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La ciudad de México y sus fronteras ecológicas: reformulaciones espaciales, representativas y de poder

 

Lidia Blásquez Martínez*

 

* Doctora en Socio-Antropología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Profesora-investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la UAM-Lerma. Su línea de investigación es procesos sociales y sustentabilidad.

 

Resumen

En este artículo se propone abordar el tema de la frontera ecológica en las tierras rurales ubicadas al interior de aglomeraciones urbanas importantes. Se toma como ejemplo la ciudad de México con los casos particulares del lago de Xochimilco y de las tierras rurales de Chalco. La frontera ecológica será analizada como la expresión visible del conjunto de procesos sociales, económicos, políticos y territoriales que viven actualmente las zonas rurales ante la presión que impone la urbanización. Estos procesos transforman de manera estructural y simbólica los usos y las representaciones de las tierras. En México, estos procesos implican los modos en que se da la tenencia de la tierra, la nueva dinámica de circulación de la propiedad rústica, la organización de las formas de explotación y las políticas de descentralización de los apoyos para el desarrollo. Se puede decir que en las últimas dos décadas, una parte del campo mexicano dejó de ser concebido como un medio de producción de alimentos y se convirtió en espacio natural y paisaje rural, es decir, en un bien que se puede consumir a través de usos recreativos urbanos.

Palabras clave: frontera ecológica, Xochimilco, desarrollo sustentable, tierras rurales.

 

Abstract

This article addresses the issue of the "ecological frontier" in rural lands located within major conurbations. Take the example of Mexico City with the special case of Lake Xochimilco and Chalco rural lands. The ecological boundary will be analyzed as the visible expression of all social, economic, political and territorial rural areas living under the pressure imposed by urbanization. These processes are structural and symbolic representations and uses of the land. In Mexico, these processes involve the ways in which land tenure is decided, the new dynamics of rural property circulation, the organization of land exploitation and the decentralization of political support for development. One can say that in the past two decades, part of the Mexican countryside was no lONGer conceived as a means of food production and became the natural environment and rural landscape, which is to say, it became an asset that can be consumed as part of urban recreational activities.

Keywords: environmental frontier, Xochimilco, sustainable development, rural land.

 

INTRODUCCIÓN

Hasta el inicio de la década de 1990, las tierras rurales ubicadas en la periferia de la ciudad de México fueron consideradas como reservas territoriales que debían cubrir las necesidades de habitación generadas por el crecimiento natural y migratorio de la población. Aun cuando las tierras fueran altamente productivas se alentaba el desarrollo urbano informal porque la agricultura dentro de la ciudad se veía como una actividad residual y poco rentable. Desde mediados de los años 70, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, en particular el agua, causaron importantes protestas de la sociedad civil. Por una parte, de un sector de la clase media urbana que sentía que su calidad de vida se deterioraba y, por otra, de las poblaciones rurales locales —quienes sufrieron la alienación de sus fuentes de agua para provecho de la población citadina y en detrimento de su propio abastecimiento.

El final de la década de 1980 inaugura la política neoliberal con una tendencia a la descentralización que adopta el Estado mexicano. Ya en los años 90, tres medidas estatales transforman radicalmente la dinámica social, política y económica del campo mexicano. En primer lugar, la reforma de la legislación agraria, en enero de 1992, que incorporó al mercado de tierras las propiedades rústicas que anteriormente se regían bajo el régimen amortizado del ejido. En segundo lugar, la sustitución del papel intervencionista del Estado en la política de desarrollo rural por una política asistencialista hacia los grupos vulnerables. En tercer lugar, la aparición en la escena pública de Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) que integrarán proyectos influidos por la nueva ideología del desarrollo sustentable. Desde esta perspectiva, las propiedades rústicas que no logran la tecnificación agrícola pasarán de ser tierras rurales productivas a ser concebidas como espacios naturales. En este artículo exponemos, con dos estudios de caso de diferente profundidad, cómo los cambios legislativos y de la acción del Estado mexicano desencadenaron diferentes procesos y conflictos en las prácticas y en la concepción de estas tierras rurales. Estos procesos los englobamos en lo que llamaremos el proceso de instalación de la frontera ecológica.

Este trabajo tiene una fuerte orientación empírica, que se basó en trabajo etnográfico y en un enfoque microsociológico. Ambos casos tienen una profundidad cualitativamente diferente, porque en el caso del lago de Xochimilco, el periodo de estudio es de larga duración (1997-2007), y durante estos años hice diversos trabajos de campo. Por el contrario, la investigación en las tierras del Valle de Chalco se llevó a cabo en un periodo de 18 meses (2008-2009). Creo, sin embargo, que ambos son comparables, en particular en lo que se trata del desarrollo de los procesos históricos en la percepción y las prácticas en las tierras rurales, así como la articulación de las dinámicas contemporáneas ligadas a la conservación del medio ambiente. El interés es problematizar la transformación de las actividades y de la forma en que se concibe el patrimonio rural en una megalópolis como la ciudad de México, en el contexto más amplio de las reformas hechas a las leyes agrarias, así como de la irrupción de los marcos de gestión "sustentable" de sitios naturales. Asimismo, la diferencia de profundidad deriva del momento en el que se encontraban los procesos socio-históricos cuando se realizó la investigación. En el caso del lago de Xochimilco se puede hablar de una frontera ecológica consolidada, porque su estatus de patrimonio natural se ha construido a lo largo de más de 25 años, mientras en el caso de las tierras rurales de Chalco se observa una dinámica de frontera naciente, derivada de la disminución de la explotación maderable, la aceleración del crecimiento urbano, y de la preocupación de poblaciones locales y de los ecodefensores por la conservación de los bosques y el agua.

Desde una aproximación antropológica hicimos observaciones, pláticas informales y entrevistas abiertas. En el caso del lago de Xochimilco los recorridos empezaron en 1997, como parte de mi participación en varios proyectos de la delegación Xochimilco en conjunto con diversas ONG. En 2001 inicié mi investigación de tesis de maestría, y posteriormente de doctorado, donde llevé a cabo varios trabajos de campo. En el caso de la Sierra Nevada, desde 2008 asistí a los talleres de capacitación en agricultura orgánica, organizados por el Proyecto Sierra Nevada. Ahí hice los primeros contactos con propietarios de tierras rurales interesados en llevar una actividad agrícola alternativa, con quienes recorrí los pueblos y tierras rurales de Chalco y de la Sierra Nevada. En un segundo momento, y en ambos casos, se realizaron entrevistas a profundidad con varios propietarios. El objetivo fue reconstruir las trayectorias de vida de las personas y su implicación en las actividades agrícolas teniendo como hilo conductor la propiedad rústica. También se trató de ubicar las intenciones futuras de conservar, heredar o vender las tierras y sus razones. Estos datos fueron completados por trabajo de fuentes documentales directas en el Archivo General Agrario (AGA). Asimismo, se hizo una revisión de la literatura sobre el tema.

 

LA INSTALACIÓN DE LA FRONTERA ECOLÓGICA

El Diccionario del uso del español de María Moliner define la frontera como la línea que separa un Estado de otro o como el límite. Tomke Lask menciona que, en sentido figurado, la frontera expresa la separación de dos ámbitos diferentes o en oposición. En el mismo tenor, el autor analiza el significado del término alemán Mark, que indica también el límite pero sin referirse a la división geopolítica de un territorio (Lask, 1995: 68). Es esencial subrayar que este matiz de la segunda acepción lo encontramos también en el español, por tanto, en este artículo tomaré a la frontera desde esta significación más amplia y fluida. Coincido con la perspectiva de Hayot: "la frontera no corresponde a una ruptura radical de comunicación y de relaciones sino que atestigua la tensión y el conflicto que las aviva. Es fundamentalmente una construcción pasada y en obra, social y simbólica, que puede además, apoyarse sobre elementos territoriales, arquitecturales y topográficos" (Hayot, 2002: 47, traducción de la autora, LBM).

La frontera, en tanto proceso social, es generadora de representaciones, prácticas, narrativas y pertenencias. Es un lugar de confluencia, de proximidad y de intensa interacción. Condición que motiva el conflicto, creador, a su vez, de procesos de distinción y de distanciación. Es por esto que en la frontera se dan pugnas en torno a la legitimidad, identidad, vecindad y extranjería. Es entonces un espacio eminentemente político y social que confronta las diferentes ideologías de diversos grupos sociales. También es generadora de consensos, acuerdos y nuevos órdenes sociales. Kopytoff define a la frontera como un "área políticamente abierta", donde los hombres de frontera "forjan un nuevo orden social en medio de un vacío institucional efectivo" (Kopytoff, 1987: 7, 9). El autor ve en la frontera un proceso de interacción entre diferentes grupos culturales que en un espacio intersticial miden fuerzas, por una parte para tratar de controlar el territorio y, por otra, éstos buscan independizarse de su orden social original (que no encuentran legítimo) y tratan de crear uno nuevo en el territorio de la frontera que es vista como una tabula rasa.

Kopytoff integra también a esta ecuación el concepto de vacío institucional, que refiere al desdibujamiento de lo que Weber (1991) llama la dominación legal y la dirección administrativa burocrática. Como el autor explica, los saberes especializados representan el principal instrumento para asegurar la dominación legal y, por tanto, el orden social. En otros términos, la justificación técnica de la forma de proceder en la gestión de los recursos para obtener los más grandes beneficios será lo que permitirá legitimar las decisiones de explotación o de alienación de éstos con el fin del más alto bien común. Como veremos más adelante, cuando este fin no es alcanzado —en un contexto que tiene una profusión de funciones sociales y aglutina a diversos grupos sociales— la justificación técnica será puesta en tela de juicio, y otras serán propuestas y tratarán de ser legitimadas e instauradas como el orden social. En el caso de la gestión actual de los recursos naturales, esto se observa claramente cuando ante los proyectos de un gobierno diversas organizaciones locales, ONGS nacionales y organismos internacionales se articulan para contestarlos y proponer soluciones técnicas alternativas a una presa, una carretera, la generación de energía o la explotación industrial de los bosques y tierras rurales.

Al hablar de vacío institucional, no me refiero a una ausencia del monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la fuerza, como podría interpretarse en otras áreas temáticas como la de gobernabilidad o de seguridad. El vacío institucional refiere a la dinámica que se da en la frontera —como espacio coyuntural con intensa interacción entre agentes y grupos sociales—, en la que se tratan de legitimar saberes técnicos y nuevas propuestas de orden social y por lo tanto, las entidades burocráticas se ven forzadas a negociar constantemente las normas, la forma de aplicarlas, la jerarquía y deben regularmente reafirmar la legitimidad única de su saber técnico.

 

¿POR QUÉ ARGUMENTAR QUE LAS TIERRAS RURALES SON UNA FRONTERA Y ADEMÁS CALIFICARLA DE ECOLÓGICA?

Al inicio señalé que la ciudad de México se expandió sobre las tierras rurales que eran vistas como territorios de reserva. A inicios del siglo XX, al norte del centro económico, social y político se organizaron las actividades industriales, mientras al sur se conservó una relación de centro-periferia con los pueblos rurales que lo abastecían de productos agrícolas y ofrecían espacios de esparcimiento para los citadinos. Se inició un largo proceso de urbanización que se intensificó en la década de los cuarenta, junto con la centralización político-administrativa que propició movimientos migratorios de otras entidades federativas hacia la capital, sobre todo en una lógica de abandonar las zonas rurales para instalarse en la capital (Canabal, Torres Lima y Burela, 1992: 13). Si bien la urbanización no alcanzó los pueblos rurales del sur hasta ya bien entrado el siglo XX, "la ciudad" supeditó las formas de vida rurales a las necesidades de ésta, a través del control de los recursos naturales, especialmente el agua, que siempre eran privilegiados al uso urbano. En esta carrera hacia el "progreso" nunca se cuestionó que la ciudad agotara manantiales, contaminara ríos y engullera tierras agrícolas y naturales.

Sin embargo, la década de 1970 marca la aparición de la "preocupación ambiental", primero en forma de una narrativa global que no se anclaba a los problemas cotidianos de los habitantes de la ciudad de México. Posteriormente, la contaminación del aire y la escasez de agua concretan la necesidad de planear y frenar el crecimiento urbano. Bajo la presión de grupos ambientalistas, intelectuales, científicos y organizaciones locales e internacionales, el Estado empieza a cambiar su política hacia las zonas rurales que habían sobrevivido en el seno de la ciudad. Estos espacios, considerados como residuos de agricultura poco rentable, pasan a ser "reservas ecológicas", "pulmones verdes", "patrimonio cultural" y, además, zonas que aportan "servicios ecológicos".

Este cambio de estatuto forzosamente implica restricciones, adoptadas de buena gana o impuestas (respetadas o no) en los usos de las tierras. Sus propietarios deben cambiar las actividades que cotidianamente llevaban a cabo o sus planes de explotación futuros, así como deben manejar el involucramiento de activistas y burócratas, vivido como consejos bienvenidos o como intromisiones poco apreciadas. Asimismo, surge la tensión entre la libertad que se puede ejercer en un bien privado y las obligaciones hacia un patrimonio colectivo. Cuando las tierras son investidas por el "valor ecológico", las representaciones de propietarios, población local, gobierno y población citadina se transforman, al incluir las narrativas globales en torno a la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable.

La aparición de las fronteras ecológicas se inscribe en procesos amplios de historia larga. Uno de éstos es la crisis del mundo rural campesino y la transformación de las relaciones entre la ciudad y el campo (Chamboredon, 1980). El lago de Xochimilco y las tierras rurales de Chalco son ejemplos de este proceso, el cual puede dividirse en dos momentos. El primero, un éxodo rural temprano y de proximidad a la capital que se caracteriza por un vaivén entre una ocupación urbana y una habitación rural. Las generaciones jóvenes del sector favorecido de propietarios y productores se profesionalizan y se incorporan al mercado laboral urbano. La venta escalonada de las tierras representa un activo fijo utilizable a largo plazo. Un segundo momento de crisis urbana, al final del siglo XX, cuando regresan las personas de la tercera edad y los jóvenes que sufren un desempleo urbano crónico. Los primeros deciden retomar una actividad agrícola como ocupación y reproducción de la cultura campesina local, mientras los segundos reinventan como actividad principal las actividades agrícolas. En el caso de Xochimilco, las turísticas, revisitadas como ecoturismo o turismo cultural, dándoles un toque de autenticidad étnica. Algunos ejemplos son el safari fotográfico para el avistamiento de aves o el espectáculo de la Llorona en los canales de la zona ecológica para festejar el día de muertos. Estas nuevas formas de uso del espacio rural forman parte de la multiactividad, denotan las transformaciones de la vida campesina y las representaciones sociales que se construyen en torno al lago.

Desde nuestra perspectiva, el primer momento, es decir, la crisis de la economía rural representa el proceso paulatino de vacío institucional. Este se concreta cuando las tierras rurales se abandonan, los recursos naturales se degradan, la urbanización se acelera, las organizaciones agrarias y productivas se debilitan y las instituciones consideran que este proceso es necesario para la modernización de la capital. El segundo momento marca la emergencia del proceso de frontera: la aparición de la nueva ideología del desarrollo sustentable, producto del Grupo de Roma y de la Cumbre de Río, quienes catapultaron a las ONGS y las oí (organizaciones internacionales) en las arenas locales, con el objetivo de conservar paisajes y espacios naturales. Después, la institucionalización del desarrollo sustentable al nivel del gobierno nacional, con reglamentos y políticas públicas de protección medioambiental. Las tierras rurales, aparentemente "subutilizadas" y en riesgo, atraen a distintos grupos que buscan instaurar una nueva forma de uso (ecodefensores) y los confrontan o alían a los propietarios —originales o herederos—, que buscan defender sus derechos históricos y legales sobre sus propiedades rurales.

En nuestro caso, los grupos que se encontrarán y enfrentarán en la frontera ecológica forman un espectro que va del mundo rural puramente productivo al mundo urbano que busca expandirse sobre las tierras agrícolas (vistas como zonas ociosas), y en el medio múltiples grupos con diferentes perspectivas que no podemos definir como totalmente urbanas o totalmente rurales. Por un lado podemos distinguir a los urbanos, que ven en las tierras rurales periféricas espacios de naturaleza para el esparcimiento y para un estilo de vida "alternativo"; o a los sectores de la sociedad civil organizada, que desde el objetivo de un "activismo verde" buscan salvar los últimos reductos de ecosistemas que la urbanización destruye constantemente. Por el otro lado están los herederos de las tierras rurales, con trayectorias de vida urbanas pero que buscan conservar un patrimonio inmobiliario rural familiar, prosiguiendo con las actividades campesinas durante los fines de semana; o los expulsados del mercado laboral urbano y que se reinventan una ocupación agrícola o turística, que si bien reivindica la tradición es una recreación del espacio rural como paisaje natural y campiña para el esparcimiento.

Si la frontera ecológica logra consolidarse, podemos observar frecuentemente procesos de patrimonialización del territorio, específicamente declaración de zonas naturales protegidas, de reserva ecológica o de patrimonio mundial. Este nuevo orden social obliga a propietarios y usuarios a ajustar sus derechos y obligaciones sobre las tierras. Todos asumen una posición en torno al discurso de conservación de la naturaleza. Si bien las posiciones se oponen entre ellas, todas están revestidas de una ética ecológica que justifica el uso específico de cada grupo como un buen uso de la naturaleza (Blásquez, 2011: 130). Esta institucionalización de un orden ecológico, llamado por Fabiani el dispositivo retórico de dramatización, se pone en marcha generalmente por la sociedad civil organizada. Este dispositivo exacerba los argumentos sobre el deterioro ambiental, apoyado en la legitimidad científica y del interés social. El debate sobre la urgencia de la gestión racional de los recursos naturales cobra importancia y obliga a actuar al sector burocrático. Esto produce "imágenes legítimas del orden natural" que motivan una reforma moral, sancionando o aprobando las prácticas en las tierras rurales (Fabiani, 1985: 78). Esta institucionalización del orden ecológico es lo que llamaremos la constitución del ecofrente.

Los territorios que emergen en la escena pública como ecofrentes son reconocidos socialmente como paisajes excepcionales y como recipientes de diversidad natural y cultural. Los valores que revisten estos espacios no son sincrónicos a la emergencia del ecofrente, sino diacrónicos a la construcción social específica de este territorio. Como veremos en nuestro primer estudio de caso, los territorios que emergen como frontera ecológica ya eran valorados anteriormente al ecofrente como dadores de abundancia, y a partir de estas representaciones históricas se apela su especificidad de fertilidad, de belleza y de diversidad. Concomitantemente, si estos espacios no están cargados de valores simbólicos paisajísticos, como evidenciará nuestro segundo estudio de caso, difícilmente emergerán y se consolidarán como ecofrentes. Estos valores articulan a los propietarios y usuarios originales a la sociedad local, a los nuevos usuarios, a los activistas y a la sociedad global en la arena política local bajo la forma de alianzas o confrontaciones por el control del suelo.

 

DINÁMICAS DE LA FRONTERA ECOLÓGICA: LA CHINAMPA COMO VALOR PAISAJÍSTICO Y ECOLÓGICO

 

Siendo vulnerable a los efectos de las
mutaciones del medio ambiente, el paisaje
lacustre de Xochimilco constituye la única
prueba de la ocupación tradicional del
suelo en las lagunas de la cuenca de México
antes de la Conquista española
Icomos, 1987

 

El lago de Xochimilco se ubica en el Distrito Federal, 28 km al sur del centro de la ciudad. Es lo que resta del antiguo complejo de cinco lagos que cubrían toda la cuenca del actual Valle de México, donde se estableció México-Tenochtitlan, la capital del imperio azteca. Es difícil imaginar que la ciudad de México, que concentra 19.2 millones de habitantes y cubre 3 540 km² de asfalto y edificios, era antes una gran cuenca cubierta de espejos de agua. Xochimilco y Chalco eran los dos lagos de agua dulce (CIM-GDF, 2003: 3).

Los xochimilcas prehispánicos desarrollaron una técnica para ganar terreno a los lagos y ampliar la superficie cultivable. Su invención consistía en construir islotes artificiales con materiales orgánicos locales, conformando una especie de balsa rectangular que era fijada al fondo del lago con estacas de ahuejote. Al crecer, estos árboles sujetaban el islote al fondo del lago, y además fomentaban el grado óptimo de humedad de la tierra. Además, la forma rectangular de la chinampa facilitaba el riego manual en la temporada de secas. Esta técnica constructiva iba aparejada de una agrícola como el chapín,¹ que posibilitaba ahorrar tiempo y tener múltiples cosechas al año de maíz y hortalizas. Xochimilco, por tanto, se volvió el principal abastecedor de la capital azteca (Rojas Rabiela, 1993: 197).

En lo que toca al paisaje, desde el siglo XIX Xochimilco fue uno de los primeros lugares de esparcimiento para las clases altas y medias de la ciudad. El lago atrajo muchas familias acomodadas, que construyeron casas de campo en el pueblo de Tepepan. Después del levantamiento armado de 1910, el esparcimiento se popularizó a toda la población y el cine mexicano tomó rápidamente los paisajes del lago como símbolos del folclore y de la identidad mexicana posrevolucionaria. Un ejemplo de ello es la película María Candelaria, que consolida los estereotipos sobre el mundo indígena y forma parte de las obras más representativas de la época de oro del cine mexicano (Pérez Monfort, 1994: 361).

Actualmente el paisaje xochimilca semeja un mosaico de jardines de hortalizas, de flores o de esparcimiento en medio de la ciudad. Es un paseo popular entre los citadinos, quienes rentan una trajinera para recorrer los canales turísticos del lago, acompañados por grupos musicales y comida típica. Desde 1989 el lago cambió de nombre, y sus zonas turística y agrícola pasaron a ser turística y ecológica. Este cambio de estatuto no reflejaba en sí ninguno en las actividades que se llevaban acabo en las chinampas, sino que marcaba un cambio de perspectiva de la política pública hacia el lago. Es en el área ecológica donde se continúan las actividades agrícolas, en particular el cultivo de hortalizas y flores en invernadero.

Las chinampas son tierras privadas que son generalmente heredadas al interior de las familias xochimilcas. En la década de 1980 la Secretaría de la Reforma Agraria contabilizaba 1 915 propietarios (FAO, 1988: 82). Sin embargo, no cuentan con títulos públicos individuales de propiedad porque a lo largo de la historia las autoridades locales evadieron su regularización por su localización al interior de un lago (Rojas Rabiela, 1995: 29). Estas tierras tienen entonces un estatuto ambiguo, pues los canales del lago forman parte de las aguas nacionales (bien público) y las chinampas son bienes privados. Las chinampas (al ser parte del territorio prehispánico del pueblo de Xochimilco) están censadas en el fundo legal de los ejidos.

Podemos suponer que —debido a que el pueblo de Xochimilco tuvo una filiación zapatista durante la lucha armada de 1910— la dotación de ejidos se concretó tempranamente en 1918 (Romero Lankao y Duffing, 2004: 251).

Los dos ejidos repartidos restablecían 819 ha aledañas al lago, en lo que se conocía como las Ciénegas grande y chica que correspondían a las antiguas tierras comunales de los pueblos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco, expoliadas al momento de la primera etapa de desamortización de la propiedad. Como es frecuente observar en otras zonas rurales de México, las chinampas como las parcelas ejidales se trabajaban individualmente. Los apoyos a la actividad agrícola y la participación política se daban a través de la organización ejidal. Los productores, sin embargo, estructuraban estrategias productivas y políticas que incluían las tierras ejidales y chinamperas que no sólo reproducían el sistema productivo tradicional, también maximizaban su rendimiento y el de los apoyos gubernamentales, además de generar cohesión social e identidad sólidas con este espacio.

Dada la cercanía del pueblo a la capital, los xochimilcas preponderaron la formación escolar y profesional de las nuevas generaciones y su integración a empleos urbanos. La gran fertilidad de las tierras permitía a muchas familias financiar al menos los estudios superiores del primogénito. Sin embargo, la problemática moderna en torno a la escasez de agua y la desatención de los funcionarios públicos encargados del desarrollo rural, resultó en el abandono parcial de las chinampas A partir de los años 60 Xochimilco pasó de ser el paisaje ideal del campo mexicano a una zona agrícola en decadencia, invadida por los asentamientos irregulares.

El lago de Xochimilco no solamente aprovisionó a la ciudad en productos agrícolas, sino también se convirtió en el principal abastecedor de agua. A inicios del siglo XX sus manantiales, así como su manto freático de excelente calidad, fueron entubados y canalizados hacia los barrios residenciales de la ciudad. Al mismo tiempo, se construyó una salida artificial para acelerar el drenado de la cuenca (Romero Lankao, 1991). Las dos obras tuvieron efectos concretos y acelerados en el lago, disminuyendo sus niveles de agua en las primeras décadas de este siglo. En ciertos periodos el canal de la Viga dejaba de ser navegable y las trajineras no podían abastecer el Mercado de Jamaica, que en esta época era el gran centro de abasto de la capital.

Como consecuencia se desataron varias protestas campesinas en torno al agua que incomodaron al gobierno nacional (Rojas Rabiela, 1993:105). También hubo críticas por parte de las clases acomodadas, afectadas por el deterioro del paisaje chinampero. Estas presiones, junto con el peso simbólico que tenía el lago en la construcción de la identidad nacional, hicieron que el gobierno respondiera con la ley del 31 de enero de 1930, para "La conservación de monumentos y bellezas naturales". A fin de paliar la escasez del agua, los canales se dragaron y se les envió las aguas negras de la ciudad de México. Esto terminó por agravar las circunstancias de escasez con polución, pero el gobierno solamente cedió a finales de los años 50, cuando se construyó la primera planta de tratamiento primario de aguas residuales. La sobreexplotación del acuífero xochimilca, sin embargo, continuó generando importantes daños en la hidrología de la región, sobre todo con la desecación progresiva de buena parte de las zonas lacustres de Chalco y Tláhuac.

El crecimiento del turismo nacional e internacional, así como el activismo de los primeros grupos ambientalistas en la ciudad, podrían explicar la decisión del Departamento del Distrito Federal de construir, en 1974, la primera planta de tratamiento terciario de aguas residuales en el Cerro de la Estrella. En nuestros días continúa enviándose a Xochimilco 70 por ciento de la producción de agua tratada, que representa la principal fuente de abastecimiento del lago. En este periodo el objetivo era claramente mantenerlo como atractivo turístico, pero no se apoyaba a los agricultores y se dejaba avanzar el desarrollo urbano en la zona agrícola. Se veía como un espacio rural residual que terminaría por desecarse y fundirse totalmente en la urbanización.

Estas dos perspectivas generaban una paradoja: para conservar una pujante actividad turística, los paisajes chinamperos debían ser conservados y los canales tenían que ser navegables. Sin embargo, esto significaba establecer una política agrícola eficaz y, sobre todo, restringir la extracción de agua del acuífero, acciones que no serían concretadas. Se puede suponer entonces que la creación de la zona turística responde a esta decisión de mantener los niveles de agua en los canales más próximos al centro del pueblo, donde se localizaban los embarcaderos turísticos.

La mayor parte de las chinampas en esta zona dejaron de cultivarse y sirvieron de base a las actividades turísticas.

Una catástrofe natural será el parteaguas respecto a la construcción social del lago de Xochimilco como paisaje y surgimiento como frontera ecológica. Veremos que el contexto político internacional y nacional, así como los juegos de poder locales, tendrán una influencia importante en la valorización del lago como un espacio natural. El 19 de septiembre de 1985 un gran temblor sacudió la ciudad de México. Este evento cambió la forma en cómo los habitantes vivían la ciudad. Dos aspectos tendrán consecuencias concretas en el lago: primero, la fractura del lecho lacustre en Xochimilco y la pérdida del agua del lago que ocasionaron la alarma de las autoridades por el riesgo de contaminación del principal manto freático que abastecía de agua potable la ciudad de México. Se hicieron los análisis correspondientes y se concluyó que no había contaminación del manto freático; sin embargo, esta situación abrió un debate público sobre la situación del lago. El segundo factor, vinculado con la atención puesta en la calidad del agua de Xochimilco, fue el rol de los medios de comunicación masiva como difusores a escala global de la imagen de una megalópolis caótica y contaminada.

En 1986 la FAO da una asesoría técnica y aporta un presupuesto de 225 mil dólares para reparar las fisuras y consolidar el suelo lacustre de Xochimilco. Durante el análisis técnico del sistema lacustre los consultores ponen un énfasis particular en la importancia de sanear y restaurar el ecosistema y el paisaje, así como en apoyar a los productores para preservar la agricultura en chinampas. En 1987 el gobierno prepara un lobby para presentar el Centro Histórico de la ciudad de México y el lago de Xochimilco al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) para promover su inscripción a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como muestra de voluntad política, ese mismo años se decreta al lago de Xochimilco como "área de conservación ecológica y pueblo rural", y además se realiza un inventario de los edificios y obras de arte que debían ser consideradas como patrimonio cultural (FAO, 1988: 7). En 1987, el lago de Xochimilco y el Centro Histórico de la ciudad de México fueron incorporados a la lista del Patrimonio Mundial. Para el caso de Xochimilco, el énfasis se pone en su valor paisajístico natural/ artificial que representaba la singularidad de las chinampas (UNESCO, 1987).

Con apoyo de la UNESCO y la FAO, en 1989 el gobierno mexicano inicia el ambicioso Plan de Rescate Ecológico, que incluye medidas para mejorar los niveles de agua en los canales y su flujo a lo largo del sistema lacustre. Para implementar este plan, el Departamento del Distrito Federal decide empujar la expropiación de los ejidos, sin ninguna consulta a los ejidatarios, propietarios de chinampas o a la población de la zona. Esta medida claramente excluyente, justificada por el gobierno vía el discurso de rescate ecológico, articuló un movimiento de protesta integrado por diferentes sectores de la sociedad civil: académicos, pobladores, activistas ambientalistas, defensores del régimen ejidal, entre otros. Beatriz Canabal (1991, 1997) da cuenta de este proceso, y su discurso muestra una preocupación no sólo por el inicio de una nueva etapa de acaparamiento de las tierras rurales, sino también por el futuro del lago como espacio de reproducción de la cultura lacustre xochimilca. Si bien ésta ya había sufrido profundos embates y había logrado adaptarse a la urbanización, una transformación estructural como la que representaba el despojo de las tierras de las dos ciénagas implicaba el trastrocamiento de los sistemas productivos, pues muchos chinamperos eran también ejidatarios.

Esta decisión unilateral motivó cuestionamientos y rumores sobre los verdaderos fines del plan porque parecía fungir como dinamizador del mercado inmobiliario, pues aun cuando el diseño se centraba en el remozamiento de las zonas turísticas y en dar una nueva oferta de turismo ecológico, no buscaba apoyar el desarrollo de la agricultura. Tampoco debe olvidarse que a partir 1988, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se esbozaba una reforma neoliberal de la legislación agraria. Desde una perspectiva de política internacional, el lago de Xochimilco también representaba una vitrina de la adhesión del gobierno mexicano al nuevo enfoque del desarrollo sustentable, al reconocer su valor como espacio natural. Mostraba que el Estado mexicano compartía la preocupación de la comunidad internacional por la conservación del medio ambiente (recordemos que en 1987 se publica el Reporte Brundtland y ya se preparaba la Cumbre de Río, que tendría lugar en 1992). Asimismo, se buscaba capitalizar la patrimonialización del lago, al ampliar la oferta turística y atraer no solamente a los sectores populares de la población.

La decisión de expropiar los ejidos del pueblo de Xochimilco se consumó, a pesar de la movilización de académicos, personalidades públicas, ONGS y la población xochimilca. Esta medida generó un agudo descontento en la población, pues la privaba de parte de su patrimonio rústico y la excluía de toda participación en la construcción del lago como espacio natural. Los rumores se confirmaron, en particular cuando parte de los ejidos fueron inundados para permitir la ampliación del Anillo Periférico (Canabal, 1997:14). Esto iba a contracorriente de las sugerencias de la FAO, que había advertido que la principal amenaza del lago la representaba la urbanización y sus consecuencias en el agotamiento y la contaminación de los recursos naturales.

Como podemos ver hasta este momento, el proceso de patrimonialización y de replanteamiento del manejo del lago viene de la cúpula gubernamental, en una lógica vertical y no consensuada. Seguramente el Plan de Rescate Ecológico se hubiera llevado a cabo sin obstáculos, echando mano de las estrategias clientelares y corporativistas que habían funcionado hasta entonces; sin embargo, este periodo en México esta marcado por presiones internas y externas para iniciar una transición democrática. Las protestas masivas en torno a los resultados de las elecciones de 1988, la política abiertamente neoliberal y la presión de los organismos internacionales obligan al Estado a abrir espacios de participación ciudadana. Como ya se dijo, en el caso del lago la falta de transparencia —en torno a las expropiaciones de los ejidos y sus fines— enfrentó al gobierno a protestas campesinas y ciudadanas que obstaculizaron la puesta en marcha del plan. Aun cuando, sin medir las consecuencias, se prosiguió con la antigua lógica de gobierno y consumó las expropiaciones, no contaba con que la presión aumentaría a tal grado que debería replantear las acciones.

Las organizaciones equipararon la expropiación con la privatización de la propiedad social y el conflicto se agudizó, ya que era poco claro cuál sería el bien común obtenido fuera del discurso abstracto de conservación del medio ambiente. El gobierno aplicó entonces, como medida de apaciguamiento, programas de capacitación a la tecnificación agrícola en las chinampas, particularmente en la producción de flores en invernadero, así como la instauración de canales de comercialización de los productos agrícolas (Canabal, 1997:152).

Podemos decir entonces que el estatuto de Patrimonio Mundial y el cuestionamiento colectivo del plan inauguró el proceso de instalación del ecofrente en el lago. El rechazo a las nuevas reglas de gestión impuestas por el gobierno local, así como el reavivamiento de la competencia por el territorio con la apertura de espacios a una nueva oferta turística, la introducción de la floricultura tecnificada y la puesta en marcha de proyectos —tanto de restauración del paisaje lacustre como de remediación del medio ambiente—, generó el encuentro de diversos grupos con diferentes objetivos en las chinampas.

Tras la expropiación de los ejidos, el movimiento social en defensa del lago instauró la idea de riesgo intrínseco que corría el sitio, y permitió su consolidación institucional y social como patrimonio colectivo. Se construyó en torno a la defensa del lago una retórica de dramatización que enfatizaba la amenaza urbana que corría el lago, observable a través del deterioro ecológico. Durante la ejecución del plan, y con la expropiación de los ejidos, se generó una inseguridad creciente en torno a la propiedad de la tierra. Los conflictos más profundos en los pueblos lacustres xochimilcas se suscitaron cuando el Departamento del Distrito Federal, ante la presión social, decidió modificar el plan y decidió regresar el ejido en forma de lotes urbanos o puestos comerciales, así como dar indemnizaciones en efectivo que generaron ambiciones en el seno de las familias. Posteriormente se fracturaron las reglas de transmisión tradicionales de la tierra, a saber, la herencia de las chinampas al primogénito de la familia o a aquél que no tenía estudios ni transición a la vida urbana. Las tierras atrajeron a las nuevas generaciones ya sea con intención de venderlas, pues parecían adquirir valor (aun en este marco legal conservacionista desfavorable a la venta) o de emprender nuevas actividades en un contexto de fuerte crisis económica a partir de 1994.

El proceso de frontera y el contexto de apertura democrática atrajeron también a ONGS y a los xochimilcas jóvenes, quienes habían descartado una ocupación agrícola pero veían una potencialidad en el patrimonio rústico, a partir del turismo y los nuevos proyectos derivados del plan. Estos actores se convirtieron en ecodefensores, es decir, a través de lobbies y presiones en diferentes ámbitos de lo local buscaron influir en la gestión de las chinampas y el tipo de actividades en ellas. Por ejemplo, se inició una amplia campaña en contra de la ganadería, actividad que se dice compacta el suelo chinampero. Muchos propietarios de ganado sintieron como una intromisión de personas extranjeras en sus actividades.

Asimismo, aparecieron actividades de esparcimiento novedosas como el turismo ecológico, que en general fue empujado, en un primer momento, por jóvenes xochimilcas que se habían empleado en la ciudad, pero sufrían en ese momento difíciles situaciones económicas y desempleo crónico. Tal es el caso de los integrantes de la organización Voces del Agua, que provienen de horizontes profesionales muy diferentes pero cuyas trayectorias se encontraron en el lago. Los miembros son nativos o habitantes de Xochimilco, y años después de la ejecución del Plan de Rescate ecológico decidieron organizarse para hacer una representación teatral de la leyenda de La Llorona en los canales de Xochimilco la noche del Día de Muertos. Inició como una actividad cultural local y la compañía de teatro era de la escuela preparatoria localizada en la delegación. Cada año el éxito del espectáculo creció y actualmente hay toda una maquinaria sofisticada detrás del mismo. Voces del Agua también logró construir en las chinampas un centro ecoturístico donde se rentan kayaks, y en las chinampas se pueden practicar actividades deportivas y culturales. Cabe decir que estas actividades no son apreciadas por los propietarios de la tercera edad, quienes consideran que desvirtúan la vocación original agrícola de las chinampa. Otra actividad impulsada por los integrantes de esta ONG fue la vinculación con instituciones académicas. Algunos miembros colaboraron con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la reproducción y conservación del ajolote, lo que les permitió participar en la integración e implementación del Plan de Especie, financiado por la Universidad de Kent y la Iniciativa Darwin en 2004. También se vincularon con la asociación de ornitología, para llevar a cabo actividades pedagógicas y de esparcimiento en torno del avistamiento de aves migratorias y endémicas que encuentran refugio en el lago.

Todas estas actividades que inauguraron la nueva forma de manejar el lago, aun cuando la delegación llevaba la batuta, abren este espacio a los proyectos de las universidades, de los organismos internacionales y de nuevas organizaciones locales que comenzaron a ocupar de diversas formas el territorio. Esta situación no era cómoda para muchos propietarios, quienes durante décadas habían desarrollado la agricultura tradicional o la floricultura tecnificada en una comunidad cerrada de propietarios. Además, muchas veces sus actividades son criticadas por los ecodefensores como depredadoras, contaminantes o poco amigables para el ambiente. De los conflictos de vecindad entre propietarios y ecodefensores resurgieron los vacíos institucionales en torno a las chinampas en tanto propiedades rústicas privadas sin títulos individualizados, y se complicaban por el nuevo estatuto de área de conservación ecológica, derivando en una confusión jurídica.

Esto motivó el regreso a la regla básica de aseguramiento de la tierra del trabajo como dador de derechos. Las personas de la tercera edad, herederos actuales de las chinampas, se vieron motivadas al final de su vida productiva a regresar al trabajo chinampero. Por una parte, preocupados en conservar un patrimonio familiar, tanto inmueble como cultural, y por otra como aseguramiento de los derechos de propiedad ante la incertidumbre creciente y la continua presión de los ecodefensores y otros actores sobre las tierras.

Es en este momento que Xochimilco se convierte en un espacio urbano de naturaleza y el ecofrente se consolida, desencadenando nuevas formas de competencia estratégica por la ocupación del espacio. Las chinampas se disocian de sus aspectos rurales/productivos y el valor del lago se adscribe a sus aspectos paisajísticos y ecológicos. Es decir, la agricultura en las chinampas juega desde entonces un rol de autenticidad paisajística y de servicio ecológico.

Las ONGS elaborarán proyectos para incorporar a las nuevas generaciones como mediadores en la oferta de un nuevo turismo ecológico o en el desarrollo de la agricultura orgánica. Aquí inicia lo que se llamaría la recolonización de la frontera, donde las actividades pasadas y emergentes se organizarán en la defensa del medio ambiente, buscando asegurar los derechos sobre las tierras o adquirirlos a través de vías alternativas a la herencia. Las actividades serán legitimadas a partir de un discurso que defiende un buen uso de la naturaleza (Blásquez, 2007: 228). Las nuevas generaciones establecen una relación con la tierra desde el punto de vista recreativo, ya sea como una forma de conservar el patrimonio familiar o de actividades turísticas alternativas. Las personas de la tercera edad prefieren cultivar el maíz como símbolo tradicional de sustento y de muestra de trabajo, todo esto como fuente de legitimidad en la propiedad de la tierra. Los ecodefensores se centraron en la conservación de las especies endémicas locales, en el mejoramiento de la calidad del agua y en el turismo ecológico. Observamos entonces la emergencia de dos nociones de patrimonio aparejadas a las dos nociones de propiedad de la tierra en el lago: patrimonio privado/patrimonio colectivo y propiedad privada/bien público. Los ecodefensores legitimarán su derecho a intervenir en las chinampas con el estatuto de Patrimonio Mundial del lago, mientras los propietarios de las chinampas lo harán a través de la propiedad privada. La inseguridad que aporta el vacío institucional de los títulos de propiedad se atenúa al practicar una agricultura tradicional acorde con el medio ambiente.

 

LA EMERGENCIA DE UN ECOFRENTE: LAS TIERRAS RURALES DEL VALLE DE CHALCO

La década de 1970 marca la expansión de la urbanización de la ciudad de México fuera de los límites del Distrito Federal, desbordando hacia el Estado de México en una lógica de expulsión de la población marginada hacia las zonas rurales conurbadas. El Valle de Chalco se encuentra a 40 km² del centro de la ciudad de México. También forma parte de la antigua cuenca del Valle de México, con suelos de origen lacustre. Esta región esta flanqueada por dos sierras: la de Santa Catarina y la Sierra Nevada, con los volcanes más representativos de la región, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Desde finales del siglo XIX estas zonas boscosas fueron explotadas por empresas madereras y papeleras. La dinámica económica de la región giraba en torno de la explotación de los bosques, de la actividad industrial derivada de ésta y del florecimiento de una pujante cuenca lechera.

Entre 1920 y 1935 se dotaron ejidos, una parte de las tierras provinieron de las haciendas que colindaban los pueblos y otra de los bosques, que en general se otorgaban como zonas de uso común. Por un breve periodo de tiempo, 1934-1946, los ejidatarios tuvieron el control relativo de la explotación de los bosques. Pero en 1947 la política liberal alemanista refrendó con una concesión de 60 años la explotación de los recursos forestales que desde finales del siglo XIX hacían las Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, S.A. Los ejidatarios, en teoría, tenían el derecho de aprovechar sus bosques, pero en la práctica se les obligó a aceptar las decisiones de la empresa, la cual no sólo les compraba la madera a precios bajos sino que también les cobraba cuotas por fletes y otros servicios. Ante la imposibilidad de gestionar el aprovechamiento del bosque, los ejidatarios tuvieron que resignarse a cultivar sus parcelas agrícolas y complementar su ingreso a través del trabajo obrero en aserraderos y fábricas de la zona o emigrar hacia la capital. La actividad agrícola se concentraba en los cultivos de granos básicos, bajo el modo de temporal. La falta de acceso a los programas del Estado para desarrollar una agricultura tecnificada dinamizó la migración hacia las zonas urbanas (Raufflet y Moctezuma, 2006: 23). Al igual que en el caso de Xochimilco, los ejidatarios apoyaron la educación formal y la profesionalización de las nuevas generaciones, con el objetivo de que pudieran mejorar su calidad de vida con empleos urbanos especializados en la capital. Algunos investigadores afirman que al inicio del presente siglo más de la mitad de los pobladores originarios de la región trabajan en la capital (Barreto, 2009: 64 y 80).

Otro punto en común con nuestro primer caso es la lucha social en torno al agua. Desde finales del siglo XIX las fábricas papeleras, grandes consumidoras de agua, buscaron monopolizar los arroyos y ríos de la región. No solamente las poblaciones sufrían escasez, sino que también los cursos de agua eran contaminados con los desechos de las fábricas de textiles y de celulosa. Las fricciones entre las poblaciones y los empresarios eran constantes. En la segunda mitad del siglo XX se agravó el problema del abastecimiento de agua. En 1951 la ciudad de México tuvo que ampliar sus zonas de extracción al manto freático de la Cuenca del Lerma, localizado al oeste del Valle de Chalco, para cubrir sus necesidades crecientes en agua. Sin embargo, esta nueva fuente de aprovisionamiento no fue suficiente. Al inicio de los años 70 hubo una grave escasez de líquido. Como resultado de ello se dio una importante tensión social en la región del Lerma que obligó al gobierno federal a buscar nuevas fuentes de agua. Intentó explotar la región de Chalco-Amecameca, pero la población, ya afectada en su abastecimiento y advertida de las consecuencias de este tipo de obras, se organizan para bloquearlas. Esto obligó al gobierno federal, en 1972, a modificar sus planes que se trasladan a la Cuenca del Cutzamala (Legorreta et al., 1997).

En este mismo periodo se acelera el crecimiento urbano irregular en la región con poblaciones de alta marginación. Se instalan importantes asentamientos conurbados como Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y el Valle de Chalco. Este último superó el millón de habitantes en la década de los noventa (CIM-DDF, 2003: 10). A partir de entonces se da prioridad a la construcción de vías rápidas que conecten estos asentamientos al Distrito Federal, promoviendo la instalación de un corredor urbano que todavía se consolida actualmente.

La agricultura en los años 90 estaba en su más bajo momento de productividad en esta región, y la presión de la apertura de los mercados hizo que la cuenca lechera perdiera su dinamismo. Las empresas familiares instaladas en cascos de haciendas empiezan a fraccionarse y a venderse. Se construyen zonas comerciales y grandes complejos habitacionales de interés social como en el caso de la ex-hacienda Atoyac —actual unidad "Los Álamos", que suma más de 3 500 viviendas—. Las mismas organizaciones ejidales que ven debilitado su poder y sin perspectivas de obtener apoyos para la "modernización" de la agricultura, promueven la venta de estos ejidos agrícolas.

Las tierras rurales de Chalco no tienen una representación clara como zonas naturales ni se (re)conoce su importante función como recargadoras del acuífero. Los gobiernos locales, además, impulsan la urbanización como forma de "desarrollo" regional y convertir a Chalco en un polo urbano. Las tierras ejidales y las tierras pertenecientes a ex-haciendas son vistas como reservas territoriales, afianzadoras de los corredores y centros urbanos (Gobierno del Edo. de México, 2006: 52 y 137). Los gobiernos locales no sólo no apoyan a las actividades agrícolas, además cambian regularmente los usos de suelo para convertirlos en suelos de vocación industrial o urbana, lo que aumenta las cuotas del predial, lo que torna impagable las suma para las familias campesinas y las empuja a deshacerse de su patrimonio familiar. Vemos así que las políticas públicas locales de desarrollo urbano se empalman y van en contrasentido de las políticas nacionales de protección del medio ambiente. Los gobiernos locales priorizan las políticas urbanas, ya que aportan más recursos a las arcas en el corto plazo.

Los itinerarios de los propietarios y su descendencia son parecidos a aquéllos de los del lago de Xochimilco. Los campesinos de la tercera edad, que durante toda su vida se dedicaron a la agricultura como actividad principal, hoy se encuentran activos y producen cereales tradicionales de la región (maíz, frijol, avena, trigo y haba). Ellos forman son parte de la segunda generación de ejidatarios. El sentimiento de la tierra como un legado familiar es muy fuerte, pues conocieron de cerca las dificultades que pasaron sus padres y abuelos durante la revolución para obtener una propiedad rústica. Sin embargo, también han vivido las sucesivas crisis del campo mexicano y la falta de una política de apoyo a la agricultura. Los propietarios de la tercera edad continúan esta actividad como una forma de completar el ingreso familiar y mantenerse ocupados. Este grupo de propietarios se encuentra ante una inminente sucesión de las tierras, y en muchos casos están convencidos de que —dada la falta de perspectivas de desarrollo en las actividades rurales— sus hijos y nietos venderán las parcelas al momento de heredar, atraídos por las ofertas de las empresas inmobiliarias.

Otra trayectoria la representan las personas recién retiradas. Su edad oscila entre 50 y 65 años. Al final de su vida productiva urbana inician su periodo de retiro voluntario del mercado laboral o enfrentan el desempleo crónico. En muchos casos después de haber vivido en el Distrito Federal deciden regresar a su pueblo, se instalan definitivamente y ayudan a sus padres en el trabajo del campo, esperando el momento de la sucesión. Este grupo no se dedica exclusivamente a las actividades agrícolas, sino que las diversifica, sobre todo en el comercio informal. Cuando existe un interés en continuar la explotación de las parcelas, los herederos buscarán a las ONG locales para transformar la agricultura convencional en actividades más redituables, como el establecimiento de plantaciones de árboles de Navidad o frutales orgánicos. Estas alianzas les permiten contar con un acompañamiento técnico y aligerar los costos de la inversión inicial.

Podemos pensar que este sector será clave para la instalación de la frontera ecológica, a través del desarrollo de la agricultura y fruticultura orgánicas como estrategia de conservación de las tierras rurales. Aun cuando estos productores se encuentren al final de la vida productiva, todavía podrán desarrollar una explotación alternativa hasta por una o dos décadas. Si ellos logran demostrar a las nuevas generaciones que las actividades rurales pueden ser redituables, sensibilizarlos en la conservación del medio ambiente y en su valor como patrimonio familiar, es muy probable que en el momento de la sucesión algún miembro de la familia retome la explotación.

Este grupo de edad es también el motor más importante de la venta masiva de las tierras ejidales, porque son estos herederos quienes actualmente tienen el control de las tierras, pero muchas veces no están interesados en las actividades agrícolas o buscan con la venta de este patrimonio resolver una situación económica difícil. En muchos casos no venden de una vez las tierras, sino parcela por parcela. Quienes optan por la venta deciden en algunos casos invertir en la compra de autos o microbuses para transporte público. Opción que no es una inversión rentable a largo plazo, pues la vida de estos automotores, en constante uso, no sobrepasa los cinco años. Una mínima parte decide invertirlo en algún comercio. En la mayoría de los casos, la suma obtenida por la venta de las parcelas es gastada en el primer año. Con esta decisión se dilapida el patrimonio de las familias. Es por esto que ellos serán un factor clave, ya sea para consumar la urbanización de la región o para consolidar el ecofrente.

Otro sector es el de los jóvenes profesionales interesados en conservar el patrimonio rústico y en desarrollar las actividades agrícolas, quienes se vinculan con las organizaciones locales y ONGS para planificar un proyecto de fruticultura orgánica o de plantas medicinales sobre tierras familiares que habían sido parcialmente abandonadas. Actuarán como ecodefensores locales y mediadores que tratarán de convencer a otros propietarios a unirse a las alternativas agrícolas "orgánicas", o a formar un grupo de ecoturismo. De igual manera, se dedican a difundir las nuevas técnicas de manejo de plagas y de suelo. Algunos empiezan a elaborar composta y otros productos para venderlos localmente. Estas actividades serán en todo momento un complemento a sus actividades profesionales o comerciales. Este sector ha disociado las tierras agrícolas de sus funciones productivas, y vislumbran las actividades alternativas como una forma de conservar la naturaleza y un patrimonio familiar. Además, las tierras fungen como un cohesionador de identidad regional y símbolo de justicia social después de los conflictos en torno al ejido de Atenco.

Los bosques no han sido disociados de sus funciones productivas, y desde 1986 —con la constitución de la Alianza de Ejidos y Comunidades Agropecuarias y Forestales del Estado de México— empezó a crecer la tensión entre ejidatarios y la Fábrica San Rafael con respecto a los precios de la madera. En 1991, después de cinco años de movilización, los ejidatarios logran quitarle el monopolio de compra a esta compañía. Los ejidatarios, que pensaban al fin poder gestionar ellos mismos sus recursos, se ven paralizados por una justificación ecológica. Ese mismo año el Ejecutivo federal declara una veda forestal en la región, lo cual asesta un fuerte golpe a la organización ejidal y paraliza unilateralmente las actividades por cinco años. Además, las instituciones públicas no planean programas de capacitación para que los ejidatarios puedan tomar en sus manos el manejo y aprovechamiento forestal sustentable al final de la veda (Barreto, 2009: 72 y 74). La justificación ecológica, en este contexto de política neoliberal y de reformas de la legislación agraria, se vive como una estrategia del Estado para excluir, una vez más, a los ejidatarios en la explotación de sus recursos naturales.

El ecofrente en esta zona emerge de forma mucho más lenta, débil y dispersa. Las regiones forestales, con un fuerte valor ecológico y paisajístico, en particular los dos volcanes que dominan el valle, paradójicamente no se convierten en el terreno de la instalación de esta frontera ecológica y no son objeto de la retórica de la dramatización. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son dominio exclusivo del gobierno federal desde 1935, con el decreto de Parque Nacional. Los vacíos institucionales, necesarios para la instalación del ecofrente, se abrieron en las zonas forestales concesionadas cuando declinó su explotación, y sobre todo a partir de la veda forestal. Por ejemplo, en 1995 una de las compañías papeleras dona para su conservación ecológica al gobierno del Estado de México un predio en el pueblo de San Rafael, conocido como "El Faro". En 1997 la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) integra un proyecto interdisciplinario para poner en práctica el conocimiento generado por esta institución e involucrar a sus estudiantes y profesores en la resolución de la problemática ambiental de la región. El proyecto se logró articular a la base social que se había conformado en torno a la lucha por el agua desde los años 70. Se crean varias asociaciones civiles como Guardianes de los Volcanes, A.C., que promueven acciones como manifestaciones en contra de proyectos urbanos y la utilización de las nuevas leyes de transparencia mediante un monitor ciudadano urbano. Estos ecodefensores instalan un centro para la sustentabilidad e impulsan el avance de los marcos de gestión ambiental, apoyando a los gobiernos locales a integrar los ordenamientos ecológicos, el manejo de microcuencas, el monitoreo ambiental y el manejo sustentable de "El Faro". También integran proyectos "comunitarios" dando capacitación a los productores de la región en el manejo alternativo de los cultivos, las técnicas de agricultura y fruticultura orgánicas, así como el ecoturismo (Sierra Nevada, 2008).

Como se puede observar, es un amplio espectro de actividades que necesitan la organización de múltiples lobbies y frentes de acción. Esto genera, por el momento, un ecofrente disperso y poco contundente. Se hacen esfuerzos por integrar un discurso dramático sobre la gravedad de la pérdida de suelo agrícola, y para evidenciar la relación con la recarga de los mantos freáticos que abastecen a la región y a la ciudad de México. Sin embargo, esta tentativa parece no ser eficaz, ya que las tierras rurales no han sido totalmente disociadas de sus aspectos productivos y no pueden ser representadas como espacios de naturaleza. Además, el valle no tiene elementos reconocidos como valores paisajísticos que den fuerza al agua como símbolo ecológico.

El paisaje de la región puede caracterizarse como tierras rurales de temporal rodeadas por amplias zonas urbanas tentaculares. Los proyectos demandan una inversión de varios años, que permita establecer las plantaciones y huertos conforme a las "normas orgánicas" y desarrollar canales claros de comercialización. En general, los productores en activo deciden entonces seguir con su producción y dedicar una parcela a la agricultura orgánica para ponerla a prueba. Los proyectos que logran funcionar a mediano plazo lo hacen en muy pequeña escala. Los comités ejidales utilizan los canales de comunicación tradicionales para promover la venta de las tierras. El avance urbano parece abrumador. El Consejo de la Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía podría ser un integrador de todas estas acciones en torno a la conservación del recurso agua, pero falta ver si puede generar acciones concretas que vayan más allá de los actos protocolarios. Tal vez mediante esta estructura se logre fortalecer la retórica de la dramatización y se consolide el ecofrente del Valle de Chalco.

 

CONCLUSIONES

El campo en México ha sufrido importantes cambios estructurales en las últimas tres décadas. La presión urbana, la reforma de la legislación agraria, la liberalización de los mercados agrícolas y la preocupación del deterioro del medio ambiente son algunos de los factores que han influido en la transformación de los usos y las representaciones de las tierras rurales. La irrupción de nuevos actores sociales, ONGS y OIS, como mediadores del desarrollo y propulsores de la democracia modifican las relaciones de poder en las arenas políticas locales. La ideología del desarrollo sustentable es uno de los modelos que estos nuevos mediadores han buscado implantar, junto con las poblaciones y los diferentes niveles de gobierno. Los territorios se revisten entonces de valores ligados a la ecología y el paisaje. Cuando todos los actores se involucran en una negociación en torno a estos valores, se puede decir que estos espacios emergen como fronteras ecológicas dentro de los espacios urbanos.

Este artículo trató de caracterizar, en su complejidad, la instalación de dos fronteras ecológicas en la ciudad de México. Se observa que en ambos casos el vacío institucional permite el desarrollo del proceso de frontera y deja espacios de acción a los ecodefensores, quienes introducen nuevos marcos de gestión de las tierras y dan pie a la disociación de los aspectos productivos de las tierras rurales para convertirlos en espacios de naturaleza. La retórica de la dramatización también es importante en este proceso de instalación del ecofrente, pues es el registro discursivo que permite vehicular el mensaje de un riesgo inminente para el patrimonio natural y legitimar acciones sobre el territorio. Este dispositivo permite involucrar a la sociedad civil y las poblaciones locales en el ecofrente en tanto patrimonio colectivo, tratando de debilitar la dinámica de libre circulación de tierras que instauró el Estado mexicano a partir de 1992.

En nuestro primer caso el ecofrente se instaló de forma más contundente y definida, gracias al fuerte valor paisajístico que tenía el lago Xochimilco desde el siglo XIX. Una catástrofe natural reavivará este valor y lo transformará en uno ecológico ante la "amenaza urbana". Por el contrario, en las tierras rurales del Valle de Chalco se generó un ecofrente difuso al no tener un valor paisajístico de peso. Cabe la posibilidad de que la instalación de la frontera interna, al ser mucho más reciente, esté en fase de emergencia y se consolide en los próximos años.

 

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Nota

¹ Esta técnica consiste en hacer almácigos que son conocidos localmente como chapínes con el limo del fondo del lago donde se germinan las semillas. Este procedimiento aumenta la sobrevivencia de las plantas porque cuentan con un sustrato muy nutritivo y pueden ser cubiertas de la intemperie, lo que favorece un ambiente cálido y húmedo. Las plantas posteriormente se trasplantan en la chinampa o en las parcelas de la montaña. Los almácigos no ocupan más de 2 m² de superficie, por lo que las semillas pueden germinarse al mismo tiempo que la chinampa produce hortalizas.