Introducción

Una característica sustancial de la democracia como un sistema de instituciones que organizan y llevan a cabo el control del poder, consiste en que su diseño y operación se sustenta en la confianza. Ésta es el activo más relevante para articular la pluralidad y diversidad sobre la base de la libertad, igualdad, equidad y la rendición de cuentas, las cuales hacen posible que la gobernabilidad democrática se acentúe en favor de la vida asociada. La democracia no sólo es una forma de gobierno, sino un modo de vida fincado el desarrollo de lo individual y lo comunitario, a partir de la vigencia del Estado de derecho.

En consecuencia, el arreglo institucional de la democracia implica que los opuestos, las contradicciones y las opiniones divergentes son factibles procesar mediante autoridades constituidas, reglas y procedimientos que favorecen el tránsito de los conflictos hacia los sistemas de cooperación social. En este caso, la tarea de gobernar implica que se cumple con apego a las normas que obligan tanto a las autoridades como a los ciudadanos para que las cumplan. La eficacia de la democracia, por tanto, requiere la aceptación de las personas y los ciudadanos para cumplir las reglas vigentes del orden jurídico y político.

En este sentido, cuando la corrupción emerge como un sistema de conductas perversas y nocivas, se lastiman tanto reglas como principios que hacen factible la convivencia pacífica y productiva. La corrupción socava y corre las instituciones de la democracia. Su práctica contradice las ventajas sociales, políticas y económicas que caracterizan a ésta, dando paso a situaciones en las cuales las conductas mezquinas, calculadoras y perversas que llevan a cabo algunos servidores públicos, les permiten obtener ventajas privadas con los recursos y el patrimonio público.

Sin duda, la corrupción daña el prestigio de los gobiernos representativos y responsables que dan vida a la división, coordinación y control del poder, desde el momento en que se evidencia la manera de eludir las normas escritas, para incentivar las relaciones informales que se condensan en una diversidad de redes orientadas a infringir la moralidad, la ética y el control del poder. Desde la visión del Estado de derecho, la rendición de cuentas es un medio para evitar que la corrupción se reproduzca al amparo de la impunidad y la irresponsabilidad pública.

En consecuencia, la tensión entre corrupción y rendición de cuentas entendida como el mecanismo que se encarga de llevar a cabo el control democrático del poder, se acentúa, dando paso a la duda sobre su eficacia. Desde el momento en que la rendición de cuentas pierde eficacia, el ejercicio del poder se deteriora, dado que no se cumple una de las premisas que la caracterizan: el ejercicio del poder con responsabilidad ante terceros, es decir, ante los ciudadanos y sus representantes políticos que son los diputados. La rendición de cuentas es una válvula de seguridad para desestimular la corrupción, en la medida que la responsabilidad se acredita con oportunidad. La corrupción gana terreno cuando la rendición de cuentas se hace a un lado para dar vida al ejercicio irresponsable del mismo, lo cual efectos negativos para la vida productiva y social.

Para la vida política de México, esta situación no favorece su desempeño en términos de que el control del poder sea plenamente efectivo en algunas entidades federativas.

En el presente trabajo se valoran elementos críticos sobre el daño desde los gobiernos hacia la sociedad civil en tres entidades federativas de México: Chihuahua, Sonora y Veracruz. En éstas entidades federativas se han generado datos puntuales sobre su desempeño institucional, el cual permiten inferir que son prácticas de corrupción, dado el impacto y daño que provocan en la vida de los ciudadanos, las empresas, los sistemas productivos, la dilapidación de la riqueza material, el encarecimiento de los costos de transacción, el riesgo para los derechos de propiedad, así como el quebranto de la equidad con prácticas que destruyen el tejido social y político al infringir daños estructurales al patrimonio público. Los daños provocados en términos públicos desde el ejercicio del poder, acreditan la tensión entre corrupción y rendición de cuentas, situación que desfavorece la credibilidad en las instituciones democráticas, cuando no se corrigen de fondo las prácticas que conllevan a dilapidar tanto la riqueza material de la sociedad y la economía, como los recursos monetarios y presupuestales que cuantifican su necesidad a favor del interés público.

La hipótesis del trabajo es: En la medida que la rendición de cuentas es objeto de inobservancia deliberada por parte de los actores del poder, la corrupción se fortalece hasta provocar daños públicos que lesionan el prestigio de las instituciones gubernamentales, acentuando el quebrantamiento de la confianza en las autoridades constituidas y ocasionado daño al patrimonio de los estados, hasta llegar a una situación que provoca su declive, desee el momento que las finanzas y presupuestos públicos son motivo de incumplimiento irresponsable que compromete el desarrollo sano y productivo de la vida comunitaria, la cual ingresa a la ley de los rendimientos decrecientes, desde el momento en que una importante parte del excedente económico se dilapida a través de prácticas nocivas que incluso debilitan las reglas y principios del orden jurídico y político en este caso, de las entidades locales.

Para fines de exposición, el artículo se ordena de la manera siguiente: 1. Fundamentos institucionales; 2. Efectos corrosivos de la corrupción; 3. Tensión entre corrupción y rendición de cuentas y 4. Conclusiones.

Fundamentos institucionales

La vida de los Estados se fundamenta en la institucionalidad de pactos entre gobernantes y gobernados que permiten establecer las reglas del juego a favor de la vida colectiva. Este requisito de la convivencia asociada permite la gobernación de las sociedades, así como la necesaria estabilidad y paz que se necesitan para lograr el cumplimiento de las metas colectivas.

En la lógica de la vida estatal, es fundamental que las reglas de gobierno sean diáfanas y efectiva para que los habitantes de la sociedad civil no sólo las conozcan sino que las asuman como el medio que permite lograr relaciones de respeto y tolerancia.

La función del Estado en este sentido, consiste en ser la institución más comprometida con la vida social, política y económica, con el propósito de asegurar que la pluralidad y diversidad sean las piedras angulares para que la economía, la confianza y el mejor desempeño de las instituciones¹ sea la clave de una forma más efectiva de convivencia.

La función del Estado se ha convertido en el eje que permite relaciones transversales de convivencia, las cuales son la base que asegurar que la eficiencia de la vida social sea uno de los imperativos más conspicuos del quehacer cotidiano.

La responsabilidad del Estado en la vida colectiva se vincula con las tareas de orden, justicia, gobernación, promoción, estímulo y seguridad, las cuales son la columna vertebral para sumar esfuerzos, aprovechar recursos y adoptar las políticas públicas que incentivan la cooperación entre los actores de la sociedad. La responsabilidad del Estado es punto de partida para que la sociedad y la economía tengan un desempeño que permita producir y distribuir los bienes y servicios públicos que necesitan para su reproducción y vida productiva.

Por tanto, es fundamental considerar la importancia que tienen los gobernados y las autoridades constituidas para articular capacidades, recursos, iniciativas y estrategias de acción que contribuyan a que la vida privada, pública y social tenga los mejores elementos de desarrollo.

Cuando la sociedad y el Estado tienen reglas claras para articular relaciones de convivencia, los ciudadanos y las organizaciones sociales aseguran condiciones más idóneas para realizar aportaciones que favorezcan el interés colectivo. Este es punto primordial para que la complejidad de la vida asociada tenga los elementos de productividad que permiten a los sistemas de vida avanzar hacia el cumplimiento de las metas colectivas.

Es de vital relevancia que el Estado vía las tareas de gobierno, tenga la capacidad para que las personas, las organizaciones² y los factores de la producción avancen por la senda de las ventajas compartidas. En este caso, el orden jurídico y político juega un papel significativo para crear las condiciones de certidumbre a favor de lo privado, lo público y lo social.

En una visión del Estado de derecho, la certidumbre es la mejor carta de presentación de la autoridad ante las esferas de la sociedad y la economía, dado que se envía la señal de que el apego a las normas, así como el cumplimiento del orden público, genera la confianza en el sentido de que la autoridad³ es la primera obligada con ese imperativo y por tanto, le corresponde hacer efectiva la aplicación de las propias normas. La certidumbre es un valor público que permite producir, regularidad y confianza para que las diferentes facetas de la vida colectiva en las cuales interactúan los ciudadanos, los habitantes y las organizaciones de la sociedad civil, tengan la certeza de que las normas y las consecuencias que se derivan de su aplicación, sean conocidas con anticipación en razón de su espíritu, contenido y procedimientos formalizados por parte de los órganos del poder público.

Para la vida moderna la certidumbre es condición fundamental, a fin de asegurar prácticas en la línea de un ambiente jurídico que respeta a las personas, garantiza los derechos de propiedad, así como la aplicación de la legalidad, sin más objetivo que contribuir a que la vida colectiva tenga menos tensión y más sentido de cooperación.

En las tareas de gobierno es fundamental que el Estado en su relación con los ciudadanos sea una institución dotada de credibilidad y capacidad para producir ámbitos de confianza⁴ que garantizan que la vida en asociación sea eficiente para alentar los intercambios económicos, la distribución de los beneficios y la asignación de costos en la distintas esferas de la vida individual y colectiva.

En este sentido, ninguna política pública tiene carácter gratuito, lo cual significa que la falta de financiamiento de las mismas, desde el ángulo del pago de impuestos, afecta a los más, mientras las personas que los evaden, no aportan recursos fiscales a la hacienda pública pero se benefician de la producción de los bienes y servicios, sin cumplir sus obligaciones con sus aportaciones fiscales. Surgen en consecuencia, condiciones de inequidad, dado que en el pago de impuestos, nadie se puede sustraer a esa obligación.

Una condición de vida en la sociedad contemporánea consiste en que el desempeño de los ciudadanos y la población civil se rige por derechos y obligaciones para todos. El pago de impuestos, tiene como punto cardinal el principio de obligatoriedad que las normas positivas prescriben para todos. Por ello es importante en la relación del Estado con la sociedad que los mandatos de la convivencia cotidiana, además de diáfanos, tengan ejecución conforme a las reglas positivas, para evitar que unos se encaramen sobre otros, dando lugar a relaciones que dañan el sentido de conjunto en la vida colectiva.

El orden jurídico y político del Estado de derecho⁵ es la pieza central para que las personas y las organizaciones puedan desarrollar las actividades productivas que hacen posible los mejores rendimientos en la vida colectiva⁶. El orden jurídico y político es la sustentabilidad que da legalidad y credibilidad al sistema de autoridad que tiene a su cargo la gobernación y administración de la sociedad. Es la seguridad misma de la sociedad y el Estado.

La eficacia de su vigencia es imperativo a destacar en todo momento porque de él derivan las autoridades que se encargan de hacer el cumplimiento efectivo de las propias normas. El Estado en consecuencia, es el responsable de salvaguardar la funcionalidad de las instituciones que tienen como tarea el ejercicio del gobierno. Este alude a las capacidades institucionales que se encargan de asegurar que el orden, la regularidad y eficiencia sean los atributos que permitan que la sociedad civil acceda a las ventajas compartidas, así como a la distribución de costos que son compatibles con la vida de colectiva.

Los costos que la autoridad distribuye dan cuenta de que la producción de bienes y servicios no es de carácter gratuito, sino que son financiados por las distintas fuentes productivas de la sociedad. En este caso, es relevante apuntar que la sociedad y el Estado han establecido formas de comunicación y compromiso recíproco para asegurar que la producción de los bienes y servicios públicos se proporcionen de manera efectiva y oportuna.

De igual modo, la relación específica entre los ciudadanos y el Estado tiene como elementos de reciprocidad, que los primeros pagan los impuestos a cambio de tener bienes públicos como el orden y la seguridad para garantizar la propiedad, la movilidad y la certeza de que la autoridad genera condiciones para el buen vivir. El segundo, el Estado, se compromete cuando los ciudadanos cumplen con sus ordenamientos a proporcionales, además del orden y la seguridad, condiciones de desarrollo, bienestar y confort para que la vida en asociación sea más efectiva.

En este sentido, el Estado es un generador de condiciones que permitan a la población vivir con movilidad social y mejores oportunidades de vida, utilizando para ello, las capacidades institucionales que produce y recrea con decisiones y acciones que alimenta mediante las políticas públicas, la administración pública y los servicios públicos, dado que son las herramientas que tiene a su alcance para llevar a cabo la producción de mejores condiciones de vida.

Por ello, la reciprocidad entre la sociedad y el Estado, así como de los ciudadanos con el propio Estado, es una situación de vida de la más alta prioridad, misma que debe cuidarse para que no derive en condiciones desfavorables que provoquen en los ciudadanos desencanto y desilusión con las expectativas que se tiene en el sistema de autoridades que rigen la vida en sociedad.

Los compromisos recíprocos entre los ciudadanos y el Estado se forman de manera fundamental a partir de la generación de la confianza, la cual tiene su centro motriz en el desempeño de las autoridades, así como en la integridad de las acciones que corroboran de manera públicas.

Lo que hacen las autoridades dese el ángulo de la gobernabilidad y la gestión pública, es el camino para ampliar o reducir los apoyos que puedan tener por parte de los ciudadanos. Lo que hacen las autoridades da cuenta de que la conducta pública de la autoridad no admite simulación ni manejo deshonroso de los recursos públicos que tienen bajo su administración y procesos de fiscalización.

La confianza debe cuidarse como un activo intangible que permite nutrir los sistemas de credibilidad en las autoridades, no debe ser objeto de acciones que pueden dilapidarla. Cuando esto sucede, inicia el deterioro del principio de la autoridad pública, lo cual forma una atmósfera adversa hacia el Estado. Un Estado envuelto en la duda y la nubosidad sobre lo que realiza en nombre del interés público, provoca que se agrieten las estructuras del gobierno en las cuales se sustenta.

Un Estado con estructuras institucionales agrietadas, ingresa a la ley de los rendimientos decrecientes, por cuanto que su prestigio institucional se erosiona, hasta configurar redes de desprestigio y descrédito que minan los principios y la gestión de las instituciones que tiene a su cargo. No es dato menor considerar que los Estado declinan de manera institucional cuando incurren en la falta de observancia de las reglas públicas que tienen como objetivo crear y asegurar las condiciones de la estabilidad política y social.

Efectos corrosivos de la corrupción

La decadencia de los Estados da inicio cuando la confianza empieza a diluirse a través de conductas no legales, es decir, que dan pie para que la corrupción florezca en el seno de las instituciones públicas. La corrupción implica daño, destrucción y efectos corrosivos en la vida de las personas, los poderes constituidos y las organizaciones de la sociedad civil, porque rompe las reglas del orden jurídico y político, con los cual se favorece las conductas informales que dañan la credibilidad tanto de las autoridades como de los órganos del poder público.

La corrupción tiene efectos devastadores que dañan la organización, estructura y funcionalidad de los Estados. Implica entre otras cuestiones, dar paso a la inmoralidad que se traduce en impunidad, cohecho, tráfico de influencias⁷, cleptocracia⁸, conflictos de interés, peculado, sobornos⁹ entre otras conductas dañinas para el interés público. La corrupción alimenta las conductas ilegales, así como las relaciones informales -costumbres, hábitos, prácticas, valores convenidos- que se encaminan a obtener ventajas privadas a costa de los recursos públicos.

La corrupción es ejemplo de cómo los daños públicos en una sociedad y el propio gobierno se multiplican de modo amplio, hasta generar desventajas colectivas para la mayoría de la población, así como beneficios cerrados a grupos que han optado por violentar las normas y quebrantar con acciones destructivas, las reglas institucionales de la vida comunitaria.

No hay duda que, cuando la corrupción desencadena su efecto devastador, también inicia la decadencia del orden jurídico y político que es superado con prácticas nocivas y destructivas. Cuando un orden jurídico y político no consigue frenar los avances negativos de la corrupción, se expone a ser rebasado por grupos, organizaciones y redes que al amparo de la complicidad, deciden obtener beneficio con los recursos públicos.

Una característica de la corrupción es que daña la estructura jurídica y política de una país en la medida que la moral pública es resquebrajada con acciones ilegales y destructivas.

El quebranto de la moral¹⁰ pública es el resultado haber decidido mediante relaciones de complicidad, conseguir ventajas con los recursos públicos de la vida comunitaria, desviando su destino hacia rutas de perversidad administrativa y política. Esta situación da cuenta cuando se quebranta la moral pública, que el avance de la corrupción es más rápido, como rápido será el deterioro del orden jurídico y político. De este modo, la gobernación de la sociedad ingresa a terrenos de duda, desconfianza y descrédito en lo que es, hace y representa la autoridad. El quebranto de la moral pública, cuando tiene éxito, acelera la degradación del orden político y jurídico vigente, porque implica que las reglas que los sustentan, así como los actores encargados de su cumplimiento, carecen de eficacia para prevenir y castigar a quienes incurren en las prácticas de la corrupción. El quebranto de la moral público señal de que la corrupción se ha institucionalizado y es por tanto, un conjunto de prácticas que se aplican desde las esferas del poder político, materializado en el Estado y la Administración pública.

La corrupción es un daño mayor desde el momento en que las conductas que la incentivan se extienden a lo largo y ancho de la estructura del Estado y éste queda atrapado en manejos inmorales que reflejan cómo los recursos públicos se utilizan de manera deshonrosa, dado que al pertenecer a la comunidad, son utilizados de modo perverso por ciertos grupos que deciden participar de modo activo en su práctica y reproducción.

Cuando la corrupción se impone sobre la legalidad y la rendición de cuentas¹¹, las instituciones del Estado son llevadas a las prácticas de botín. Esta situación da cuenta de que las relaciones de la sociedad y el Estado cuando son turbias a causa de la corrupción, provocan la pérdida de confianza en él como el principal administrador de los bienes y servicios públicos y de la administración de los ingresos y egresos que tienen su fundamento en a hacienda pública. La rendición de cuentas que combina información a justificar ante terceros, vigencia de la responsabilidad para responder a la situación del estado que guardan las cuentas públicas, acreditación de la legalidad y determinación de sanciones cuando es procedente, detiene su eficacia cuando se objetó de incumplimiento por parte de autoridades electas y servidores públicos meritocráticos o designados. Cuando desde el ejercicio del poder se incurre en desvíos, daño patrimonial, endeudamiento injustificado, sobre giros presupuestales y carentes de validez, así como la falta de comprobación en ciertos rubros del gasto público, vulneran el principio de responsabilidad, con los cual la sociedad y los ciudadanos, resienten el abuso del poder en la modalidad de sistemas nocivos de corrupción.

De este modo, la rendición de cuentas es un imperativo en la lógica del Estado de derecho para evitar desde el poder el quebranto del propio Estado, alude a que

“El poder controlado tiene que responder al poder del demos, es decir, de los ciudadanos. Por eso su desempeño es objeto de control y vigilancia por parte de órgano especializado profesional que el propio Estado crea, para llevar a cabo la revisión administrativa, legal, financiera, técnica y el desempeño de conjunto del sistema de administración estatal en cada uno de los órdenes de gobierno. De ahí la relevancia de la rendición de cuentas en términos de diseño alude a que el poder que vigila en la sociedad, también tiene que ser vigilado y vigilarse con fines de control y acreditación de a responsabilidad (^{Uvalle, 2017}:31).

El Estado como el principal administrador de los bienes, servicios y recursos públicos, cuando queda atrapado en las redes de la corrupción, se convierte en una institución de riesgo, porque implica que se mueve distante de la certidumbre, que es la clave para la aplicación de las normas jurídicas con base en el espíritu y contenido que las caracteriza. Esta situación provoca que lo público que el Estado representa, está en riesgo, dado que sus zonas institucionales se caracterizan no por el manejo honrado de los recursos públicos y la aplicación imparcial de la ley, sino por la cultura clientelar, patrimonial y prebendaría que son contaminantes mayores y destructivos para la vida colectiva.

Lo público -apego a la Constitución, las leyes y la protección de los intereses comunes-del Estado se evapora cuando la corrupción se asienta y acrecienta en las esfera institucional del gobierno, la administración, la burocracia, así como de las áreas que integran el sustento jurídico y político que lo caracterizan. Lo público del Estado se expone al juego de las camarillas políticas y burocráticas, desde el momento eluden sin sanción a la rendición de cuentas, dando lugar a conductas ilegales y dañinas que frenan el crecimiento económico y aumentan las relaciones de desigualdad en la vida comunitaria.

Lo público del Estado se quebranta cuando los intereses informales de las camarillas, los grupos y las redes de complicidad tienen influencia en la operación del mismo, lo cual se traduce en el aumento de costos que pagan y dañan a los ciudadanos, así como a las empresas y negocios que requieren de la gestión pública para la atención de sus problemas y trámites a realizar. Lo público del Estado se pervierte desde el momento en que los intereses corporativos de grupos de la sociedad civil se imponen en la decisión de las políticas públicas. Ya no se responde en este caso, a la necesidad de preservar el interés público, entendido como el interés institucional debe orientar las decisiones y acciones de la autoridad pública, así como de los cuerpos burocráticos que tienen en sus manos la gestión de las políticas públicas. Lo público del Estado es punto cardinal para situar mejor su responsabilidad en la vida colectiva y en la medida que se enajena a favor de minorías que imponen a las mayorías paquetes de políticas pública, se diluye hasta formar en todo caso, una red de ventajas y protección para qua las minorías sean beneficiadas con recursos públicos y con la aplicación de la ley con fines de ventajas no compartida, sino obtenida mediante decisiones que tiene su origen en la cúpula del poder establecido.

Lo público del Estado es motivo de daño en la medida que los recursos y bienes públicos son utilizados para fines contrarios al interés social, lo cual da lugar al desperdicio de los mismos a la manera de barriles sin fondo. En consecuencia, si lo público del Estado se daña con la corrupción, la inseguridad invade a las áreas del Estado desde el momento, en que la propiedad y los derechos de propiedad no tienen ya como protección, la certidumbre que debe acompañarlos para ser motores del crecimiento y el desarrollo económicos.

Lo relacionado con la gestión de los trámites corre el riesgo de contaminarse con los efectos de la corrupción, porque ingresan a la ruta del encarecimiento de los costos, la lentitud, el formalismo y las dilaciones, dado que son formas de estimular prácticas de la corrupción, desde el momento que se relacionan con el tiempo en que debe invertirse para su cabal ventaja. La corrupción¹² en este caso, desata al interior de la administración del Estado, conductas que se relacionan con los costos que generan ventajas para unos y desventajas para otros. Esto significa que la corrupción tiene diversas facetas como eje el secreto, la complicidad y la impunidad, hasta conformar relaciones nocivas que rompen el tejido social, económico y productivo de la vida asociada.

El común denominador de la corrupción son las conductas destructivas, nocivas, corrosivas e ilegales que provocan rupturas en la dinámica de los sistemas productivos y sociales. Todas ellas dan cuenta de que es un fenómeno que provoca desajustes serios en el desempeño de los sistemas productivos y de gestión institucional desde el momento en que tanto actores gubernamentales, sociales, económicos y políticos con su conducta nociva abren la puerta al desarrollo de actividades que denota daño y costos innecesarios para la vida comunitaria.

Para la sociedad en su conjunto, la corrupción se traduce en condiciones de vida que aumentan la desigualdad entre las personas, los grupos, las organizaciones y los factores de la producción, dado que la distribución de los costos y daños por esa práctica inmoral, multiplica la disparidad entre diversos modos de vida. La corrupción es un modo de vida fincado en desigualdades que se acentúan niveles y condiciones de vida que limitan la movilidad de las personas y las organizaciones de la sociedad, desde el momento en que se fomentan ventajas para minorías que son financiadas con los recursos públicos de la sociedad. La corrupción es la suma de riqueza y privilegios que se articulan mediante diversos costos públicos hasta formar relaciones asimétricas que hacen más evidente la opulencia y las carencias. Esto significa que el orden político vigente elabora y aplica políticas públicas no con sentido público en cuanto ventajas, sino en lo que corresponde la distribución de costos que son pagados por las mayorías de la propia sociedad. Por ello la corrupción en la democracia, si hay falta de herramienta para debilitarla y erradicarla, se aleja de la igualdad de oportunidades a favor de los ciudadanos y se atenta contra la rendición de cuentas desde el momento en que el poder se ejerce para favorecer ventajas privadas con fondos públicos.

La democracia pierde el capital político de la credibilidad en la medida que la corrupción se convierte en foco de daño y destrucción que daña a las personas, las empresas, las fuentes productivas, la inversión de capital y la distribución equitativa de los beneficios. Todavía más: cuando la corrupción se estimula desde el poder, mayores son las desigualdades que se provocan, porque significa que los instrumentos de gobierno tienen orientación hacia ventajas que no favorecen a la comunidad, sino a quienes amparados en el poder de la propiedad, las relaciones clientelares y los favores que se intercambian, ejercen diversas presiones para obtener ventajas que corresponden a minorías corporativas.

La corrupción se estimula mediante conductas dañinas que provocan la caída de la producción, el encarecimiento de los costos de transacción, la dilatación de los procesos de la gestión administrativa, la triangulación de los trámites, el desvíos de los fondos públicos hacia actividades que generan ventajas particulares y la ruptura del orden jurídico y reglamentario. Estos efectos de la corrupción intensifican la incertidumbre en la sociedad y la economía, debido a que lo ilegal se convierte en modo regular de vida y con ello aumentan los riesgos de que tanto la producción como la distribución de la riqueza material, ingresen a la ley de los rendimientos decrecientes.

Otro modo de entender la corrupción es con la categoría captura del Estado, la cual indica que diversos grupos oligarcas de la sociedad con influencia negativa pero efectiva, logran establecer una red de beneficios que se traducen en tráfico de influencias, pago de lealtades, reparto de posiciones en el aparato del Estado y beneficios directo con la asignación de los recursos públicos “La corrupción ha forjado una nueva imagen: la de los llamados a oligarcas que manipulan la formulación de las políticas e incluso configuran las nuevas reglas del juego para su propio beneficio” (Kellmany y Kaufman, 2009:31).

La captura del Estado es una situación en la cual la autoridad pierde poder para frenar abusos y ventajas dañinas y queda comprometida a responder para asegurar apoyos, a demandas que no justifican desde la óptica del interés público, porque se representan cuotas de poder que se convierten en reclamos de interés corporativo “Por captura del Estado entendemos los intentos de las empresas para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado a cambio de pagos en efectivo -con carácter privado- a los funcionarios públicos” (Hellmny y Kaufman, 2009: 31)

La captura del Estado a cargo de intereses con amplio poder económico que fomentan el tráfico de influencias, los conflictos de interés, así como los decisiones y recursos públicos a cargo del Estado, es una forma elaborada de corrupción que refleja que las relaciones de poder desvían los fines públicos del propio Estado y a través de acciones de presión y lealtad convenidas, hay grupos de la sociedad que acceden no sólo a la agenda de los gobiernos, sino a la bolsa de recursos públicos que se utilizan no en ventajas colectivas, sino en privilegios corporativos que refuerzan la posición de poder de aquellos grupos consiguen acceder a los círculos de la decisión estatal.

De este modo, la rendición de cuentas queda distante de su alcance republicano, porque su aplicación no es efectiva, desde el momento en que la discrecionalidad política decide no hacerla vigente en la extensión de la vida estatal. El quiebre de la rendición de cuentas, implica que el poder toma distancia de los procesos del control democrático, para incursionar por el mundo de la ilegalidad, la inmoralidad y el otorgamiento de favores a la manera del clientelismo político. Cuando la rendición de cuentas pierde eficacia, el poder se desborda a través de prácticas que desembocan en daño social y desprestigio político. De este modo, la rendición de cuentas es infecunda cuando los compromisos del poder consisten en otorgar privilegios a patronazgos y los poderes corporativos que obtienen ventajas públicas mediante decisiones que se toman desde el poder la favorecerlos en detrimento de la sociedad y la economía. El incumplimiento de la rendición de cuentas desde el ejercicio del poder, da cuenta de cómo la autoridades constituidas, así como los administradores del gobierno, se sustraen a los controles institucionales y al sentido de responsabilidad para no justificar ante terceros -ciudadanos y legisladores- la acciones que realizan y el modo de ejercer los recursos públicos.

De está manera, el incumplimiento de la rendición de cuentas desde las esferas del poder, abre la puerta para que la captura del Estado se efectué con mayor holgura, pero ocasionando costos negativos y prácticas destructivas a la vida de las personas civiles, los ciudadanos y las empresas que se encargan de producir la riqueza socialmente necesaria.

Con la captura del Estado se enajena lo público de la autoridad y aunque formalmente representa a la comunidad, en realidad responde más a relaciones informales e intercambios que se forman con las prácticas que derivan de la presión política por parte de las agrupaciones corporativas interesadas en imponer sus reglas en las propuestas y sentido último de las políticas públicas.

Un Estado capturado no genera confianza institucional, dado que no se apega al principio de imparcialidad y certidumbre, lo cual provoca que las decisiones públicas que adopta, tienen como elemento efectivo, satisfacer las exigencias de los grupos que han logrado frenar sus acciones a favor del público ciudadano, y por tanto, los recursos públicos derivan hacia actividades y fines que favorecen a los menos en perjuicio de los demás.

El Estado capturado indica la decadencia del orden jurídico y político que, en condiciones de corrupción acendrada, sucumbe ante grupos de interés con poder económico que logran evadir sus reglas, mandamientos y sanciones al establecer con la autoridad, acuerdos políticos que permiten que sus ventajas se sigan reproduciendo en escala creciente. No menos importante en el fenómeno de la corrupción estatal, es el quebranto económico, financiero y presupuestal, lo cual implica que la ausencia de la moral pública, vacía al servicio público de los valores -honradez, responsabilidad y solidaridad- que han de permitir la cohesión y el desarrollo productivo de la sociedad civil. Un Estado capturado está cercano a la impotencia gubernamental -carencia de fuerza para dirigir la vida pública con apego a la constitucionalidad y legalidad-, dado que su tarea para hacer efectivo la vigencia del interés público se frena ante las exigencias de los grupos que con poder corporativo, consiguen que el proceso de gobierno se lleve a cabo teniendo como referencia la consolidación de privilegios, no los objetivos públicos de la vida comunitaria. La impotencia gubernamental se advierte desde el momento en que el Estado enajena su autonomía institucional, para dar paso a la disputa del poder político, lo cual implica que la autoridad no ejerce el poder para desactivar las presiones, sino que flota como un corcho entre las mismas, quebrantando de ese modo, la vigencia del interés público.

Tensión entre corrupción y rendición de cuentas.

En este apartado se exponen el caso de gobiernos en tres entidades federativas Chihuahua -2015 y 2016-, Sonora -2014 y 2015 y Veracruz - 2014 y 2015- como ejemplo en el tiempo señalado, de manejos irregulares en lo que concierne a recursos públicos, así como lo relacionado con desvíos, daño patrimonial, dictámenes negativos, faltantes y quebrantos financieros que apuntan, como valoración analítica, de que se tratan de situaciones de corrupción que rompen la credibilidad en la necesidad de controlar mejor el ejercicio del poder en la visión del Estado de derecho y el gobierno de los ciudadanos.

En los tres casos mencionados se convalida la tensión entre corrupción y rendición de cuentas, situación que da origen a un conjunto de ilegalidades e irregularidades que se concretan en daño a la sociedad, la economía, la vida productiva y la erosión en las instituciones de carácter gubernamental.

Total deuda pública de Chihuahua

Desvíos, faltantes y quebranto financiero

Daño patrimonial

Total deuda pública de Sonora

Desvíos, faltantes y quebranto financiero

Daño patrimonial

Total deuda pública de Veracruz

Desvíos, faltantes y quebranto financiero

Daño patrimonial

Conclusión

El desempeño de los gobiernos en las sociedades democráticas está a la vista de todos, así como del escrutinio de los ciudadanos. Por tanto, cuando su modo de actuar da como resultado final desvíos, daño patrimonial, deuda pública onerosa, faltantes, operaciones sin solvencia y quebrantos, la valoración de su gestión pública carece de legitimidad y por tanto, no es aceptada en términos comunitarios, dado que tanto la hacienda pública como el patrimonio público a cargo de los propios gobiernos, llegan a situaciones de quebranto y con ello se afecta la vida de los ciudadanos, así como el rendimiento productivo de la economía de mercado.

Se infiere, por tanto, que la corrupción es una manera de valorar el daño del gobierno a la sociedad civil, desde el momento que los recursos públicos son motivo de desvío y aprovechamiento para alimentar ventajas personales con daño a los contribuyentes, los ciudadanos y los habitantes de la sociedad civil.

La corrupción tiene como característica que enlaza conductas que desembocan en la ubicuidad negativa. Sus facetas son interdependientes, sus efectos corrosivos y en su alcance implica que hay redes que la alimentan, tanto en la esfera pública del gobierno como en la esfera privada de la sociedad. Su impacto es negativo porque origina actos y conductas anti-públicas, en particular, cuando se visualizan en las áreas de gobierno, la conducta negativa delos servidores públicos que defraudan a la sociedad, provocando daños mayores a los sectores productivos, utilizando para ello, recursos de la hacienda pública con fines de ventaja egoísta y personal, fomentando el engaño desde el poder, practicando la simulación y lesionando el interés público.

La corrupción provoca incertidumbre, lo cual es dañino para la sociedad porque implica que la autoridad deja de cumplir objetivos públicos de manera diáfana y responsable para optar por ventajas privadas, generando prácticas que se orientan a conseguir, incluso, fines perversos. La corrupción mina la confianza en el orden jurídico y político y con ello se rompen los principios de igualdad y equidad que son fundamentales para asegurar los procesos de la gobernabilidad democrática. La corrupción es el testimonio más acabado de que la rendición de cuentas es infructuosa, cuando se decide desde el poder no ceñirse a la misma. En estas condiciones, la rendición de cuentas, por decisiones de los actores del poder, es objeto de incumplimiento, lo cual abre las puertas a la impunidad en el ejercicio de los cargos públicos y con ello se fractura la confianza de los ciudadanos en la autoridad y el sistema de instituciones que la sustentan.

Cuando en la sociedad, por efecto de las conductas de corrupción, prevalece la sospecha y luego la convalidación de las prácticas nocivas de la propia corrupción, se crea un ambiente en el cual la mentira, la distorsión y la ventajas injustas por parte de servidores públicos, fomentan descrédito en las instituciones vigentes y desaliento en la vida ciudadana. Se crea así, una tensión con la rendición de cuentas, porque cuando la corrupción es notoria, surge la duda sobre la misma rendición de cuentas por cuanto que es ineficiente, al no frenar el manejo inmoral de los bienes, los recursos y el patrimonio públicos. En este caso, las reglas que corresponden a la rendición de cuentas, son objeto de inobservancia, con la cual se forma la percepción de que es ineficaz.

Es fundamental que desde el poder público se fortalezca la rendición de cuentas para evitar que la ubicuidad de la corrupción se extienda a lo largo y ancho de la sociedad civil, así como en el universo vertical y horizontal de la estructura de los gobiernos. Más aún, cuando las legislaturas estatales llevan a cabo la aprobación de la cuenta pública que es el ámbito en el cual se han de localizar y denunciar públicamente el conjunto de anomalías e ilegalidades que alimentan a la corrupción. Es un contrasentido aprobar la cuenta pública y posteriormente hacer del conocimiento de la opinión pública las faltas, errores e ilegalidades que desembocan en la práctica dela corrupción., dado que se ocasiona daños a la viva privada, la vida pública y la vida social, el cual consiste en derrochar el patrimonio de la vida comunitaria y aumentar el desprestigio de las autoridades gubernamentales , las cuales por omisión o complicidad, contribuyen a la “socialización” y distribución de los costos que frena el desarrollo sano de la vida económica y asociada.

Los casos descritos en este trabajo acreditan la relación tensa entre corrupción y rendición de cuentas, no en el esquema del autoritarismo, sino de la práctica de la democracia en todo el país. Por ello es más delicado el quebranto del patrimonio público, sobre todo cuando se tiene la percepción de que la rendición de cuentas es infecunda en detrimento de la vida pública. En la medida que la corrupción en las áreas gubernamentales continúen sin freno alguno, se arriesgan los avances en la vida democrática al provocar distancias que originan irritación social, política y pública de los ciudadanos hacia el gobierno.