Materiales

 

Los partidos políticos y las elecciones en México: del partido hegemónico a los gobiernos divididos.

 

Christian Uziel García Reyes*

 

*Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública que ganó el Primer Concurso de Ensayo Político "Carlos Sirvent Gutiérrez" en la categoría de Egresados titulados menores de 30 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, en febrero de 2009.

 

Resumen

Para modificar el mapa de la representación política en México, que respondía a un esquema de corte autoritario y de partido hegemónico, fueron necesarias una serie de reformas electorales que edificaron un sistema de partidos competitivo y un sistema electoral confiable. Tomando como eje la evolución reciente del sistema electoral y del sistema de partidos, este artículo pretende responder cómo y qué fue lo que hizo posible el cambio de un régimen autoritario a uno democrático.

Palabras clave: transición democrática, sistema de partidos, sistema electoral.

 

Abstract

To modify the map of political representation in Mexico, in response to a pattern of authoritarian and hegemonic party, were necessary a series of electoral reforms to build a competitive party system and a reliable electoral system. Taking the recent developments at the heart of the electoral system and party system, this article tries to answer how and what was it made the change from an authoritarian regime to a democracy.

Keywords: democratic transition, parties system, electoral system.

 

En memoria del Dr. Carlos Alberto Sirvent Gutiérrez.

 

I. Introducción

Se consideran elecciones democráticas aquellas en las que la única incertidumbre existente es la de los resultados, los cuales obedecen a la voluntad libre de los electores, y en las que el marco legal está claramente definido, garantizando condiciones de competencia medianamente equitativas para todos los partidos políticos y candidatos contendientes.

En México, hasta hace menos de tres lustros, era difícil caracterizar a los procesos electorales de esta forma; la voluntad de los electores ni era respetada, ni las reglas del juego estaban claramente establecidas y, por ende, ningún partido distinto al del régimen, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tenía la posibilidad real de obtener triunfos suficientes para ser un contrapeso efectivo. La única certeza con la que la ciudadanía contaba, desde antes de sufragar, era que el PRI ganaría la mayoría de los cargos a disputarse incluida, por supuesto, la Presidencia de la República.

De este modo, no fue casual que el interés por el estudio de los procesos electorales en México haya sido escaso desde la federalización de las elecciones en 1946 —año que coincide con la génesis del Revolucionario Institucional como tal— y hasta finales del siglo XX, pues en este periodo, el sistema político mexicano estuvo caracterizado por la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial a una sola figura concentradora del poder: el presidente de la República. En ese sentido, nuestro país fue considerado por prestigiados especialistas como un sistema de corte autoritario¹ y de partido hegemónico,² en el que la posibilidad de alternancia en el gobierno era nula.

Durante el lapso que va desde la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946 y hasta antes del surgimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, el binomio PRI-gobierno tuvo el monopolio del aparato electoral a través de la Secretaría de Gobernación. Además, el carácter uninominal o de mayoría relativa del sistema electoral vigente de 1812 a 1976 para renovar la Cámara de Diputados, sin considerar los denominados "diputados de partido",³ y en la de Senadores hasta 1994, trajo consigo la existencia de un gobierno monocolor.⁴

Afortunadamente, hoy en día la realidad es totalmente distinta, pues los comicios en México se consideran democráticos. Con normas claramente establecidas desde la Constitución y mediante la creación de instituciones, como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se garantizan contiendas transparentes, competitivas, legales y libres provocando que

casi de la noche a la mañana un hiperpresidente fuera sustituido por un hipopresidente, por un presidente repentinamente débil que ahora debe enfrentar el problema que supone no tener mayoría en el Congreso y tener que someter la legislación a un parlamento que no controla.⁵

Sin embargo, estas características son parte de una historia reciente. Pero ¿cómo y qué fue lo que hizo posible este cambio? He ahí las interrogantes centrales a las que se intentará dar respuesta en este trabajo.

 

II. La transición democrática mexicana

a) El debate

En las últimas dos décadas, el régimen político mexicano ha estado inmerso en una profunda transformación de sus instituciones políticas. Transformación que dio lugar a un polémico debate cuando en nuestro país comenzó a hablarse de un tránsito hacia la democracia,⁶ especialmente con la tesis de Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg esbozada en La mecánica del cambio político en México —antes de los comicios presidenciales de julio de 2000 y, por tanto, de la alternancia en la Presidencia de la República— en la que afirman grosso modo que el país no sólo había transitado de un régimen de partido hegemónico a un pluralismo moderado (en términos sartorianos), sino que la transición democrática había concluido en el año de 1997.⁷

Ante la tesis antes referida están las posiciones —por un lado— de quienes sostienen que el tránsito democratizador mexicano no ha terminado, al grado de adjetivarlo como inconcluso, inacabado, incompleto, etcétera; por el otro, los que afirman que el país ha sido democrático desde 1929, por lo menos cuando Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) con el fin de que en la lucha por el poder, especialmente en la sucesión presidencial, ya no se recurriera a la vía armada como venía ocurriendo desde la consumación de la Independencia de México, sino por la vía institucional. Por supuesto, hay quienes consideran que ésta ni siquiera se ha iniciado. En las siguientes líneas se intentará demostrar el por qué no se comparten estas posiciones.

Los que argumentan que México vive en democracia, desde finales de la segunda década del siglo pasado, que sólo hubo alternancia en el poder, que no ha sufrido cambios al respecto y que día a día se perfecciona, normalmente son los miembros del antiguo régimen priísta; ésa ha sido la tesis oficial del otrora partido hegemónico, como lo demuestra una entrevista a Manuel Bartlett, quien fuera secretario de Gobernación en las polémicas elecciones de 1988:

Para empezar, no estoy de acuerdo con el término de "transición democrática", porque es un término que se ha usado para marcar el paso de dictaduras militares (la dictadura de Franco en España; particularmente, de Pinochet) hacia la transición a la democracia y —en este país— no hemos vivido una dictadura. Precisamente podemos enorgullecernos de los avances constantes en materia democrática en este país. De manera que no hay transición, lo que ha habido es un avance constante, grandes esfuerzos por construir la democracia en México.⁸

¿Tiene razón Manuel Bartlett al afirmar que la transición democrática sólo es aplicable si se proviene de dictaduras militares como las de Francisco Franco o Augusto Pinochet? Antes de responder, confróntese con la opinión de otro priísta: Emilio Chuayffet, quien fuera gobernador del Estado de México y secretario de Gobernación en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo:

Discrepo de los maximalistas y de los minimalistas: los maximalistas dicen que el 2 de julio cambió todo, no es cierto; y los que dicen, bueno, "no pasó nada", tampoco es cierto. Cambió 70 años de historia política en el país, un partido que nos había gobernado durante 70 años fue desplazado, hubo "alternancia", y la alternancia en sí misma es un hecho que no podemos dejar de consignar. La pregunta es si con la alternancia cambiaron los problemas de México, o mejor aún, la manera de manejarlos y de darles respuesta (...) Creo que simplemente fue un traslado de un partido a otro.⁹

¿Tan sólo hubo alternancia en el poder o un "traslado de un partido a otro", como arguye Chuayffet? Se puede advertir en estas opiniones que el tránsito democratizador ha sido mal entendido. México desarrolló su vida política en un régimen autoritario durante varias décadas, las elecciones presidenciales en las que como resultado del triunfo Vicente Fox Quesada se rompía con la continuidad más larga de un partido político en el poder, en la historia del mundo contemporáneo, tampoco inauguran la democracia en el país. Las condiciones para su implantación se construyeron durante cuatro lustros, y estaban totalmente asentadas en 1997 como para considerarla una auténtica democracia. La posibilidad de alternancia en todos los órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) era ya una realidad porque el tránsito democratizador había concluido. En otras palabras, la primera alternancia en la Presidencia de la República ocurrió como consecuencia del naciente sistema democrático del país y no lo contrario.

No obstante, como se ha expuesto, existen voces que siguen hablando de la transición y la adjetivan de mil maneras, como si fuera un proceso sin desenlace o, por qué no expresarlo, como un cambio "eterno". Esta concepción se explica, a decir de Andreas Schedler, por

el uso de conceptos de democracia que van más allá de las normas mínimas de la democracia formal, definida en términos de instituciones y procedimientos (...) Los conceptos mal delimitados de la democracia llevan a reclamar una especie de "transición permanente" (...) como un largo túnel sin fin, con mucho brillo al final, pero siempre fuera de alcance.¹⁰

Empero, un argumento que abona respecto a la incorrecta definición del tránsito democratizador mexicano es que, sin duda, es una realidad palpable, susceptible de comprobación porque "incluso aquellos que matizan con adjetivos como incipiente, imperfecta, desdibujada, de baja intensidad a nuestra forma de gobierno no pueden prescindir del sustantivo cuando formulan sus análisis."¹¹ En México, los discursos sobre una transición hacia la democracia que ha sido incomprendida, mal definida y polifacética, tienden a erosionar y a devaluar lo que ha costado décadas construir.

 

b) Definición

Para desentrañar el debate conceptual, es oportuno recurrir a los expertos en la materia. ¿Qué quiere decir "transición a la democracia"? En el tomo 4 del ya clásico texto compilado por Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, Transiciones desde un gobierno autoritario, se define transición como "el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro",¹² y añaden que:

Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria (...) en su transcurso las reglas del juego político no están definidas. No sólo se hallan en flujo permanente sino que, además, por lo general, son objeto de una ardua contienda; los actores luchan no sólo por satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino también por definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores.¹³

Nótese que se está calificando a la transición, para evitar confusiones, aun cuando O'Donnell y Schmitter sólo están definiendo al sustantivo, como democrática. No se habla de transición económica, social o transición a secas, sino de un tránsito hacia la democracia. Es decir, del paso de un sistema autocrático (totalitario, autoritario, de partido único u hegemónico, etcétera) a uno que cumple cabalmente con la noción mínima de democracia. Estas transiciones, para decirlo en una frase, suponen el cambio de un sistema de carácter no democrático hacia la instauración de uno competitivo. Lo que se consideraba un sistema totalitario, después de la transición, se convierte en democrático; con los regímenes autoritarios, sean de partido único o hegemónico sucede lo mismo, arriban al puerto de la democracia.

Para explicar lo que ha ocurrido en México, es necesario considerar dos variables que incidieron directamente en el tránsito democratizador: i) El sistema de partidos, y ii) Los tipos de elecciones.

 

c) El sistema de partidos.

Del partido hegemónico al pluripartidismo

En cuanto a la primera variable, el sistema de partidos (entendida como la composición estructural del conjunto de los partidos políticos de un Estado), es básico remitirse a la teoría desarrollada por Giovanni Sartori en su obra Partidos y sistemas de partidos, en especial a su tipología sobre los partidos políticos que resume en siete clases:¹⁴

i) De partido único. Sólo existe, y sólo se permite que exista, un partido. Existen tres tipos de unipartidismo:

• Totalitario. Se caracteriza por su tentativa de alcance total, de penetración y politización totales. Es ideológico, coactivo, extractivo, movilizador y consagrado a la evolución política impuesta.

• Autoritario. Sistema de control que no tiene el poder ni la ambición de permear toda la sociedad. Tiene poca capacidad de extracción y movilización por lo que aplica políticas de exclusión.

• Pragmático. Carece de legitimación y cohesividad de una ideología, impulsa políticas de absorción respecto de grupos externos.

ii) De partido hegemónico. Permite la existencia de otros partidos únicamente como satélites o subordinados, es decir, la hegemonía del partido en el poder no se puede desafiar. Este tipo de partido puede ser:

• Ideológico. Los partidos periféricos son subgrupos políticos del partido hegemónico, y aunque reciben puestos administrativos, parlamentarios y gubernamentales, no significa que compartan el poder. Su representatividad se reduce a simular un mercado de partidos.

• Pragmático. Es el único protagonista de la acción política, los partidos secundarios casi siempre están subordinados aunque puede existir una oposición marginal.

iii) De partido predominante. Un partido gobierna en solitario, sin estar sujeto a la alternancia; siempre obtiene la mayoría absoluta en elecciones auténticas. Los partidos menores son antagonistas verdaderamente independientes del partido predominante.

iv) Bipartidista. Dos partidos compiten por una mayoría absoluta que cualquiera puede conseguir.

v) De pluralismo limitado. Sí están fragmentados, pero no polarizados. Comprende de tres a cinco partidos. Está presente el gobierno de coalición porque los partidos importantes son por lo menos tres, de los cuales ninguno alcanza la mayoría absoluta. Tiene estructura bipolar y competencia centrípeta.

vi) De pluralismo extremo. Se caracteriza por una oposición antisistema, existen oposiciones bilaterales; en otras palabras, el sistema está fragmentado y polarizado (posiciones de izquierda-centro-derecha que tienden a desalentar la competencia centrípeta). Los partidos no sólo están en desacuerdo en relación a cuestiones políticas generales, sino también acerca de los principios y cuestiones fundamentales. Las promesas hacia el electorado son excesivas, en palabras de Sartori, una política de superoferta. Hay más de cinco partidos.

vii) De atomización. Ningún partido tiene un efecto considerable en el sistema, no importa si son 10, 15, 20 o más.

Es importante elucidar que de estos siete tipos de sistemas de partidos, los dos primeros (de partido único y hegemónico) pertenecen a sistemas no competitivos, en los que a pesar de la existencia de normas legales "a los adversarios y los oponentes se les priva de la igualdad de derechos, se les ponen impedimentos, se les amenaza, se les aterroriza o incluso se les sanciona por atreverse a decir lo que piensan".¹⁵ En palabras llanas, corresponden a sistemas no democráticos, como se explicará más adelante.

Se ha enfatizado el tránsito de un sistema de partido hegemónico a una democracia en México. Sin embargo, vale la pena profundizar qué características lo identifican, en especial cómo lo describe quien acuñó esta categoría analítica:

El partido hegemónico no permite una competencia oficial pot (sic) el poder, ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce de hecho la alternación; no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación en el poder. Esto implica que el partido hegemónico seguirá en el poder tanto si gusta como si no.¹⁶

Sobre nuestro país, Giovanni Sartori textualmente lo ubicaba dentro de los sistemas de partido hegemónico; por tanto, México adolecía de un régimen democrático al no existir condiciones para la competencia. El politólogo italiano describe de forma elocuente y sucinta el retrato de la vida política en que la Nación se desenvolvía:

México está gobernado por su presidente de manera que recuerda al dictador de tipo romano. Como dice un autor, "los mexicanos evitan la dictadura personal al retirar a sus dictadores cada seis años" (...) Y las normas del juego son muy claras. El PRI tiene que ganar de todas formas. Si existe alguna duda acerca del margen de victoria que necesita el PRI, se da pucherazo o se destruyen las urnas. Por otra parte, "si fracasa la cooptación de los grupos disidentes, entonces es probable que se recurra a la represión".¹⁷

 

d) Tipos de elecciones. De elecciones semicompetitivas a competitivas

La segunda variable, que incidió directamente en la transición a la democracia fue el tipo de elección. Es importante mencionar que las elecciones no son exclusivas de los sistemas democráticos, se han celebrado también en regímenes de partido único como la ex-Unión Soviética, o en sistemas autoritarios como el de Salazar en Portugal, por citar algunos ejemplos. Es decir, el que los procesos electorales puedan efectuarse en diversos regímenes "deja en claro que el significado político de las elecciones no está dado de antemano, sino depende del sistema político en el cual se contextualice; es el sistema político el que en realidad determina su importancia y función."¹⁸

El sufragio es la expresión por medio de la cual los ciudadanos seleccionan a los encargados de tomar las decisiones en los asuntos públicos. Por tanto, el elector únicamente ejerce su derecho u obligación a votar en forma real; de acuerdo con Dieter Nohlen, cuando "cuenta con la posibilidad de escoger entre dos opciones, por lo menos (...) debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellos; de lo contrario, no tendría opción."¹⁹ En esa tesitura se pueden distinguir los tipos de elecciones con base en las siguientes relaciones:²⁰

1. Con el ámbito que involucran. Existen niveles nacionales y subnacionales.

2. Con el órgano representativo. Las elecciones pueden ser provinciales o regionales y municipales. Se debe diferenciar entre elecciones presidenciales y parlamentarias, y si son unicamerales o bicamerales, esto es cuando se elige a una Cámara de diputados y otra de senadores.

3. Con el tiempo en que se realizan. Pueden ser elecciones simultáneas (elecciones uni y pluripersonales, inclusive de distintos niveles) y no simultáneas. Existen diferentes grados de simultaneidad, tomando en consideración la fecha, la boleta (si es única o no) y el voto (si con el mismo voto se elige a varios órganos). Hay elecciones plurinominales, de renovación completa o parcial y elecciones intermedias.

4. Con el sistema político. Dentro de esta relación se pueden distinguir los siguientes tipos de elecciones:

a) Competitivas. El ciudadano ejerce el voto en forma libre y entre opciones reales garantizadas por el orden jurídico.

b) Semicompetitivas. Cuando el derecho a sufragar y la libertad de elección se limitan en cualquier grado.

c) No competitivas. El elector no tiene oportunidad de votar libremente ni existen opciones reales.

En este sentido, el profesor Dieter Nohlen elabora una correlación entre el grado de competitividad de las elecciones y la estructura de los sistemas políticos modernos: Elecciones competitivas corresponden a sistemas democráticos; elecciones semicompetitivas a sistemas autoritarios, y elecciones no competitivas a sistemas totalitarios. Posteriormente añade la importancia y función de los comicios a esta tipología, resumiéndolo de la siguiente manera:

Como se observó, en la tipología desarrollada por Giovanni Sartori, México era catalogado en 1976 dentro de los sistemas de partido hegemónico, es decir, como un régimen no democrático. Ahora, Dieter Nohlen ratifica la tesis, con su clasificación en la arena electoral, al ubicarlo en los sistemas políticos autoritarios con elecciones semicompetitivas:

En los sistemas autoritarios, las elecciones sirven también para reafirmar las relaciones de poder existente. Hasta entrados los años ochenta era inimaginable que el hegemónico partido mexicano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pudiera perder las elecciones presidenciales o parlamentarias. A diferencia de las democracias, en los sistemas autoritarios el poder político no está en juego; pero a diferencia de las elecciones en sistemas totalitarios, la oposición se puede articular parcialmente, pero puede haber partidos de oposición legalizados; además, la disidencia se puede manifestar mediante la abstención electoral (...) los resultados electorales no ponen en duda la dominación del partido oficial (o de los partidos oficiales), pueden surtir efecto en la cúpula del poder político que, en muchos casos, se muestra muy sensible a la variación en el apoyo o rechazo popular.²¹

En un sistema democrático se celebran comicios competitivos. Realizando una comparación entre el deber ser y el ser, se comprueba que los Estados Unidos Mexicanos cumplen desde 1997 con los criterios para recibir la denominación de democracia: nadie puede negar que la importancia en el proceso político, así como la libertad de elegir y ser electo es alta; la libertad de las elecciones está garantizada; existe la posibilidad real de cambiar de partido en el gobierno, "los nacidos para perder y los paridos para ganar desaparecieron para dar paso a un sistema competitivo, donde los fenómenos de alternancia, equilibrio de poderes, los gobiernos divididos, al parecer, llegaron para quedarse";²² y por último, a través de auténticas elecciones se legitima al sistema político (confróntese con el cuadro 1).

 

III. Del partido hegemónico a los gobiernos divididos

a) La "democracia" ayer: el partido hegemónico

A diferencia de otras transiciones, la mexicana no necesitó un cambio de régimen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece desde 1917 que es voluntad de los mexicanos constituirse en una República representativa, democrática, federal, integrada por Estados libres y soberanos en todo lo referente a su régimen interior; pero unidos en una federación. La soberanía "reside esencial y originariamente en el pueblo" y la ejerce "por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores" versa la Constitución.²³ No obstante, de 1946 a 1977 México vivió la época dorada de un sistema político autoritario en el que no existía posibilidad de alternancia en el gobierno, en buena medida gracias al diseño de un marco legal hecho a la medida para beneficiar al partido tricolor y que limitaba la libertad de elegir y ser electo.²⁴

En el periodo referido, los comicios ni eran competitivos, ni ofrecían condiciones equitativas para los diferentes contendientes, por lo que

ya en los años sesenta en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados se consignan las constantes quejas de los militantes panistas por la falta de transparencia en los procesos electorales y la total ausencia de información, porque en los dictámenes de los colegios electorales aparece el nombre del candidato triunfador pero no se da el número de votos que obtuvo cada uno.²⁵

Don Luis H. Álvarez relata en sus memorias el ambiente de su campaña en 1956 como candidato panista a la gubernatura del estado de Chihuahua:

El miedo del gobierno se expresa nítidamente en el derroche insultante de dinero en una propaganda oficial desmesurada y ostentosa. Se utilizaban sin la menor ética los recursos públicos para acarrear gente a los mítines del candidato del PRI, y se ponían a su disposición aviones especiales, así como camionetas último modelo para trasladarlo a él y a su comitiva hasta los poblados más alejados.²⁶

Pero para el partido tricolor no existía esa realidad; por ejemplo, no había "acarreados" porque eran "transportados", como lo escribiera José López Portillo en Mis tiempos:

Mi campaña, pues, empezó a fijar sus características propias, dentro de las líneas que podríamos llamar tradicionales del Partido.

Primero, tenía que aprovechar al máximo su capacidad convocatoria (sic), que es increíblemente eficaz. Nadie como él es capaz de concentrar y manejar masas. Tiene mucho oficio y mucha experiencia, tanto que los débiles partidos de oposición convierten su rabia en injurias y llaman a quienes acuden a las reuniones priístas "acarreados".

Yo enfrenté el peyorativo y repliqué: No son acarreados, son "transportados" por los propios hombres y las propias fuerzas del Partido. Todos los camioneros organizados de México forman parte del PRI y es tradición que concurran con sus vehículos para transportar gente a los actos públicos (...) Y no hay razón para no facilitar, por ejemplo, a nuestros campesinos, el transporte a las concentraciones públicas, que concurren, a final de cuentas, a comunicarlos con un Sistema que los rige, mediante actos comprensibles en los que participan, ven, oyen, aprenden, se expresan y aun se distraen con viajes y compañías. El Partido puede, el Partido debe.²⁷

De tal suerte, los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas entre 1946 y 1976 muestran que el PRI obtuvo votaciones excesivamente elevadas, se dio el caso que en 1976 su candidato, José López Portillo, logró el 100% de los votos válidos efectivos,²⁸ y esto se sabía con diez meses de antelación al ser el único contendiente registrado. "Con que hubiera votado mi mamá, por su hijito, Pepito, hubiera yo salido",²⁹ dijo el expresidente.

No es casual que la hegemonía del PRI fuera total, al no existir partidos de oposición reales ni condiciones de equidad en la contienda electoral, el Revolucionario Institucional obtenía más del 91% de las diputaciones, el 100% de las senadurías, la totalidad de las gubernaturas, la mayoría calificada de los congresos locales, casi todas las presidencias municipales y la Presidencia de la República:

En el período 1946-1961 se disputaron 955 diputaciones, de las cuales el PRI perdió 46 (o sea, casi 5%); entre 1964 y 1976, en cambio, se disputaron 924 diputaciones, de las cuales el PRI perdió sólo 10 (o sea, el 1%). ¡Esto es, con las reformas de 1963 el PRI redujo en cinco veces la frecuencia de derrotas que experimentaba anteriormente, a pesar de haber visto crecer el apoyo electoral opositor!³⁰

En otras palabras, la ausencia de un auténtico sistema de partidos y la inexistencia de elecciones competitivas eran los dos pilares que sostenían la realidad monocolor del país. El PARM y el PPS actuaban como partidos satélites subordinados al PRI, muestra de ello fue la postulación del mismo candidato presidencial que el partido hegemónico en diversas ocasiones, incluidas las de 1976 (véase cuadro 2).

Por si fuera poco, el carácter autoritario del sistema quedaba de manifiesto con el genocidio estudiantil cometido por el gobierno en el año de 1968, lo que reflejaba la intolerancia del régimen hacia una sociedad que reclamaba libertades democráticas. Los movimientos de diversos sectores de la sociedad mostraban la necesidad de transformar la hegemonía del PRI hacia un sistema democrático: elecciones auténticas y condiciones equitativas que permitieran la inclusión de todas las fuerzas políticas del país que se mantenían marginadas de forma artificial; sin embargo, la realidad era otra. Aunado a lo anterior, el crecimiento económico cayó abruptamente, el peso se devaluó, por primera vez en más de veinte años, en el último año del sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez, los conflictos sociales iban en aumento, México entraba en crisis.

En 1977, la preeminencia de un gobierno autoritario en un país como México con una sociedad tan diversa era ya insostenible. Resultaba imposible que la política siguiera procesándose bajo un formato unipartidista. No es anodino, que en ese año, con la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) comenzaran a asentarse los cimientos de la transición a la democracia. La LFOPPE incorporaba reclamos ignorados durante tres décadas: la inclusión a la arena electoral, por la vía del registro condicionado, de una gran cantidad de fuerzas políticas que habían sido marginadas y la apertura de los órganos e instituciones gubernamentales a los partidos de oposición a través de la representación proporcional, con lo que se creaban los cimientos para la construcción de un verdadero sistema de partidos.³¹

Con el polémico proceso electoral federal de julio de 1988, la creciente competitividad alcanzada dio por culminada la era en que el PRI no tenía mayores complicaciones para ganar las elecciones. A partir de estos comicios se aceleró el tránsito a la democracia: desaparecieron las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, el PRI ya no pudo modificar por sí solo la Constitución; el Senado por primera vez contó con representación de los partidos de oposición. La crisis del sistema de partido hegemónico era patente y emergía un auténtico sistema de partidos, es decir, pasábamos de elecciones sin competencia, meramente rituales, a elecciones competitivas.³²

Pero las elecciones de 1988, marcadas por la sombra del fraude, acentuaron la desconfianza en las instituciones electorales y la falta de transparencia en los procesos comiciales por ser organizados, desarrollados y vigilados por un solo partido.³³ El país vivió una crisis política de dimensiones mayúsculas, que sumada a otra, la económica, generaron un clima de insatisfacción de la población con el gobierno. Así, dio inicio la fase más intensa del cambio político por la vía electoral y la gestación de una etapa de "reformas profundas" (1990, 1993, 1994 y 1996), que tuvo como finalidad garantizar comicios transparentes, confiables y equitativos. En ese sentido, quedó demostrado que la creación del Instituto Federal Electoral (1990) como garante de la administración de los procesos electorales en México y, al lograr su plena autonomía en 1996, apuntaló la transición democrática.

Con la reforma electoral de 1996 se terminó de confeccionar, por un lado, un entramado legal que permitió la celebración de elecciones con condiciones medianamente equitativas para los contendientes. Por el otro, se culminó la construcción de un auténtico sistema de partidos, pasando de un sistema de partido hegemónico a uno de pluralismo limitado, de elecciones semicompetitivas a comicios competitivos. No es casual que a partir del año 1997 los procesos electorales se tornaran altamente competitivos y —por ende— sus resultados de pronóstico reservado, marcando el fin de la transición democrática en México. La alternancia en todos los órdenes de gobierno se convirtió en una realidad palpable, realidad que llegaría a la Presidencia de la República el día 2 de julio del año 2000 como consecuencia del naciente sistema democrático mexicano.

 

b) La democracia hoy: los gobiernos divididos

A partir de 1997 el Partido Revolucionario Institucional perdió la capacidad de realizar, por sí solo, reformas a la legislación secundaria. Los resultados de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados en ese año arrojaron una pluralidad nunca antes vista: cinco partidos políticos estarían representados en LVI Legislatura (PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo). Por primera vez en la historia del país, la oposición en su conjunto tuvo la mayoría absoluta de la Cámara baja (261 curules).³⁴ Por tanto, la segunda mitad del sexenio del presidente Ernesto Zedillo estaría marcada por el fenómeno de los gobiernos divididos, y que a partir de ese año serían una constante del sistema político mexicano.³⁵

En el año 2000, Vicente Fox Quesada, postulado por la Alianza por el Cambio, ganó la elección presidencial con 15.9 millones de votos (42.5%) contra 13.5 millones (36.1%) de Francisco Labastida Ochoa del PRI, su más cercano competidor. La alternancia en el Poder Ejecutivo, después de 71 años ininterrumpidos en que el PRI había conquistado la silla presidencial en 11 ocasiones desde la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, el 2 de julio de 2000 vino a ratificar y a confirmar la tesis de que México era ya un país democrático.³⁶ Aunque para muchos, la importancia de las reformas electorales en el tránsito democratizador, así como su impacto y alcance no habían sido bien comprendidos. Como ejemplo, Fox Quesada después de emitir su voto aquel histórico 2 de julio declaró: "no ha sido un buen proceso electoral porque está todo manchado."³⁷ Al final, todos los candidatos y partidos contendientes, así como los ciudadanos y el gobierno federal, aceptaron los resultados dados a conocer por la autoridad electoral. De suerte que en la etapa del proceso electoral "prácticamente nadie supiera que se presentaron dos impugnaciones (juicios de inconformidad) ante el Tribunal Electoral, que éste anuló una casilla y que durante la calificación de la elección se le requirió a Fox una serie de documentos para acreditar su nacionalidad y que no fue sino hasta el 5 de agosto (más de un mes después de la elección) cuando se le declaró Presidente Electo".³⁸

Seis años más tarde, en el año de 2006, el cómputo final de la elección presidencial a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con 14,916,927 votos (35.89%) seguido de Andrés Manuel López Obrador con 14,683,096 sufragios (35.33%), convirtiéndola así en la elección presidencial más competitiva de la historia al existir una diferencia de 233,831 votos (0.56%) entre el primero y el segundo lugar. Los tres candidatos restantes obtuvieron las siguientes votaciones: Roberto Madrazo Pintado: 9,237,000 (22.23%), Patricia Mercado Castro: 1,124,280 (2.71%) y Roberto Campa Cifrián: 397,550 (0.96%). Como se muestra en el cuadro 3, la variación de la votación entre Calderón y López Obrador entre los cómputos distritales y el cómputo final del Tribunal —que incluye el recuento de 11,718 paquetes electorales y la anulación de 718 casillas— fue de tan sólo 0.02%.

El análisis desagregado de la votación muestra —al comparar los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales— que en 2006 el Partido Acción Nacional triunfó en 16 estados de la República (Aguas-calientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y Yucatán), pero Felipe Calderón obtuvo un millón de votos menos que Vicente Fox, a pesar de que la lista nominal creció en 13 millones de electores. Quien mayor avance tuvo, fue el Partido de la Revolución Democrática al ubicarse como primera fuerza en 16 entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas).

El avance del perredismo supera cualquier estándar y cualquier precedente político electoral de México (...) para ganar en el año 2000, Fox tuvo que arrastrar a 8,200,000 votantes adicionales a los del caudal panista previo. López Obrador superó la gesta: 8,400,000 electores más entre el año 2000 y el 2006. Se trata del aumento neto más importante para un partido político entre una elección presidencial y otra en toda la historia electoral del país.³⁹

Pero si el PRD tuvo un notable avance en su votación, también hubo quien retrocedió en forma dramática. Se trata del Partido Revolucionario Institucional, que "cayó en más de 4 millones de votos. Francisco La-bastida (a quien el propio Roberto Madrazo llamó entonces el 'perfecto fracasado') obtuvo 13.5 millones de votos que le llevaron a un segundo lugar, colocándolo a 6 puntos porcentuales de Vicente Fox; mientras que Roberto Madrazo alcanzó solamente 9.3 millones de votos".⁴⁰

Además, el abanderado presidencial del tricolor "no obtuvo mayoría en ninguna de las 32 entidades del país y sólo alcanzó la mayoría relativa en 9 de los 300 distritos. En 17 entidades quedó en tercer lugar y en el Distrito Federal tuvo menos del 9% de los sufragios".⁴¹

En la elección de diputados federales, que por cierto la Coalición por el Bien de Todos no impugnó, los resultados provocaron un reacomodo de fuerzas: el PAN se ubicó como primera minoría al conquistar 206 curules (137 de mayoría relativa), el PRD pasó de la tercera a la segunda posición con 127 diputaciones (91 de mayoría relativa), y el PRI que había sido primera fuerza desde su creación, se convirtió en tercera al obtener 106 diputados (65 de mayoría). Estos resultados dan cuenta de cómo "el PRD brinca con garrocha: de 50 a 127, es decir, ¡150% de escaños adicionales a los del año 2000!, mientras que el PRI desbarranca a un agujero profundo, con un descenso a la mitad de su representación".⁴² En cuanto a los partidos que participaron coaligados, el PVEM consiguió 17 diputaciones, Convergencia 17, y el Partido del Trabajo 14; los dos partidos benjamines refrendaron su registro al superar el umbral mínimo requerido: Nueva Alianza se hizo de 9 curules plurinominales con sus casi dos millones de votos (4.55% de la votación total) y Alternativa Socialdemócrata y Campesina de 4 diputaciones de representación proporcional al atraer el 2.05% de los sufragios (véase cuadro 4).

El voto de los ciudadanos en las elecciones para diputados federales otorgó representación a ocho partidos políticos en la Cámara baja, por lo que la distribución de asientos en ésta, por cuarta ocasión consecutiva, se tradujo en un gobierno dividido, en el que el partido del Ejecutivo no tiene mayoría congresual. Así, la composición de la LX Legislatura nos muestra que la aritmética de la gobernabilidad puede resumirse de la siguiente forma (véase cuadro 5):

1. La oposición en su conjunto no puede reformar la Constitución debido a que no logra los 334 votos requeridos para tal efecto, es decir, se requiere necesariamente del concurso del PAN.

2. La alianza entre las dos fuerzas de oposición más importantes (PRD y PRI) no tiene capacidad de veto ni tampoco mayoría absoluta para realizar reformas legales.

3. Los cinco partidos pequeños suman en conjunto 61 votos, con lo que se convierten en partidos bisagra al ampliar el abanico de posibilidades de alianzas parlamentarias para formar mayorías simples que permitan realizar reformas legales.

Por lo que toca al Senado de la República, el PRI después de casi ocho décadas dejó de ser primera fuerza. El Partido Acción Nacional consiguió 52 escaños y se ubicó como primera minoría; el Revolucionario Institucional cayó a la segunda posición con 33 senadurías; y muy cerca del PRI, con 29 legisladores, el Partido de la Revolución Democrática, que tampoco impugnó estos resultados, es tercera fuerza en Xicoténcatl. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México obtuvo 6 asientos, Convergencia 5, el Partido del Trabajo 2 y Nueva Alianza 1 (véase cuadro 6). De este modo en la Cámara de Senadores, al igual que en la de Diputados:

1. Ningún partido tiene mayoría absoluta.

2. Sin el concurso del PAN es imposible reformar la Constitución.

3. La alianza PRI-PRD tampoco tiene capacidad de realizar reformas a la legislación secundaria.

4. La totalidad de los partidos pequeños (PVEM, PT, PANAL y Convergencia) puede actuar como bisagra para formar mayorías simples, ya sea aliados con el PAN o a la coalición PRI-PRD.

En el plano local, el 2 de julio de 2006 se disputaron las gubernaturas de Guanajuato, Jalisco, Morelos y el Distrito Federal. Acción Nacional triunfó en las tres primeras y el PRD en el D.F., aunque es importante mencionar que estos partidos ya eran gobierno en dichas plazas. Meses más tarde, el PRI se volvería a alzar con la victoria en la gubernatura de Tabasco y el partido del sol azteca en la de Chiapas. Para 2007, el PRI recuperaría el Poder Ejecutivo en Yucatán, mientras que Baja California y Michoacán serían ratificados por el PAN y el PRD, respectivamente. Con esto se mantiene la tendencia pluralista y el reparto efectivo del poder inaugurados en 1989 cuando el Revolucionario Institucional pierde el primer Ejecutivo local en Baja California.

Pero la pluralidad ha permeado también los congresos locales, las presidencias municipales y las capitales de los estados. Los resultados dan cuenta de ello: en 2007 se eligieron 487 diputaciones locales, el PRI obtuvo 233, el PAN 140, el PRD 71 y otros partidos 43. De las 1,218 presidencias municipales disputadas, el partido tricolor ganó 723, el blanquiazul 241 y el del sol azteca 189. Ese año, también se pusieron en juego 14 ciudades capitales: el Revolucionario Institucional se llevó 9, Acción Nacional 4 y el PRD una. De éstas, en cinco hubo alternancia: Aguascalientes (del PAN al PRI); Mexicali (del PRI al PAN); Tuxtla Gutiérrez (del PRI al PRD); Morelia (del PAN al PRI) y Zacatecas (del PRD al PAN).⁴³ En 2008 se eligieron 195 alcaldías (116 fueron para el PRI, 46 para el PRD, 18 para el PAN y 15 para otros partidos); 186 diputaciones locales (92 para el PRI, 45 para el PRD, 23 para el PAN y 23 para otros partidos) y seis ciudades capitales (5 para el PRI y una para el PRD). Por si fuera poco, el electorado ha decidido que hasta enero de 2009 haya gobiernos divididos —gobernador y alcalde de distintos partidos— en ocho capitales estatales: Aguascalientes (PAN/PRI); Chihuahua (PRI/PAN); Michoacán (PRD/PRI); Tlaxcala (PAN/PRI); Zacatecas (PRD/PAN); Estado de México (PRI/PAN); Nuevo León (PRI/PAN) y Guerrero (PRD/PRI).⁴⁴

 

IV. Consideraciones finales

El México de hoy no se reconoce a sí mismo con el anterior a 1977. Durante varias décadas el país vivió bajo el mandato de la única opción partidaria permitida, la del Revolucionario Institucional; el presidente de la República no sólo contaba con facultades constitucionales sino también con las que Jorge Carpizo denominó como metaconstitucionales;⁴⁵ la teoría de la separación de poderes quedaba en eso, en teoría, porque los poderes Legislativo y Judicial estaban subordinados al Ejecutivo; partidos de oposición meramente testimoniales y germinales; exclusión arbitraria de corrientes políticas, principalmente de izquierda, que eran obligados a actuar en la clandestinidad, como el Partido Comunista Mexicano, porque la ley (el binomio PRI-gobierno) no tenía cabida para ellas; leyes electorales que favorecían abiertamente al partido del régimen; elecciones sin competencia como las de 1976 en las que con diez meses de anticipación se sabía que José López Portillo ganaría la Presidencia de la República con el 100% de los votos válidos efectivos; subordinación de sindicatos, organizaciones empresariales y sociales al partido hegemónico; mayoría abrumadora del presidente y su partido en el órgano encargado de la organización de los procesos electorales; inexistencia de una institución para desahogar el contencioso electoral; auto-calificación de los comicios por parte de colegios electorales de extracción priísta, y la lista puede extenderse.

Hoy México tiene un Ejecutivo acotado; los poderes Legislativo y Judicial actúan de forma independiente al presidente, activando los pesos y contrapesos de los que hablaba Montesquieu;⁴⁶ un verdadero sistema de partidos y una competitividad efectiva en las elecciones; autonomía progresiva de organizaciones gremiales, sindicales, empresariales al poder político; procedimientos e instituciones electorales que garantizan que el derecho al voto de los ciudadanos sea respetado, y que las reglas del juego democrático indudablemente se cumplan. Sin duda, el tránsito democratizador se logró gracias a la madurez de los diferentes actores políticos y de la ciudadanía para aceptar a las elecciones como la única forma de acceder al poder. No se requirió de un pacto refundacional o de una revolución para ser democráticos —como en otras transiciones del orbe—, no fue necesario el derramamiento de sangre o la violencia generalizada para aceptar el cambio; por el contrario, prevaleció la civilidad a través del diálogo y la negociación. Su pacificidad es un hecho que no debe perderse de vista.

La época de los ganadores y perdedores predeterminados quedó en el pasado, vocablos como "tapado", "dedazo" o "caída del sistema" desaparecieron del argot de la vida política del país. De tener un Congreso monocolor se pasó a uno multicolor; gobernadores de por lo menos tres partidos distintos en coaliciones diferentes que pueden no tener mayoría en sus congresos locales (lo mismo en el nivel federal); la alternancia en el Poder Ejecutivo es ya una realidad. Un municipio de X estado puede estar gobernado por el PT; el PRI puede tener mayoría en la Legislatura Local; el PRD haber postulado al gobernador de ese estado, y la Presidencia de la República estar en manos del PAN; pero todos, sin excepción, actúan bajo la premisa del poder compartido porque el sistema mexicano de partido hegemónico quedó desmontado.⁴⁷

De tal suerte que para modificar el mapa de la representación política fueron necesarias una serie de reformas electorales que edificaron un sistema de partidos fuerte y elecciones confiables, transparentes, limpias y equitativas, las cuales se tornaron cada vez más competitivas. Gracias a esto, la maquinaria de las relaciones políticas se modificó totalmente dando un giro de 180 grados, al tiempo que se desmembró un régimen autoritario permitiendo que la diversidad política se expresara y recreara por la vía institucional en forma pacífica y ordenada.⁴⁸

No obstante, la democracia no es una estación terminal ni mucho menos el Jardín del Edén. Por el contrario, es una forma de gobierno que porta sus propios problemas, defectos y limitaciones. Así, el proceso electoral de 2005-2006 evidenció la necesidad de revisar la legislación aprobada diez años atrás.⁴⁹ Quedó claro que la reforma de 1996 presentaba vacíos y necesitaba actualizarse para enfrentar los nuevos desafíos de la postransición, demostrándose que no hay reformas definitivas. En ese sentido, la reforma electoral de 2007-2008, por vez primera, fue confeccionada desde el Poder Legislativo —no de Presidencia, como ocurría en forma tradicional— y por consenso de todas las fuerzas políticas, tocando temas como la revisión de la duración de las campañas, la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos, la disminución del gasto en compra de publicidad en radio y televisión para campañas y el método de renovación de las autoridades electorales (IFE y TEPJF), pero también incorporó nuevos tópicos como la regulación de las precampañas, la liquidación de los partidos, el establecimiento de mecanismos que inhibieran y castigaran las campañas negativas, así como la injerencia de terceros en los procesos electorales.⁵⁰

Después de la transición, uno de los principales retos de la democracia mexicana es la dificultad para construir mayorías congresuales debido a los gobiernos divididos, aunque vale mencionar que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, ya que se reproduce en prácticamente toda América Latina, de suerte que

la preeminencia de sistemas electorales de representación proporcional y el aumento del número efectivo de partidos políticos provocaron que la mayoría de los Ejecutivos, "pese a contar con presidentes fuertes (buenos niveles de apoyo popular y considerables facultades constitucionales), hayan enfrentado problemas de gobernabilidad y de bloqueo legislativo al encontrarse en minoría en el Congreso".⁵¹

Por tanto, es primordial avanzar en una nueva agenda que le dé gobernabilidad al país sin menguar la pluralidad existente. Y para lograr esto, vale la pena recordar que:

Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos no con outsiders, con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente.⁵²

 

Notas

¹ Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, tercera edición, 2004.         [ Links ]

² Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, trad. Fernando Santos Fontenla, Madrid, Alianza Editorial, segunda edición ampliada, 2005.         [ Links ]

³ En 1963 se estableció la figura de los diputados de partido. Consistía en otorgar cinco diputaciones al partido que obtuviese un mínimo de 2.5% de la votación total y una curul extra por cada 0.5% de votación adicional, hasta un máximo de 20 diputaciones (incluyendo triunfos de mayoría relativa).

⁴ Véase Carlos Sirvent, "Reformas y participación electoral en México, 1910-2003", en Carlos Sirvent y Octavio Rodríguez, Instituciones electorales y partidos políticos en México, México, Jorale, 2005, pp. 83-252.         [ Links ]

⁵ Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Con el posfacio: La transición de México, ¿hacia dónde? Una agenda para la reforma, trad. Roberto Reyes Mazzoni, México, FCE, 2004, p. 224.         [ Links ]

⁶ Democracia, entendida como el "conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos." Es decir, el conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones que atañen al pueblo, en la que no sólo basta: a) la atribución de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones para un número muy alto de ciudadanos; b) la existencia de reglas procesales como la de mayoría, sino que c) aquellos que están llamados a decidir o elegir a quiénes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, trad. José F. Fernández Santillán, México, FCE, 1986, p. 14.         [ Links ]

⁷ La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y Arena, mayo de 2000.         [ Links ]

⁸ Entrevista a Manuel Bartlett, en "Transición o alternancia", José Woldenberg et al., México: La historia de su democracia, vol. 3, México, Televisa, 2004.         [ Links ]

⁹ Entrevista a Emilio Chuayffet, en "Transición o alternancia", cit.

¹⁰ Andreas Schedler, "¿Por qué seguimos hablando de transición democrática en México?", en Camou, Labastida y Luján (coords.), Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina, México, IIS-UNAM/ Flacso/Plaza y Valdés, 2000, pp. 34-35.         [ Links ]

¹¹ Pedro Salazar, "Adenda. Desde la incomprensión de la transición hasta la transición incomprendida: algunas lecturas del cambio político en México", en Becerra, Salazar y Woldenberg, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y Arena, tercera edición, 2005, pp. 551 y ss.         [ Links ]

¹² Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. 4. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, tomo 4, traducción de Leandro Wolfson, Buenos Aires, Paidós, 1989, p. 19.         [ Links ]

¹³ Ibidem, pp. 19-20.

¹⁴ Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos..., pp. 157-292.

¹⁵ Ibidem, p. 264.

¹⁶ Ibidem, p. 286.

¹⁷ Ibidem, pp. 286-288.

¹⁸ José Woldenberg, Los partidos políticos y las elecciones de los Estados Unidos Mexicanos, México, Nostra Ediciones, Colección para Entender, 2006, p. 32.         [ Links ]

¹⁹ Dieter Nohlen, op. cit., p. 12.

²⁰ Mario Fernández Baeza y Dieter Nohlen, "elecciones", en Diccionario Electoral, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral, 2003, pp. 448-449.         [ Links ]

²¹ Dieter Nohlen, op. cit., pp. 15-16.

²² José Woldenberg, "Los retos de la política hoy", en Francisco Toledo, Enrique Florescano y José Woldenberg (coordinadores), Los desafíos del presente mexicano, México, Taurus, 2006, p. 34.         [ Links ]

²³ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 39-41, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2009. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc.         [ Links ]

²⁴ De 1946 a 1951 el binomio PRI-gobierno contó con cinco votos contra uno de la oposición en la Comisión Federal de Vigilancia Electoral; entre 1951 y 1973 la relación fue de cuatro contra dos en la Comisión Federal Electoral (CFE), y de 1973 a 1977 el binomio referido controló la CFE con cuatro votos por tres de la oposición. Con estos números, el partido tricolor se convertía en el único partido con la mayoría necesaria para formar quórum y tomar resoluciones por sí mismo en estos órganos electorales, además de contar con el voto de calidad del secretario de Gobernación, en caso de empate. Por lo que toca al sistema de partidos, en las elecciones federales de 1964, 1967, 1970, 1973 y 1976, además del PRI, sólo tres partidos contaban con registro: Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS) y Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

²⁵ Silvia Gómez Tagle, La transición inconclusa: treinta años de elecciones en México 1964-1994, México, El Colegio de México, segunda edición, 2001, p. 3.         [ Links ]

²⁶ Luis H. Alvarez, Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, México, Plaza y Janés, 2006, pp. 56-57.         [ Links ]

²⁷ José López Portillo, Mis tiempos. Biografía y testimonio político, tomo 1, México, Fernández Editores, 1988, pp. 416-417.         [ Links ]

²⁸ Se entiende por votos válidos efectivos, los resultantes de deducir los votos por candidatos no registrados, así como los nulos de la votación nacional emitida.

²⁹ Entrevista a José López Portillo en "La reforma original (1976-1982)", en José Woldenberg et al., México: La historia de su democracia, vol. 1, México, Televisa, 2004.         [ Links ]

³⁰ Juan Molinar Horcasitas, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena, 1991, p. 83.         [ Links ]

³¹ Carlos Sirvent (coord.), Partidos políticos y procesos electorales en México, México, Miguel Ángel Porrúa/FCPyS-UNAM, 2002, pp. 73-75.         [ Links ]

³² Los resultados electorales muestran que: "En 1988 el PRI perdió 66 diputaciones de mayoría relativa a manos de la oposición (lo que representa el 22% de los distritos uninominales), mientras que entre 1946 y 1985 había perdido 72 diputaciones totales (lo que representó escasamente el 2.6% de los distritos de mayoría relativa disputados en todo el período) (...) la derrota de la cuarta parte de los aspirantes a diputados del PRI vino a romper una de las reglas de oro del sistema electoral mexicano: la casi absoluta certeza de que los candidatos del PRI vencerán." Juan Molinar Horcasitas, op. cit., pp. 220-221.

³³ En la reforma electoral de 1986-1987 se aprobó una fórmula que resultó involutiva en la ruta de la construcción de la democracia mexicana: de una Comisión integrada por 31 miembros, el Revolucionario Institucional contó con 16 de los integrantes. De esta forma, los votos de los comisionados de los poderes Ejecutivo y Legislativo ya no eran necesarios para conseguir la mayoría para formar quórum y tomar las resoluciones en la CFE. Así, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales quedó en manos de un solo partido, que hacía las veces de juez y parte. Eso sin considerar el nombramiento en cascada, desde la Secretaría de Gobernación, de las autoridades electorales incluyendo a los funcionarios de casilla.

³⁴ Es importante mencionar que el mismo día de los comicios intermedios, el Instituto Federal Electoral también se encargó de la organización de las elecciones para elegir autoridades de la ciudad de México. Los capitalinos por primera vez eligieron al Ejecutivo local, es decir, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ocho partidos políticos presentaron candidato a este puesto. Al final, el partido del sol azteca ganó la jefatura de gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas al obtener el 44.21% de los sufragios, logrando una ventaja de 22 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor, el priísta Alfredo del Mazo González. El 6 de julio de 1997 también se celebraron elecciones en Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. El Revolucionario Institucional perdió las gubernaturas de Querétaro y Nuevo León, en ambas Acción Nacional se alzó con el triunfo. Sin embargo, en las que el partido tricolor ganó, una característica se hizo presente: la competitividad (márgenes de victoria de un dígito).

³⁵ La noción de gobierno dividido, para efectos de esta investigación, es la utilizada por Alonso Lujambio. Para este autor, un gobierno dividido es "aquel donde, en el marco de un régimen de división de poderes, el partido que llevó al presidente (o al gobernador) a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo no cuenta con el control mayoritario, esto es, con por lo menos cincuenta por ciento más uno de los escaños en la Asamblea Legislativa (o en una de las cámaras si se trata de un sistema bicameral)". Alonso Lujambio, "Gobiernos divididos en once estados de la federación mexicana, 1987-1997", en María Amparo Casar e Ignacio Marván (coords.), Gobernar sin mayoría. México 1867-1997, México, CIDE/Taurus, 2002, p. 319.         [ Links ] Del mismo autor puede consultarse: El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana, México, Océano, 2000.

³⁶ Véanse Luis Salazar Carrión (coord.), México 2000. Alternancia y transición a la democracia, México, Cal y Arena, 2001;         [ Links ] Yolanda Meyenberg Leycegui (coord.), El dos de julio: reflexiones posteriores, México, FLACSO-México/IIS-UNAM/UAM-Iztapalapa, 2001;         [ Links ] Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y Arena, segunda edición, 2002.         [ Links ]

³⁷ Entrevista a Vicente Fox Quesada, en "El 2 de julio", José Woldenberg et al., México: La historia de su democracia, vol. 3, México, Televisa, 2004.         [ Links ]

³⁸ Lorenzo Córdova Vianello, "La calificación de las elecciones presidenciales en 2006", en Jacqueline Peschard (coord.), 2 de julio: reflexiones y perspectivas, México, UNAM/ SITESA, 2007, p. 83.         [ Links ]

³⁹ Ricardo Becerra, "La vuelta a la transición democrática", en Adolfo Sánchez Rebolledo (comp.), ¿Qué país nos deja Fox? Los claroscuros del gobierno del cambio, México, Norma/IETD, 2006, p. 170.         [ Links ]

⁴⁰ Rosa María Mirón Lince, "El PRI y el sistema de partidos en México", en Jacqueline Peschard (coord.), op. cit., p. 211.

⁴¹ Idem.

⁴² Ricardo Becerra, op. cit., p. 173.

⁴³ Roy Campos, 2007; saldo electoral. Resurge el PRI, México, Consulta Mitofsky, enero de 2008.         [ Links ]

⁴⁴ Roy Campos et al., Saldo electoral 2008. En el umbral de la elección federal, México, Consulta Mitofsky, enero de 2009.         [ Links ]

⁴⁵ El presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI, decimoctava edición, 2004.         [ Links ]

⁴⁶ Del espíritu de las leyes, Madrid, Istmo, 2002.         [ Links ]

⁴⁷ Véase Carlos Sirvent (coord.), Alternancia y distribución del voto en México. Estudio de 7 casos, México, UNAM/Gernika, 2001, 485 pp.         [ Links ]

⁴⁸ Véase José Woldenberg, Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos, México, Cal y Arena, 2006.         [ Links ]

⁴⁹ Véase Carlos Sirvent (coord.), México 2006. Disputa electoral, México, FCPyS/UNAM/Gernika, 2001, 183 pp.         [ Links ]

⁵⁰ Un análisis completo de la reforma electoral de 2007-2008 puede verse en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coords.), Estudios sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo, México, TEPJF, 2008.         [ Links ] Véase también Carlos Sirvent, "La reforma electoral 2007: sus efectos e implicaciones procedimentales", en Fepade Difunde, año 6, núm. 15, México, enero-junio de 2008, pp. 59-74.         [ Links ]

⁵¹ Daniel Zovatto y J. Jesús Orozco Henríquez (coords.), Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007, México, IIJ-UNAM/IDEA Internacional, 2008, p. 194.         [ Links ]

⁵² Daniel Zovatto (coord.), Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, México, IIJ-UNAM/IDEA Internacional, 2006, p. 179.         [ Links ]