Sistema político mexicano

 

La distancia ideológica entre los tres principales partidos políticos mexicanos (1976-2006)

 

The ideological distance between the three major Mexican political parties (1976-2006)

 

Steven Johansson Mondragón*

 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.

 

Resumen

El trabajo trata de ubicar la posición de los tres principales partidos políticos mexicanos (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática) en torno a cinco temas relevantes de política económica (propiedad estatal, política fiscal, apertura comercial, inversión extranjera directa y seguridad social), operativizados bajo la forma de escalas izquierda-derecha, tomando como base del análisis las plataformas electorales presidenciales presentadas por estos partidos durante el periodo 1976-2006 (1988-2006, en el caso del PRD).

Palabras clave: distancia ideológica, convergencia partidaria, partidos políticos mexicanos, plataformas electorales, escala izquierda-derecha.

 

Abstract

The paper intends to establish the position of the three largest mexican political parties (Revolutionary Institutional Party, National Action Party, Democratic Revolution Party) around five topics relevant to economic policy (state ownership, fiscal policy, trade liberalization, direct foreign investment and social security), operationalized in the form of left-right scales, based on analysis of the presidential electoral platform presented by these parties during the period 1976-2006 (for the case of the PRD 1988-2006).

Key words: ideological distance, policy convergence, mexican political parties, electoral platforms, left-right scale.

 

Introducción

El estudio de los partidos políticos en México ha tendido a enfocarse, de manera preponderante, en la descripción de la vida interna y en el análisis de la competencia inter e intrapartidaria (resultados electorales, elecciones y vida internas), descuidando los "productos" de la actividad partidaria (ideología, programas y políticas públicas), rara vez abordados desde una perspectiva comparada. Trabajos como los de Jean-François Prud'homme (1998, 2001), en los que se comparan las plataformas electorales de los tres principales partidos políticos mexicanos para las elecciones federales de 1997 y 2000, o como el de Manuel Alcántara (2004), en el que se analizan los programas de los partidos políticos de dieciocho países latinoamericanos (entre los que se encuentra México), constituyen, sin duda, una excepción a esta tendencia.

En la ciencia política anglosajona, los estudios dedicados a la comparación de los programas y las políticas públicas de los partidos han sido abordados desde dos perspectivas teóricas contrapuestas: la teoría partidaria y la teoría de la convergencia. Mientras que para la primera, el signo ideológico de los partidos tiene una influencia determinante sobre el contenido de sus programas y el tipo de políticas públicas que eventualmente implementarán, la segunda postula que las diferencias programáticas tradicionales entre los partidos han declinado uniformemente durante las últimas décadas.¹

La percepción que parece prevalecer en México, tanto en la academia como entre la ciudadanía, es la de una distancia significativa entre los principales partidos o, por lo menos, entre uno de ellos —el Partido de la Revolución Democrática" (PRD)— y los otros dos —el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Así, para Jean-François Prud'homme, las posiciones en materia económica del PRD se encuentran "en los antípodas" de las del PRI, mientras que el programa económico de este último "presenta similitudes" con el del PAN (1998: 88, 91). En una reciente encuesta sobre "la geometría y los partidos políticos en México", los encuestados daban, por otro lado, en una escala del 1 (izquierda) al 5 (derecha), una puntuación promedio de 2 al PRD, de 4 al PAN y de 3.3 al PRI (Mitofsky, 2007). En contraste con esta percepción, Manuel Alcántara atribuye al PAN una posición "intermedia" (entre estatismo y neo-liberalismo), mientras que el PRI y el PRD son ambos ubicados entre los partidos "estatistas" (2004: 141).²

Partiendo de un análisis de contenido de las plataformas electorales presidenciales presentadas por los tres principales partidos políticos mexicanos durante el periodo 1976-2006 (1988-2006, en el caso del PRD), en este trabajo me propongo ubicar la posición de estos partidos en torno a cinco temas de política económica (propiedad estatal, política fiscal, apertura comercial, inversión extranjera directa y seguridad social), operativiza-dos bajo la forma de escalas izquierda-derecha. Este análisis permitirá evaluar, con criterios objetivos, si la distancia ideológica entre los principales partidos políticos mexicanos es tan grande como se suele considerar y, sobre todo, si ésta ha tendido o no a disminuir durante las últimas décadas.

 

Metodología

Para construir las escalas izquierda-derecha, tomé como modelo las seis escalas que propone Kenneth Janda en un estudio comparativo sobre las orientaciones programáticas de los partidos políticos de doce democracias desarrolladas: "laicidad", "socialismo-capitalismo", "dirigismo-liberalismo" (planeación), "repartición de la riqueza" (política fiscal), "seguridad social" y "Este-Oeste" (apud Charlot, 1972: 167). Pensadas para comparar a los partidos de las democracias occidentales en el periodo que va de la posguerra a principios de la década de 1970, dos de estas escalas ("laicidad", "Este-Oeste") no tenían relevancia (al menos durante el periodo que abarca este estudio) para el sistema de partidos mexicano. Tuve, por otro lado, que adecuar las otras cuatro en función de los contenidos encontrados en las plataformas electorales de los partidos mexicanos.

Tomé, posteriormente, la decisión de excluir la escala "planeación", al constatar, al momento de atribuir las puntuaciones, que éstas eran prácticamente idénticas para todos los partidos en todas las elecciones, por lo que no parecía idónea para distinguir las posiciones de los partidos. Tomando en cuenta las transformaciones de la economía durante el periodo de estudio, decidí, por otro lado, añadir dos escalas más: "apertura comercial" e "inversión extranjera directa".³ La adecuación de las escalas de Janda me llevó, por último, a sustituir su sistema de puntuación, de siete parámetros {ibid.: 168), por uno de cinco. A continuación presento las cinco escalas que utilicé para determinar las puntuaciones de los partidos:

 

Propiedad estatal

5. Promueve la existencia de un sector público muy amplio, con todas las empresas consideradas necesarias para impulsar el desarrollo.

4. Promueve la existencia de un sector público más limitado (excluye, por ejemplo, empresas que se consideran fuera del ámbito de intervención del Estado).

3. Limita la intervención a través de empresas públicas a los sectores "estratégicos" de la economía.

2. Promueve una participación limitada de la empresa privada en algunos sectores "estratégicos".

1. Promueve una amplia participación de la empresa privada en prácticamente todos los sectores considerados como estratégicos.

 

Política fiscal

5. Promueve un sistema tributario altamente redistributivo (rechazo, parcial o total, a los impuestos indirectos, elevado número de tasas del ISR, elevado nivel de tasas máximas).

4. Promueve un sistema tributario redistributivo (uno que, por ejemplo, favorece los impuestos directos, la progresividad del ISR).

3. Promueve un sistema tributario con un alcance redistributivo limitado (uno que, por ejemplo, combina impuestos directos e indirectos, propone un número limitado de tasas del ISR).

2. Promueve un sistema tributario tendiente hacia la "neutralidad" (uno que, por ejemplo, favorece los impuestos indirectos o la tasa única del ISR).

1. Promueve un sistema tributario neutro (uno que, por ejemplo, excluye las exenciones y tasa cero en el IVA).

 

Apertura comercial

5. Promueve un sistema altamente proteccionista para permitir el desarrollo de la industria nacional (por ejemplo, permisos previos para prácticamente todas las importaciones, un nivel de aranceles muy elevado).

4. Promueve una serie de medidas para proteger a aquellos sectores que podrían verse afectados por la apertura comercial (mantiene, por ejemplo, los sistemas de permisos previos y aranceles relativamente altos en un cierto número de sectores o productos).

3. Promueve una apertura comercial limitada, con medidas para proteger a ciertos sectores particularmente vulnerables ante la apertura (por ejemplo, ciertos productos agrícolas).

2. Promueve una apertura comercial amplia, sin excluir algunas medidas para apoyar a ciertos sectores de la economía.

1. Promueve una apertura comercial prácticamente sin restricciones.

 

Inversión extranjera directa (ied)

5. Promueve una política altamente restrictiva hacia la IED (sólo admite la IED en un número muy limitado de sectores).

4. Promueve una política restrictiva hacia la IED (limitando, por ejemplo, el número de sectores y estableciendo límites al porcentaje de participación en cada sector).

3. Promueve selectivamente la IED (aquella que puede aportar beneficios a ciertos sectores de la economía, manteniendo restricciones en los demás sectores).

2. Promueve activamente la IED, con algunas restricciones.

1. Promueve activamente la IED, prácticamente sin restricciones.

 

Seguridad social

5. Promueve un sistema obligatorio de seguridad social totalmente público.

4. Promueve un sistema obligatorio de seguridad social con carácter fundamentalmente público, pero admite una participación marginal de la iniciativa privada

3. Promueve un sistema obligatorio de seguridad social con carácter fundamentalmente público, pero abierto a la participación de la iniciativa privada para la cobertura parcial de un número limitado de riesgos

2. Promueve un sistema obligatorio de seguridad social con un componente público y un componente privado significativo (por ejemplo, sistema de pensiones en manos de la iniciativa privada).

1. Promueve un sistema de seguridad social, obligatorio o voluntario, con carácter fundamentalmente privado, con una participación mínima del Estado.

Luego de atribuir las puntuaciones a partir de un análisis de contenido de las plataformas electorales de los partidos (cuadro 1), transformé, siguiendo a Janda y a Monica Charlot (1972: 212), estas puntuaciones en índices ponderados, de manera a tomar en cuenta tanto la tendencia promedio del conjunto de las puntuaciones como la de su dispersión, empleando la siguiente fórmula:

 

Así, por ejemplo, el índice correspondiente a la puntuación 5 se calcula restándole a ésta el promedio de las puntuaciones de los tres partidos en todas las escalas y en todas las elecciones (3) y dividiendo el resultado por la desviación estándar de las puntuaciones de los tres partidos en todas las escalas y en todas las elecciones (1.157), lo que arroja un resultado de +1.7. Tras calcular, de la misma forma, los índices correspondientes a las demás puntuaciones, sustituí la totalidad de las puntuaciones, mostradas en el cuadro 1, por los índices respectivos, presentados a continuación:

Fue a partir de estos índices ponderados que construí las escalas mostradas en la siguiente sección (gráficas 1 a 5) (2, 3, 4) y que calculé tanto la puntuación promedio de los partidos en todas las escalas (cuadro 2 y gráfica 6) como la distancia promedio entre los partidos (cuadro 3 y gráfica 7), mostradas en la tercera sección de este trabajo.

 

Con respecto a la atribución de puntuaciones a los partidos, cabe aclarar que en siete casos (de 80), no encontré, en las plataformas de los partidos, elementos que permitieran la atribución de una puntuación. En el cuadro 1, la puntuación aparece, en estos casos, entre paréntesis. Para no alterar los resultados del estudio, opté, cuando fue posible (cuatro casos), por mantener la puntuación de la elección inmediata anterior. En los casos en los que no había una puntuación anterior (ya atribuida) que pudiera servir de referencia, decidí tomar en cuenta la posición del partido en la plataforma (o en las plataformas) anterior(es), aun cuando éstas estuvieran fuera del periodo abarcado por el estudio. Esto sólo sucedió en el caso de la posición del PAN sobre Inversión Extranjera Directa en 1976 y 1982 y en el de la posición de ese mismo partido en el tema de la seguridad social, en 1976.

Debo aclarar que decidí tomar en cuenta, como antecedente de las posiciones del PRD, las posiciones, en 1988, de dos formaciones políticas: el Frente Democrático Nacional (FDN) y el Partido Mexicano Socialista (PMS). Este último partido y la Corriente Democrática, principal promotor del FDN, fueron, en efecto, las dos grandes fuerzas políticas que concurrieron para formar, en 1989, el PRD. Para no complicar la presentación de los datos, atribuí a estas dos organizaciones, en cada una de las escalas, una sola puntuación y la presenté, en los cuadros y en las gráficas, como la posición del PRD. Debe entenderse, sin embargo, que las puntuaciones atribuidas al PRD en la elección de 1988 no corresponden a este partido, sino al FDN y al PMS.

 

Evolución de las posiciones de los partidos

Propiedad estatal

Hasta la década de 1970, los gobiernos priístas promovieron una estrategia de sustitución de importaciones y de producción para el mercado interno (Villarreal, 1997: 32), en la que la empresa pública desempeñaba un papel fundamental (Guillén Romo, 2000: 114-116). En la plataforma electoral de 1976, el PRI sigue afirmando que la empresa estatal es el "agente dinámico del desarrollo" y promueve, por tanto, la participación estatal en un número importante de sectores —agropecuario, bienes de capital, industria básica, sectores bancario y financiero, así como el control de las industrias productoras de energéticos y la explotación directa de los recursos no renovables (1975: 46).

A partir de 1982, el PRI empieza a promover un retiro paulatino del Estado de la actividad económica. La plataforma electoral de 1982 reduce notablemente el campo de la intervención directa del Estado, limitándolo a los sectores estratégicos y a aquellas "áreas de interés social" que el sector privado no puede o no quiere cubrir (1981: 91, 93), mientras que en la de 1988, el partido propone "concluir el proceso de desincorporación de las entidades no prioritarias" y fortalecer las actividades estratégicas y prioritarias del sector público (1987: 37, 41) (ver Gráfica 1).

El viraje se acentúa a partir del año de 1994. El partido ahora insiste en que el Estado debe concentrarse "en sus funciones públicas esenciales" (mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar oportunidades para el libre desarrollo de la iniciativa privada) y limita la propiedad estatal, primero (1994) a los recursos energéticos y "áreas estratégicas que señala la Constitución" (1994: 127, 25, 30) y, posteriormente (2000, 2006) a los hidrocarburos (2000: 163; Alianza por México, 2006: 38).

Aun cuando se pronuncia por la "generalización máxima de la propiedad privada de los medios de producción", el PAN afirma, en 1976, estar a favor de la economía mixta y de la "legítima propiedad estatal", promoviendo solamente la privatización de las empresas públicas que no se justifican "de acuerdo con las finalidades del Estado y las necesidades de México" (1986: 145-147). Entre 1982 y 2006, el partido va a favorecer, al igual que el PRI, el retiro del Estado de la actividad económica, limitando su intervención directa primero (1982, 1988) a las actividades estratégicas (ibid.: 172, 183; 1988: 13) y, posteriormente (1994-2006) a la explotación de hidrocarburos en estado natural (1994: 53-54; 2006: 79).

El Frente Democrático Nacional (FDN) y el Partido Mexicano Socialista (PMS) —antecesores directos del PRD— son, en 1988, depositarios de una clara tradición estatista. El primero propone rescatar y ampliar la empresa pública y fortalecer las áreas estratégicas y prioritarias (entre ellas, el sistema bancario nacionalizado) (1988: 13-14), mientras que el segundo se pronuncia por mantener la competencia exclusiva del Estado en las áreas que consagra la Constitución y extenderla a otras, como la siderúrgica y los fertilizantes (1988: 225). En 1994, el PRD va a limitar la propiedad exclusiva del Estado a las áreas estratégicas de la economía (1994: 30), posición que no va a variar en las siguientes plataformas (Alianza por México, 2000: 54, 58; Alianza por el Bien de Todos, 2006: 39).

Política fiscal

En 1976, el PRI busca usar los impuestos "para incidir sobre el poder económico de los causantes": "a mayor poder de compra —afirma—, mayor tasa impositiva". Para ello, propone acumular todos los ingresos sin importar su fuente, así como eliminar algunas deducciones "injustificadas" (1976: 50-51). Pero, a partir de 1982, la atención del partido va a estar cada vez más enfocada en "fortalecer las finanzas del Estado" y favorecer la competitividad de las empresas, simplificando y modernizando los sistemas recaudatorios (1981: 73, 94-95), dando el aval al establecimiento de la tasa de 10% del Impuesto al Valor Agregado (1987: 38), y promoviendo la reducción y la uniformización de las tasas del Impuesto sobre la Renta (ISR) (Alianza por México, 2006: 15).

En 1976, el PAN se pronuncia por lograr "objetivos de redistribución de la riqueza" a través de "impuestos proporcionales y equitativos" (1986: 149). Esta posición se mantiene en las plataformas de 1982 y de 1988. En la primera, el partido propone utilizar los impuestos, y en particular el ISR, para "mejorar la distribución del ingreso" (ibid.: 213). En la segunda, se muestra a favor de que el Presupuesto de Ingresos "descanse primordialmente sobre el ISR, por ser equitativo y proporcional" y rechaza que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se convierta en la principal fuente tributaria (1988: 15). Sin embargo, a partir de 1994, la política fiscal panista se aleja cada vez más de estos objetivos de redistribución. En 1994, el partido critica el número excesivo de tasas, así como sus elevados niveles (1994: 43), y en 2006 se pronuncia por una política fiscal "más competitiva", que fomente la inversión, amplíe la base de contribuyentes y genere un ámbito de competencia más justo (2006: 75).

Tanto el FDN como el PMS se manifiestan, en 1988, por una política fiscal altamente redistributiva. El primero se declara a favor de aumentar la equidad y eficiencia del sistema fiscal, así como de gravar las ganancias especulativas y las transferencias de capital al extranjero (1988: 13). El PMS, por su parte, propone una reforma fiscal que haga del ISR el eje de los ingresos fiscales, cobre los impuestos "necesarios y equitativos" a las ganancias de las grandes empresas y establezca la tasa 0 a todos los productos y servicios de consumo popular (1988: 223).

En 1994 y 2000, el PRD mantiene, en lo fundamental, esta posición, aunque muestra una mayor moderación en lo que respecta a los impuestos a las empresas. En 2000, por ejemplo, el partido propone aumentar la tasa máxima del ISR a las personas físicas, pero no la de las empresas (Alianza por México, 2000: 46), a pesar de la fuerte disminución que ésta experimentó durante la primera mitad de la década de 1990 (Guillén Romo, 2000: 133). Aunque dice buscar incidir significativamente en la equidad social, gravando más a los que más tienen, en 2006 el PRD sólo propone, como medidas concretas para alcanzar ese propósito, mantener las exenciones en alimentos y medicinas (Alianza por el Bien de Todos: 46).

Apertura comercial

En 1976, el PRI se declara a favor de promover el comercio exterior. El partido afirma, sin embargo, que se trata de una tarea de largo plazo, "ya que secularmente hemos producido para el mercado interno". Si bien considera necesario mantener, e incluso incrementar, la protección a ciertas industrias (como la de elaboración de maquinaria y equipo), se propone también reducir el alto nivel de protección a las industrias ya consolidadas, sustituir gradualmente los permisos de importación por las tarifas arancelarias y aumentar los incentivos fiscales para las empresas exportadoras (1975: 61, 101-102).

Estas medidas anticipan la estrategia de apertura comercial que el partido va a promover durante las siguientes dos décadas. A partir del año 1982, el partido se propone establecer una vinculación eficiente con el exterior, promover las exportaciones no petroleras, e ir desmantelando en forma gradual el dispositivo proteccionista: en 1982, habla de "eliminar gradualmente" el "proteccionismo excesivo" (1981: 39, 81); en 1994 se pronuncia por incrementar los mercados y aprovechar las ventajas que se presentan por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (1994: 31); en 2000, promueve, por último, una "amplia y transparente liberalización comercial", así como la minimización de barreras en materia de comercio exterior (2000: 45, 50-51). El partido mantiene, sin embargo, los apoyos a la planta productiva nacional, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (1994: 57-58), e incluso algunos subsidios (como los subsidios al productor agrícola) (2000: 167,170).

La plataforma electoral de 2006 aleja un tanto al PRI del entusiasmo mostrado durante las dos décadas anteriores hacia el libre comercio. Si bien no renuncia a promover una "economía nacional competitiva", el partido muestra una mayor preocupación por hacer frente a las consecuencias negativas de la apertura comercial, proponiendo, entre otras medidas, la creación de un "fondo compensatorio" para los productores afectados por el TLCAN, la "revisión" de este último tratado en materia agropecuaria, así como la "evaluación" de la aplicación de políticas arancelarias que estimulen y favorezcan a los productores (Alianza por México, 2006: 22-25).

Las plataformas electorales del PAN de 1976 y 1982 sólo hacen breves referencias a la política de comercio exterior. La primera se limita a subrayar que, en el mundo actual, es imposible el aislamiento de las naciones e indispensable la elaboración de relaciones justas de interdependencia en todos los órdenes (1986: 155). La segunda se muestra mucho más favorable a la apertura externa: propone incrementar en cantidad y calidad la capacidad industrial con fines de exportación, modificar "radicalmente" las políticas de protección exagerada o injustificada a ramos industriales ineficientes o de necesidad secundaria, y otorgar subsidios sólo cuando sean indispensables (ibid.: 220).

A partir de 1988, el PAN empieza a aparecer como un activo promotor de la liberalización comercial: se declara, ese año, a favor de una apertura efectiva de los mercados extranjeros a los que se destina la producción exportable, de la vinculación de México con las fuerzas económicas internacionales que lo rodean y de las negociaciones en el marco del Acuerdo General de Tarifas Aduanales y Comercio (GATT) (1988: 22); en 1994, propone hacer de México un "centro mundial de exportaciones" y acelerar la apertura financiera (1994: 57-58, 55). En 2006, el partido manifiesta, sin embargo, cierta preocupación por "proteger" al mercado interno, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y brindar apoyos al campo para mejorar su productividad (2006: 60, 56-57).

En 1988, el FDN y el PMS difieren respecto de su posición frente al libre comercio. Sin mostrar una oposición de principio a la apertura comercial, el primero critica la incorporación "precipitada" al mercado norteamericano y la apertura indiscriminada de la economía, que lesionó gravemente la industria mexicana (1988: 14, 2-3), mientras que el segundo se muestra a favor de conquistar una inserción en la economía mundial acorde a la soberanía y a los intereses de la mayoría, protegiendo la planta industrial "cuando sea necesario" (1988: 222).

Es esta última posición la que adopta, en 1994, el PRD. El partido se propone, en efecto, impulsar la integración de la economía mundial sobre la base del respeto a la soberanía nacional y al desarrollo, y con una estrategia de apoyos a la base productiva que la equilibre con los respaldos oficiales que otros países otorgan a sus propias empresas. Se pronuncia, además, por renegociar el TLC para excluir los granos básicos, mantener la facultad de establecer aranceles, permisos de importación, subsidios y políticas de fomento en materia agrícola (1994: 31, 34, 38). En las plataformas electorales de 2000 y 2006, el partido mantiene, en lo fundamental, la posición de 1994, pero ya no habla de renegociar el TLC, sino tan sólo de revisar la rama agrícola del tratado (Alianza por México, 2000: 61-62; Alianza por el Bien de Todos, 2006: 40).

Inversión extranjera directa

En 1976, el PRI se manifiesta a favor de que las empresas transnacionales se sujeten a controles "cada vez más estrictos", como los que marca la Ley de 1973,⁴ así como de la "mexicanización" de las empresas estratégicas controladas por extranjeros (1975: 59-60). La posición del partido en este tema va a sufrir, a partir de 1982, modificaciones importantes: en las plataformas electorales de 1982 y de 1988, el Revolucionario Institucional empieza a promover, en forma selectiva, la inversión extranjera directa (1981: 39; 1987: 39), mientras que en 1994 y en 2000 habla, sin más, de atraer mayor inversión extranjera, generando condiciones de certidumbre (1994: 31, 52) y dando mayores garantías a la inversión (2000: 52).

El PAN no hace referencia, en sus plataformas electorales de 1976 y 1982, a la inversión extranjera directa. Sin embargo, en la plataforma electoral de 1970, el partido se pronunciaba por la "adecuada reglamentación" de las inversiones extranjeras, con el propósito de que completaran los recursos nacionales y aportaran ventajas a la economía. Criticaba, por otro lado, la compra de empresas mexicanas viables por capitales extranjeros y se declaraba a favor de un marco jurídico que canalizara las inversiones extranjeras hacia las actividades no cubiertas por la empresa mexicana y que fijara límites adecuados a la inversión extranjera en las empresas ya establecidas (1986: 135). La plataforma electoral de 1988 exhibe aún un cierto nivel de desconfianza hacia la inversión extranjera directa (1988: 20). Pero a partir de 1994, la posición del partido experimenta un giro de 180 grados: en 1994 y 2006, el partido propone abrir a la inversión extranjera las áreas estratégicas reservadas al Estado y a la inversión nacional (1994: 58; 2006: 78-79).

La posición del FDN y del PMS en materia de inversión extranjera difiere considerablemente. Mientras que el primero se pronuncia por aplicar de manera rigurosa y —en su caso— revisar la Ley de Inversiones Extranjeras (1988: 12), para el segundo la inversión extranjera directa "no es incompatible con el desarrollo nacional", aunque propone sujetarla a una reglamentación que apoye la actividad económica interna (1988: 224).

Una vez más, el PRD opta, en 1994, por la posición más liberal. Propone, en efecto, alentar la inversión extranjera en ramas que requieran de factores de los que no dispone el país, regulándola en materia agropecuaria y en "otras áreas" y buscando eliminar el control extranjero sobre los servicios de autotransporte y financieros (1994: 35, 37-38). En 2000, el partido manifiesta que la inversión extranjera no debe ser "indiscriminada" y que debe canalizarse hacia proyectos "que tengan un arrastre sobre el resto de la economía". Da a entender, sin embargo, que acepta la apertura de la banca a la inversión extranjera, siempre y cuando ésta no sea mayoritaria (Alianza por México, 2000: 67-68).

Seguridad social

Entre 1976 y 1988, el PRI promueve un sistema de seguridad social público, cuyo propósito es -como lo expresa el partido en su plataforma electoral de 1976- "proteger, del nacimiento a la muerte, a todos los mexicanos" (1975: 177). Las propuestas del partido, en este periodo, se centran en la extensión de la cobertura a la población campesina y a otros sectores de la población, con el fin de alcanzar la "cobertura universal" [ibid.: 176; 1981: 56; 1988: 20).

A partir de 1994, el partido empieza a promover una creciente participación de la iniciativa privada en el sistema, convalidando, primero, la creación (en 1992) del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) (1994: 88) y, posteriormente, la transferencia de los recursos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez a las Administradoras de Fondos de Pensiones (Afores), pertenecientes al sector privado (2000: 106). En el primer caso, se trataba de un seguro complementario, pero que permitía, por primera vez, que una parte de los recursos fueran manejados por una institución bancaria privada, y no por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el segundo, el objetivo era transformar por completo el esquema vigente, creando un sistema de pensiones totalmente privado (García Nieto y Pacheco Espejel, 2004: 35-36, 40).

La plataforma electoral del PAN de 1976 no hace referencia a la seguridad social. El partido, sin embargo, se pronunciaba en plataformas anteriores por un sistema de seguridad social de reparto, autónomo y descentralizado, fundado en los valores de la solidaridad. Pero también proponía implantar, a favor de los beneficiarios, la libre selección de médicos (1986: 105). En 1982, el PAN reafirma su apoyo al sistema de seguridad público, que considera como uno de los "logros indiscutibles del hombre en los tiempos modernos" (ibid.: 206).

El partido modifica completamente su posición a partir de 1988. En la plataforma electoral de ese año, propone que el IMSS se convierta paulatinamente en un "organismo administrador de fondos" (1988: 35). Seis años después, afina su propuesta, promoviendo un sistema con dos componentes: uno solidario, a cargo del Estado, integrado por los servicios médicos "esenciales" y prestaciones estatales dirigidas a "quienes realmente lo necesitan"; y otro "autorresponsable", integrado por seguros sociales privados y mutualidades "para cubrir la asistencia clínica no abordada por los servicios esenciales" (1994: 77-78). Al igual que en 1988, propone que el IMSS se convierta en un organismo administrador de fondos, permitiendo la contratación de servicios médicos auxiliares con el sector privado, y que los derechohabientes puedan optar por la institución o el profesional que deseen (ibid.: 79).

Como el PRI durante el periodo 1976-1988, el FDN y el PMS centran sus propuestas en materia de seguridad social en la extensión de la cobertura (FDN, 1988: 11; PMS, 1988: 218). En 1994, el PRD se pronuncia por fortalecer, expandir y transformar las instituciones públicas del bienestar social, "ya que el mercado y el sector privado, por sí solos, no pueden garantizar una oferta accesible, oportuna y suficiente". Propone, en el mismo tenor, regular los seguros y la producción privada de servicios sociales para evitar que sean motivo de "lucro excesivo" y afirma, en probable alusión al SAR, que (en su gobierno) los fondos para el bienestar social no serán desviados a la especulación financiera (1994: 50).

En el año 2000, la posición del PRD se torna un tanto ambigua. El partido se manifiesta, por un lado, a favor de recuperar el carácter público, solidario y redistributivo de la seguridad social pero, al mismo tiempo, habla de regular y reglamentar la administración privada de los fondos de los trabajadores (Alianza por México, 2000: 77). En la última plataforma electoral (2006), el partido se pronuncia por reformar los sistemas de pensiones para dar lugar a un sistema mixto, con un 50 por ciento de los fondos administrados por las Afores y un 50 por ciento manejado por el Estado (Alianza por el Bien de Todos: 28).

 

Tendencias en los cambios ideológico-programáticos de los partidos

La descripción de los cambios en las posiciones ideológico-programáticas realizada en el apartado anterior pone en evidencia dos tendencias generales: una bastante evidente —el desplazamiento hacia la derecha del conjunto de los partidos— y otra menos obvia —la reducción de la distancia ideológica que separa a los partidos.

Dirección de los cambios ideológico-programáticos

Las gráficas 1 a 5 de la sección anterior, que presentan la evolución de las posiciones de los partidos en cada una de las cinco escalas izquierda-derecha, muestran con bastante claridad un desplazamiento entre 1976 y 2006 (en los casos del PRI y del PAN), entre 1988 y 2006 (en el caso del PRD), de los tres partidos de posiciones de izquierda (o de centro) a posiciones de derecha (o de centro, en el caso del PRD).

La evolución de la puntuación promedio de los partidos en todas las escalas (cuadro 2 y gráfica 6) permite apreciar, con mayor claridad aún, la dirección de estos cambios. Asumiendo que las puntuaciones entre 0 y 0.8 corresponden al centro-izquierda, aquellas entre 0.8 y 1.7 a la izquierda, aquellas entre 0 y -0.8 al centro-derecha y aquellas entre -0.8 y -1.7 a la derecha, el PRI pasa, entre 1976 y 2006, de una puntuación promedio de 1.52, que lo ubica claramente a la izquierda, a una de -0.64 (centro-derecha); el PAN pasa, también entre 1976 y 2006, de una puntuación promedio de 0.48 (centro-izquierda) a una de -1.16 (derecha); el PRD, por último, pasa, entre 1988 y 2006, de una puntuación de 1.34 (izquierda) a una de 0 (centro).

Variación de la distancia ideológica entre los partidos

La otra gran tendencia que se desprende de este estudio —la reducción de la distancia ideológica que separa a los partidos— es, a primera vista, menos evidente. Esto se debe, en parte, a que no nos encontramos en el punto de partida (1976) ante partidos con posiciones claramente diferenciadas, como ocurre en los estudios que se ocupan de los sistemas de partidos de las democracias altamente desarrolladas en el periodo que va de la posguerra (o incluso antes) a la década de 1970 (Thomas, 1980; Caul y Gray, 2002). Pero la principal razón parece radicar en el hecho de que los partidos se desplazan todos, como se vio en el apartado anterior, en la misma dirección, dando la apariencia de que siguen trayectorias paralelas, sin acercarse unos a otros (véase gráfica 6).

Sin embargo, el cuadro y la gráfica que presentan la distancia promedio entre los partidos ponen de manifiesto que la distancia entre todos los pares de partidos (PRI-PAN, PRI-PRD y PAN-PRD) se reduce de manera significativa entre 1976 y 2006 (en el caso de PRI-PAN) y entre 1988 y 2006 (en el caso de los pares PRI-PRD y PAN-PRD). La distancia promedio entre el PRI y el PAN pasa, así, de 1 en 1976 a 0.52 en 2006; aquella entre el PRI y el PRD de 1 en 1988 a 0.64 en 2006; y aquella entre el PAN y el PRD de 1.84 en 1988 a 1.16 en 2006. Si se excluye, para estos dos últimos pares, la elección de 1988 (en la que el PRD aún no existe formalmente), aún es posible observar una reducción de la distancia que separa al PAN del PRD (que en 1994 es de 1.32). No sucede, en cambio, lo mismo con la distancia entre el PRI y el PRD, la cual se mantiene constante entre 1994 y 2006.

 

Conclusión

El análisis comparado de las posiciones de los tres principales partidos políticos mexicanos en cinco temas "tradicionales", durante el periodo 19762006, no permite validar la percepción que comúnmente se tiene de la distancia que separa a estos partidos y que ubica al Partido de la Revolución Democrática mucho más a la izquierda que sus contrapartes. Este último es, sin duda, el partido que se encuentra, en términos relativos, más a la izquierda del eje izquierda-derecha. También es cierto que el PRI y el PAN pueden ser ubicados, en este mismo eje, en el centro-derecha y la derecha, respectivamente. Pero los datos aportados en este estudio no permiten confirmar la imagen de un PRD situado "en los antípodas" de los otros dos partidos: en 2006, el partido parece ubicarse, en efecto, más en el centro que en la izquierda y la distancia que lo separa del PRI (0.64) no es mucho mayor a la que separa al PRI del PAN (0.52).

Este trabajo muestra, por otro lado, que la distancia ideológica que separa a los principales partidos políticos mexicanos se ha reducido en el transcurso de las últimas tres décadas. Esta reducción se ha visto limitada por el desplazamiento de todos los partidos en una misma dirección. Si el corrimiento significativo del PRD a la derecha no lo ha llevado a acercarse aún más a los otros dos partidos, esto se debe, en efecto, a que estos últimos se han corrido, al mismo tiempo, más a la derecha. Con todo, la convergencia (entendida como la reducción de la distancia ideológica) parece ser una tendencia bien anclada en el sistema de partidos mexicano. Lo acontecido entre 1976 y 1982, cuando la distancia entre el PRI y el PAN se incrementa ligeramente, o entre 1994 y 2000, cuando crece aquella entre el PRI y el PRD, nos recuerda —sin embargo— que la convergencia bien puede ceder el lugar a la divergencia.

Cabe precisar, por último, que la convergencia en torno a los cinco temas estudiados (de naturaleza fundamentalmente económica) no excluye la posibilidad de divergencia en otros temas. Sin embargo, de la revisión hecha de las plataformas electorales en el periodo que abarca este estudio sólo se desprenden dos temas en los que los partidos muestran claras diferencias: la diversidad sexual y el aborto. En otros temas no contemplados en este trabajo (federalismo, medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos, pueblos indígenas, por mencionar sólo algunos ejemplos), las diferencias parecen ser menos significativas.

 

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Notas

¹ Para una revisión de la literatura sobre estas teorías, véase Manfred Schmidt (1996) y Miki Caul y Mark Gray (2002).

² Manuel Alcántara advierte, en América Latina, "cierta convergencia programática" que ha hecho cambiar las esencias originarias de muchos partidos, llevándolos hacia patrones "neoliberales" (2004: 128-129), pero no aclara a qué partidos se aplica esta observación.

³ Tres de las cinco escalas que finalmente retuve (propiedad estatal, política fiscal, seguridad social) corresponden a lo que autores como John Clayton Thomas han denominado temas "tradicionales" (Thomas, 1980: 349), mientras que dos de ellas (apertura comercial, inversión extranjera directa) podrían ser calificadas de nuevos temas económicos. Cabe precisar que seleccioné estos temas no solamente por la posibilidad que ofrecen de ser operacionalizados a través de escalas izquierda-derecha, sino también porque son, sin duda, los más recurrentes en las plataformas electorales de los partidos a lo largo del periodo.

⁴ La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera señala una serie de actividades reservadas de manera exclusiva al Estado, otra a los mexicanos y a las sociedades mexicanas y otra en la que la inversión extranjera puede participar, sin superar una proporción del 40 por ciento (Guillén Romo, 2000: 124-125).