Sistema político mexicano

 

Cumplimiento y vigencia de algunos planes revolucionarios. Un siglo después

 

Compliance and enforcement of some revolutionary plans. A century later

 

Octavio Rodríguez Araujo*

 

* Doctor en Ciencia Política y Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

 

Resumen

El texto ofrece una revisión histórico-política de algunos preceptos del Plan de San Luis firmado en 1910 por Francisco I. Madero, el cual se redactó en contra del régimen político encabezado por el General Porfirio Díaz. Ese régimen fue sustituido, 19 años después, por un régimen autoritario que en varios sentidos y por siete décadas no fue muy diferente que el derrocado por la Revolución. El periodo conocido como México posrevolucionario fue dominado por el partido PNR-PRM-PRl debido a la simbiosis gobierno-partido y a la utilización de este último como órgano de control social y político del país por parte del presidente en turno.

Palabras clave: Sistema Político Mexicano, Revolución mexicana, partido político, Partido Revolucionario Institucional, control político.

 

Abstract

The text offers a historical-political review of some provisions of the Plan of San Luis signed in 1910 by Francisco I. Madero, which was drafted against the political regime led by General Porfirio Díaz. That regime was replaced 19 years later, by an authoritarian regime that in many ways and for seven decades was not much different than the overthrown by the revolution. During the period known as post-revolutionary Mexico, was dominated by the party PNR-PRM-PRI. Provided by the symbuiois goverment-party and the use of the latter, as an organ of social and political control across the country, by the incumbent president.

Key words: Mexican political system, Mexican Revolution, political party, Institutional Revolutionary Party, political control.

 

En lo Político

En octubre de 1910 Francisco I. Madero firmó su Plan de San Luis Potosí. La dictadura contra la que estaba dirigido ese Plan fue sustituida, 19 años después, por un régimen autoritario que en varios sentidos y por siete décadas no fue muy diferente que el derrocado con la revolución.

Esta afirmación, que podría parecer exagerada, se sustenta en las siguientes citas del texto mencionado de Madero:

Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo existen escritos en nuestra Carta Magna... ; la justicia, en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del [Presidente]; los gobernadores de los estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera las autoridades municipales.

Se dice, además, que en vez del engrandecimiento y la prosperidad de la Patria, se ha enriquecido un pequeño grupo.

Es evidente que lo citado no cambió sustancialmente a lo largo del México posrevolucionario y menos durante el régimen dominado por su partido, el PNR-PRM-PRI. Ello se debió, en buena medida, a la simbiosis gobierno-partido y a la utilización de este último por parte del presidente en turno, como órgano de control social y político en todo el país. Durante el priato, e incluso bajo el primer gobierno panista, el primer enunciado del lema maderista —Sufragio efectivo, no reelección— tuvo vigencia absoluta, como demanda no satisfecha. Todavía en 2006, como se recordará, se pedía que se contaran los votos, uno por uno y de todas las casillas electorales, es decir, sufragio efectivo. No se hizo.

Durante todo ese tiempo después de la revolución, con poquísimas excepciones, el sufragio no ha sido efectivo, ni libre, ni secreto, ni auténtico. Las elecciones, cubiertas de irregularidades y fraudes, han sido manipuladas sistemáticamente para darles el poder institucional a miembros del partido en el poder. Ciertamente no hay reelección, pero este mero hecho ha significado un paliativo importante para las inconformidades sociales generadas por este sistema que, a pesar de la alternancia partidaria, no ha cedido el poder al pueblo como sería en una verdadera democracia.

El poder tiene un origen viciado, ilegal e ilegitimo, por lo que se ejerce al margen del Estado de Derecho, a discreción de los gobernantes y, por lo mismo, al margen de las instituciones y de espaldas al pueblo. Las instituciones son, de hecho, enclaves de poder patrimonialista y, en consecuencia, sólo excepcionalmente están al servicio del pueblo que las sostiene económicamente.

Tuvieron que pasar más de ochenta años para que el Ejecutivo tuviera contrapesos todavía relativos en los poderes Legislativo y Judicial. Tuvo que entrar en crisis el régimen populista, estatista y autoritario inaugurado por el Grupo Sonora para que su partido comenzara a tambalearse y la oposición lograra por primera vez quitarle la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, primero en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores. Se comprobó que el Ejecutivo, sin el partido a sus órdenes, no podría subordinar igual a los otros dos poderes.

No es prurito constitucionalista la exigencia de la división de poderes en México. Fue por largos años una necesidad para que los órganos encargados de la justicia actuaran con independencia y con la mayor imparcialidad posible, y también para que la legislación que tendría que normar la convivencia social y entre gobierno y gobernados respondiera a los intereses de éstos y no de minorías privilegiadas. Ha habido avances, ciertamente, pero todavía nos falta mucho para lograr los contenidos de los antiguos planes revolucionarios. El viejo régimen de privilegios contra el que se levantó el pueblo de México hace un siglo es otro, pero es, en esencia, el mismo. Y por si no fuera suficiente, el titular del Ejecutivo, una sola persona, continúa decidiendo incluso la existencia o no de México como nación soberana. El Legislativo, ahora plural, ha actuado como contrapeso, pero sabemos que no lo suficiente.

Si bien el pacto federal ha sido siempre una ficción, durante la larga noche del priísmo en el poder se cayó en excesos: la omnipotencia y la impunidad a que llegó el jefe del Ejecutivo se reveló en la aberración de imponer y quitar gobernadores, bajo formas legales retorcidas, desdeñando los procesos electorales y sus resultados. Cuando finalmente el Ejecutivo federal no tuvo injerencia directa en los estados gobernados por partidos opositores, éstos hicieron y hacen de las suyas casi como antaño hacían los caciques: no por el pacto federal, sino por criterios patrimonialistas en beneficio de sus allegados. La soberanía de los estados de la Federación y la conversión en estado del Distrito Federal, son reclamos históricos que no han sido atendidos. En tanto la economía de los estados y de los municipios dependa de la supuesta buena voluntad del centro, México continuará en la pendiente de las desigualdades sociales de todos conocidas. No habrá soberanía estatal sin recursos, tampoco habrá municipio libre sin éstos.

Si alguna ventaja trajo la alternancia a partir del año 2000 fue que el presidente de la República no ha podido imponer a gobernadores y a presidentes municipales, así como tampoco a diputados y senadores, como antes se hacía so pretexto de cláusulas de gobernabilidad pervertidas. Otro cambio que no debemos subestimar, pero tampoco exaltar, es que los procesos electorales no son igualmente controlados que en el pasado, aunque hemos tenido evidencias de que los controles no están en manos de la sociedad, como debiera ser, sino todavía en poder del presidente en turno y de los arreglos que puede lograr entre las fracciones parlamentarias y los tribunales correspondientes.

La garantía del sufragio efectivo, empero, no depende sólo de un régimen de partidos autónomos y verdaderos y de la administración social e independiente de los procesos electorales. También depende, como se ha comprobado en los últimos años, de los medios de comunicación masiva. Mientras éstos sigan siendo virtuales monopolios al servicio de intereses económicos, el sufragio no podrá ser libre ni los partidos y sus candidatos contender en igualdad de condiciones. La reforma de 2007-2008 es un avance, pero habremos de ver con cuidado y críticamente el proceso electoral en curso, el de 2012.

 

En lo económico

De la misma manera que el Plan de San Luis Potosí resultó insuficiente para muchos por cuanto a su referencia a los problemas económicos, ahora es necesario insistir en estos aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida de millones de mexicanos. El Plan de Ayala, suscrito por los zapatistas en noviembre de 1911, fue sin duda la más importante propuesta que en este tenor se hiciera en el México de esa época.

Podría pensarse que por los años transcurridos desde la Revolución de 1910, las demandas económicas de entonces han perdido actualidad, pero no es el caso. Al contrario, las necesidades de tierra, pese a que el eje de la acumulación no es más la agricultura, siguen siendo vigentes para millones de mexicanos cuya subsistencia depende de las actividades agropecuarias.

La apropiación de las tierras de ejidatarios, de comunidades y pueblos e incluso de pequeños propietarios y terrenos nacionales, apropiación protegida por gobernantes y guardias blancas, ha dejado a muchos mexicanos pobres sin más perspectiva que la miseria, el deterioro de su vida y la desesperanza. Si la injusticia en las ciudades es notoria, en el campo es, desde cualquier punto de vista, intolerable.

Uno a uno, todos los gobiernos de la República, desde Ávila Camacho hasta hoy, han llevado a cabo medidas agropecuarias en favor de quienes más tienen y nunca, salvo excepciones contadas, en beneficio de quienes "no son más dueños que del terreno que pisan", como se dijera en el Plan de Ayala. Es más, una de las mayores conquistas de la vieja revolución, el artículo 27 constitucional, fue reformado hace 20 años cerrando toda perspectiva de reparto de tierras para quienes estaban esperándolo como fórmula de sobrevivencia.

Si muy desigual ha sido la distribución de la riqueza producida en México, peor es ahora. Los últimos gobiernos han dedicado todos sus esfuerzos y conocimientos para favorecer a quienes ya eran privilegiados y para extender la geografía e influencia del poder empresarial estadounidense a nuestro país.

Se cambió el eje de la acumulación de capital de las actividades primarias a las secundarias y terciarias, pero se hizo a costa de la enajenación del país a los intereses empresariales y financieros que, con patria o sin ella, sólo responden en función de sus desmedidas ganancias, donde y como sea que las obtengan. Peor todavía, los gobiernos de México, los más recientes, han hipotecado al país restándole a éste su soberanía económica. Desde el gobierno de López Portillo hasta el actual, la economía nacional y las políticas económicas han estado sujetas a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que, a su vez, representan los intereses del capital trasnacional, principalmente de Estados Unidos. En estos momentos hay riesgo de que México pierda, además de lo ya enajenado, el dominio de otros bienes estratégicos, el petróleo en primer lugar, con lo cual podría confirmarse el fin de México como nación libre y soberana y con posibilidades de desarrollo.

Ha crecido ciertamente la industrialización y se han ampliado los servicios, pero este crecimiento no se ha traducido en mejores salarios reales de los trabajadores ni en tasas de empleo correspondientes a la demanda. Los obreros de México tienen salarios ocho veces más bajos que los de Estados Unidos, realizando labores equivalentes. Los aumentos salariales se han caracterizado por su rezago en relación con los aumentos de los precios, incluso de productos de primera necesidad. El desempleo ha crecido a tasas alarmantes y, a pesar de las promesas de gobierno, todos los días hay nuevos despidos y se cierran fuentes de trabajo. Por si no fuera suficiente, se han disminuido los contratos colectivos de trabajo y muchos de los derechos y conquistas de los trabajadores consagrados en la Constitución han sido conculcados en la práctica con la clara complicidad de las autoridades laborales con la patronal. El salario mínimo, que rigurosamente sólo sirve para calcular multas, no se le paga a cientos de miles de trabajadores o, con tal salario, viven millones de mexicanos y sus familias cuando bien se sabe que es insuficiente para una dieta mínima y sana.

Por contraparte, el capital se ha concentrado a niveles inaceptables moralmente. Los últimos gobiernos, siguiendo las directrices del FMI y de los economistas de Harvard, Yale y Chicago, han liberado a tal extremo la economía que miles de empresas medianas y pequeñas, que son las que mayor número de trabajadores contratan, se ven obligadas a cerrar cada año. Sólo en 2011, según la COPARMEX, cerraron 160 mil empresas. La voracidad del capital financiero y el desistimiento gubernamental de regular la economía en este campo ha convertido a la industria, la agroindustria, el comercio y otros servicios en víctimas de los tiburones empresariales nacionales y extranjeros.

Los nuevos "científicos" que han gobernado el país en años recientes han fracasado rotundamente en sus pronósticos económicos. El sexenio de Miguel de la Madrid, primer gobierno plenamente tecnocrático, se caracterizó como el sexenio de crecimiento cero. No sólo no hubo crecimiento económico sino que la inflación llegó a límites históricos y dejó en la pobreza a más de 40 millones de mexicanos, la mitad de la población en esos años, y de ésta a 17 millones en la miseria. Elevó, además, la deuda pública externa, y la interna, por estar respaldada en dólares, se convirtió de hecho en deuda externa. De la crisis económica de ese período, sólo los grandes capitales salieron bien librados, entre éstos los dueños de casas de bolsa. Como premio por su habilidad para enriquecerse a costa de amplias capas de ahorradores, en el siguiente sexenio se les dieron en oferta los bancos expropiados en 1982. Salinas de Gortari, después de ofrecer tasas de crecimientos económicos constantes y superiores al 5 por ciento, fracasó también en sus pronósticos (menos de 3 por ciento de crecimiento medio anual durante su sexenio). En lugar de llevar a cabo un proyecto de inversiones productivas, éstas fueron desdeñadas y subordinadas a las inversiones indirectas, especulativas y de fácil transferencia. Se abrió el país al dinero fácil y éste, cuando le convino, fácilmente se fue, demostrando con ello que la economía nacional en su conjunto no tenía base sólida de sustentación. Salinas llevó al país a una de las crisis más profundas de la larga etapa posrevolucionaria, crisis que habría de explotarle en las manos a su sucesor apenas 20 días después de haber tomado posesión. Con Fox no cambió la situación, el crecimiento económico estuvo por debajo de las necesidades del país. En el actual sexenio los pobres han aumentado todavía más, al igual que las desigualdades y el desempleo. La inseguridad, que debiera ser un asunto tangencial, es la moneda de uso corriente que no sólo afecta a la población en general sino incluso al capital.

Esta crisis, de consecuencias todavía no calculadas, ha puesto al descubierto que la política económica y de privatizaciones seguida por los tecnócratas ha hipotecado el país, ha acentuado la dependencia, ha puesto en riesgo nuestra soberanía y nos asegura un largo período de mayor depauperación y desmantelamiento de buena parte de nuestra estructura industrial y agropecuaria. El enorme endeudamiento externo ha colocado a México en condiciones de penuria financiera y de mayor dependencia respecto de los altos círculos de capital. Esta situación y el déficit público se han convertido, por un lado, en fuentes de enriquecimiento de unos cuantos, nacionales y extranjeros y, por otro lado, en mayor carga para los trabajadores y en una presión más fuerte para someter a la nación.

En la lógica neoliberal, por otro lado, el gasto social habría de reducirse. A cambio, pero sin alcanzar las proporciones tradicionales del presupuesto, el gasto social se convirtió en un programa presidencial de asistencia social a discreción denominado Solidaridad y luego Oportunidades. Estos programas no han resuelto los grandes rezagos de pueblos enteros, pero sí han servido para restarle apoyos a partidos de oposición y para premiar a quienes votaran por el PRI y luego por el PAN. Nunca antes, de manera tan obvia, se habían puesto en el mercado las necesidades y la dignidad de los mexicanos más pobres. Pero esta escandalosa y demagógica política tampoco les funcionó. Tuvieron que alterar los resultados electorales para llevar al poder a los candidatos de la derecha que garanticen la continuidad de este sistema de privilegios.

El país está en ruinas y en riesgo de ser saqueado todavía más. La única alternativa es un cambio brusco de timón. Sólo la lucha por la preservación de nuestras riquezas estratégicas y por un nivel más alto de calidad de vida podrá evitar que las conquistas de muchas generaciones de mexicanos sean revertidas para salvar intereses ajenos a la patria y podrá lograr que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo. Los planes revolucionarios siguen vigentes.

 

En lo social

La crisis social que vive la República se ha acentuado de manera extrema en los últimos años. El número de pobres y de miserables, como ya se ha dicho, ha crecido en proporción inversa a sus esperanzas de vida digna. Los más castigados por esta situación son los campesinos sin tierra o los que, teniéndola, no pueden hacerla producir por agotamiento de la misma o por falta de recursos. Entre los campesinos más pobres, cuya condición no es muy diferente a la que han vivido en 500 años, están los indios, principalmente los que habitan en el sur de México.

La lucha por la tierra en nuestro país es una demanda tan antigua como insatisfecha. Después de las grandes restituciones y repartos agrarios del cardenismo, los gobiernos de México han regateado a los mexicanos del medio rural su derecho a la tierra, obligando a millones a emigrar a las ciudades o a Estados Unidos en una búsqueda de futuro para sobrevivir. La eliminación de la fracción X del artículo 27 constitucional, entre otras, cerró todavía más la esperanza de repartos y restituciones de tierra a quienes tienen derecho a ella. La rebelión indígena y campesina en Chiapas de 1994 se explica en parte por dicha reforma, aunque el gobierno no lo quiera ver de ese modo. Los indígenas de Chiapas, siendo dueños de una tierra rica, han cosechado la pobreza, como escribieron hace tiempo algunos distinguidos chiapanecos, pues la Revolución de 1910 no pasó por esas tierras, como tampoco, entonces, el torrente social del zapatismo.

A los obreros y otros trabajadores asalariados también se les ha castigado con las políticas neoliberales. Las luchas heroicas de los campesinos no son una excepción en nuestro país. Los obreros, desde las primeras huelgas del histórico Sindicato Mexicano de Electricistas (ahora sin empresa y sin empleo), se han enfrentado al Estado en múltiples ocasiones y las más de las veces han sido reprimidos con lujo de violencia. Sus derechos consagrados en la Constitución han sido pisoteados casi permanentemente: tanto el derecho de asociación como el de huelga. El régimen populista y estatista convirtió a las corporaciones sindicales en apéndices desnaturalizados del partido oficial, del gobierno y de los patronos. El nuevo régimen neoliberal las ha combatido logrando neutralizarlas en buena medida. Como resultado de los viejos y nuevos controles, el salario real de la mayor parte de los trabajadores, sindicados o no, se ha deteriorado en más del 60 por ciento en los últimos años y, por si no fuera suficiente, se han disminuido los contratos colectivos, se han desmantelado los sindicatos, se les ha impedido por la fuerza reivindicar sus derechos, no sólo ejercerlos, y sufren constantemente la inestabilidad en el empleo cuando no directamente el despido.

Han sido tan torpes las políticas sociales del régimen, que siendo las capas medias de la sociedad las que mayormente conforman el mercado interno, condición necesaria para que se amplíe la producción como ya se señalara en el Plan del Partido Liberal de 1906, se les ha golpeado tanto en sus niveles de vida como en sus posibilidades de ascenso social. En vez de crearse condiciones para la expansión y fortalecimiento de esas capas medias (profesionistas, intelectuales, micro-pequeño-empresarios y empleados de nivel medio), se les ha llevado a una dinámica de proletarización cuando no al desempleo o a la economía subterránea también llamada informal.

El poder en México ha aprovechado la individualización que provocó la crisis, la vieja y la nueva, para tratar de desmantelar la cohesión y la solidaridad sociales. Con esa estrategia se intentó evitar respuestas sociales a las agresivas políticas públicas en favor de quienes ya eran privilegiados. Ahora más que nunca, especialmente con las políticas de precios, cierre de empresas y más privatizaciones, la población mayoritaria y no pocos ciudadanos de las clases altas se están organizando en la protesta, en la inconformidad y en la lucha por un México mejor y soberano. No es casual que incluso empresarios del norte del país estén ahora con López Obrador después de haberlo atacado fuertemente hace seis años.

Es así que, a pesar de que la sociedad ha sido expropiada en todos sus derechos y posibilidades de mejoría y bienestar, estamos en presencia de esfuerzos sociales y de base por recuperar la identidad social, como ha sido demostrado en infinidad de movimientos sociales, lamentablemente desarticulados. Existe conciencia, cada vez más nítida, de que la cancelación de las legítimas aspiraciones de tierra, trabajo, vivienda, salud, educación, servicios, cultura y seguridad debe revertirse, y de que esas aspiraciones deben volverse realidad en un ambiente de paz y de justicia con democracia.

 

En resumen

Muchas de las demandas de los viejos planes revolucionarios son vigentes en la actualidad. La revolución abrió un gran abanico de esperanzas, pero los gobiernos posteriores (con muy pocas excepciones) y los nuevos y viejos capitales se han encargado de frustrarlas. Hubo cambios de modos y formas, pero en esencia las mayorías de la población mexicana viven mal, no peor que antes pero tampoco mejor de lo que esperaban. Podría decirse que, aunque con retraso de ocho décadas, en la esfera de la política y las libertades hemos avanzado considerablemente, no sin tropiezos; sin embargo, en lo económico y en lo social urge un cambio que no se vislumbra si las fuerzas de las derechas se mantienen en el poder.