Introducción^**

¿En qué sentido el análisis de las memorias vigentes es necesario para el estudio de la historia reciente en Argentina?

En estas páginas se propone plasmar una reflexión que articula memoria e historia a partir de un estudio de caso que permitió deshilvanar un entramado represivo en la localidad de Santa Fe, en el periodo 1973-1976; preludio de la dictadura militar (1976-1983) que se desplegará a lo largo y ancho de la Argentina.

Comenzamos con el planteamiento de ^{Traverso (2007)}, según el cual, la memoria presenta una condición "matricial" que ubica a la historia en una dimensión de ésta. Sin embargo, también afirma que esto no impide que la historia convierta a aquella en un tema de su investigación. Ambas comparten una preocupación y objetivo en cuanto a la elaboración del pasado. Ahora bien, mientras la tarea de interpretación y narración le corresponde a la historia según las reglas de su oficio; la memoria, con su temporalidad cualitativa, pone constantemente en cuestión el "continuum" de la historia (^{Traverso, 2007}, p. 80). Frente a las posibles dicotomías historia-memoria, adoptamos la perspectiva propuesta por ^{Da Silva Catela (2010)} según la cual se considera a las memorias no sólo como fuentes históricas, sino también como fenómenos históricos. Desde esta doble consideración realizamos el estudio de caso que se presenta en estas páginas.

En Argentina, cuando hablamos de "historia reciente" es necesario reconocer que en el espacio social circulan todas las memorias, desde las "más fuertes" -dominantes- hasta las "más débiles" o subterráneas (^{Da Silva Catela, 2010)}. A su vez, se producen pujas o luchas entre diversos actores, por imponer las versiones del pasado "legítimas" o "hegemónicas" que serán parte de la construcción del sentido común aceptado por todos (Jelin, 2007, p. 307).

Todas las memorias generan sentidos que llegan al historiador, no sólo desde los actores sociales que estudia -más visible en el caso de las entrevistas orales-; sino también, por ser él mismo un agente inmerso en dichas tramas de significados.

Sumergiéndonos en el estudio de caso.

Las conclusiones aquí presentadas corresponden al estudio de caso, del asesinato de dos abogadas militantes -Marta Zamaro y Nilsa Urquía- que ha quedado presente en la memoria social de diferentes actores sociales y políticos como producto de una "represalia". Desde esta narrativa, se explicó el asesinato como consecuencia del atentado de muerte a dos militares en manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entre octubre y noviembre de 1974 en la ciudad de Santa Fe.

El objetivo del análisis se centró en la deconstrucción de esa memoria social que contiene la importante afirmación, respecto a sus implicancias sociales, políticas y de interpretación histórica: que el secuestro y asesinato de las dos abogadas militantes fue producto de una "represión como represalia". Asimismo se propuso reconstruir históricamente el caso a partir de una metodología cualitativa que contempló fuentes escritas -diarios locales y nacionales, prensa del PRT-ERP, causa judicial-; junto con fuentes orales, entrevistas semi-estructuradas a ex militantes de la organización y compañeros de Marta y Nilsa, de distintos ámbitos laborales y gremiales.

El desarrollo de esta memoria que articuló los hechos de manera monocausal², invisibilizó no sólo otras memorias en relación al caso (respecto a las múltiples identificaciones de las militantes) sino que también obturó otros sentidos necesarios para la interpretación histórica de los hechos en el contexto de la trama represiva desplegada, en profundidad a partir de 1974, tanto en Santa Fe como en el resto del país.

Los datos duros

Nilsa Urquía y Marta Zamaro fueron militantes del PRT-ERP en Santa Fe. Los testimonios de sus compañeros de trabajo, amigos y ex militantes afirman su participación en esta organización político-militar (OPM)³. Marta y Nilsa vivían juntas. Como parte de su actividad profesional, abogadas, y por su compromiso militante pertenecieron a la llamada "Asociación de Abogados" de Santa Fe. Marta además trabajaba como periodista en el Nuevo Diario y era delegada gremial allí. Estas múltiples pertenencias definieron sus ámbitos de acción y prácticas políticas y cotidianas, muchas veces compartidas.

El desenlace trágico, también las unirá: Marta Zamaro y Nilsa Urquía fueron secuestradas el 14 de noviembre de 1974, en la casa que compartían en la ciudad de Santa Fe. Dos días después aparecieron sus cuerpos flotando en el arroyo Cululú, a unos 12 km de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe. Marta tenía 29 años y Nilsa 32. El caso conmovió a la prensa y a la opinión pública de la época. Marta y Nilsa fueron encontradas atadas con las manos en la espalda, amordazadas con pedazos de telas adheridas con cinta adhesiva que les cubría el rostro, y con claros signos de golpes en diferentes partes del cuerpo; la autopsia del expediente confirmaba la muerte a causa de "asfixia por inmersión". El impacto del caso en la prensa local y nacional se explica fundamentalmente por la pertenencia de Marta al gremio de gráficos del Nuevo Diario. Desde este medio se dio plena difusión desde la desaparición de ambas⁴ hasta la denuncia del asesinato, cuando hallaron sus cuerpos dos días después⁵. Desde el otro medio local, El Litoral, se publicó un amplio comunicado de los trabajadores de prensa del diario Nuevo Diario en el cual manifestaban su "enérgica condena" al asesinato, e informaban del envío de un telegrama al presidente de la Nación para que investigue el doble crimen⁶. Todo este movimiento desde la prensa local impulsó la cobertura de alcance nacional: diario La Nación "Hallan muertas dos abogadas en Santa Fe" (Diario La Nación, 18 de noviembre de 1974); y diario La Opinión "Sepultaron a las dos abogadas asesinadas en Santa Fe" (Diario La Opinión, 19 de noviembre de 1974).

La textura de la trama: sobre la memoria social

Desde las formulaciones clásicas sobre la memoria, ya se consideraba que debía ser entendida como un fenómeno construido colectivamente y sometido a transformaciones constantes. En este análisis partimos de la noción de "memoria social" ya que, aunque reconocemos que es simultáneamente individual y colectiva, con este concepto interrogamos las formas en que se han construido -de manera social- los sentidos del pasado enlazados con el presente en el acto mismo de rememorar/olvidar (^{Jelin, 2001)}.

En la construcción de una memoria determinada podemos encontrarnos con "experiencias vividas" o "experiencias transmitidas", sin ser muy claras las distinciones entre ellas cuando además se suceden "situaciones extremas"⁸ en donde interviene un "trauma". Teniendo en cuenta estos aspectos que influyen y estructuran de alguna manera la construcción de las memorias, analizamos los testimonios que diferentes testigos han dado en torno a la causa que investiga el asesinato de Marta y Nilsa, reabierta en el año 2011⁹. Nos preguntamos ¿cómo se construyó esta memoria de la "represión por represalia"? ¿Quiénes son sus "portadores"? y ¿en base a qué "experiencias vividas" o "transmitidas" la promueven?

De los heterogéneos testimonios -que incluyen a familiares, amigos, compañeros de trabajo de cada una, compañeros de militancia, médicos policiales y de guardia del hospital de Esperanza, entre otros- pudimos analizar aquellos que revelan datos respecto a la militancia y trabajo de Marta y Nilsa; a la vez que asumen alguna posición respecto a su secuestro y asesinato. Tres de los testimonios apuntan firmemente a la versión del crimen por "represalia" por las ejecuciones previas a los militares Juan Carlos Gambandé y Néstor López. Uno de ellos corresponde a un conocido periodista de la ciudad que hace pública esta posición con una nota en el diario El Litoral, un mes antes de reabrirse la causa:

El 7 de noviembre de ese año [1974]-una semana antes de que las secuestraran- un comando del ERP había matado al capitán Néstor López en la ciudad de Santa Fe. En octubre había sido asesinado en circunstancias parecidas el teniente Juan Carlos Gambandé. Los dos operativos formaban parte de un ajuste de cuentas que esta organización guerrillera había prometido realizar como reacción por el asesinato de varios guerrilleros que se habían rendido al Ejército en la provincia de Catamarca. Se trataba de decisiones delirantes e injustas por parte de una organización que defendía una estrategia equivocada y que se había levantado en armas contra un gobierno democrático (…).

Ése fue el contexto en que se perpetró el secuestro y muerte de Marta y Nilsa. Treinta y cinco años después, cada uno puede hacer la evaluación que mejor le parezca, pero lo que para mí está claro es que, más allá de las vicisitudes políticas, nadie merece morir así. Nadie. (Rogelio Alaniz, Diario El Litoral, 09 de febrero de 2011. Cursivas nuestras)

Esta nota de opinión, como decíamos, va en consonancia con la testimonial realizada ante la reapertura de la Causa N°16/11 donde también sostiene la versión del atentado seguido de represalia. Tanto su declaración en la causa como la nota publicada en el diario hegemónico de la ciudad de Santa Fe construyen la visión monocausal de los hechos, abonando una memoria social dominante que obtura más que abrir a la investigación del caso. El texto presenta además una entonación que supone ser revelador y conmovedor a la vez. Revelador de verdades mantenidas ocultas: "el contexto en que se perpetró el secuestro y muerte". Conmovedor: "Nadie merece morir así. Nadie"; con la potencia de la generalidad de ese "nadie" que refiere tanto a los militares como a las abogadas militantes asesinadas. Presenta, además de esta retórica de revelación de "verdades", un único enjuiciamiento moral y político frente a las acciones de ERP: "decisiones delirantes e injustas por parte de una organización que defendía una estrategia equivocada y que se había levantado en armas contra un gobierno democrático". De manera explícita se evidencia una toma de posición y expresión de las "memorias de derecha", que revelan la necesidad qualunquista de revancha (^{Portelli, 2004)}. No se observa impugnación alguna tan explícita al asesinato a las abogadas, como sí a la de los militares. Si se trata de referirse al contexto histórico, la mención al gobierno democrático también cabría para el asesinato de las abogadas y no son mencionadas como "muertes injustas". En este fragmento observamos que la relación "represión como represalia" apunta a la impugnación de las acciones de violencia política llevadas a cabo por organizaciones, como el PRT-ERP. Las causas del asesinato recaen en la OPM, así como la responsabilidad del crimen.

Dos testigos más apuntan a la interpretación directa entre ambos hechos, aunque con algunos matices:

Los asesinatos de Zamaro, Urquía y Zerbatto¹⁰, fueron obra del terrorismo de estado. Fue una represalia directa porque el PRT-ERP, mató en esta ciudad a los oficiales del Ejército Argentino, Gambandé y López. En el secuestro de las abogadas Zamaro y Urquía hubo zona liberada. Los gritos se escucharon en el barrio y cuando los vecinos llamaban a la Policía contestaban que era un operativo antisubversivo. (Testigo 1, Causa N° 16/11, caratulada "Zamaro, Marta Adelina- Urquía, Nilsa María s/investigación de sus muertes").

Si bien se está evidenciando la memoria de "represión como represalia", en este caso se explicita la violencia institucional del Estado, al describirlo como responsable de los asesinatos: "Fueron obra del terrorismo de estado"¹¹.

Por su parte, el Testigo 2, afirma:

Ya en esa época el PRT [ERP] era una organización clandestina y perseguida, que cometía hechos militares. Recuerdo que dentro de esta participaban -lo cual supe posteriormente- las abogadas Zamaro y Urquía, encargadas de defender a los presos políticos que por lo general caían en acciones militares. Posiblemente sus muertes hayan sido una represalia por los dos hechos del PRT, uno el del Mayor López y el otro el caso de Gambandé, que fueron unos días antes. De que hay un nexo ente ello y los hechos posteriores estoy casi seguro. (Testigo 2, Causa N° 16/11, caratulada "Zamaro, Marta Adelina- Urquía, Nilsa María s/investigación de sus muertes". Cursivas y aclaración nuestra).

Este testimonio se emparenta con la nota de opinión del periodista Alaniz analizada al principio. La memoria de la "represión como represalia" apunta únicamente a la violencia política del PRT-ERP como causa y como responsable.

Todos estos testigos fueron parte de la Causa N° 16/11 y testimoniaron entre 2011 y 2013 en la etapa de instrucción. Como condición de producción, presentan la particularidad de ser brindados en el marco del proceso de justicia por Crímenes de Lesa Humanidad; y en este contexto podrían convertirse en una de las pruebas "más importantes":

Muchas veces estos testigos cumplen con una doble condición -testigos y víctimas directas- de hechos de igual naturaleza respecto de lo que debieron deponer; lo cual, desde una correcta técnica procesal, los convierte en testigos directos de cómo funcionó el sistema represivo estatal en los hechos (^{Varsky, 2011}, p. 51).

En este sentido, en términos generales sus relatos persiguieron objetivos judiciales, de búsqueda de una "verdad jurídica" e incriminación a quienes sean los responsables del crimen. A su vez, evidenciamos la construcción de una memoria basada en un imaginario social que implica una serie de supuestos sobre el período previo a la imposición de la dictadura cívico-militar del año 1976. En medio de estas suposiciones, la lógica acción-reacción que construye la versión de "atentado-represalia" explicando el crimen de las dos militantes encuentra asidero.

Además de la nota periodística y de las declaraciones testimoniales, contamos con entrevistas orales realizadas por la autora a tres de esos testigos, compañeros y amigos de Marta y Nilsa. Interesa indagar cómo se construyó esta memoria; a la vez que continuar explorando en la relación entre la materialidad de los hechos y la subjetividad de las personas.

El Testigo 1¹², en contexto de la entrevista oral, afirmó:

El marco en el que se inscribe todo esto, es un espiral de violencia que se vivía por algunos hechos como el de Catamarca que se habían rendido varios militantes del PRT-ERP, no me acuerdo si eran 14, y los fusilaron a todos, aún rendidos. Entonces a partir de ahí el PRT-ERP arma una venganza a nivel nacional que donde se viera un oficial del Ejército se lo eliminaría, una cosa así. Y acá tocó a dos, que eran Gambandé y López, más o menos para octubre del '74. A partir de ahí el Ejército, para mí como represalia, decide secuestrar y asesinar a las abogadas… después había un comentario que me habían hecho de que Marta había tenido, según esta versión que nunca me la confirmaron desde el PRT-ERP, una participación directa en el hecho de López, allá en [la avenida] General Paz, como que habría hecho una especie de inteligencia previa en el edificio ese donde vivía López, haciéndose pasar por empleada o qué... Pero la gente del PRT-ERP nunca me confirmó eso, nunca, jamás. (Testigo 1 en entrevista oral con la autora).

Como es notorio de su relato, el Testigo 1 no militaba en la organización PRT-ERP y tampoco tenía un vínculo personal con Marta y Nilsa. Su militancia se centró en la JUP (Juventud Universitaria Peronista) en esos años siendo estudiante universitario de abogacía. Esta memoria entonces, se ha construido básicamente en torno a "experiencias transmitidas" y por "rumores"¹³ que circulaban en el mismo ámbito social a través de las "redes sociales"¹⁴ que se tejían en la ciudad de Santa Fe.

Basada en esos "rumores" se desliza una versión de complejas consecuencias tanto para la causa judicial como para la interpretación histórica de los hechos¹⁵. De más está decir, que en los testimonios judiciales esta hipótesis (de la supuesta participación directa de una de ellas en el asesinato del militar López) no aparece en ninguno de los testigos y esto se debe, no sólo a una estrategia de la querella, sino a que efectivamente no existe corroboración al respecto e incriminaría inútilmente a las víctimas¹⁶.

Aún cuando, como veremos, no hay pruebas que sostengan la participación de las abogadas en las ejecuciones a los militares Gambandé y/o López, el hecho de que exista el "rumor" y se reproduzca, abona -desde ese punto de vista más explícito- a la memoria que apunta a la lógica atentado-represalia. Y a la vez, más allá del "rumor", la nota de opinión del periodista Alaniz (citada al comienzo) expresa una ideología política conservadora circulando en el espacio público a través del diario El Litoral -medio hegemónico de la ciudad-; fomentando las visiones más antagonistas respecto a las organizaciones político-militares de los años '70¹⁷. Si bien se trata de una posición político-ideológica; respecto a la construcción de la memoria, debemos mencionar que este tipo de perspectivas son estructuradas a la vez que estructuran un imaginario sobre la "violencia política" que se viene gestando desde los años de transición democrática en la Argentina¹⁸. El citado periodista se convierte así, en un "portador" de las memorias conservadoras -"memorias de derecha" (^{Portelli, 2004)}- respecto al accionar de las OPM en los años '70 con pretensiones de hegemonizar las interpretaciones del pasado reciente. Ahora bien, ¿dónde halla sus fundamentos esta memoria social? ¿Cuáles son esos supuestos sobre el período 1973-1976? Para reflexionar sobre estos interrogantes nos valemos del importante aporte de Hernán ^{Merele (2016)} respecto al proceso represivo durante el período constitucional de 1973 a 1976.

Efectivamente ^{Merele (2016)} sostiene que se ha construido desde la salida democrática -en interpretaciones testimoniales y periodísticas- una imagen monolítica y homogénea de la represión en este período, que ubica a la Triple A como la única organización encargada de la represión ilegal con la figura central del ministro de Bienestar Social, José López Rega- conocido como "El brujo"-, como artífice principal. Este supuesto implica que la represión desplegada en estos años dependió exclusivamente de las organizaciones parapoliciales o paramilitares que una persona "delirante" e irracional -López Rega- puso a su disposición. Desde esta mirada no sólo se homogeniza un trienio muy complejo de la historia argentina, sino que además se genera la idea de una continuidad represiva ilegal falaz respecto a lo sucedido en el período. ^{Merele (2016)} sostiene, fundamentalmente, que la imagen del accionar de la represión ilegal tiene por objetivo separar al movimiento peronista de la responsabilidad que se deriva de sus actos:

Esto resulta constatable en el lugar central que ocupó el accionar de la Triple A y la figura de López Rega a partir de la transición democrática de 1983 y en particular desde la detención y extradición en 1986 del ex ministro de Bienestar Social. Esto exhibe la decisión adoptada desde el Poder Ejecutivo Nacional en los primeros años del retorno a la democracia, de no ampliar las acusaciones más allá del círculo más próximo a este Ministerio y su titular, en un contexto en el que se imponía la necesidad de reconstruir de manera urgente el entramado social desgarrado tras la última dictadura, sin por ello arriesgar gobernabilidad (p. 100).

Bajo esta construcción que identifica a las organizaciones parapoliciales/paramilitares como las únicas responsables del accionar represivo en el trienio, se esconden otros actores -del gobierno peronista y amplios sectores del movimiento justicialista- y prácticas represivas que se implementaron de manera procesual durante el período constitucional (^{Merele, 2016)}. Si sostuviéramos que el accionar represivo fue uniforme durante los tres años, estaríamos desconociendo, por ejemplo, la derogación de las normativas que penalizaban la actividad política que el gobierno de Cámpora logró bajo su administración¹⁹. Esta breve presidencia si bien fue un paréntesis dentro del proceso represivo creciente, acumuló tensiones sociales por el aumento de la actividad militante de las OPM -Montoneros y PRT-ERP sobre todo- que se desatarán en el período siguiente.

Período 1973-1976: sobre el proceso represivo que enmarca el caso

Los tres gobiernos peronistas, del trienio 1973-1976, lejos de mostrar una unidad por el signo político de todos ellos, atraviesan y son parte de una condensación de tensiones y contradicciones muy importante.

Con el primer gobierno en la corta presidencia de Héctor Cámpora (del 25 de mayo al 12 de julio de 1973) se atravesó un momento de movilización social y política de amplios sectores esperanzados por el cambio, que la llegada de Perón implicaría. "La primavera camporista" finaliza con la presidencia provisional de Raúl Lastiri y la de Juan D. Perón (desde julio de 1973 hasta el 1 de julio de 1974) momento en el cual, el enfrentamiento entre peronistas provocará la imagen de una guerra interna, arbitrada por el propio Perón. Tras la muerte del líder (1 de julio de 1974), asume la presidencia María Estela Martínez de Perón profundizándose, en este último período, la crisis plural, política, social y económica que tendrá su desenlace final con el golpe cívico-militar el 24 de marzo de 1976 (^{Merele, 2016)}. El caso que estudiamos transcurrió durante este último gobierno, en un contexto de crisis agravada por el incremento de la violencia política y de la represión. Si en la primera etapa de enfrentamiento interno, durante el gobierno de Juan D. Perón, el objetivo era la "depuración" interna del movimiento; en la siguiente el combate será contra la "subversión" en todos los ámbitos, tanto dentro como fuera del movimiento peronista. La sucesión de una serie de hechos, representaron "hitos" en ese incremento represivo. Comenzando el 20 de junio de 1973 con la "Masacre de Ezeiza", en el marco del regreso definitivo de Juan D. Perón a la Argentina, momento en el cual se evidenció la ofensiva de los sectores más reaccionarios del movimiento frente a la Tendencia Revolucionaria. Tres meses después -el 25 de septiembre de 1973- el asesinato al secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo) José Ignacio Rucci llevado a cabo por Montoneros, marcó el fin de la tregua electoral mantenida hasta el momento (ya que Perón había asumido sólo dos días antes del asesinato) y desató una ola de represalia contra militantes de izquierda (peronistas y no peronistas). Dicha represión contó tanto con una cara ilegal como con una legal. Durante los gobiernos de Juan D. Perón y María Estela Martínez de Perón se produjeron intervenciones provinciales a las llamadas "provincias montoneras"²⁰; se declaró ilegal al ERP bajo el Decreto N° 1454/73, el mismo día que Perón asumió la presidencia de la Nación²¹; se reformó el Código Penal bajo la Ley 20.642 en relación a los delitos con connotación subversiva, en enero de 1974; se sancionó la Ley de Seguridad Nacional N° 20.840 que establecía penas por actividades subversivas en todas sus manifestaciones, en septiembre de 1974 ²²; y se declaró el Estado de Sitio en noviembre de 1974 bajo el Decreto 1368/74 ²³. Sumado a estas disposiciones legales, los servicios de inteligencia se encontraban en un momento de mayor especialización y producción de información²⁴.

El proceso represivo parapolicial y paraestatal se profundiza, y su foco se amplía hacia la "subversión" en todos los ámbitos: políticos, sociales y culturales. Es común entre la historiografía especializada hallar la correlación entre la denominada "lucha antisubversiva" y el ataque del ERP al regimiento militar de Azul, en enero de 1974. En vistas que excede los objetivos de nuestra investigación, nos limitamos a señalar que dicha correspondencia lógica merece un análisis en profundidad. Por otro lado, reproducimos a continuación el discurso de la prensa local hegemónica -El Litoral- que señala a la policía provincial como la cara visible de esta "lucha antisubversiva":

Luego de los sangrientos sucesos en la unidad militar de Azul, según trascendió, las fuerzas policiales fueron alertadas convenientemente, reforzándose los servicios, manteniendo por otra parte, la requisa diaria de personas y automóviles (…) Además se mantienen severos controles en cabeceras departamentales y de distritos y la policía caminera cumple tareas en rutas pavimentadas y de tierra (…) Pese a no existir información se pudo saber que por orden superior se han impartido órdenes a las fuerzas policiales de repeler por las armas todo intento de ataque por elementos desconocidos. (El Litoral, 24 de enero de 1974, Santa Fe)

Siguiendo la prensa local -los diarios Nuevo Diario y El Litoral- en los meses siguientes del ataque de Azul y de aparición pública de la policía como guardiana del orden social y político, apoyada en el entramado legal; hallamos varios operativos más, de orden "antisubversivo". El día 4 de abril de 1974 el diario Nuevo Diario publica una noticia de gran tamaño incluyendo dos fotografías que titula: "Detienen a extremistas. La policía de Santa Fe descubrió a un reducto guerrillero". En la nota se deja en claro que se trata de un operativo realizado por efectivos policiales de la Unidad Regional 1, de la Capital provincial. El operativo constó de allanamiento y detención de dos personas integrantes del ERP, denominada por la prensa como "la organización ilegal". Otro procedimiento policial, de la misma Unidad Regional 1, es publicado el 22 de agosto de 1974, en el diario "El Litoral": "Procedimiento antisubversivo", en el cual se detiene a una abogada de la ciudad de Santa Fe y se secuestran elementos y material de "propaganda subversiva".

En este marco de "represión legal" (la policía siguiendo las leyes represivas), nos encontramos en el mes de septiembre de 1974 con el primer comunicado público de un comando ilegal que se concede un atentado al domicilio particular de una pareja de militantes. Una bomba estalló en el domicilio de Mario Alberto Nívoli y su esposa Isabel Mac Donald, ambos militantes de la Juventud Peronista²⁵. El CAL (Comando Anticomunista del Litoral) se adjudicó el hecho a través de un comunicado que hizo llegar a la redacción del Nuevo Diario. El mismo sostiene:

"Este operativo es una advertencia a las organizaciones paramilitares (ERP-Montoneros) fundamentalmente y a las estructuras de apoyo de las mismas." Continúan, "este comando considerará traidores a la patria no sólo a los integrantes militares de las organizaciones subversivas, sino también a todos aquellos que se manifiesten a su favor, como así también a los abogados que defiendan delincuentes comunes llamados "guerrilleros" y "defensores del pueblo" (sic.) obstaculizando el accionar de la justicia. El CAL pone en conocimiento del pueblo del litoral que jamás atentará contra los verdaderos trabajadores, y sí lo hará contra quienes atenten con sus acciones el normal desarrollo de la institucionalización del país. ("Se lo adjudicó un comando derechista. Un atentado terrorista se produjo en nuestra ciudad". Nuevo Diario, 27 de septiembre de 1974. Las cursivas son nuestras).

Menos de un mes después, dicho comando figurará directamente como parte de la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) encabezando las amenazas de una "lista negra": "Por los medios habituales se recibió en nuestra redacción una esquela suscripta por el grupo ilegal denominado Alianza Anticomunista Argentina, Comando Litoral, en el cual se amenaza de muerte a una serie de personas que se domicilian y trabajan en nuestra ciudad" ("Nuevas amenazas de las tres "A"". Nuevo Diario, 20 de octubre de 1974).

A los pocos días: "Una bomba provocó graves daños en el domicilio del doctor Alberto Molinas" (Nuevo Diario, 25 de octubre de 1974):

Los artefactos explosivos fueron colocados a los abogados Alberto Molinas y Ricardo Molinas y si bien los daños, en el caso del domicilio del primero de ellos, son cuantiosos, no hubo que lamentar víctimas personales. (…) Alberto Molinas, de 54 años de edad, profesor de derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Litoral y de la Universidad Católica y conocido abogado de nuestro medio. Cabe señalar que el doctor Alberto Molinas es padre de Francisco y Alberto Molinas, militante el uno y dirigente el otro de la organización Montoneros, que recientemente pasara a la clandestinidad y se colocara fuera de la ley.

Días después con una nueva "lista negra" lanzan un nuevo comunicado y en él se adjudican, además, el atentado explosivo en la casa del Dr. Ricardo Molinas:

Anoche por los medios habituales, una organización armada clandestina identificada como Alianza Anticomunista Argentina, Comando Litoral, hizo saber que se hallan bajo amenaza de muerte cinco personas de nuestro medio. (…) Cabe recordar que esta organización ilegal se atribuyó recientemente el atentado perpetrado contra la casa del Dr. Ricardo Molinas. ("Amenaza de la A.A.A". Nuevo Diario, octubre 1974).

El caso aquí presentado se inserta en este proceso represivo, profundizado por la acción clandestina de estos comandos de derecha -anticomunistas²⁶- que comenzaron a diseminar el terror en diversos sectores sociales y políticos.

Los hilos de la trama

Para ahondar en las significaciones del caso partimos de algunos rasgos que presenta la localidad de Santa Fe como comunidad relativamente pequeña. Con una población inferior a la ciudad más grande de la provincia -Rosario- y con una urbe administrativa ligada al Estado o al empleo comercial, poco desarrollada industrialmente para mediados de la década de los setenta²⁷:

Santa Fe experimentaba una suerte de represión cotidiana de los comportamientos desde mucho antes que la escalada de la violencia política viniera a clausurar las disidencias posibles. (…) la zona se caracterizaba a nivel local-regional-o se caracteriza aún- por una gubernamentalidad autoritaria en la cual las relaciones de poder se despliegan en redes complejas y no se ciñen solamente a las esferas del poder de los gobiernos. Esa gubernamentalidad encuentra también un sustento social en una opinión pública formada en un manejo monopólico de medios de comunicación y en la reproducción cotidiana de un universo de sentido (^{Alonso, 2016}, p.425).

Marta y Nilsa fueron identificadas públicamente en todas las noticias periodísticas como: "las abogadas"²⁸. A partir de una entrevista oral realizada a un abogado y compañero de ambas se pudo reconstruir su experiencia en la Asociación de Abogados de Santa Fe.

La Asociación de Abogados en la ciudad de Santa Fe

La Asociación de Abogados nace como una agrupación de abogados comprometidos con la defensa de los derechos individuales y sociales vulnerados por la legislación represiva creciente, a partir del golpe de junio de 1966. Dicha Asociación surge del núcleo mismo de las Asambleas del Colegio de Abogados local, cuya convocatoria se va haciendo más frecuente a medida que el proceso represivo va avanzando. A partir de 1967 ya comienzan las Asambleas Extraordinarias a pronunciarse y alertar sobre este proceso:

El jefe de la policía ha fijado un horario para que los profesionales visiten a detenidos, en una comisaria me dieron un minuto, en otras 5 minutos, 10 en otras. Hay muchos antecedentes de detención indebida, no solo de estudiantes sino también de obreros y creo que el Colegio debe efectuar una enérgica protesta ante quien corresponda (…). Se está creando en Santa Fe un clima de intimidación, como no hay en otro punto del país (Asamblea del Colegio de Abogados del 17 de mayo de 1967, Fragmento del Acta).

A continuación diferentes letrados suman mociones de investigación en todos los juzgados respecto a los allanamientos y detenciones indebidas, solicitan que el Directorio se pronuncie sobre estos hechos y lo hacen público en los medio locales. Una nueva Asamblea Extraordinaria se requiere, en octubre del mismo año, a consecuencia de la sanción de la Ley 17.401 de "Represión del comunismo". Numerosos colegiados se reúnen, debaten la misma y el núcleo de abogados de la Asociación comienza a tener más integrantes y capacidad de obtener resoluciones desde el interior:

Cuando sale la Ley Anticomunista y meten preso a Alfredo Becerra, ahí comienza la Asociación de Abogados militando dentro de lo que era el Colegio de Abogados, presionando para sacar resoluciones dentro del Colegio de Abogados. Inclusive se forma una delegación… es decir cuando le van a tomar declaración a Alfredo Becerra, el Juez que se llamaba Wade, un liberal… se encuentra de pronto que había seis abogados… Es decir de golpe se encuentra con seis, ocho abogados de un tipo que nadie conocía, que era un abogado joven, pero no muy conocido. Y ahí digamos se consolida un poco lo que luego sería la Asociación de Abogados (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

La Asociación crece dentro del Colegio de Abogados debido al compromiso profesional, ético y político de los abogados que deciden forjar -desde ese lugar- posicionamientos y acciones que les permitan intervenir efectivamente en el espacio social. Esta decisión respondió sin duda a la participación de tres reconocidos abogados locales, con una importante trayectoria, que dieron inicio a la Asociación:

Los tres referentes, no es porque esté hablando yo, pero digamos los tres referentes más claros de la Asociación de Abogados eran [Ricardo] Molinas, [Alfredo] Nogueras y yo. Ninguno de los tres estaba integrado a una "Orga"²⁹. (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

Debido a esta situación de compromiso y militancia política desde su labor profesional, se comprende que las acciones estratégicas de la Asociación pasaban por impulsar sus declaraciones públicas y medidas desde el Colegio de Abogados de la ciudad para obtener mayores resultados presionando a la justicia. Al ritmo de la legislación represiva del período y de las violaciones de las garantías constitucionales, el Colegio de Abogados reunidos en -cada vez más frecuentes- Asambleas Extraordinarias, publicaba declaraciones y diversas medidas que incluyeron: desde patrocinio gratuito en la defensa de presos sometidos a los Consejos de Guerras, querellas en los casos de apremios ilegales, denuncias y peticiones a diversos organismos estatales, hasta la concreción de paros nacionales de actividades.

Si bien esta fue la impronta particular de la Asociación de Abogados en Santa Fe, existieron casos de abogados militantes integrados a OPM que participaban de la misma:

Dentro de la Asociación de Abogados había casos más cercanos a Montoneros como ser Monina Doldán, y otros más cercanos a Izquierda, del ERP como era el caso de A (…). Las chicas [Marta y Nilsa] estaban claramente vinculadas al ERP. Digamos que dentro de los abogados el de más nivel [en el ERP] era C.R³⁰ (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

Para estos casos, la figura del "abogado orgánico" probablemente sea más acorde que la de "abogado comprometido" que predominaba entre los integrantes de la Asociación de Abogados en Santa Fe. Estos abogados orgánicos, entre los que se encuentran Marta y Nilsa, "eran en primer lugar militantes a quienes, en su calidad de abogados, las propias organizaciones armadas asignaban para la defensa de sus militantes" (^{Chama, 2016}, p.141)³¹.

El relato del entrevistado sobre los hechos ocurridos en Catamarca en agosto de 1974, ilustra no sólo las prácticas políticas de estos abogados sino que constituyen parte fundamental del trasfondo del asesinato de Marta y Nilsa.

El "enfrentamiento" que fue masacre. Catamarca, agosto de 1974

Entre los días 9, 10 y 11 de agosto dos comandos de la "Compañía del Monte" del ERP parten de Tucumán para cumplir dos acciones con el mismo objetivo de apropiación de armas. Una a llevarse a cabo en Córdoba, en la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos en una localidad cercana Villa María; y la otra en la provincia de Catamarca, en el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada. El supuesto "enfrentamiento" del ERP con las fuerzas militares y policiales que ocupaban la zona, en esta última, dio como resultado 14 militantes muertos. Tras la gestión de un grupo de abogados -orgánicos y comprometidos- se reveló que el "enfrentamiento" había sido Masacre.

Todos los fragmentos que siguen corresponden al testimonio de R.P., uno de los dos abogados sobrevivientes involucrados en el caso, que pudimos entrevistar:

Un día llega C.R a mi departamento, y me plantea que sabía que había un enfrentamiento en Catamarca, hasta ese momento no sabían el resultado, que la única posibilidad… que los iban a hacer pedazos y que había que tratar de que negociaran. Que había que ir gente que conozca la gente del enfrentamiento. Que él no quería ir solo, si yo lo podía acompañar (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

Cuatro abogados de Santa Fe emprendieron el viaje a Catamarca³², previo paso por Córdoba para contactarse con Alfredo Curutchet³³. En aquella ciudad se encontraron con Nilsa Urquía:

Llega Nilsa, con la madre de Molina, de José María Molina, que venían a retirar el cadáver. Vamos los cuatros abogados, Nilsa y la madre de José al regimiento, a pedirle que queríamos que nos entregue el cadáver. Entonces viene un militar y nos dice, miren los cadáveres están en el suelo, embarrados con sangre; si entra la madre a retirarlo, sacamos dos muertos, al hijo y a ella. Si alguno de ustedes quiere entrar (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

Dada esa situación R.P se ofrece a entrar, pero solicita el acompañamiento del Doctor C.R.; con la secreta intención de que el mismo -siendo parte del PRT-ERP- pueda reconocer a los militantes caídos:

Cuando entramos era evidente que los habían fusilado. Había personas que tenían balas de itaca, de escopeta, que todavía no se habían abierto, es decir les habían pegado a menos de tres metros… gente que tenía cruces de balas de ametralladoras…entonces nos demoramos un poco, empezamos a destapar todas las caras para tener la lista, C.R. hizo la lista y salimos³⁴ (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

Al salir, comenzaron la gestión para retirar el cadáver de José María Molina pero antes solicitaron que se haga una "constatación de hechos" de todos ellos, previamente a retirarlos para verificar si efectivamente habían muerto en combate.

La versión de la muerte de los militantes por enfrentamiento había sido difundida por fuentes oficiales de la Policía Federal -cuyo Jefe en ese momento era el Comisario Alberto Villar, un verdadero "peso pesado" de la represión- y había sido tomada por el mismo ERP como cierta. En Estrella Roja N° 38:

El ataque al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca tuvo como resultado una derrota para las armas populares. Detectada la presencia de la unidad antes de que iniciara el ataque, se batió con fuerzas policiales a las que dominó. Pero considerando que ya había resultado eliminado el factor sorpresa, nuestra unidad decidió retirarse. Sin embargo, la retirada no pudo ser realizada por la totalidad de los compañeros, quedando así un grupo de 27 desvinculados del resto. Estos compañeros sostuvieron luego heroicos combates con fuerzas enemigas abrumadoramente superiores y fueron en su totalidad muertos o hecho prisioneros. El grueso de la unidad mientras tanto regresó a sus bases de origen. No conocemos en su totalidad la nómina de los compañeros caídos en el combate de Catamarca. Pero todos ellos, que murieron combatiendo heroicamente contra el enemigo, así como los que lo hicieron en Villa María son ya HEROES DEL PUEBLO. (Estrella Roja N° 38, 19/08/1974, editorial. Las cursivas son nuestras).

Mientras trascendía esta versión oficial de los acontecimientos, el grupo de abogados continuaba con el procedimiento de la denuncia que estaban preparando. Antes de irse de Catamarca son allanados por la Policía Federal, en el hotel donde se encontraban alojados -entre ellos Nilsa- y se les requiere todos sus datos antes de solicitarles que se vayan de la ciudad.

Luego de un retén policial que los demora a la salida de Catamarca, el entrevistado afirma haber pasado por Córdoba en el trayecto en autobús, y asistir a una reunión en el sindicato de Luz y Fuerza. Allí afirma haberse reunido con más abogados y militantes, para contar lo sucedido. Cuando llega finalmente a Santa Fe, otro familiar de los militantes asesinados le solicita ayuda:

Llego a Santa Fe y al otro día, o a los dos días, viene la hermana de un tipo que había estado como responsable antes de Zerbatto; Billinger, que era uno de los fusilados, entonces viene un procurador de Rosario en una camioneta con la hermana de Luis Billinger³⁵ a pedirme que los acompañe a Catamarca. Entonces nos fuimos a Catamarca en la camioneta. Yo lo conocía a Billinger, como estudiante, dirigente estudiantil, de química era. Cuando llego en Catamarca ya estaban Curutchet, Silvio Frondizi y Manuel Gaggero. Entonces ya teníamos la constatación de hechos, y ahí firmamos ya directamente una denuncia por los fusilamientos (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

Hecha efectiva la presentación de la denuncia por fusilamientos, otra versión de los hechos comienza a circular, y así es que en el N° 39 de Estrella Roja afirmaron:

La información dada por el enemigo y el conocimiento de la decisión y alta moral de combate de nuestros compañeros, hicieron pensar como cierta la inexistencia de duros enfrentamientos. Información fidedigna corrige hoy esta impresión errónea de los primeros momentos, poniendo en evidencia que nuestros compañeros, tras débiles enfrentamientos, fueron detenidos y finalmente asesinados por el enemigo. (Estrella Roja N° 39, 26/08/1974, editorial. Las cursivas son nuestras)

Ante la certeza del nuevo panorama, el ERP realiza una nueva declaración advirtiendo que:

La oficialidad del ejército contrarrevolucionario ejecutó y ordenó ejecutar en el terreno entre 14 y 16 guerrilleros que no ofrecían resistencia. Podemos afirmar que esa acción fue deliberada e inspirada en el salvaje principio de que 'el ejército no toma guerrilleros prisioneros' (…). Ante el asesinato indiscriminado de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia. Mientras el ejército opresor no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará oficiales prisioneros, y a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada. Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura a respetar las leyes de la guerra (Estrella Roja N° 40, 26/08/1974, pág. 2).

En esos días se presenta una querella por Calumnias e Injurias, contra los abogados que efectuaron la denuncia. Los amenazaron de muerte y advirtieron que cumplirían un orden. El primero de la lista fue Alfredo Curutchet, asesinado el 10 de septiembre de 1974. Tras este hecho, el Colegio de Abogados de Santa Fe se reúne en Asamblea Extraordinaria el 25 de septiembre y define:

1) Realizar un paro el día 27 de septiembre desde las 10 horas, previo acto en el hall de estos Tribunales por los siguientes motivos: a) Repudio a los asesinatos de los Dres. Rodolfo Ortega Peña y Alfredo Curutchet. b) Repudio a todos los atentados de que fueron objeto los Dres. Silvio Frondizi, Rodríguez Andino, Martinelli, etc. (…). 2) Requerir informes al Ministerio de Justicia sobre la publicitada actitud de querellar al colegiado Dr. Rafael J. Pérez y solicitar garantías para su integridad personal (Fragmento de Acta de la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Abogados del 25 de septiembre de 1974).

El mismo día que se realiza el paro de abogados, secuestran a Silvio Frondizi en Capital Federal y lo asesinan en Ezeiza. Era el segundo de la lista de amenazas. En el ínterin entre el asesinato a Curutchet y el de Frondizi -es decir entre el 10 y el 27 de septiembre-, proponen, desde la Asociación de Abogados, hacer una reunión urgente. La misma se efectuó en casa de Marta y Nilsa. Dado el carácter sorpresivo de la reunión, se encontraron con que en el mismo momento estaban reunidos -en otra habitación- militantes políticos del PRT-ERP:

Me acuerdo que cuando yo regreso de Buenos Aires, porque lo habían matado a Curutchet, hicimos una reunión improvisada de cuatro o cinco en la casa de Nilsa y Marta, y había otra reunión al lado, en la casa... Tuvimos la reunión, a Nilsa le agarró un ataque de llanto… y, cuando termina la reunión me dicen por qué no te quedas un minuto, y me hacen pasar y estaba medio ERP ahí adentro, del grupo de Santa Fe. Entonces me dijeron que me querían agradecer, esto, aquello, que qué podían hacer ellos por mí. Y yo les dije que lo mejor que podían hacer es no verme mas, no saludarme más cuando me vean, etc. medio en broma, medio en serio. Es decir ahí se hacían reuniones, como si fuera una casa muy segura, y no lo era³⁶ (Testimonio R.P., en entrevista oral con la autora, mayo de 2016).

El mismo 27 de septiembre, que asesinan a Silvio Frondizi, en Santa Fe el Comando Anticomunista del Litoral (CAL) se adjudicaba su primera acción, como decíamos con anterioridad, una bomba en el domicilio del militante Marcelo Nívoli. En este proceso represivo incrementado se insertan las acciones armadas de las organizaciones político-militares.

Entre los asesinados en Catamarca, como se dijo, se encontraba Luis Billinger, que llegó a ser parte de la Dirección Regional de Santa Fe y Rosario. El Comando del ERP que terminara con la vida del militar Juan Carlos Gambandé el 10 de octubre de 1974, le rendirá homenaje llevando su nombre³⁷. En "parte de guerra" del 10 de octubre de 1974 afirmaron:

Al pueblo: en el día de la fecha y siendo las 6.30 horas, el Comando "LUIS BILLINGER" perteneciente al EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO, procedió a ajusticiar al Teniente Primero Juan Carlos Gambandé, una vez concluido al operativo los combatientes se retiraron ordenadamente a sus bases operativas (…). (Estrella Roja N°43/Noviembre de 1974, p. 5)³⁸

Menos de un mes después, el 7 de noviembre de 1974, fue asesinado el Mayor Néstor López³⁹, día de la declaración del Estado de Sitio en todo el país. Esta medida implicó que se desataran amplios procedimientos en la ciudad que involucraban tanto a la Policía Provincial como a la Federal. Si bien el ERP no asumió, como en el caso de Gambandé, la autoría del asesinato al militar López, con las investigaciones y allanamientos policiales se relacionó a dicha organización con este crimen.⁴⁰ Como afirmábamos al principio, es en este proceso represivo -con sus caras legal y clandestina- que se inserta el secuestro y asesinato de Marta Zamaro y Nilsa Urquía.

Otro condimento más a los ya mencionados, que adelantamos al comienzo, tiene que ver con la actividad laboral y gremial de Marta Zamaro en el Nuevo Diario. Marta fue dirigente gremial por la sección de Gráficos en el diario y tenía compañeros de trabajo que también militaban políticamente con ella:

Con Marta estábamos juntas y permanentemente conectadas pues integramos el Frente Antiimperialista por el Socialismo conocido como FAS… el problema empezó en el diario Nuevo Diario porque éste publicaba todo lo que estaba pasando en el país y la actuación de las Tres A, los asesinatos que había producido y que seguía produciendo. Creo que en octubre de 1974 llegó al Nuevo Diario un panfleto donde decía que iba a liquidar a quince periodistas y mi esposo encabezaba esa lista. "Tatino" recibió una amenaza telefónica donde le dijeron que lo iban a matar y le cuentan todo lo que había hecho los dos días anteriores con lujo de detalles, lo que pone de manifiesto que había sido seguido constantemente. (…) en esa lista estábamos Marta y yo también. (Testimonio de A.R. compañera de Marta. Entrevista realizada por la autora en febrero de 2016).

Cabe mencionar que "el blanco" de las fuerzas represivas sobre periodistas y gráficos del Nuevo Diario se explica, también, por la importante participación de los sindicatos (Prensa y Artes Gráficas) en la CGT de los Argentinos desde su formación⁴¹. Las amenazas y atentados contra el Nuevo Diario y sus trabajadores se sucedieron antes y después del asesinato de Marta y Nilsa⁴².

Palabras finales

La doble práctica de deconstrucción de las memorias arraigadas socialmente, a la par de la reconstrucción histórica, nos permitió desarmar y debatir esos sentidos comunes enraizados en el análisis del caso particular. En el análisis de las memorias pudimos desandar la trama elaborada por distintos actores -portadores de memorias, con mayor o menor peso en la opinión pública local- que confluían finalmente siempre en la misma versión. El entrelazamiento de los acontecimientos, dio cuenta de la trama represiva en la que se insertó el asesinato de Marta Zamaro y Nilsa Urquía. Se pudo vislumbrar que en la lógica monocausal acción-represalia sostenida desde la construcción memorial se alojaban algunos matices respecto al peso de las responsabilidades. Inclinando la balanza algunas veces hacia la militancia -violencia política-, y otras hacia el Estado -terrorismo de estado-, pero siempre sosteniendo la causa originaria en las acciones político-militares de la organización ERP. De esta manera, pudimos observar que las memorias sociales aún cuando son fuertes o dominantes contienen heterogeneidades que también generan diversos sentidos.

Aún así, del análisis podemos afirmar que Marta y Nilsa fueron asesinadas por una maquinaria represiva que le interesó arrasar con las organizaciones político-militares, sus frentes legales, las agrupaciones gremiales, y todo lo que entrara en la llamada "lucha antisubversiva". Ellas condensaban en sus profesiones, en sus actividades gremiales y en sus militancias de izquierda todos estos elementos considerados peligrosos y dignos de aniquilación. Este crimen, se encadena en la serie de asesinatos de abogados y de militantes, atentados, allanamientos, encarcelamientos y persecuciones que formaron parte de una estrategia política represiva -desatada fundamentalmente durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón- para generar terror en cada ciudad del país.

Asimismo, la de-construcción de esa memoria social permitió deshilvanar, en parte, la textura de la trama que figuraba como "dada" en amplios sectores sociales ante la convivencia cotidiana con la violencia política. Es decir, en la coyuntura analizada se generó un estado social de "normalidad" frente a la violencia armada, producto de las acciones paraestatales y de las organizaciones político-militares; que fue instalando progresivamente, como contracara, la imagen de la "necesidad" de una política gubernamental cada vez más represiva. De igual manera, lo que se va imponiendo de manera capilar en ese proceso represivo -que estalla con la última dictadura militar del año 1976- es una cultura normalizadora y autoritaria con una estricta moral disciplinadora que perdura hasta el presente. En ella se ancla gran parte de la construcción memorial respecto a los sentidos de las acciones políticas y político-militares de la época.