El libro más reciente de Carles Boix es un ambicioso estudio sobre los orígenes del Estado y la obligación política, las raíces económicas de la desigualdad y los mecanismos que llevaron al predominio y enriquecimiento de la sociedad occidental durante los últimos doscientos años. Más allá, se propone presentar una teoría de las condiciones bajo las cuales es posible el surgimiento del orden político.

Se compone de una introducción y siete capítulos, más una conclusión. La introducción se ocupa de la terminología del debate y la propuesta metodológica seguida en el estudio. El primer capítulo analiza el origen de la cooperación en sociedad, el segundo estudia el surgimiento del orden político, el tercero y cuarto se avocan al progreso tecnológico y militar. Sentadas las bases, los siguientes capítulos revisan el origen de la desigualdad regional y la modernidad.

El método de análisis se centra en hechos históricos clave y tiene como propósito examinar y poner a prueba una serie de proposiciones sobre los fundamentos del orden político y sus consecuencias para el desarrollo y la desigualdad. Debe prestarse especial atención al autor cuando dice que su objetivo no es, de ninguna manera, presentar una historia comprehensiva de la humanidad o un marco interpretativo de la evolución humana, así como no es tampoco un intento de esquematizar la historia según algunos ciclos, tendencias o fases hipotéticas (p. 15).

En el primer capítulo, Boix reconoce que, para entender las bases del orden político y las causas de la desigualdad, primero debemos imaginar y examinar las condiciones que precedieron a la formación de la autoridad política formal. Para ello, dedica las próximas páginas al estudio de un modelo del mundo, en el cual todos los individuos tienen la misma cantidad de recursos, cada uno de ellos utiliza diferentes estrategias para sobrevivir y no hay instituciones políticas o estatales que tengan el monopolio de la violencia o la capacidad de coerción (p. 22). Posteriormente, presta especial atención a las estrategias posibles, haciendo uso de la teoría de juegos, para demostrar la necesaria aparición de lo que llama la “cooperación espontánea”. Así, se justifica aquel equilibrio que permitió moderar el conflicto y asegurar el desarrollo de las actividades productivas sin la autoridad coercitiva de un Estado. En un momento en el cual las distintas unidades sociales se encontraban en igualdad de recursos, la cooperación permitía minimizar los riesgos del individuo y obtener mayores ganancias colectivas. En suma, las comunidades humanas cooperarán cuando su producción y su capacidad de robar la producción de otra comunidad sean similares y el costo de defensa sea bajo (p. 34).

Tras comprobar las pretensiones teóricas con información derivada de diferentes estudios antropológicos y arqueológicos, el autor descubre que las sociedades recolectoras son las que se ajustan mejor al modelo propuesto, seguidas de las pescadoras. En cambio, las sociedades agrarias fueron las primeras en mostrar niveles de desigualdad considerables y en institucionalizar el control coercitivo. Cuando uno de los individuos o actores es capaz de acumular recursos unilateralmente o formar un grupo de seguidores, poniendo en riesgo la condición igualitaria, entonces el modelo de cooperación espontánea se colapsa y el equilibrio de producción se pierde.

El segundo capítulo relaciona el origen del conflicto generalizado con la aparición de la innovación tecnológica. De esta forma, podemos decir que la primera forma de desigualdad fue la del conocimiento. Cuando algunos grupos concentraron las nuevas tecnologías, el estado natural se colapsó (p. 63). Aquellos que se beneficiaban de una producción mayor trataban de defender el equilibrio de producción, mientras que los menos beneficiados preferían robar, dando lugar a la sociedad caótica que Hobbes describió con maestría en el Leviatán. En cierto sentido, para Boix el surgimiento del Estado fue consecuencia del robo al que se vieron expuestos los productores con mayores recursos tecnológicos. La desigualdad por entonces había aparecido (p.63). En palabras de Hobbes, “la causa final de los hombres al introducir la restricción del Estado sobre sí mismos es el cuidado de su propia conservación y el logro de una vida armónica. El fin del Estado es, particularmente, la seguridad”.¹

Posteriormente, el autor identifica diferentes soluciones al problema de la inseguridad. La primera es la solución monárquica, en la cual reconoce dos precondiciones esenciales: que el costo de la protección ofrecida a los súbditos sea menor a lo recaudado por el sistema tributario y que el costo del tributo otorgado al monarca sea menor para el súbdito que el costo de defenderse de potenciales enemigos (p. 66). La solución monárquica es, entonces, resultado de un equilibrio político y, en palabras de Boix, ningún actor tiene incentivos para alejarse de ella. En términos de la sociología de la dominación de Max Weber, en las sociedades premodernas [sic] la legitimidad del régimen se sostiene por el apego a la tradición.

Recordemos que para Weber, en el mismo sentido, la legitimación en el tipo de dominación tradicional descansa en “la fuerza de la tradición que señala inequívocamente el contenido de los ordenamientos”, volviendo “imposible la creación deliberada de nuevos principios jurídicos o administrativos”.²

La visión monárquica de Boix parece coincidir, en un primer momento, con el pensamiento clásico de Bodino, que atribuye a la República el “recto gobierno de varias familias y lo que les es común con poder soberano”, cuyo propósito consiste en la protección de los integrantes de los bandoleros que “no deben gozar del derecho común”, pues el verdadero atributo de la amistad, que da lugar a la sociedad, corresponde al cumplimiento de las “leyes de la naturaleza”.³

A continuación, Boix identifica una solución republicana, que será factible conforme el desarrollo tecnológico y militar de los productores sea mayor. Cabe señalar que una república será estable si hay igualdad relativa entre sus integrantes. De otra forma, la desigualdad provocará escisiones dentro de la sociedad que aumentarán el costo de la seguridad y disminuirán el costo de la anarquía. En esta configuración política, el apego al ordenamiento no depende de la legitimidad tradicional, sino de un consenso otorgado por individuos en condiciones de igualdad (p. 73).

En este mismo sentido, Locke hablaba en su Segundo tratado sobre el gobierno civil acerca del acuerdo entre los hombres: “Lo que hace actuar a una comunidad es únicamente el consentimiento de los individuos que hay en ella”. De esta forma, cada hombre, al consentir con otros en la formación de un cuerpo político “se impone a sí mismo la obligación de someterse a las decisiones de la mayoría y a ser guiado por ella”.⁴

Más allá de la teoría clásica, Boix reafirma el análisis de Tocqueville sobre el papel fundamental del consenso en la conformación del sistema democrático-republicano. Tocqueville reconoció en las instituciones republicanas un equilibrio entre el consenso y el conflicto político.⁵ Al mismo tiempo, concuerda con Martin Lipset, cuando hablaba de la necesidad de un cuerpo de creencias comunes para hacer posible la coexistencia bajo el dominio de las instituciones.⁶

Esta solución consensual nos recuerda también al análisis de Prothro y Grigg sobre el credo democrático. El acuerdo sobre los principios fundamentales del régimen político es una condición indispensable para la existencia del Estado republicano, que se vuelve la autonomía parcial del individuo frente al aparato coercitivo.⁷

De cualquier forma, Boix asegura que las repúblicas no han sido comunes a lo largo de la historia a causa de la falta de inversión en infraestructura militar y los altos costos políticos que puede acarrear en las pequeñas comunidades. Si una república llega a crecer y ocupar un gran territorio, es gracias a una organización federal, que resuelve el dilema tradicional de la defensa (p. 82).

Al final del capítulo, el autor explora el papel de las ins tituciones políticas en la distribución de la riqueza. Las organizaciones políticas suelen intervenir para disminuir la desigualdad mediante tres métodos: determinando las condiciones de propiedad de la ganancia, regulando el sistema de precios y estableciendo el nivel de transferencias de los poseedores de activos a los no poseedores (p. 83).

En el tercer capítulo, Boix se dispone a realizar un análisis comparativo para comprobar empíricamente su teoría de la desigualdad como origen del Estado. Para ello, estudia el desarrollo histórico de las comunidades esquimales del norte de Alaska, las poblaciones nativas de California, las sociedades aborígenes de Australia, las sociedades recolectoras de Nueva Guinea. Para ello, recolecta evidencia transversal sobre 186 sociedades, extraída del Atlas Etnográfico, y procede a establecer una relación causal entre los distintos factores que dieron origen a la organización estatal (p. 101).

En el cuarto capítulo, Boix discute sobre el papel que ocupa la tecnología militar en el desarrollo del Estado, así como molde de las características distintivas de cada periodo histórico. El descubrimiento del bronce, la introducción del hierro y la formación de la caballería fueron los pasos que marcaron la consolidación del poder feudal, desde la Antigüedad hasta la llegada de la Edad Media (p. 153).

Según las ciudades europeas aumentaron su número de habitantes, se desarrollaron las milicias urbanas que ocupaban menos espacio y recursos para operar, desplazando a la caballería feudal. El uso generalizado de las armas de fuego en el siglo dieciséis tuvo consecuencias importantes en las relaciones entre la nobleza y los súbditos. La inversión en ingeniería militar favoreció a las ciudades, que concentraban más riqueza en manos de una multitud de individuos, frente a los señores feudales que dependían de su tesoro hereditario (p. 160). De esa forma, la aparición de las armas de fuego permitió el predominio de los monarcas centralizadores o de la protoburguesía urbana frente a los nobles rurales.

Pareciera pertinente en este punto recordar a Barrington Moore, cuando define dos caminos en el proceso de modernización. Uno consiste en la centralización de los regímenes monárquicos europeos, basándose en el establecimiento de un equilibrio entre la corona y la nobleza. Y el otro, mediante la pugna entre la burguesía y la nobleza o la monarquía: “el establecimiento de una clase urbana vigorosa e independiente ha sido un elemento indispensable en el desarrollo de la demo cracia parlamentaria. Sin burguesía no hay democracia”.⁸

Las conclusiones son claras. Boix habla sobre la teoría de la desigualdad de Rousseau, que reconoce la cooperación como una condición inherente al ser humano en el Estado de naturaleza (p. 247). Para Rousseau, en el Estado de naturaleza la diferencia entre los hombres sería menor que en sociedad.⁹ Contrario al pensamiento de Hobbes, la evidencia etnográfica y arqueológica demuestra que la cooperación humana bajo la anarquía es posible.

La evidencia reunida a lo largo del libro demuestra que la aparición formal de instituciones políticas fue la respuesta a un proceso desigual de concentración de recursos y conflicto sistemático. Boix se pregunta si la aparición del Estado fue una respuesta óptima al problema de la violencia.

Para terminar su análisis, Carles Boix indaga sobre las condiciones de la desigualdad en la actualidad. Distingue diferentes caminos para combatir la distribución desigual del ingreso, como las transferencias focalizadas, la educación de la fuerza de trabajo y la introducción de barreras proteccionistas en el espectro económico. En su conclusión, asegura que el mayor reto para las democracias en desarrollo es seguir las estrategias que se basan en la formación del capital humano, pues fueron aquéllas las que permitieron reducir la desigualdad en las sociedades occidentales del siglo veinte. Por el contrario, las transferencias focalizadas, dice el autor, distorsionan la asignación de recursos en las economías de libre mercado y requieren de la introducción de barreras proteccionistas.

Adam Przeworski es el principal referente en el tema, al hablar de redistribución en las democracias contemporáneas. Desde su perspectiva, las políticas redistributivas focalizadas no son la solución del problema de la pobreza. Para Przeworski, el objetivo es distribuir las capacidades necesarias para que los individuos se desarrollen y puedan incorporarse al esquema productivo -nos recuerda a la idea de justicia de John Rawls o a la propuesta de Thomas Piketty de un Estado Social para el siglo veintiuno. Por ejemplo, propone facilitar los préstamos y la inversión al servicio de los pequeños empresarios, brindar entrenamiento específico, subsidiar la infraestructura necesaria, etcétera.¹⁰

Amartya Sen también se ocupa de la distribución de capacidades en su revisión de Rawls, siguiendo un enfoque de las oportunidades como factor esencial de la igualdad en las sociedades contemporáneas.¹¹ Así, Boix defiende una tradición intelectual que pone en el centro del debate sobre la desigualdad a la distribución de las oportunidades y los beneficios colectivos, como la educación y la salud. Desde su punto de vista, la única forma de conseguir sociedades y democracias más justas es otorgar a cada individuo la capacidad de realizarse.

A fin de cuentas, el mayor obstáculo para alcanzar la democracia sustantiva es de carácter político. Las barreras históricas de la redistribución han sido los monopolios, los gremios, el elitismo en las instituciones educativas, entre otros factores. Pero, sobre todo, es necesario fortalecer el papel del Estado en la redistribución, reconociendo la importancia de la formación y capacitación del capital humano para incorporarlo al mercado laboral y así alcanzar medidas de desarrollo económico más incluyentes y equitativas.