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Estudios políticos (México)

versión impresa ISSN 0185-1616

Estud. polít. (Méx.)  no.22 México ene./abr. 2011

 

Sistema político mexicano

 

Rostros de la crisis: Estado, política y propiedad social en México

 

Ma. de los Angeles Sánchez–Noriega*

 

* Doctora en Ciencia Política por la UNAM. Profesora definitiva de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

 

Resumen

En el presente artículo, la autora presenta un análisis sobre la dinámica de la contradicción estructural del capitalismo: la apropiación y monopolización de los medios de producción y la necesidad de expansión de la producción global de mercancías, que establece un estado de crisis permanente, el cual se agudiza periódicamente expresándose en distintos sectores de la economía internacional. Ante esas crisis, el gobierno mexicano ha respondido abriendo espacios para la participación de la inversión privada y limitando sus políticas sociales.

Palabras clave: Estado, crisis, modelo de desarrollo, propiedad social, Artículo 27 Constitucional, reformas.

 

Abstract

In the present article, the author presents an analysis about the dynamics of structural contradiction of capitalism: the appropriation and monopolization of the means of production and the need to expand global production of goods, wich establishing a state of permanent crisis, that is compounded periodically expressed in various sectors of the international economy. To such crises, the Mexican goverment has responded by opening up spaces for the participation of private investment and constraining its social policies.

Keywords: State, crisis, development model, social property, Article 27 of Mexican Constitution, reforms.

 

Crisis y panorama global

Fue allá, en el lejano año de 1965 cuando comencé a oír, a conocer, a incorporar la palabra crisis a mi vocabulario; su etimología es antigua, ya que proviene del verbo krinein, que en griego significa separar o decidir; por eso la palabra crítica, que proviene del mismo verbo, supone una separación, un análisis, un juicio y luego una decisión, un actuar para o hacia un fin.

De ahí que las crisis se entiendan como un proceso que conlleva un cambio, una transformación; entonces se afirma que toda crisis implica una oportunidad, en tanto que se pierden formas de comprender, de producir, de relacionarse socialmente y esas pérdidas dan pie a la creación, a nuevas formas de ser y pensar, sin embargo, parece ser que no todas las crisis implican, necesariamente, la superación de las separaciones, de los conflictos, ni tampoco la decisión de idear la solución más adecuada para resolverla, porque para ello se requiere de la comprensión integral, completa y compleja de la situación por la que se atraviesa y de la voluntad, esa facultad psíquica que tiene un individuo para elegir entre realizar o no determinado acto, la cual se encuentra fincada en valores éticos y morales.

La primera alusión a una crisis de la cual tuve conocimiento fue la de producción de granos básicos en México, en particular de maíz y fríjol, crisis que se expresó aproximadamente en la segunda década de los años sesenta del siglo pasado y que se produjo como resultado del agotamiento de un modelo de desarrollo llamado de "industrialización", el cual se fincó en el sector agrícola como motor para el desarrollo industrial, su misión fue la de aportar fuerza de trabajo abundante y barata, productos alimenticios suficientes y a bajo precio, materias primas para la industria y divisas a través del comercio exterior.

Los productores agrícolas que producían los alimentos básicos a bajos precios, las materias primas suficientes y baratas para la industria, los que vendían a bajo costo y temporalmente su fuerza de trabajo, eran campesinos minifundistas: ejidatarios, comuneros y verdaderos pequeños propietarios, una especie social actualmente en extinción. Este grupo tiene un tipo de organización que constituye una unidad de producción–consumo; razón por la que nunca produce suficientes excedentes para el mercado, no genera ganancia, ni produce capital y los únicos bienes mercantiles que posee son la tierra y su fuerza de trabajo.

Como el capitalismo necesitaba controlar la tierra y la fuerza de trabajo para expandirse y los campesinos, como siempre, vender sus productos y su trabajo para sobrevivir, se produjo un "ensamble de intereses" que funcionó, no sin contradicciones, durante un tiempo.

Pero al paso de tres décadas, de 1940 a 1960 y debido a la sobre–explotación de la que los campesinos fueron objeto, tanto en el mercado de trabajo, en el de materias primas, en particular de alimentos básicos y en el de dinero, mediante la utilización del crédito, su trabajo en la tierra se volvió cada vez más improductivo, ya que ésta, además, se había empobrecido debido a producción intensiva de que fue objeto por la falta de rotación de cultivos y la disminución de la superficie cosechada, así como por el uso excesivo de "paquetes agrícolas" semillas, fertilizantes y pesticidas, que los campesinos estaban obligados a adquirir a cambio de ser sujetos de crédito.

De esta manera, los productores minifundistas, de los cuales una porción importante era indígena, tuvieron que reducir al mínimo su producción y, por lo tanto, su consumo de alimentos y pasar a engrosar las filas de los vendedores de fuerza de trabajo, es decir, del proletariado.

Recordé esta situación porque entonces se explicaba que en la disminución de la producción campesina confluían tres factores de índole internacional, el primero de ellos radicaba en las imperfecciones del mercado mundial de granos y semillas, ya que estaba monopolizado por cinco o seis firmas norteamericanas; también que los costos de producción habían aumentado en proporción directa al aumento de los precios del petróleo y, por último, que la producción mundial de granos y semillas era deficitaria, lo cual provocaba que sus precios aumentaran; ante esta situación, que para 1980 era sumamente grave, el gobierno de José López Portillo diseñó una estrategia que se llamó Sistema Alimentario Mexicano, que consistió en aumentar los precios de garantía y en inyectar créditos frescos a los productores minifundistas además de promulgar la Ley de Fomento Agropecuario, con objeto de que retuvieran más excedentes de maíz para su consumo y evitar, de esta forma, que continuara su proceso de empobrecimiento.

Un estudio realizado sobre los resultados de esta estrategia arrojó que los campesinos lograron retener una cantidad de maíz equivalente a 77 centavos para cada miembro de una familia promedio integrada por cinco personas.1

Sin embargo, quizás el único mérito del Sistema Alimentario Mexicano radicó en que consideraba que la autosuficiencia en la producción de alimentos era la condición esencial para mantener la soberanía nacional, ya que un país que depende del mercado mundial para alimentar a su población, no puede tomar decisiones basadas en el interés nacional.

Al referirme a la soberanía nacional, me parece que aludo a un concepto en desuso, a un término añejo, que ha perdido su contenido original y el que tiene, se vuelve cada vez más difuso.

En fin, volvamos a la agricultura para tener presente que el cultivo de alimentos requiere de tierra, agua, aire y sol, fuerza de trabajo, maquinaria, productos químicos, vías de comunicación y que, a excepción del aire y la energía solar, todos ellos son mercancías, es decir, bienes que se compran y se venden.

Durante los últimos años de la década de los ochenta del siglo pasado, la mayor parte de los campesinos ya sólo contaba con extensiones de tierra muy pequeñas y su fuerza de trabajo para cultivarla; por otra parte, el Estado mexicano consideraba que con el reparto agrario hasta entonces realizado, a pesar de todas sus deficiencias, había ya saldado la deuda de justicia social que adquirió al término de la Revolución; además, el mercado exigía la incorporación de todas las tierras aptas para el cultivo a la lógica del mercado, a la producción capitalista.

Como expresión de la soberanía nacional, el Artículo 27 Constitucional, consigna que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada; sin embargo, en las fracciones reglamentarias del mismo artículo se erigía otro régimen de propiedad distinto: el social, que impedía la apropiación privada de las tierras y aguas de ejidos y comunidades, reconociéndoles a los miembros de esos núcleos de población el derecho de posesión y de transmisión, el objetivo de ese régimen de propiedad era que las tierras se cultivaran conforme al interés colectivo, es decir, público.

La formulación del concepto de propiedad social fue una creación extraordinaria, un acto de la inteligencia y la voluntad, que resultó de la crisis social, económica y política que desembocó en el movimiento armado de 1910, pero cuyas raíces se encuentran ya en la Constitución de 1857 y, como dije anteriormente, hizo posible un tipo de desarrollo capitalista.

A pesar de que la Constitución había tenido más de cuatrocientas modificaciones,2 el régimen de propiedad social había gozado de un sistema jurídico proteccionista que obligaba al Estado y a los particulares a utilizar la tierra y los recursos naturales para beneficio social.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari al diseñar la política de "ajuste estructural" que obedeció a la necesidad de consolidar el modelo capitalista neoliberal privilegiando la inversión privada y contrayendo al mínimo la inversión pública, abandonó uno de los principios básicos en los que se fundamenta el propio liberalismo y la función principal que esta filosofía le atribuye al Estado: la búsqueda del bien común.

Para sustentar la afirmación anterior, recupero los párrafos que se eliminaron de algunas fracciones del Artículo 27 Constitucional con las reformas de 1992:3

Del párrafo tercero se eliminó

…para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables;" de la Fracción II, referente a que las asociaciones religiosas, cualquiera que fuera su credo no podían tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, se eliminó toda la fracción y se sustituyó por: "Las asociaciones religiosas que se constituyan en términos del artículo 130 y su ley reglamentaria, tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto…

En la Fracción IV se incluyó que todas las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos en la extensión necesaria para el cumplimiento de su objeto; la porción de tierras  que estas sociedades de inversionistas pueden adquirir está estipulada en la Fracción XV y son hasta 2,500 hectáreas de riego, 3,750 hectáreas de algodón, 7,500 hectáreas de cultivos frutales, 20,000 hectáreas para bosques y 25,000 hectáreas de agostadero en tierras áridas en el norte.

De la Fracción VI se excluyeron los párrafos que se referían a que ninguna corporación civil distinta de las comunidades o centros de población agrícola podía tener en propiedad o administrar bienes raíces o capital impuestos sobre ellos, a excepción de los edificios destinados directa e inmediatamente al objeto de su institución; de la Fracción VII se eliminó:

Los núcleos de población que de hecho o derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad de disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o se les hayan restituido o restituyeren.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límite de terrenos comunales… se hallen pendientes o se susciten en dos o más núcleos de población. El Ejecutivo Federal se avocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas,

para sustituirse por la Ley; reconoce el derecho de los ejidatarios y comuneros para asociarse entre ellos o con terceras personas.

De esta manera, el Estado mexicano se deshizo jurídicamente de la función social que el mismo tipo de propiedad le exigía y cedió el control de las tierras, de la fuerza de trabajo, así como del proceso productivo agrícola, que incluye qué, cómo, cuánto y para quién producir, a los inversionistas privados.

El papel atribuido al Estado–Nación como expresión de la soberanía del pueblo se ha ido menoscabando, al diluido concepto de soberanía, hubo que sumar el empobrecimiento de la meta de lograr el bien social.

Actualmente una nueva crisis económica atrapa al mundo, crisis que se inició en Estados Unidos de Norteamérica en el año de 2008 y cuyas características han sido analizadas en multitud de artículos y libros, por ello sólo me concreto a puntualizar que la crisis se gestó en gran parte por el endeudamiento excesivo de los particulares norteamericanos a través del uso de créditos hipotecarios, lo que redundó en una crisis financiera a nivel mundial, cuyos efectos en México no previeron ni el Secretario de Hacienda ni el Gobernador del Banco de México, quienes consideraban que por someterse a las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, como el control de la inflación, el aumento de salarios por debajo de la misma, un sistema fiscal generoso con respecto a la inversión privada, un tipo de cambio que atrajera la inversión extranjera, etcétera, garantizaban la existencia de una economía robusta y capaz de mantenerse a flote.

Sin embargo, la economía mexicana no era tan sólida como los burócratas de alto nivel creyeron, ya que de abril de 2008 a septiembre de 2009 uno de cada dos dólares depositados en bonos salió del país; los inversionistas extranjeros retiraron 14,650 millones de dólares en bonos del gobierno, lo cual se ha explicado como una de las causas de la devaluación del peso frente al dólar; de esta forma queda claro que la crisis no sólo vino de fuera, sino que se "acopló" con la que se gestaba internamente.

Ante este panorama el gobierno mexicano elabora un discurso y asume determinadas acciones en las que percibo distintas lógicas, a distintos niveles.

En un primer nivel referente al entorno o ambiente, se aprecian las restricciones externas.

Al respecto, el presidente Calderón, en diferentes discursos, ha sostenido que esta crisis vino del exterior, de una economía global, donde los impactos son también globales, y, sobre todo, que afecta particularmente a la economía mexicana porque está "cerca del epicentro del problema";4 en otras palabras, la misma opinión que tenía Porfirio Díaz, cuando afirmaba: "Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", en este nivel, que es el del contexto geopolítico, el gobierno reconoce que nuestro país es de los más afectados, pero que está inerme frente a lo que le sucede al país hegemónico.

En un segundo plano, el gobierno de México elabora una respuesta que consiste en aumentar la deuda externa, solicitando al FMI, en abril de 2009, un préstamo por 47 mil millones de dólares, en la modalidad de Crédito Flexible, convirtiéndose en el primer país del mundo en recibir este tipo de crédito; esta cantidad sumó a los 30 mil millones de dólares que puso a disposición del país la Reserva Federal de Estados Unidos.

En un tercer nivel se ubican las estrategias a seguir a nivel interno, basadas en el reconocimiento de los medios que el gobierno tiene para responder a la crisis. Una de las primeras medidas que tomó fue emitir bonos de deuda en los mercados internacionales de capital por mil millones de dólares con vencimiento en el año de 2019 y 750 mil millones con vencimiento en el año de 2040, además el 1° de septiembre el Presidente Calderón propuso el decálogo de las políticas públicas a llevar a cabo en los tres años que restan a su mandato.

El primer lugar lo ocupa la decisión de destinar toda la fuerza y los recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza, a través de un presupuesto blindado para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno; el segundo lo ocupa el objetivo de alcanzar la cobertura universal en salud, lo cual ya estaba propuesto como objetivo para el año 2030 en el Plan Nacional de Salud. Llama especialmente la atención el punto número cuatro, que consiste en emprender una reforma profunda a las finanzas públicas, donde el gobierno será el primero en poner ejemplo en la racionalidad del gasto; además de lograr reformas para reducir la evasión fiscal y tener una mayor recaudación aumentando la base gravable; para la racionalización del gasto público. En quinto lugar argumenta que para lograr una economía más competitiva, es necesario emprender más reformas al sector energético, en particular una segunda generación de reformas en materia petrolera; el noveno lugar lo ocupa profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y el décimo emprender una reforma política de fondo que incluya la electoral. Días después propuso cerrar la Secretaría de Turismo, cuyas funciones serán transferidas a la Secretaría de Economía, la de la Función Pública, encargada de fomentar la transparencia y frenar la corrupción, cuyas funciones pasarán a la Contraloría General de la Federación y a depender directamente de la Presidencia de la República y, por último, la Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas funciones se distribuirán entre la Secretaría de Desarrollo Social y la de Agricultura; así como fusionar a la Lotería Nacional con Pronósticos para la Asistencia Pública, con estas medidas el mandatario asegura que se ahorrará más de 80 mil millones de pesos; también se ha propuesto establecer el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas.

Parece ser que la resolución de la crisis por la que atraviesa México, desde el punto de vista del Ejecutivo Federal deberá de pasar nuevamente por la revisión del Artículo 27 Constitucional o sus reglamentaciones, para lograr una efectiva reforma petrolera, supongo que en términos más favorables para los inversionistas extranjeros, exactamente con la misma lógica que se reformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

De ahí que no sea extraño que el gobierno de Felipe Calderón haya anunciado el cierre de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas funciones ya no se justifican una vez que el reparto agrario ha sido cancelado y las posibilidades para constituir nuevos centros de población ejidal y comunal haya sido desbaratada legalmente; sin embargo, la propiedad social no desapareció con esta reforma, pues existen núcleos de población agraria plenamente constituidos que continúan trabajando en la tierra, vendiendo sus productos y su fuerza de trabajo en el país o el extranjero y es en esos lugares en donde la Secretaría de la Reforma Agraria y otras instituciones públicas siguen teniendo funciones y actividades específicas, de ahí que, de desaparecerla, se tuviera también que desmantelar al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria, al Tribunal Superior Agrario y al fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Veamos con más cuidado la situación de esta Secretaría. Ejercía un presupuesto de 4 mil 190 millones de pesos, de éstos mil 336.9 millones se destinaban para el pago del salario de 3 mil 546 trabajadores, 2 mil 374 de base; distribuía mil 500 millones de pesos para programas de apoyo al sector rural, como el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrícolas, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el Joven Emprendedor Rural.5

Sin embargo, la desestructuración de esa dependencia supondría el abandono de los programas de apoyo mencionados y, al perderlos, los productores rurales quedarían más inermes frente a las fuerzas del mercado, convirtiendo sus tierras en presa fácil para los empresarios y funcionarios que tienen importantes intereses económicos en ese sector, hacer una exposición de algunos de ellos es otro tema, no obstante, aparece de nueva cuenta el embate contra el Artículo 27 Constitucional, especialmente respecto a su fracción primera, que se refiere al derecho de la Nación de regular para beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales con objeto de lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.

Una propuesta clara y directa para modificar la Fracción I del Artículo 27 Constitucional la hizo en marzo de 2009 el Senador del Partido Revolucionario Institucional Mario López Valdéz; ésta consiste en permitir que las personas físicas extranjeras puedan adquirir propiedades en las playas mexicanas, para uso único y exclusivo de casas habitación y sin fines comerciales, sin depender ya de un fideicomiso, como hasta la fecha la Ley exige.

El autor de la iniciativa afirmó que tal medida se establecería sin menoscabo alguno de la soberanía y seguridad nacionales,6 y consideró que las ventajas contenidas en la propuesta radican en la creación de empleos y en combatir la pobreza en las zonas con atractivos turísticos.

Es difícil conocer con exactitud la cantidad de empleos que la inversión extranjera directa ha creado, lo que puede comprobarse es que el 99 por ciento del litoral de Baja California Sur está en manos de inmobiliarias extranjeras, al igual que la denominada Riviera Maya.

En interesante hacer notar que el gasto público destinado al turismo pasará de 4 mil 200 a 3 mil millones de pesos, lo que significa un recorte de 28 por ciento y lo más probable es que este recorte afecte a proyectos como el del nuevo Centro Integralmente Planeado Costa–Pacífico, que contaría con una inversión pública de 4 mil millones de pesos y 6 mil millones de dólares en inversión privada; también está en riesgo el desarrollo turístico de Huatulco que supondría una inversión pública de 108 millones de dólares. Si la inversión pública planeada no se lleva a cabo, es de preverse que será la iniciativa privada la que realice la inversión total, o en última instancia que esos proyectos de desarrollo turístico no se lleven a cabo, abandonando con ello uno de los sectores que aporta más divisas al país.

Volviendo a las dependencias que se incorporarán a otras, es por lo menos extraña la propuesta de que la Secretaría de la Función Pública pase a formar parte de la Contraloría General de la Federación y a depender directamente de la Presidencia de la República, ya que su misión es frenar la corrupción, estimular la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y promover la transparencia, parece que no se ha considerado importante que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en prácticas de soborno tanto de políticos como de funcionarios públicos para "acelerar" los procesos de toma de decisiones, así como en el uso de relaciones personales o familiares para obtener contratos,7 además de que ha firmado y ratificado tres importantes convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

Las crisis son justo el momento en el que más se necesita transparentar el uso de los recursos y evitar prácticas de corrupción; sin embargo, es precisamente en ese momento cuando el Presidente propuso desmantelar la dependencia encargada de hacerlo.

La lucha contra el narcotráfico, que hasta hace poco el gobierno consideraba prioritaria y que fue la estrategia elegida por Calderón para construir la legitimidad de su mandato, pues —sostenía— era el origen de la inseguridad tanto en el orden nacional como internacional, no sólo no ha dado los resultados esperados, sino que ha exhibido el vacío jurídico en el que operan las fuerzas armadas, pues ante la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se han presentado mil 143 casos de denuncias por violación de los derechos humanos contra elementos de las fuerzas castrenses durante 2008 y 365 casos hasta el 7 de marzo del presente año,8 situación que condujo al Secretario de la Defensa a solicitar al Congreso —en el mes de febrero— actualizar el marco legal y al Presidente a enviar —en el mes de abril— una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, la cual está en un impasse, hasta el día de hoy, en el mes de marzo de 2010.

Así pues, los soldados seguirán en las calles y su forma de operar continuará siendo una amenaza para la sociedad, su presencia seguirá causando miedo, con la diferencia de que la observación de sus actividades no será prioritaria ni para el gobierno ni para la sociedad, las evaluaciones de su quehacer, los juicios sociales y las denuncias que sus actividades produzcan, serán conocidos y valorados en el noveno lugar, si es que la dinámica de la crisis lo permite; el ojo del huracán ha sido desplazado.

Asunto sumamente importante y que ha sido poco explicado, es ¿a qué sector de pobres y bajo qué modalidad se encausarán los recursos que el Estado ahorre? Recordemos que en 2008 los resultados de la Encuesta Nacional sobre Ingresos–Gastos (ENIG), arrojaban que en el país había 19.5 millones de pobres alimentarios, es decir, quienes no tenían ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos; de ellos, 7.2 millones habitaban en zonas urbanas (localidades de 15,000 o más habitantes), mientras que 12.2 millones residían en el área rural; asimismo, se especificaba que 50.6 millones de personas eran pobres de patrimonio, es decir, no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y de transporte público, aun si dedicaran la totalidad de sus recursos económicos a ese propósito. Entre el año de 2006 y el de 2008, aumentó la incidencia de personas en condiciones de pobreza alimentaria, al pasar de 14.4 a 19.5 millones de personas y también la de personas en condiciones de pobreza de patrimonio al pasar de 44.7 a 50.6 millones de personas;9 estos datos confirman que, como dije en páginas anteriores, la crisis no sólo llegó de afuera.

Ante este grave panorama se esperaría una estrategia elaborada con una metodología rigurosa que estableciera a qué personas, cuándo y cómo se distribuirán los recursos emanados del gobierno federal, lo que hasta el momento en el que escribo no existe o lo desconozco.

Por otra parte, para julio de 2009 la tasa de desempleo ascendía a 6.88 por ciento en las áreas urbanas del país, casi 3 puntos porcentuales por arriba de la del mes de mayo de 2008; si a esta cantidad se suma los 7 mil 651 trabajadores de las dependencias que se planea cerrar, cuyas plazas, tanto de confianza como de base y honorarios están en riesgo, la política con la que el Presidente Calderón planea contrarrestar y frenar el avance de la pobreza resulta bastante confusa.

Por último, el 2 por ciento de IVA en alimentos y medicinas, que significa gravar el consumo de toda la población, aunque con el rechazo de prácticamente todos los sectores del país, hasta por el premio Nobel de Economía 2003, Robert Engle, ya se aplica.

 

La pobreza política y el aborto de la propiedad social

Se puede apreciar que la crisis económica internacional es muy grave y también que la economía mexicana no es, de ninguna manera, una economía fuerte; a esta situación hay que incorporar una crisis política que se desató en el año de 2006 por las características del proceso electoral que llevó a la presidencia a Felipe Calderón y que lo obligó a hacer un conjunto de concesiones a los representantes de los grandes monopolios extranjeros que apoyaron su ascenso al gobierno, así como la incapacidad para proponer políticas sociales que se tradujeran en la apertura de fuentes de trabajo y en aumentos de la productividad, no fueron más que discursos ideológicos, elaborados para mantener la esperanza y mantener el descontento social a niveles manejables.

El análisis de las políticas reactivas que impulsa el gobierno mexicano actual pone de manifiesto que los argumentos esenciales que sustentan las funciones del Estado, que son garantizar que el mercado funcione de acuerdo con sus propias leyes, para lo cual debe crear los mecanismos que permitan el libre fluir de la oferta y la demanda de mercancías y crear y mantener las condiciones que aseguren el respeto y ejercicio de todos los derechos individuales para lograr el bien común, no sólo no se han cumplido sino que están en franca contradicción con las necesidades de la expansión del capital, que requiere el control absoluto de las tierras más productivas en todo el planeta, ya sea para destinarlas a la producción agrícola, ya para la industria turística, ya para la explotación del subsuelo, no sólo de petróleo, aunque en este momento sea una de las mercancías por las que hay más competencia.

Las concepciones que actualmente seguimos manejando sobre el Estado derivan, en lo esencial, de las elaboraciones teóricas formuladas por filósofos de la Ilustración, basadas en la filosofía griega, específicamente de los actualmente conocidos como teóricos del liberalismo: Hobbes, Locke, Rousseau, Condorcet, cuyas propuestas respecto a la génesis del Estado, radican en la imposibilidad de los seres humanos para convivir en un estado de armonía natural, obligándolos a establecer un contrato en el que libremente aceptaron subordinarse a un poder que creara las leyes y garantizara su aplicación; proponían, en primer término, que esas leyes debían salvaguardar los derechos naturales, que si bien no son derechos creados por las leyes, porque emanan de la misma naturaleza humana, sí debían ser reconocidos y protegidos por ellas; además, el Estado debía limitarse a ser el garante de la aplicación de esas leyes, creando las instituciones de gobierno necesarias para lograr su fin superior: el bien común.

Para estos filósofos, el Estado es el mediador que debe conciliar intereses que puedan aparecer en una primera mirada como opuestos, pero donde una exploración más cuidadosa tendrá que poner de manifiesto la coincidencia de intereses fundamentales entre los individuos particulares.

Esta idea original fue expandiéndose hasta llegar al reconocimiento de que el Estado debía intervenir de manera directa en la dinámica de la vida social para reconocer y proteger los derechos humanos y, de esta forma, incidir en el desarrollo económico, social y cultural de la población.

Con el paso del tiempo se consideró que la vía electoral era la forma idónea en que los individuos debían participar en la elección de aquellos ciudadanos que los representaran en la conformación de las instituciones de gobierno, de manera específica para la construcción de regímenes democráticos.

 

La contradicción originaria

En contraposición con los análisis que sitúan lo económico como el aspecto determinante de la reproducción social y reconocen a lo político como ámbito exclusivo del Estado, existen otras perspectivas teóricas, integrales y totalizadoras10 que afirman la unidad de lo económico y lo político en todas las sociedades capitalistas, ya que estas actividades no constituyen dos ámbitos separados de las actividades humanas y que aunque la globalización es el proceso de desarrollo económico internacional actual,11 no lo es de cualquier tipo de relaciones sociales, sino específicamente de las relaciones de producción capitalista, las cuales contienen en sí mismas una relación política.

La gran virtud de toda la filosofía liberal ha sido tender un velo sobre la unidad entre lo económico y lo político, unidad que se expresa sólo en el sistema capitalista, en donde la distribución del poder parte de la división entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo social, generando el antagonismo que se expresa en todos los niveles de la organización sociopolítica, antagonismo que se enuncia claramente, en este momento, entre la propiedad individual y la social.

Por otra parte, un análisis cuidadoso de estas dos premisas pone de manifiesto que:

la idea de individualismo se nutre con los valores que niegan al concepto de sociedad la condición de sujeto fundamental, al mismo tiempo que, de forma paradójica, ésta es considerada el ideal político; así, el bien, siendo individual, particular, al sumarse ofrece como resultado el bien social,

como afirma Louis Doumont en su libro Homo aequalis.12

Las necesidades del mercado capitalista están exigiendo la desaparición de la propiedad social y su incorporación a la propiedad privada, por lo que es indispensable eliminar los ordenamientos jurídicos que la legitiman y el discurso político que la sustenta, lo cual el gobierno mexicano actual está cumpliendo con precisión.

En México, ahora, se reconoce que la sociedad está dividida, están los pobres y los otros, los pobres a los que el resto tiene ayudar a no ser más pobres, vía dos por ciento de IVA, la solidaridad social, en una sociedad dividida, heterogénea e individualista sólo puede concebirse como caridad, caridad obligada que contribuirá a aumentar la pobreza, disminuyendo los niveles de consumo de la población en general.

¿Dónde están los proyectos productivos que el gobierno debería haber promovido? ¿Dónde las nuevas fuentes de trabajo? ¿Dónde las medidas contundentes para evitar la corrupción de los funcionarios públicos? ¿Dónde, en fin, una verdadera política pública?

El abandono de la política como esencia del ser humano, como ejercicio de reflexión y articulación de propuestas, como búsqueda del bien común, de lo que necesitamos para vivir como personas y de la actividad de gobernar, es decir, de administrar, de presidir, de legislar, mandar, conducir, hacia una meta social en la que se conciba a la sociedad como sujeto fundamental es, todavía, una eutopía, en la acepción original del término: como salida decorosa para el Estado inhumano.

 

Notas

1 Ma. de los Ángeles Sánchez–Noriega Armengol, El Sistema Alimentario Mexicano: política para refuncionalizar a la economía campesina, Tesis para optar al grado de Licenciada en Ciencia Política, México, FCPyS, UNAM, 1982, 123 pp., p. 111.         [ Links ]

2 Samuel Ruiz del Villar, Agravios nacionales en la hacienda pública mexicana, 19822005, México, Océano, 2006, p. 161.         [ Links ]

3 Un cuadro comparativo muy preciso de cada uno de los párrafos del Artículo 27 Constitucional reformado, puede consultarse en: Omar Rodrigo Escamilla Haro, Consecuencias políticas y sociales de la reforma al Artículo 27 Constitucional en 1992, Tesis para obtener el grado de Licenciado en Ciencia Política, México, FCPyS, UNAM, 2009, 188 pp., pp. 148–157.         [ Links ]

4 Cfr. Discurso del Presidente Calderón, El Siglo de Torreón, 17 de septiembre de 2009.         [ Links ]

5 Milenio Diario, 9 de septiembre de 2009.         [ Links ]

6 Gaceta del Senado, LXI Legislatura, No. 343, jueves 5 de marzo de 2009.         [ Links ]

7 http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1337125.htmc

8 El Universal, jueves 13 de agosto de 2009.         [ Links ]

9 www.coneval.com.mx

10 Cfr. Ellen Meiksisns Wood, Democracia contra capitalismo, México, CIICH/UNAM/ Siglo XXI, primera edición en español, 2000, 347 pp.         [ Links ]

11 Alfredo Córdova Kuthy explica con detalle las características e implicaciones sociales y políticas de este proceso en su artículo: "La globalización como un proceso de desarrollo de la economía internacional", en Graciela Arroyo Pichardo (coordinadora), La dinámica mundial del siglo XXI: revoluciones, procesos, agentes y transformaciones, México, Cenzontle Grupo Editorial, primera edición, 2006, pp. 47–67.         [ Links ]

12 Louis Doumont, Homo aequalis, citado en Pablo Armando González Ulloa Aguirre, Christian Eduardo Díaz Sosa (coords.), María Zambrano: Pensadora de nuestro tiempo, México, UNAM, Plaza y Valdés, primera edición, 2009, 236 pp., p. 23.         [ Links ]

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