Breve descripción de cuencas internacionales vinculadas

El río Colorado corre de noreste a suroeste a lo largo de 2250 kilómetros; de ellos, sólo 160 se encuentran en México y un tramo de 32 kilómetros es límite internacional entre los dos países. El cuerpo de agua atraviesa los actuales estados de Wyoming, Utah, Colorado, Nevada, California, Nuevo México y Arizona y, de ese lado -el estadounidense- tiene varios afluentes que lo alimentan, sobre todo en las montañas Rocallosas; en la parte mexicana no existe ninguno.

El complejo sistema de presas hidroeléctricas, canales y plantas de tratamiento son resultado de intensas discusiones sobre la soberanía de los estados en el país vecino, la tensión entre inversiones gubernamentales y privadas, los sistemas legales para el reconocimiento de derechos sobre el recurso hídrico por la aplicación en el oeste estadounidense del principio de primera apropiación (first in rigth, first in time) y las diferencias entre las entidades sobre cómo interpretar los documentos generados a lo largo del siglo XX.¹⁰ En ese contexto, las negociaciones con México son relevantes debido a que se trata de un factor de los entramados entre California, Colorado y Arizona, entidades federativas que más conflictos han generado.¹¹

El río Bravo se diferencia en alto y bajo; el primero se rige por el tratado de distribución equitativa de 1906 y el segundo por el de 1944. Se le incluye porque forma parte de un todo en las negociaciones y en el documento formal de mayor relevancia, como es el Tratado de 1944. El alto Bravo comprende desde su surgimiento en las montañas de Colorado, Estados Unidos, hasta el punto conocido como Fort Quitman, ya en la frontera entre ambos países (marcado con línea punteada en el mapa). Posteriormente, el río toma otra dirección en las ciudades de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. A partir de ahí se convierte en límite entre los dos países. Después de Fort Quitman empieza lo que llamaremos el bajo Bravo, sólo para los efectos del Tratado de 1944. Desde ahí, el cauce del Bravo continúa en su carácter de frontera internacional hasta su desembocadura en el Golfo de México. En la parte estadounidense, el río es alimentado por el Pecos y el Devils; en la parte mexicana, los afluentes son de mayor significación, particularmente los ríos Conchos, Salado y San Juan. Las aportaciones de los afluentes, 70% de los mexicanos, 30% de los estadounidenses, hacen que el sur de Texas sea ribereño inferior con respecto a los afluentes mexicanos.

Fuente: Marco Antonio Samaniego, Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de 1906 y 1944, México, El Colegio de México-Universidad Autónoma de Baja California, 2006

Mapa 1 Ríos internacionales entre México y Estados Unidos 

¿Qué pretendemos con esta descripción? Desde la perspectiva de los residentes del bajo Bravo, ellos sacrifican el uso del agua en beneficio de Baja California. Es decir, mientras parte del agua del río Conchos, por mencionar el más importante, alimenta campos agrícolas del sur de Texas, en el Colorado, gran parte de la economía del estado depende de agua que se genera en Estados Unidos.¹² Por otra parte, México recibe 1850 234 000 m³ en el Colorado, 74 millones en el alto Bravo y entrega 432 millones de m³ en el bajo Bravo, por lo que cuando se suman las cantidades, quien recibe más agua es México. En los primeros años de este siglo, los conflictos en el bajo Bravo se han presentado constantemente, incluso en 2020, agricultores, sobre todo vinculados al río Conchos, han realizado actos de protesta porque consideran injusto que sea dicho río el que más aporte para la cuota obligatoria a Estados Unidos.¹³

Así, las tensiones en cada cuenca se manifiestan desde perspectivas locales, pero el tema de la región hídrica es binacional, interdependiente y en constante relación en CILA/IBWC. Una parte del recurso hídrico de las entidades mexicanas está directamente vinculado a Conagua y las instituciones municipales, además de los conflictos que se mantienen entre las entidades federativas en Estados Unidos. Por ello, las cuencas internacionales son también la explicación de decisiones fundamentales en la apropiación del espacio, en su transformación y, por tanto, en la construcción de una frontera que impacta hasta zonas muy alejadas del límite internacional. Por ello, al referirnos a espacio fronterizo, tiene una connotación que involucra la cuenca en su conjunto, siempre ligado a los procesos de interrelación con la cuenca del alto y bajo Bravo.

Las desalinizadoras como parte del conflicto de Constellation Brands

En las décadas de 1960 y 1970 se tomaron decisiones de suma importancia en referencia al tema. Por un lado, el conflicto por el envío de aguas de drenaje de Wellton-Mohawk, en Arizona, como parte de la asignación a nuestro país, generó una movilización campesina relevante.¹⁴ Por otro, el crecimiento iniciado con la instauración de maquiladoras incrementó las necesidades de abasto. En resumen, el presidente Luis Echeverría negoció el envío de agua para Tijuana y se planeó la construcción del acueducto. Se acordó que el abasto urbano era prioritario, pero no se tocaron los derechos de los agricultores. Se abrieron pozos que aprovecharon aguas subterráneas que llegaban de Arizona y con ello se equilibró lo que se mandaría a la zona costa. El tema tiene más aristas, pero lo sintetizamos para fines de este escrito.¹⁵

En 1974 se inició la construcción del acueducto río Colorado-Tijuana, mismo que se inauguró en 1982. Dicha solución requirió de dos medidas adicionales. En 1972, CILA/IBWC empezó con entregas de agua de emergencia, en las que, por el sistema de San Diego, se trasladó agua a Tijuana como parte de la cuota establecida en el Tratado de 1944.¹⁶ La otra solución temporal fue construir una planta desalinizadora en Rosarito, que en esos años era una delegación de Tijuana. En 1982 se inauguró el acueducto río Colorado-Tijuana, se cerró la desalinizadora por los altos costos, pero las entregas acordadas por CILA/IBWC se han mantenido en periodos, incluso hasta la actualidad.

Desde principios del siglo XXI se proyectó la construcción de desalinizadoras. En la administración de Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019) se formalizaron las licitaciones para construir una en San Quintín y otra en Playas de Rosarito, a la que aludimos en este escrito. En trabajos de investigación periodística se describen las relaciones entre funcionarios y empresarios, algunos con relaciones de parentesco, que articularon la propuesta.¹⁷ De los varios trabajos publicados se demuestra que desde 2013 se iniciaron los entramados entre empresarios y funcionarios para construir el escenario favorable a una empresa, misma que se consolidó en 2016: Aguas de Rosarito, que a su vez está integrada por N.S.C. Agua, Degremont -de origen francés- y Nuwater -sudafricana.

N.S.C. Agua, a su vez, es una empresa subsidiaria de la Consolidated Water, misma que abastece varias poblaciones del este de San Diego, California, sobre todo el área de Otay, aledaña al límite fronterizo. En 2016, entre sus promocionales, la empresa publicó su participación en la planta que estaba próxima a construirse en Playas de Rosarito.¹⁸ Sin embargo, los dirigentes de la empresa se enfrentaron en tribunales de Estados Unidos, proceso que continúa en la actualidad (2021). En la publicidad de la empresa, se mencionó claramente su plan de obtener agua de la planta desalinizadora que construiría en territorio mexicano.¹⁹ Este plan se volvió una de las denuncias principales en contra de la empresa y del plan organizado por Vega de Lamadrid. En el periodo 2000-2011, el gerente de esta empresa fue el ingeniero Jaime Bonilla, actual gobernador de la entidad.²⁰ En sus declaraciones no ha negado su participación en dicho organismo. Durante su campaña en 2018 Bonilla declaró, “Usted puede preocuparse por la flora y la fauna o puede preocuparse por la gente: ¿tienen trabajo, agua para beber, agua para la agricultura y la industria?”.²¹ Es decir, en 2018 mantenía la misma postura de cuando formó parte de la empresa Consolidated Water. En la Manifestación de Impacto Ambiental de dicho proyecto, se señaló claramente que, del agua producida, 70% sería para México, “el 30% restante se pretende exportar a los Estados Unidos”.²²

De manera paralela, se inició el proceso de instalación de la empresa cervecera Constellation Brands. A principios de 2015, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) acordaron que existía la disponibilidad de usar 20 millones de m³ de agua para la producción de cerveza. En junio de 2015, el gobernador Vega de Lamadrid anunció el proyecto, señalando que se generarían alrededor de 4000 empleos temporales y 750 permanentes. Sin embargo, el sector campesino, consideró que se violaban acuerdos fundamentales.

Desde finales del siglo XX y en los primeros años del XXI, el tema del revestimiento de canal “todo americano” generó inconformidad en la relación entre las instituciones que aquí hemos mencionado. De cierta manera, los mismos actores, aunque con posturas distintas, tuvieron enfrentamientos por una decisión considerada, por algunos, unilateral, y por otros, como el resultado de la aplicación del Tratado de 1944. De manera resumida, señalamos que entre 60 y 80 millones de m³ anuales de agua pasaban a territorio mexicano vía subterránea debido a la fractura de este canal en territorio estadounidense. La sección mexicana de CILA/IBWC se quejó de tal medida, pero reconoció que no se violaba el Tratado, ya que se recibía por las vías formales la cantidad acordada. Era agua extra que, al recubrir de cemento el canal, modificó el acuífero. En este proceso, existió una relación estrecha con grupos ambientalistas estadounidenses, dado que se alimentaban humedales en el lado mexicano, por lo que la biodiversidad estaba amenazada.²³ Quienes encabezaron el movimiento fueron empresarios.²⁴ El caso se litigó en tribunales de California, mismos que aprobaron el encementado que se efectuó en 2008.²⁵

El cuatro de abril de 2010 se registró un temblor de 7.2 grados en la escala de Richter que afectó California, EE.UU., así como a Baja California y Baja California Sur, en México. En el valle de Mexicali se dañaron canales de irrigación y, con ello, las entregas mensuales que se realizan en coordinación entre la CILA/IBWC ocasionarían pérdidas. CILA/IBWC tomó medidas para no desperdiciar el recurso y se permitió que parte del agua que le corresponde a México se guardara temporalmente en la presa Hoover, en los límites de Arizona y Nevada. Entre junio de 2010 y diciembre de 2012 se firmaron las minutas 317, 318 y 319, en las que quedó, entre otras cosas, formalizada la situación. En la minuta 319 se acordó entrega de agua para beneficios ambientales en algunas zonas del valle de Mexicali -con marcada relación con grupos ecologistas de EE.UU.- así como la retención temporal de agua en la mencionada presa.²⁶

Con ello, la movilización campesina, iniciada desde principios del siglo XXI por el tema del canal todo americano, se intensificó, con lo que fue considerado como una nueva amenaza. Organizaciones de agricultores del valle de Mexicali cuestionaron la minuta 319. En 2013, 778 agricultores señalaron a los medios de comunicación que desde 2010 no habían recibido agua. Incluso, la legislatura estatal de Baja California realizó un exhorto al Senado de la República. En agosto de 2015, 250 agricultores de la Central Campesina Cardenista presentaron una demanda ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en contra de CILA/IBWC.

El anuncio en 2015 de la concesión de 20 millones de m³ no fue bien recibida por agricultores y residentes de zonas urbanas. En la MIA, se plasmó la idea de utilizar pozos ya existentes, abrir otros cuatro, utilizar los canales del sistema público y recibir de la CESPM, como respaldo, 10 millones de m³.²⁷ Dicho de otra manera, se tomaría agua tanto de la zona rural como de los derechos de abasto urbano. Para sorpresa de varios interesados, la cantidad de 10 millones de m³ saldría de las reservas para la ciudad. Este aspecto, cabe señalar, contraviene el orden de prioridades de uso de agua establecido en el Tratado de 1944 y en los acuerdos entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los ayuntamientos de la década de 1970.

Así, de la reserva para el abasto urbano, se lograría cumplir con el “80% de la demanda, lo que convierte a esta infraestructura en la principal proveedora”, y de la red municipal “se obtendrán 19 lps que representan el 10% que complementa la demanda”.²⁸ De esta manera, la CESPM era fundamental para proveer recurso hídrico a la planta cervecera. Hemos citado lo que se indica en la MIA, y se habrá notado la incongruencia en las cifras, aspecto que ha sido destacado por las organizaciones civiles que se han opuesto a la instalación de la cervecera. Además, en el documento se establece que el abatimiento del acuífero se incrementaría en tres escenarios. En el primero, para 2025, serían -10.5 metros; para 2035, -16.5 y para 2045, -23 metros.²⁹ Así, pues, en el estudio realizado por la propia empresa, quedó claramente establecido el efecto negativo sobre el acuífero, mismo que compromete el servicio de agua a futuro para la ciudad.

Por otra parte, entre las incongruencias del documento, se establecen cifras distintas sobre la cantidad de agua que se utilizaría, dado que se indican 25 millones de m³, en otros de 20 millones de m³, mientras que declaraciones a la prensa en 2017 se mencionaron 7 millones de m³ y, en enero de 2020, en un evento en el que estuvieron presentes la directora de Conagua y el secretario del Medio Ambiente, se indicaron 5.8 millones de m³.³⁰

En 2016, el gobierno del estado, con apoyo de la legislatura local, vendió a través de la empresa Tenedora Inmobiliaria S. de R. L., 104 hectáreas que eran propiedad de la CESPM. La empresahabía adquirido otras 276, por lo que en números redondos adquirieron 380 hectáreas. No ahondamos en los detalles de la adquisición, pero ubicamos el caso para dejar en claro que el gobierno del estado facilitó la instalación de la empresa. Por ello, a finales de 2016 y principios de 2017, surgieron las condiciones en el ámbito social para oponerse, en defensa del recurso hídrico, a lo que, en documentos publicados como efecto de dicho movimiento, llevaron a la decisión de la consulta en marzo de 2020.

El movimiento social

A finales de 2016, en sesión del Congreso, se aprobó lo que se denominó la nueva ley del agua. La XXII Legislatura, formada por 13 diputados del Partido Acciona Nacional, que eran la mayoría, aprobaron una ley de agua y el decreto 57, que tuvo un rechazo social sin precedentes. Se plantearon varios temas, como el aumento de precio, la reconstitución de los organismos operadores, la protección de los derechos de los trabajadores pero, sobre todo, la aprobación de la intervención de asociaciones público-privadas. Para el caso de la desalinizadora de Playas de Rosarito, se aprobó el pago, por 37 años, de 149 312 018.00 pesos por mes (ciento cuarenta y nueve millones, trescientos doce mil dieciocho pesos). El gobierno del estado quedaba como obligado solidario, por lo que la empresa tenía un pago garantizado.³¹ De igual forma, quedaron autorizados los acuerdos en torno a la cervecera Constellation Brands, a pesar de las incongruencias que mostraron los documentos generados por la propia empresa.

En enero de 2017 las protestas reunieron a más de 60 000 personas, y llamaron la atención de los medios nacionales y estadounidenses. Entre las organizaciones que se formaron destacan Mexicali Resiste, Baja California Resiste, Mexicali Consciente, y otras. De ellas, la primera ha sido la más activa. De manera sintética indicamos que se tomaron oficinas del gobierno del estado, instalaciones de Petróleos Mexicanos, así como varios bloqueos, tanto en Playas de Rosarito como en Mexicali. Las marchas se extendieron a Tijuana y Ensenada, aunque fue en la capital del estado donde hubo mayores acciones ciudadanas.³² El 17 de enero, menos de un mes después de aprobada la ley, Vega de Lamadrid debió salir a derogarla públicamente. Dos días después, campesinos del valle de Mexicali detuvieron las obras del canal que se construía, con recursos públicos, para trasladar agua al terreno donde empezaba a erigirse la cervecera Constellation Brands.

A partir de ahí, la actividad constante de Mexicali Resiste, Baja California Resiste y otros, se tornó una presencia cotidiana en la prensa. La empresa Constellation Brands y la desalinizadora de Playas de Rosarito fueron motivo de atención de numerosos periodistas que analizaron y publicaron los registros públicos del congreso o de la propiedad y comercio, para cuestionar a diversos sectores sociales y recopilar puntos de vista, dar seguimiento a funcionarios y, en general, registrar lo que se desprende de los documentos que aquí hemos citado, es decir la MIA, de Constellation Brands, y de N.S.C. Agua. Esto es, desde los propios documentos que se realizaron para proponer la instalación, se indican los daños a la región: abatir el acuífero, modificar derechos a futuro, vender agua al distrito de Otay. Así, el movimiento social provocó que se observara el proceso de constitución de los organismos que se encargarían de la operación del servicio; el resultado fue la publicación de información sobre el conjunto de acciones en las que se construyeron relaciones entre empresarios, funcionarios y familiares, que legitimaron las posturas de los sectores movilizados. En ese sentido, la prensa de investigación fue clave en la configuración de la información pública, por lo que la idea de la irregularidad en las licitaciones tuvo sustento en la difusión del conflicto.

En los meses siguientes se organizaron foros, conferencias, paneles y numerosas denuncias o manifestaciones de los beneficios de las inversiones. Desde diferentes medios, se generó una tensión sobre el monto de la inversión que realizaría la cervecera o la falta de agua que amenaza con detener el crecimiento de las ciudades, por lo que se justificaba la desalinizadora en Playas de Rosarito. Algunos grupos sociales más desprotegidos que han carecido del servicio por décadas se manifestaron en contra de quienes negaron la posibilidad de abrir la desalinizadora.

Miembros del sector académico y por tanto las instituciones de las que forman parte se involucraron. En posturas encontradas, se han generado documentos, sustentados en trabajos técnicos serios, tanto a favor de la cervecera y la de salinizadora como en contra. ¿Por qué esta condición? A pesar de que en enero de 2017 el gobernador abrogó la ley y el decreto, las obras para la cervecera continuaron. Miembros de Mexicali Resiste tomaron instalaciones, bloquearon caminos, realizaron marchas entre ciudades, crearon una página web e hicieron escuchar su tesis en diferentes medios nacionales e internacionales. A lo largo de los últimos cuatro años se ha generado una movilización social que ha mantenido el tema de la Constellations Brands en la opinión pública. Desde encarcelamientos y persecuciones hasta peticiones de renuncia del entonces gobernador Francisco Vega.³³ Éste, apoyado en la XXII Legislatura, en diciembre de 2017 logró la aprobación del dictamen 95, mismo que daba continuidad a los proyectos mencionados. Con ello, las protestas se incrementaron y los partidos de oposición al PAN en el estado encontraron un tema de critica a las acciones del gobernador.

Un ejemplo de expertos que tomaron posturas distintas con respecto a la instalación de la empresa, pero que concluyen que la información de la MIA es insuficiente, está integrado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y la presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) solicitada al investigador Alfonso Cortez Lara, de El Colegio de la Frontera Norte (Colef). El IMTA señaló que se verá afectada la ciudad de Mexicali, aunque reconoció que existe sobreexplotación del manto acuífero. Indicó que en el largo plazo -2050- por el crecimiento de la ciudad, el agua será compensada con recurso de la zona agrícola, dado que existe prelación para el abasto urbano, de acuerdo con el artículo 13 BIS 4 de la Ley de Aguas Nacionales. En sus conclusiones señaló que el efecto en la ciudad sería nulo, sin embargo, se apuntó:

Para analizar con mayor detalle los escenarios de crecimiento a futuro de la demanda de agua de la ciudad y plantear su atención adecuada, se requiere realizar un plan maestro de abastecimiento de agua a la cervecera. En paralelo es recomendable que la cervecera cuente con una estrategia similar donde se evalúe la viabilidad de operación con y sin de producción en la planta cervecera considerando el autoabastecimiento, abasto de la ciudad y una combinación de ambas. Ello dará mayor certeza a la cervecera.³⁴

Así, en el documento que avaló la instalación de la cervecera por el IMTA, se indicó que se requiere un plan maestro de abastecimiento. Además, se señaló que se necesita una evaluación de la viabilidad de la operación. Es decir, se avala lo que en el propio documento se critica y se ratifica lo que los campesinos indicaban respecto a que a futuro deberán de reducir los usos para garantizar el agua a la cervecera. Dicho de manera simple, la cervecera tiene prioridad sobre los agricultores, lo que contradice el Tratado de 1944 y los Acuerdos de 1972. De esta forma, en 2018 quedó claro que, cuando la planta fue anunciada tres años atrás, 1) no se contaba con un plan maestro, 2) no se había realizado una evaluación de su viabilidad, por lo que cabe preguntarse, ¿cómo había avalado y respaldado su construcción el gobierno del estado? ¿Cómo y por qué la XXII Legislatura estatal había aprobado la ley en 2016 y, de nuevo, mediante el dictamen 95, en 2017?

En enero de 2019, Alfonso Cortez Lara, investigador del Colef, presentó un informe técnico a Conacyt que llegó a conclusiones semejantes, pero en sentido contrario a la apertura de la cervecera. En función de ello, el colectivo Mexicali Resiste destacó su postura y le dio una significativa difusión. El documento resaltó los riesgos del abatimiento del acuífero y los posibles efectos de la variabilidad en la corriente del río Colorado. Además, remarcó las incongruencias del planteamiento en la MIA de la Constellation Brands, documento en el que, lejos de desarrollar un plan, se elaboran posibilidades, pero no una estrategia congruente. Cortez Lara concluyó lo que hemos apuntado que se desprende de los propios planteamientos de la MIA,

El estudio de la empresa simplemente confirma la profundización de la problemática ya conocida desde antaño de manera oficial al encontrar en todos los casos de la simulación geohidrológica, niveles de abatimiento del acuífero mayores a los que la fuente oficial había estimado recientemente.³⁵

A pesar de ello, el gobierno del estado había financiado la construcción de un acueducto de 47 kilómetros del ejido Villahermosa hacia las instalaciones de la cervecera en el ejido El Choropo.³⁶ El ayuntamiento de Mexicali suspendió la construcción de la cervecera. A partir de ello se inició la investigación para tener conocimiento de los permisos que tenía la empresa. El resultado fue que Conagua y el Organismo de Cuenca Península de Baja California informaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que no tenían ningún expediente sobre la cervecera Constellation Brands. Así, en mayo de 2018, luego de tres años de intensas campañas, de promesas de nuevos empleos, de apoyos y enfrentamientos que llegaron a la violencia, los organismos encargados de realizar los trámites correspondientes no tenían expediente sobre el caso.³⁷

¿Poca agua? ¿Mucha agua?

La pregunta ha estado en las discusiones públicas de manera constante. Unos, indican que existe agua suficiente y mencionan que los empleos son lo más importante; otros señalan que se amenaza el futuro del abasto a la ciudad de Mexicali y de los agricultores del valle. En 2018, ante la evidencia anticipada del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en medios nacionales, miembros de dicho partido tomaron como bandera el tema de la Constellation Brands. En lo referente a la gubernatura, una de las preguntas era la postura que tomaría el candidato y posteriormente gobernador, ingeniero Jaime Bonilla, dado que se conocía su papel en el Distrito de Agua de Otay, Estados Unidos.

Quienes no deseaban la instalación de la cervecera insistieron en la escasez de agua en la entidad, mientras que quienes la apoyaron remarcaron la cantidad que se dedica a la agricultura, alrededor de 83% del total.³⁸ Es decir, los agricultores son quienes aprovechan el agua por lo que, 20 millones de m³, es muy poco comparado con las cantidades asignadas a los productores agrícolas. Además, indicaron, éstos se verían beneficiados por las necesidades propias de la cervecera, en referencia a determinados cultivos que se requieren para la producción del producto.

Como apuntamos al inicio, nos interesa plantear el tema en función de las complejidades de la pertenencia a una cuenca internacional y a una relación directa con espacios regionales. En este caso, espacios creados en función de los usos sociales del agua y la visión construida socialmente sobre el medio ambiente. Por ello, la pregunta de poca o mucha agua debe responderse en relación con los derechos creados históricamente, que responden a necesidades propias del proceso de su constitución. Poca agua para quién y desde quién, mucha en relación con qué objetivos se persiguen en la construcción y reconstitución de qué sociedad. Para este caso, la paradoja de que en Mexicali se concentre el agua que le da sustento a las ciudades fronterizas y al valle agrícola más importante del estado, pero depende para su generación de un agua que surge en condiciones específicas de Estados Unidos y, por lo tanto, está sujeto a los acuerdos internacionales. A su vez, como apuntamos en la descripción de la cuenca, vinculado directamente con la relación establecida con el río Bravo, donde se ubican como víctimas de la entrega de un recurso escaso que legalmente pertenece a otro país. Es decir, los agricultores del río Conchos, en Chihuahua, tendrían argumentos válidos para cuestionar que se entregara agua a una empresa extranjera en condiciones de prioridad lo que, como señalamos, contraviene el orden de prelación del Tratado de 1944. Esta complejidad en la relación intercuencas es un factor que no aparece en los documentos sobre la empresa cervecera ni se contemplan escenarios de disputa por esa condición.

Sin embargo, la relación entre los sistemas no es un factor en la Cámara de Diputados local, que claramente trató de establecer un escenario en favor de la cervecera. En el dictamen 62, presentado y aprobado en diciembre de 2016, se indicó que el problema del agua para Tijuana y Playas de Rosarito era evidente, ya que el 99% provenía “de las entregas que realiza Estados Unidos a México a través del río Colorado, la cual es conducida por el acueducto río Colorado-Tijuana”. Esto, se indicó representaba una condición muy vulnerable, por la dependencia de una sola fuente, debido a que

implica un alto riesgo de que cualquier problema en el sistema límite o se suspenda el suministro de agua a la ciudad, si no se resuelve antes de agotarse la reserva de agua que se tiene en la presa El Carrizo, que teóricamente tiene una duración de menos de tres meses, crearía una crisis muy seria para la zona, contemplando que constituye una de las áreas metropolitanas más grandes de México. ³⁹

El texto establece una urgencia para la aprobación del proyecto, dado que en tres meses Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito vivirían una crisis de abasto. Sin embargo, la afirmación también es aplicable al valle de Mexicali, que depende de esa misma fuente, el río Colorado, incluido gran parte del acuífero. Cabe señalar que el contexto sobre el acueducto fue valido por varias razones de mantenimiento, pero en esos momentos, CILA/IBWC reactivó las entregas de emergencia hasta 2022, con lo que se resolvió el problema para un lustro. Dicho de manera sencilla, la institucionalización entre los dos países tenía prevista tal condición, aunque para la aprobación del acuerdo, se abordó la crisis inminente.

Un lustro después, la emergencia que se argumentó no generó la crisis que ahí se planteó y como apuntamos al principio, la desalinizadora se encuentra en medio de un conjunto de problemas de demandas entre los socios. Con lo anterior deseamos plantear que el problema de mucha o poca agua depende de las decisiones de los usos sociales, construidos desde principios del siglo XX, lo que ha condicionado el margen de acción hasta la actualidad. En esa relación, la tecnología hidráulica es central y, en la dimensión binacional, México cuenta con una cantidad de agua que se establece en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, sujeto a las implicaciones con la cuenca del Bravo. El acuífero es resultado de esa relación, al otorgarle a la agricultura un papel central en el uso social. Dicho uso permite, en gran parte, la existencia del acuífero, sobre el cual se genera una condición a la que se alude constantemente, desde las entidades públicas constituidas con ese fin, de estar sobreexplotado y con amenaza de intrusión salina. Sin duda, mayor investigación científica es una respuesta a mediano y largo plazo de una condición que no va a cambiar, dado que, salvo algún hecho contingente, la sociedad bajacaliforniana -necesariamente ligada a la cuenca del Bravo- tendrá que moverse en el ámbito de un agua que, de forma abrumadora, es parte de una cuenca de orden internacional.

Conclusión

La construcción del límite fronterizo del que forman parte sustancial las cuencas internacionales y su interrelación quedó enmarcada en un régimen de derechos del cual el Tratado de 1944 es una manifestación, quizá la más importante. Los límites están en ese marco, del que se desprenden leyes, acuerdos, y disposiciones de orden federal y estatal que están condicionados por la relación cotidiana entre México y Estados Unidos y, por tanto, con CILA/IBWC. En la tensión por el uso participan diversos actores que actúan bajo la condición de que podrán trabajar en beneficio de su expectativa y, dado que el mayor usuario es el de los agricultores, las propuestas inciden directamente en los derechos creados.

El resultado de la consulta popular aludida en el presente escrito es una muestra de actores conscientes del problema y que se manifiestan en función de una amenaza a sus derechos construidos históricamente en un marco de discusiones sobre los usos sociales del agua, las prioridades sobre éstos y la tensión que generan nuevos usos. Aquí hemos referido sucesos de principios del siglo XX, como los cambios en la visión ambiental, las amenazas por el cambio climático o el caso aquí aludido, empresas que centran su actividad en el uso de un recurso que no se produce en instancias locales, sino que depende de su condición de cuenca internacional y está, por tanto, sujeto a un tratado que, por un lado, permite un orden de prelación y, por otro, limita el desarrollo futuro a una cantidad establecida y, lejos de pensar en su incremento, existen posibilidades de disminución.

El tema ilustra las complejidades de la relación México-Estados Unidos en el espacio fronterizo donde, apuntamos, el vínculo debe observarse en condición de interdependencia, así como en el marco de cooperación/conflicto permanente. Dicho espacio obliga a nuevas perspectivas de análisis, dado que la estrecha relación que se ha construido por los recursos naturales, en este caso el agua, lleva a plantear necesidades en las que el marco institucional debe representar al tipo de problemas que existen. Sumar el tema de la empresa cervecera a la opinión de que hay un plan del actual gobierno en contra de las inversiones no explica nada de lo que sucede en función de un límite territorial en el cual el factor agua es una parte constitutiva.

La necesidad de fuentes alternativas sigue presente, pero las discusiones públicas sobre cómo lograrlas no han generado el tipo de propuestas que se necesitan para uno de los temas de mayor relevancia en la relación México-Estados Unidos en su contexto de frontera y en una relación impuesta por un límite territorial: un actor de trascendencia para entender el funcionamiento de una de las zonas con mayor dependencia de un recurso que se genera en otro país y que por tanto requiere de la combinación de enfoques entre lo local, lo binacional y la visión de cuenca e intercuenca, con las implicaciones que se enuncian, parcialmente, en este escrito. El tema de las corrientes internacionales es una parte significativa de la relación México-Estados Unidos, pero los efectos de la conflictividad son inmediatos y con implicaciones de todo orden. Por ello, la respuesta social debe observarse como una actividad no de rechazo a las empresas, sino de las condiciones de operatividad en las que se trató de impulsar y que, como demostramos, ya desde los documentos que pretendían su constitución se encontraban los factores en los que se ancló el rechazo de una parte activa de la sociedad mexicalense.