Coordinado por la sinóloga mexicana Marisela Connelly, este libro conjunta algunas investigaciones elaboradas por los integrantes del Cuerpo Académico Seguridad y Conflicto en Asia, cuyas actividades se realizan en El Colegio de México. Los ensayos que informan el libro enlazan el tema de la seguridad humana con un ámbito imprescindible para el mantenimiento de un entorno seguro para las sociedades contemporáneas: las políticas de protección del medio ambiente. Los estudios de caso abarcados por el libro cubren una diversidad de ámbitos geográficos, desde países ubicados en Asia del Este (China y Camboya), los países miembros del Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC), hasta México y el Medio Oriente, ofreciendo una muestra de la diversidad de problemas que enfrenta la instrumentación de los principios del concepto de seguridad humana en estos países y regiones.

Los ensayos especializados en el estudio de los países miembros de la APEC, China, Camboya y México, elaboran un análisis sobre las problemáticas ambientales que enfrentan, identificando las posibles causas de los riesgos ambientales que amenazan la seguridad de sus habitantes y haciendo una reflexión sobre el conjunto de las reformas políticas que podrían ofrecer soluciones al deterioro de su medio ambiente. En especial, el artículo de Marisela Connelly analiza las políticas de protección ambiental en China y los movimientos de protesta, efectuados por la ciudadanía de ese país, convocados con la finalidad de exigir el reforzamiento y la efectividad de las medidas de protección del entorno por parte de las autoridades chinas. A su vez, los ensayos que estudian el caso de Medio Oriente concentran su análisis en los problemas de seguridad tradicional, a causa de la naturaleza autoritaria de los regímenes políticos existentes en la región y los movimientos de protesta realizados, a partir de 2011, por amplios sectores de sus sociedades con la finalidad de iniciar una democratización de los sistemas políticos (sin resultados claros hasta el momento).

Algo que debe apuntarse es que si bien en los países de Medio Oriente (Luis Mesa Delmonte analiza Egipto, Bahréin, Libia, Túnez y Siria, y Manuel Ruiz Figueroa, Egipto) hay por igual problemáticas relacionadas con la calidad del medio ambiente, estos temas no resultan prioritarios por la urgencia de encontrar solucionar los problemas sociales y de seguridad tradicional de la región, así como a los conflictos geopolíticos en el entorno inmediato de esos países.

En el primer capítulo del libro, Alejandro Chanona Burguete elabora un análisis de los conceptos de seguridad nacional y seguridad humana y la relación que mantienen con las políticas de protección del medio ambiente, advirtiendo la importancia que tiene este tema para el sistema internacional actual. En primer lugar, desde la perspectiva del concepto de seguridad nacional, el autor analiza “el lugar que ocupa la seguridad ambiental como parte de la agenda de seguridad de los Estados”, según las diversas problemáticas que pueden presentar y los discursos que circunscriben los problemas ambientales al ámbito de la seguridad (la llamada “securitización”). En segundo, se analiza el concepto de seguridad humana (con una visión antropocéntrica relacionada con el desarrollo humano y el desarrollo sustentable) y su relación con la necesidad de instrumentar políticas de protección ambiental.

En su artículo, Chanona Burguete elabora una descripción de la evolución que han mantenido diversas perspectivas teóricas sobre el estudio del tema de la seguridad nacional (como la Escuela de Investigación para la Paz de Copenhague o los Estudios Críticos de Seguridad), orientadas a un estudio más allá de los aspectos puramente militares. Desde un punto multidimensional, los aspectos que también deben tomarse en cuenta en el análisis de las políticas de seguridad de los estados abarcan cuestiones políticas, económicas, sociales y ambientales. Con el inicio del periodo de Posguerra Fría emergió un nuevo contexto para el análisis integral de los problemas de la seguridad nacional de los Estados. De esta forma, a partir de 1994, desde las políticas de cooperación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se promovió el concepto de seguridad humana “como un paradigma que prioriza el bienestar y la protección de los individuos como la mejor forma de garantizar las seguridades nacionales de los Estados” (p. 17). El concepto de seguridad humana tiene el propósito de vincular las agendas de seguridad y desarrollo, a más de incluir temas como los derechos humanos o las cuestiones humanitarias a la luz de los conflictos armados y las misiones para el establecimiento de la paz.

El autor describe la evolución que ha mantenido la agenda del movimiento mundial de protección del medio ambiente desde la década de 1960 hasta la actualidad. Durante este tiempo, la agenda ambientalista, de manera creciente, ha sido incorporada como parte de las prioridades para mantener la seguridad de los estados. En la actualidad hay un consenso generalizado entre la comunidad científica de que la degradación ambiental y fenómenos como el cambio climático inciden en problemas sociales y amenazas extramilitares a la paz y la seguridad como la escasez de recursos (incluidos conflictos internacionales por recursos como el agua), la salud pública, el crimen, la inseguridad y la desintegración social (todos con una dimensión que puede ser transfronteriza).

La seguridad ambiental ha alcanzado una centralidad para la seguridad nacional subrayando la importancia de la protección de “las personas, las comunidades –tanto en términos físicos, como de la civilización– y el Estado –en su estructura, base económica, integridad territorial y orden interno– de las amenazas que representan los desastres naturales y la degradación del medio ambiente” (p. 25). Para el autor, en la actualidad las prioridades de la seguridad ambiental se concentran en la protección tanto de las personas, como del Estado: “un claro ejemplo de cómo pueden empatarse la seguridad nacional y la seguridad humana” (p. 25). Desde esta forma, los aspectos ambientales de la seguridad humana pueden analizarse a partir de la siguiente agenda: 1) el derecho a un medio ambiente sano y sustentable que sancione a quien contamine; 2) la protección de personas en el caso de conflictos ocasionados o potenciados por fenómenos de degradación ambiental o escasez de recursos; 3) la visión integral en la que convergen las nociones de seguridad humana, desarrollo sustentable y desarrollo humano: centrada en “la integridad de los ecosistemas como elemento crucial para la vida y el desarrollo de las personas” (p. 37).

Si bien los críticos de la seguridad humana argumentan que el concepto resulta demasiado amplio y que confunde la agenda de la seguridad con la agenda del desarrollo, a partir de la década del 2000 una diversidad de políticas de cooperación internacional se han centrado en los enfoques y prioridades de la seguridad humana. Esto se debe a que el concepto posee una perspectiva que “trasciende la noción de protección física e incluye aspectos relacionados con el bienestar y la dignidad de las personas, por lo que está estrechamente relacionada con nociones como desarrollo humano y desarrollo sustentable” (p. 32). Otro aspecto relevante es el señalamiento de que la seguridad humana es distinta a las políticas de intervención militar, como la seguridad de proteger, por lo que la primera no implica “el uso de la fuerza, medidas coercitivas y no reemplaza la seguridad del Estado” (p. 34).

El enfoque centrado en la seguridad humana, como un principio generador de las políticas de cooperación internacional para la protección ambiental, tiene la finalidad tanto de enfrentar y dar una solución a las problemáticas ambientales existentes (y su repercusión en la población global), como la generación de políticas de cooperación para la prevención de los riesgos y amenazas generadas por la degradación ambiental y fenómenos como el cambio climático. Lo anterior convierte el tema ambiental en “un referente de la reconfiguración de los asuntos de seguridad y defensa nacionales” y, por lo tanto, en un tema trascendente para las agendas de cooperación internacional de la actualidad (p. 46).

En el segundo capítulo, Antonina Ivanova Boncheva y Ana Bertha Cuevas Tello estudian los acuerdos y las políticas de cooperación instrumentados por los países miembros de la APEC, para reducir los contaminantes que emiten y enfrentar los problemas de degradación ambiental y las consecuencias que puede tener el cambio climático regionalmente. El fenómeno del cambio climático es de particular importancia para los países del Sureste de Asia, porque muchos de ellos son vulnerables a la elevación del nivel del agua del mar causado por el calentamiento global y el derretimiento del hielo polar.

Mediante la Declaración de Sídney de 2007, los miembros de la APEC instrumentaron un discurso oficial del Foro, así como algunas medidas de cooperación orientadas a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Algunas de estas medidas involucraron la eficiencia energética en el desarrollo de sus capacidades productivas, políticas de reforestación, incentivar el uso de tecnología de baja emisión de contaminantes y el uso de fuentes de energía de baja emisión de carbono, la liberalización comercial de bienes y servicios ambientales, el uso de energía limpia en el transporte aéreo y la protección de los ecosistemas marinos. Sin embargo, como mencionan las autoras, las prioridades de los miembros de la APEC se sitúan en la continuidad de sus metas de liberación económica, inversión y apertura comercial, condiciones que producen una falta de homogeneidad en la aplicación real de las políticas de protección ambiental entre las diferentes economías de la APEC. La contradicción entre las aspiraciones de crecimiento económico y las políticas ambientales propicia que estas últimas sean lentas o inefectivas.

En el tercer capítulo, José Luis Lezama hace una comparación entre las políticas de protección ambiental instrumentadas por las autoridades de la Ciudad de México y de Beijing, con la finalidad de mejorar la calidad del aire que respiran los habitantes de ambas ciudades. En el caso de China, los graves problemas ambientales que sufre el país en la actualidad, en especial la contaminación del aire en sus centros urbanos (actualmente China posee 15 de las ciudades más contaminadas del mundo), es consecuencia directa de las políticas de industrialización acelerada (y, a veces, desordenada) que ha instrumentado este país desde finales de la década de 1970. Los efectos de la contaminación en las ciudades chinas se han convertido en un grave problema de salud pública para sus habitantes, algo reconocido por el régimen comunista desde la década del 2000.

En México, como señala el autor, los problemas ambientales han sido reconocidos por los gobiernos nacionales desde la década de 1970. De la misma forma, junto al reconocimiento en el discurso político, la posición de los gobiernos mexicanos frente a los problemas ambientales se ha orientado hacia la instrumentación de los marcos jurídicos e institucionales adecuados para la coordinación de las políticas de protección del medio ambiente (muchas de las cuales, en el papel, se han situado al nivel de los estándares de los países desarrollados). Sin embargo, a lo largo del tiempo las políticas de protección del medio ambiente en México no han mantenido la misma efectividad que las políticas llevadas a cabo en otros países, situándose en un plano meramente discursivo y normativo. De forma contradictoria, con el tiempo los problemas ambientales de México han aumentado y se han extendido geográficamente, como en los casos de la deforestación en todo el territorio nacional, la pérdida de biodiversidad, la invasión de costas para el desarrollo de complejos turísticos o la contaminación del aire en centros urbanos. Esto se debe a ciertas prácticas propias del sistema político mexicano en el que ha prevalecido un déficit en el respeto a las normativas ambientales, la impunidad y la corrupción.

Como comenta José Luis Lezama, Beijing y la Ciudad de México comparten algunas características en sus problemas de contaminación del aire, aunque las causas de esta contaminación también poseen algunas diferencias. En el caso de Beijing, la contaminación del aire puede atribuirse principalmente a la abundancia de partículas suspendidas que son producidas por la industria que circunda a la ciudad (la cual, durante mucho tiempo, ha utilizado el carbón mineral como principal fuente de energía). Por su parte, la calidad del aire de la Ciudad de México es afectada principalmente por la contaminación fotoquímica (el ozono se encuentra entre las sustancias más dañinas), siendo el transporte urbano uno de los principales emisores de estos contaminantes.

Como conclusión, el autor señala que, no obstante sus diferencias, ambas ciudades pueden instrumentar políticas de protección ambiental similares para mejorar la calidad del aire que respiran sus habitantes. Entre estas medidas se encuentran: 1) “emprender las mejoras tecnológicas necesarias en plantas productivas y flotas vehiculares, en términos de combustibles de bajas emisiones y tecnologías anticontaminantes”; 2) hacer eficientes las políticas de desarrollo urbano, transporte y medio ambiente; 3) crear los mecanismos institucionales que otorguen el poder necesario a las instituciones encargadas de aplicar las normas y leyes de protección ambiental y vigilar su cumplimiento (p. 117). El autor subraya el aspecto institucional: el respeto a la normatividad es esencial para que sean efectivas las medidas de protección ambiental.

En el cuarto capítulo, John Marston presenta los resultados de una investigación de campo efectuada en la región de Tang Krasang, en Camboya, sobre las inundaciones que afectaron la región en el año 2011. Como señala el autor, las inundaciones provocaron un desastre humanitario, destruyendo los medios de subsistencia de sus habitantes y afectando sus medios de movilidad básicos. Hasta el momento no resulta claro si las inundaciones fueron producidas por el fenómeno del cambio climático, la deforestación, por un periodo de lluvias atípico o por la construcción de presas en la parte alta del río Mekong, en China (o por una combinación de los factores anteriores). Sin embargo, como señala el autor, las consecuencias del desastre natural podrían gestionarse mejor, si el gobierno de Camboya instrumentara un sistema más desarrollado para manejar este tipo de desastres y se incrementaran las redes de seguridad y protección de la población.

En el quinto capítulo, Marisela Connelly presenta el resultado de una investigación de campo realizada en China. En su trabajo, la autora elabora un análisis de algunos de los movimientos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales existentes en China a partir de la década de 1980, cuyo propósito es proteger el entorno. Un resultado importante de la investigación es el señalamiento de que a partir de la década de 1990 ha podido observarse un aumento en la participación de la ciudadanía china en la organización de movimientos de protesta para reclamar la protección de su entorno ambiental.

El incremento de los movimientos ambientalistas analizados puede explicarse por las políticas de desarrollo industrial llevadas a cabo en China. Desde el inicio del proceso de reforma y modernización en 1978, el gobierno chino ha instaurado un conjunto de políticas de protección ambiental aunque éstas han estado subordinadas a los proyectos de desarrollo e industrialización. La contradicción anterior se agudiza en los niveles de gobierno local (provincial y municipal), donde las políticas de protección ambiental generadas por el gobierno nacional enfrentan restricciones para su aplicación, porque las autoridades locales tienen como prioridad la productividad de sus regiones, sin importar el entorno o la salud de la población. Algo similar ocurre con la legislación de protección ambiental aprobada por la Asamblea Popular Nacional y su aplicación real en los niveles de gobierno local.

La degradación ambiental en las comunidades ha provocado que en China se haya convocado un conjunto de movimientos de protesta a partir de la década de 1990. Estas protestas se han dirigido en contra de algunas compañías que efectúan actividades económicas e industriales altamente contaminantes con el apoyo de las autoridades locales. Según la autora, los movimientos de protesta analizados han incidido en una toma de conciencia por parte del régimen comunista chino para modificar las prioridades sobre el desarrollo acelerado del país hacia un modelo de desarrollo económico en que las leyes y las instituciones tengan una responsabilidad fundamental en la protección del medio ambiente y, por consiguiente, en el mantenimiento del bienestar de la población. Algunas de las organizaciones no gubernamentales chinas, enfocadas en la protección de medio ambiente, analizadas por la autora, son: Amigos de la Naturaleza, Voluntarios de Tierra Verde, Instituto de Asuntos Públicos y Medio Ambiente, Guardianes del Río Huai, Comité de Educación Ambiental de Shanghai y la Unión Verde de Shanghai.

Los movimientos de protesta más significativos estudiados por la autora son: el conflicto en Dongyang (Zhejiang) de 2005, la protesta en Xiamen y Zhangzhou (Fujian) de 2007, la Protesta en Shifang (Sichuan) de 2012, el conflicto por la contaminación del río Shonghua (en Heilongjiang y la frontera sino-rusa) de 2005, las protestas por la construcción de la presa de Pubugou en el río Dadu (Sichuan) entre 2004-2006, la campaña para la protección del río Nu (Yunnan) a partir de 2003. Estos movimientos de protesta en China han incidido en un reconocimiento, por parte de las autoridades políticas, de los derechos ambientales de la población.

En el sexto capítulo, Luis Mesa Delmonte hace un amplio análisis de los movimientos de protesta realizados a partir de 2011 en Egipto, Bahréin, Libia, Túnez y Siria, así como de las consecuencias que han sobrevenido en esos países para sus condiciones políticas, económicas y de seguridad. Como describe el autor, estos movimientos tuvieron en común reclamos populares en materia política, económica y social, es decir las aspiraciones de democratización, el mejoramiento de las condiciones económicas y la eliminación del autoritarismo y la violencia represiva de las autoridades, que pueden identificarse con los principios de la “seguridad humana”. Sin embargo, en cada país la evolución de las protestas tuvo unas características distintivas por las condiciones económicas y el sistema político autoritario en particular. En la actualidad, en la mayoría de esos países (con la excepción de Túnez) ha prevalecido un incremento del autoritarismo, un retroceso en las prácticas democráticas que había y, en los casos más extremos, como en Libia o Siria, se desencadenaron conflictos bélicos brutales que han llevado al Estado al límite de su desaparición.

En el séptimo capítulo, Manuel Ruiz analiza los procesos políticos que llevaron a la juventud de Egipto a manifestarse en 2011 en contra del régimen de Hosni Mubarak y las consecuencias inmediatas por el cambio de régimen en ese país. Según el autor, las protestas populares en Egipto pueden considerarse la evidencia de un cambio generacional entre la sociedad egipcia, en el sentido de un cambio de identidad de la juventud de ese país. Este cambio generacional puede ofrecer una transformación del devenir de la sociedad egipcia trascendiendo al régimen autoritario instaurado en 2013.

Seguridad humana, medio ambiente y protestas populares en Asia y África del Norte ofrece aportaciones valiosas generadas en México sobre el estudio de algunas sociedades contemporáneas ubicadas en Asia del Este y el Medio Oriente, especialmente al comparar la situación de la seguridad humana en algunos países de ambas regiones.