La práctica de la corrupción alude a “trabajo en equipo”, a la articulación de camarillas o la integración de sistemas de poder diseñados malévolamente para lograr concretar fines opuestos al interés público; y la misma se manifiesta en facetas diversas, que tienen carácter destructivo.

El acto o actividad corrupto (a) requiere, a más de un decisor, la intervención de una persona o más personas, decisoras o no. Es un delito o infracción participativo en el que una de las partes intenta influenciar el comportamiento de la otra a través de promesas, amenazas o prestaciones prohibidas por el sistema normativo relevante (^{Garzón, 1997:45}).

Uno de los daños letales que la corrupción provoca en la vida de las instituciones, consiste en la adopción de conductas duales; es decir, de conductas que tienen como finalidad la preservación del sistema en la cual se practican, así como la obtención de beneficios ilegales e inmorales que se traducen en formas de saqueo y despojo al erario público, con la extensión de relaciones destructivas al buscar más cómplices para que sea efectiva.

El corrupto, si quiere conservar el carácter racional de su actividad, tiene pues que practicar un juego doble con objetivos recíprocamente opuestos: el de la conservación del sistema normativo relevante y el de la obtención de los beneficios extraposicionales, violando este mismo sistema (^{Garzón 1997:48}).

Sin duda, la corrupción es un peligro para el orden jurídico y político que sustenta la vida de la sociedad, el Estado, los agentes productivos, los mercados y las empresas. Le corresponde a la opinión pública asumir un papel crítico frente a los estragos que se derivan de la lucha contra la corrupción, a fin de evitar que el orden social, económico y político, de los regímenes democráticos sucumba ante el caudal de prácticas que erosionan la confianza en las instituciones del propio Estado, ocasionado el desencanto de los ciudadanos con los valores, reglas y acciones que han de cumplir las autoridades constituidas. Cuando la corrupción es descubierta con la dinámica de la acción pública, se convierte en un foco de atención indiscutible que atrae los reflectores de los medios de comunicación sean digitalizados, televisivos o impresos, para que se difundan las prácticas de inmoralidad que son un corrosivo para la vigencia de la democracia. Una vez que la corrupción se exhibe en la vida pública, sobreviene el escándalo político que funge como un fierro caliente, para estigmatizar a alguno o varios actores del poder político que están involucrados en temas y prácticas de corrupción.

Una secuela de la corrupción es el estallido del escándalo político, con lo cual al salir a la luz pública las conductas entreveradas de la ilegalidad e inmoralidad, se da un paso para exhibir a quienes están involucrados en la misma, y por tanto, se hará del conocimiento del público lo que antes se realizaba en ámbitos de secrecía e impunidad. Surge en este caso la expectativa de que las autoridades responsables de esa materia tomarán cartas del asunto; pero en caso de omisión, se propicia que el prestigio del Estado se fulmine, cuando en el colectivo imaginario se tiene la percepción de querer proteger a actores participantes en la misma.

Cuando el escándalo político estalla, los actores implicados en la corrupción son objeto de estigmatización

…cabe definir el escándalo político como una reacción de la opinión pública contra un agente político al que se considera responsable de una conducta que es percibida como un abuso de poder o una violación de la confianza social sobre la que se basa la posición de la autoridad que mantiene o puede llegar a mantener tal agente (Jiménez, 1997:298).

El escándalo político puede fungir como un antídoto contra la corrupción. Al momento de hacer público las ilegalidades, las oficinas del Estado se alimentan del secreto, la opacidad o las penumbras, para que la falta no sea descubierta, es decir, que sea objeto de la luz pública. El escándalo político pone a prueba a las autoridades responsables de luchar contra la corrupción, contribuyendo a medir el grado de compromiso que tienen para desactivarla o encubrirla.

El descubrimiento del escándalo político hace del conocimiento del público la existencia de procesos de gestión gubernamental inmorales, nocivos y contrarios a los valores que dan cohesión a la sociedad y al Estado, como la integridad ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando la gestión gubernamental carece de apertura, publicidad y rendición de cuentas, el escándalo político estalla con mayor intensidad, porque significa la existencia de procesos y prácticas ocultas de corrupción, en la medida que los actores de la misma se desenvolvían en condiciones lúgubres de trabajo.

En consecuencia, la corrupción es lesiva al servicio público, al ejercicio del poder, y aleja a los ciudadanos de las autoridades constituidas, creando así un ambiente de repudio y exigibilidad para que sean motivo no sólo de condena, sino de sanciones que sean proporcionales al daño causado al erario público, a los bienes patrimoniales del Estado y al consumo de la riqueza material de la sociedad entendida como el binomio contribuyentes e impuestos pagados con oportunidad. La corrupción da cuenta de cómo los valores de la democracia se anulan con su práctica, de cómo las conductas perversas destruyen las relaciones de sociabilidad y de cómo las conductas incorrectas llevadas a cabo con alevosía y ventaja, culminan en abuso, manejo de información privilegiada y la reproducción de beneficios privados a costa de quebrantar el patrimonio público. De este modo, la cadena de engaño, fraude e irresponsabilidad, se constituye en el modo de evadir controles institucionales y de operaciones que se llevan a cabo no sólo al margen de las leyes, sino contra las leyes mismas, con lo cual el orden jurídico y político vigente ingresa al desprestigio de sus valores, autoridades y sistemas de jurisdicción.

Con la apropiación indebida de los fondos, recursos y patrimonio públicos, se infringen normas y valores que sustentan el ejercicio de la autoridad. De este modo, el servicio público se convierte en un sistema de prebendas que propician que la corrupción se extienda a lo largo y ancho de las oficinas gubernamentales. Un servicio público estigmatizado por la corrupción pierde aceptación, credibilidad y respetabilidad; es una carga para la sociedad, la economía y los ciudadanos, con lo cual se abre un capítulo de repudio desde la opinión pública y la sociedad civil. Los deberes y responsabilidades del servicio público atrapado en las redes y complicidades de la corrupción, acaban con su justificación ética y profesional, debido a que se convierten en una vía de irresponsabilidad que genera daño a la sociedad y ocasiona a la vez su erosión como un sistema de evaluación de las acciones de gobierno y administración estatales.

De esta manera, el abuso de las prácticas de corrupción da como resultado la adopción de decisiones moralmente ambiguas, es decir, selladas por la normatividad impotente y la destrucción de las relaciones sociales, económicas y políticas, que al perjudicar a la sociedad, acaban dañando al Estado y dando lugar al déficit de confianza en los gobiernos. “El llamado déficit de confianza se ha alimentado de escándalos ampliamente difundidos, que abarcan desde la toma de las decisiones inapropiadas por parte de funcionarios, a corrupción a gran escala” (PUMA/OCDE, 1996).

Quintana Roo: un caso de corrupción política

En este apartado se exponen los datos empíricos que convalidan el desempeño negativo del Gobierno en el periodo comprendido entre 2015 y 2018, a partir de no utilizar con base en la legalidad y la responsabilidad, los fondos federales otorgados por el Gobierno de la República para apoyar las tareas del desarrollo regional y social.

A partir de una revisión de las cuentas en materia de fondos federales, la Auditoría Superior de la Federación descubre una serie de prácticas de corrupción relacionadas con daño patrimonial, deuda pública, desvíos, faltantes, quebrantos financieros, irregularidad financiera e impacto económico, toda una red de daños que afectan no sólo al gobierno estatal de Quintana Roo, sino a la vida productiva y social, a los agentes económicos, los ciudadanos y la sociedad civil, debido a que toda acción o inacción de gobierno tiene repercusiones en el conjunto de la vida asociada.

Por consiguiente, las categorías que describen situaciones irregulares e ilegales en el gobierno de Quintana Roo son: deuda pública, desvíos, faltantes, quebrantos financieros y daño patrimonial, las cuales están debidamente apoyadas con datos empíricos que se obtienen de fuentes directas de consulta. Las categorías dan cuenta de un estado de cosas que acreditan manejos irregulares con fondos públicos, lo que da como resultado el desprestigio de un gobierno local, al provocar no sólo daños con el mal manejo de los recursos estatales y federales, además de prácticas de corrupción que propician la perdida de la riqueza material producida a través de políticas públicas viciadas, así como de una gestión inmoral de los recursos que corresponden a las finanzas estatales. Lo anterior da cuenta de que la administración de los recursos públicos tiene como destino no la producción de bienes y servicios públicos con base en el interés público, lo cual provoca daño a la hacienda pública que se integra con el pago de impuestos por parte de los ciudadanos, ocasionando múltiples perjuicios. Las categorías aludidas se enuncian con datos empíricos, a fin de convalidar de manera descriptiva una gestión pública contraria a los beneficios que debe generar un gobierno en favor de los habitantes y ciudadanos de Quintana Roo.

En este trabajo, se destaca la importancia de los datos duros para convalidar de manera descriptiva el desempeño negativo del gobierno de Quintana Roo. En este sentido, la postura adoptada se justifica del modo siguiente:

¿Cuál es el fin del conocimiento empírico? Respondo: describir, comprender en términos de observación. El conocimiento empírico tiene que responder a la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo es lo real como hecho? En el dominio empírico, nuestra finalidad es comprobar cómo son las cosas para llegar a comprender describiendo (^{Sartori, 2006: 36})

En consecuencia, el resultado de una gestión gubernamental como la desarrollada en Quintana Roo, es testimonio de que la corrupción política provoca efectos devastadores en el interés público, la vida social y el desempeño de la economía. Se incurre así en la omisión deliberada de la rendición de cuentas horizontal y se enturbia de esa manera el desempeño efectivo de la democracia.

A continuación se exponen los datos duros de una gestión de gobierno envuelta en la corrupción política.

Total deuda pública

2011: $10,727,991 pesos ¹ correspondiente a la deuda bruta total a largo plazo, que equivale al 5.2% del PIB del Estado

Ingresos propios de la entidad: $2, 442,185 pesos ²

Participaciones Federales Elegibles: $6, 176,991 pesos ³

2012: $10,970,753 pesos ⁴ correspondiente a la deuda a largo plazo, que equivale al 4.9% del PIB del Estado

Ingresos propios de la Entidad: $2, 166,968 pesos ⁵

Participaciones Federales Elegibles: $6, 315,420 pesos ⁶

2013: $15,954,280 pesos ⁷ correspondiente a la deuda bruta total a largo plazo, que equivale al 6.4% del PIB del Estado

Ingresos propios de la Entidad: $2, 719,983 pesos ⁸

Participaciones Federales Elegibles: $6, 902,695 pesos ⁹

2014: $15,954,280 pesos ¹⁰ correspondiente a la deuda bruta total a largo plazo, que equivale al 7.3% del PIB del Estado

Ingresos propios de la Entidad: $4, 239,712 pesos ¹¹

Participaciones Federales Elegibles: $8, 113,135 pesos ¹²

2015: $19,411,206 pesos ¹³ correspondiente a la deuda bruta total a largo plazo, que equivale al 7.4% del PIB del Estado

Ingresos propios de la Entidad: $5, 460,761 pesos ¹⁴

Participaciones Federales Elegibles: $7, 391,844 pesos ¹⁵

Desvíos, faltantes y quebranto financiero

2011¹⁶:

Ingreso: $15, 557, 208 pesos

Presupuesto ejercido con modificaciones: $29, 487, 640 pesos

Presupuesto ejercido devengado: $29, 908, 394 pesos

Diferencia: $420, 754,000 pesos

2012: $2, 220, 060 pesos ¹⁷correspondiente al acumulado en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos (ingresos estatales)

2012: $17, 600, 294 pesos¹⁸correspondiente al acumulado en participaciones y aprovechamientos devengados (ingresos federales)

2012: $2, 843, 762 pesos ¹⁹correspondiente al acumulado en financiamiento

2013: $2, 719, 983 pesos ²⁰correspondiente al acumulado en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos (ingresos estatales)

2013: $18, 997, 394 pesos ²¹correspondiente al acumulado en participaciones y aprovechamientos devengados (ingresos federales)

2013: $5, 354, 099 pesos ²²correspondiente al acumulado en financiamiento

2014: $4, 239, 712 pesos ²³correspondiente al acumulado en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos (ingresos estatales)

2014: $21, 267, 740 pesos ²⁴correspondiente al acumulado en participaciones y aprovechamientos devengados (ingresos federales)

2014: $3, 000,000 pesos ²⁵correspondiente al acumulado en financiamiento

2015: $5, 460, 761, 274. 51 pesos ²⁶correspondientes al acumulado en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos (ingresos estatales)

2015: $20, 987, 889,071. 85 pesos ²⁷ correspondientes al acumulado en participaciones y aprovechamientos devengados (ingresos federales)

2015: $2, 770, 823,511.14 pesos ²⁸ correspondientes al acumulado en financiamiento

Daño patrimonial²⁹

2012: $10,524 pesos correspondientes a la diferencia entre ingresos devengados contenidos en los estados financieros y el Presupuesto de Egresos devengado modificado del ejercicio de la Cuenta Pública de Quintana Roo.

2012: $106,568.7 pesos, diferencia entre monto establecido en la tabla del Presupuesto de Egresos y la cantidad que se presenta inmediatamente después en el mismo documento.

Total: $117,092.7 pesos

2013: $0 correspondiente a la diferencia entre ingresos devengados contenidos en los estados financieros y el Presupuesto de Egresos modificado del ejercicio de la Cuenta Pública de Quintana Roo.

2013: $463,277.8 pesos, diferencia entre montos establecido en el Presupuesto de Egresos

Total: $463,277.8 pesos

2014: $451.5 correspondiente a la diferencia entre ingresos devengados contenidos en los estados financieros y el Presupuesto de Egresos devengado del ejercicio de la Cuenta Pública de Quintana Roo de dicho periodo.

2014: $31,826 pesos Diferencia entre montos establecido en el Presupuesto de Egresos

Total: $32,277.5 miles de pesos.

2015: $29,219,443,844.7 pesos, correspondiente a la diferencia entre ingresos devengados contenidos en los estados financieros y el Presupuesto de Egresos devengado del ejercicio de la Cuenta Pública de Quintana Roo de dicho periodo.

2015: $1, 742,521.2 pesos. Diferencia entre montos establecido en el Presupuesto de Egresos

Total: $ 29, 221, 186,365.9 pesos

TOTAL GENERAL: $29, 221, 799,013.9 miles de millones de pesos.

Informes ASF de irregularidades

2011-2013=$1698.000, 7 mdp correspondiente al monto pendiente de solventar.³⁰

2011-2014 = $1, 550,000.4 mdp correspondiente al monto pendiente de solventar.³¹

Total: $2, 848,000.7 pesos

2013 =2, 990,000 mdp referente al importe de procedimientos resarcitorios.³²

2015=$7, 000,000.6 mdp referente al importe de procedimientos resarcitorios³³

Total: $9.990,000.6 pesos

2015= $65.1 mdp impacto económico.³⁴

Total: $12, 838,001.3 millones de pesos.

Total posible daño patrimonial ASF y situación financiera por trimestre.: $29, 234, 637,014.3 pesos

Según información proporcionada por la SEIDO en el Expediente UEIORPIFAMQR/0000749/2016, la denuncia actual es por terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE -en la gestión de Romanillos y Herrera- y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la PGR. Por tanto, al anterior monto de irregularidades podría sumarse la cifra de $5, 000, 000,000 pesos, monto actual por el que se acusa al ex gobernador, además de las imputaciones que se le hacen por lavado de dinero.³⁵

Balance analítico

Una vez expuestos los datos empíricos que acreditan los impactos de una gestión pública nociva para la vida colectiva, a continuación se exponen las implicaciones de una forma de administrar y gestionar los recursos públicos sin apego a la rendición de cuentas horizontal:

Conclusión

El quebranto patrimonial del gobierno de Quintana Roo es producto de prácticas y acciones de corrupción política que se extendieron de manera nociva hacia la sociedad, los ciudadanos y el ámbito de las instituciones públicas.

La Auditoría Superior de la Federación en su condición de órgano fiscalizador que da vida a la rendición de cuentas horizontal en el marco de las estructuras del Estado mexicano, acredita el daño que el gobierno de Quintana Roo ha infringido a la vida pública.

La Auditoría Superior de la Federación ha documentado las diversas formas de daño público en perjuicio de los habitantes y ciudadanos de Quintana Roo, las cuales son producto de una gestión de gobierno que deja como secuela endeudamiento y daño patrimonial.

Resulta inexplicable que lo descubierto por la Auditoría no se haya frenado con oportunidad, una vez que descubre la corrupción política por efecto de daños administrativos, burocráticos, financieros, presupuestales y patrimoniales. Se hubiesen evitado daños estructurales a la sociedad de Quinta Roo, de haberse auspiciado asimetrías de la información en los órganos diversos del quehacer gubernamental, ocasionado de esa manera la formación de una zona de desastre que tiene como modalidad abusos, quebrantos y bancarrotas, cuando México se desenvuelve como país, con base en los valores de la democracia.

Con los datos expuestos, se convalida que los fondos federales no se derivaron de manera legal en favor de la vida comunitaria, situación que revela que las autoridades responsables de la administración estatal incurrieron en anomalías que tienen una repercusión negativa en los diversos sectores de la vida productiva.

De esta manera, se corrobora que la corrupción política tiene éxito en la medida que desde el poder se alientan acciones contrarias a la legalidad, y la fiscalización; por ello la necesidad de que la rendición de cuentas sea la fórmula que vincule de manera directa a los ciudadanos con el gobierno.

En este caso, y con los datos expuestos, es evidente el profundo daño y las secuelas destructivas para la comunidad de Quintana Roo. Las autoridades gubernamentales durante el lapso de 2015 a 2018 incurrieron en acciones dolosas que revelan un estado de cosas que indica cómo la corrupción política provoca el estancamiento del desarrollo productivo y social.

En este sentido, la corrupción política es un sistema perverso de acción fincado en el dolo. La magnitud de un hecho que consiste en que el Gobierno estatal incumple el objetivo de dotar a la población de mejores condiciones de vida. Con ello se ha provocado que tanto la economía como el patrimonio público se encuentren en condiciones devastadas, ya que la administración y gestión de los recursos federales han sido objeto de uso indebido, alimentando de esa manera la corrupción política en el estado de Quintana Roo.