Materiales

 

Equilibrios políticos en las entidades federativas

 

Juan Carlos Montero Bagatella*

 

* Estudiante de Doctorado en Política Pública en el ITESM campus Monterrey. Maestro en Gestión Pública Aplicada por el ITESM. Licenciado en Ciencias Políticas por la BUAP. Licenciado en Sociología por el SUA de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Ganó el Segundo Premio "Carlos Sirvent Gutiérrez" en la categoría "B" de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, en marzo de 2010.

 

Resumen

El artículo analiza la concentración y dispersión del poder político en las entidades federativas, al identificar los incentivos para que se ejerza un contrapeso real frente al Poder Ejecutivo. El estudio analiza la integración de las legislaturas estatales, apoyándose del Número Efectivo de Partidos, así como del análisis sobre la competitividad electoral en las elecciones de gobernador. En las conclusiones, se afirma que la inexistencia de los equilibrios políticos es consecuencia de que la alternancia no ha conducido a una mayor pluralidad, por lo que no se ha generado un cambio institucional.

Palabras Clave: Coaliciones políticas, equilibrio político, incentivos políticos, cambio institucional.

 

Abstract

This article analyse the concentration and dispersion of political power in the Mexican states, indentifying the incentives to enforce real checks and balances over the executive. It analyzes the local legislative's integration, complementing the scope with the Effective Parties Number and the electoral results from the governor's elections. In conclusion it shows that the absence of checks and balances derives from the absence of the plurality in local congresses, reinforcing the incentives for not changing political institutions.

Keywords: Political coalitions, checks and balances, political incentives, institutional change.

 

"Desventurado país que a cada generación tiene que destruir
a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos,
tan rapaces y ambiciosos como los anteriores."
Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz

 

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo brindar al lector una imagen sobre la forma en que se distribuye el poder político en los Estados, analizando su concentración o dispersión y, en función de ésta, los incentivos que tienen los diferentes actores para formar conflictos o consensos. Para ello partimos de la siguiente pregunta general de investigación: en un contexto político nacional en proceso de democratización, donde los gobiernos locales y los estados han sido punta de lanza de este proceso (Lujambio, 2000; Mizrahi, 2002; De Remes, 2002; Merino, 2003), ¿existen en los estados los equilibrios políticos que incentiven una democracia consensual (Lijphart, 2000; Norris, 2004)?

Como hipótesis, sostenemos que a pesar del proceso de democratización del país y de que en la mayoría de los estados se ha tenido alternancia política, no existen los incentivos para desarrollar una democracia consensual, toda vez que el poder político se concentra en un solo actor, reduciendo los incentivos para formar alianzas plurales entre los diferentes participantes. A fin de someter a prueba nuestra hipótesis, analizaremos el sistema de partidos que se ha configurado en los estados de la República a partir del año 2000, analizando la integración de las legislaturas locales y los resultados de las elecciones a gobernador. Para ello, nos apoyaremos del Número Efectivo de Partidos¹ y el Margen de Victoria,² con la finalidad de identificar qué tan fragmentado está el poder político en los estados y qué tan competidas son las elecciones de gobernador.

Por un lado, se afirma que la existencia de diversos partidos en posiciones de gobierno y representación, permite el impulso de reformas y reglas del juego que fortalezcan la competitividad, contribuyendo a evitar la concentración del poder (Becerra et al., 2000; Woldenberg, 2002). Por otro lado, nosotros presentamos la hipótesis de que la existencia de diversos partidos en posiciones de gobierno y representación en los estados, no se ha traducido en nuevos equilibrios de poder; por el contrario, los nuevos actores políticos en dichas posiciones, también tienden a concentrar el poder, beneficiándose del diseño institucional existente (Merino, 2003).

Los gobiernos locales y los estados han sido cuna de la alternancia política (Lujambio, 2000; Del Campillo y Hernández, 2006); sin embargo, desde nuestra hipótesis, la alternancia no se ha traducido en equilibrios políticos. Nuestro trabajo busca identificar los incentivos del Poder Legislativo para someterse al gobernador, para ubicarse como un poder independiente y generar equilibrios, o para buscar paralizar al gobierno.

 

2. Las legislaturas locales. ¡Adiós a las mayorías absolutas!... ¿O no?

La división y el equilibrio de poderes es un elemento indispensable para la democracia al evitar la concentración del poder. Para ello, el artículo 116 de la Constitución General de la República, determina que los congresos locales combinen los principios de representación de Mayoría Relativa (MR) y de Representación Proporcional (RP). Para realizar nuestro análisis, tomamos en consideración la integración de treinta legislaturas locales en funciones hasta antes de las elecciones locales del 2010 y que denominamos "Legislaturas Actuales".³ De manera complementaria, analizamos la integración de las legislaturas de doce estados y el Distrito Federal, a partir del año 2000, lo cual refiere al análisis de cincuenta legislaturas que denominamos "Legislaturas Muestra".⁴ Los datos empleados, especificando el número de diputados por cada partido y por principio de representación, se presentan en el Anexo 1.

El equilibrio de poderes al interior de las legislaturas locales se ha modificado a partir de 1974 y de las reformas a la Constitución Mexicana en 1977, al hacer obligatoria la introducción del principio de RP (Lujambio, 2000). Adicionalmente, el incremento de la competitividad electoral ha permitido a la oposición acceder a este poder en los estados. En ese sentido, hasta 1999 se habían registrado cerca de veinte legislaturas en las que ya no existía un partido con mayoría absoluta; sin embargo, en la actualidad las cosas parecen haber dado un paso hacia atrás.

Hasta antes de las elecciones locales del 2010, es posible observar que las legislaturas actuales tienen claras mayorías de un solo partido, que es el mismo partido del gobernador en turno.⁵ Sin embargo, los equilibrios introducidos por la RP impiden que un solo partido controle las mayorías calificadas⁶ (Pichardo, 2002). Al no existir mayorías calificadas per se, se impide la concentración del poder y se da valor a la oposición, volviendo obligatoria la negociación para tomar ciertas decisiones como el nombramiento del procurador, la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la designación de los magistrados del Tribunal Electoral, entre otras. Por lo tanto, en caso de que el mismo partido que postuló al gobernador del estado en funciones tuviera la mayoría simple o absoluta en la legislatura, no significa que todas las propuestas legislativas del gobernador serán aprobadas por la legislatura sin mayor discusión, sino que se obliga a la construcción de mayorías plurales para formar "coaliciones ganadoras", constituyendo un tipo de control intra-orgánico (Lujambio, 2000; Torres, s/f).

El que los partidos mayoritarios sean del mismo partido del gobernador, genera una relación política estrecha entre los diputados locales, la dirigencia política partidista y el titular del Ejecutivo, que se traduce en lealtad política, tal como señalaba Daniel Cosío Villegas:

la subordinación del Poder Legislativo al Presidente es explicable, pues la mayoría parlamentaria está compuesta de miembros del partido oficial, cuyo jefe supremo es el presidente de la República... los candidatos a diputados y senadores desean en general hacer una carrera política, y como el principio de la no-reelección les impide ocupar el mismo lugar en el Congreso por mucho tiempo, se sienten obligados a distinguirse por su lealtad al Partido y al Presidente... (Cosío, 1972, p. 29).

Luego entonces, considerando que los estados han reproducido este mismo sistema, podemos afirmar que los Congresos Locales son "centros de reclutamiento político", donde los diputados locales buscan distinguirse por su lealtad al Partido y al Gobernador (Ai Camp, 2000; Valencia, 2005). Por lo tanto, los diputados locales de los partidos mayoritarios tienen un incentivo muy fuerte para mantener lealtad y disciplina hacia el gobernador y a su partido; en esa misma dirección, los partidos mayoritarios en gobiernos divididos y, en función de la competitividad de la elección a gobernador, tienen un fuerte incentivo para funcionar como partidos antisistema (Sartori, 2008), buscando paralizar y deslegitimar al gobierno en funciones, tal como se verá más adelante.⁷

La introducción del principio de RP produjo el adiós a las mayorías calificadas; no obstante, la mayoría de las decisiones al interior de los legislalativos estatales se toman por mayoría simple o absoluta. En las legislaturas actuales —en diecisiete estados— el partido mayoritario controla la mayoría absoluta, destacando el caso de Morelos, donde el número de diputados del PAN (que es el partido mayoritario), es igual al número de diputados de la oposición en conjunto, lo cual somete al Congreso a un riesgo de parálisis y a la necesidad de negociar entre los distintos actores políticos para tomar cualquier decisión legislativa; por otro lado, en las legislaturas restantes, la oposición en su conjunto tiene la mayoría absoluta.

En el caso de las legislaturas muestra, se repite el mismo fenómeno, pues en treinta y un legislaturas, un solo partido controla la mayoría absoluta, en dieciséis legislaturas la oposición en conjunto tiene la mayoría, destacando los casos de las legislaturas LIV de Colima y LVIII de Jalisco, donde el partido mayoritario (PRI en Colima, PAN en Jalisco) alcanza la mitad de los diputados y la oposición en su conjunto, la otra mitad. Destaca el caso Guanajuato, Oaxaca y Puebla, donde no se ha generado este equilibrio en ninguna legislatura, mientras que en el DF sólo se ha presentado en la II Legislatura (ver Tabla 1).

A partir de los datos anteriores, es posible afirmar que en la mayoría de las legislaturas es un solo partido el que controla la mayoría absoluta; sin embargo, en un importante número de legislaturas la oposición en conjunto, formando alianzas, es la que puede controlar esta mayoría. No podemos afirmar que el fenómeno de las mayorías absolutas de un solo partido se haya agotado; sin embargo, es posible afirmar que es un fenómeno en proceso, el cual depende del mecanismo de asignación de diputados de RP.

Por otro lado, podemos observar que los gobiernos divididos no son fenómenos comunes. En el caso de las legislaturas actuales, sólo en Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, se dio este fenómeno; en el caso de las legislaturas muestra, encontramos que también en los casos de Baja California, Nayarit y Tabasco, se han dado gobiernos divididos.

Este elemento es importante, toda vez que obliga al gobierno y a los partidos de oposición a negociar para evitar la parálisis del gobierno. En el resto de las legislaturas, el mismo partido que postuló al gobernador del estado, es el partido que controla la mayoría en el Congreso.

Por otro lado, para analizar la presencia política al interior de las legislaturas locales, hemos obtenido el índice Número Efectivo de Partidos (NEP), propuesto por Juan Molinar (1991), cuyos resultados se pueden observar en la Tabla 2.

Este índice nos permite identificar que para el caso de las legislaturas actuales, en menos de la mitad de los estados, la Legislatura está controlada por un solo partido; por otro lado, quince estados tienen presencia de dos partidos; y sólo en los estados de Chiapas, Michoacán y Querétaro, existe la presencia de tres grandes partidos.⁸ En el caso de las legislaturas muestra, veintisiete legislaturas refieren la presencia de dos grandes partidos, mientras que en sólo cuatro legislaturas encontramos la presencia de tres grandes partidos. Destacan los casos de Oaxaca y Puebla, donde todas las legislaturas estudiadas cuentan con un partido preponderante, mientras que en el Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit y Quintana Roo, en la mayoría de las legislaturas estudiadas, existe un partido preponderante.

A pesar de que en la mayoría de las legislaturas locales es un solo partido el que controla las mayorías absolutas, la presencia de la oposición significa la existencia de actores políticos con cada vez más fuerza, debiéndosele considerar en las negociaciones legislativas.

La sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios se da a partir de ganar la mayoría de los distritos de MR, por lo que es el voto popular el que incentiva la concentración del poder en un solo partido, pero se fortalece con la asignación de diputados de RP. Por ello, es necesario ajustar los criterios de las fórmulas empleadas para la asignación de diputados de RP, con la finalidad de evitar la sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, buscando que el porcentaje de diputados de cada partido por ambos principios de representación, corresponda al porcentaje de votación que haya recibido cada partido.⁹ En el siguiente apartado analizaremos cómo los equilibrios al interior de las legislaturas se pueden lograr mediante la formación de coaliciones ganadoras.

 

3. Los incentivos para la formación de coaliciones ganadoras

El sistema presidencial, por sí mismo, genera incentivos para que el partido de oposición que se ubique en segundo lugar busque paralizar el gobierno desde el Poder Legislativo, funcionando como un partido antisistema, llamando la atención de los votantes al obstaculizar y deslegitimar al partido mayoritario, buscando desplazarlo en las elecciones siguientes (Sartori, 2008); asimismo, los partidos mayoritarios tienen otro incentivo para pasar por alto a los partidos que representen la segunda mayoría, apoyándose del resto de los partidos de oposición que tengan alguna representación en la legislatura. En este apartado, revisaremos los incentivos al interior de las legislaturas para la conformación de las alianzas ganadoras que permitan la formación de las mayorías calificadas.

Desde el punto de vista de Lujambio (2000), Becerra et al. (2000) y del Banco Mundial (2007), entre otros, la presencia de la oposición en las legislaturas locales establece la necesidad de considerarla en los procesos de negociación para la toma de decisiones, incentivando la formación de reformas que fortalezcan la competitividad político-electoral y constituyendo un verdadero equilibrio político en su interior y un equilibrio real de poderes, al impedir que el legislativo estatal esté controlado por el titular del Ejecutivo y por su partido. Esta situación nos lleva a considerar que en las legislaturas locales se vive un proceso en el que todos los actores tienen incentivos para negociar entre sí, lograr acuerdos y conseguir que el gobierno funcione de manera democrática; sin embargo, tal como lo refiere Mauricio Merino (2003), el diseño institucional no está construido para ello, sino para que gobiernen mayorías y, por lo tanto, se privilegia la parálisis y la confrontación.

En el caso de las legislaturas actuales, en poco menos de la mitad existe la posibilidad de que el partido mayoritario forme una coalición ganadora con todos los partidos de oposición, sin tomar en cuenta a la segunda mayoría, sucediendo en los casos de Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Este equilibrio de fuerzas genera un sistema de incentivos con diferentes aristas. Por un lado, permite al partido mayoritario pasar por alto a la segunda mayoría; por otro lado, los diputados de oposición de partidos minoritarios tienen incentivos para condicionar su alianza o cooptación, a cambio de favores o prebendas, al incrementarse su valor político en la negociación; por otro, el partido que tenga la segunda mayoría, tiene mayores incentivos para oponerse al partido mayoritario, al saber que puede ser excluido de las negociaciones políticas.

En el caso de las cincuenta legislaturas muestra, veintitrés de ellas presentan el caso en el que el partido mayoritario puede apoyarse de otros partidos de oposición para formar coaliciones ganadoras, excluyendo al segundo partido mayoritario; destacan Guanajuato, Puebla y Quintana Roo, donde en todas sus legislaturas estudiadas se repite el fenómeno señalado.

Los datos anteriores nos permiten observar que son pocos los casos en los que se puede excluir de las negociaciones al segundo partido mayoritario, por lo cual podemos afirmar que la formación de acuerdos entre los dos principales partidos al interior de las legislaturas locales es una necesidad y una obligación para evitar la parálisis gubernamental. Pero esto nos lleva a un nuevo escenario: la posibilidad de que entre los dos partidos mayoritarios formen las coaliciones ganadoras, permitiendo excluir al resto de la oposición.

En las legislaturas actuales, en veinte estados es posible que los partidos mayoritarios se alíen con la segunda mayoría para formar las coaliciones ganadoras y formar las mayorías calificadas; en los diez estados restantes, los partidos mayoritarios están obligados a negociar con el resto de la oposición.¹⁰ En el caso de las legislaturas muestra, en treinta y tres casos los partidos mayoritarios pueden formar las coaliciones ganadoras aliándose con la segunda mayoría, pudiendo excluir al resto de la oposición; en los diecisiete casos restantes es necesaria la negociación con todas las fuerzas políticas.

Podemos resumir las posibilidades de formar coaliciones ganadoras en la siguiente tabla:

Con base en estos datos, podemos afirmar que en la mayoría de las legislaturas existen incentivos para excluir a los partidos pequeños de las negociaciones políticas al interior del Congreso, sobre todo al considerar que la mayoría de las decisiones se toman por mayorías simples y no por absolutas o calificadas, lo cual reduce la obligatoriedad para negociar únicamente en las decisiones que sí requieran de estas mayorías. Sin embargo, la negociación entre diferentes actores es ya una necesidad para la funcionalidad de cualquier gobierno, el dilema es con quién se negocia y a quién se excluye.

Los partidos mayoritarios ya no pueden decidir sin considerar a la oposición; al igual que la oposición, a pesar de poder aliarse y formar mayorías simples o absolutas, no puede sacar de la negociación a los partidos mayoritarios. En otras palabras, se están formando contextos, cada vez más frecuentes, en los que la negociación y la formación de acuerdos es una obligación y una necesidad para que el gobierno funcione.

Desde nuestro punto de vista, la formación de las coaliciones ganadoras que permitan conformar mayorías calificadas, está en función de la probabilidad de que el partido de la segunda mayoría al interior de las legislaturas desplace al partido que postuló al gobernador en funciones en la siguiente elección. Para someter a prueba nuestra hipótesis, en el siguiente apartado analizaremos la competitividad en las elecciones a gobernador.

 

4. Estadístico de las elecciones a gobernador

La alternancia en los estados es un proceso que avanza lentamente, que en muchas ocasiones parece retroceder y que, si lo relacionamos directamente con el fenómeno de los gobiernos divididos, no parece generar incentivos para modificar el sistema institucional que favorece la concentración del poder. Para realizar el análisis en este apartado, tomaremos en cuenta los resultados de las elecciones a gobernador de todos los estados y el Distrito Federal, a partir del año 2000 o, en su caso, de la elección inmediata anterior al año 2000.¹¹ Al igual que en caso de las legislaturas locales, para evaluar la competitividad electoral hemos obtenido el Número Efectivo de Partidos (NEP) y, adicionalmente, el Margen de Victoria (MV). Los datos obtenidos se observan en la Tabla 4.

El primer elemento a destacar es la reducción en el número de participantes en comparación a los vistos en las legislaturas locales. Teniendo en cuenta que la elección de gobernador es del tipo "El ganador toma todo", los partidos pequeños tienen pocos incentivos para competir solos, teniendo mayores incentivos para negociar alianzas con partidos que tengan mayores probabilidades de ganar la elección; en este caso, los partidos con probabilidades de triunfo tendrán mayores incentivos para negociar con los partidos pequeños, en función de lo reducido que sea la diferencia porcentual frente al partido ganador, es decir, si la diferencia es alta, hay pocos incentivos para formar alianzas, mientras sea menor, los incentivos serán mayores y, a su vez, elevarán el valor político de los partidos pequeños.

Un segundo elemento a destacar, es la escasa alternancia política.¹² De los treinta estados analizados, sólo en ocho estados se ha presentado el fenómeno de la alternancia.¹³

En tercer lugar, analizando la competitividad en los procesos, nos encontramos con la escasa existencia de partidos dominantes, aunque aún aparecen en algunas elecciones. En total, se han configurado seis sistemas tripartidistas, nueve de partido dominante y cincuenta y dos bipartidistas. El PAN aparece como dominante en la elección de Aguascalientes en el 2004, en Morelos en el 2000, así como en Guanajuato en el 2006; el PRI, aparece como dominante en las elecciones en Chihuahua y Durango en el 2004, Hidalgo en las elecciones de 1999 y el 2005, Puebla en 1998 y Tamaulipas en el 2004; sin embargo, salvo el caso de Hidalgo, el fenómeno de partido dominante no se repite en los procesos electorales, es decir, se limita a los procesos referidos y, por lo tanto, obedece a cuestiones particulares de dicho proceso. En el resto de los procesos electorales analizados, se configura claramente un sistema bipartidista; además, en los procesos del Distrito Federal en el año 2000, Michoacán en 1996 y en el 2007, Morelos en el 2006, Tlaxcala y Veracruz en el 2004, se configuran sistemas tripartidistas.

Al analizar los MV, encontramos que los márgenes más amplios se concentran en los procesos con partido dominante y los más reducidos se distribuyen entre los sistemas bipartidistas y tripartidistas. Entre los procesos electorales con partido dominante, el promedio de MV es de veinticuatro puntos porcentuales; entre los procesos con sistema bipartidista, es de 7.58 puntos porcentuales, y entre los sistemas tripartidistas, es de 2.81 puntos porcentuales. A partir de estos datos, podemos afirmar la existencia de una relación negativa entre el NEP y el MV, por lo que al incrementarse una variable, se reduce la otra; sin embargo, debemos tener presente que la desviación estándar entre los sistemas bipartidistas es muy alta, por lo que los márgenes de victoria en estos procesos están muy dispersos.

A partir de los datos anteriores, no podemos afirmar categóricamente que todos los sistemas bipartidistas son competitivos, toda vez que hay casos como el Distrito Federal, en el proceso electoral 2006, que se configura como bipartidista, pero con un MV muy amplio, mientras que otros casos como Chiapas, en el proceso electoral 2006, que también es bipartidista, tiene un margen de victoria muy reducido. Además, tampoco podemos afirmar que los sistemas tripartidistas sean los más competitivos, ya que si bien todos los procesos que tienen esta configuración poseen MV reducidos, también los sistemas bipartidistas cuentan con esta característica. En conclusión, los procesos electorales que configuran sistemas de partido con más de un actor dominante, tienden a reducir los márgenes de victoria y a ser más competitivos, estableciendo así una relación causal de mediana fuerza.

Los márgenes de victoria entre los sistemas bipartidistas lleva a cuestionar el papel de los partidos de oposición que no tienen un papel determinante en la elección, con la finalidad de saber si su existencia beneficia al partido ganador y perjudica al partido en segundo lugar; o si por el contrario, perjudica al partido ganador y beneficia al partido en segundo lugar. Para ello, es necesario ampliar el número de procesos electorales estudiados para cada estado; sin embargo, al analizar los datos que hemos manejado hasta ahora, podemos afirmar que los partidos de oposición tienden a debilitar al partido ganador y no al partido que se ubica en segundo lugar. Esta afirmación replantea el papel de los partidos de oposición denominados "satélite", toda vez que su existencia, en términos estadísticos, no parece debilitar a los partidos que se ubiquen en segundo lugar sino al partido ganador.¹⁴

Esta situación replantea el papel de las alianzas partidistas para las elecciones de gobernador. Considerando que la existencia de más partidos en el proceso electoral tiende a debilitar al partido mayoritario, éste tiene un incentivo para formar alianzas y reducir el impacto negativo de la existencia de más partidos; por otro lado, la oposición tiene fuertes incentivos para aliarse en contra del partido mayoritario, fortaleciendo al partido con mayores probabilidades de victoria. No obstante, la formación de estas alianzas está en función del entorno político local y muchas veces, por esa misma razón, no se concretan, permitiendo al partido mayoritario mantener su posición política.

Como conclusión de este apartado, podemos afirmar que las elecciones de gobernador son cada vez más competitivas; sin embargo, la alternancia aún no es un fenómeno común. Por otro lado, la configuración de sistemas bipartidistas en la mayoría de los estados, con procesos electorales con MV cada vez más reducidos, generan incentivos con impacto directo en las legislaturas locales, tal como revisaremos en el siguiente apartado. Si tomamos en cuenta lo expuesto en el apartado anterior sobre las legislaturas locales, podemos afirmar que las legislaturas que se configuran como bipartidistas o tripartidistas tienen un alto incentivo para que la oposición busque obstaculizar, paralizar y deslegitimar al gobierno, debido a la competitividad en los procesos electorales para la elección de gobernador.

 

5. El impacto de la competitividad electoral en el sistema de incentivos, al interior de las legislaturas locales

La hipótesis central en nuestro trabajo, es la consideración de que en los estados donde las elecciones de gobernador fueran más competitivas, los partidos de oposición tendrían incentivos para, desde la legislatura, obstaculizar al gobernador en funciones, con la finalidad de paralizar el gobierno, desacreditarlo y buscar llamar la atención.

La competitividad que se tiene en las elecciones a gobernador no se traduce en una representación equilibrada al interior de las legislaturas locales; por el contrario, se tiende a fortalecer la presencia del partido ganador. Esto sucede debido a que en las legislaturas se tiende a configurar la presencia de más partidos, pero con menor presencia política; es decir, sistemas que en la elección de gobernador se configuran como bipartidistas, en la legislatura se configuran como sistemas de partido dominante; o sistemas tripartidistas en la elección de gobernador, se vuelven bipartidistas en la legislatura. En otras palabras, en la legislatura participan más actores políticos, dispersando la concentración del poder.

La sobrerrepresentación del partido mayoritario permite la gobernabilidad; sin embargo, en el caso de gobiernos divididos, puede incentivar la parálisis gubernamental. Adicionalmente, reduce la presencia del resto de la oposición, que considerando la competitividad de las elecciones de gobernador, al tener altas posibilidades de ganar la elección siguiente, tiene un incentivo para actuar como partido antisistema. Esto se debe a que el diseño institucional no corresponde a un modelo de democracia consensual, sino a un modelo de democracia mayoritaria, por lo que la dificultad para formar mayorías dificulta la capacidad de formar acuerdos, fortaleciendo la idea popular de que un régimen autoritario, en el que la concentración del poder permita la toma de decisiones, es preferible a una democracia en la que no se puede llegar a acuerdos (Merino, 2003).

Al tener en cuenta el incentivo de la oposición para actuar como antisistema, la sobrerrepresentación del partido mayoritario cobra mayor sentido, aunque en el caso de la existencia de gobiernos divididos, la fórmula planteada para garantizar gobernabilidad se convierte en el elemento que genera parálisis gubernamental. Luego entonces, las fórmulas para la asignación de diputados por el principio de RP, plantean como dilema el buscar una representación adecuada de las fuerzas políticas o el garantizar la gobernabilidad al fomentar la sobre-representación.

Resolver este dilema no es papel de este trabajo; sin embargo, nuestra posición es que las fórmulas deben garantizar la representación de la verdadera fuerza política de los partidos. La representación tenderá a generar conflictos entre el partido del gobernador y la oposición; sin embargo, también obliga a la negociación y a la formación de acuerdos, lo que lleva a los actores a reducir sus posiciones radicales, sobre todo en casos de gobiernos divididos; si bien no en todos los gobiernos divididos ha existido parálisis gubernamental, los conflictos reducen la capacidad de formar acuerdos.

 

6. Consideraciones finales

Los datos expuestos a lo largo del trabajo nos han mostrado un escenario complejo en las diferentes entidades federativas. En la mayoría de los estados, se ha ido conformando un equilibrio político al interior de las legislaturas, que se traduce en un equilibrio real de poderes, toda vez que la formación de mayorías está en función de la capacidad de negociación de los diferentes actores políticos; sin embargo, el diseño institucional, que reproduce el diseño del sistema presidencial mexicano, privilegia la formación de mayorías y no la formación de consensos.

Respondiendo a la pregunta que dio origen a nuestro trabajo, al interior de las legislaturas locales sí existen los equilibrios políticos necesarios para el funcionamiento de una democracia consensual; empero, no existen los incentivos para que estos equilibrios se traduzcan en consensos, sino por el contrario, para que se generen conflictos y parálisis gubernamental debido, por un lado, al diseño institucional del sistema político en los estados, y por otro, por la competitividad de las elecciones a gobernador, creando incentivos para que la oposición busque deslegitimar y paralizar a los gobiernos en funciones.

Por otra parte, hemos podido observar que la introducción del sistema de RP generó la imposibilidad de que un solo partido formara mayorías calificadas; no obstante, la existencia de mayorías absolutas aún es un fenómeno frecuente, pero que parece estarse agotando. Debe tenerse presente que en los estados donde los partidos mayoritarios controlan la mayoría absoluta, han obtenido esta presencia por el principio de Mayoría Relativa y se ven sobrerrepresentados por la Representación Proporcional; de esta manera, es el voto popular el que favorece la presencia del partido mayoritario, pero siendo necesario replantear la distribución de diputados locales por RP, para evitar la sobrerrepresentación.

La pluralidad reflejada en los estados, impide aceptar o rechazar completamente nuestra hipótesis. Existen casos como Aguascalientes, Baja California y Jalisco, que permiten rechazarla, debido a la constante alternancia de fuerzas políticas y a la existencia de gobiernos divididos; pero existen casos como Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, Oaxaca y Puebla, que nos permiten confirmarla, toda vez que tienen una configuración política que favorece la concentración del poder.

La concentración del poder es un fenómeno más frecuente que su dispersión; adicionalmente, contrarrestar la concentración —incluso en legislaturas donde la oposición tiene, en conjunto, más diputados que el partido mayoritario—, está en función de la formación de alianzas opositoras que muchas veces se dificulta por cuestiones inherentes al contexto político de la entidad.

En conclusión, confirmamos la hipótesis que referimos inicialmente al señalar que en la actualidad, la configuración política de los estados incentiva la concentración del poder en un solo actor político, no sólo por la cantidad de diputados del partido del gobernador en el Congreso, sino por los incentivos existentes para formar alianzas.

De nuestras concusiones se deriva la necesidad de replantear el sistema institucional en los estados, modificando los sistemas de RP para reducir la sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios. Es necesario que los mismos actores estén dispuestos a aceptar el incontenible cambio que se está generando y que obliga a la formación de acuerdos; de otra manera, la parálisis será un fenómeno cada vez más constante y que afectará por igual a los partidos mayoritarios del presente, como a la oposición que pudiera ser gobierno en el futuro.

El análisis realizado a las elecciones de gobernador, nos permitió identificar que si bien la alternancia no es un fenómeno cotidiano, la competitividad sí lo es; luego entonces, y atreviéndome a robar las palabras de Marx, Un fenómeno recorre todo México: el fantasma de la alternancia. La competitividad genera incentivos para que la oposición deslegitime y busque paralizar al gobierno, pero la existencia de este fantasma, implica la posibilidad de que la oposición se convierta en gobierno y enfrente las mismas condiciones que ahora enfrentan los partidos en el gobierno.

 

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Notas

¹ Este índice nos permite identificar la proporcionalidad de los partidos de acuerdo al número de escaños al interior del Congreso o como resultado de los procesos electorales.

La fórmula a emplear es la siguiente:

 y p es igual al porcentaje de escaños o de votos del partido i.

² El margen de victoria es la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar.

³ Carecemos de los datos correspondientes a los estados de Baja California Sur y Guerrero.

⁴Los estados analizados son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tabasco.

⁵ La presencia del partido mayoritario en todas las legislaturas estudiadas se funda en ganar la mayoría de los distritos de mayoría relativa, fortaleciendo su presencia mediante la conjugación de los principios de MR y RP, hasta obtener el máximo número de diputados locales permitidos por las Constituciones Locales, lo cual les garantiza contar con mayorías absolutas.

⁶ La introducción del sistema de RP ha permitido a la oposición acceder a las legislaturas locales; de otra manera, los partidos de oposición no tendrían acceso; por ejemplo, hasta antes de las elecciones del 2010, sólo en los estados de Baja California, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, la oposición ha alcanzado un número importante de escaños por el principio de Mayoría Relativa; en el resto de los estados, la oposición alcanza su representación por el principio de RP.

⁷ El contexto político de cada entidad federativa constituye el sistema de incentivos por los que se determina el comportamiento de todos los partidos políticos. Sin embargo, una de las presunciones sobre las que se basa nuestro trabajo, es el de la disciplina partidaria, la cual también varía dependiendo de cada entidad (Woldemberg, 2004; Valencia, 2005).

⁸ Consideramos sistema unipartidista a aquel con un NEP que sea igual o menor a 1.5; bipartidista al que tenga un valor de 1.6 a 2.5, y tripartidista al que arroje un valor igual o mayor a 2.6.

⁹ Los estados que establecen límites para la asignación de diputados por el principio de RP, en función del porcentaje de votación obtenida por el partido son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala.

¹⁰ Los estados en los que el partido mayoritario debe negociar con otros partidos, además de la segunda mayoría, para la formación de mayorías calificadas, son: Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

¹¹ Carecemos de todos los resultados en las elecciones de Baja California Sur, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.

¹² Vale la pena tener presente el resto de las alternancias políticas en los gobiernos de los estados. En 1989, Baja California es ganada por el PAN, al igual que Guanajuato en 1991, Chihuahua en 1992, Jalisco en 1995, Querétaro y Nuevo León en 1997 y Aguascalientes en 1998; por su parte, el PRD gana el Distrito Federal en 1997, Zacatecas en 1998, Tlaxcala y Baja California Sur en 1999 (en alianza) (Lujambio, 2000, p. 103; Woldenberg, 2000). Para un análisis muy completo sobre los casos de Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala, véase Sirvent, 2001.

¹³ En el periodo analizado, se dieron alternancias en Guerrero en el 2005 (PRI a PRD); Michoacán en el 2002 (PRI a PRD); Nayarit, en el 2005 (Alianza PAN, PRD, PT y PPS al PRI); Nuevo León, en el 2003 (PAN a PRI); Querétaro, en el 2009 (PAN a PRI); San Luis Potosí, en el 2009 (PRI a PAN); Tlaxcala, en el 2004 (PRD a PAN), y Yucatán, en el 2001 (PRI a PAN) y en el 2007 (PAN a PRI).

¹⁴ Si bien en las elecciones de gobernador los partidos pequeños tienden a afectar la votación del partido mayoritario, debe analizarse su comportamiento al interior de la legislatura local.