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Introducción
El proceso de transición democrática en México fue un fenómeno sumamente complejo. Los episodios de transformación del marco institucional que regula la competencia electoral en el país fueron producto de las más diversas coyunturas; la violencia política de la guerrilla urbana y otros grupos antisistema en la década de los setenta; la carrera en solitario de López Portillo por la Presidencia en 1976; las crisis económicas intermitentes que azotaban al país desde el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador; los conflictos poselectorales de 1985 y el de 1988 ante la llamada “caída del sistema”; la insurrección zapatista desde el corazón de la selva chiapaneca en 1994; el ejercicio escandalosamente inequitativo del gasto de campaña en 1994; la “guerra sucia” durante las campañas electorales de 2006 y lo relativo al rebase de tope de gastos para las campañas en 2012, son sólo algunos de los sucesos que suelen esgrimirse como motivos para las reformas político-electorales que se presentaron a partir de 1977 y que terminaron por modificar radicalmente las condiciones de competencia electoral en el país.
Entre las figuras que se introdujeron con las reformas y que son consideradas como piedras angulares del proceso de democratización, están una fórmula electoral mixta que combina la mayoría relativa uninominal con la representación proporcional plurinominal, la asignación de financiamiento público y acceso a los medios de comunicación para los partidos políticos, la regulación y la creación de autoridades autónomas responsables de la organización y calificación de las elecciones y también de la resolución de conflictos electorales. Todas estas figuras -bajo las formas específicas en las que se implementaron- contribuyeron a la creación de condiciones de competencia electoral más equitativas y al consecuente fortalecimiento -y surgimiento- de agrupaciones políticas de oposición que, eventualmente, abandonarían sus roles meramente testimoniales para convertirse en actores con capacidad real de incidir en los procesos de toma de decisiones, propiciando así las condiciones mínimas para la existencia plena de un sistema democrático representativo (González Ulloa, 2009) (González Ulloa, 2013)
En cuanto a los estudios acerca de esta transición democrática, la mayoría de ellos suelen centrarse en factores meramente institucionales y en los fenómenos electorales de dimensión nacional, que si bien resultan relevantes, por sí solos no bastan para explicar el fenómeno de la democratización en su totalidad; las instituciones son importantes, pero el contexto en el que se implementan lo es por lo menos en la misma medida. Tomando esto en cuenta, en este estudio se ofrecen algunos elementos fundamentales para repensar la mecánica de la transición democrática, transportando el acento del aspecto nacional al subnacional, abordándolo en lo que se refiere a la relación entre la alternancia a nivel de los Ejecutivos estatales y los cambios significativos en la composición de los legislativos locales, en los que, en la mayoría de los casos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha perdido la mayoría absoluta.
Con este fin se retoman algunas consideraciones teóricas elementales en lo relativo a la existencia de democracia desde su forma minimalista/procedimental hasta su estructura maximalista/sustancial, que utilizaremos como referentes para situar a la alternancia como un fenómeno que tiene lugar dentro de un proceso de democratización. Así se sitúa el caso concreto del sistema político mexicano y se describen someramente algunas de las características fundamentales del régimen de partido hegemónico que existió en el país durante aproximadamente seis décadas. Posteriormente, se procede a presentar la información sistematizada acerca de los periodos en los que ha tenido lugar la conquista de las gubernaturas estatales por parte de la oposición -la alternancia- y la pérdida de la mayoría por parte del PRI en los congresos locales de las 32 entidades federativas.
Como se expondrá, es posible observar una disminución gradual y generalizada de la brecha entre primer y segundo lugar de las elecciones de gobernador en cada entidad federativa, esto se interpreta como un aumento en los niveles de competitividad electoral. Tomando esto en cuenta, se esbozan algunas propuestas acerca de la posible correlación entre aumento de la competitividad electoral y cambios en la estructura de la sociedad o de las agrupaciones políticas. Se finaliza con algunos apuntes sobre los aspectos relativos a los fenómenos sociopolíticos en los que sería prudente profundizar para conocer a detalle la dinámica del cambio político a nivel subnacional.
El proceso de democratización en México
Dependiendo de la perspectiva que se asuma, puede decirse que la transición democrática en México concluyó con la alternancia a nivel del Ejecutivo nacional en el año 2000; o que todavía hoy, debido a la precariedad del Estado de Derecho, no existe la democracia en el país (Lujambio, 2001). Como en muchos otros casos, construir consenso al respecto sólo puede lograrse haciendo explícito el conjunto de referentes teóricos que se utilizan para entender la democracia y sus distintos grados de desarrollo. Por cuestiones de espacio y pertinencia, aquí se omite deliberadamente el entrar a profundidad en la discusión que corresponde a la exploración de las implicaciones teóricas que tendría el asumir una acepción u otra de los conceptos de liberalización política, transición democrática (y consumación de la transición) e incluso de la propia noción de democracia.
Esto se hace sin pretender menospreciar la relevancia de estudios de esta naturaleza; todo lo contrario, considerando la profundidad y la amplitud que dicha tarea implica, aquí solo se señalarán algunos elementos que han de fungir como referentes útiles para arrojar luz sobre los aspectos que se consideran como los más sustanciales de esta exposición. Además, ya existen ciertos análisis minuciosos y estudios como los de Schedler (2000) y Morlino y de Azúa (1986) a los que puede recurrirse si lo que se busca es explorar a profundidad los criterios e implicaciones epistemológicas de nociones como la de transición política, consolidación democrática y algunos otros de los conceptos afines que aquí utilizamos.
México transitó de un sistema que -por su cerrazón y su carácter intrínsecamente excluyente con respecto a la participación de actores políticos de oposición- suele ser considerado en la literatura politológica como de carácter autoritario. Los elementos que predominaron en el marco institucional de la política durante la mayor parte del siglo XX en el país, eran restrictivos en tal grado que la participación en los procesos políticos era accesible solamente a las corporaciones y grupos afines al Partido Revolucionario Institucional (del Campo, 2015).
Tomando esto en cuenta, el año de 1977 resulta un punto nodal en la historia reciente de las instituciones políticas en México, pues representa el punto de partida de un proceso de liberalización política (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000),entendiendo a esta última como un cambio en las instituciones que tiene por resultado la posibilidad de que nuevos actores intervengan en los procesos políticos -ya no solo de manera testimonial-y que lo hagan con una verdadera capacidad de incidir en los resultados del propio proceso. Como menciona Colomer (2000), durante los periodos de transición, la apertura y reforma del régimen se convierte en una de las principales políticas gubernamentales.
Al hablar de transición política y liberalización, subyace también el discurso relativo a la democracia y el problema de definir cuáles son sus características constitutivas. Para hablar de democracia pueden establecerse una serie de condiciones mínimas con base en las cuales puede afirmarse que nos encontramos frente a un sistema democrático. Esto involucra, en su polo minimalista/procedimental, la existencia de instituciones básicas de competencia electoral y de condiciones materiales -recursos y elementos básicos, como casillas o boletas- que permitan cumplir a cabalidad con los requisitos técnicos de la organización de una elección. Además, es también imprescindible que existan, de una variedad de alternativas, políticas reales entre las que el votante pueda elegir libremente (Bobbio, 1986:15).
En el otro extremo, el de la democracia maximalista/sustancial -apuntando hacia lo que podría concebirse como “lo deseable”-, se halla un conjunto de condiciones y acciones maximizadoras que permiten hablar de grados más avanzados dentro de un continuo de calidad de la democracia. Robert Dahl postula ocho condiciones que se busca maximizar para aumentar el grado de democracia en el proceso de elección, 1 aunque para no recapitularlas todas bastará decir que, esencialmente, se orientan a un proceso de democratización que conlleva un proceso de liberalización, es decir, implica el desarrollo de una mayor cobertura de los derechos relativos a la ciudadanía política; la creación gradual de un sistema de representación basado en el voto igualitario asignable a una variedad de opciones políticas, cada una con la posibilidad real de ganar y el apego al principio de mayoría sin descuidar la protección de los derechos civiles y políticos de las minorías (Bobbio, 1986).
Si, como ya dijimos, se considera que la transición política mexicana hacia la democracia se originó desde lo que se suele denominar un sistema de partido hegemónico en el que un solo partido -el PRI- ocupaba prácticamente la totalidad de los puestos de elección popular a lo largo y ancho del país y, por tanto, era capaz de tomar decisiones sin verse en la necesidad de negociar con ninguna otra fuerza política, el aumento cuantitativo de los episodios de alternancia en los tres niveles de gobierno puede leerse como síntoma del avance del proceso de democratización que, según se considera convencionalmente, inició a partir de la reforma político-electoral de 1977(Pérez, Puga, Díaz-Santana, 2009:29-62), (Pérez, González Ulloa, 2011:45-68).
Si bien es cierto que también se presentaron algunos retrocesos con modificaciones institucionales orientadas a reforzar la posición del partido hegemónico, eventualmente serían superados definitivamente y las elecciones en México dejarían de ser un simple mecanismo para la legitimación del régimen priísta. Los comicios desarrollarían esa “incertidumbre sustancial” (Mozaffar y Schedler, 2003) necesaria para que las alternativas políticas que participaban en el juego democrático confiaran en la limpieza de los resultados arrojados por las elecciones y que éstas a su vez pudieran convertirse -en mayor medida- en un instrumento a través del cual la ciudadanía puede castigar o premiar una buena representación o mandato (González Ulloa, 2009:7).
Alternancia como síntoma de la democratización
La alternancia, en términos simplificados, debe entenderse como el cambio del partido del que proviene el individuo que ocupa un cargo de elección popular determinado. La teoríaofrece dos condiciones elementales para que la alternancia ocurra: la primera, involucra una crisis de legitimidad o de gobernabilidad -entendida según la definición de Camou2- de un gobierno representado por un partido particular; el segundo guarda relación con la existencia de capacidad organizativa y fuerza política suficiente como para remover a un partido del poder por la vía electoral. Se puede afirmar que la primera condición es sustrato de la segunda; porque entre mayores dimensiones tenga la crisis del partido en el gobierno, existe una mayor probabilidad de que los sectores inconformes de la ciudadanía sean más amplios y de que sean más susceptibles a prestar alguna forma de apoyo a la oposición o que, al menos, retiren su apoyo al partido en el gobierno.
En México, algunas de estas condiciones necesarias para que se diera la alternancia se habían venido presentado desde por lo menos tres décadas antes de que ésta ocurriera a nivel federal, en el año 2000. Un par de puntos de contraste notables se encuentran en los años de 1985 y 1988; en la primera fecha, nueve fuerzas políticas distintas ya contaban con representación en el Congreso nacional; en los comicios de 1988, el PRI llegó a perder hasta 20 puntos porcentuales de la votación a su favor con respecto a la elección presidencial anterior (Molinar y Weldon, 2014).3 Un año después, en 1989, la alternancia a nivel subnacional ocurrió por primera vez cuando Ernesto Ruffo Appel,4 candidato del PAN a la gubernatura de Baja California, conquistó el puesto al obtener un 52.3% de la votación. A partir de entonces, fue innegable el impulso que había cobrado la fuerza opositora; los síntomas de la democratización comenzaron a hacerse patentes a lo largo y ancho del país, expresándose a través de la multiplicación significativa de las victorias electorales de la oposición.
Así, fue posible atestiguar por primera vez cómo el régimen hegemónico priísta que alguna vez fue calificado por Mario Vargas Llosa como una dictaduraperfecta, se tambaleaba y hacia manifiesta su decadencia. Con el aumento de la representación de la oposición en los órganos legislativos federales, se hizo imposible para el PRI seguir gobernando sin negociar con o sintomar en cuenta las demandas de sus adversarios políticos. En ese momento, la transición habría rebasado su punto de no retorno.
Las alternancias a nivel subnacional
Aunque dentro de las esferas del debate académico se ha discutido relativamente poco sobre las consecuencias y la forma en la que ocurren las alternancias subnacionales,5 la realidad es que su análisis constituye una dimensión sumamente útil e importante para la explicación a profundidad del proceso de transición democrática. Y si este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas, es debido a las particularidades sociopolíticas de cada demarcación electoral. Dibujar un panorama general del proceso de cambio político es de utilidad para localizar elementos significativos y particularidades en la manera en que se manifestó el cambio político en México a nivel subnacional durante el proceso de democratización en México. Con este fin, exponemos los datos acerca de los periodos en los que tuvieron lugar las alternancias en los Ejecutivos a nivel subnacional y la pérdida de mayorías del PRI en los congresos locales.
Se recopiló la información a partir de la consulta de las Memorias Electorales elaboradas por los 32 Institutos Electorales Estatales de cada entidad federativa del país. Para la sistematización de los datos se tomaron en cuenta lo siguientes criterios: en lo referente a la alternancia en los Ejecutivos estatales, se consideró el periodo del mandato en el que ocurrió la alternancia -cuando la elección de gobernador fue ganada por algún candidato distinto al presentado por el PRI- y de qué partido procedía el candidato ganador. Además, se añadió la información con respecto a qué partidos -o coaliciones, de ser el caso- ganaron las elecciones estatales subsecuentes. En lo relativo a la pérdida de mayoría en los congresos locales, se consideró el periodo de la Legislatura en la que tuvo lugar el fenómeno y la fuerza política que se conformó como segunda mayoría. A lo largo del análisis se ofrecen algunas claves sugerentes para interpretar esta información.
A la fecha, la alternancia ha ocurrido en un total de 23 de los 31 Ejecutivos estatales. En nueve de ellos -Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz- aún no ha tenido lugar, e incluso en dos -Durango e Hidalgo- el PRI aún conserva una posición ya no hegemónica, pero sí dominante, al no haber perdido nunca la mayoría en el Congreso local. La última vez que se consumó un cambio del partido en el poder tuvo lugar en el estado de Tabasco en 2012, cuando el triunfo fue para el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD)6.
El siguiente cuadro (1) y en las gráficas 1 y 2 se muestran las fechas en las que el PRI ha perdido la gubernatura en los distintos estados y también las fechas en las que ha abandonado la mayoría en el Congreso local.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Institutos Electorales de cada estado, Varela (2004) y base de datos electorales CIDAC (Shea, 2012).
Cuadro 1: Pérdida de Gubernaturas y mayoría en el Congreso
Gráfica 1: Comparación entre los periodos en que se logra la alternancia de gobernador en cada estado y la pérdida del PRI en la mayoría en los Congresos locales
Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 1.
Gráfica 2: Comparación entre los periodos en que se logra la alternancia de gobernador en cada estado y la pérdida del PRI en la mayoría en los Congresos locales
Aquí es prudente realizar un par de observaciones; la primera que, como ya se mencionó, en nueve estados de la República nunca ha tenido lugar la alternancia en el Ejecutivo. En siete de ellos -Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Coahuila y Campeche-, la mayoría del Congreso local ha estado por lo menos durante una Legislatura en manos de las fuerzas políticas de oposición. La segunda observación, estrechamente relacionada con la primera, se refiere a que en todos los casos en los que se ha consumado la alternancia en el Ejecutivo, el PRI también ha perdido -antes, simultáneamente o durante el mandato de la alternancia- su mayoría en el congreso, situación que sugiere que dichas demarcaciones electorales habían desarrollado un grado significativo de competitividad electoral.
En siete estados el PRI perdió la mayoría antes de que ocurriera la alternancia en el Ejecutivo, mientras que en siete más ha perdido la mayoría, pero la alternancia aún no ha tenido lugar. En 12 casos, la alternancia y la pérdida de mayoría del Revolucionario Institucional se dieron por primera vez de manera simultánea, mientras que sólo en cuatro casos -los de Guanajuato, Tlaxcala, Chiapas y Yucatán- primero se presentó la alternancia en el Ejecutivo estatal y posteriormente la pérdida de la mayoría priísta en el Congreso local.
Cabe destacar que la alternancia de Guanajuato tuvo lugar de una manera que podría calificarse de “no electoral”, ya que el ganador oficial de los comicios de 1991 fue el priísta Ramón Aguirre Velázquez, y se comentó debido a las negociaciones generadas al calor del conflicto poselectoral que provocó que la gubernatura fuera ocupada finalmente por Carlos Medina Plascencia, miembro del PAN. En este caso, la alternancia propiamente electoral se daría hasta 1995 con la elección de Vicente Fox, también panista. En las elecciones legislativas inmediatamente posteriores, las de 1997, el PRI perdería su mayoría en el Congreso local por primera vez.
En Chiapas ocurrió de manera ligeramente similar; las elecciones del Ejecutivo y Legislativo tampoco fueron concurrentes, y al presentarse la alternancia en el gobierno del estado en el año 2000, la pérdida de la mayoría priísta en el Congreso local se configuró en las siguientes elecciones del legislativo en 2001. En el caso de Yucatán sería hasta tres años después de la alternancia cuando el PRI perdería la mayoría en el Legislativo, y hasta seis años después para el caso de Tlaxcala. En el gráfico 3 se ilustra parte de lo anterior.
La normalización de la competitividad electoral: una reconfiguración de las fuerzas políticas
La democratización trajo consigo el desarrollo de nuevas agrupaciones con capacidad real para obtener cargos de elección popular; el mapa político del país fue redibujado y los nuevos y viejos actores políticos se vieron obligados a asumir nuevas prácticas y estrategias para adaptarse a este nuevo escenario. Así surge un panorama a partir del cual pueden plantearse nuevas interrogantes y donde sería pertinente ajustar y ampliar el foco para captar la importancia delos matices, que bajo esta luz cobran aún más importancia.
Como se sugiere arriba, la ocurrencia de la primera alternancia en los Ejecutivos subnacionales o la pérdida de mayoría por parte del PRI en los Ejecutivos estatales hace evidente la existencia de elecciones competitivas -entendidas como aquellas en donde al menos dos de los distintos contendientes demuestran capacidad real para conseguir una victoria electoral significativa- y deja suponer que éstas se fueron fortaleciendo de manera gradual desde los comicios precedentes.
Para verificar esta hipótesis, se recabaron resultados electorales conforme a los siguientes lineamientos:
Se fijó como elección de referencia aquella donde ocurrió la alternancia en la gubernatura, o en su defecto, la elección donde el PRI perdió su mayoría en el Congreso estatal. Si esta última no es una elección coincidente con la elección de gobernador, se toma como referencia la primera elección de gobernador inmediatamente posterior a la pérdida de mayoría. En los casos de Hidalgo y Durango, donde no ha ocurrido ni alternancia ni pérdida de mayoría, se seleccionó como referencia la elección más competida que han registrado hasta la fecha.
Se calculó la diferencia porcentual entre los votos obtenidos por el candidato ganador de la elección y el candidato que obtuvo el segundo puesto. A esto se le denominamargen de victoria (MV) (Valdés, 1995).
Se calculó el margen de victoria para la elección de referencia y para las dos elecciones de gobernador inmediatamente anteriores.
Se obtuvo el promedio simple del conjunto de los datos correspondientes a las elecciones de referencia y de las dos elecciones de gobernador inmediatamente anteriores.
Por ejemplo, si la alternancia en Puebla ocurrió en 2010, ésta es la elección de referencia. La diferencia porcentual entre primero y segundo lugar fue de un 10.3%, en 2004 fue de 13.6% y en 1998 la brecha alcanzó un 25.16%. Aquí puede apreciarse la disminución gradual del MV que se presenta en cada elección, por lo que podemos decir que el caso particular confirma nuestro supuesto acerca de la competitividad electoral creciente que precede a la ocurrencia de la alternancia. Sin embargo, como puede verse a continuación, esto no ocurre en todos los casos.7
Fuente: Elaboración propia con datos de los Institutos Electorales de cada estado, Varela (2004) y base de datos electorales CIDAC (Shea, 2012)
Cuadro 2: Margen de victoria a partir de elección de referencia y anteriores
Como es posible apreciar, existe una tendencia clara si se analizan los datos a nivel agregado: se pasó de un MV promedio de 52.31% en la segunda elección de gobernador inmediatamente anterior a la de referencia, a uno de 30.54% en la primera elección anterior y posteriormente a uno de 10.86% en la elección de referencia. Ahora cabe indagar acerca de qué factores inciden en este proceso en el caso de cada entidad federativa en particular, de tal manera que, por un lado, pueden observarse estados con un gran dinamismo electoral, en los que ha ocurrido incluso más de una alternancia, y por otro, estados como Durango e Hidalgo en los que el partido en el gobierno mantiene una posición dominante.
Factores correlativos al aumento en competitividad electoral y la consumación de las alternancias subnacionales8
Para aproximarse al complejo proceso que representa el cambio democrático, se han exploradotres factores que se presentan como potencialmente relevantes en el proceso de competitivización de las elecciones a nivel local. El primero, la (potencial) relevancia de las coaliciones en la consumación de las alternancias; el segundo, un debilitamiento en la estructura partidista del PRI expresado como el decaimiento de su presencia y relevancia en los congresos locales; el tercero, cambios en la estructura social que es posible apreciar como un arraigo de la competitividad electoral observable en los comicios posteriores a la alternancia en los estados. Explorar a profundidad las hipótesis que podrían surgir de estos elementos excede los límites de este texto, por lo que aquí nos circunscribiremos a enunciarlas y se subrayará su potencial para futuras investigaciones.
Para el primer caso, la interrogante es: ¿Cabría suponer que las coaliciones electorales fueron un factor determinante para lograr la alternancia en los casos donde se recurrió a ella? Remitiéndonos a la información presentada en el cuadro 1, fueron ocho estados en los que fuerzas políticas de oposición se coaligaron y consiguieron arrebatar la gubernatura por primera vez al PRI y 15 estados en los que esto mismo lo logró un partido de oposición en solitario. Para responder adecuadamente a esta pregunta, cabría observar la fuerza electoral que hubieran demostrado las agrupaciones políticas coaligadas durante las elecciones anteriores, y con base en ello tratar de dilucidar la importancia de la coalición en términos de la fuerza electoral individual de cada una de las partes.
Una hipótesis sería que las agrupaciones políticas se coaligan para, en conjunto, aglutinar una fuerza política de tal dimensión que sea capaz de superar al resto de las alternativas políticas contendientes. Una hipótesis complementaria de la primera sería suponer que existen incentivos para coaligarse que no son meramente electorales -como la idea de evitar el desperdicio de votos (Reynoso, 2010) - y que sólo es posible comprender este otro tipo de estímulos conociendo la coyuntura en la que tuvo lugar la elección, a través de una revisión de los casos particulares.
Posteriormente se indaga acerca del segundo de los factores que seleccionamos, relativo a las condiciones de la fuerza electoral del PRI después de haber perdido su condición hegemónica. En este aspecto se observa que aunque el PRI sufrió la pérdida de mayoría en al menos una ocasión en 30 de 32 cuerpos legislativos locales, durante la legislatura en que esto ocurrió, siguió manteniendo una mayoría relativa en 16 casos y una segunda mayoría en 12. Sólo en el caso de la Asamblea legislativa del Distrito Federal fue relegado a tercera fuerza política. El asunto restante corresponde a San Luis Potosí, para el cual no se lograron localizar los datos completos. Sin embargo, debido a que el PAN conquistó la mayoría, es muy probable que allí el PRI, que tradicionalmente había estado en dicha posición, también se hubiese convertido en segunda fuerza. La información se presenta en el cuadro 3.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Institutos Electorales de cada estado, Varela (2004) y base de datos electorales CIDAC (Shea, 2012). *Dato no encontrado
Cuadro 3: Segunda mayoría en los Congresos locales
Ahora, para el tercero de los aspectos a explorar, se tiene la relación de los resultados de las elecciones estatales posteriores a la primera alternancia. En el caso de algunos estados, como Baja California y Guanajuato, después de la primera alternancia, el dinamismo de las elecciones se estancó y después del primer gobierno del PAN, ningún otro partido ha logrado llegar al Ejecutivo estatal. En el otro polo están las entidades federativas en las que ha habido alternancia entre más de 2 partidos, como Baja California Sur y Morelos -y Chiapas9-, donde la alternancia se ha presentado entre gobiernos de PAN y PRD, además de la original con respecto al PRI.
También se debe subrayar que en 12 estados donde ha ocurrido la alternancia, el PRI ha vuelto a ocupar la gubernatura (Cuadro 4).
Fuente: Elaboración propia con datos de los Institutos Electorales de cada estado, Varela (2004) y base de datos electorales CIDAC (Shea, 2012)
Cuadro 4: Elecciones siguientes en cada estado.
En las elecciones inmediatas después de la primera alternancia, en cuatro estados gobernó una vez más el PRI; en la segunda elección inmediata fueron siete estados; después de más de dos elecciones el PRI volvió a gobernar en solamente un estado. En once entidades estados el PRI no ha vuelto a ganar la gubernatura después de la alternancia. Una anotación interesante es que en aquellos estados donde el PRI recuperó el Ejecutivo estatal, nunca lo ha perdido por segunda ocasión. La siguiente gráfica ilustra de manera simplificada los cambios que tuvieron lugar en los Ejecutivos estatales después de la primera alternancia.
Conclusiones
En el texto se ha esbozado un panorama general del cambio político que tuvo lugar en el marco del proceso democratizador iniciado en México a partir de la reforma político-electoral de 1977. Como fue señalado, desde 1988 este proceso cobró un impulso tal, que la oposición empezó a conquistar gradualmente las gubernaturas estatales que hasta entonces se encontraban bajo el control monopólico del Partido Revolucionario Institucional. A la fecha, un total de 23 de 32 entidades federativas han conocido la alternancia en por lo menos una ocasión y el PRI ha llegado a perder la mayoría en 30 de los también 32 órganos legislativos locales. Se ha hecho patente que el país ahora se encuentra ante un escenario político sumamente distinto a aquel del régimen de partido hegemónico que privó durante más de 70 años. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué dirección podemos avanzar para comprender más y mejor las tareas pendientes en esta nueva etapa, ya no de transición, sino de consolidación democrática?
Con este trabajo se ha pretendido brindar elementos para explorar con mayor detalle los porqués de las diferencias del cambio político entre entidades federativas y profundizar en aspectos particulares que permitan estudiar de manera sistemática la democratización a nivel subnacional y los procesos sociales, económicos o demográficos, que pudieran estar relacionados con cada caso particular. Una línea de investigación en este sentido podría girar en torno a la idea de que entre mayor sea el grado de desarrollo socioeconómico de la población de una demarcación electoral -entre más amplia sea la clase media urbana que la compone- menor relevancia tiene las prácticas clientelares y la organización política corporativa para obtener el triunfo en las elecciones; y por tanto, el electorado es más dinámico en sus preferencias y las elecciones se tornan más competitivas.
También podría profundizarse en las hipótesis esbozadas más arriba acerca del grado de relevancia y los motivos que llevaron a los partidos políticos de oposición a coaligarse en las elecciones en las que se logró la alternancia. Lo aportado sugiere éstas y más posibilidades interesantes que habrán de ser exploradas en futuros trabajos.
