Introducción

En este texto nos interesa examinar las relaciones entre los empresarios y el Estado en México durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a partir de la selección y análisis de algunos hechos cruciales para esa relación, en especial, dos de las llamadas reformas estructurales, la fiscal y la energética, y el proceso electoral, que fue escenario de un enfrentamiento entre el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y algunos de los grandes empresarios, al final del periodo de Peña Nieto. El texto está dividido en cuatro partes; en la primera, para contextualizar el proceso, se presenta de manera sumaria la relación de largo plazo entre empresarios y Estado en México; en la segunda se hace un breve recuento de las singularidades de la relación de los empresarios con los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), las cuales fueron esenciales para el arribo del primer gobierno de alternancia, encabezado por Vicente Fox, un candidato de origen empresarial que llegó al poder postulado por el PAN. En la tercera se aborda la relación entre los empresarios y el gobierno de Peña Nieto a partir del análisis de la reforma fiscal, a la que los empresarios se opusieron sin éxito, y de la reforma energética, que los más importantes de ellos, junto con las transnacionales, habían esperado y promovido por tanto tiempo. Aunque hubo otras reformas durante el periodo en cuestión, como la laboral y la educativa, nos limitaremos a las dos anteriores por razones de espacio y por considerar que las económicas fueron más relevantes para el empresariado. En la cuarta parte se abordan las relaciones de los empresarios con Andrés Manuel López Obrador, antes, durante su campaña y después de su triunfo electoral.

La relación de largo plazo entre empresarios y Estado en México

Los empresarios mexicanos empezaron el siglo XX con un déficit de legitimidad política y a la defensiva debido a la Revolución que, sin negarlos radicalmente como lo hicieron las revoluciones soviética y china, los sacó del escenario sociopolítico varias décadas, y terminaron dicho periodo en la cima del poder económico y político.² Las características del Estado posrevolucionario lo colocaron fuera de las instancias de representación política que sí tuvieron otras categorías sociales, como los campesinos (con la Confederación Nacional Campesina, CNC), los obreros (con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC; la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM) y los sectores populares en las ciudades (con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP), quienes se hicieron representar de manera directa en las organizaciones de base del partido en el gobierno.³ Por invitación gubernamental, los empresarios crearon sus órganos de representación: la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), en 1917, y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), en 1918, así como diversas cámaras sectoriales, como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra, en 1941),⁴ a las que debieron afiliarse por obligación desde 1936 hasta 1996. Pero la relación era de naturaleza corporativa y muy pronto sintieron que esos órganos no eran suficientes para defender sus intereses, por lo que crearon otras organizaciones autónomas a lo largo del tiempo. Primero, los empresarios de Monterrey, los más poderosos, independientes y mejor organizados,⁵ crearon la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),⁶ en 1926, sindicato patronal de filiación voluntaria que nació para acoger a empresarios de cualquier actividad económica, dimensión o ubicación geográfica, con el que pudieran defender de manera unificada sus intereses frente a las políticas públicas que sintieron que los lesionaban. Después, en el contexto de la Guerra Fría y del triunfo de la Revolución cubana, y ante una creciente presencia del Estado en la economía, un grupo de empresarios de la Ciudad de México creó el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en 1962 (hoy llamado Consejo Mexicano de Negocios, CMN),⁷ una organización muy pequeña pero muy poderosa a la que se accede sólo por invitación, la cual al principio constaba de 12 miembros y ahora agrupa a cerca de cincuenta. El Consejo ha tenido una influencia privilegiada con el gobierno y en las políticas públicas.

Durante la etapa del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), o de “desarrollo hacia adentro”, el Estado protegió la industria nacional y brindó diversos estímulos fiscales y precios subsidiados de bienes y servicios a la población y a los empresarios. Cuando el ISI se agotó y el Estado intentó reactivarlo interviniendo en forma creciente en la economía como productor, distribuidor y regulador, el CMN creó como respuesta política el Consejo Coordinador Empresarial (CCE, en 1976) para agrupar en una cúpula los intereses de los diversos sectores de actividad económica dispersos en cámaras y asociaciones empresariales (Concanaco, Concamin, CMN, Coparmex, Consejo Nacional Agropecuario, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Asociación de Bancos de México). El CCE se creó, según lo establece en su página web, “como una respuesta del sector productivo nacional a la creciente intervención del gobierno en la economía y la aplicación de medidas claramente populistas”.⁸ Al sobrevenir la crisis de la deuda de 1982 y cuando el gobierno de López Portillo expropió la banca, muchos empresarios pequeños y medianos que se politizaron en los centros empresariales de la Coparmex y en algunas de las cámaras, decidieron participar directamente en o con los partidos, en algunos casos respaldados por los grandes empresarios, para influir en las políticas públicas.⁹ Se presentaron en el escenario público con una legitimidad que habían perdido los políticos tradicionales. Primero lo hicieron en la corriente neopanista y después también con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, aunque en mucho menor medida, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde el PAN y el PRI conquistaron alcaldías, diputaciones y gubernaturas en los espacios más modernizados y alejados del poder central, sobre todo en el norte de México, hasta que el PAN logró, con un empresario, la primera alternancia política nacional en 2000. Paralelamente y en convergencia con muchos de los intereses de los empresarios politizados, arribó al poder una nueva elite tecnocrática que impulsó un cambio de rumbo en el modelo económico desarrollista y nacionalista, para lo que se propuso redimensionar el Estado, así como liberalizar y orientar hacia afuera la economía, convirtiendo a los grandes empresarios mexicanos y a la inversión extranjera en los agentes centrales del desarrollo. Eso supuso una serie de transformaciones: la reprivatización de los bancos y la privatización de las empresas paraestatales, muchas de las cuales fueron adquiridas por miembros del CMN;¹⁰ la desregulación económica, incluida la Ley de Inversión Extranjera, en la que participaron también miembros destacados del CMN, y la apertura comercial, con la adhesión de México, en 1986, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, (GATT, por sus siglas en inglés, que después daría lugar a la Organización Mundial del Comercio, OMC), la incorporación, en 1994, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), procesos en los que algunos de los grandes empresarios participaron como asesores a través de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE) en el “cuarto de junto”.

La caída del mercado interno, el incremento de la competencia y la globalización llevaron a los pequeños empresarios a replegarse, a cambiar de actividad y en muchos casos a desaparecer, mientras que los grandes empresarios tuvieron incentivos para incursionar en el mercado exterior y desde los años noventa se transnacionalizaron e hicieron inversiones productivas, primero en América Latina y Estados Unidos, después en Europa, el norte de África y el Medio Oriente y, finalmente, en Asia. Esa emisión de capitales de México hacia el exterior en algunos años ha sido tan importante como la llegada de inversión extranjera.

Las organizaciones empresariales también se han transformado. La apertura económica y el incremento de la inversión extranjera, las crisis económicas (1982, 1994, 2001, 2008), la división de poderes propia de la democracia y la falta de políticas industriales se reflejaron en el debilitamiento de las organizaciones industriales, mientras que el CCE ha logrado mantener la representación del conjunto del empresariado y sigue siendo el principal interlocutor ante el gobierno. El CMN, la más poderosa organización de los empresarios, ha ganado visibilidad pública, pero ha perdido poder; abrió sus puertas por primera vez a la participación de las mujeres y ha habido un cambio generacional en su seno, pero han surgido nuevos actores y organizaciones con los que debe compartir la interlocución con el gobierno. Entre ellos, destaca el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), constituido por 51 grandes empresas transnacionales que son responsables de 500 000 empleos directos, de los cuales más de 10 000 requieren personas con posgrado; además, las empresas del CEEG tienen el 20% de sus puestos directivos ocupados por mujeres, contra 13.5% de las 500 empresas más grandes de México. Este consejo no solamente ha abierto la puerta a las mujeres, sino que una de ellas lo preside desde 2019.

A pesar de la afinidad de gran parte de los empresarios con el PAN, cuando éste llegó a la presidencia no logró realizar las reformas más buscadas por ellos, lo que se debió a que por primera vez el gobierno estuvo dividido y el presidente no tenía mayoría en el Congreso. Por lo tanto, los vínculos privilegiados de los empresarios, especialmente el CMN, con el poder ejecutivo fueron insuficientes para promover sus intereses; así, surgió la necesidad crear por primera vez en las grandes empresas y en las organizaciones empresariales órganos de vinculación y cabildeo con el poder legislativo.

Además de los cambios en el campo económico, desde los años noventa y, sobre todo, durante las administraciones panistas, los empresarios, las organizaciones civiles, el gobierno, las instituciones académicas y las organizaciones sociales y laborales, emprendieron acciones y crearon instancias de concertación desde la sociedad civil para promover de manera muy activa diversas causas: ampliación de la democracia, fortalecimiento de la seguridad y abatimiento de la violencia, calidad de la educación, transparencia y rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y la impunidad, promoción de la inclusión y el desarrollo local. Varias de estas organizaciones sirven de contrapeso al poder económico o al gubernamental, y son útiles para brindar información oportuna y vigilar críticamente las políticas públicas, así como para crear consensos que ayuden a encarar, debatir y resolver problemas de orden colectivo.

Con estas acciones políticas, económicas y sociales, los empresarios se colocaron simultáneamente en las esferas del Estado, del mercado y de la sociedad civil, entrelazamiento que genera tensiones entre los intereses privados y públicos, como se expresó en los casos de Amigos de Fox, la Ley Televisa y la injerencia del CCE en la sucesión presidencial de 2006. Esta integración económica, política y social llama a la necesidad de regular y establecer fronteras claras entre las tres esferas.¹¹

El activismo de los empresarios contrasta con el apocamiento de las organizaciones de trabajadores, cuyos líderes, en el marco de las crisis, de las reestructuraciones productivas y del nuevo modelo de industrialización volcado hacia afuera, ya no tuvieron la capacidad de conseguir salarios y empleos, que eran la fuente de su legitimidad, ni las relaciones y los apoyos internacionales que habían obtenido, por lo que también el corporativismo entró en crisis.¹² Por ejemplo, la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), que apoyó a las organizaciones laborales de México durante las negociaciones del TLCAN, no lo hizo ya en el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El modo de inserción de México en la economía internacional y su acentuada sincronización y dependencia de Estados Unidos llevaron a que fuera uno de los países más afectados por la crisis de 2008. Desde la crisis de 1982 y hasta 2018, ni los gobiernos priistas ni los panistas concibieron un proyecto de país que orientara el desarrollo priorizando el mercado interno, lo que lo hizo más vulnerable a las crisis y choques externos y no mejoró los indicadores laborales. Si se toma como referente el mercado de trabajo, los primeros 17 años del siglo XXI no manifiestan un panorama optimista en cuanto al empleo.¹³ Por el contrario, se percibe un deterioro diferenciado por edades, en el que los jóvenes resultan ser los más afectados, además de que la brecha entre las condiciones laborales de las mujeres y las de los hombres se mantiene y si disminuye es debido al deterioro de las condiciones de los hombres. Por otra parte, la tendencia a que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo se ha frenado en los últimos años. Asimismo, las condiciones de quienes trabajan en la economía informal y las de los empleados de pequeñas empresas se han aproximado a las de sus patrones, pero el acercamiento es por el deterioro de las circunstancias de estos últimos. Tampoco se perciben avances notables en los niveles de ingresos, en el acceso a la seguridad social y en el tipo de contratación. Los ingresos de quienes laboran en condiciones de formalidad e informalidad se han aproximado desde la recesión de 2008 por el mayor declive en las percepciones de los primeros; lo mismo ocurre con los trabajadores más escolarizados respecto a los de menor preparación. También se mantienen las distancias entre los niveles de bienestar de la población que habita en las entidades federativas del sur (más bajos) respecto de los del norte. Por lo tanto, el trabajo de los mexicanos se ha precarizado en forma diferenciada a principios del siglo XXI y es perceptible una tendencia a la igualación por empobrecimiento. Después de presentar este panorama sumario y general conviene abordar el momento de los empresarios durante los gobiernos del PAN.

Los empresarios durante los gobiernos del PAN

El triunfo del PAN en las elecciones presidenciales de 2000 abrió la alternancia política en México después de 70 años de control priista; sin duda, los empresarios tuvieron mucho que ver con este cambio.¹⁴ Desde la crisis de la deuda y la expropiación bancaria de 1982,¹⁵ muchos se habían politizado en los organismos empresariales, en especial en la Coparmex, de diversas regiones del norte¹⁶ y noroeste del país,¹⁷ en las zonas más modernizadas y menos dependientes del modelo de sustitución de importaciones, que se caracterizó por la protección de la industria nacional de la competencia externa. De hecho, Vicente Fox llegó a la presidencia de la República como un candidato de origen empresarial, sin embargo, a diferencia de los gobiernos anteriores, ya no tuvo el control del Congreso porque éste se hallaba dividido desde que el PRI perdiera la mayoría, en 1997. Este cambio de los empresarios hacia la acción política partidaria se empalmó con otra mudanza: la reorganización de sus empresas, que debieron reestructurarse debido a la crisis y la apertura del mercado y, por lo tanto, a la presión de la competencia.

Matilde Luna ha examinado las características de las relaciones entre los empresarios y los gobiernos panistas.¹⁸ Una de sus ideas centrales es que a pesar de la presumible afinidad entre los empresarios y el PAN, que llevó a la presidencia a Fox, la relación entre ellos en los dos sexenios ha sido difícil y ha influido negativamente en la fortaleza de las instituciones políticas y en la capacidad de los actores para llegar a acuerdos en un entorno económico, social y político nacional e internacional mucho más complejo, derivado de la incipiente transición democrática, de la creciente internacionalización de la economía mexicana y de la crisis global de 2008.

El origen panista del gobierno no parece haber cambiado las formas de participación política de los empresarios. Su acción y sus asociaciones durante los dos sexenios del PAN revelarían un problema más antiguo y de más fondo, relacionado con la falta de normas que al mismo tiempo fortalezcan la autonomía del sistema económico, regido por la competencia, regulen las nuevas interdependencias entre la economía y la política, y normen la relación entre la economía nacional y el mercado internacional, ahora como campo prioritario de los grandes empresarios exportadores con inversiones económicas, también, en otros países.

Además, para Matilde Luna y Marcela Briz Garizurieta,¹⁹ varias de las grandes organizaciones empresariales han perdido fuerza en las dos últimas décadas como consecuencia de los cambios en el sistema político y de la internacionalización de la economía mexicana, aunque no es el caso del CCE, pero sí del CMN, la Concamin²⁰ y la Canacintra; y en el escenario han aparecido otros actores, algunos individuales y otros en forma de acción colectiva. Entre las nuevas organizaciones empresariales se destaca el CEEG, creado en 2004, el cual reúne a los presidentes y directores generales de 51 empresas multinacionales con operaciones en México.²¹ Según sus propias declaraciones, representan el 10% del producto interno bruto (PIB), el 40% de la inversión extranjera y el 11% de las exportaciones mexicanas. Todas son empresas públicas que cotizan en la bolsa. Sus integrantes pretenden “construir un diálogo continuo con el gobierno, organismos empresariales, sociedad civil, líderes de opinión y académicos para buscar soluciones para hacer de México un país más competitivo, más productivo y equitativo”. Entre sus objetivos declarados están los de promover un mejor entorno de negocios y fomentar la competitividad de México; atraer inversión extranjera y generar incentivos para el crecimiento económico sostenido y equitativo para alcanzar mayores niveles de inclusión social y sustentabilidad.²² El CEEG generó un proyecto denominado “México 2030 ante la cuarta revolución industrial. Propuestas para la productividad, el crecimiento y la inclusión social”,²³ el cual puede consultarse en línea. En la campaña presidencial de 2018, el CEEG se reunió con los candidatos de la coalición Todos por México, José Antonio Meade (7 de mayo de 2018),²⁴ y de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (24 de abril de 2018).²⁵²⁵

La llegada del PAN a la presidencia de la República en 2000 produjo una más clara división real de poderes, en especial entre el ejecutivo y el legislativo, y ya que en 1997 el PRI había perdido la mayoría en el Congreso, para los empresarios ya no fue suficiente acordar con el ejecutivo; las organizaciones empresariales y las grandes empresas debieron desplegar estrategias para relacionarse también con el poder legislativo, para lo cual crearon instancias de cabildeo.²⁶ Sin embargo, como lo ha advertido Matilde Luna, la expansión y la creciente autonomía del poder legislativo debilitó el poder de las grandes organizaciones empresariales, al disminuir su capacidad de negociación directa con el presidente y sus secretarios y de éstos con el Congreso; y mermó también la influencia de las organizaciones que agrupan a los pequeños empresarios, ya que la obligación, que existía desde 1936, de estar asociado a una cámara terminó en 1996,²⁷ y éstas perdieron muchos afiliados, debieron reestructurarse y algunas hasta subarrendaron parte de sus inmuebles.

Por otra parte, durante los gobiernos panistas continuó y se aceleró el acercamiento, la identidad y la visibilidad que se venían dando desde los años ochenta entre los poderes político y económico. Esta proximidad se expresó en varios ámbitos.

En primer lugar, el desarrollo de los partidos políticos y de la competencia electoral ofreció a los empresarios la oportunidad de representar sus intereses como candidatos en todos los partidos, en especial en el PRI y en el PAN, y de participar en todos los cargos gubernamentales, tanto los de elección (alcaldías, diputaciones locales y federales, senadurías, gubernaturas) como en los de designación (secretarios de Estado y otros cargos federales, estatales y municipales, especialmente los vinculados con temas económicos). Varios de los secretarios iniciales de Fox no provenían de la militancia panista, como se esperaba en el partido, sino del sector empresarial; además, no necesariamente contaban con saber técnico (aunque hubo excepciones), ni con experiencia política, pero sí con intereses personales en su área de actividad. Fueron los casos del secretario de Agricultura, que era un gran productor y exportador agrícola; el de Energía, que había sido director de grandes empresas nacionales y extranjeras; el de Comunicaciones y Transportes, que había sido un alto directivo de Teléfonos de México, y el del Trabajo, que había sido presidente de la Coparmex, el más importante sindicato patronal.²⁸

En segundo lugar, el acercamiento entre los ámbitos económico y político se manifestó en la irrupción de empresarios y organizaciones empresariales en diversos ámbitos de la sociedad civil, en defensa de múltiples causas económicas, sociales, políticas y culturales: desde la búsqueda de la ampliación de la democracia y la lucha por la seguridad, la justicia y el mejoramiento de la educación, hasta el combate contra la corrupción y la impunidad. Esta llegada de los empresarios a la sociedad civil creció progresivamente. Algunos ejemplos de estas instituciones son Integra (1983), el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi, 1988), el Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (Fechac, 1994), México Unido contra la Delincuencia (1998), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2003), Fundación del Empresariado en México (Fundemex, 2004), Mexicanos Primero (2006), Causa en Común (2010), Fundación Coparmex (2012) y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (2015). En 2016, por primera ocasión, los empresarios agrupados en la Coparmex se manifestaron en el Ángel de la Independencia en contra de los corruptos y la impunidad, ocasión en la que Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación, dirigió un mensaje en contra del contenido de la ley aprobada por los senadores, Ley General de Responsabilidades Administrativas (conocida como 3 de 3). En ese evento señaló que “la sociedad cada vez juega un papel más activo” y “la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción es un triunfo de la sociedad mexicana”.²⁹

Otras formas de entrelazamiento de los poderes económico y político a través del desarrollo de organizaciones civiles se expresaron con un respaldo poco transparente de algunos empresarios y partidos políticos, como el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que financiaron campañas y causas sociales. Dos de estas asociaciones civiles fueron Amigos de Fox, que financió su campaña como candidato, y la Fundación Vamos México, de Martha Sahagún, esposa de ese presidente panista, orientada a obras altruistas. En contraste con otras organizaciones filantrópicas que estaban en penuria por falta de apoyos económicos, esta última recibía generosas donaciones, públicas y privadas, en cantidades incuantificables, con origen y destino poco claros y sin ningún control.³⁰

Otro tipo de organismos civiles surgieron de los empresarios y las organizaciones empresariales. Un caso notable fue el del Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, mejor conocido como el Acuerdo de Chapultepec, firmado el 29 septiembre de 2005,³¹ con el empresario Carlos Slim a la cabeza, y presentado como un acuerdo nacional de las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a una previsible crisis política derivada de la fuerte competencia electoral en las elecciones presidenciales de 2006.

Otra clase de organizaciones de la sociedad civil están encauzadas a promover acciones de filantropía a través de fundaciones, muchas de las cuales aparecieron en décadas recientes. Entre estas fundaciones pueden distinguirse las corporativas, muchas de ellas influidas por empresas extranjeras y fundaciones estadounidenses, y las familiares, de raigambre nacional y generalmente más antiguas. Ambas han aprovechado la legislación fiscal que les permite deducir impuestos si los invierten en obras sociales y culturales sin fines de lucro. La mayor parte de las fundaciones altruistas son de corte asistencial y muy pocas de naturaleza transformacional, entendidas estas últimas como las que buscan la autonomía y la independencia económica de los sujetos a los que apoyan.

Otras fundaciones buscan suscitar la responsabilidad social empresarial y otras más se orientan a generar crítica, retroalimentación, diseño de leyes y normas, estudios y seguimiento de determinadas acciones políticas y gubernamentales. También hay algunas orientadas a enfrentar problemas altamente sensibles para la sociedad, como la inseguridad y la violencia, lo que se hizo más evidente durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando nació el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, creado en 2006 por el CCE, la Coparmex, la Fundación Este País, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Otras fundaciones promueven actitudes positivas y valores en la ciudadanía. Un caso más, durante el sexenio de Peña Nieto, fue la creación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Desde la última década del siglo xx, a raíz de la caída del mercado interno y de la apertura económica que culminó en la firma de diversos tratados comerciales, entre los que destacan el TLCAN³² y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM),³³ se hizo evidente la incursión de los grandes empresarios mexicanos en el ámbito transnacional, tanto como exportadores e inversionistas en otros países, como a través de su participación en organismos creados para influir en las políticas públicas.

Existe un grupo de grandes empresas que se ha trans na cio nalizado,³⁴ sin embargo, no es posible abordar en este espacio las razones de su salida al exterior, los factores que llevan a las empresas a internacionalizarse, quiénes y cómo se toman las decisiones, cuáles son sus éxitos y sus fracasos. Marcela Hernández ha mostrado que las empresas se han internacionalizado a través de la expansión, por compra parcial y después mayoritaria o total de empresas extranjeras, con lo que pasaron de socios a directivos, o por la creación de nuevas empresas, aumentando el número de subsidiarias en los países de operación. Para iniciar el proceso de internacionalización, fueron importantes las alianzas estratégicas en la producción, mientras que después lo fueron para la comercialización y distribución de los productos.³⁵ Por los trabajos de Basave Kunhardt y Gutiérrez Haces sabemos qué empresas salen al extranjero y a qué países, cuáles son los sectores de actividad y los montos de capital.³⁶

Si tomamos las veinte mayores empresas transnacionales mexicanas (véase cuadro 1), podremos observar que los principales activos se concentran en telecomunicaciones, minerales no metálicos y minas, bebidas y alimentos, seguidos de petróleo y gas, química y petroquímica, acero y productos metálicos. Finalmente, están las empresas con activos en medicamentos, construcción, comercio y partes automotrices. El mayor número de filiales, en orden decreciente, se localiza en América Latina y el Caribe, en América del Norte (donde destaca Estados Unidos), en Europa, Asia Oriental y el Pacífico, y finalmente en Oriente Medio y el norte de África.

También se ha investigado sobre la posición del gobierno mexicano ante la transnacionalización de los empresarios, y se ha mostrado que aquél no tiene una estrategia de fomento a la emisión de inversión extranjera directa y de promoción de la internacionalización de las empresas mexicanas, al contrario de lo que ocurre en algunos países emergentes, como Brasil y China.³⁷

En cuanto a los organismos creados para incidir en las políticas públicas, dos de los más destacados son el Consejo Mexicano para Asuntos Internacionales (Comexi) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El Comexi nació en noviembre de 2001, según su autodefinición, como un foro plural y multidisciplinario, independiente del gobierno, que se financia con aportaciones de sus miembros y está orientado al debate y al análisis del papel de México en el mundo, y a la creciente influencia de los acontecimientos internacionales en el quehacer nacional. Esta organización está asociada a personalidades e instituciones públicas y privadas de diferentes sectores y corrientes ideológicas.

El IMCO, a su vez, es uno de los think tanks del sector privado más influyentes del país. Surgió en 2003, con el apoyo del CMN como donante fundador. Se financia, además de con sus estudios, con el apoyo de diversas empresas e instituciones nacionales e internacionales. Según su autodefinición, es “un centro de investigación aplicada, que es independiente, apartidista y sin fines de lucro. Está orientado al estudio de los fenómenos económicos […] y a generar propuestas de políticas públicas […]; por lo tanto, busca influir en su ejecución para fortalecer la competitividad y lograr un México próspero e incluyente”.³⁸ Sus principales áreas de interés son la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el establecimiento de un Estado de derecho, la seguridad, la sustentabilidad ambiental, la inclusión social, la educación de calidad, el desarrollo de mercados eficientes, la integración de sectores de innovación, la política exterior y México frente a la globalización, el desarrollo urbano y la competitividad de las ciudades, y el impulso de tecnologías de la información y la comunicación.³⁹

La reinserción de México en la economía mundial ha propiciado también la colaboración de empresarios, políticos e intelectuales en órganos que buscan participar en la gobernanza global, como la International Commission of Peace and Prosperity, conocida comúnmente como Comisión Trilateral, una organización internacional privada fundada en 1972 por iniciativa de David Rockefeller.⁴⁰

Los empresarios siempre han tenido un papel activo en la vida política del país y en las elecciones, aunque de diferente manera a través del tiempo. Cuando hubo un partido hegemónico, expresaban sus deseos o inconformidades ante ciertas políticas públicas con pronunciamientos en la prensa o en reuniones privadas con el candidato priista o el presidente. Incluso, se estableció la costumbre de que los precandidatos del PRI se reunieran con los miembros del CMN en una famosa pasarela, para explicarles sus planes y proyectos de país, y así los empresarios pudieran expresar su opinión y, llegado el caso, mostrar sus apoyos y reservas sobre cada uno. Sin embargo, desde que la competencia real entre partidos se intensificó y apareció la alternancia, y sobre todo desde que López Obrador se presentó como candidato de izquierda, la participación de los empresarios y sus organizaciones se vigorizó y fue más allá de las mesas de análisis o de ofrecer plataformas para el debate de los candidatos.

Aunque las leyes acotan ahora la discrecionalidad de los empresarios y otros actores en el uso del dinero y del tiempo en los medios, en algunas campañas se han extralimitado, sobre todo en las elecciones de 2006,⁴¹ con despliegues mediáticos a través de spots en radio y televisión tratando de inducir el voto y advirtiendo que “apostar a algo distinto era retroceder”. El CCE intervino a través del Consejo de la Comunicación (CC) con dos spots, uno sobre seguridad y otro sobre desempleo, cuyo contenido estaba dirigido a influir en un cambio de preferencias de los votantes. El tema del empleo era promovido por el candidato del PAN, Felipe Calderón, cuya imagen era invocada como “el presidente del empleo”. Con el tema de la inseguridad se mostraba una situación extrema y se basaba sobre todo en las críticas a la Ciudad de México. En los dos anuncios se recurría a temas que causaban miedo e incertidumbre en la población, como “crisis económica”, “devaluación” y “desempleo”. Parecía claro que se buscaba descalificar a López Obrador y respaldar a Calderón. Además, el presidente Fox intervino de manera directa y permanente contra López Obrador sin nombrarlo, sino utilizando como leitmotiv el calificativo de “populista”. Según Georgina Sosa, “hubo entonces una convergencia en los ‘intereses compartidos’ entre Fox y el CCE (que ya tenía su historia durante el sexenio en que aquél gobernó) con esta ‘estrategia entrelazada’ para atacar al candidato de las izquierdas”.⁴²

A pesar del origen empresarial de Fox como exalto dirigente de la Coca Cola, y de sus declaraciones, los empresarios no lograron algunos de sus principales objetivos durante su gobierno, como las esperadas reformas estructurales, en especial, la energética, la hacendaria y la laboral. En efecto, al inicio de su gobierno había hecho dos declaraciones muy explícitas sobre las características de su gestión. La primera como presidente electo, en una reunión con empresarios alemanes: “Venimos aquí los empresarios mexicanos, venimos aquí como gobierno electo, expresamente a despertar inquietudes en ustedes...”. Y la segunda, ya como presidente en funciones, cuando dijo que el suyo era un “gobierno de empresarios y para empresarios”.⁴³ Sin embargo, al no tener mayoría en el Congreso, era muy complicado hacer pasar esas reformas. Más allá de las limitaciones derivadas de la mala comunicación y del cabildeo, quedó en los empresarios la percepción de que a ese gobierno le faltaba oficio político.

Si no se sentían plenamente satisfechos con el desempeño del ejecutivo, lo estaban aún menos con el del Congreso, donde sus posiciones eran diferenciadas: a veces eran implacables, a veces, agradecidas. Un ejemplo de las primeras es un desplegado del CCE, publicado el 6 de diciembre de 2005, cuando se aprobaron las iniciativas en materia de propiedad industrial, salud y responsabilidad civil por daño y deterioro ambiental. Reclaman a la Cámara de Diputados la rapidez con la que -sin estudios serios ni suficiente discusión sobre las consecuencias económicas, sociales y jurídicas, y sin tomar en cuenta la opinión de los empresarios- aprobaron una ley que afecta la inversión, el empleo, la innovación y la seguridad jurídica. De igual manera, el mismo CCE, respaldado por el conjunto de las organizaciones que representa, en un desplegado de prensa del 3 de septiembre de 2010, acusa a los legisladores de falta de responsabilidad y advierte que se está en un periodo de pobreza legislativa y escasos resultados en cuanto a las reformas estructurales.⁴⁴

En cambio, una muestra de las posiciones agradecidas fue el caso de la controvertida aprobación, en marzo de 2006, de los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), legislación conocida como Ley Televisa.⁴⁵ Esta normatividad que autoriza la desregulación del espectro digital en favor de las dos grandes cadenas de televisión (Grupo Televisa y TV Azteca) fue muy celebrada por algunos empresarios y muy criticada por los expertos, quienes consideraron que las licitaciones no exigen criterios de calidad en la programación en favor del derecho de los ciudadanos a la información y adjudican concesiones con periodos de vigencia excesivamente largos y con posibilidades de renovarse automáticamente sin necesidad de abrir nuevas licitaciones. Fox pudo haber impuesto su veto a esta ley ante los señalamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de su aprobación, pero no lo hizo. Georgina Sosa⁴⁶ argumenta, a partir de este caso, que los empresarios manifestaron una imagen de apoyo total a la democracia y a las reglas del juego, pero que diversas acciones mostraron que ese apoyo era sólo discursivo, ya que únicamente apoyan las reglas democráticas cuando favorecen a sus intereses, y se inconforman y transgreden las reglas y las leyes cuando les son desfavorables. Una idea importante que se deriva del trabajo de Sosa es haber propuesto la hipótesis de que los empresarios tienen un compromiso democrático limitado; apoyan el proceso democrático cuando coincide con sus intereses, pero cuando perciben que la democracia los pone en riesgo, dejan de respaldarla y son capaces de violar las reglas del juego y las normas que regulan las relaciones sociales. Según Sosa, para que los empresarios puedan renunciar a su compromiso democrático y lleguen a transgredir las normas, necesitan contar con un margen de maniobra que les otorga el poder ejecutivo o las instituciones reguladoras. Los empresarios pueden desafiar o no a las instituciones de la democracia cuando acontece una combinación de variables: debilidad legal de las instancias reguladoras; que el titular del ejecutivo sea proclive a la permisividad ante los poderes fácticos y que haya alianzas de los miembros de los partidos con los medios.

Por otra parte, uno de los logros del gobierno de Fox fue la creación de órganos autónomos para regular los procesos electorales (Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, INE) y la transparencia informativa del sector público (Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI). Sin embargo, en otros ámbitos los empresarios no quedaron satisfechos. Durante la presidencia de Fox y la de Calderón, las principales organizaciones empresariales cabildearon ante los diputados para que se aprobaran algunas reformas estructurales. De hecho, durante el gobierno de Calderón se formó la “telebancada”, llamada así porque los diputados y senadores del PRI y del PVEM promovieron los intereses de las dos principales televisoras, Televisa y Televisión Azteca (la reforma de las telecomunicaciones), o porque forman parte de la familia de alguno de sus accionistas. De los 18 candidatos al Congreso de la Unión ligados a estas televisoras, 16 formarían parte de las dos cámaras y 11 de ellos eran del PRI y del PVEM.⁴⁷ Con esto, los empresarios de las televisoras ya no sólo tendrían buenos niveles de interlocución con el poder político y los partidos, sino que ejercerían una cuota de poder en el interior de éstos.

La llamada Ley Televisa fue aprobada desde finales del gobierno de Fox, pero la reforma de las telecomunicaciones y otras debieron esperar al sexenio peñista. El propósito del siguiente apartado es examinar las relaciones de los empresarios con el gobierno de Peña Nieto y particularmente dos de las reformas más importantes para los empresarios, la fiscal y la energética.

Los empresarios y el gobierno de Enrique Peña Nieto

Desde la perspectiva de los empresarios organizados, uno de los mayores logros del gobierno de Peña Nieto fueron las reformas estructurales que, según Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, “por décadas parecieron imposibles y […] hoy ofrecen un renovado rumbo para el país a través de cambios en materia educativa, laboral, de competencia económica, energética y política, además de que ya contamos con leyes para combatir el cáncer de la corrupción”.⁴⁸

De esas reformas, se han seleccionado dos que marcaron de manera particular y contrastada las relaciones entre los empresarios y el Estado: la fiscal, contra la que se opusieron, y la energética, la que más les interesaba. Esto no quiere decir que las demás reformas no hayan sido importantes para los empresarios, como la de telecomunicaciones, la laboral o la educativa, sin embargo, nos limitaremos a la fiscal y la energética por razones de espacio y por considerar que eran las más importantes para el empresariado.

Los empresarios ante Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y después de su triunfo electoral

En el ámbito de la política, los empresarios no son homogéneos ni tienen una postura unificada. Sin embargo, puede considerarse que la mayoría de los medianos y grandes, que son los que están más organizados y mejor representados a través de sus organizaciones, han tenido una clara preferencia por el PRI y el PAN, y han sido contrarios a López Obrador, tanto cuando militó en el PRD como en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras que sus principales simpatizantes en la iniciativa privada están entre los pequeños empresarios.

López Obrador designó a Alfonso Romo, un conocido y controvertido empresario de Monterrey, como coordinador de su proyecto de nación. Romo fue un valioso puente para que el candidato morenista se acercara no sólo al sector privado nacional e internacional, sobre todo con el del norte del país, sino también con una parte del electorado. Primero, porque es un hombre de negocios experimentado y emprendedor que habla el lenguaje de los empresarios; ha sido dueño de Cigarrera La Moderna, Pulsar Internacional (seguros, biotecnología y producción de semillas) y Savia. Segundo, porque ha tenido vínculos familiares con las grandes familias de empresarios de Monterrey, entre ellas, los Garza Sada (sin que hayan faltado también algunos enfrentamientos) y ha tenido vínculos de amistad con una parte de la clase política nacional. Tercero, porque con un lenguaje convincente ayudó a López Obrador a tranquilizar a una parte del electorado, preocupado por algunas presiones que miembros más radicales de Morena ejercen sobre el líder. Cuarto, porque cuenta con experiencia en la política partidaria, ya que participó en la campaña de Vicente Fox por la presidencia de la República, bajo las siglas del PAN, en 2000. Finalmente, porque ha mostrado sensibilidad y compromiso social a través del apoyo a proyectos culturales, educativos, sociales y ecológicos en el sur de México, y en ese sentido muestra que el proyecto económico de López Obrador busca vínculos entre las empresas, la sociedad y el medio ambiente. Ésa fue la función primordial que Romo desarrolló en esa etapa y, por esos motivos, poco antes del cierre de campaña, en Monterrey, López Obrador declaró que si ganaba las elecciones designaría a Alfonso Romo coordinador de la oficina de la presidencia de la República.

Si tomamos en consideración solamente a los empresarios organizados, desde antes de que arrancara la contienda electoral empezaron a manifestar públicamente sus preferencias electorales. Algunos de los más reconocidos criticaron abiertamente al presidente Enrique Peña Nieto en temas relacionados con la corrupción, la delincuencia y los derechos humanos. Sin embargo, eso no impidió que respaldaran a quien se vislumbraba como el favorito del presidente: José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, quien acababa de renunciar para buscar la nominación del PRI. Faltaban siete meses para las elecciones y desde la perspectiva de algunos grandes empresarios, Meade parecía ser la mejor opción para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, quien a menudo había cuestionado varias de las reformas impulsadas por Peña Nieto caras a ellos, y había declarado que podría revertir algunas.

La relación de López Obrador con algunos de los grandes empresarios ha sido de confrontación desde las campañas presidenciales de 2006 y 2012. Él mismo les atribuye, en parte, que no lograra ganar los comicios y llegar a la presidencia, por haber utilizado su poder y su dinero en las campañas electorales en su contra, utilizando medios ilegales e ilegítimos.

En esta tercera vez en que contendió López Obrador, los grandes empresarios empezaron a manifestar sus preferencias. Según la prensa, Claudio X. González Laporte, de Kimberly-Clark de México, y uno de los hombres de negocios más influyentes en la política desde el ámbito empresarial, dijo que López Obrador debía ser derrotado en 2018 y que Meade era uno de los potenciales candidatos más fuertes para el PRI.⁹³ Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, declaraba: “Meade es un hombre inteligente, preparado, sencillo, que tiene una visión clara sobre el México del futuro y con quien hemos podido construir está visión compartida. Estamos seguros de que, con él y su equipo de trabajo, la plataforma del partido que lo postula, podemos analizar los retos del sector empresarial”.⁹⁴ Según Enrique Coppel Luken, empresario del sector comercial y bancario, Meade sería el presidente “más capaz” que México podría tener en años. Por su parte, Manuel Herrera, presidente de la Concamin, dijo en un tuit: “A mi estimado @JoseAMeadeK, le deseo todo el éxito. Siempre, desde todos sus encargos, con profesionalismo, ha sido amigo de los industriales. Mi agradecimiento por la disposición a trabajar con @CONCAMIN”.⁹⁵

Sin embargo, el entusiasmo y las preferencias de muchos empresarios por Meade declinaron en el curso de la campaña. Después del primer debate presidencial del 22 de abril de 2018, realizado en el Palacio de Minería, y ante el estancamiento de Meade en los sondeos de opinión sobre las preferencias electorales, los grandes empresarios lo abandonarían y optarían por el panista Ricardo Anaya, postulado por la coalición Por México al Frente, que era su segunda preferencia y, en ese momento, el único que podría remontar la ventaja del puntero. Según algunos analistas, quienes impulsaron esta decisión fueron los mismos empresarios del CMN que habían supuestamente visitado al presidente en Los Pinos para pedirle que dejara de utilizar las instituciones (la PGR, en particular, que lo había acusado de lavado de dinero) contra el candidato Anaya. El presidente y su vocero negaron que esa reunión hubiera ocurrido.⁹⁶ Sea como fuere, la propaganda contra Anaya tuvo severas consecuencias en las encuestas electorales.⁹⁷ Sin embargo, era claro el conflicto entre el presidente de México y Anaya (este último amenazó al presidente Peña Nieto con meterlo a la cárcel si descubría que también él estuvo involucrado en algún acto de corrupción grave). Además, los golpes mediáticos que recibía el candidato panista no hacían crecer la candidatura de Meade pero sí la de López Obrador. Los acontecimientos hacían pensar que los empresarios reclamaban la forma en que el gobierno intervenía en la candidatura en favor de Meade y en contra de Anaya. Un empresario lo expresaría así: “No es la persona (Meade); a él lo respetamos y consideramos que es un funcionario impecable; es lo que está detrás de él”.⁹⁸

Después de una reunión de Anaya con el CMN, los empresarios concluyeron que era “un joven brillante, con talento y buenas propuestas”, aunque reconocían que le faltaba experiencia política.⁹⁹

Primero en reuniones privadas y después de manera abierta, los empresarios empezaron a manifestar tanto sus preferencias y apoyos a los candidatos de las coaliciones del PRI y del PAN, cuanto su rechazo al líder de Morena. Eduardo Tricio, presidente del Grupo Lala, y vicepresidente del CMN, confesó lo que muchos otros estarían pensando: “Me da miedo que se paren o se quieran parar proyectos como el aeropuerto”. Baillères fue más explícito: “Voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador”, mientras que Larrea pidió: “Salgamos a votar libremente, con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos”.¹⁰⁰

A diferencia de la contienda de 2006, en la que los empresarios difundieron spots que pregonaban que elegir una opción política distinta al candidato del PAN era retroceder en México, en la de 2018 algunos de ellos prefirieron dirigir mensajes directamente a sus empleados, sugiriéndoles emitir su voto en el sentido que conviniera a su lugar de trabajo e insinuando que el triunfo de la “opción populista” representaba un riesgo para sus fuentes de empleo.

Germán Larrea, del Grupo México, mandó, el 25 de mayo de 2018, una carta firmada a sus empleados, colaboradores y accionistas, para advertirles de los riesgos ante el triunfo de un “modelo populista”. En ella, niega las acusaciones de “compadrazgo y corrupción” lanzadas por el candidato de Morena y advierte que como empresario cree “en un modelo capitalista de libre mercado con un alto contenido de responsabilidad social, como único modelo viable para generar bienestar y crecimiento”. Señala que recientemente había “escuchado con preocupación propuestas de estatización de empresas, derogación de reformas energética y educativa, entre otras ideas que significarían un retroceso de décadas y el regreso a un modelo económico que está más que probado que no ha funcionado en varios países. Venezuela, Argentina, Cuba, la extinta Unión Soviética, entre otros, son testigos de ello”. Añade que “este modelo económico afectaría el desarrollo y bienestar del país, de la economía familiar y de las empresas mexicanas”. Y advierte que “si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado, y en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones afectando gravemente a los empleados y a la economía”. Enfatiza que “es indispensable un clima de seguridad para continuar con las importantes inversiones que venimos desarrollando en los diferentes proyectos mineros, de transporte e infraestructura”. Finaliza diciendo: “analicemos las propuestas de los candidatos y entendamos los beneficios y consecuencias de cada uno para poder emitir un voto libre, responsable, informado y útil, que sea para tener un mejor México […] Cuidemos todos a nuestra empresa que es nuestra fuente de trabajo, sustento familiar y bienestar”.

José Elizondo, presidente de Vasconia, hizo circular un video en que declara que los empresarios deben estar preparados por “si desafortunadamente, el 1 de julio gana, la opción populista, con todas sus consecuencias”.¹⁰¹ Héctor Hernández Pons, director del Grupo Herdez, difundió una carta para alertar sobre los riesgos de una devaluación: “Seremos más cautelosos en nuestras inversiones, limitándonos, por lo pronto, a la protección y conservación de nuestros activos”.¹⁰²

Eloy Vallina, presidente del Grupo Chihuahua, declaró que pesaba en su ánimo “no querer que el país sufra una regresión a estos tiempos de las presidencias imperiales que llevadas por la iluminación mesiánica y la impunidad autoritaria se apropian del patrimonio ya generado por otros para después repartirlo a su antojo”.¹⁰³

En relación con Alberto Baillères, según lo dio a conocer El Financiero, directivos de El Palacio de Hierro citaron al personal en el comedor de la sucursal Perisur para una reunión obligatoria. “En los siguientes 40 minutos, el mensaje fue repetido una y otra vez, de acuerdo con empleados que estuvieron presentes esa noche: Voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a López Obrador; es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos”, habría declarado uno de los jefes de la tienda.

Andrés Conesa, director de Aeroméxico, en una carta que se hizo pública, declara: “en estos últimos tiempos he percibido […] un profundo descontento y malestar […] relacionados [con] la corrupción, impunidad y los aumentos en los niveles de inseguridad […] pero […] estoy convencido que no hay fórmulas mágicas para resolver estos problemas […], y que no debemos tomar decisiones tan importantes, como por quién votar, enojados. Debemos tomarlas con la cabeza fría y de forma razonada”.¹⁰⁴

A la mitad de las elecciones, el vocero de la campaña de Meade, Javier Lozano, aseguró que el sector empresarial estaba presionando fuertemente al candidato del PRI para que declinara en favor Anaya con el objetivo de frenar a López Obrador. Y “ese no es el camino. No viene al caso cuando estamos en el primer tercio de las elecciones”, expresó Lozano en entrevista con Grupo Fórmula. También Jorge Camacho, vocero de la campaña de la candidata independiente Margarita Zavala, reconocería que existían esas presiones de los empresarios.¹⁰⁵

De campaña en Zongolica, Veracruz, López Obrador dedicó gran parte del 1 de mayo de 2018 al tema de los empresarios y a la acción política de éstos en su contra y a favor de Anaya. Su boletín de campaña de ese día registra que “pidió a Ricardo Anaya que aclare si tuvo una reunión con empresarios, donde les pidió que lo apoyaran para convencer a Enrique Peña Nieto que la unidad es la única manera de ganar a López Obrador y que apoye la candidatura del panista a la Presidencia de México”. Alertó que empresarios como Alberto Baillères, Germán Larrea, Eduardo Tricio, Alejandro Ramírez, Claudio X. González, así como los panistas Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox se habían reunido un mes o mes y medio antes con Ricardo Anaya para que moderara su amenaza de meter a la cárcel a Peña Nieto.

También en Zongolica, López Obrador hizo un pronunciamiento de alto impacto al declarar: “es cierto que hay un grupo de empresarios -traficantes de influencias- que presionan mucho para que se unan los otros candidatos en contra mía”. Según el mencionado boletín de campaña, López Obrador comentó que “los integrantes de la mafia del poder están divididos” y les mandó decir “que no se preocupen, que no es su fuerte la venganza, que van a cambiar las cosas, lo único que puede ser que no les guste es que ya no van a seguir robando y ya no van a tener el privilegio de mandar”. También diría públicamente: “No es nada más el que quieren seguir robando, es que quieren el privilegio de mandar, porque son muy vanidosos, pero yo los voy a tratar con mucho respeto, no voy a perseguir a nadie, va a haber respeto al Estado de derecho […)], al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, va a haber legalidad, no habrá arbitrariedades”.¹⁰⁶

Estas declaraciones llevaron a su punto más alto la confrontación con los empresarios del CMN, quienes condenaron los “ataques personales” y las “descalificaciones infundadas” a través de un desplegado publicado en la prensa el 3 de mayo, titulado “Así no”, en que “rechaza categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas”, y advierte: “Condenamos que un candidato a la presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas”. Después de declarar que “las empresas de este consejo emplean de manera directa a más de un millón y medio de jefes de familias mexicanas e invierten cada año miles de millones de dólares en nuestro país, lo cual contribuye al crecimiento de la economía, de la competitividad y del empleo”, señala que “las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo. La confianza se cultiva. No se dicta ni se obliga. Las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a generarla. No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México”.¹⁰⁷

Ante este pronunciamiento, López Obrador dijo respetar sus posturas, pero insistió en que algunos miembros de ese grupo de empresarios le han hecho mucho daño al país: “Ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida es el grupo que se opone a que haya un cambio en México porque les ha ido muy bien a ellos. No quieren dejar de robar”, explicó a los representantes de los medios reunidos en la 59 Semana Nacional de la Radio y Televisión.¹⁰⁸

Cinco días antes de que se realizara la elección presidencial, un grupo de empresarios manifestó su apoyo a Meade Kuribreña. Entre ellos estuvieron Marinela Servitje, del Grupo Bimbo; Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim y director de Alianzas Estratégicas de Telmex; Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo Financiero Banamex; Juan Gallardo, presidente de Cultiba; Fernando Chico Pardo, presidente de ASUR; Elías Cababie, presidente de Grupo GICSA; Edilberto Huesca, presidente de NRM Comunicaciones; Lino de Prado, presidente del Consejo de Administración de Zara México; Juan Ignacio Ávalos, presidente y fundador de Un Kilo de Ayuda; Enrique Norten, fundador de TEN Arquitectos, y Raúl Ferráez, presidente ejecutivo de la revista Líderes Mexicanos.¹⁰⁹

Ante el desenlace de las elecciones y los resultados tan favorables a López Obrador, el CMN tenía frente a sí la pregunta de qué hacer. Éste y los demás organismos que representan a los empresarios decidieron felicitar al triunfador o, al menos, reconocer el triunfo.

Alejandro Ramírez, propietario de Cinépolis, en nombre de los cerca de sesenta miembros del CMN, celebró que las elecciones se hubieran realizado en paz y tranquilidad, y expresó por escrito “su felicitación a Andrés Manuel López Obrador […], ya que las tendencias electorales lo dan por ganador […]. Asimismo, reitera su determinación [del CMN] de colaborar con su gobierno para que México tenga mayor crecimiento y genere más empleos en beneficio de todos […]”.¹¹⁰

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, quien durante la campaña electoral manifestó sus diferencias con López Obrador, sin una palabra de felicitación para el virtual ganador, señaló: “Los empresarios tenemos plena confianza en México, en sus instituciones y en sus ciudadanos. Estableceremos un diálogo propositivo, respetuoso y de colaboración con todas las autoridades electas, y seguiremos trabajando, como siempre, para construir un país con oportunidades para todos”.¹¹¹ El líder empresarial agregó que, ante la división observada a lo largo de las campañas, debía seguir la unidad de todos los mexicanos que, al final del día, tienen el mismo anhelo de construir un México con mejor futuro.

La Coparmex expresó su felicitación y manifestó: “El presidente de la República encontrará en la Coparmex un aliado para impulsar la lucha frontal contra la corrupción, que ha sido su oferta principal a lo largo de la campaña”. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación, destacó que con la nueva administración “el reto es hacer unidad”, y que, si se mantiene un clima de certidumbre, de estabilidad, “podemos anticipar que, en los próximos meses, en los próximos años, podemos continuar con una ruta de crecimiento en el cual el país siga brindando certidumbre”. Destacó que comenzaría una nueva era en la vida democrática del país, pero que defenderían la libertad de expresión y su postura respecto a temas prioritarios para el sector, como “la creación de una fiscalía general autónoma, independiente del gobierno federal, y continuar con la implementación de las reformas energética y educativa”. Respecto a los desencuentros entre los empresarios y López Obrador, declaró: “El respeto que exigimos del candidato por convicción, lo exigiremos por poder legal de quien será presidente de la República. En cualquier momento estaremos atentos para que si se da en el futuro cualquier descalificación o violación de derechos, ahí estará la Coparmex para hacer la representación”.¹¹²

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), declaró que esa organización apoyaría y trabajaría de la mano de las autoridades electas en los comicios del 1 de julio, durante los cuales se presentó la más numerosa participación de la ciudadanía, lo cual, añadió, fortalece la democracia mexicana. Expuso que debido a la gran participación de los electores en los comicios no quedaron espacios para sospechas de fraude que pudieran deslegitimar a las autoridades democráticamente electas. También hizo “un llamado a las 255 cámaras de comercio que integran ese organismo a sumarse con planteamientos relevantes de los sectores que representan para que se incorporen, junto con nuestro programa presentado a los candidatos en campaña, a las propuestas para integrarse al Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno federal”.¹¹³

La Concamin, a través de un comunicado de prensa de su presidente, Francisco Cervantes, señaló, entre otras ideas, que como “representante de 112 cámaras y asociaciones industriales, que juntas contribuyen con el 35% del PIB, 8.4 millones de trabajadores que significan el 42% del empleo formal y el 90% de las exportaciones del país, felicita al licenciado Andrés Manuel López Obrador por el triunfo obtenido en los comicios y le expresa el compromiso de trabajar junto con su gobierno”. Señaló que los afiliados a la Concamin deseaban que los nuevos equilibrios políticos resultantes de esta elección produjeran mejores gobiernos, que respondan con eficacia a la demanda social de mayor seguridad, supresión de la corrupción, pleno Estado de derecho y progreso económico y social sin distinción de grupos o regiones. Enfatizó que la agenda del progreso nacional requiere del trabajo coordinado de empresarios, la comunidad académica y científica, la sociedad y el gobierno, por lo que procuraría, “a la brevedad posible, los necesarios acercamientos que nos permitan iniciar un diálogo constructivo”,¹¹⁴

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), al reconocer el triunfo del candidato morenista, declaró en voz de su presidente, Manuel Escobedo: “Estaremos trabajando en conjunto con los tres órdenes de gobierno, en especial con Andrés Manuel López Obrador, para que, en colaboración con los diferentes sectores, impulsemos estrategias y políticas públicas que promuevan la economía del país y así, llevar los beneficios del seguro a más mexicanos, y contribuir al bienestar de las familias”.¹¹⁵

La Asociación de Bancos de México (ABM), en un pronunciamiento publicado el 2 de julio, declaró que la información dada a conocer por el INE señalaba una tendencia favorable a López Obrador. En este contexto, decía: “La AMB refrenda su compromiso de trabajar con quien los ciudadanos han decidido sea al próximo presidente de la República para el periodo 2018-2024, compromiso manifestado desde la convención bancaria celebrada en marzo pasado”.¹¹⁶

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, felicitó a López Obrador, a quien ofreció trabajar hombro con hombro para seguir en la construcción de un campo ganador y alentó a este sector a superar las diferencias políticas y a trabajar en unidad con las nuevas autoridades del gobierno.¹¹⁷

Dos días después de la elección presidencial del 1 de julio de 2018, la revista empresarial Forbes declaró: “Se inclina el Consejo Mexicano de Negocios y colma de felicitaciones a AMLO por su triunfo. Tras haber manifestado su desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador, e incluso haber intimidado a sus trabajadores para que no votasen por el mismo, el Consejo Mexicano de Negocios reculó y ha colmado de felicitaciones al tabasqueño…”.

El primer encuentro de los empresarios con López Obrador después de las elecciones tuvo lugar a puerta cerrada el 4 de julio en el hotel Camino Real, donde acudieron los representantes del CCE y las principales organizaciones que lo constituyen. Entre los temas que los empresarios deseaban poner sobre la mesa estaba el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, uno de los asuntos que ha causado más desencuentros entre el actual presidente y la cúpula empresarial.¹¹⁸

Al término de la reunión, López Obrador dijo que “fue una reunión caracterizada por la confianza y nosotros vamos a saber corresponder a la confianza que han depositado en nosotros millones de mexicanos, y en este caso los empresarios de México”. Aseguró que hubo mucha confianza tanto en México como en el ámbito internacional, al señalar que así lo han expresado primeros ministros, presidentes y jefes de Estado. “Vamos a la transformación de México por el camino de la concordia -enfatizó-. No se va a imponer nada. Vamos a argumentar, vamos a convencer”. Advirtió que aun cuando su partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, “no se va a actuar de manera prepotente. No se va a imponer nada”. Parafraseando a Benito Juárez, dijo: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Afirmó que actuará con mucha responsabilidad. “Estamos construyendo una auténtica democracia -recalcó- no una dictadura”. Aclaró que “va a haber austeridad en el gobierno; se tienen que liberar estos fondos que van a salir del ahorro que se va a hacer con las medidas que vamos a tomar, para que no se tengan que financiar éste y los otros programas”. Dijo que el desarrollo no se va a financiar “ni con aumentos de impuestos ni con aumentos de deuda pública; es decir, no va a haber déficit. Y tampoco va a haber gasolinazos. “Yo estoy seguro -finalizó- que nos va a alcanzar el presupuesto”.

Por su parte, los empresarios salieron muy optimistas de la reunión y en unas cuantas frases sintetizaron su percepción: Pablo Castañón dijo: “Necesitamos un gobierno sólido y fuerte que fortalezca la unidad de los mexicanos y la confianza. El ambiente de la reunión fue de confianza y certidumbre”. Claudio X. González complementó: “Para hacer lo que tenemos que hacer, para hacer de México un país más incluyente, más próspero y que realmente le saquemos todo su potencial”. Alejandro Ramírez dijo: “[estamos] muy optimistas de lo que podemos hacer en colaboración conjunta el sector privado con el nuevo gobierno”. Carlos Rojo (director general de Interacciones) expresó: “Y esto que se está planteando, es la posibilidad de lograr eso; de generar más empleo y de que los jóvenes puedan incorporarse a las empresas con la facilidad de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, y que el gobierno apoyaría a las empresas”. Bosco de la Vega concluyó: “Ya habíamos hecho el trabajo con todos los candidatos y hoy lo que vi fue una excelente reunión público-privada donde el interés es México”.¹¹⁹

Además, algunos grupos empresariales, como el Grupo Lala, de Eduardo Tricio -otro de los empresarios que había tenido fuertes choques con López Obrador- llamaron en lo individual a los mexicanos a contribuir cívicamente para que México avance por el camino de la paz y la prosperidad. “Es tiempo de renovar -dijo- nuestro empeño de crecer y cuidar a México. Trabajemos unidos por nuestra patria, y junto al presidente electo y su equipo contribuyamos al país que soñamos”.¹²⁰

La postura de las grandes empresas transnacionales ha sido también de acercamiento. Claudia Jañez, nueva presidenta del CEEG, en su mensaje al asumir su cargo, declaró a nombre de las 51 empresas asociadas, que el documento de esta organización titulado La visión México 2030 coincide en varios puntos con las propuestas del gobierno de López Obrador. Añadió que concuerdan “plenamente en la necesidad de trabajar por un México más próspero y equitativo. Todos queremos que el país crezca más aceleradamente y con mayor inclusión social […] les manifiesto mi total disposición para establecer un diálogo constructivo y permanente entre el gobierno y el CEEG, para identificar sinergias y trabajar de cerca, para avanzar hacia la transformación que todos anhelamos”.

Conclusiones

Las relaciones de los empresarios con el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron tan heterogéneas como los propios empresarios. En términos generales, el balance que hacen las organizaciones de la iniciativa privada sobre su gobierno es positivo y quedaron más satisfechos que con las administraciones panistas, ya que vieron materializarse las esperadas reformas estructurales. Entre los pequeños empresarios los principales reclamos al gobierno de Peña Nieto son que no cumplió sus promesas de campaña y que tuvieron muchos problemas por la inseguridad, la falta de créditos y el sesgo en los apoyos hacia las medianas empresas, así como la falta de difusión de esos apoyos, y la dificultad para conseguirlos por los requisitos, los trámites y las reglas de operación. También le hicieron reclamos en torno a la corrupción y la burocracia.

Para los empresarios que representan sus intereses en el CCE, el gobierno de Peña Nieto dejó activos importantes que preservar, entre ellos, las reformas estructurales y la estabilidad macroeconómica, incluida la baja inflación, lo que permitió un crecimiento, aunque fuera moderado. También percibieron que hubo mejoría en el clima de negocios debido a la disminución de trámites y a reglas más claras. Apreciaron el apoyo de ese gobierno al libre comercio al renovar y modernizar los acuerdos comerciales.

Las principales limitaciones que observan son el bajo crecimiento de la economía, la escasez de inversiones en infraestructura, las diferencias y desequilibrios regionales, y la falta de oportunidades de empleo. Especialmente, destacaron como limitaciones los niveles de inseguridad y violencia, la debilidad del Estado de derecho, los problemas de corrupción y de impunidad, lo que conduce a una crisis de confianza en la autoridad y en las instituciones.

Para el CCE y para gran parte de las organizaciones que representan los intereses de las empresas medianas y grandes, la contienda electoral de 2018 significó un desafío. A diferencia de 2006, sus organizaciones no tuvieron injerencia en el proceso electoral, aunque algunos de los grandes empresarios buscaron inducir el voto de sus empleados y, por extensión, el de la sociedad; así lo manifestaron sus cartas y desplegados periodísticos. Sin embargo, los resultados electorales le dieron el triunfo con gran margen al candidato que rechazaban y, en ese sentido, perdieron. Ante ese hecho, todas las organizaciones reconocieron el triunfo. Muchas de ellas incluso cumplimentaron a Andrés Manuel López Obrador, mientras que otras se limitaron congratularse por la paz y tranquilidad durante las elecciones y felicitaron a los mexicanos en general. Después de la elección, se dieron varios acercamientos con diversos hombres de negocios y organizaciones, los cuales continuaron ya con López Obrador como presidente en funciones, incluso con algunos de los empresarios con los que había tenido los mayores enfrentamientos. En algunos casos ha habido un entendimiento y una promesa abierta de cooperación, como con el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual las empresas recibirán durante un año a jóvenes que serán becados por el gobierno y que podrían después ser contratados (sin compromiso) por ellas. El 13 de junio de 2019 tuvo lugar la firma de un acuerdo entre Alfonso Romo, titular del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico y el CCE, del que los empresarios se sintieron satisfechos por la promesa del presidente de eliminar obstáculos a la inversión y de generar certeza. Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE desde enero de 2019, dijo: “Nos llena de satisfacción el compromiso que escucharon del presidente de la república. Él, personalmente, estará desatorando proyectos, ayudando a que se viabilicen, tratando de fortalecer el Estado de derecho que se requiere para lo mismo”. Y añadió: “Lo que presentamos al presidente y acordamos, es hacer que la inversión total vaya hasta el 25% del PIB, esto significa [...] que vamos a trabajar no de un día para otro, evidentemente, sino en los próximos dos años aumentar […] 35 000 millones de dólares la inversión que se hace en México”. Destacó el actual presidente del CCE que las empresas representadas por ese organismo identifican unos mil proyectos en los que se puede invertir en sectores como el energético, de infraestructura, y proyectos sociales y regionales.¹²²

Esos encuentros no significan que en esta relación todo sea miel sobre hojuelas, ni que los empresarios estén contentos con muchas decisiones del nuevo gobierno, especialmente con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, hay demasiados compromisos e intereses de la iniciativa privada en México y no les interesa un distanciamiento con el gobierno. Tampoco interesa al presidente tenerlos como enemigos. El gobierno de López Obrador ha echado para atrás la reforma educativa, pero no ha revertido la reforma energética, la más importante para ellos y para el capital transnacional que ganó las primeras licitaciones. Tampoco tiene previsto emprender una reforma fiscal, al menos en los primeros tres años de gobierno. Ha promovido una reforma laboral que facilite la democratización de los sindicatos. Además, les ha convocado y prometido seguridad para invertir en México.

Por otro lado, entre las críticas que desde diversos sectores de la sociedad se hacen al desempeño del primer año de gobierno de López Obrador, están la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México; los megaproyectos que se han aprobado sin estudios previos y sin licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas (cuya licitación se declaró desierta), el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, ante los cuales sus opositores han interpuesto amparos. También, las adjudicaciones directas y de manera centralizada de contratos; la entrega directa de recursos a la población, en lugar de hacerlos pasar por instituciones y organizaciones de la sociedad civil, lo que se ha sido interpretado por sus opositores como una política clientelista con intenciones electorales. Renglón aparte es la falta de aplicación de su política anticorrupción, que no ha llevado a la justicia a ningún alto funcionario de la pasada administración que tanto se había criticado, o de la actual, lo que algunos consideran como un “pacto de impunidad”, así como el debilitamiento de las instituciones autónomas (INE e IFAI) a través de la reducción de su financiamiento; la ineficacia de su política para contener la violencia; la creación de la Guardia Nacional y su empleo para contener las olas de migrantes centroamericanos que intentan transitar por México para llegar a Estados Unidos, bajo la amenaza hecha por Trump de aumentar aranceles a productos mexicanos.

En cuanto a los indicadores, las calificadoras crediticias y los expertos en riesgos de inversión están presionando a México y cuestionando su orientación económica, y han reducido la confianza en el país. De acuerdo con un reporte de El Economista, “los bonos de deuda de Pemex han sido degradados por Fitch Ratings a niveles especulativos, pero no se han pronunciado Standard & Poor’s y Moody’s, las otras dos calificadoras de mayor operación mundial”.¹²³ Por otra parte, la violencia no da signos de cambio, ya que los asaltos, los secuestros y los homicidios no ceden y 2019 se convirtió en el año más violento de la historia moderna de México.

Sin embargo, en lo que toca a los megaproyectos, se han realizado reuniones del presidente con los empresarios, a quienes al parecer los ha invitado a invertir y ellos habrían aceptado. Por otra parte, el tipo de cambio y la inflación se han mantenido estables por el manejo de las finanzas públicas y el respeto a la autonomía de Banco de México. Además, el T-MEC fue ratificado por el Congreso mexicano. Una nota de The New York Times, en su edición en español sintetiza algunos de los logros: a un año del triunfo electoral, López Obrador “ha tenido pocos éxitos tangibles, pero dos éxitos reales: cuestionar las prioridades públicas fijadas por las elites mexicanas y aprobar una reforma laboral histórica”.¹²⁴