El Partido Acción Nacional

La derrota electoral de Acción Nacional en 2012, cuando su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, terminó en un distante tercer lugar, dio inicio a un periodo de mucha turbulencia en la vida interna del partido (véase cuadro 2). Doce años en el poder no habían permitido resolver las tensiones generadas por su condición de “partido de gobierno”, donde parecían oponerse de manera casi constante el aparato partidista y el equipo que rodeaba al presidente en turno, este último tratando de imponer sus colaboradores cercanos en la dirigencia de la organización. A pesar de tratarse de grupos distintos, esa nueva realidad marcó la vida de Acción Nacional tanto durante el sexenio de Vicente Fox como durante el de Felipe Calderón y siguió existiendo con el regreso a la oposición.¹⁰ Lo que en su momento había hecho del PAN “… el partido con el mayor nivel de apertura y democracia interna…”, en palabras de Víctor Alarcón, es decir, la congruencia entre estatutos y prácticas, el debate programático interno y la competencia civilizada por los cargos de poder y las candidaturas, parecía pertenecer a otra época.¹¹ Trataré la crisis de ese partido tomando en consideración tres dimensiones: las diferencias entre grupos internos, sus relaciones con otros partidos y su accidentado desempeño electoral.

En los meses posteriores a las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2012, el análisis de la derrota y, sobre todo, la reforma de los estatutos de Acción Nacional se volvieron temas de disputa en el seno del partido. Una primera propuesta emitida por el presidente Calderón de convocar una asamblea de refundación -antes del fin de su mandato- fue rechazada por 26 de los 32 presidentes estatales de Acción Nacional. Se creó entonces una Comisión de Evaluación y Mejora que tuvo por objeto elaborar una reforma de los estatutos de la organización con el sentido de reforzar las facultades del Comité Ejecutivo Nacional en cuanto a propuestas de candidaturas y de resolución de conflictos internos. Sin embargo, la asamblea prevista para marzo de 2013 fue suspendida un día después por falta de quorum sin que se discutieran las reformas. Lo único que se aprobó fue una resolución de Javier Corral a efecto de que las autoridades del partido fueran electas directamente por los militantes. No es hasta agosto de 2013 que se volvió a convocar a la asamblea para que, al fin, se aprobaran las reformas. Esas tensiones en torno a las reglas de funcionamiento interno, las fechas de convocatorias para elecciones internas y selección de candidatos, así como los métodos de su designación se volvieron constantes durante el sexenio. Veremos más adelante cómo esas situaciones se repitieron cuando fue momento de designar al sucesor de Gustavo Madero a la cabeza del partido, a los candidatos plurinominales para las elecciones legislativas de 2015 y, luego, al candidato presidencial para 2018. El partido, reconocido por la congruencia y eficacia de sus reglas y procedimientos para la administración de su vida interna, vivió momentos difíciles.

Esa crisis fue en gran parte el producto de la consolidación de grupos y facciones en el seno de la organización: el PAN era definitivamente un partido fragmentado. A la dinámica de oposición entre “los hombres del presidente” y los miembros del aparato se agregaban importantes desacuerdos entre las instancias regionales y el Comité Ejecutivo Nacional. La oposición entre poder ejecutivo y dirigencia partidista adquirió irónicamente, a finales del sexenio del presidente Calderón, visos similares a los que se habían dado al final del sexenio del presidente Fox. En 2010, Gustavo Madero ganó la presidencia del partido frente al calderonista Roberto Gil Zuarth; en 2012, Josefina Vázquez Mota venció al calderonista Ernesto Cordero para la candidatura presidencial de la misma manera que, en 2005, Felipe Calderón le ganó la candidatura al foxista Santiago Creel. Así, se definió un primer eje de conflicto entre el equipo de Madero y los calderonistas que dominaban la bancada de Acción Nacional en el senado. De ahí, los intentos de la dirigencia panista de controlar los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ese eje se prolongó luego en torno a los reiterados intentos infructuosos de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, para ser candidata a diputada plurinominal, presidenta del partido y luego candidata presidencial.

El estilo de gestión de Gustavo Madero provocó también diferencias con el panismo de las regiones que reivindicaba una mayor participación de los miembros de la base en los procesos internos, tal como lo expresó en varias ocasiones el senador Javier Corral. Si bien hubo periodos de calma relativa al inicio de la gestión de Ricardo Anaya, quien sustituyó a Madero que se había ido a dirigir al grupo parlamentario de los diputados de Acción Nacional, los conflictos volvieron a aflorar al acercarse la elección presidencial de 2018.

La cuestión de las candidaturas tanto a cargos internos de la organización como a cargos de elección popular reavivó periódicamente las tensiones entre grupos y facciones. En 2010, Gustavo Madero había sido electo presidente del PAN por un escaso margen de siete votos (129 contra 122 para Roberto Gil). Como hemos visto, su mandato estuvo marcado por grandes dificultades de gobernanza interna. Su periodo llegaba a su fin en diciembre de 2013 sin que se hubieran definido ni las reglas de la competencia, ni la fecha de la contienda interna. Una primera reunión del Consejo Nacional para tal efecto abortó, mientras que tres presuntos candidatos al cargo (Josefina Vázquez Mota, Juan Manuel Oliva y Ernesto Cordero) solicitaban al presidente saliente -y candidato a la reelección- restituir la “institucionalidad” del partido. Finalmente, después de una campaña dura que desbordó ampliamente los límites de la organización y de la renuncia de la candidata Vázquez Mota, el binomio Madero-Anaya venció en la elección de mayo 2014 a la fórmula Cordero-Oliva con 57.4% de los votos. En septiembre de 2014, Gustavo Madero pidió licencia para competir para un cargo de diputado en las siguientes elecciones legislativas de 2015. En los hechos, las recriminaciones públicas entre grupos no habían cesado. Ricardo Anaya fue designado presidente interino. En enero de 2015, la Comisión Permanente Nacional de Acción Nacional, cercana al maderismo, elaboró una lista de candidatos plurinominales para las legislativas de junio con candidatos afines. Pero lo que más afectó la relación entre grupos fue el rechazo a la candidatura de Margarita Zavala: era el inicio del último capítulo de la lucha por las candidaturas.¹²

Después de ese rechazo, la esposa del expresidente Calderón expresó, primero, su deseo de ser candidata a la presidencia del partido teniendo en mente el relevo de Madero, que ocurriría después de las legislativas de 2015. Luego, en junio de 2015, anunció su voluntad de ser candidata presidencial por Acción Nacional en 2018. Durante todo ese periodo, alentada por encuestas de opinión favorables, mantuvo la presión sobre las autoridades del partido para ser una interlocutora relevante en la definición de la estrategia electoral y las reglas de selección del candidato presidencial hacia 2018.¹³ Sin embargo, ante la poca receptividad de las autoridades a sus demandas y la nula posibilidad de que prosperara su candidatura, anunció en octubre de 2017 su renuncia al PAN y su intención de postularse como candidata independiente a la presidencia de la República.¹⁴ A su renuncia siguió el lento abandono de las filas del partido de varias personalidades asociadas al calderonismo.

Esa decisión marcó el inicio del fin de las tensiones internas generadas por el conflicto entre partidarios del expresidente y la corriente maderista. De cierta manera, la posibilidad de salida que ofrecía la nueva modalidad de “candidatura independiente”, hecha posible con la reforma electoral de 2014, contribuía a reducir la tensión interna en el seno de la organización en una coyuntura de toma de decisiones estratégicas. De hecho, como veremos más adelante, la correlación de fuerzas interna había evolucionado en el seno de la organización desde la elección de Ricardo Anaya en sustitución de Gustavo Madero, en agosto de 2015. Esto obliga a hacer referencia a un elemento que adquirió mucho peso en la vida de Acción Nacional en el periodo que nos interesa: el manejo de la relación con el ámbito externo de la organización como activo en las relaciones de poder internas.

Dos episodios marcaron la estrategia externa del PAN durante el sexenio: la participación en la negociación del Pacto por México y la creación de coaliciones electorales con otros partidos, principalmente con el PRD.

En diciembre de 2012, se anunció la negociación y el acuerdo al cual habían llegado el gobierno del presidente Peña Nieto y las dirigencias del PAN y del PRD en torno a 95 propuestas de políticas públicas. El acuerdo conocido como Pacto por México tenía por objeto superar las dificultades inherentes a una situación de gobierno dividido y favorecer la colaboración legislativa en torno a una serie de reformas que se juzgaban esenciales en materia fiscal, energética, laboral, educativa y política, entre otras. El acuerdo desplazaba el eje de la negociación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo hacia las dirigencias de los partidos de oposición. Fue una magnífica oportunidad de consolidación de la frágil presidencia de Gustavo Madero, uno de sus más ardientes defensores en Acción Nacional, propulsándolo en el centro de la vida política nacional. En sus propias palabras, 80% de la agenda de las reformas que integraban el Pacto se debieron a propuestas de su partido. A la vez, fue una fuente más de conflicto con la bancada de los senadores panistas integrada principalmente por allegados al expresidente Calderón, que al final terminaron siendo descartados de su coordinación.¹⁵ Lo que cabe subrayar aquí es, otra vez, el uso de recursos externos en la elaboración de estrategias orientadas hacia la vida interna de la organización.

El otro aspecto de la política externa del partido que adquirió importancia durante el sexenio fue la política de coaliciones electorales. No era la primera vez que el PAN forjaba alianza con otros partidos para derrotar al PRI: en el pasado, esa estrategia le había permitido conseguir victorias electorales, sobre todo en el ámbito local. Sin embargo, esta vez, la estrategia iba a pesar más en la definición de situaciones internas del partido.

El 17 de agosto de 2015, Ricardo Anaya, quien había sido brevemente presidente interino del PAN durante una licencia de algunos meses de Gustavo Madero, fue oficialmente electo presidente de Acción Nacional con 81% de los votos. Su contrincante, Javier Corral, no logró hacer realidad su convocatoria a una “rebelión” en contra del grupo que había “secuestrado” el partido.¹⁶ La estrategia de armar coaliciones electorales con vista a las elecciones federales de 2018 dominará el periodo de la gestión de Anaya.

Doce elecciones al cargo de gobernador estaban previstas para junio de 2016. Desde el 9 de septiembre de 2015, se iniciaron negociaciones con el PRD para algunas de éstas. En febrero de 2016, Anaya y el presidente del PRD, Agustín Basave, anunciaron que iban a competir en coalición en cuatro de las elecciones (Oaxaca, Zacatecas, Veracruz y Durango), y luego Quintana Roo se agregó a lista.¹⁷¹⁷ La estrategia funcionó: el 5 de junio de 2016, Acción Nacional ganó siete de las doce gubernaturas que estaban en juego, tres de ellas en coalición. De hecho, el PRI perdió cuatro estados en los cuales nunca antes había habido alternancia en el poder.¹⁸

Ese episodio electoral fue interpretado como una victoria de Ricardo Anaya y de su estrategia. En ese contexto, otros panistas interesados en la candidatura presidencial de 2018 empezaron a manifestar sus intenciones de manera más abierta: ya se mencionó el caso de Margarita Zavala, pero también el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inició actividades proselitistas. En reiteradas ocasiones, voces en el partido exhortaban a Ricardo Anaya a no usar su cargo de presidente para promover su candidatura presidencial. De hecho, las negociaciones para crear una coalición electoral anti PRI seguían en la agenda: en noviembre de 2016, los gobernadores electos de Acción Nacional se pronuncian a favor ¹⁹de una alianza con otras fuerzas políticas.¹⁹ Las elecciones a gobernador en tres estados (Coahuila, México y Nayarit) en junio de 2017 mostraron un saldo negativo para Acción Nacional, pero consolidaron la estrategia de alianza, pues la única victoria se consiguió en Nayarit en coalición con el PRD.

A finales de junio de 2017, la Comisión Permanente aprobó la creación de un frente opositor. En septiembre del mismo año, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano (MC) confirmaron su intención de contender en las elecciones de 2018 apoyando una candidatura única en un Frente Ciudadano por México.²⁰ En octubre, como ya lo vimos, Margarita Zavala abandonó el partido. El 20 de noviembre se decidió por consenso de las tres fuerzas políticas coaligadas que Ricardo Anaya iba a ser el candidato de la coalición. El 9 de diciembre renunció a la dirigencia del partido y el 10 se concretó su precandidatura a la presidencia por la coalición Por México al Frente, que se haría oficial posteriormente, en febrero de 2018.²¹ Al final, la construcción de la candidatura de Ricardo Anaya se dio en dos planos paralelos: en el seno del partido y con los futuros aliados de la coalición. Cada uno de esos campos sirvió para fortalecer su posición en el otro y para seguir cerrando espacios a sus contrincantes y, en especial, a la corriente afín a Felipe Calderón.

Ahora, la fortaleza de las organizaciones partidistas no se define solamente por su capacidad de administrar los conflictos internos y de manejar las relaciones estratégicas con sus competidores. Los resultados electorales suelen pesar mucho en su vitalidad. Durante el sexenio 2012-2018, el PAN tuvo resultados electorales volátiles. En las elecciones presidenciales de 2012, su candidata, Josefina Vázquez Mota, terminó en un lejano tercer lugar con 25.4% de los votos, víctima de un voto de sanción a dos sexenios de gobiernos de Acción Nacional, de las disputas internas entre facciones que ya documentamos y de una campaña que nunca logró despegar. Sin embargo, ese resultado que en su momento parecía preocupante, representaba todavía tres puntos más del porcentaje de votos que conseguiría Ricardo Anaya como candidato presidencial en 2018 (22.2%) (véase cuadro 2). Esa tendencia a la baja en el desempeño electoral de Acción Nacional se puede observar de manera constante en los resultados obtenidos en las elecciones para diputados: en efecto, de 2006 a 2018, cada tres años se registra un retroceso de tres a cuatro puntos en el porcentaje de votos obtenidos, de tal manera que Acción Nacional pasa de tener 33.4% de respaldo en las elecciones legislativas de 2006 a sólo 17.9% en las de 2018 (véase cuadro 1).

Ahora bien, a pesar de esas tendencias continuas a la baja en el apoyo de los electores, el campo de la competencia electoral no trajo sólo malas noticias para el PAN. Hemos visto cómo algunos resultados positivos en elecciones estatales contribuyeron a alentar la estrategia de coaliciones que se desarrolló con insistencia en la segunda mitad del sexenio. En efecto, en 2016, el PAN ganó sorpresivamente siete de las doce contiendas electorales a gobernadores, logrando desplazar al PRI en tres estados donde nunca se había dado la alternancia en el poder. Ese resultado se explica en gran parte por la capacidad que mostró Acción Nacional de captar, en ese momento, el voto de los numerosos ciudadanos insatisfechos con el gobierno del presidente Peña Nieto y de usar su sólida estructura organizativa para canalizar esa insatisfacción en los estados donde hubo elecciones. Esas victorias mostraron ser efímeras e ilusorias, como pudo apreciarse en las elecciones a gobernadores de 2017, en las que Acción Nacional ganó una de tres contiendas, y en las elecciones de 2018, en las que sólo ganó tres de nueve. En el fondo, como se observó en esas últimas elecciones, el PAN ya no era el vehículo idóneo de expresión del voto de sanción de los ciudadanos. La tendencia en las preferencias electorales marcaba más bien un constante retroceso en la capacidad de movilizar votos.

En síntesis, el periodo 2012-2018 significó para Acción Nacional grandes dificultades en la administración de su gobernanza interna, el recurso más frecuente a estrategias externas para hacer frente a esas dificultades y un retroceso permanente, aunque con una pequeña burbuja de esperanza en 2016, en su capacidad de movilizar votos.

El Partido de la Revolución Democrática

La derrota electoral del candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en 2012, a pesar de mostrar un saldo positivo que le permitió remontar de un tercer lugar en las encuestas a un segundo lugar, seis puntos detrás del vencedor, incrementar la representación del PRD en la Cámara de Diputados de 71 a 104 diputados y consolidar de manera impresionante la hegemonía de su partido en el Distrito Federal (63.5% de los votos para su candidato a jefe de gobierno), marcó el inicio de la debacle. En efecto, el 9 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador anunció su renuncia al PRD y su intención de transformar su Movimiento de Regeneración Nacional en partido político. Ese desenlace no sorprendió: fue el resultado de tensiones que nacieron en las protestas poselectorales de 2006, se fueron acentuando a lo largo del sexenio del presidente Calderón y conocieron una breve calma en la elección presidencial de 2012.²²

La vida interna del Partido de la Revolución Democrática siempre fue agitada. Se trata de un partido de masas en el cual coexistieron permanentemente facciones formales conocidas como corrientes, con un liderazgo personal de corte carismático y donde la institucionalización era el producto de una curiosa mezcla de reglas y procedimientos formales e informales. En general, los conflictos internos se administraban mediante la intervención del líder carismático y de negociaciones cupulares informales en el seno de la elite partidista.²³ Analizaré la crisis del PRD a partir de tres dimensiones: la relación entre los distintos grupos y facciones, los vínculos con otros partidos y la acelerada pérdida de apoyo en el electorado.

La cuestión de la gobernanza en el seno de esa formación política ha sido frecuentemente problemática. Más de una elección interna para la designación de las autoridades del partido ha dado lugar a impugnaciones y, a veces, a su anulación. En marzo de 2008, la elección a la presidencia de la organización, en la cual ganó Jesús Ortega frente a Alejandro Encinas, dio lugar a una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, luego, a negociaciones entre las cúpulas de las distintas corrientes para avalar sus resultados. Dicha elección enfrentó no sólo a estas corrientes, esencialmente Nueva Izquierda e Izquierda Democrática, con posiciones propias en cuanto a sus actividades como oposición, sino que estaba en juego también el apoyo que aportaban (o no) a la estrategia de desconocimiento del gobierno del presidente Calderón, que dirigía su excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, este último recorría el país para fortalecer la organización de su “gobierno legítimo” y tomaba distancia con el PRD, llegando a solicitar licencia del partido y, luego, a anunciar la creación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en marzo de 2011: se expresaba de manera más acentuada una progresiva separación entre liderazgo carismático y corrientes organizadas. El mal desempeño del partido en las legislativas de 2009 y la cercanía de las elecciones de 2012 dieron lugar a una gran operación de reconciliación en apoyo a la candidatura presidencial de López Obrador, recurriendo una vez más a la negociación cupular y, sobre todo, a la ampliación de los límites organizacionales del PRD para incluir, en una vasta coalición electoral llamada Frente Progresista, a la gran familia ideológica de los partidos de izquierda. Cuando después de la derrota de 2012, Andrés Manuel López Obrador quiso mantener, una vez más, acciones de protesta denunciando supuestas irregularidades electorales, la dirigencia del PRD optó por no apoyarlo. Es en ese contexto que ocurrió el anuncio de su renuncia al partido.²⁴

Inicialmente, la salida de López Obrador fue recibida públicamente con cordialidad y respeto por la dirigencia partidista y gran parte de la militancia: Jesús Zambrano, presidente del partido, saludó la posición tomada por el “camarada” López Obrador y le expresó sus mejores deseos. El buen resultado conseguido en las elecciones legislativas de 2012, la actitud expectante de la mayoría de las corrientes del partido ante la popularidad real que tendría Morena en las preferencias ciudadanas y, probablemente, la esperanza de mantener un lugar preponderante en una familia ideológica de la izquierda dialogante, contribuyeron a explicar esta actitud serena. La corriente de Nueva Izquierda mantenía el control sobre el aparato del partido y, desde una posición subordinada, la otra gran corriente del PRD, Izquierda Democrática Nacional (IDN), parecía apostar a la institucionalidad partidista. Ese frágil equilibrio se mantuvo cuidando los procedimientos de consulta y elecciones internas, de tal manera que se pudieran evitar las movilizaciones masivas de las bases de las distintas corrientes, que una entidad externa (el Instituto Nacional Electoral) se encargara de la organización de esos procesos y que se mantuvieran los canales de negociación entre cúpulas. Sin embargo, detrás de esa aparente situación de control del conflicto, seguía dándose una guerra de posiciones entre corrientes, desacuerdos en cuanto a la actitud a adoptar como partido de oposición frente al gobierno en turno y dificultades para hacer frente a acontecimientos imprevistos en el entorno más amplio del sistema político. En el fondo, los motivos que habían sido una fuente constante de tensiones en el sexenio anterior seguían muy presentes.

En cuanto a los vínculos con otras fuerzas políticas, la dirigencia del PRD asumió al principio del sexenio el compromiso de desarrollar un “trabajo legislativo constructivo” y, en palabras de su presidente, promovió la iniciativa de colaboración entre las dirigencias partidistas y el poder ejecutivo conocida como Pacto por México. Inicialmente, a pesar de las críticas de la corriente IDN, la participación en el Pacto fue aprobada por el 80% de los participantes en el XIV Congreso Nacional del partido. Un poco como sucedía al mismo tiempo en Acción Nacional, la participación en el Pacto permitía reforzar la presencia y la influencia del presidente en turno del partido, Jesús Zambrano, en la arena política nacional. Esa influencia se pudo apreciar en las reformas fiscal y política, esa última permitiendo la adopción de un nuevo estatuto para el Distrito Federal. Sin embargo, como pasaba en el PAN, tanto el mecanismo de concertación ideado en el Pacto, como el contenido de ciertas reformas que incluía, provocaron resistencia en las bancadas parlamentarias del partido y en las corrientes ajenas a Nueva Izquierda.

A partir de noviembre de 2013, la discusión de la reforma al sector energético marcó el límite de la participación del PRD en el Pacto y fue el inicio del lento desvanecimiento de ese mecanismo. Dada la importancia del tema de la propiedad nacional de los medios de explotación de los recursos energéticos para la izquierda, el PRD no podía sino oponerse a la reforma y convocar a movilizaciones en contra de ésta. A la vez, su capacidad de movilización en contra de la iniciativa de ley era muy limitada dado que había apoyado firmemente las demás reformas incluidas en el Pacto: su dirigencia estaba atrapada entre la colaboración constructiva y la oposición frontal al gobierno. Es más, fracasó en su intento de unirse a Morena y otras fuerzas de izquierda en las protestas contra la reforma del sector energético, mostrando los nuevos límites de su capacidad de acción en el universo más amplio de la familia ideológica de izquierda.

Aun así, en las elecciones internas que se realizaron en septiembre de 2014 para designar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional, que a su vez iban a elegir al nuevo presidente del partido, la coalición dominante que se articulaba en torno a la corriente Nueva Izquierda logró casi el 70% de los votos de los militantes registrados, mientras que Izquierda Democrática Nacional obtuvo sólo 17%. El 4 de octubre fue electo presidente Carlos Navarrete de la corriente Nueva Izquierda sin que hubiera impugnaciones. Una vez más, el PRD parecía haber solucionado sus problemas de gobernanza interna.

No obstante, el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de una escuela rural fueron secuestrados y, probablemente, asesinados en la ciudad de Iguala, Guerrero, dando lugar al tristemente conocido caso de Ayotzinapa. El alcalde de Iguala, quien luego fue apresado por ese caso, y el gobernador del estado eran del PRD y estaban asociados a Nueva Izquierda. Durante los días posteriores a los hechos, la nueva dirigencia de la organización adoptó una posición ambigua, que buscaba evitar la renuncia del gobernador Aguirre en medio de protestas internas, incluyendo la de Cuauhtémoc Cárdenas, que pidió la renuncia de la nueva dirigencia del partido y terminó abandonándolo. En pocos días, el saldo aparentemente positivo de una contienda interna bien llevada se transformaba en una crisis moral y ética en medio de duras críticas.

La designación de candidatos a diputados para las elecciones legislativas de 2015 fue otra prueba para la organización. En febrero, Marcelo Ebrard renunció al partido seguido por tres diputados federales: algunos para pasarse a Morena, otros manteniéndose en la expectativa. Muchos, como Alejandro Encinas, acusaban que el PRD era una organización sin rumbo, desfigurada y corrompida por un pequeño grupo que se había adueñado de él.²⁵²⁵ En las elecciones legislativas del 7 de junio de 2015, el Revolucionario Democrático se enfrentó por primera vez a Morena en una contienda formal. Si bien el PRD se mantuvo como principal fuerza de izquierda a nivel nacional con 11.4% de los votos, había obtenido apenas 2.5 puntos más que Morena. Sobre todo, perdió su bastión de la Ciudad de México ante su nuevo rival, ganando sólo 5 distritos uninominales federales contra 16 para Morena, 6 delegaciones contra 5 y 19 curules contra 22 para su adversario en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ante tal saldo, el 8 de agosto, Carlos Navarrete anunció su intención de dejar la presidencia del partido. En principio, la renovación de la dirigencia se iba a dar en la tercera semana de septiembre, pero no fue hasta noviembre que la renuncia se hizo efectiva.²⁶ Mientras tanto, se eligió a Agustín Basave como nuevo dirigente del PRD después del desistimiento de dos de sus posibles contendientes, Armando Ríos Peter y Zoé Robledo, que abandonaron la contienda aduciendo que era una simulación, ya que se había perfilado un aspirante en particular.²⁷ Ambos dejaron el partido meses después.

En los hechos, durante los últimos meses de 2014 y el primer semestre de 2015, el PRD entró de manera más llana a una dinámica de descomposición sostenida. La gobernanza interna ya no era tanto un problema de relaciones entre distintos grupos y corrientes, aun si éstas seguían activas y tendían a multiplicarse con el surgimiento de nuevos temas de desacuerdo, sino más bien de retención de personalidades políticas históricas de la organización que, una por una, y de manera sostenida, manifestaban o su desinterés o su voluntad de dejar la organización. Y si el partido conservaba el gobierno de la Ciudad de México y de algunos estados como Morelos, Michoacán y Tabasco, su capacidad de movilización de votos por sí mismo estaba muy disminuida. Con la renuncia de Navarrete se inició un periodo de inestabilidad en la dirigencia del partido con una sucesión de dirigentes efímeros: las corrientes dominantes en la organización gobernaban el vacío.

En cuanto a los vínculos con otras fuerzas políticas, la llegada de Agustín Basave a la cabeza del PRD coincidió con la aplicación de una estrategia alternativa de movilización de votos. Como lo hemos visto en el apartado anterior, el PRD empezó negociaciones para competir en coalición con Acción Nacional en varios estados donde se iban a celebrar elecciones a gobernador en 2016: primero fue el caso de Durango y Zacatecas y luego se agregaron Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. La estrategia de formar coaliciones con el PAN para “poner freno a la restauración autoritaria del PRI” suscitó tensiones en el seno de los órganos de dirección del PRD y provocó una disputa entre las corrientes aliadas de Izquierda Democrática y Alternativa Democrática Nacional. Muchos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional insistían en el carácter excepcional de esas estrategias. Basave amenazó con renunciar si no se aprobaba la formación de coaliciones con el PAN en algunas contiendas estatales.²⁸ Claramente, el tema de la unión de fuerzas con un partido asociado a la derecha se volvió otra fuente de tensión en la organización y motivo de desafección de un mayor número de militantes.

De hecho, las elecciones estatales del 5 de junio de 2016, concurrentes con una consulta para integrar la Asamblea Cons ti tu yente de la Ciudad de México, no fueron un gran éxito para el PRD. Si bien la coalición con Acción Nacional ganó en Veracruz, Quintana Roo y Durango, esas victorias fueron interpretadas como victorias de Acción Nacional: en Quintana Roo, el candidato victorioso no era afiliado al PRD mientras que en los otros estados los candidatos eran panistas. En cuanto a la consulta para integrar la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, se confirmó el retroceso del partido frente a Morena: sus candidatos obtuvieron 31.5% de los votos frente a 36.2% para los candidatos de Morena.²⁹ El 18 de junio, Basave renunció a la presidencia del partido, no debido a los resultados electorales sino, en sus palabras, por la dificultad de arbitrar las tensiones entre corrientes y, particularmente, roces con la corriente Nueva Izquierda.³⁰ El 16 de julio resultó electa Alejandra Barrales como presidenta del PRD, personalidad cercana a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.³¹

A partir de ese momento, la política de alianza con el PAN primero y, luego, con Movimiento Ciudadano, pasó a dominar la vida interna de la organización en un contexto de definición de las candidaturas presidenciales de 2018. Varios gobernadores perredistas, Graco Ramírez de Morelos, el recién electo Silvano Aureoles de Michoacán y, desde luego, Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México, dejaban ver su interés en ser postulados.³²

Ahora bien, la opción de regresar a la estrategia de ampliación de las negociaciones al conjunto de la “familia de izquierda” como en el pasado (o como se creyó que sería posible en los primeros años del sexenio) quedaba anulada. Así se observó en las discusiones sobre la posibilidad de apoyar a la candidata de Morena en las elecciones a gobernador de junio de 2017 en el Estado de México. Morena era claramente un rival y el PRD no tenía el capital político suficiente para atraer a otras fuerzas de izquierda.

Desde la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2018, la solución consistió en buscar la formación de un frente ciudadano que buscara ocupar un centro ampliado para ubicarse entre Morena y el PRI. No obstante, esa estrategia seguía provocando resistencias en el PRD: por ejemplo, en diciembre de 2016, Miguel Barbosa creó un frente denominado Militantes de Izquierda, que reunía a tres corrientes del partido y cuyo propósito era apoyar a un solo candidato de izquierda en 2018 y frenar la descomposición ideológica del partido.³³ A finales de marzo de 2017, 11 de los 20 senadores del PRD decidieron dejar de trabajar con ese grupo parlamentario y actuar como ala legislativa de Morena en el Senado.³⁴ En mayo, Dolores Padierna, llamó a la militancia del partido a rebelarse contra la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de aliarse con el PAN en 2018.³⁵ Ella renunciaría al partido en septiembre de 2017 y apoyaría la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que el anuncio de un mes antes de personalidades del PRD, como Pablo Gómez, Leonel Godoy y Carlos Sotelo. La sangría provocada por la perspectiva de alianza con Acción Nacional continuaba. En septiembre de 2017, en el noveno Consejo Nacional del PRD, se aprobó la creación de un Frente Democrático Nacional, antesala para que en noviembre se aprobara una coalición electoral con el PAN y MC con vistas a las elecciones de 2018.³⁶ Y si bien a inicios de diciembre la dirigencia del PRD manifestó su apoyo a Miguel Mancera como precandidato presidencial del partido, cuando el 12 de diciembre la coalición Por México al Frente se registró ante el Instituto Nacional Electoral, ya se sabía que su candidato presidencial iba a ser Ricardo Anaya, del PAN. A cambio, Alejandra Barrales iba a ser candidata de la coalición para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y Miguel Mancera iba a encabezar la lista de senadores plurinominales: quedaba claro que el PRD era un socio menor en esa alianza electoral. Mientras tanto, a lo largo del primer semestre de 2018, más personalidades históricas del partido anunciaron su apoyo al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

En el transcurso del sexenio 2012-2018, la aparición de una organización exitosa surgida de una escisión en la organización y encabezada por un líder carismático, las luchas internas entre grupos y facciones y la política de alianzas con otras fuerzas políticas que no eran aliados naturales, aceleraron la debacle del PRD. Es algo que puede apreciarse en la estrepitosa y siempre más veloz caída del partido en las preferencias electorales.

Ya comentamos que el saldo de las elecciones federales de 2012 había sido relativamente positivo para el PRD. Su candidato presidencial había terminado en segundo lugar, seis puntos detrás del vencedor tras haber iniciado la campaña en un lejano tercer lugar; su bancada en la Cámara de Diputados se había incrementado con 33 diputados más y su candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México había arrasado en los comicios locales una mayoría de 63%. Cuando Morena obtuvo su registro como partido político durante el verano de 2014, las encuestas sobre preferencias electorales le atribuían solamente 7% en las preferencias de los encuestados.

La situación empezó a deteriorarse con las elecciones legislativas federales de 2015. Ya en ese momento, empezaban a darse migraciones de su militancia y personal político hacia Morena. Si bien sus candidatos a diputaciones federales obtuvieron el 11.4% de los votos y fueron electos 56 diputados, ese resultado significaba un retroceso de 8 puntos con respecto a la elección anterior y una pérdida de 48 escaños (cuadro 1). El partido mantenía una ventaja de apenas 2.5 puntos sobre Morena. El indicador más importante de esa elección fue la derrota en la batalla por conservar el bastión de izquierda que es la Ciudad de México. Ya mencionamos que la ganó Morena, con 16 diputados federales contra 5 para el PRD, 22 asambleístas contra 19 y 6 delegaciones frente a 5 para Morena (había ganado 14 en 2012). Esa tendencia se volvió a confirmar en 2016 con las elecciones para la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, cuando el PRD quedó en segundo lugar, cinco puntos detrás de Morena.

Pero el descalabro electoral se dio en las elecciones federales de 2018. El PRD obtuvo sólo el 5% de los votos en las elecciones para diputados federales, lo que redujo su bancada en la Cámara de Diputados a 21 representantes. En el Senado logró la elección de solo 8 senadores contra 22 en 2012, con una pérdida de más de 13 puntos. Esa representación se vio luego mermada por las migraciones de legisladores a otras formaciones políticas, sobre todo hacia Morena: en julio de 2019, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados tenía 11 integrantes y la del Senado, sólo 5. En la Ciudad de México, Alejandra Barrales, de la coalición Por México al Frente consiguió sólo el 31% de los votos frente al 47% de Claudia Sheinbaum, candidata vencedora por Juntos Haremos Historia. El tamaño de la derrota del PRD y la sustitución de hegemonía partidista en la ciudad capital se evidenció también en la pobre capacidad de retención de las alcaldías (antes delegaciones), donde el PRD conservó apenas cuatro frente a las once ganadas por Morena, y en los resultados de la nueva composición de la Asamblea Legislativa de la CDMX, con apenas 4 asambleístas perredistas y 37 de Morena. Esos resultados son muy significativos dado que, durante todo el sexenio, el PRD había apostado hacer de la Ciudad de México un modelo de gobierno de izquierda progresista y moderno. Parece que ese proyecto no logró ser atractivo para el electorado de la capital.

En síntesis, el sexenio de 2012-2018 atestiguó la casi desa parición de una fuerza política que había sido uno de los tres pilares del sistema de partidos de la transición mexicana. La situación parecía confirmar una hipótesis formulada por Kay Lawson en su estudio sobre los partidos que fracasan: el surgimiento de escisiones exitosas en partidos establecidos acarrea grandes riesgos en cuanto a su supervivencia, sobre todo cuando logran ocupar sus funciones de intermediación.³⁷

El Partido Revolucionario Institucional

El caso del PRI difiere del PAN y del PRD. A diferencia de esos dos partidos, no fue víctima de una crisis de gobernanza interna, sino del voto de castigo a su gobierno. La victoria electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 fue la culminación de un proceso largo, pero exitoso, de reconstrucción de un liderazgo nacional. Esa reconstrucción se dio desde la periferia de la organización, apoyándose en los nuevos hombres fuertes del sistema político mexicano, los gobernadores. A partir de 2008, Enrique Peña Nieto logró erigirse como la figura articuladora de una coalición de gobernadores que se impuso frente a las autoridades más tradicionales del partido (dirigentes de la organización y líderes parlamentarios). En efecto, desde la derrota electoral del 2000, con la pérdida de la titularidad del poder ejecutivo, el PRI había perdido también la figura política que tradicionalmente arbitraba los conflictos entre sus grupos y facciones, la del presidente de la República. Se tardó 12 años en recuperar ambas: la titularidad del ejecutivo y la figura política que aseguraba la gobernanza interna.³⁸ Sin embargo, durante todo ese periodo, el partido había logrado conservar un sólido caudal de votos y una envidiable presencia en gran parte del territorio nacional, como lo atestiguaban tanto sus resultados en elecciones legislativas como en las de gobernadores. Es más, en las elecciones federales intermedias de 2009 y presidenciales de 2012 fue el principal beneficiario del voto de protesta contra el gobierno de Felipe Calderón.

Con un cómodo apoyo del 38.2% del electorado, una bancada en la cámara de diputados ligeramente más pequeña que en la legislatura anterior, pero sustantiva, y una ganancia de casi 20 escaños en el senado, el presidente Peña Nieto dio inicio a su mandato en una posición de fuerza aun si, al igual que sus antecesores, tenía que hacer frente a una situación de gobierno dividido. Esa posición de fuerza pudo apreciarse con el anuncio, el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de posesión del nuevo gobierno, de un amplio acuerdo programático y legislativo que abarcaba 95 compromisos específicos y una serie de grandes reformas legislativas en los campos de la educación, las telecomunicaciones, la fiscalidad, la política y vida electoral y la producción de energía.

La peculiaridad del Pacto por México residía en que, como lo hemos visto en apartados anteriores, era el producto de una negociación y un acuerdo entre la presidencia de la República y las dirigencias de los tres grandes partidos políticos, sobre todo de la oposición. Parecía aportar una solución a la situación de gobierno dividido que prevalecía desde 1997, en la que se dificultaba la cooperación legislativa en torno a reformas importantes, como las incluidas en el acuerdo. De hecho, ese mecanismo de cooperación funcionó de manera muy eficaz hasta noviembre de 2013, cuando el PRD empezó a marcar sus distancias por el contenido de la reforma energética, aun si siguió cooperando después con otras reformas legislativas incluidas en el Pacto como, por ejemplo, la reforma político-electoral. Si bien, desde un punto de vista formal, ese gran acuerdo fue un éxito de negociación, hemos visto cómo desató tensiones y desacuerdos importantes en el seno de los partidos de oposición participantes. A lo largo de 2014, ese mecanismo de concertación se fue desvaneciendo poco a poco.

Desde una perspectiva de cohesión interna del partido gobernante, el presidente Peña Nieto logró en un primer momento restablecer cierta unidad en la clase política del PRI. Había llegado al poder apoyado por una amplia coalición de gobernadores, pero logró integrar un gabinete que reflejaba bien la diversidad de los grupos de poder en su partido, una “elite renovada” en palabras de Rogelio Hernández.³⁹ De hecho, como pudo apreciarse en el contenido de algunas reformas legislativas, por una coincidencia de intereses del poder ejecutivo y de los partidos de oposición, se dio un proceso de recentralización del poder. Por ejemplo, el Instituto Federal Electoral se transformó en Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal de Acceso a la Información en Instituto Nacional de Acceso a la Información: en ambos casos, más allá del cambio de nombre, se dotaba a las autoridades de estos órganos autónomos federales de facultades para acotar, vigilar y, en su caso, intervenir en campos de actividad donde los gobernadores habían gozado de una amplia libertad de acción.

Sin embargo, detrás de esos aparentes éxitos en materia de gobernanza, había una sorprendente vulnerabilidad que se hizo evidente en el otoño de 2014. La manera en que el gobierno reaccionó a los trágicos hechos de Iguala en septiembre de 2014 -conocidos como el caso Ayotzinapa por el nombre de la escuela normal rural de donde provenían las víctimas- y, luego, a una situación de conflicto de interés que involucró a la esposa del presidente, publicitada en noviembre del mismo año y referida en la opinión pública como el caso de la Casa Blanca, mostró tanto su fragilidad como la de su proyecto político. Por más que el equipo de gobierno estuviera cohesionado detrás de un proyecto bien definido y muy racional, no lograba convencer a la ciudadanía.

El problema no era sólo de imagen y comunicación, sino que tenía raíces más profundas asociadas a la falta de confianza política. En los primeros meses del nuevo gobierno, el PRI contaba con 20 gobernadores.⁴⁰ Como ya se ha mencionado, la candidatura del presidente había sido apoyada por una coalición amplia de mandatarios estatales priistas donde él aparecía como el líder de los nuevos hombres fuertes del sistema político. Como exgobernador del Estado de México, su figura pública estaba estrechamente vinculada a la de esos personajes. Durante el sexenio, el ocaso de la imagen de gobernadores todopoderosos fabricada en años anteriores no fue sólo el resultado de acciones ideadas desde el centro y los partidos de oposición para restringir su margen de acción, fue también producto de su asociación con la realización de actos delictivos frecuentemente ligados al tema de la corrupción. En efecto, de 2010 a 2018, 16 gobernadores fueron investigados por presuntos actos delictivos, y de éstos, seis terminaron en la cárcel. Es cierto que no todos fueron del PRI y no todos fueron condenados, pero la gran mayoría provenía de ese partido y eran contemporáneos del presidente.⁴¹ Eso contribuyó ampliamente a la omnipresencia del espectro de la corrupción en la vida pública mexicana durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, imagen que también se apoyaba en la experiencia cotidiana de los mexicanos: en 2017, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental aplicada por el Inegi mostraba un incremento de 16.2 % en la tasa de prevalencia de corrupción, es decir, de ciudadanos que reportaron haber sido víctimas de actos de corrupción.

Otro tema de preocupación para la población fue el de la violencia. El inicio de la gestión del nuevo gobierno pareció marcar una voluntad de cambio en la estrategia de lucha contra la delincuencia, como lo indicó la intervención del gobierno federal en el estado de Michoacán. De hecho, durante los dos primeros años el número de homicidios dolosos disminuyó, al pasar de 20 568 en 2012 a 15 649 en 2014. Sin embargo, en los años restantes, se elevó de nuevo para alcanzar la cifra de 157 006 para el sexenio, con un incremento notable y constante en los últimos años. Esa cifra rebasa el número alcanzado en cualquier sexenio anterior (véase cuadro 3 y gráfica 1). No es de sorprender que los ciudadanos identificaran como principales problemas del país, la inseguridad y la violencia, el desempleo, la carestía y la corrupción. Si bien la preocupación por la inseguridad fue creciendo a lo largo del sexenio (58% en 2015 vis a vis 64.5% en 2018), el malestar contra la corrupción se mantuvo estable entre 28% y 30%, lo que, de todas maneras, es una tasa significativa (véase cuadro 4).

Fuente : elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Gráfica 1 Homicidios dolosos, 2012-2018  

La percepción de esos problemas se tradujo en tasas bajas y, sobre todo, descendientes, de aprobación ciudadana en cuanto al desempeño del gobierno. Como puede observarse en el cuadro 5, en diciembre de 2012, el presidente tenía una tasa de aprobación del 57% contra 30% de desaprobación. Rápidamente, en diciembre de 2013, la proporción de los ciudadanos que aprobaban la gestión del gobierno era ya menor a los que la desaprobaban (45% frente a 47%). En noviembre de 2018, la tasa de aprobación ya había caído a 22% frente a 73% de desaprobación. Dos hechos llaman la atención: aun en momentos en que el gobierno parecía tener éxito en la formulación y aplicación de sus políticas públicas, la tasa de desaprobación era superior a la tasa de aprobación; luego, en comparación con sexenios anteriores, la valoración del presidente era consistentemente más negativa⁴² (véase gráfica 2).

Fuente: elaboración propia con información del Poll of Polls de Oraculus.

Gráfica 2 Aprobación y desaprobación de Enrique Peña Nieto  

Aun así, esas tendencias en la opinión pública no se reflejaron inmediatamente en los resultados electorales. A pesar de las derrotas sucesivas en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, el PRI mantuvo su “refugio” en las instancias locales, consolidando su presencia en el territorio nacional y afinando “sus habilidades como maquinaria partidista”.⁴³ Ya mencionamos el importante número de gubernaturas en manos de ese partido en 2012: de hecho, en 2018, con menos gobernadores electos, seguía siendo el partido con el mayor número de gobernadores electos. En las elecciones legislativas de 2009 obtuvo 237 diputaciones cosechando el voto de castigo contra el presidente panista, más todavía de los que obtendrá Morena en su aplastante victoria de 2018 (véase cuadro 1). Y aunque existía una percepción negativa del desem peño gubernamental en las elecciones intermedias de 2015, el PRI perdió apenas nueve escaños con casi cien diputados (98, para ser preciso) más que el partido con la segunda bancada en la Cámara, Acción Nacional (114 diputados).

Es solamente en las elecciones de junio de 2016, para renovar 12 gubernaturas, que se prendieron las primeras señales de alarma. En efecto, el PRI sólo logró la victoria en cinco de ellas.⁴⁴ Y si bien pudo recuperar el estado de Oaxaca, perdió en cuatro estados en los cuales nunca se había dado la alternancia: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.⁴⁵ El PRI se quedaba con 15 gobiernos estatales, es decir, por primera vez en su historia, con menos de la mitad. Entre las razones que se mencionaron para explicar la derrota, estaban las siguientes: la traición de militantes, el desgaste de los gobernadores, las reformas estructurales, entre otras.⁴⁶ El problema residía no sólo en la dimensión aritmética de los resultados, también en su significado simbólico. La organización de las elecciones había estado en manos del nuevo presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, conocido como miembro de la élite tradicional del partido, cercano al aparato y afamado organizador político. El 20 de junio, éste renunció a la dirigencia, responsabilizándose de la derrota.⁴⁷ Hay otro mito que se vio afectado: el de la fuerza de la formidable maquinaria electoral del partido que tenía presencia en el conjunto de la geografía nacional. La capa protectora del “refugio” tradicional priista se estaba fisurando.

Hubo tres elecciones para renovar el poder ejecutivo en los estados en 2017. El PRI perdió Nayarit, pero conservó el poder en Coahuila y en el Estado de México. No obstante, sus victorias en ambos estados fueron muy apretadas. En Coahuila, el candidato del PRI, en coalición con otros partidos, Miguel Riquelme, obtuvo apenas 2.5 puntos más que su rival del PAN, Guillermo Anaya, apoyado por otra coalición (38.9% frente a 36.4%). Los resultados fueron impugnados sin éxito por todos los demás candidatos. En el Estado de México, bastión del PRI y del grupo político del presidente Peña Nieto, la victoria de Alfredo del Mazo fue igualmente apretada: éste obtuvo 33.5% de los votos vis a vis el 30.8% de la candidata de Morena, Delfina Gómez.⁴⁸ En esta elección, el dato más preocupante para el PRI fue que su candidato había conseguido 35% de votos menos que su antecesor y compañero de partido, Eruviel Ávila. Además, esas victorias pírricas volvían a poner en el centro del debate político nacional la cuestión de la equidad en las condiciones de competencia y, en particular, la del financiamiento de las campañas.

Esos resultados ya dejaban presagiar la hecatombe electoral de 2018. Como puede apreciarse en las cuadros 1 y 2, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, terminó en un distante tercer lugar con apenas 16.4 % de los votos, es decir casi 22 puntos menos que el resultado obtenido por Peña Nieto en 2012. En las elecciones para diputados, el PRI alcanzó también el tercer lugar con un porcentaje similar al de la elección presidencial, registrando una pérdida de 158 escaños. Algo similar sucedió en los comicios para senadores, donde la bancada pasó de 52 a 14. El PRI perdió también las nueve elecciones a gobernadores que se estaban disputando, quedándose con 12 gobernadores, muchos de ellos con nuevas legislaturas controladas por Morena. En pocas palabras, el tan celebrado aparato electoral del PRI fue aplastado en las elecciones de 2018.

En cuanto a la relación entre grupos y facciones en el seno del partido durante el sexenio, fueron mucho más fluidas que las que prevalecieron en los otros dos grandes partidos tradicionales. En ese sentido, sí se recuperó la figura tradicional del presidente como timón de la gobernanza interna de ese partido, aun si se dieron tensiones a nivel local en coyunturas particulares. Desde luego, el momento de selección del candidato presidencial generó leves tensiones, pero al final prevaleció el candidato del presidente y el método tradicional de unción del elegido. En su momento fueron mencionados Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones, Ivonne Ortega, Eruviel Ávila, cada quien representando grupos más cercanos a la organización partidista. Al final prevaleció José Antonio Meade en calidad de candidato “ciudadano” del PRI y, por más que se haya instalado una Comisión Política Permanente que diseñó procedimientos internos de selección del candidato, al final hubo un solo precandidato, a la usanza tradicional.⁴⁹ Meade era parte del círculo cercano al presidente Peña Nieto, lo mismo que el presidente del PRI, Enrique Ochoa, y el jefe de campaña, Aurelio Nuño. En mayo de 2018, ante las pocas perspectivas del candidato señaladas por las encuestas de opinión, Ochoa fue relevado por René Juárez, un político con una trayectoria más tradicional: el relevo fue interpretado como un intento de mantener cohesionadas las bases políticas del partido.⁵⁰ En ese momento ya se hablaba de “brazos caídos” en la campaña y de discretos apoyos a la del candidato de Morena.

En suma, el sexenio empezó relativamente bien para el gobierno de Peña Nieto, aun si el presidente nunca logró gozar de alta popularidad en la sociedad. El viraje sobrevino en el otoño de 2014 (con los casos de Ayotzinapa y de la Casa Blanca) que mostró la fragilidad del gobierno y su dificultad de comunicarse con la población. La desaprobación creciente de los ciudadanos tardó hasta 2016 para expresarse en las urnas, mientras que seguía creciendo la tasa de desaprobación del gobierno. Los temas de la inseguridad, la economía y la corrupción alimentaron esa insatisfacción y fue el voto de castigo el que provocó el espectacular derrumbe electoral del PRI. La consecuencia más directa de la derrota electoral es el desmantelamiento de un sistema de ejercicio del poder que se había construido a lo largo de casi noventa años. En 2018, el PRI perdió la mayoría de sus múltiples anclas institucionales y organizativas; su regreso parece haber sido su canto del cisne.

Morena

Desde luego, el derrumbe del sistema de partidos que presidió la transición mexicana no fue solamente el resultado de los problemas de gobernanza interna o de rechazo de la gestión de las tres grandes organizaciones políticas mexicanas. No puede explicarse sin el surgimiento de una fuerza que se presentó como una alternativa viable a los partidos establecidos: Morena.⁵¹

Como hemos visto en el apartado sobre el PRD, Morena nace, en gran parte, de un lento proceso de escisión de ese partido grande de la izquierda mexicana. Las tensiones internas que afloraron a lo largo del sexenio 2006-2012 entre la corriente de Izquierda Democrática, que controlaba la burocracia partidista, y Andrés Manuel López Obrador fueron insuperables después de las elecciones federales de 2012: el desacuerdo en torno a la estrategia a adoptar frente al nuevo gobierno seguía siendo profundo. La calificación de la contienda electoral que permitió la victoria del PRI y de su candidato, así como, un poco después, la participación en el Pacto por México, terminaron de conducir a una ruptura anunciada, en la que estaban en juego la cooperación limitada o la confrontación con el nuevo gobierno. Aun así, hasta las elecciones legislativas de 2015, todavía estaba presente la idea de la posibilidad de coexistencia de las dos organizaciones en una coalición de la gran familia ideológica de izquierda.

Sin embargo, una vez que Morena se registró como partido político, quedó claro que se trataba de una organización política que competía exitosamente con el PRD por el respaldo de los electores de izquierda. De entrada, Morena ganó las batallas electorales en los bastiones de la izquierda, como lo mostraron los resultados de las elecciones locales y federales en la Ciudad de México en 2015, de las elecciones para la integración de la Asamblea Constituyente de la misma entidad en 2016 y también el sólido segundo lugar en las elecciones para gobernador en el Estado de México, en 2017, de la candidata de Morena, Delfina Gómez, apenas dos puntos detrás del vencedor del PRI y con una inmensa ventaja sobre el candidato del PRD. En pocas palabras, poco a poco, Morena se estaba consolidando como la alternativa de izquierda, es decir, como el producto de una escisión que desplazaba su organización de origen.

¿Era Morena sólo una escisión del PRD? Sí, en la medida en que esa red de políticos y organizaciones se articulaba en torno a la figura carismática de López Obrador que, después de todo, había pasado los veinte últimos años de su vida política en el seno del PRD, como presidente del partido, jefe de gobierno del Distrito Federal y dos veces candidato derrotado a la presidencia de la República, de una coalición de izquierda. A la fecha, el fundador del movimiento goza de un gran poder personal en la organización, de la cual es sin lugar a dudas el elemento aglutinador. Y también porque los personajes de peso en el seno de la organización eran -y son- en esencia políticos profesionales que ocuparon cargos de importancia en el PRD antes de la escisión, basta con revisar las listas de dirigentes de la nueva organización política o de representantes en cargos de elección popular para constatarlo. Y no, en la medida en que una proporción importante, probablemente mayoritaria, de la militancia morenista se adhirió al movimiento a raíz de las actividades proselitistas llevadas por el líder del partido desde 2006. No, porque un segmento importante de los electores de Morena y de López Obrador nunca había votado por el PRD en elecciones anteriores. Es posible constatar cómo, con excepción de la Circunscripción 2, que corresponde a grosso modo a los estados del noreste del país, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia terminó en primer lugar con un impresionante caudal de votos. Y aún en el caso de esa circunscripción, logró duplicar su respaldo electoral con respecto a 2012 (véase cuadro 6).

No, también porque la coalición Juntos Haremos Historia, que se construyó para respaldar la candidatura de López Obrador, era mucho más amplia que el segmento de militantes escindidos del PRD. Dicha coalición incluyó partidos de izquierda, como el Partido del Trabajo, y de derecha evangelista, como el Partido Encuentro Social, así como partidos locales y expolíticos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Al inicio de la campaña, se anunció la formación de un futuro gabinete que incluía a empresarios, académicos, magistrados y expolíticos, sin vinculación orgánica con el nuevo partido.

Finalmente, se adhirieron a la coalición movimientos sociales que agrupaban a organizaciones campesinas y obreras disidentes, no necesariamente progresistas. Esa alianza heterogénea sirvió de base para suplir la deficiencia inicial de presencia territorial de Morena y conquistar territorios electorales que habían sido tradicionalmente ajenos a la izquierda (cuadro 4). En palabras de Fernando Luna: “Esto hizo posible que Andrés Manuel López Obrador construyera una imagen como un representante fiel del ‘pueblo’, en tanto identidad colectiva, lo suficientemente importante en términos discursivos y a la vez ambiguo, para que cupieran todo tipo de perfiles, incluso los que poco antes fueron parte de la “mafia del poder”.⁵²

Y así, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones que un respaldo del 53% de los votantes, mayoría nunca vista desde la consolidación de un sistema electoral competitivo en México. Morena y sus aliados obtuvieron 43% de los votos para integrar la Cámara de Diputados y, poco a poco, con el flujo de migraciones provenientes principalmente del PRD, logró hacerse de la mayoría de los escaños en la cámara baja. Conquistó también la mayoría de los congresos estatales y ha ganado un número importante de elecciones para gobernador desde 2018 (seis si incluimos el estado de Morelos). En pocas palabras, cuatro años después de obtener su registro como partido político, Morena pasó a ocupar una posición dominante en un sistema de partidos mexicano totalmente reconfigurado.