En este libro, Carlos Ruiz Encina , director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, propone una caracterización de los procesos que tuvieron lugar en Chile, desde el final del régimen dictatorial encabezado por el general Pinochet y la naturaleza del régimen que se inició en marzo de 1990 y dio lugar a seis gobiernos que resultaron de elecciones, cinco de los cuales se identificaron con la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD) o con la denominada Nueva Mayoría (1990-1994, 1994-2000, 2000-2006, 2006-2010, 2014-2018) y uno con una alianza de partidos conservadores, Renovación Nacional y Unión Democrática Independiente (UDI) (2010-2014). También propone analizar las consecuencias del desencanto que se desencadenó a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, las que si bien fueron encabezadas por estudiantes secundarios y universitarios reflejaron la aparición de “nuevas identidades sociales y su cuestionamiento de una política tejida, desde la transición, sobre la base de la exclusión subalterna, sin viabilizar formas de acuerdo social alguno” (p. 127).

Las reflexiones de Ruiz se inscriben en un intenso debate que se inició en 1997 con la publicación del libro de Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito. En los años siguientes, este debate se centró en la naturaleza del régimen que sucedió a la dictadura militar encabezada por el general Pinochet (1973-1990). Se plasmó en el Manifiesto de los Historiadores (1999) compilado por Sergio Grez y Gabriel Salazar, en el que once historiadores respondieron a la “Carta a los Chilenos” redactada por el general Augusto Pinochet a fines de diciembre de 1998, tras su detención en Londres. Esa carta fue percibida por ellos como una distorsión y un crimen a la memoria de los chilenos. En 2007, apareció el Tercer Manifiesto de Historiadores titulado La dictadura militar y el juicio de la historia. Ese debate se centró en el análisis crítico del régimen militar sin referirse a lo ocurrido después de la transición y a los gobiernos “democráticos”. Es en años recientes que el debate pasó a concentrarse en lo ocurrido después de 1990, realizando un balance crítico de los gobiernos de la CPD y de la Nueva Mayoría (2014-2017).

Así, Maria Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo (2009), documentó ampliamente lo acontecido en el ámbito de la educación, al develar las redes de poder de las universidades privadas¹ en tres libros que dejaron al descubierto el carácter poco académico de la educación superior existente en Chile. En particular, cuantificó las importantes ganancias que el sector financiero chileno obtiene de la administración de las instituciones de educación superior y, sobre todo, del programa de becas para los estudiantes universitarios encuadrado en el denominado Crédito con Aval del Estado (CAE). Constató que la expansión de la matrícula de las universidades descansa más en estrategias de financiamiento como el cae establecido durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) por Sergio Bitar, su ministro de educación, que, en un afán de promover el acceso a la educación superior entre los jóvenes chilenos, creó un sistema de becas en el cual el Estado se haría cargo del reembolso a los bancos en caso de morosidad. El cae se transformó en un mecanismo de obtención de lucro que favoreció y favorece la rentabilidad de los bancos al tener la garantía estatal de los préstamos impagos. Monckeberg identifica las redes de poder que hay detrás del lucro de la educación superior.

Podemos inferir que la evidencia empírica expuesta por Monckeberg fue de gran utilidad para Alberto Mayol, cuando empezó a publicar una serie de libros que constituyen una crítica a los fundamentos del régimen neoliberal y al pacto suscrito por las élites políticas con los artífices del régimen militar.² En 2011, el movimiento estudiantil universitario despertó la conciencia de los chilenos y les hicieron percatarse no sólo de las deficiencias del sistema educacional, sino también de los “abusos” de las grandes empresas del comercio, de los servicios públicos (luz, agua, gas). Según Mayol:

El año 2011 los estudiantes pidieron educación pública, gratuita y de calidad. Eso equivale a pedir más democracia, más igualdad y más desarrollo. ¿Por qué fueron vilipendiados por las autoridades? Porque un país diseñado en la despolitización y orientado a producir materias primas, que es el diseño que se hizo de Chile durante la dictadura, no necesita educación. Para explotar minas, para talar árboles, no se necesita educación. Y más aún, para poder afirmar que la política es venenosa y que no se puede tocar sin resultar contaminado, es imprescindible la ausencia de espíritu crítico. Nuestro modelo de sociedad no sólo no necesita educación, tampoco la resiste. Por eso la demanda estudiantil terminó con un triunfo de los estudiantes y el fin de un ciclo político.³

Es en este contexto que se inscribe el libro de Carlos Ruiz, el cual, en su primera parte, concentra su atención en el período que se inició en 1990 y se prolonga hasta la actualidad, el que define como una “democracia neoliberal”. Como otros autores, Ruiz resalta la existencia del pacto de la transición que fue concertada entre 1986 y 1989 y culminó con las elecciones presidenciales y legislativas de diciembre de 1989 y la toma de posesión de la presidencia por Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990. Como lo han demostrado varios estudios de dicho pacto, los que negociaron la transición se comprometieron a dar continuidad al proceso de construcción de un régimen neoliberal, en el que las instituciones derivadas de la Constitución de 1980 no fueran cuestionadas. Así, en los términos de Weffort, se generó una “nueva democracia” en la que la articulación entre instituciones autoritarias y democráticas permitió que los aspectos centrales del régimen dictatorial se mantuvieran incólumes.

El detonante de la reflexión de Ruiz, como lo fue para Monckeberg y Mayol, fue la movilización de los estudiantes de la educación secundaria de mayo de 2006 (el de los pingüinos) y de los universitarios desde mediados de 2011. Esos movimientos abrieron una coyuntura que expresó un profundo descontento de varios sectores a la sociedad chilena con los resultados de la transición. En forma similar a lo argumentado por Mayol, la hipótesis central es que esos movimientos reflejan agravios que impiden considerar el régimen que se inició en 1990 como democrático, sobre todo porque se identificó a tal punto con el proyecto económico neoliberal que le impidió canalizar las demandas de esos sectores. Los eventos que tuvieron lugar en Santiago y en otras ciudades de Chile entre los meses de mayo y junio de 2006 y durante el año 2011 pusieron al descubierto las deficiencias del sistema educacional y a partir de ahí desnudaron la naturaleza del régimen económico, social y político que se instauró a partir del retorno a la democracia el 11 de marzo de 1990 y constituyen la base empírica del argumento de Ruiz.

En efecto, las movilizaciones estudiantiles, más allá de las cuestiones específicas relacionadas con la forma de operar del sistema educacional, reflejaron la aparición de una grieta en lo que hasta ese entonces el régimen concertacionista había administrado sin mayores turbulencias. Para Ruiz, los estudiantes pusieron al descubierto procesos que hasta ese entonces habían estado encubiertos. Las deficiencias que fueron señaladas por los estudiantes se focalizaron en la denuncia del afán por el “lucro” y de la mercantilización que permea todas las relaciones sociales en Chile, en particular en el ámbito del sistema educacional y que demuestran la centralidad excesiva del dinero en la cultura chilena. En la primera parte del capítulo tercero del libro, se documentan “los cerrojos de la transición” que describen la experiencia social y política bajo la dictadura, la privatización de los servicios sociales, el rescate estatal de los grupos económicos, la intensa represión que busca el control del conflicto. Más adelante, describe la transición a partir de la idea del regreso de los sectores sociales y políticos y el nuevo panorama social que se vio frustrado por la derrota de los sectores populares y de la izquierda, en lo que denomina la ruta social y política hacia la transición: es aquí donde se gestó el “matrimonio entre neoliberalismo y democracia”, es decir la utopía de la política sin sociedad. Todo lo cual culmina con la nueva alianza y el Estado redefinido en el poder que se proyecta en la democracia.

Para Ruiz, esos agravios niegan el carácter democrático del régimen emanado de la transición, porque, al mercantilizar todas las relaciones sociales y dar una primacía al dinero en su construcción, la participación de los chilenos en la política se desvaneció. Más aún, esa mercantilización contribuyó a deformar el ejercicio de la política que también se adaptó a esta nueva lógica en la que el dinero es el parámetro con el que se miden todas las prácticas. En este sentido, se identificaron prácticas ejercidas por grandes empresarios para financiar en forma encubierta las campañas electorales mediante mecanismos que les permiten ejercer presión sobre los parlamentarios cuando éstos legislan sobre materias que tienen que ver con sus empresas. Estas prácticas involucraron a ministros de estado que directamente llegaron incluso a redactar los textos de los proyectos de ley discutidos en el Congreso. En particular, empresas como la Sociedad Química y Minera de Chile (soquimich) y el Grupo penta sobresalieron en la creación de esos mecanismos⁴ que no sólo contribuyeron a financiar las campañas electorales de los candidatos, sino también a influenciarlos una vez electos para favorecerlos en la elaboración de las disposiciones legales que los afectaban.

En la segunda parte del libro (capítulos 6 a 8), después de identificar los orígenes del descontento, del cual el movimiento estudiantil fue un síntoma central, aborda lo que podemos considerar el tema central de su libro, donde muestra cómo el régimen de la democracia neoliberal traicionó la promesa liberal del ascenso social que los estudiantes vieron frustrada. Percibieron que el supuesto talento de las élites no era tal y que la tecnocracia que fascina a los dirigentes políticos en los procesos de toma de decisión no era sino un espejismo. Por ejemplo, los errores cometidos en el diseño de proyectos como el sistema de transporte de la capital, el TransSantiago, demostraron que los expertos no se habían compenetrado de la complejidad de los circuitos adoptados por la población en sus desplazamientos, contribuyendo así a generar una inconformidad generalizada. También el proyecto de reforma educacional emprendido en el segundo gobierno de Michelle Bachelet a partir de 2014 dio lugar a una discusión sobre la propuesta de la gratuidad que duró dos años y que se plasmó en una ley que no satisface a los estudiantes.

Aparece, así, una discusión sobre la “democracia neoliberal” que puede acercarse a lo que Francisco Weffort había denominado las “nuevas democracias”,⁵ en las que coexisten instituciones democráticas con la herencia autoritaria y donde la sociedad civil se subordina al aparato estatal. Cabe preguntarse si hay más continuidad con el régimen autoritario de lo que se supone, sobre todo porque la estructura institucional de las “nuevas democracias” se centraliza en el poder ejecutivo, convirtiendo el poder legislativo en una instancia de refrendo de la autoridad presidencial. La política ya no es acción producida, sino que se identifica con métodos de gestión administrativa. Ruiz firma que “si la clausura del juego electoral y la represión sobre las organizaciones sociales y políticas distancia, entonces, a la élite política de izquierda de los sectores sociales que representaba, y eso posibilita una inédita autonomía respecto de los propios partidos, ello refuerza el carácter elitista de la política, e introduce una fisura entre los intereses de esta élite de izquierda y los sectores sociales que supuestamente representa en la lucha política” (p. 147).

Ruiz argumenta que es necesario reintroducir una verdadera “política” que dé lugar a una democracia participativa, porque “el uso neoliberal del Estado, a manos de unas tecnocracias que secuestran del espacio público las discusiones más sustantivas, en su lógica subsidiaria de la acumulación privada, requiere de fuertes restricciones a la democratización política, a fin de garantizar una orientación del modelo de desarrollo en beneficio de restringidos grupos sociales” (p. 158). En este contexto, lo público pierde relevancia al primar el individualismo que suprime la acción colectiva, anulando espacios de participación a toda clase de organizaciones, como fueron los sindicatos. Convincentemente, Ruiz afirma que, al contrario de lo que se afirma frecuentemente, “la experiencia neoliberal, especialmente cuando alcanza grados de constitución hegemónicas, presupone para su formación y reproducción una reformulación del Estado, no su constricción. El neoliberalismo avanza diluyendo el viejo estado, pero no el Estado en sí, el que a su paso reformula y del cual depende íntimamente” (p. 156).

Por lo anterior, el desafío actual, y que fue expresado por la movilización estudiantil, que no se limitó sólo a demandas sobre el sistema educacional o la deuda estudiantil, es el de socializar el ejercicio de la política, sacándola del canal parlamentario o estatal. Esta redefinición de la política implica reconstruir la noción del derecho social en la que el diseño de mecanismos de integración social sea central. Este rediseño debe orientarse a corregir radicalmente las nuevas desigualdades que generó el neoliberalismo que no se limitan al ingreso, sino que incluyen el acceso a la educación, a la salud, a los servicios urbanos, a la igualdad de género, a la disponibilidad de espacios de convivencia que permitan superar la privatización de la vida cotidiana, la sustentabilidad, el acceso a la cultura y la reformulación de la programación televisiva.

En este sentido, la búsqueda de la política, como titula Ruiz su último capítulo, es una reflexión sobre el futuro, noción que el neoliberalismo también había evacuado. La nueva política supone superar tanto la idea decimonónica de democracia representativa como la idea del socialismo leninista, ya que ambas se han revelado incapaces de enfrentar las transformaciones que ha generado el proyecto neoliberal. Así, en las palabras de Ruiz, “en un ideario socialista del siglo xxi, la democracia debe implicar la radicalización, sin reservas tanto de la igualdad como de la libertad” (p. 176).

En todo caso, el planteamiento del libro remite a una crítica muy bien fundamentada de lo que fueron los gobiernos emanados de la salida del régimen dictatorial. Los argumentos del autor profundizan el debate que se abrió en 1997 a través del libro citado de Tomás Moulian y problematizan los límites de los textos de Monckeberg y de Mayol que, si bien constituyen aportes centrales para la evaluación de la acción de esos gobiernos y de las consecuencias que tuvieron sus políticas, no plantearon propuestas como las formuladas por Ruiz, en la segunda parte de su libro. Es a través de su discusión y sobre todo de la necesidad de formular los mecanismos políticos para llevarlas a cabo que el valor del libro alcanzará su propósito. En efecto, el tiempo transcurrido desde 1990 y las políticas implementadas desde entonces no tuvieron el éxito esperado.

Los chilenos se desencantaron de las promesas de los que llevaron a cabo la transición entre la dictadura y el régimen democrático. Después de 2006, se movilizan en contra de los fraudes cometidos por altos funcionarios empresariales, oficiales de las fuerzas armadas militares y policías,⁶ engaños como los cometidos con el sistema de fondos de pensiones,⁷ el desastre del sistema de transporte colectivo santiaguino (el TransSantiago), las políticas de fomento de crédito al consumo que ha elevado la deuda privada en forma exponencial. Dicho desencanto ha fomentado un sentimiento de agravio colectivo que da lugar a la marginación del sistema de representación política que se manifiesta en el notable aumento de la abstención electoral. Todo ello conduce a una evaluación muy negativa del contenido “democrático” y a la generación de altos niveles de alienación por parte de una población que no percibe lo que los economistas celebran de la versión chilena del modelo neoliberal.

En efecto, esos agravios y el desencanto que se manifiesta en los conflictos estudiantiles, en las protestas en contra del sistema de pensiones y en el funcionamiento de los servicios de salud, entre otros, sorprende al tomar en cuenta que la economía chilena ha experimentado una sextuplicación de su Producto Interno Bruto entre 1990 y 2015, lo cual ha incrementado el PIB por habitante en la misma proporción.⁸ Se revela, así, una fuerte tensión entre la evolución de la macroeconomía y la percepción que los chilenos tienen de su situación personal. Lo que podría explicar tal desencanto es que, a pesar de que el “milagro chileno” del periodo 1990-2015 refleja un intenso proceso de acumulación de capital, esta evolución no encuentra reflejo en la economía personal y familiar: según los datos del Banco Mundial, Chile es hoy uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, con un índice de Gini de 50.8, mientras que los deciles 9 y 10 concentran más del 54.5% del total del ingreso nacional. Algo similar ocurre con la evolución del sistema educacional que, a pesar de haber aumentado su cobertura, lo hizo a costa del endeudamiento de las familias, lo cual fue uno de los detonantes de las movilizaciones de 2006 y de 2011.

Por tanto, se puede suponer que la calificación por parte de Carlos Ruiz de que en Chile hay una “democracia neoliberal” se revela correcta en la medida que nos muestra que la versión chilena del neoliberalismo produce efectos políticos que impiden un desarrollo democrático que involucre a la población. De ahí, la necesidad de construir un régimen democrático participativo como el que propone el autor en las páginas finales de su libro.