Tras décadas de exclusión de las comunidades indígenas de los canales políticos e institucionales formales de representación, una de las principales deudas de la transición democrática en México sigue siendo la de modificar la relación entre estas comunidades indígenas y el Estado, otorgando pleno reconocimiento a sus derechos y avanzando en su incorporación a la vida política nacional. En la actualidad, a este reto histórico se le suman las dificultades que impone la creciente brecha entre representantes y representados, los bajos niveles de confianza institucional, o el proceso de debilitamiento del Estado-nación, que desplaza cada vez más la centralidad de la toma de decisiones por parte de representantes populares electos.

Como en otros países de América Latina, la incorporación de las demandas de las comunidades indígenas pone sobre la mesa el conflicto latente entre dos realidades contrapuestas: por un lado, las llamadas sociedades modernas, comprometidas con la democracia liberal y, por otro, las sociedades indígenas, tradicionalmente excluidas y marginadas, en constante reivindicación y lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos. Esto último ha producido el surgimiento de movilizaciones y formas de acción colectiva que, desde lo local, enarbolan exigencias de cambio e incorporación en la representación política y en la toma de decisiones en el campo institucional. Representación y participación política indígena en México tiene como propósito analizar los efectos de este tipo de movilizaciones y formas de acción colectiva, centrando la atención en las dinámicas e impacto que ha generado la inclusión de las comunidades indígenas en la representación política y en la toma de decisiones en México entre 1990 y 2018. El objetivo es elaborar un análisis sobre el alcance de las medidas adoptadas, los avances y retos pendientes en materia de implementación de las demandas indígenas, con el propósito de contribuir al diseño de posibles soluciones que aporten al proceso de construcción democrática en el país.

El trabajo inicia haciendo referencia a la ‘‘Campaña de 500 años de resistencia indígena, negra y popular” y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, que obligaron al gobierno mexicano a fijar el compromiso de implementar acciones coordinadas con los pueblos indígenas en aras de proteger los derechos de estas comunidades y, con ello, garantizar el respeto a su integridad. Termina con un balance de los resultados de las elecciones federales de 2018, en las cuales cada partido o coalición tuvo que postular candidatos indígenas en 13 distritos electorales con más del 60% de población indígena.

La obra está organizada en cuatro capítulos. En el primero, la autora pasa revista a los conceptos clásicos de representación y participación política en el contexto democrático. Identifica los elementos centrales para abordar el debate actual sobre la representación política democrática, como punto de partida para analizar la exclusión de las comunidades indígenas. Se destaca cómo la participación política va más allá de los comicios, incluyendo a los movimientos sociales como fuerzas que propician el cambio en la lógica y funcionamiento de los órganos representativos.

El segundo capítulo sintetiza un panorama de la evolución de las instituciones y políticas públicas que se han enfocado en atender las demandas indígenas a lo largo del periodo estudiado. La autora enfatiza cómo, pese a que se ha dejado atrás el enfoque integracionista que incorpora la noción de una sociedad homogénea, en la actualidad persiste una concepción asistencialista incapaz de identificar con plenitud las acciones excluyentes que en ocasiones acompañan el discurso multicultural vigente. A lo largo de este periodo, la literatura ha identificado tres grandes ciclos de intento de incorporación de las comunidades indígenas: 1) un primer ciclo de integración de las comunidades indígenas como parte del proyecto de nación, 2) un segundo ciclo de implementación de políticas de participación que representó un primer paso de reconocimiento de la pluralidad e intentó dejar atrás la noción homogénea de la sociedad, 3) un tercer ciclo en el que se trasladaron las responsabilidades del Estado hacia los ciudadanos, produciendo un reconocimiento limitado de los derechos políticos y sociales de las comunidades indígenas.

El tercer capítulo aborda la relación entre acción colectiva, protesta y las movilizaciones que reivindican la inclusión indígena a la participación política y la toma de decisiones, y su efecto sobre los cambios normativos necesarios para garantizar esta inclusión. De forma más específica, se pretende presentar un diagnóstico sobre cómo y en qué medida el entramado institucional ha recogido estas demandas, así como cuáles han sido las consecuencias, fortalezas y debilidades de las medidas implementadas.

El último capítulo analiza el entramado legal producido por la interacción entre el reclamo que busca la integración de nuevas fórmulas dentro de la democracia liberal, con el propósito de hacer efectivo el derecho de las comunidades indígenas a participar, y el sistema electoral fundado en las normas comunitarias de los pueblos indígenas. En términos generales, la autora discute la viabilidad de la convivencia del sistema electoral que tiene como componente central a los partidos políticos, con el sistema de usos y costumbres de las comunidades indígenas. De acuerdo con la autora

Las democracias liberales son suficientemente complejas, flexibles y desconcentradas como para permitir la expresión de la diferencia, sin subvertir las formas existentes de soberanía política. En este sentido, las identidades diversas que existen en México y en particular la indígena, tienen cabida en las formas de expresión que la democracia implica, sin necesidad de desmantelar las instituciones existentes, aunque sí ajustándolas en sus concepciones básicas de operación. ¹

En línea con lo anterior, el reconocimiento de la pluralidad política y de los derechos de participación de las comunidades indígenas fortalece y complementa el orden democrático. Por consiguiente, comprender el comportamiento y patrones de participación de las comunidades indígenas resulta fundamental para contribuir a canalizar sus intereses a través de los cuerpos legislativos y canales institucionales formales de participación. Tener una visión integral del problema representa una posibilidad para avanzar en la inclusión de un conjunto de comunidades que han estado sistemáticamente excluidas, subrepresentadas en los diversos niveles de gobierno (principalmente a nivel nacional), y que cotidianamente se enfrentan a prácticas discriminatorias que propician su exclusión económica, social y cultural.