Sistema político mexicano

 

El PRI ante la crisis electoral de julio de 2006: ¿lealtad institucional, traición o realpolitik?

 

Guadalupe Pacheco Méndez*

 

*Profesora-investigadora Titular "C" de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Departamento de Relaciones Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.

 

Resumen

En la elección presidencial del 2 de julio 2006, el Partido Revolucionario Institucional retrocedió al tercer lugar y abrió una crisis política. Los resultados electorales afectaron el equilibrio entre las corrientes internas del PRI. En este contexto, varios problemas se plantearon a la dirigencia partidaria y a los gobernadores priístas. Uno de ellos era cómo reaccionar ante la crisis política que se abrió el 2 de julio y qué rol darle al PRI en ese contexto. Otro tenía que ver con la designación de sus nuevos coordinadores legislativos. Estos dos problemas resultaban difíciles de resolver dada la compleja situación interna del PRI, la cual se caracterizaba por la existencia de tres núcleos de gobernadores que se disputaban el control de la agenda política y la distribución de los cargos partidarios.

Palabras clave: realpolitik priísta, relación de fuerzas, gobernadores priistas, crisis política.

 

Abstract

On the presidential election held in July 2, 2006, the Institutional Revolutionary Party was set back to third place and a political crisis blowed up. The equilibrium of the PRI's internal currents was modified by the electoral results. On that context, the PRI leadership and PRI governors had to face several problems. One was how to react to the political crisis that blew up in July 2 and what roll should the PRI play in that conflict. Another problem concerned the election of the new deputies and senators leaders in both legislative chambers. Both problems were hard to solve in the complex internal party context, whose main feature was the existence of three different nucleus of PRI governors who were fighting over the control of the political agenda and the distribution of party positions.

Keywords: PRI realpolitik, relationship of forces, PRI governors, political crisis.

 

Durante las elecciones federales de julio de 2006 en México, el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió su segunda derrota en la contienda por la Presidencia de la República. El candidato presidencial priísta, Roberto Madrazo Pintado, sólo atrajo 22.23% de la votación, a pesar de que había formado una coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que lo colocó en un lejano tercer lugar, en tanto que una cerrada competencia por la primera posición se estableció entre el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, quien obtuvo 35.89%, y el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, al cual se habían sumado dos pequeños partidos más, quien alcanzó 35.33%.¹ Durante esa jornada electoral, en la que también se renovó el Congreso de la Unión, se abrió una profunda crisis política por el cuestionamiento a los resultados de la elección presidencial, al desempeño del Instituto Federal Electoral (IFE) y, desde luego, a la conducta del entonces presidente de la República, Vicente Fox.

Por supuesto, esta coyuntura crítica tuvo fuertes efectos dentro del PRI y abrió un nuevo capítulo político en la evolución interna del PRI. Dos vertientes problemáticas se plantearon de modo simultáneo y entreverado: la primera tenía que ver con la posición que el PRI iba a adoptar ante la crisis política que desató el conflicto entre el PRD y el PAN durante las semanas y meses que siguieron a esos comicios, lo cual a su vez profundizó la división y el conflicto dentro del PRI. Y la segunda vertiente problemática tenía que ver con la nueva relación interna de fuerzas que estos resultados impusieron a las corrientes priístas, lo que prefiguraba de alguna manera, los términos de la distribución interna de ciertas posiciones de poder: las coordinaciones legislativas y, ulteriormente, la presidencia del partido.

Así pues, en julio de 2006, en medio de profundas divisiones internas, el PRI asumió un nuevo rol político ante el conflicto que envolvió a la arena política nacional y, simultáneamente, tuvo que ajustar sus mecanismos internos de toma de decisiones bajo la presión que su nueva derrota electoral ejerció sobre su propia crisis interna. En este complejo nudo de dificultades políticas, los gobernadores priístas jugaron un papel central. Lo que nos interesa destacar aquí es que lo cerrado de la contienda interpartidaria afectó decisivamente el cálculo político de los actores internos del PRI, lo cual se manifestó abiertamente en los días de la crisis político-electoral que se desencadenó en el verano de 2006. Bajo esta perspectiva, el objetivo de este trabajo es dar seguimiento a la situación interna del PRI durante julio de 2006 y a los problemas políticos que se le plantearon tanto en el ámbito interno como ante la crítica situación externa al partido.

El estudio de esta problemática es relevante desde varios puntos de vista. En primer lugar, el PRI sigue siendo un importante factor político, pues aún conserva alrededor de la mitad de las gobernaturas en el país y porque, aunque sólo logró colocarse como la tercera fuerza partidaria en el Poder Legislativo, jugó un papel crucial de amortiguador de las tensiones políticas que derivan de la polarización política entre las dos primeras fuerzas del Congreso de la Unión. En segundo lugar, el estudio de esta problemática pone de relieve que para comprender la lógica de acción de los actores políticos, no basta con conocer sus posiciones de principio, sino que es necesario observar la óptica político-organizativa con la que miden sus intereses materiales propios y bajo qué consideraciones prácticas toman decisiones que no sólo afectan al PRI mismo sino también al conjunto de la arena política; en este sentido, el estudio del comportamiento de los políticos priístas en una coyuntura crítica como la vivida en el verano de 2006 también pone en evidencia cómo la realpolitik del PRI es el resultado de su relación interna de fuerzas y del cálculo de los actores internos involucrados. En tercer lugar, el estudio de esta coyuntura pone en evidencia la interacción que se establece entre el interior de una organización, en este caso el PRI, y el entorno externo, es decir, los otros partidos y demás instituciones políticas involucradas en el proceso electoral de 2006; dentro de esta perspectiva, aunque no es el objetivo central de este trabajo, este análisis devela cómo el carácter inacabado y parcial del proceso de democratización de las instituciones políticas y del sistema político, se vuelve a su vez en un factor que poco favorece el desarrollo político interno de las organizaciones partidarias, al empujarlas a un juego en el que los acuerdos casuísticos van de la mano con los acuerdos institucionales y donde los fines individuales pueden llegar a sobreponerse a las reglas institucionales.

 

I. Los gobernadores priístas y la división interna, 2004- 2006

Sin considerar menos a los efectos que tuvo la evolución institucional del régimen mexicano hacia una contienda electoral más competitiva sobre la organización priísta, en el sentido de disminuir la cantidad de cargos de representación popular que lograba obtener, la segunda derrota del PRI sólo puede comprenderse más a fondo cuando se toman en consideración los conflictos de poder que se desataron al interior de dicho partido desde el otoño de 2004, con motivo de la lucha por la candidatura presidencial de 2006. Los principales protagonistas de este enfrentamiento fueron los gobernadores priístas los cuales se aglutinaron en diferentes grupos. La líneas de fractura que se precisaron y profundizaron en 2005 se prolongaron durante todo 2006.

 

a) Antecedentes inmediatos del alineamiento interno de los gobernadores priístas

El primer grupo de gobernadores que claramente se podía discernir en el otoño de 2004 era el formado por los gobernadores de Oaxaca, Tabasco y Campeche, cohesionado en torno al presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo. También estuvieron los gobernadores de Guerrero y Quintana Roo, pero estaban a punto de dejar su cargo. El rasgo común entre estos mandatarios era que a pesar de haber sido postulados candidatos e iniciado su gestión en el último tercio de la administración zedillista, por diferentes circunstancias fueron rebeldes a los designios centralistas del entonces presidente de la República.

El segundo grupo se dio a conocer abiertamente en noviembre de 2004 y lo integraron los gobernadores de los estados de Nuevo León, Sonora, México, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Coahuila, pero los cinco últimos estaban por terminar su gestión; también formó parte de este núcleo el senador Enrique Jackson; todos ellos fueron políticos alineados con el gobierno de Zedillo y aunque se auto-denominaron Unidad Democrática, por su conocido móvil de oponerse a Madrazo, fueron ampliamente conocidos como TUCOM (acrónimo de la frase "todos unidos contra Madrazo"). Desde la primavera de 2004, este grupo forjó una alianza, que en aquel momento no se hizo pública, con Elba Esther Gordillo, la líder sindical que hasta ese momento seguía ocupando nominalmente la secretaría general del CEN del PRI, con el fin de impedir que Madrazo fuese el candidato presidencial del PRI en 2006.

Por último, el tercer grupo emergería más claramente en la primavera de 2005 y lo conformaron un grupo de mandatarios recién electos en Veracruz, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Colima y Puebla; por lo que su acceso a la gubernatura ocurrió cuando ya la Presidencia de la República no era ocupada por el PRI, lo que amplió su margen de maniobra política. Aunque la mayor parte de ellos estuvieron precedidos en ese cargo por mandatarios adversos a Madrazo, guardaban alguna distancia respecto al TUCOM porque no estaban de acuerdo con la influencia de Gordillo dentro de este último grupo. Las razones eran variadas. En primer lugar, había un fuerte descontento entre las filas priístas locales en contra Gordillo por haber apoyado a candidatos de otros partidos en elecciones locales. Asimismo, estos gobernadores, al igual que los del primer grupo, estaban molestos por los trabajos cobijados desde el SNTE para formar un nuevo partido político; se trataba de Nueva Alianza, que obtuvo del IFE su registro como partido nacional el 14 de julio de 2005.² Así que debido a estas circunstancias, estos gobernadores inicialmente se declararon como "no alineados" o incluso ni se manifestaron, aunque a la postre, con la excepción de los de Puebla y Colima, terminaron por alinearse con el TUCOM. Por otra parte, el nuevo gobernador de Quintana Roo no externó posición alguna en aquel momento, pero más tarde también habría de sumarse en los hechos a las posiciones del TUCOM.

¿Qué posiciones fueron tomando cada uno de los gobernadores priístas durante los meses finales de la campaña, en mayo y junio de 2006? ¿Cómo evolucionaron los grupos determinados los numerosos cambios de gobernador que ocurrieron a lo largo de 2005?

Durante el primer semestre de 2006, varios gobernadores adversos a Madrazo le regatearon el apoyo a su campaña presidencial, esta dinámica se hizo más patente conforme se acercaba la fecha de la elección y las encuestas de opinión seguían colocando a Madrazo en un lejano tercer lugar en la contienda por la Presidencia de la República. Los diecisiete gobernadores priístas seguramente revisaron sus cálculos estratégicos sobre que actitud tomar ante esa situación. Ante un escenario que percibieron en términos de "o López Obrador o Calderón Hinojosa", algunos mandatarios empezaron a sopesar qué les convenía más, si acercarse a uno o a otro, pues uno de ellos sería el futuro presidente de la República. Simplemente, era un problema de realismo político. Por otra parte, ante la muy tangible posibilidad de que el PRI perdiera por segunda ocasión la elección presidencial, el peso político de los gobernadores se fue reevaluando más, mientras que el de Madrazo se fue desdibujando.

Entre los gobernadores que de modo abierto se habían alineado en torno a Madrazo desde principios de 2005, la situación sufrió modificaciones. De aquel núcleo básico, Ulises Ruiz seguía siendo uno de sus apoyos más fuertes, pero en esta etapa, sus esfuerzos políticos tuvieron que concentrarse en resistir la embestida de un movimiento en su estado que buscaba su destitución. En lo que respecta al gobernador Manuel Andrade, de Tabasco, mantuvo su apoyo a Madrazo, pero también estaba concentrado en contener el fuerte avance del PRD en aquel estado. Jorge Hurtado de Campeche, gobernador desde 2003, también seguía apoyándolo. Por su parte, Mario Marín, el nuevo gobernador de Puebla desde 2005, apoyó los actos de campaña de Madrazo en el estado, a pesar del fuerte desgaste político al que fue sometido durante buena parte de 2006. Además de Marín, tres nuevos gobernadores de reciente elección se sumaron a los que apoyaban a Madrazo, uno de ellos fue Humberto Moreira, el nuevo gobernador de Coahuila, donde el SNTE tenía gran influencia, y que a diferencia de su antecesor en el cargo, se alineó con Madrazo y ocupó un lugar central en su equipo.³ Los otros dos fueron Ney González, quien llegó en 2005 a la gobernatura de Nayarit apoyado por Madrazo, y Silverio Cavazos en Colima. En total, siete mandatarios.

Entre los claros opositores a Madrazo se contaban Natividad González, de Nuevo León; Eduardo Bours, de Sonora, así como dos nuevos gobernadores: Miguel Osorio, de Hidalgo, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas.⁴ Este grupo mantenía una línea de continuidad con los fines perseguidos por el grupo conocido como TUCOM que se había formado a fines de 2004. En total, eran cuatro gobernadores.

Los otros seis gobernadores tuvieron posiciones variadas y trataron de guardar una posición más independiente respecto a los dos primeros grupos. José Reyes, gobernador de Chihuahua desde fines de 2004, mantuvo una posición más bien moderada y discreta, como de interlocutor entre ambos polos. Fidel Herrera, de Veracruz, no simpatizaba con Madrazo pero tampoco era cercano del grupo encabezado por el mandatario neoleonés y menos aún de su predecesor en la gubernatura. Enrique Peña, sucesor de Arturo Montiel en el estado de México, más bien estaba interesado en consolidar su liderazgo entre los gobernadores priístas, por lo que en aquel momento buscó posicionarse como punto de intersección y de interlocución entre ambos bandos, si bien tendía a inclinarse más bien del lado del TUCOM. Los gobernadores de Sinaloa, Jesús Aguilar; de Quintana Roo, Félix González, y el de Durango, Ismael Hernández, no externaron en ese momento su posición, pero a la postre serían más cercanos al segundo grupo liderado por el mandatario neoleonés.

Así estaban dispuestas las posiciones de los gobernadores priístas durante los meses culminantes de la campaña de Madrazo. Los resultados del PRI en las elecciones presidenciales del 2 de julio habrían de poner más en claro las verdaderas capacidades e intenciones de varios de esos mandatarios. En esas mismas semanas de mayo y junio, hubo intentos de forzar a Madrazo a que renunciara a la candidatura presidencial, pero no prosperaron. Después de varios jaloneos y maniobras internas, el día 25 de junio, en varios diarios, apareció publicado un desplegado suscrito por todos los gobernadores priístas, incluido Bours, de apoyo a Madrazo.⁵ Sin embargo, en los hechos, la falta de apoyo de determinados gobernadores hacia su candidato presidencial persistió⁶ e incluso estuvieron dispuestos a no movilizar plenamente sus respectivas estructuras partidarias locales a favor de Madrazo el 2 de julio mismo.⁷ El grupo formado por los gobernantes aún en funciones que tenían mayor continuidad con los fines del TUCOM, así como varios de los no alineados, buscaron la negociación con el candidato presidencial panista, incluso desde semanas antes de la elección federal.

 

b) Los dilemas del PRI ante la crisis electoral de 2006

La estrecha diferencia entre los votos captados por cada uno de los dos principales contendientes en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador del PRD y Felipe Calderón del PAN, dieron pie a una crisis política que sacudió al escenario político nacional durante toda la segunda mitad de 2006. No es nuestro objetivo analizar detalladamente la crisis de 2006, tema que ha empezado a ser abordado con detenimiento por otros autores,⁸ sino simplemente esbozar a grandes trazos la tela de fondo sobre la cual tuvieron que actuar las élites priístas luego de la ratificación del tan pregonado tercer lugar de Roberto Madrazo, profetizado por las encuestas previas a los comicios del 2 de julio de 2006.

Varios factores contribuyeron al desencadenamiento de esa crisis política. En primer lugar, hay que señalar que entre los antecedentes de ese conflicto se encontraba la cuestionable intervención del presidente panista Vicente Fox en el escenario político y electoral con acciones o conductas que favorecieron al candidato de su partido y afectaron negativamente al perredista y al priísta.⁹ El segundo factor tiene que ver con las dudas que despertó el IFE cuando no pudo anunciar datos oficiales durante la noche del 2 de julio debido al estrechísimo margen de diferencia entre los dos punteros ("empate técnico").¹⁰ En tercer lugar, ante el descrédito en que cayó el IFE y su imposibilidad de poder anunciar de inmediato qué candidato había ganado la carrera presidencial, el eje de la acción se desplazó hacia afuera de esa institución: los candidatos presidenciales panista y perredista se auto-proclamaron ganadores y los medios de comunicación dieron a conocer los resultados de las encuestas de salida de casilla, patrocinadas por ellos mismos, antes de que se dieran a conocer los números del cómputo distrital del IFE realizado de la noche del miércoles 5 al jueves 6 de julio, que son los habitualmente utilizados para emitir un resultado prácticamente oficial.

Todos estos conflictos se desencadenaron como una avalancha que culminó con la impugnación al proceso electoral hecha por la alianza encabezada por el PRD desde la noche misma del cómputo distrital por medio de juicios de inconformidad, que culminaron con su exigencia ante el TEPJF de un nuevo conteo, "voto por voto y casilla por casilla", de la elección presidencial y la petición de no validar los comicios presidenciales; todo esto sazonado con las acusaciones del candidato presidencial perredista de un fraude fraguado desde la Presidencia de la República con la complicidad del IFE.¹¹ Su obvia intención política era obtener una rectificación de los resultados, de modo tal que o bien le diera la victoria a su candidato o, en última instancia, anulara la elección presidencial, lo que implicaría la organización de elecciones extraordinarias. Esto abrió un largo y tenso periodo de espera que habría de durar casi diez semanas, hasta que el tribunal dio a conocer las cifras definitivas el 5 de septiembre de 2006.

Para el PRI, perder por segunda ocasión consecutiva la elección presidencial, significaba que sus posibilidades de regresar a la Presidencia de la República, no sólo se posponían otros seis años, sino que incluso podrían adelgazarse aún más; significaba también que durante otro sexenio más, el PRI tendría que seguir navegando sin el timón de la Presidencia de la República y sin el cual al parecer no podía funcionar adecuadamente en su ámbito interno para poder responder ante los grandes desafíos externos; significaba, asimismo, que los gobernadores priístas, a pesar de actuar descoordinadamente, seguirían siendo los dueños de los aparatos partidarios regionales; aún más, significaba que ya no estarían obligados a disciplinarse ante una autoridad presidencial de origen priísta, lo que beneficiaba su capacidad de negociación y de maniobra ante el centro.

El principal problema que ya se les había venido planteando desde abril era qué hacer ante el previsible tercer lugar. ¿Qué significaba la profetizada derrota de Madrazo para los priístas? ¿Qué dilemas les planteaba? ¿Cómo enfrentar esa crisis político-electoral? ¿Que les convenía más como tercera fuerza partidaria? Ante esos interrogantes, cada una de las dos principales corrientes dentro del PRI sopesó por separado la situación y tomó decisiones políticas en favor de un determinado curso de acción que modelaron su estrategia política ante el entorno político externo al partido y ante las circunstancias al interior del partido; en este sentido, las cosas giraban en torno a un sólo vórtice: ¿quién sería declarado presidente del país?

Ante la incertidumbre de los resultados aún incompletos del Programa de Resultados Preliminares del IFE y, sobre todo, ante las presiones ejercidas por diversos actores políticos para que se saltaran ciertas etapas del proceso electoral, lo que implicaba sacarlo de sus estrictos cauces legales, el cálculo político de las élites priístas se guió por el siguiente dilema: ¿quién les convenía más como futuro presidente: Calderón Hinojosa o López Obrador? ¿A quién de los dos les convenía apoyar en función de sus propios intereses políticos? ¿Y más terrenalmente, qué acciones inmediatas emprender en función de ello? La noche y la madrugada del 2 de julio de 2006, fueron cruciales para configurar la solución resultante de esta disyuntiva que dividía profundamente a las dos corrientes del PRI.

 

II. El PRI, ¿oposición leal o realpolitik?

Para los gobernadores priístas, las cúpulas de las principales organizaciones sociales ligadas al PRI y el resto de los componentes partidarios, la derrota de Madrazo en un lejano tercer lugar era la única certidumbre, pero también se vieron inconmensurablemente confrontados a la crisis electoral externa derivada del 2 de julio. En este asunto, obviamente las divergencias entre las dos grandes corrientes del PRI fueron profundas, sobre todo vistas desde la perspectiva de las implicaciones políticas de las diferentes formas y métodos seguidos por una y otra corriente para actuar dentro de esa crisis, aunque aparentemente a la postre a la hora de los resultados prácticos ambas fuesen convergentes.

El 2 de julio, mientras que Calderón y López se auto-proclamaban vencedores y el presidente del IFE declaraba un "empate técnico" que lo imposibilitaba para anunciar al ganador de la Presidencia esa misma noche, Mariano Palacios, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, flanqueado de un sonriente pero silencioso Roberto Madrazo, se presentó en dos ocasiones ante la prensa, una alrededor de las ocho de la noche y otra cerca de la medianoche. En ellas, criticó la actitud del panista y del perredista; pidió al IFE no adelantar resultados hasta que se cerrase el PREP, ni publicitar los del conteo rápido; también anunció que el PRI no reconocería resultados hasta que culminase el proceso oficial del cómputo de votos en las actas distritales y que, en esa tónica, el partido se asumía como un "factor de estabilidad y gobernabilidad y conducción política del país". Pero lo más sorprendente fue que Palacios declaró que, según informes de su estructura electoral, la Alianza por México, encabezada por el PRI tenía posibilidad de "éxito en la competencia federal".¹²

A todas luces, la declaración sobre las "posibilidades" de ganar no tenía ningún sustento; el PRI ya sabía perfectamente que estaba en tercer lugar. Tanto así que, 24 horas después, en la noche del 3 de julio, se llevó a cabo una reunión en el salón Presidentes de la sede nacional partidaria en la que participaron todos los gobernadores priístas (excepto Bours), así como Palacios y Madrazo, al término de la cual el derrotado candidato presidencial hizo una declaración ante los medios en la que reconocía su derrota, pero sin declarar triunfador ni a López ni a Calderón y aclarando además que el PRI no acudiría a tribunales ni judicializaría la política.¹³

¿Qué significaban estas contradictorias declaraciones en el lapso de un día a otro? De manera simple, se podría pensar que los gobernadores obligaron a Madrazo a dejar la pelea y a reconocer su derrota. Sin embargo, las cosas fueron más complicadas, pues en el contexto político prevaleciente. La opinión del PRI respecto a quién había sido el ganador cobraba gran valor político y la declaración sobre la legalidad del proceso podía ser interpretada como un reconocimiento implícito a la, en ese momento hipotética victoria de Calderón. Pero desde el punto de vista interno, el meollo del asunto fue que un grupo de gobernadores intentó forzar a Madrazo a reconocer abiertamente la victoria de Calderón; ante esa presión, las declaraciones del presidente del CEN respecto al rol del PRI como factor de gobernabilidad y de estabilidad eran en realidad un parapeto con el que se intentaba contener, o más bien de resistir, a la presión de esos gobernadores ligados al TUCOM y a Gordillo y a quienes se había sumado Víctor Flores, el dirigente del Congreso del Trabajo.¹⁴ Estos mandatarios construían ya un pacto con el equipo de Calderón, por medio del cual se comprometían a reconocer la victoria de Calderón antes de que se completase el proceso de conteo de votos por parte de las autoridades electorales y habían empezado a exigir la renuncia de Mariano Palacios como dirigente nacional del PRI.¹⁵

En efecto, desde los días que precedieron a la jornada electoral, varios gobernadores del TUCOM tomaron contacto con el equipo de Calderón y funcionarios del gobierno panista, con el fin establecer el compromiso de reconocer inmediatamente la victoria del candidato presidencial panista. La semana anterior a las elecciones, Natividad González y Enrique Peña habían sostenido ya una reunión con Josefina Vázquez, pieza clave del equipo de Calderón¹⁶ y dejaron claro que ellos serían el canal de negociación con el PRI, intentando ya desplazar a Madrazo y a Palacios; simultáneamente se filtró a la prensa información en el sentido de que el sábado 8 de julio Palacios sería sustituido por otro dirigente, mencionándose incluso los nombres de Beatriz Paredes, Enrique Jackson y Manuel Ángel Núñez Soto como sus posibles sustitutos.

Según la versión del propio Madrazo,¹⁷ el día 3 de julio por la tarde, una comisión de gobernadores priístas encabezada por González Parás, se reunió con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y se comprometieron a obligar a Madrazo a que esa misma noche reconociera a Calderón como triunfador. Posteriormente, antes de la reunión oficial en la sede nacional del PRI, en un sitio privado, estos comisionados se reunieron con un grupo más amplio de gobernadores y les presentaron planteamientos derivados de la negociación con Abascal; una vez que tomaron acuerdos, invitaron a Palacios a acudir a su reunión, pero éste les dijo que la sede del partido era el lugar adecuado para dicho encuentro y por eso se trasladaron a Insurgentes Norte para reunirse con Madrazo, pero Palacios ya había invitado también a esa reunión a otros miembros de la dirigencia para que fueran testigos en el encuentro de esa noche.¹⁸

En el salón Presidentes, Madrazo y Palacios se reunieron con 16 de los 17 gobernadores priístas (Bours estuvo ausente) y todos los dirigentes sectoriales.¹⁹ Durante el encuentro, se le planteó a Madrazo no sólo que reconociera su derrota —lo cual era lo de menos ante la tajante diferencia que lo separaba de los dos punteros—, sino que algunos le exigieron reconocer la victoria de Calderón antes de que se agotara el proceso legal.²⁰ La respuesta de Madrazo fue fulminante: "No voy a ser el Zedillo de 2006".²¹ De hecho, varios gobernadores no estaban de acuerdo "con levantarle el brazo a Calderón"; y es que los mandatarios estaban divididos en torno a cómo enfrentar la crisis electoral y no todos estaban dispuestos a reconocer antes de tiempo al panista ni a ceder ante las presiones del grupo lidereado por el gobernador neoleonés.

Después de la negativa de Madrazo, Natividad González renovó, entre el 4 y 6 de julio, sus contactos con la Secretaría de Gobernación y, sin el conocimiento del CEN del PRI, empezó a promover entre los gobernadores priístas la firma de un desplegado, cuyo texto ya había consensuado con Enrique Peña, para reconocer a Felipe Calderón. Sin embargo, dicha iniciativa no prosperó porque muchos gobernadores no estaban de acuerdo con ese procedimiento. Humberto Moreira, de Coahuila, y José Reyes, de Chihuahua, consultaron con Palacios el asunto; éste a su vez cuestionó a Natividad González, quien reconoció sus tratos con Gobernación y lo del desplegado donde se hacía mención de "que la mayoría de los votos es para Felipe Calderón", frase que Palacios le sugirió cambiar por la frase "con quien resulte ganador".²² Otros gobernadores más no apoyaron la firma del desplegado: Cavazos, de Colima; Hernández, de Tamaulipas, y Aguilar de Sinaloa; también Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Enrique Peña, del Estado de México, empezaron a dudar de la vía impulsada por el gobernador de Nuevo León.²³

En largas negociaciones internas priístas sobre qué posición tomar ante la crisis política, seguramente también se discutió el problema de fondo, es decir, que tanto el hecho de inclinarse por uno u otro candidato, por encima de las instituciones y procesos legítimos, no conduciría a la ingobernabilidad o, en todo caso, a una desinstitucionalización; al parecer, prevaleció la idea de que el PRI debería de jugar un rol político estabilizador de la institucionalidad del sistema. Claro que no sólo por convicciones principistas llegaron a esa determinación. También tamizaron estas decisiones los intereses particulares de cada quien: Ruiz seguramente vio la oportunidad de cobrar el favor a Calderón pidiendo el cese al acoso político del que era objeto en su estado; para Madrazo y Palacios el argumento del "factor de institucionalidad" era un parapeto ideal para no ceder a las presiones de los gobernadores, especialmente del núcleo formado por González Parás, Peña, Bours y Hernández, a quienes veían como unos traidores a la campaña y, desde luego, porque a muy pocos gobernadores convencía la idea de ver a López Obrador instalado como presidente de la República. No está por demás señalar que también por su parte Calderón tomo iniciativas para contactar a algunos gobernadores priístas, quienes siguieron negociando por su cuenta con el equipo del panista.²⁴

Pero también desde el PRD se ejercieron presiones sobre el CEN del PRI y Madrazo. Seguramente conscientes de la fractura interna priísta, los dirigentes perredistas los contactaron para proponerles que apoyaran a su candidato antes de que culminase la revisión del proceso que haría el TEPJF.²⁵ El argumento con el que los perredistas intentaron persuadir a Madrazo era que había dos millones de votos "robados" al candidato del PRI; pero al decir de éste, su posición en el tercer lugar era clara según sus propios datos; seguramente, de ahí derivó la conclusión de la inutilidad de hacer un juego favorable a López, cuando las posibilidades de obtener algún beneficio eran más que remotas²⁶ y cuando muy profundas y agrias diferencias habían separado a los dos tabasqueños desde los lejanos días en que disputaron la gubernatura de Tabasco en 1994. Por otro lado, Madrazo temía que el grupo de gobernadores que promovía el reconocimiento a Calderón lo atacase aún más, lo que a su vez habría profundizado la fractura del PRI.

Bajo el peso de estas consideraciones, Madrazo y Palacios rechazaron la propuesta del PRD y desecharon la opción de levantar la mano del candidato perredista como ganador de los comicios presidenciales. Aunque adujeron las graves consecuencias desintitucionalizadoras y de ingobernabilidad que traería dicha decisión, también declinaron la invitación perredista por razones muy pragmáticas y de conveniencia propia, el PRI estaba en un muy lejano tercer lugar y no apostaría su capital electoral para apoyar a alguno de sus adversarios.

Así fue como el CEN del PRI, acuciado por las presiones políticas tanto internas como externas al partido, optó por tomar el papel de la nueva oposición leal. En esa decisión, el interés propio y las consideraciones de realpolitik tuvieron un peso igual, si no es que mayor, que las cuestiones de principio.

El día 5 de julio se iniciaron los cómputos distritales, los cuales se completaron a las tres de la tarde del día siguiente; normalmente, con base en ellos se suelen publicitar los resultados de las elecciones federales, incluso antes de su revisión por el TEPJF. Calderón registró una cerradísima ventaja de 0.58% sobre López.²⁷ Por la tarde, el Consejo General del IFE dio a conocer los resultados y turnó el asunto al TEPJF, que era encargado de calificar la elección presidencial. Esta situación estimuló a los gobernadores "calderonistas" del PRI a seguir presionando para adelantar el reconocimiento de su partido al panista. La premura de estos gobernadores por declarar triunfador al panista, estuvo azuzada por Gordillo. Por otra parte, el PRD, todavía con la esperanza de granjearse el apoyo priísta, no desaprovechó la ocasión de exhibir el cabildeo de esta última entre los gobernadores priístas para convencerlos de que negociaran con Calderón; así, el sábado 8 de julio, durante la multitudinaria concentración en el Zócalo convocada por López y el PRD, se leyeron las conversaciones telefónicas entre el gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández y Gordillo.²⁸ Con ello, el PRD buscaba, además de sustentar sus argumentos de una elección de Estado, empujar al PRI para que apoyara al PRD. Aunque finalmente, el PRD no logró el efecto buscado, lo que sí ocurrió es que pocos días después se reactivó el proceso de expulsión de Gordillo de las filas del PRI.

Simultáneamente, ese mismo sábado 8 de julio se registraron contactos de Bours, González Parás, Peña y Bours con Calderón; después, los dos primeros, como encargados del enlace junto con Ulises Ruiz, convocaron a los otros mandatarios priístas a una reunión para el lunes 10, en la que les propondrían que firmaran una carta abierta reconociendo el triunfo de Calderón y en la que le ofrecerían su colaboración.²⁹

En ese mismo encuentro, también planeaban desbancar a Mariano Palacios de la presidencia del partido para colocar a Jackson en su lugar, así como designar a Francisco Labastida y a Emilio Gamboa como los nuevos coordinadores de las bancadas priístas en el Poder Legislativo. En suma, querían quedarse con todo.

Palacios calificó de inadmisible dicho intento.³⁰ Pero lo más importante fue que varios gobernadores del grupo madracista y del de los no alineados ofrecieron resistencia a estas presiones internas "calderonistas". Entre ellos se encontraban los mandatarios de Colima, Coahuila, Chihuahua, Campeche, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y Durango. Y varios de ellos, el mismo lunes 10 de julio, por separado, hicieron público su rechazo a avalar a Calderón y se manifestaron por esperar el fallo del tribunal electoral.³¹ Es decir, la mitad de los gobernadores priístas externaron su desacuerdo con reconocer a Calderón y dejaron en claro que no estaban dispuestos a firmar una carta en ese sentido. Por lo pronto, el anunciado lunes 10 de julio no salió la carta por falta de consenso en su redacción. Era obvio que cada grupo de gobernadores ahora estaba dividido internamente. Esto puso de relieve que el alineamiento político de los gobernadores previo a la campaña se encontraba ahora atravesado por una línea divisoria surgida ante las exigencias de afrontar la coyuntura derivada del 2 de julio.

Por otra parte, ante el evidente cabildeo de Gordillo con los gobernadores priístas para que reconocieran a Calderón antes de que culminara el proceso legal, y ante la disputa que ya se abría por la dirección nacional del partido, el CEN optó por cerrarle el paso a Gordillo y el mismo lunes 10 de julio se reabrió el expediente sobre su expulsión, el cual databa desde 2005. Posiblemente, ante la eventualidad de una sustitución inmediata de Palacios como presidente del CEN, también quisieron cerrar toda posibilidad de que Gordillo llegase a ocupar ese cargo. El 12 de julio, González Parás, Ruiz y Peña se reunieron con Palacios con ese mismo objetivo. A pesar de ello, la Comisión de Justicia Partidaria dio a conocer su decisión de expulsarla.³² Las causales principales esgrimidas para justificar dicha sentencia fueron la creación de Nueva Alianza y los ataques contra el dirigente y el candidato presidencial del PRI,³³ pero lo que aceleró esta decisión fue el cabildeo de Gordillo entre los gobernadores priístas con los que tenía afinidad política o medios para presionarlos para que reconocieran a Calderón. Los gobernadores de Coahuila, Durango, Veracruz, Sonora, Nuevo León, estado de México, Tamaulipas e Hidalgo, así como el senador Jackson, manifestaron públicamente su oposición a la expulsión.³⁴

La división entre los gobernadores respecto al apoyo a Calderón y la reapertura del proceso de expulsión de Gordillo sirvieron para moderar la redacción de la famosa carta de los mandatarios y desde el 12 de julio empezó trascender que la redacción de la carta iba en el sentido de apoyar los resultados del IFE, pero ya sin reconocer explícitamente el triunfo de Calderón. El 16 de julio, el desplegado de los mandatarios priístas apareció publicado en diversos diarios y en él se leía: "Los gobernadores del PRI reconocemos, en consecuencia, el resultado de la elección presidencial que ha computado el Instituto Federal Electoral" y "[...] exhortamos a la sociedad, al gobierno y a todos los actores políticos a respetar la ley, a nuestras instituciones electorales [...]". Únicamente Silverio Cavazos de Colima y Humberto Moreira de Coahuila no lo firmaron. El gobernador de Colima, Silverio Cavazos, declaró que el texto no fue consensado con el CEN y que, en realidad, siete gobernadores —los de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Tabasco y Colima— se habían opuesto a su publicación.³⁵ El desplegado suscitó el descontento del CEN. Palacios declaró que los gobernadores no eran los voceros del partido y que la posición del PRI era la de acatar la resolución del TEPJF, poniendo énfasis en el hecho de que aún no había una declaración de presidente electo.³⁶ Por supuesto que esta declaración también era un parapeto interno para tratar de contener a aquellos gobernadores que querían apresurar el proceso saltándose los tiempos y las formas legales.

La precipitación y premura con la que actuaba el núcleo de gobernadores que promovía el reconocimiento inmediato a la victoria de Calderón se debía a la desasosiego que debieron haberles provocado las masivas manifestaciones en favor del López Obrador registradas en esos días. Precisamente, el mismo día 16 de julio en que apareció el desplegado, el principal acontecimiento en el escenario político fue la convocatoria del candidato presidencial perredista a la resistencia civil pacífica, ante un masivo mitin en el Zócalo en el que se estimaron un millón de asistentes. La poderosa movilización perredista seguramente fue un factor que empujó a los gobernadores "calderonistas" a acelerar la publicación del desplegado y a presionar a los gobernadores que no estaban convencidos de los términos de la redacción de dicho documento, en donde en lugar de pronunciarse por el estricto respeto al curso legal, esto es, esperar el dictamen del TEPJF, reconocieron los datos de los cómputos distritales del IFE, lo cual entre líneas era un pronunciamiento a favor de Calderón. Mientras tanto, el PRD ya se aprestaba para presentar sus recursos de impugnación ante el TEPJF y los respectivos tribunales estatales, principalmente el relacionado con la elección presidencial. Momento a partir del cual se abriría un largo compás de espera que duraría hasta el 5 de septiembre, la fecha límite para que el tribunal emitiese su dictamen.³⁷

Mientras tanto, en el PRI, los gobernadores "calderonistas" ya habían llegado al punto máximo de su embestida para obligar a la dirección nacional a reconocer como ganador a Calderón y ahora tenían que ocuparse de otras tareas imperativas en la agenda interna del partido, tal como la elección de los coordinadores de las fracciones del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados.

 

III. El 2 de julio y la nueva relación interna de fuerzas

El 2 de julio, Madrazo no sólo quedó en tercer lugar, sino que además, en cifras absolutas, obtuvo 2,382,679 votos menos que sus candidatos a diputados, lo que equivalió a un diferencial porcentual de 6.0%. En las elecciones de diputados de mayoría relativa los candidatos de la coalición encabezada por el PRI atrajeron 28.21% de los sufragios, la alianza encabezada por el PRD reunió 28.99% y el PAN captó 33.39%; puntajes similares obtuvieron en la elección de senadores de mayoría relativa, donde al PRI obtuvo 28.07% de los votos, el PRD 29.69% y el PAN 33.55%.

En términos de traducción de los votos en escaños, estos resultados en las elecciones legislativas significaron para el PRI una seria disminución de su peso cuantitativo en ambas Cámaras. En el Senado, sólo alcanzaría a ocupar alrededor de la cuarta parte de los escaños: sólo 33 priístas que llegaron a ese cuerpo legislativo compuesto por 128 personas en total; de ellos, 10 eran de mayoría relativa, 18 de primera minoría y 5 de representación proporcional. En la Cámara de Diputados, lograron acceder a poco más de la quinta parte de las curules (sobre un total de 500); de los 106 escaños ganados, 65 fueron diputaciones de mayoría relativa y 41 de representación proporcional. Sin lugar a dudas, la rebanada del PRI en el pastel legislativo se adelgazó bastante;³⁸ sin embargo, desde el punto de vista político, lo cerrado de la competencia entre PAN y PRD y lo polarizado de su enfrentamiento fueron factores que colocaron al PRI en posición de fiel de la balanza, su apoyo resultaba indispensable para cualquiera de sus dos adversarios.

¿Qué implicaciones tuvo esta nueva circunstancia para el PRI? ¿Cuál fue el impacto de la elección de 2006 en la relación interna de fuerzas entre sus principales grupos y cuál su efecto en los cálculos estratégicos? Exclusivamente desde el punto de vista interno, estos resultados fueron como una radiografía o un revelador de un par de cosas: una era qué tanto se habían comprometido los gobernadores con la campaña de Madrazo y qué tanto habían sido capaces de movilizar el aparato partidario para apoyar las campañas de sus candidatos a legisladores; y la otra era cuánto peso tendría cada bando en las fracciones legislativas, lo cual estaba ineluctablemente ligado a la elección de los coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados.

 

a) Voto cruzado y movilización partidaria

Ciertamente el voto partidista cruzado en 2006, esto es, cuando un elector con una identificación partidaria definida no vota por el candidato presidencial de su partido, no fue un fenómeno privativo del PRI y también afectó al PAN y al PRD; sin embargo, en el primer caso tuvo un peso mucho mayor según lo sugieren algunos estudios de opinión y de análisis de datos agregados.³⁹ Desde nuestra perspectiva, el aspecto que nos interesa subrayar es la desigual distribución que tomó, en el caso del PRI, ese diferencial de votación entre los diferentes estados de la República; si bien el voto cruzado es una realidad electoral general, en el caso del PRI ésta tomó un perfil tan peculiar que invita a revisarlo con mayor detenimiento, bajo la perspectiva política del rol que jugaron los gobernadores priístas.

En cuanto al primer problema, Madrazo argumenta que negoció con los gobernadores las listas de candidatos a legisladores federales de mayoría relativa, durante febrero y marzo de 2006, sobre la base de que, a cambio de dejarles designar a sus candidatos a diputados de mayoría relativa, el gobernador se comprometía a apoyar la candidatura presidencial;⁴⁰ sin embargo, admite haberse equivocado en su percepción del compromiso de los gobernadores (aludiendo a los integrantes del TUCOM), los cuales adoptaron la estrategia de la "medalla de plata", es decir, no les interesaba asegurar "la de oro" (la Presidencia), sino asegurar "la de plata", esto es, apropiarse de las candidaturas a diputados y senadores, y desentenderse del apoyo a la campaña del candidato presidencial.⁴¹ A la vista de los resultados obtenidos por el PRI en julio de 2006, mientras que la elección simplemente confirmó lo que las encuestas desde meses antes ya habían anunciado, en el sentido de que Madrazo quedaría en un lejano tercer lugar, en el caso de las elecciones legislativas, éstas mostraron que la estrategia enarbolada por sus adversarios dentro del partido, se había quedado corta. Un indicador para evaluar qué tanto se comprometieron los gobernadores con la campaña de Madrazo consiste en comparar el diferencial de la votación presidencial con la de diputados de mayoría relativa⁴² y controlar estos resultados en función del posicionamiento político de los gobernadores.⁴³

Los gobernadores de Tabasco, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Campeche, Colima y Coahuila mantuvieron un apoyo explícito y más o menos constante a Madrazo. En los cuatro primeros estados el diferencial fue bajo, lo que indica una movilización más o menos igual para candidato presidencial y para candidatos a diputados; pero en los tres segundos el diferencial fue alto, signo de que el gobernador posiblemente no controlaba del todo al respectivo aparato local del PRI. No obstante, en conjunto, en este grupo de estados el promedio del diferencial fue de -5.7% y Madrazo obtuvo en promedio 30.8% de la votación presidencial (véanse los cuadros 1 y 2 del anexo A). Mantendremos el nombre de madracista para este grupo.

Cuatro mandatarios, los de Veracruz, Chihuahua, Sinaloa y Durango, aunque no eran partidarios muy convencidos de Madrazo, en diversos momentos manifestaron desacuerdos hacia determinadas posiciones expresadas por el núcleo "calderonista" encabezado por González Parás y Peña; a falta de un nombre mejor, hemos mantenido el término de "no alineados" para aludir a este grupo. Sin embargo, en estos estados, el promedio del diferencial presidente menos diputados fue similar (-10.1%) al del grupo de gobernadores del TUCOM. En estos estados, Madrazo promedió 27.6% en la elección presidencial.

Los gobernadores de Nuevo León, México, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo, no apoyaban a Madrazo y los dos primeros encabezaron las iniciativas para reconocer a Calderón como presidente antes de que culminara el proceso legal electoral. En esos estados, el promedio del diferencial entre la elección presidencial y la de diputados fue -10.0%, en tanto que el promedio de votación de Madrazo fue 24.3% (véanse los cuadros 1 y 2 del anexo A).⁴⁴ Hemos mantenido la denominación de TUCOM para este grupo.

En el caso del conjunto de estados donde el mandatario en funciones no era priísta y donde la responsabilidad política de la campaña recayó en los comités directivos estatales, ya sea bajo gobierno panista o perredista, el diferencial promedio se situó en el nivel bajo en ambos casos, con la excepción de Morelos y Jalisco, donde el diferencial sí fue alto. El CDE de Jalisco se alineó con el TUCOM. La votación promedio de Madrazo se situó en 22.9% en los casos donde el CDE se encontraba en un estado de gobernador panista y 21.0% cuando el gobernador era perredista.

Estos resultados tienden a mostrar una coincidencia entre un bajo diferencial entre la elección presidencial y la de diputados en aquellos estados donde los gobernadores eran priístas y favorables a Madrazo, en tanto que en el grupo de estados con gobernador priísta opuesto a Madrazo tendió a prevalecer un alto diferencial. Dicho de otro modo, el análisis de la distribución del voto cruzado en los diferentes estados de la República sugiere que los primeros se comprometieron más con la campaña del candidato presidencial que los segundos. Esto reforzaría la idea de que efectivamente hubo un grupo de gobernadores que le apostó a la medalla de plata o que, en todo caso, no se esforzó mucho por apoyar la campaña del candidato presidencial priísta. Asimismo, pone de relieve que, al menos en el caso del PRI, las maquinarias organizativas de movilización siguen siendo un factor de peso para canalizar hacia las urnas a sus votantes duros. Pero también hay que decir que el fenómeno del voto cruzado tiene varias motivaciones en el elector, tales como: el cálculo racional, el desacuerdo con un candidato que no consideraba idóneo o el desalineamiento electoral.

 

b) La medalla de plata y la elección de los coordinadores legislativos

Aunque una parte importante de los integrantes de las fracciones legislativas priístas está subordinada a la autoridad política de su respectivo promotor, ya sea que se trate de un gobernador priísta o de alguna organización social corporativa mayor o ante el CEN, en determinadas circunstancias, dichas bancadas tienen su peso propio e incluso conservan un cierto margen de autonomía y de iniciativa tanto en cuestiones legislativas como partidarias. Esto se explica —en parte— porque los estatutos del PRI otorgan a los legisladores en funciones espacios en la estructura del partido especialmente en el CPN, donde participan en el proceso de toma de decisiones. Pero en 2006, hay que añadir el peso que potencialmente vislumbraron para sí esas fracciones, en una crítica situación en la que su rol como fiel de la balanza en la Cámara de Diputados jugaría un papel crucial para desanudar la crisis política iniciada en julio del año 2006. Por otra parte, los legisladores federales en funciones, en especial aquellos personajes que resultan electos coordinadores de las dos fracciones camerales priístas, son un poder dentro del PRI en la medida que son el puente de comunicación entre los gobernadores, el Congreso y el Gobierno Federal, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto de egresos y las partidas asignadas a cada estado de la Federación.

Así pues, desde las primeras horas que siguieron al cierre de casillas el 2 de julio mismo, de inmediato se planteó el problema de cómo quedarían representadas las dos grandes corrientes internas o bloques dentro del PRI en el liderazgo cameral, lo que desencadenó las pugnas entre ellas y también dentro de cada una de ellas por las coordinaciones legislativas. Dos factores fueron determinantes en el desenlace final que tendría este asunto; uno de ellos fue el método en cómo fueron integradas las listas de candidatos en la primavera de 2006 y el otro fue la distribución del caudal de votos que captaron los candidatos priístas a legisladores en los diferentes estados y distritos electorales.

En cuanto al primer punto, la modalidad de la negociación de las candidaturas seguidas por las fuerzas priístas, hay que recordar que los candidatos a diputados de mayoría relativa en localidades con posibilidades de triunfo electoral fueron negociados por el CEN con los gobernadores priístas respectivos, pero la palabra final la tuvieron éstos últimos. Sin embargo, en el caso de los candidatos a diputados de mayoría relativa en estados sin gobernador priísta, así como en el caso de los de representación proporcional, el margen de maniobra del CEN para integrar las listas fue más amplio. En el caso de los senadores, dado que se preveía ya desde aquellos días el escaso número de escaños con posibilidades de ser alcanzado, las candidaturas plurinominales se reservaron para las figuras del aparato organizativo nacional del PRI y el resto para figuras prominentes de sus respectiva entidades federativas, especialmente en los casos con posibilidades ya fuese de victoria o, al menos, de ocupar el segundo lugar. Estas modalidades en la distribución de candidaturas se reflejó en la composición política de las fracciones legislativas resultantes después de las elecciones del año de 2006.

Respecto al segundo punto, hay que señalar que dependiendo de la mayor o menor capacidad de movilización partidaria priísta, así como de la distribución territorial de las preferencias partidarias, los resultados de 2006 variaron de un estado a otro, y al traducirse en escaños legislativos, tuvieron efectos sobre la relación interna de fuerzas en esta área de poder organizativo dentro del PRI. Así, la elección de los coordinadores legislativos del PRI fue un revelador de la nueva relación interna de fuerzas derivada de los resultados del 2 de julio. Los resultados preliminares dados a conocer por el IFE en las horas que siguieron al cierre de casillas del mismo 2 de julio, dejaron ver que la diputación del PRI la conformarían alrededor de un centenar de legisladores, mientras que en el Senado su fracción quedaría integrada por alrededor de tres decenas de representantes populares; en ambos casos, desde un punto de vista cuantitativo, su peso legislativo se vio reducido a la mitad, en relación al peso que había tenido en el periodo 2003-2006.

El miércoles 5 de julio, día en que se iniciaron los cómputos distritales, se inició la negociación interna para definir el método por el cual serían designados los futuros coordinadores priístas de la LX Legislatura. En el caso de la corriente madracista, se perfilaban para la Cámara de Diputados José Murat y Héctor Hugo Olivares, en tanto que por la corriente opositora se mencionaba a Emilio Gamboa y César Camacho. En el caso del Senado, destacaba Manlio Fabio Beltrones, figura prominente de la primera corriente. El 12 de julio salió la convocatoria para elegir al líder priísta del Senado, aunque desde entonces, todo apuntaba a que Beltrones sería electo por unanimidad. Este proceso se vio contaminado por el principal conflicto que dividía al PRI en esa coyuntura: el del reconocimiento o no a Calderón por parte de los gobernadores priístas antes del fallo del TEPJF y por la expulsión de Gordillo, la cual, como vimos, tuvo lugar el 13 de julio.⁴⁵ En represalia por la expulsión de su aliada, la exsecretaria general del PRI, la corriente opositora a Madrazo decidió también contender por la coordinación del Senado y Francisco Labastida anunció que también buscaría ocupar esa posición;⁴⁶ sin embargo, un día después éste anunció inesperadamente que declinaba participar, lo cual allanó el camino de Beltrones, quien fue electo coordinador por unanimidad el 14 de julio. En el punto siguiente, habremos de abundar en las causas de este súbito viraje, pues está ligado a la nueva relación de fuerzas entre las dos corrientes priístas, que surgió después del 2 de julio.

En contrapartida, la elección del coordinador de la fracción priísta de la Cámara de Diputados no fue tan tersa. La disputa entre esos tres contendientes se vio desplazada a un segundo plano de la atención durante la primera quincena de julio, pues en esos días, como vimos antes, la gran discusión era el desplegado de los gobernadores publicado el 16 de julio apoyando los resultados del IFE, antes de que el TEPJF revisara las impugnaciones y calificara la elección presidencial; pero una vez pasada esa fecha, el asunto de la coordinación retomó su lugar central.

El día 19 de julio, hubo una reunión del CEN con nueve de los diecisiete gobernadores priístas; aparte de tratar otros asuntos relevantes,⁴⁷ en ella discutieron el problema de la coordinación en la Cámara baja, pero no pudieron llegar a ponerse de acuerdo en la designación del nuevo líder de la diputación priísta;⁴⁸ posiblemente debido a esta situación decidieron que el asunto se zanjaría midiendo fuerzas, en una sesión cerrada, por medio del voto directo y secreto (depositado en urna cerrada) de los diputados electos. La convocatoria fijó como fecha y lugar de dicho evento el lunes 24 de julio en la sede nacional del PRI. Ese día estuvieron presentes 97 de los 106 futuros diputados priístas. Aunque la elección, además de ser por voto secreto, estuvo cerrada a la prensa, bastante información trascendió a esos medios de comunicación. Según la versión más verosímil,⁴⁹ Emilio Gamboa obtuvo 47 votos y Héctor Hugo Olivares 45, hubo cinco abstenciones que correspondieron a los aspirantes al cargo y nueve ausencias. Según otra fuente,⁵⁰ Gamboa obtuvo algo más de la mitad de votos, Olivares 29, Murat 10 y el resto se lo dividieron los otros tres candidatos; de acuerdo con esta segunda versión, Murat, al negarse a retirar su candidatura, se habría llevado los pocos votos que le faltaron a Olivares para ganar la coordinación.⁵¹ Sin embargo, la primera versión parece más factible y explica la falta de acuerdo entre los gobernadores.

A resumidas cuentas, cada corriente obtuvo una de las dos coordinaciones legislativas, una pactada por unanimidad y otra por votación secreta. Aunque la derrota de Madrazo en la elección presidencial afectó al grupo político que lo apoyaba, eso no significó que hubiese quedado fuera de la jugada, ciertamente esa corriente resultó debilitada, pero aún logró conservar un peso importante dentro del partido, incluido en las nuevas fracciones legislativas. Aquí es importante señalar que el alineamiento de gobernadores que se dio en torno al asunto del desplegado del 16 de julio, que ya revisamos más arriba, no fue el mismo que se dio con respecto al asunto de las coordinaciones legislativas, a pesar de que ambas discusiones ocurrieron simultáneamente. En el primer caso, varios de los gobernadores no alineados manifestaron su desacuerdo con la línea promovida por los continuadores del TUCOM, pero respecto a la segunda cuestión, los no alineados se aglutinaron de nueva cuenta con los del TUCOM. Y es que una cosa era oponerse a levantarle la mano a Calderón y otra muy diferente era el disputarse las posiciones de poder dentro del partido.

Estas corrientes partidarias, encabezadas por sendos núcleos de gobernadores priístas, se encontraron con que las urnas habían tenido un efecto sobre la relación interna de fuerzas y esto naturalmente se reflejó en la composición de la legislatura recién electa que pronto ocuparía sus curules.⁵² Precisamente, el número de escaños que cada grupo obtuvo fue lo que originó la diferencia en el método seguido para designar al coordinador de cada bancada.

Los resultados en el caso del Senado, donde por consenso se acordó que Beltrones fuese el coordinador legislativo no sólo derivó de la influencia y habilidades políticas de este personaje; a nuestro modo de ver, la aritmética de las dos corrientes priístas en el Senado creó las condiciones para que la decisión fuese rápida y poco conflictiva, a pesar de que el grupo opositor a Madrazo había intentado promover a Francisco Labastida para ese cargo. Si se revisa el cuadro 3 del Anexo A, se aprecia que en el Senado al grupo de gobernadores opositores a Madrazo y el de los no alineados apenas consiguieron siete senadurías, en tanto que el grupo madracista, aunado a los comités directivos estatales en estados sin gobernador priísta, obtuvo veintidós. Con esa relación de fuerzas, Labastida no tenía la más mínima posibilidad de ser electo si se hubiera optado por ese procedimiento.

El caso del coordinador en la Cámara de Diputados, fue mucho más complicado. Pero de nueva cuenta, la clave se encuentra en la aritmética legislativa. Si vemos los agregados de diputados por grupos en el cuadro 3 del Anexo A, se constata que los gobernadores adversarios de Madrazo junto con los no alineados sumaron bajo su influencia a un total de 57 diputados (27 los primeros y 30 los segundos), en tanto que los gobernadores madracistas y los comités directivos estatales en estados sin gobernador priísta sumaban 49. Aunque estos cifras son estimaciones aproximadas y seguramente hubo variaciones en las posiciones de algunos legisladores, ya sea porque no se alinearon con las indicaciones de sus gobernadores o de sus colegas partidarios o porque quizá fueron los que estuvieron ausentes el día que se realizó la votación del coordinador legislativo, estos datos nos dan una visión clara de cuál era la correlación de fuerzas dentro de la fracción priísta en la Cámara de Diputados. La situación era casi de equilibrio de fuerzas entre ambos grupos, por eso fue necesaria la votación secreta, y queda claro que Gamboa quiso entrar a la disputa por la coordinación porque sabía que los números le daban posibilidades, además de que la división entre Murat y Olivares le facilitó aún más el camino. El problema para Gamboa fue que los gobernadores que lo apoyaron, en particular los del TUCOM no eran tan fuertes como parecía, pues obtuvieron resultados electorales muy bajos para el PRI, incluso para sus diputados, en sus respectivas entidades.

 

Conclusión. El desenlace final

Así en la última semana de julio quedó más clara la relación interna de fuerzas luego del impacto de las elecciones de 2006 y de la forma en como las distintas corrientes internas del PRI confrontaron la crisis político-electoral de ese verano. Aunque a veces se tejían alianzas cambiantes entre los gobernadores priístas que rebasaban los límites de los grupos con los cuales tenían mayor afinidad, la situación siempre se mantuvo dentro de ciertos márgenes de equilibrio y estabilidad. Esta situación les permitió afrontar los problemas políticos, tanto internos como externos, que se les plantearon en esos días, sin fracturas organizativas abiertas. Las soluciones adoptadas formaron las bases para resolver los ulteriores problemas que aún estaban por venir, tales como la elección de su nuevo dirigente nacional o el severo conflicto local que estalló dentro del PRI en Chiapas o bien para imponer una solución al grave problema del gobernador priísta oaxaqueño.

En el ámbito externo al partido, destaca el problema relacionado con la transmisión de poderes del 1° de diciembre, cuando el PRD intentó impedir que el presidente electo tomara posesión del cargo ante el Congreso de la Unión. Ahí, de nueva cuenta, el PRI, al igual que lo había hecho en la primera semana de julio cuando no apoyó al PRD, decidió jugar su carta de ser la oposición leal e institucional, y junto con el PAN bloqueó al PRD; el PRI actuó como fiel de la balanza y con su presencia aseguró que hubiera quorum ese día. Claro que no sólo se trató de una convicción ideológica de evitar la inestabilidad institucional; en un partido tan pragmático como lo es el PRI, también hubo otros cálculos; sabedores de la urgencia del PAN por superar esa crisis, a su apoyo le pusieron un precio político que se desglosó en varias partidas. Entre ellas destaca la petición de sustituir a todos los miembros del Consejo General del IFE, empezando por su presidente, aunque no hubiese culminado aún el plazo para el cual habían sido designados. Igualmente, otra parte de ese precio se relacionó con la exigencia de ponerle punto final al conflicto en Oaxaca.

Así, la realpolitik que desplegó en el PRI durante la crisis política que se desencadenó con motivo del proceso electoral presidencial en julio de 2006, fue el estilo político que siguió prevaleciendo en el manejo de su agenda.

 

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Hemerografía

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El Universal.

Excélsior.

La Crónica de Hoy.

La Jornada.

Milenio.

 

Notas

¹ Los resultados que mencionaremos a lo largo de este trabajo, salvo indicación contraria, corresponden a las cifras definitivas, es decir, luego de ser ajustadas, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en función de las modificaciones derivadas de las impugnaciones que sí procedieron. "Estadísticas de las elecciones federales de 2006". Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).

² Pero cuyos trabajos organizativos databan de mucho antes, según se desprende de la resolución del Consejo General del IFE, con clave CG149/2005, pues ya desde el 14 de julio de 2004 la agrupación política nacional Conciencia Política había notificado al IFE de su propósito de constituirse en partido político nacional (www.ife.org.mx).

³ Excélsior, 8 de mayo de 2006.

⁴ El Universal, 8 de mayo de 2006.

⁵ En dicho manifiesto dirigido a los militantes y simpatizante del PRI, los gobernadores, utilizando sólo sus nombres y sin mencionar sus cargos políticos, refrendaron su respaldo tanto a la candidatura de Madrazo, como a los candidatos priístas a legisladores federales y a cargos de representación popular en los estados. El Universal, 25 de junio de 2006.

⁶ En una nota informativa de El Universal, 22 de junio de 2006, se mencionan datos (probablemente filtrados a propósito) según los cuales la falta de apoyo de los mandatarios de Nuevo León, Sonora, Durango y Sinaloa, podía costarle casi millón y medio de votos.

⁷ A este respecto, Madrazo afirmó lo siguiente: "Conozco con todo detalle una conversación de Enrique Jackson, Natividad González Parás y Francisco Labastida donde acuerdan 'tener la cabeza fría para ir por la medalla de plata'. Lo cual quería decir, en el contexto de la conversación, algo tan claro como esto: concentrarse en ganar las elecciones de diputados y de senadores y dejar a su propia suerte la candidatura a la presidencia de la República. Por eso digo que fue una acción concertada, aunque con matices de operación local." Y añade ahí mismo: "Y a esto obedeció, por ejemplo, que el día de la elección, el 2 de julio de 2006, la candidatura de Madrazo no contara con la totalidad de funcionarios de casilla que requería el partido. Hablo de estados como Nuevo León, Sonora, Querétaro, Guanajuato y el Distrito Federal donde, según mis notas, faltó cubrir entre 15 y 46 por ciento de los representantes del PRI. Esto fue decisivo. Increíble en un partido de estructura nacional como el PRI." Madrazo, op. cit., p.226: véase también la p. 232.

⁸ Véanse los diversos trabajos compilados por Roberto Gutiérrez et al. (coords.), México 2006: implicaciones y efectos de la disputa por el poder político, México, UAM-A, 2007. Desde otra perspectiva, están los trabajos reunidos por Carlos Sirvent (coord.), México 2006. Disputa electora\, México, UNAM/Gernika/FCPyS, 2006.

⁹ El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el "Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo", pp. 158-202, dado a conocer el 5 de septiembre de 2006, aunque con un punto de vista bastante moderado, reconoce que Vicente Fox realizó actos que afectaron a la campaña electoral. El dictamen se puede consultar en www.trife.org.mx y en www.ife.org.mx. Una revisión detallada de este problema es la de Alberto Escamilla, "La actuación del Poder Ejecutivo en la elección presidencial de 2006", en Gutiérrez et al., op. cit., pp. 245-268.

¹⁰ Esta desconfianza fue reforzada por la falta de una clara explicación a tiempo sobre el manejo que se hizo de los resultados de las casillas con inconsistencias; así, al día siguiente, estalló el conflicto entre el López Obrador y el IFE con motivo de que éste había separado de los resultados un número importante de casillas con "inconsistencias" pero que abarcaban nada menos que alrededor de dos millones y medio de votos (2,581,226 en 11,184 actas de casillas), en un momento en el que el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que ya estaba por cerrarse, indicaba una diferencia de cerca de medio millón de votos de ventaja del panista sobre el perredista; en esas circunstancias, aunque era poco probable que la revisión de dichas "inconsistencias", o bien de otras casillas impugnadas, le diese un vuelco a los resultados presidenciales; dicha posibilidad, ante los ojos de muchos, no era del todo descartable.

Este tema es analizado por Pablo Becerra, "El Instituto Federal Electoral en 2006", en Gutiérrez et al., op.cit., pp. 181-200. y por Mario Trujillo, "Crispamiento político en la renovación de los poderes del Gobierno. Los comicios federales de 2006", en Carlos Sirvent, op. cit., pp. 103-136.

¹¹ Esta problemática es analizada por Luis Medina y Daniel Tacher, "Las impugnaciones del proceso electoral mexicano de 2006", en ibid., pp. 201-244; por Esperanza Palma y Rita Balderas, "Una evaluación del PRD después de la alternancia de 2000", ibid., pp. 114-121; por Gabriela Vargas, "El Tribunal y la calificación de la elección presidencial", en Sirvent, op. cit., pp.137-151.

¹² Oír. Madrazo, op. cit., p. 283. Véanse también las notas informativas en La Jornada y El Universal del 3 de julio de 2006 y en Excélsior del 4 de julio de 2006.

¹³ Sus palabras textuales fueron: "Quiero decirles que este proceso, con la legalidad que mostró durante la jornada, me dejó muy clara la certidumbre de los resultados en la elección presidencial ((...)) y que nos dan la certidumbre jurídica de que el resultado no nos fue favorable para nuestra alianza con el Partido Verde." Y añadió: "Seguimos el camino de la legalidad, el de respeto a los ciudadanos, el de la estabilidad del país ((...))", "Por eso el PRI sigue siendo el partido de la gobernabilidad y de la estabilidad política de esta gran nación". El Universal, 4 de julio de 2006.

¹⁴ Pero no así Joaquín Gamboa, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), La Jornada, 6 de julio de 2006.

¹⁵ Véanse las diversas notas informativas al respecto publicadas el 4 de julio de 2006 en La Jornada, El Universal y Excélsior.

¹⁶ El Universal, 4 de julio de 2006.

¹⁷ Madrazo, op. cit., p. 279.

¹⁸ Ibid., p. 287.

¹⁹ La Crónica de Hoy, 6 de julio de 2006.

²⁰ El Universal, 5 de julio de 2006.

²¹ Según una versión, fue el mismísimo Ulises Ruiz, el principal apoyo madracista, quien lo conminó a reconocer el triunfo del panista, arguyendo que ese era un acuerdo de los gobernadores; pero al parecer las cosas no eran así, pues, ahí mismo, alguien tan poco proclive a Madrazo como el gobernador de Durango, le corrigió y aclaró que eso no era un acuerdo. El Financiero, 12 de julio de 2006 y El Universal, el 5 de julio de 2006. Probablemente, si esta versión es cierta, la conducta de Ruiz se debía a que en esa coyuntura se encontraba acosado por un amplio movimiento político en su contra y quizá estaba desesperado por contar con la ayuda del gobierno federal para desactivar las presiones que exigían su renuncia a la gubernatura.

²² Madrazo, op. cit., pp. 279-281.

²³ Ibid., p. 282.

²⁴ Milenio, 11 de julio de 2006.

²⁵ A través de Jesús Ortega, el PRD contactó a Beltrones para solicitar el apoyo del PRI. Reiterando sus argumentos de una elección de Estado en la que el presidente Fox había hecho uso de los recursos públicos para favorecer al candidato presidencial panista, los perredistas insistieron en que habían ganado y que el PRI debería reconocerlo. Lo cual equivalía, más o menos, a "reventar" la elección y quizá hasta lograr su anulación. El Universal, 5 de julio, 2006.

²⁶ Madrazo argumenta que no aceptó la propuesta del PRD de pedir recuento de voto por voto, "Porque no estaba en la pelea. Mis propios números y los del partido me decían que en los paquetes no había dos millones de votos más para Roberto Madrazo como aseguraban los dirigentes del PRD. Y mira que yo revisé todo. ¡Que si era una tentación! Se abría la posibilidad de anular la elección y pelear de nuevo, bajo nuevas condiciones. Por lo demás, había elementos suficientes, hechos irrefutables y preceptos jurídicos para anularla por la intromisión del presidente Vicente Fox. Pero se hubiera incendiado el país." Madrazo, op. cit., p. 273. Y más adelante agrega: "Si se hubiera dado, si por alguna razón se hubiera repetido la elección, porque así lo hubiese determinado la autoridad, no hubiera sido conveniente que el partido jugara con el mismo candidato. Las condiciones al interior del PRI lo hacían inviable.", ibid., p. 285.

²⁷ Para un análisis detallado de la jornada electoral, véase Becerra, op. cit., pp. 193-198.

²⁸ La Jornada del 9 de julio de 2006 transcribió textualmente las conversaciones telefónicas entre Gordillo y Eugenio Hernández, y la de éste con Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes. En ellas, la líder magisterial le dice al gobernador: "Hay que saber cómo actuar y aquí si viene la decisión de fondo, porque la información que hay acá en los estados de nuestros amigos, Tamaulipas y Coahuila están con todo por el PRI y van a hablar, no sé si ya hablaron, vale más que ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan, el PRI ya se cayó ¡eh?" Más adelante añadió: "No sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si va por azul es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo para no quedar mal". En la conversación de Hernández con Cerisola, el tamaulipeco dijo que había hablado con Manuel Espino esa mañana, en tanto que Cerisola le transmitía un mensaje de Espino, el dirigente nacional del PAN, quien le había pedido que mediara con sus "amigos" [entre los gobernadores del PRI] para "decirles que nos echen una mano". Transcripción en La Jornada, 9 de julio de 2006.

²⁹ La Crónica de Hoy y Milenio del 9 de julio de 2006.

³⁰ La Jornada, 11 de julio de 2006. Esa misma noche, Palacios sostuvo una reunión con Enrique Peña y Natividad González para discutir el asunto del apoyo a Calderón y la elección del nuevo presidente del partido.

³¹ El Universal y La Jornada, 11 de julio de 2006.

³² Milenio, 11 y 12 de julio d 2006; El Universal, 12 de julio de 2006; El Universal y La Jornada, 13 de julio de 2006.

³³ Esta decisión de la CNJP se basó en los artículos 211, 212,213, 214, 227 y 228 de los estatutos. En La Jornada del 14 de julio de 2006, viene un recuento de los antecedentes del proceso de expulsión de Gordillo. Milenio de esa misma fecha abunda en datos sobre el contenido del documento de la CNJP.

³⁴ El Universal, 14 de julio de 2006.

³⁵ Cavazos declaró: "'Lo que pasa es que a algunos les dijeron que ellos eran los únicos que no estaban de acuerdo y pues con eso los orillaron a firmar." Especificó que Peña, Ulises Ruíz y González Parás eran los representantes regionales de los 17 gobernadores para fines de comunicación, no para tomar decisiones a nombre del grupo. Aclaró que el gobernador nayarita, Ney González, había propuesto una redacción en el sentido de que los gobernadores priístas esperarían el fallo del tribunal electoral. El Universal, 18 de julio de 2006.

³⁶ El Universal, 19 de julio de 2006.

³⁷ El "Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo" fue emitido por el TEPJF el 5 de septiembre de 2006. El documento se puede consultar en: www.trife.gob.mx.

³⁸ El PVEM, aliado del PRI en la coalición electoral Alianza por México, obtuvo seis senadurías y 19 diputaciones.

³⁹ Alejandro Moreno y Patricia Méndez, "La identificación partidistas en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 en México", en Política y Gobierno, vol. XIV, núm. 1, 1er. semestre de 2007, pp. 54-56. Juan Reyes, "2006: el nuevo mapa electoral", en Gutiérrez et al., op. cit., pp. 166-174.

⁴⁰ Madrazo, op. cit., pp. 221 y 223.

⁴¹ Madrazo afirma lo siguiente: "Conozco con todo detalle una conversación de Jackson, Natividad González Parás y Francisco Labastida donde acuerdan 'tener la cabeza fría para ir por la medalla de plata. Lo cual quería decir, en el contexto de la conversación, algo tan claro como esto: concentrarse en ganar las elecciones de diputados y senadores y dejar a su propia suerte la candidatura presidencial." Op. cit., p. 226. Más adelante, añade: "La [medalla] de oro, la de la Presidencia, no les interesaba. En mi opinión, ya tenían candidato para la 'medalla de oro'. Y no era Madrazo. Ya tenían partido, y no era el PRI." Ibid., p. 232.

⁴² Hemos elegido comparar con los resultados de diputados de mayoría relativa porque desde principios de 2006, de acuerdo a las encuestas, el PRI ya tenía claro que obtendría muy pocos escaños en el Senado, los cuales disminuyeron aún más debido al acuerdo firmado con el PVEM. Por lo mismo, es muy probable que la principal apuesta de los gobernadores estuviese en sus candidatos a diputados de mayoría relativa.

⁴³ En el cuadro 1 del Anexo A, se reúnen los resultados relativos presidenciales y de diputados del PRI, PAN, PRD y NA (Nueva Alianza); también se incluye la diferencia relativa de la votación presidencial menos la votación de diputados de mayoría relativa y se presentan los estados ordenados de acuerdo al posicionamiento político de los gobernadores, incluidos los casos en los que el PRI no tiene la gubernatura y se encargan de las campañas los comité directivos estatales. Los resultados nominales del cuadro 1 se resumen en el cuadro 2 del anexo A, en donde el diferencial del PRI se dicotomiza como 'alto', en los casos por encima de la media nacional y como 'bajo' cuando su valor es igual o inferior a la media nacional.

⁴⁴ Aunque, el estado de México tiene un diferencial bajo (-5.7%) hay que destacar que en este grupo fue el estado en donde las votaciones del PRI fueron muy bajas en lo general, prácticamente similar a la de muchos estados donde el gobernador en funciones no había llegado a su cargo bajo el emblema tricolor.

⁴⁵También se dijo que la expulsión de Gordillo se adelantó porque trató de convencer a varios senadores de no apoyar a Beltrones, trató de vetar a Olivares y porque promovía a Jackson y a Núñez como sustitutos de Palacios. La Crónica de Hoy, 17 de julio de 2006.

⁴⁶ La Jornada, 14 de julio de 2006.

⁴⁷ También debatieron el asunto de la dirección nacional del partido, pues el periodo para el que Palacios había sido designado por el CPN estaba por culminar. La Jornada, 20 de julio de 2006.

⁴⁸ El Universal, 20 de julio de 2006.

⁴⁹ El Universal y La Jornada, 25 de julio de 2006.

⁵⁰ Excélsior, 25 de julio de 2006.

⁵¹ Desde mediados de julio, hubo esfuerzos por parte de Madrazo y Palacios por llegar a un acuerdo con Murat y Olivares, ambos aspirantes a ese cargo, para que hubiese una sola candidatura madracista para enfrentar la muy segura postulación de Gamboa, ligado a la corriente opositora; sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos. La Jornada, 14 de julio de 2006.

Además, corrió el rumor de que Murat había negociado ocupar la presidencia de la Confederación Nacional Organizaciones Populares (CNOP) a cambio de retirar su candidatura. A este respecto, simultáneamente a la votación del líder cameral, un intempestivo pleno en la CNOP designó secretario general a Marco Bernal, cerrando con ello el camino a Murat. Excélsior, 25 de julio de 2006.

Al parecer, Beltrones, secretario general saliente de la CNOP, bloqueó al ex-gobernador oaxaqueño, pero también es muy posible que el veto haya provenido de Madrazo mismo, pues se había distanciado de Murat desde abril de ese año, a raíz de los conflictos suscitados por las listas de diputados plurinominales y más tarde por las declaraciones de Murat en favor del voto útil a favor del candidato perredista ante la perspectiva del tercer lugar del PRI en la elección presidencial; incluso días después de realizada la elección del coordinador de la nueva bancada priista, Murat se pronunció abiertamente por apoyar la solicitud de recuento y de apertura de paquetes hecha por el PRD.

⁵² En el cuadro 3 del Anexo A, hemos resumido el número de escaños ganados por el PRI en cada entidad federativa y hemos ordenado los grupos de estados en función del posicionamiento político de los gobernadores en funciones, agregando los subtotales de cada grupo. Los datos así procesados son un indicador útil del impacto del 2 de julio sobre la relación interna de fuerzas.