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Introducción
¿Cómo aproximarse a las dinámicas contemporáneas del crimen organizado en la sociedad global? Esta ponencia ofrece algunas coordenadas analíticas generales, distintas “lentes” que podríamos emplear para acercarnos al fenómeno. Debo señalar desde ahora que el tema se desarrolla aquí sin presentar un caso concreto. En otros trabajos, he analizado el papel del asociacionismo y la movilización social y civil en la atención del fenómeno de las pandillas según una lógica de mediación y prevención, en vez de represiva y criminalizadora. Sin embargo, lo que me interesa en esta ocasión es intentar trazar los contornos de un marco teórico general que, adaptándose a las especificidades de diferentes contextos nacionales, podrían ayudarnos a realizar estudios de casos y entender casos individuales.
A lo largo de la exposición, sugiero que es posible partir de tres grandes dimensiones analíticas, correspondientes a distintos niveles de análisis:
El nivel “macro”, referido al conjunto de factores contextuales que, por diversas razones y, en distinto grado, contribuyen al proceso de globalización de la delincuencia organizada, creando espacios y condiciones fértiles para su aparición o desarrollo.
El nivel “meso” (medio), en el cual se reafirma la importancia de estudiar detenidamente la estructura y los procesos organizativos de los distintos fenómenos delictivos, así como la necesidad de investigar las causas y los mecanismos que subyacen a sus movimientos expansivos a escala transnacional.
El nivel “micro”, que implica una investigación del fenómeno delictivo desde una perspectiva que podríamos definir como “socio-psico-antropológica” y que, por tanto, tiene en cuenta un enfoque disciplinario más “humanista”.
Las tres dimensiones se basan en la noción de que la delincuencia organizada puede considerarse, de hecho, como una forma de agregación humana -aunque ilegal, violenta y, por supuesto, indeseable- y que, como tal, se comporta como cualquier otro organismo que lucha por sobrevivir. Esto significa que tratará de explotar y sacar provecho de lo que le ofrece el actual contexto global (nivel macro); que organizará su estructura interna de forma que le permita prosperar dentro de su territorio de origen y, en determinados casos, expandirse en busca de nuevos espacios vitales en las denominadas zonas de asentamiento “no tradicionales” (nivel meso); y que, por último, buscará garantizar la “continuación de la especie” -es decir, de la organización- tanto mediante la imposición de rituales iniciáticos, sistemas de normas y prácticas identitarias compartidas que actúan como aglutinantes dentro del grupo, como llevando a cabo una intensa e ininterrumpida actividad de reclutamiento de nuevos afiliados (nivel micro).
El nivel macro: factores geopolíticos y contextos delictivos
La geopolítica, entendida en términos muy generales como la definición de estrategias políticas en función de objetivos geográficos, siempre ha alimentado la vida de los Estados de forma casi fisiológica.
Durante todo el tiempo transcurrido entre los Acuerdos de Yalta de febrero de 1945 y el final de la Guerra Fría, la mayoría de los casos de hostilidad o fricción internacional podían remontarse sustancialmente a la tensión original entre Estados Unidos y la Unión Soviética que, de hecho, creó un orden definido y, aunque conflictivo, estático en su bipolaridad. En esta fase, la geopolítica, como disciplina de análisis estratégico y como herramienta de comprensión de la realidad, pareció sufrir, en cierta medida, un retroceso.1 La situación cambió bruscamente con el fin del mundo bipolar y la desaparición de los bloques de grandes potencias: las relaciones internacionales volvieron a ponerse en marcha de forma rápida y casi desordenada, entre la globalización de los mercados (incluidos los ilegales), el aumento de las posibilidades de alianzas y también de confrontación, y la aceleración de la movilidad y de todo tipo de flujos a escala mundial. Esta súbita expansión de los espacios de vida en el ámbito mundial también ha implicado, naturalmente, a las organizaciones criminales, que hoy son decididamente más numerosas, más fuertes y ricas que en el pasado.
En los últimos setenta años, con la multiplicación del número de Estados independientes y la evolución de las estructuras de poder internacionales, nos encontramos evidentemente ante un mundo más difícil de interpretar y respecto al cual hacer valoraciones o proyecciones geopolíticas. Baste decir que, desde la Segunda Guerra Mundial, en el marco del proceso de descolonización, el número de Estados reconocidos por las Naciones Unidas ha pasado de 50 a 193, y que desde 1989, con la caída del Muro de Berlín, el bipolarismo de la Guerra Fría ha sido sustituido por un orden mundial multipolar. Un discurso similar sobre la multipolaridad puede hacerse también en referencia a los cambios que han afectado al universo criminal.
Mientras que al final de la Segunda Guerra Mundial las organizaciones criminales globales tal y como las entendemos hoy en día -en cuanto a nivel organizativo, disponibilidad de recursos económicos y capacidad de movimiento transnacional- eran escasas, hoy en día es difícil encontrar un país que no tenga problemas de delincuencia organizada en su territorio, aunque en algunos de ellos ésta se produce desde dentro, mientras que en otros es “importada”. Por otra parte, desde los años ochenta, asistimos al desarrollo de una situación de multipolaridad criminal que, simplificando, ya no ve a la Cosa Nostra (siciliana y estadounidense) y al Cártel de Medellín en la cima de la jerarquía mundial, sino que asiste al ascenso internacional de otros grandes grupos criminales, como la ‘Ndrangheta, los cárteles mexicanos, las tríadas chinas, la yakuza japonesa, los clanes nigerianos, la mafia rusa, la criminalidad balcánica, las grandes bandas centroamericanas y otros, aunque obviamente no todos poseen el mismo peso específico en el tablero mundial.
Los grupos criminales mencionados se cuentan, hasta la fecha, entre las mayores amenazas para la seguridad internacional. Una simple búsqueda en internet al teclear “lista de empresas, bandas y sindicatos criminales” arroja una relación casi interminable. Incluso los grupos delictivos menores, que a menudo corresponden más a la categoría de “violencia organizada” que a la de “delincuencia organizada” propiamente dicha, al carecer tanto de proyección internacional (de carácter socioterritorial o económico) como de una estructura interna sistemáticamente organizada, representan una grave emergencia social, sobre todo para la seguridad de las comunidades que sufren a diario sus agresiones. Basta pensar en el fenómeno del bandidaje juvenil que, implicado en la violencia urbana y en las actividades delictivas, hoy en día constituye un reto importante para muchos países del mundo, pero que, en realidad, existe desde hace mucho tiempo: la investigación pionera de Frederic Trasher sobre las bandas de Chicago, que representa el primer estudio del fenómeno realizado desde un punto de vista sociológico, se remonta a 1927.2
Sin embargo, el fortalecimiento de la delincuencia organizada transnacional ha ido acompañado de un refuerzo, a la misma escala, de las actividades y estrategias destinadas a combatirla. Entre los factores que, a partir de los años ochenta, contribuyeron a fomentar el desarrollo de un sistema de cooperación multilateral basado en el intercambio de competencias y experiencias nacionales, así como en la utilización de instrumentos policiales avanzados en la lucha contra la delincuencia organizada supranacional, cabe citar los siguientes: la toma de conciencia de la internacionalización de la delincuencia organizada, que ya no se consideraba un problema exclusivo de Italia o Estados Unidos, sino que afectaba a todo el mundo, impulsada por la globalización y la creciente interdependencia económica a escala mundial; las experiencias de cooperación entre organismos encargados de la aplicación de la ley, adquiridas en países como Italia y Estados Unidos donde, en aquella época, estos fenómenos estaban más desarrollados y eran mejor conocidos que en otras partes del mundo (cabe recordar, por ejemplo, la primera gran investigación judicial internacional sobre tráfico de drogas contra la Cosa Nostra siciliano-estadounidense llevada a cabo entre 1979 y 1984 y conocida como la “Pizza Connection”, en la que cooperaron el FBI, la Drug Enforcement Administration, DEA, y fuerzas policiales italianas3) y, por último, el empuje procedente de Europa del Este, donde se produjo una liberación de energías criminales que vio nacer o desarrollarse a diferentes grupos -rusos, balcánicos, georgianos y albaneses- que, tras la caída del Muro, comenzaron a desplazarse progresivamente a otros países, demostrando en pocos años una presencia internacional.
En 1998, los Estados miembros de las Naciones Unidas constituyeron una Comisión ad hoc encargada de redactar el texto de lo que más tarde se convertiría en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como “Convención de Palermo”, adoptada en 2000 (junto con los tres protocolos sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones) y ratificada por 189 países.4 Esta Convención, junto con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - también conocida como “Convención de Mérida”-, adoptada por la Asamblea General en México en 2003, representa la culminación de una edad de oro de la cooperación internacional en estas cuestiones. Esta sinergia de intenciones también fue posible gracias a una condición especial (quizá irrepetible) de relativa calma en las relaciones internacionales. En efecto, con el final de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, se produjeron numerosos cambios de naturaleza política que afectaron a Europa y al mundo, creando una atmósfera fértil para realizar conjuntamente, en el ámbito de la justicia penal internacional, un proyecto tan ambicioso como necesario, superando las profundas tensiones y contrastes que, hasta entonces, habían caracterizado las relaciones entre países de una u otra esfera de influencia. Un elemento sobre el que quizá merezca la pena reflexionar es que, hoy en día, el escenario ha vuelto a cambiar y las relaciones geopolíticas -en particular, entre Estados Unidos, Rusia y China- se han modificado aún más, hasta el punto de que probablemente sería muy difícil lograr nuevos convenios de esta envergadura.
Hechas estas consideraciones generales, es posible afirmar, por tanto, que la delincuencia organizada debe ser considerada hoy, por derecho propio, como un actor en ascenso en la escena global y cuyo desarrollo ha sido alimentado, históricamente, por acontecimientos de naturaleza geopolítica. Como se mencionó al principio, las organizaciones delictivas constituyen una forma de agregación humana, destinada a llevar a cabo actividades ilegales mediante instrumentos como la violencia, la intimidación y la corrupción, pero que sigue partiendo de la constitución de una realidad asociativa.
Si la geopolítica consiste, al menos en parte, en tratar de comprender la lógica que rige la interacción -conflictiva o cooperativa- entre distintas formas de agregación humana (Estados, instituciones internacionales, corporaciones multinacionales, ONG, comunidades locales, grupos terroristas, etcétera) dentro de un espacio geográfico determinado, es evidente en qué términos se afirma la necesidad de integrar este factor de análisis en el estudio de los escenarios criminales. El crimen organizado, a su vez, tiene su propia dimensión geopolítica: no nació y creció como una mónada, sino que se movió (y sigue moviéndose) dentro de un intrincado complejo histórico de relaciones internacionales, innovaciones, ideologías, acontecimientos de época y sucesos menores, que tuvieron lugar a escala global o en un ámbito territorial concreto, y que pudieron favorecerle más o menos, según las circunstancias.
Hay, en particular, dos momentos de la historia reciente que han desempeñado un papel no marginal en el proceso de globalización de la delincuencia organizada. Se trata de la época de los grandes cárteles colombianos, del reinado de Pablo Escobar y del desarrollo de un mercado masivo de la droga en las sociedades occidentales, alimentado por una demanda aparentemente inagotable, que abrió las puertas al lucrativo comercio internacional de la droga, convertido en uno de los principales canales de creación de beneficios y liquidez de estas organizaciones y destinado a convertirse en el motor de su primera gran fase de progresión a escala mundial.
La segunda “cita” con la Historia tuvo lugar en 1989. La caída del Muro de Berlín marcó el colapso del imperio soviético y el inicio de una nueva fase de globalización económica, que inevitablemente acabó implicando a las organizaciones delictivas en la liberalización desenfrenada de los mercados y en el engrosamiento de las redes y flujos internacionales. Ello permitió a estos grupos estructurar sus actividades ilícitas a escala mundial, acumular capital y crear nuevas rutas y formas de interacción, colaboración y trabajo en red. Basta pensar en los países de Europa del Este donde, en aquellos primeros años, el crimen organizado supo explotar en su propio beneficio los vacíos de poder surgidos de la desintegración del bloque soviético y los procesos de fragmentación que condujeron al surgimiento de frágiles realidades socioeconómicas, políticas, institucionales y democráticas estatales. Un caso históricamente emblemático es el de la antigua Yugoslavia, donde el auge de los localismos, los odios étnicos y las aspiraciones independentistas acabaron estallando en un conflicto armado en marzo de 1991, creando un caldo de cultivo increíblemente fértil para la formación y el establecimiento de grupos criminales balcánicos.5
¿Cuáles son, pues, los factores o escenarios que pueden contribuir a la globalización de la delincuencia y que, por tanto, es importante tener en cuenta y vigilar? Sin ninguna pretensión de exhaustividad, debido a la amplitud y complejidad del análisis, a continuación se enumeran algunos de ellos.
Los grandes movimientos migratorios. Partiendo de la base de que con ello no se pretende, en modo alguno, criminalizar las migraciones -sobre todo, en la medida en que se sabe cómo los migrantes son las primeras víctimas de los grupos criminales (piénsese tan sólo en los delitos de trata y tráfico ilícito de seres humanos)-, sería difícil comprender la modalidad de asentamiento socioterritorial de la Cosa Nostra en Estados Unidos sin referirse también a la gran migración procedente del sur de Italia a principios del siglo pasado. Del mismo modo, podría resultar complicado pensar en las modalidades de penetración de la ‘Ndrangheta en Alemania en los años sesenta sin recordar la estipulación, en 1955, de un acuerdo que preveía la reasignación de mano de obra italiana procedente de los Länder alema nes y que dio paso a un enorme flujo de trabajadores del sur de Italia hacia las zonas industrializadas del oeste de Alemania (según las estimaciones de los demógrafos Corrado Bonifazi y Salvatore Strozza, los trabajadores italianos en Alemania pasaron de 20 000 en 1950 a 200 000 en 1960, hasta unos 574 000 en 19706). Algunos exponentes de la ‘Ndrangheta aprovecharon, de hecho, la oportunidad de camuflaje ofrecida por el cambio demográfico para entrar en este canal de desarrollo económico y sentar las bases de aquel asentamiento destinado a convertirse, más tarde, en una verdadera colonización criminal del territorio alemán.
Las guerras. Por una parte, los conflictos bélicos ponen a disposición de los grupos delictivos un amplio abanico de oportunidades de comisión de delitos, como puede ocurrir con la ayuda humanitaria, la trata de seres humanos (en particular, de emigrantes que huyen de la violencia y la pobreza), el tráfico de armas, drogas y recursos naturales (este último caracteriza, por ejemplo, el contexto africano, en el que milicias armadas luchan por el control de los lugares de origen y tráfico de recursos naturales depredados, como metales o piedras preciosas, cuya puesta en el mercado proporciona a los rebeldes los beneficios necesarios para financiar la guerrilla). Por otra parte, la violencia, la corrupción y la impunidad que caracterizan los contextos de guerra contribuyen a crear un cono de sombra dentro del cual el crimen puede realizar sus negocios con relativa facilidad. Basta pensar en cómo prospera el mercado negro en los escenarios de guerra, caracterizados por la ausencia generalizada de normas y controles, por condiciones de extrema escasez y por la incapacidad de las instituciones de garantizar a la población el acceso a bienes de primera necesidad como alimentos, combustible y otros bienes lícitos, que se vuelven así difíciles de obtener y de cuyo abastecimiento y distribución se ocupa, entonces, el crimen organizado. Así, es posible afirmar que la guerra y la violencia que la acompaña producen, en una relación casi causal, el nacimiento o el desarrollo de formas de delincuencia que se benefician de una herencia de territorios frágiles, devastados en su espacio físico, social, económico e institucional, y que constituyen, por tanto, un medio particularmente fértil para la realización de actividades ilícitas. Es evidente cómo, en los conflictos contemporáneos, el crimen organizado emerge como un actor central en la medida en que exacerba el nivel de violencia, ingobernabilidad y debilidad estatal, afectando negativamente tanto la duración de los conflictos como los procesos posteriores de reconstrucción.7
La expansión de las zonas de libre comercio, también conocidas como zonas francas, en las que se ofrece a las empresas incentivos fiscales, exenciones reglamentarias y otras facilidades de diversa índole con el fin de fomentar la inversión y la fluidez del comercio. Estas zonas, que se caracterizan por la libre circulación de capitales, bienes y servicios, pueden sin embargo convertirse en una cortina de humo para enmascarar tráficos e inversiones ilegales de organizaciones criminales. El propio Grupo de Acción Financiera Internacional -organización intergubernamental fundada en 1989 por iniciativa del G7- las ha descrito como “un peligro para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.8 Los informes editados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) documentan el impetuoso crecimiento del número de zonas francas en el mundo:9 en 1975, había 79 zonas francas ubicadas en 25 países; en 1986 había 176, ubicadas en 47 países; en 2006, el número ascendió a 3500, ubicadas en 130 países. Hoy en día, parece que hay aproximadamente 5000 zonas francas.
La presencia de paraísos fiscales y regulatorios. Todas las arquitecturas financieras no reguladas no hacen más que facilitar la delincuencia, que las utiliza para ocultar y blanquear dinero sucio, eludiendo a las fuerzas de seguridad nacionales.10 Obviamente, también influye la hipocresía de la comunidad internacional, que conoce la existencia de estos sistemas e incluso los acepta e incorpora dentro de sus propias fronteras.
La cuestión medioambiental. Las estimaciones proporcionadas por Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) muestran un aumento de los delitos medioambientales a nivel mundial del 5 al 7% en la década de 2010 a 2020. Los delitos contra el medio ambiente representan hoy una de las mayores amenazas para los ecosistemas y las especies protegidas, pero también para las actividades económicas, la integridad de los territorios y las comunidades que los habitan. En un contexto de aumento de este tipo de delitos, se vuelve entonces urgente establecer en qué medida y en qué términos el medio ambiente debe ser considerado como patrimonio de la comunidad internacional, porque es en función de ello que los objetivos criminales en esta materia pueden intensificarse o disminuir en los próximos años.11
Situaciones de emergencia. Ya se trate de una emergencia terrorista, pandémica o medioambiental, hay que ser conscientes de la necesidad de tratar, por todos los medios, de impedir la formación de un cono de sombra dentro del cual la delincuencia pueda explotar las oportunidades que ofrece una situación en la que, por un lado, el Estado, al tener que canalizar gran parte de sus recursos para responder al problema de emergencia, es inevitablemente menos incisivo en la lucha contra la delincuencia organizada y en la que, por el otro, es posible que surja una demanda de bienes y servicios que el Estado sea incapaz de satisfacer en ese momento y que, en cambio, sea rápidamente interceptada por las organizaciones delictivas.
La extensión de las políticas prohibicionistas. La Ley Volstead de 1920 marcó el advenimiento del prohibicionismo en Estados Unidos. Fue precisamente la prohibición de producir, comerciar y consumir alcohol lo que resultó decisivo para acelerar la implantación de la criminalidad italiana en el país, abriendo la puerta a un mercado ilegal que produjo, hasta la derogación de la enmienda en 1933, unos 2000 millones de dólares. Ésta es una lección fundamental, ya se trate del alcohol o del endurecimiento de las políticas de inmigración, porque allí donde existe una prohibición, pero también una demanda para eludirla, es probable que haya, casi naturalmente, un margen de negocio para el crimen organizado.12
Vacíos. En el origen del nacimiento o expansión del crimen organizado hay siempre un vacío político-institucional, legislativo o social. Los ejemplos son variados. Como ya se ha mencionado, la disolución de la URSS dejó un vacío de poder en el nacimiento de realidades estatales frágiles, en las que el aumento de los localismos y las aspiraciones independentistas ocasionaron el estallido de la guerra de los Balcanes en la década de 1990, que proporcionó un terreno increíblemente fértil para la formación de grupos delictivos balcánicos. Un segundo ejemplo es el de muchos Estados africanos caracterizados por la ausencia de un poder central fuerte capaz de controlar sus territorios, convertidos así en corredores de tránsito para las rutas de la droga de Sudamérica a Europa, y en escenarios de violentos conflictos internos, librados por fuerzas irregulares, para la explotación de los recursos naturales. Vacíos, por último, se encuentran también en los suburbios urbanos pobres y marginados de San Salvador, donde las instituciones luchan por llegar y las comunidades viven subyugadas al control de las bandas criminales.
El nivel meso: dimensión organizativa y movimientos expansivos de la delincuencia organizada
Este nivel de análisis corresponde a la reflexión sobre los métodos organizativos de los grupos delictivos y sus estrategias de expansión territorial. Cuando se pretende explorar los fenómenos delictivos globales, hay que ser consciente de que se trata de dos aspectos de absoluta centralidad, aunque su estudio en profundidad es relativamente reciente.
Un estudioso que lleva años explorando y clasificando las formas y procesos organizativos de los grandes grupos criminales internacionales en Italia es Maurizio Catino, profesor titular de Sociología de las Organizaciones en la Universidad Bicocca de Milán y autor del libro Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell’impresa criminale, publicado primero en inglés, en 2019.13
¿Por qué es tan importante realizar un análisis de este tipo? La respuesta, como casi siempre, está en la historia. En efecto, hubo un tiempo en Italia -país que alberga tres de las mayores organizaciones criminales del mundo- en el que se afirmaba que la mafia no existía. Apoyaban esta postura ciudadanos “comunes” -no todos, por supuesto-, pero también una parte no desdeñable de la clase política de la época y, por desgracia, exponentes del propio mundo intelectual. Hubo que llegar a 1984, con las declaraciones del notorio colaborador de la justicia Tommaso Buscetta a Giovanni Falcone, para establecer de forma inequívoca y definitiva que la mafia no era una mentalidad sino una organización real, que la Cosa Nostra era, de hecho, “una organización formal y oculta de mafiosos, con sus propias reglas, procedimientos de selección, estrategias, etcétera”.14
Por muy criminales y secretas que sean -por tanto, en parte desconocidas e impredecibles-, las organizaciones delictivas siguen siendo organizaciones y, para obtener una ventaja en las actividades de aplicación de la ley, es necesario estudiar sus modelos organizativos: desde el reclutamiento de afiliados hasta la coordinación de las actividades económicas ilícitas, desde el tamaño del poder y su estructura interna, hasta la forma en que se utiliza la violencia, desde la gestión del territorio y las comunidades que viven en él, hasta la imposición de códigos de conducta.
Las organizaciones criminales no son átomos sociales, sino que viven dentro de un entorno, comportándose en relación con él y sus características. En este sentido, entender qué tipo de relación de intercambio e interacción estratégica existe con este entorno externo, así como con los actores legales que lo habitan, se convierte en algo fundamental: si estas organizaciones sobreviven, de hecho, significa que existe una relación positiva con ese entorno externo, que han encontrado un nicho ambiental hospitalario en el que vivir y reproducirse.
En casi todas las organizaciones delictivas podemos distinguir, a grandes rasgos, dos niveles organizativos principales: un primer nivel, que es la unidad básica, con diferentes nombres según los casos (en la Yakuza se llama ikka, en la ‘Ndrangheta ndrina, en la Cosa Nostra es la familia, mientras que en la Camorra existe el clan), estructurada de forma más o menos piramidal, con un jefe y subordinados. Luego está la red externa -la llamada zona gris-, formada por la extensa red de profesionales de diversos tipos que proporcionan a la organización las habilidades que necesita para llevar a cabo sus negocios.
Por supuesto, esto no significa que todas las organizaciones criminales presenten un sistema organizativo idéntico: mientras que algunas, de hecho, han dado forma a una estructura altamente jerarquizada y piramidal, establecida capilarmente en un área geográfica específica, destinada a perdurar en el tiempo gracias también a la puesta en común de sistemas normativos, prácticas subculturales y lazos de afiliación, otras adoptan un aspecto más horizontal, de red, constituyéndose en ciertos casos también de forma puramente temporal, en la medida en que son funcionales a la realización de una determinada actividad ilegal.
El valor del discurso sobre la dimensión organizativa reside, pues, en el hecho de que conocer la lógica de funcionamiento de las organizaciones criminales nos permite comprender su comportamiento. Es este tipo de conocimiento el que nos permite, por ejemplo, entender por qué unas organizaciones matan más que otras. Como lo explica el citado profesor Catino en su manual, existe, por ejemplo, una relación entre el grado de organización y el número de asesinatos, en la medida en que un grupo criminal con un sistema organizativo más sofisticado, estructuras de coordinación interna y lógicas de poder articuladas, tenderá a hacer un uso más controlado y “competente” del instrumento de la violencia, consciente de que un exceso en este sentido puede acarrear graves perjuicios en términos de mayor visibilidad social y, en consecuencia, mayor represión estatal. Por el contrario, otras realidades criminales manifestarán una violencia más llamativa, desenfocada y anárquica, precisamente porque se caracterizan por una estructura jerárquica menos orgánica, carente de capacidad para ejercer un control absoluto sobre el territorio y sobre todos los miembros de la organización.15
Volviendo ahora al discurso sobre los movimientos expansivos, y manteniendo siempre como referencia el caso italiano, durante mucho tiempo se pensó que la mafia era un fenómeno circunscrito al sur de Italia. Esta convicción impedía darse cuenta de cómo, por ejemplo, la ‘Ndrangheta estaba “colonizando” el norte de Italia y varios países extranjeros. Una organización criminal adquiere un carácter transnacional cuando busca la expansión territorial según la “lógica de la colonización”.
¿Cuáles son las causas de los movimientos expansivos de la delincuencia organizada? A continuación, se exponen algunas de ellas, elaboradas por el profesor Dalla Chiesa en su libro Mafia Globale. Hago hincapié en que, evidentemente, no se trata de hipótesis alternativas, sino de explicaciones que pueden coexistir:16
Una “vocación innata de conquista”, que va más allá del mero proyecto de enriquecimiento. Este particular espíritu está bien representado por la ‘Ndrangheta, considerada hoy una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas del continente europeo, que ostenta una posición de oligopolio en el mercado de la cocaína. En una escucha telefónica realizada en el marco de la maxioperación llevada a cabo en 2010 contra la ‘Ndrangheta calabresa y denominada Crimine Infinito, se oye decir a un jefe que “el mundo está dividido en dos, el que es Calabria y el que se convertirá en ella”.17 Esta expresión ejemplifica, sin necesidad de más especificaciones, el significado de este tipo de proyecto de colonización.
La búsqueda de nuevos espacios vitales donde crecer y reinvertir los propios recursos, una lógica que funciona sobre todo para las formas de delincuencia que se han desarrollado a partir de las zonas pobres.
La presencia de oportunidades de inversión y reciclaje, que empujan a la organización a moverse para seguir posibles oportunidades de negocio: por ejemplo, con la caída del Muro de Berlín, la ‘Ndrangheta tuvo la posibilidad de invertir en sectores estratégicos como la construcción o la restauración en Alemania Oriental, que acababa de abrirse al capitalismo.
Oportunidades contingentes por explotar. Un ejemplo, ya mencionado antes, es la posibilidad de explotar la oportunidad de camuflaje que ofrecen los flujos migratorios, para ocultar la propia presencia.
El estado de necesidad. Piénsese en casos de represión estatal, pero también en aquellos de guerras internas dentro de una organización criminal o entre distintos grupos criminales que pueden obligar al grupo perdedor a establecerse en otro lugar. En el caso italiano, un ejemplo clásico es el de la institución de la residencia forzosa en los años sesenta: se trataba de una medida preventiva (que hoy ya no existe) adoptada por las autoridades para expulsar a los individuos próximos a las organizaciones mafiosas de los territorios donde estaban arraigados. Esta medida estaba influida, entre otras cosas, por la visión “territorio-mafia”, muy extendida en esa fase histórica, según la cual la mafia era un fenómeno muy arraigado en determinados territorios -el sur de Italia-, por lo que se suponía que sacar a esos sujetos de ese territorio concreto debilitaría los vínculos con la organización mafiosa. Hoy sabemos que esta convicción era más que nunca errónea, hasta el punto en que la residencia forzosa se convirtió en uno de los mecanismos utilizados por las organizaciones mafiosas para implantarse en otros contextos.
A menudo oímos hoy que las mafias modernas son cada vez más mercado y cada vez menos territorio. Esto no es cierto en la medida en que, sin control del territorio, la mafia no puede existir. El control del territorio es el elemento que le permite posicionarse como un poder alternativo al Estado, disponer de un espacio para saquear mediante la extorsión, contar con un tejido político y económico en el que infiltrarse, disfrutar de una cantera de reclutamiento. Pero, al mismo tiempo, es cierto que las mafias han desarrollado una mayor visión estratégica que, sumada a su natural capacidad de adaptación, las sitúa en condiciones de responder a la dinámica global del mercado, moviéndose y cambiando de sector de inversión, pasando de la droga a las armas y a la eliminación de residuos tóxicos sin limitaciones de ningún tipo. Esto demuestra, en realidad, no que la base territorial haya perdido su centralidad, sino que las mafias han aprendido a combinar muy bien la dimensión local del control territorial y la dimensión global del mercado.
El nivel micro: la dimensión socioantropológica como grado cero del universo delictivo
El último nivel de análisis es el “micro”, que analiza el fenómeno delictivo desde un punto de vista socio-psico-antropológico. Es una dimensión analítica igualmente importante, ya que trata una cuestión que suscita cierta preocupación en la actualidad, a saber, por qué un número cada vez mayor de individuos, en particular jóvenes, siguen integrándose en organizaciones delictivas. Se trata de una cuestión compleja y multidimensional, para la que no puede darse una única explicación.
Abordar esta cuestión exige, en primer lugar, considerar la relación entre las dinámicas desencadenadas por una urbanización a menudo fuera de control, la exclusión social de los jóvenes y la violencia, más o menos delictiva y organizada según los casos. Aún más importante es preguntarse qué respuestas concretas, qué soluciones eficaces a largo plazo pueden desarrollarse con vistas a la sostenibilidad y el respeto de los derechos humanos.
Al estudiar el fenómeno de la afiliación juvenil y las prácticas de reclutamiento de los grupos delictivos, es común atribuirle un papel considerable al contexto socioeconómico empobrecido y marginado, caracterizado por la ausencia de un mercado laboral capaz de absorber la mano de obra juvenil, un sistema educativo inadecuado y un capital comunitario débil que, al facilitar la propagación de fenómenos de corrupción, alimenta el riesgo de infiltración delictiva en el tejido social. Además, no pocas veces se trata de realidades en las que la práctica y la cultura de la violencia están muy extendidas, acompañadas de la ausencia de una ética pública sólida y de la propagación de un clima de impunidad generalizada.
En los contextos de alta densidad delictiva, en que los jóvenes experimentan la ausencia de modelos positivos para anclarse en la construcción del yo, los grupos delictivos desempeñan también una función de identidad y socialización que se concreta en la creación de un sistema de relaciones materiales, simbólicas y afectivas con el grupo -percibido, así, como una estructura “familiar” sustitutiva-. Esto se manifiesta también en prácticas rituales como las ceremonias de iniciación utilizadas para sancionar la afiliación, consolidadas después mediante la creación de una subcultura delictiva a través de la cual el grupo se representa a sí mismo.
Es en estos espacios donde una cierta proporción de jóvenes se convierte en la cantera natural de reclutamiento de la delincuencia organizada y donde la dimensión de “clan”, caracterizada por un fuerte sentimiento de pertenencia, una elevada cohesión interna y códigos de valores y sistemas normativos compartidos, adquiere una fuerte capacidad de atracción. Hasta el punto de que la elección de integrarse, sobre todo en los jóvenes, rara vez está vinculada a meros intereses económicos.18
Este discurso emerge con especial claridad cuando se considera el caso de las bandas criminales, un fenómeno relativamente antiguo, presente en la historia de todas las sociedades industrializadas, pero que hoy en día ha experimentado un rápido desarrollo, adquiriendo nuevas formas transnacionales gracias a la movilidad social favorecida por la globalización.19 Históricamente, el fenómeno de las bandas se originó en las zonas urbanas degradadas de la periferia de las grandes ciudades, habitadas por los “excluidos”. A menudo se trataba de grupos de inmigrantes, obligados a vivir en condiciones de extrema penuria personal y material, que eran también las primeras víctimas de las formas de delincuencia que surgen de esas mismas condiciones. En este sentido, las bandas nacen en la relación con la calle, con el gueto urbano, transformando la marginalidad20 y la exclusión en violencia y asumiendo -tomando prestado el título del famoso trabajo de investigación de William Foote Whyte- los rasgos de una “corner society”.21
En estos contextos, es evidente que los enfoques puramente represivos y militaristas sólo dan resultados (cuando los dan) a corto plazo, porque son incapaces de abordar las cuestiones estructurales que permiten la existencia de las pandillas, con el riesgo, además, de poner en peligro el Estado de derecho, como está ocurriendo ahora en El Salvador de Nayib Bukele.22
Para socavar la base social de los poderes criminales -que utilizan a los jóvenes como soldados y mano de obra de bajo nivel-, será necesario, por lo tanto, volver a interrogarnos sobre las causas de la afiliación juvenil, lo que significa también comprender las carencias que alimentan el circuito de reclutamiento y las disfunciones del Estado que impulsan a los jóvenes a buscar identidad, pertenencia y protección en la delincuencia, en lugar de en las leyes y las instituciones. La segunda etapa consistirá en la aplicación, cada vez a mayor escala, de buenas prácticas de prevención de la violencia y de vías comunitarias de educación para la legalidad y la paz, actividades, para cuyo éxito, será esencial reforzar el papel de la sociedad civil, del mundo asociativo y del sistema escolar-educativo. Será sin duda un camino largo y difícil, que requerirá un enorme sentido de la cooperación. Es probable que sea necesario partir de la base, del coraje de las pequeñas comunidades y de su deseo de cambio, de la ciudadanía activa y de la resistencia, teniendo presentes las palabras de Hannah Arendt: “La práctica de la violencia, como cualquier acción, cambia el mundo, pero el cambio más probable es hacia un mundo más violento”.23
