1. El punto de partida

¿Qué es lo que nuestros dogmáticos y jueces han hecho para reformular las disposiciones constitucionales sobre derecho interestatal? No basta conocer o recitar el texto jurídico prescrito, porque tampoco es aceptable que repitan los signos del lenguaje objeto, que consulten un diccionario, ni aceptar lo que otros han afirmado en torno a su sentido. A un investigador le importa comenzar conociendo la perspectiva asumida por jueces y doctrinarios al presentar sus reformulaciones, contar, a la vez, con una propia. En mi interés, para este estudio, me pregunto: ¿cuál ha sido el método seguido para acertar en el conocimiento?

Por lo general, jueces, abogados y escritores se conforman con interpretaciones sugeridas por precedentes y doctrina, lo que significa caer en el dogma. Podemos aceptarlas o rechazarlas, pero para un investigador es indispensable conocer el procedimiento seguido por el intérprete consultado. Es reprobable que un trabajo de "investigación" sólo se quede con lo que dice un autor o un precedente judicial. No cabe conformarse con un argumentum ad quietem (al reposo) o alguno ab autoritate.

Para un reformulador (juez o doctrinario) es necesario contar con un punto de partida que le facilite adentrarse en el conocimiento del texto objeto, comenzando por precisar ese punto, especialmente el tomado por la doctrina y las decisiones judiciales producidas. ¿Cuáles son los lentes con los que cuenta? Preguntémonos cuál es el área o apartado del conocimiento que nos auxilia a esto, a partir de la respuesta, se podrá conocer qué y para qué sirven esas disposiciones, cuál es su función, cómo ha evolucionado su interpretación.⁷

Para emprender una tarea reformulatoria, es imprescindible partir de un marco de referencia, un modelo hermenéutico, propio para la interpretación objeto de nuestro interés. Ante la diversidad de contradicciones interpretativas producidas (judiciales y doctrinarias), es necesario que nos expliquemos en forma razonada y justificada por qué los intérpretes han afirmado una específica interpretación. ¡Vamos! Se trata de conocer su punto de partida.

Cabe iniciar con la fuente jurídica de mayor importancia para la resolución de los problemas de tráfico jurídico interestatal (la Constitución), así como para conformar la disciplina del derecho interestatal. Para lograr esto, es necesario un enfoque epistémico y metodológico. Es necesario una toma de posición en torno al punto de partida. ¿Cuál ha sido la de los reformuladores habidos?

No se trata de cualquier punto de vista, cualquier guía o dirección consultada o que se nos ocurra. Desgraciadamente no se ha sido definido este punto de partida en la doctrina de los dogmáticos ni en las resoluciones judiciales producidas. Intentaré explicar lo que de estas construcciones he percibido.

Para explicar la construcción producida hasta ahora, he procurado inferir el punto de partida de jueces y doctrinarios para conocer su punto de partida. El hecho es que ni la doctrina ni los precedentes judiciales (la racionalidad judicial) han definido su perspectiva inicial; por ello, he tratado de descubrirla, "leyendo entre líneas" la ideología subyacente. En mi búsqueda he inferido diversos "enfoques" y vestigios observados, que procuraré ir explicando.

Debemos tomar en cuenta que para una reformulación es necesario contar con unas gafas que nos permitan contemplar nuestro objeto de conocimiento. Por desgracia, no todos los que han hablado de ese objeto han contado con unas gafas, y cuando las han tenido, tampoco han sido las correctas.

Explicaré lo que he observado en mi indagación: entre la Constitución de 1824 y la de 1857 no encontré doctrina ni decisiones judiciales de interés que me permitieran conocer algún enfoque epistémico adecuado. No obstante, no debo olvidar algunos textos y opiniones que observaron a las entidades federativas como soberanas, y, prácticamente, conformando una confederación, no exactamente un estado federal. No fue hasta después de la segunda mitad del siglo XIX cuando comenzaron a darse a conocer algunos elementos que me proporcionaron algunos datos para inferir la perspectiva epistémica asumida.

Desde entonces, y casi hasta ahora, he podido advertir que las reformulaciones habidas han partido de diversas direcciones metodológicas. Han sido tomadas como parte del derecho civil, del derecho procesal, del derecho constitucional, del derecho internacional privado. Los juicios han sido oscilantes. Ninguno ha observado las disposiciones constitucionales interestatales (el objeto de conocimiento) como parte de una disciplina autónoma, con un propio enfoque epistémico; esto es, con una específica matriz disciplinaria.

Por lo general, la aprehensión del objeto de conocimiento ha sido un tanto intuicionista a la manera "inmediata", no la "mediata", que nos permite emplear inferencias y razonamientos.

A mi parecer (debo adelantarlo), el enfoque que debiera adoptarse debe ser uno propio o autónomo, específico para una propia disciplina: la del derecho interestatal. Los tribunales judiciales han contribuido a moldear una perspectiva metodológica, aunque con oscilaciones contradictorias, bastante paradójicas y, a mi parecer, alejadas de un aceptable enfoque epistémico.

Presento enseguida las perspectivas legislativas, judiciales y doctrinarias que he inferido a partir de los tratos e interpretaciones producidos al paso del tiempo.

2. Perspectiva legislada

Inicio con la Constitución de 1824 (la que conformó a México como Estado federal). Por ese entonces, se asentó, como posibilidad, "uniformar las leyes" del país. Su artículo 143 expresaba, en seguida de la cláusula de entera fe y crédito: "el Congreso General uniformará las leyes, según las que deberán probarse dichos actos, registros y procedimientos". Aunque esto fue lo establecido por los legisladores (constituyentes) del texto constitucional, no me parece que realmente se hubiera procurado "uniformar las leyes del país" ni que sirviera para construir un argumento psicológico; más bien se trataba de conformar un estado federal. Tan es así, que en la Constitución de 1857 aquella redacción fue eliminada. Más bien, los legisladores procuraron un estado federal para unir lo que se estaba desuniendo.

Lo que yo infiero es que en esa Constitución de 1824 se procuró asegurar la vinculación entre los estados (incluidos líderes en pugna), que luego conformaron la Unión, en términos bastante semejantes al enfoque diseñado para la conformación del texto constitucional estadounidense, texto que, aunque con una incorrecta traducción, se procuró reproducir en parte. Ese diseño inicial tampoco se encaminó para introducir normas conflictuales, como algunos suelen creer y afirmar.

Debo resaltar que, aunque la cláusula de entera fe y crédito fue importada de Estados Unidos,⁸ el sentido y significado que al paso del tiempo se le ha dado en México ha sido diferente a la del lugar de su origen. No hay que olvidar que aunque los constituyentes de 1824 tuvieron a la mano un ejemplar de la Constitución estadounidense, México prácticamente se desmembraba. Por un lado, Chiapas, Guatemala, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, entre otros, deseaban su independencia. La construcción de un orden federal en México sirvió para unir lo que se estaba desuniendo.

Se crearon las entidades federativas con un "gobierno propio" y darse sus propias leyes, pero desgraciadamente no se tomaron muy en serio las relaciones entre ellas. De hecho, así ha sido hasta ahora.

3. Perspectiva judicial

Al paso del tiempo, y al surgir los problemas de tráfico jurídico interestatal, que han sido objeto de conocimiento de los tribunales, éstos imaginaron esas relaciones interestatales desde una perspectiva internacionalista, presuponiendo una soberanía plena para cada entidad federativa, según se infiere de sus criterios. Estimaron que cada entidad era soberana, casi de la manera misma como lo es un Estado de la comunidad internacional.⁹ Los enfoques producidos han sido variables; unos, se refieren al derecho aplicable; otros, a la competencia de la entidad.

A. Primeras decisiones

Las cuestiones relacionadas con la determinación de cuál era la entidad federativa que había de conocer y resolver un problema de tráfico jurídico interestatal se produjeron desde antes de la época de las codificaciones de cada entidad. Las decisiones relacionadas con el orden jurídico sustantivo que regulaba el fondo del asunto vinieron después con la tarea codificadora de finales del siglo XIX, lo que obligó a que las lagunas técnicas tuvieran que ser colmadas por parte del Poder Judicial. Esto es, primero surgieron los asuntos competenciales (cuál es la entidad federativa competente), después, los que eligieron el orden jurídico sustantivo (cuál es el orden jurídico regulador). En seguida presento algunos ejemplos de esa naciente época para el derecho interestatal:

a) Una resolución que me llama la atención (último tercio del siglo XIX), debido al manejo de los argumentos (pobres y equivocados) fue la que se presentó entre un juez del D. F. (la hoy CDMX) y un juez de Huamantla, Tlaxcala. El punto central giró en torno al llamado "fuero del labrador", fuero que le atribuía poder o competencia al foro del lugar de la labranza. El asunto fue que unos labradores demandados tenían su domicilio y lugar de labranza en Huamantla; pero, a pesar de ello, fueron demandados en el D. F. El juez de Huamantla planteó la incompetencia del juez del D. F., y, éste, siguiendo la opinión sugerida por el actor, negó que el de Huamantla fuera competente.

En esta resolución, el actor presentó la siguiente cadena de razones y premisas: el fuero del labrador se consigna en la Novísima Recopilación; pero esta disposición es inconstitucional, ya que la Constitución de 1857 prohíbe los fueros especiales. Esta explicación la presentó el juez del D. F. al juez de Huamantla pidiéndole que antes de continuar con el procedimiento se "desistiera de la incompetencia" que "inconstitucionalmente" había planteado. El juez de Huamantla accedió a lo que se le pidió a partir de una inferencia o representación inválida, equivocada y falsable. En realidad, una falacia derivada de una ambigüedad (falacia del equívoco). El comportamiento final se desvió hacia una línea diferente a la que motivó el imput.

Como se infiere, es obvio que contraepistémicamente se confundió el fuero del labrador (la competencia del tribunal del domicilio) con el fuero a que alude la Constitución (la existencia de tribunales especiales) (^{El Foro 1873, 250}). La resolución muestra la ignorancia y manipuleo de los sentidos semánticos y de las normas de adjudicación o competenciales a partir de significados ambiguos por parte del juez del D. F., haciendo evidente la confusión de los contextos jurídico-conceptuales.¹⁰

b) Los Anales del Foro Mexicano reportan haberse resuelto, en 1864, una cuestión competencial entre los jueces del estado de Guerrero y el estado de México respecto al conocimiento y resolución de un juicio sucesorio. En éste, se cuestionó si el juez competente era la autoridad del lugar donde estaba el domicilio del de cujus (donde ejercía como cura de Apaztla) o el del lugar donde se encontraban la mayoría de sus bienes. La SCJN resolvió a favor del primer foro. En la resolución no se partió de doctrina alguna de derecho procesal o de derecho internacional, sino que sólo se citaron diversas leyes que provenían de 1812 a 1837. No hubo un punto de partida (^{Anales del Foro Mexicano 1864, tomo I, 73}).

c) Hay una resolución que presenta un argumento, influido por un enfoque epistémico, que resalta una noción específica de la soberanía de cada entidad federativa; esta concepción de una soberanía decimonónica le cerró las puertas a la cooperación interestatal, ni siquiera observada en el ámbito internacional. En el estado de Puebla se seguía un proceso que derivó en el embargo de unos bienes que estaban en Zongolica, Veracruz. La persona beneficiada con la sentencia pidió que se enviara un exhorto a Veracruz a fin de convocar postores para el remate del bien. El supremo tribunal poblano se negó a enviar el exhorto, con el argumento de que la autoridad veracruzana no podía realizar un acto vinculado a Puebla.

El asunto llegó a la SCJN. Ésta resolvió que no es contrario a la Constitución que la autoridad de un estado presida el remate de los bienes ubicados en otro (caso del señor Luis Olivier, núm. 972). Como se observa, los argumentos poblanos muestran la concepción que de la "soberanía" sostenían, lo que se traducía en impedir las relaciones interordinamentales, y que no era diferente de la noción que se sostenía en otras entidades. Ni la representación mental o lingüística que del significado de soberanía de una entidad (su autonomía) se sostenía, fue diferenciada de lo que usualmente significa soberanía (la super omnia).

Además de esta noción de la soberanía, la resolución encubrió una forma de imponer la lex loci factum, dogma de la época con la que se confunde el lugar donde rige un específico orden, con el lugar donde ejercen su función las autoridades de un estado.¹¹ No es difícil afirmar que el punto de partida en esta resolución poblana consistió en ver a su Estado en forma similar a como se observa a un estado de la comunidad internacional.¹²

d) Al finalizar el siglo XIX, e inicios del XX, se resolvieron otros problemas interordinamentales. El Foro y el Semanario Judicial de la Federación registran algunos casos relacionados con profesionistas a los que no se les quiso reconocer el título que les habían otorgado las autoridades de una entidad. En estas resoluciones, la SCJN argumentó que acorde a la cláusula constitucional de entera fe y crédito, debía reconocerse el título a cada uno de los beneficiados, con el fin de que ejercieran su profesión. En ese entonces aún no estaba vigente la actual base v del artículo 121 constitucional. Llama la atención el argumento expuesto en una de estas resoluciones, pues no sólo se recurrió a la cláusula de entera fe y crédito, sino al derecho a la libertad de trabajo (que fue el argumento central): como la norma común prescribe la libertad de trabajo, de ésta se sigue que no se puede desconocer un título profesional (^{SCJN 2005}).¹³ Es evidente la confusión de los contextos jurídico-conceptuales; en especial el epistémico. Su punto de partida fue el derecho del trabajo.

e) Una sentencia posterior resolvió un problema un tanto similar, que implicaba una definición específica de la "soberanía" de cada entidad federativa, al cuestionarse la posibilidad de que una autoridad exhortara a la de otra entidad federativa (^{SCJN 2005}).¹⁴

Aunque se resolvieron varios casos similares, en ninguno se apeló a los lineamientos de alguna matriz disciplinar específica ni se generaron criterios o proposiciones doctrinarios de importancia, ni se aludió a problemas de tráfico jurídico interestatal. El enfoque metodológico para resolver partió de un punto metodológico no definido, tal vez más intuitivo o consecuencialista.

A pesar de la ausencia de un punto de partida específico, estas primeras resoluciones muestran una concepción o modelo mental¹⁵ especial de la soberanía estatal, con carácter egocentrista, con un significado similar al de un Estado de la comunidad internacional, presentadas como comunidades jurídicas independientes, conjuntos aislados, como si fueran islotes, sin posibilidad de vincularse.¹⁶ En ninguna resolución se diferenció el lugar en el que una autoridad podía ejercer su poder, del lugar donde se suscitaban los hechos objeto de la controversia judicial (lex loci delictus).

Las entidades federativas se comportaron como si fueran totalmente soberanas y mezquinas, por lo que no solían admitir las decisiones de otras. Nos retrata una actitud independentista, egoísta y cerrada, carente de políticas cooperativas, contraria a la cláusula constitucional de entera fe y crédito. Nos presenta una percepción exagerada de cómo se apreciaban los ordenamientos paralelos (subordenamientos) a partir de un concepto del poder irreconciliable con la cooperación recíproca, una forma de razonar impeditiva de la relación interordinamental, apoyada en un enfoque egoísta de "defensa de la soberanía" (un desencaje total entre las entidades que componen "el estado de la Unión").

B. Decisiones con enfoque internacional-privatistas

En otro momento, el punto de partida fue el derecho internacional privado, como matriz disciplinaria. A los intérpretes les pareció que la directriz de esta disciplina era la misma para el derecho interestatal. Fue como confundir el género musical rock and roll con el vals.

Citaré, como muestra, algunas de las resoluciones de los más altos tribunales durante el siglo XX, que siguieron el modelo (me refiero al modelo a forma o esquema de imitar o reproducir un constructo) "el derecho interestatal es parte del Derecho internacional privado".

a) En 1929, en un asunto hipotecario, la SCJN vaciló entre la lex loci rei sitae y la lex loci formam, y, aunque también aludió a los estatutos, se apoyó (así lo dijo) en los "principios que rigen en Derecho internacional privado" para decidir por la primera, pero sin explicar cómo infirió estos principios, sus premisas y su contenido, ni por qué los principios del derecho internacional privado (en adelante DIPr) eran transmutables al derecho interestatal (SJF 1921, AD 209/29, registro: 287450). Nada dijo sobre las metarreglas a que recurrió ni cómo es que la teoría estatutaria se relacionaba con el caso.

b) En 1931, la SCJN, en un asunto derivado de un divorcio en el que se confrontó el ordenamiento jurídico del D. F. con el del estado de Morelos, afirmó que "en caso de conflicto, de las dos legislaciones, la cuestión debe decidirse ocurriendo a las doctrinas de Derecho internacional privado".¹⁷ No proporcionó las razones para demostrar lo que afirmó ni por qué acogió constructos de la disciplina iusinternacional privatista, como si fueran una fuente del derecho.

c) En el mismo año, y en el caso de la notificación de una demanda de divorcio, en un problema de tráfico jurídico interestatal, cuyas leyes sobre la notificación eran diferentes, dijo: "...en caso de conflicto de las dos legislaciones, la cuestión debe decidirse ocurriendo a las doctrinas de derecho internacional privado (SJF 1931, AR 608/31, registro: 363377)".

d) Dos años después (1932), la SCJN asentó en una sentencia:

... varios autores de Derecho internacional privado, al tratar de la esfera de aplicación de las leyes, se refieren, en primer lugar, a lo que se llama "ámbito de la ley", que comprende el conflicto internacional, por la coexistencia de diversas soberanías, y el conflicto interregional, por la existencia de diversas legislaciones, como es el caso en nuestro país. Ambos conflictos se rigen, a falta de leyes expresas, por los principios de ese derecho (SJF 1933, AD 3737/31, registro: 362337).

Esto es, los principios inferidos para el DIPr son los mismos que para el derecho interestatal. Nada se dijo respecto a la diferencia entre el DIPr y el derecho interestatal. Simplemente, se presumió que ambas siguen la misma matriz disciplinaria (^{Khun 1971}).¹⁸

e) Un año más tarde (1933), la SCJN, afirmando seguir la medieval teoría estatutaria, sostuvo con relación a unos inmuebles, que éstos se "rigen de acuerdo con los principios del derecho internacional privado, por las leyes que norman el contrato de matrimonio" (SJF 1933, AR 4489/31, registro 362367). En esta resolución, su enfoque epistémico partió del DIPr, a pesar de que se trató de un problema de tráfico jurídico entre entidades federativas. El puente que empleó fue la teoría de los estatutos, pero lo llamativo es que no dijo cómo y por qué es que esta teoría fue llevada al ámbito interestatal ni por qué se apeló a la teoría estatutaria, que el código de 1928 ya había rechazado para lo internacional.

f) En 1938, la SCJN resolvió otro asunto interestatal, donde afirmó haberse apoyado en los principios del derecho internacional privado (los de esta disciplina). Se trató de decidir cuál era el ordenamiento que regía la adquisición de unos bienes inmuebles. En su ratio decidendi, el tribunal asentó que según los principios y disposiciones del DIPr el estado y capacidad se rigen por el estatuto personal (otra vez la teoría estatutaria). Curiosamente, en esta sentencia, la SCJN se negó a aplicar la segunda base del artículo 121 constitucional, que establece la regla lex loci rei sitae,¹⁹ al darle preeminencia a ciertas proposiciones doctrinarias del DIPr. Nada dijo sobre el porqué se recurrió a un "estatuto personal".

g) En 1942, la SCJN dictó una sentencia que se apoyó en el texto doctrinario de DIPr de Juan Paulino Niboyet, un jurista francés, que aludía a la doctrina de otros juristas. Se trató de los iusinternacionalprivatistas Bouhier, Froland, Boullenois, Bourjon, Bacquet y Savigny, que aparecen citados en la obra de ^{Niboyet (1974)}, lugar de donde la SCJN copió la cita, sin consultar las obras mencionadas, según se observa de la lectura completa de la sentencia.²⁰

La SCJN tampoco explicó por qué se recurrió a las sistematizaciones o constructos propios de la disciplina iusinternacionalprivatista, y precisamente extranjera, ni el porqué de la relación de ésta con el orden jurídico mexicano. ¿Cómo fue que la doctrina internacional de otro país fue acogida como fuente del derecho interestatal mexicano?, ¿cuál fue la metarregla para tomarla en cuenta y realizar esta transferencia? No lo dijo. En la resolución tampoco se percibe un deslinde entre el lenguaje objeto y el metalenguaje. De lo que se trataba era de resolver, y se resolvió: pero faltó la secuencia de razones que explicaran por qué se tomó una opinión extranjera y de otra disciplina, como si fuera una fuente del derecho mexicano para marcar el punto de partida o enfoque epistémico asumido.

h) En 1954, la SCJN acudió a ciertas proposiciones doctrinarias del DIPr, al afirmar que las leyes que rigen el estado y capacidad de las personas siguen a éstas y les son "inherentes a otras relaciones o situaciones jurídicas". Lo anterior, a pesar de la territorialidad recalcitrante del CCDF de la época. En su sentencia, al resolver un asunto interestatal, afirmó que la forma de los actos jurídicos se rige por la ley del lugar de la ubicación de los inmuebles (SJF 1958, 1528, AD 708/52, registro 3411292). Aunque se recurrió a lo que se dijo era una proposición del DIPr, se trata de una proposición incorrecta, pues difícilmente esta proposición es acogida por los dogmáticos del DIPr o los enunciados legales. Esto es, partió de una premisa no adecuada a la disciplina que corresponda al derecho interestatal.

i) En 2015, la SCJN volvió a tomar en cuenta los lineamientos del DIPr. Se trató de un asunto meramente privado, en el que se demandó la nulidad de un contrato. Asentó que las "reglas" del artículo 121 "cumplen una función equivalente a las relativas al Derecho Internacional Privado en lo relacionado con el llamado conflicto de leyes, derivado de las diferencias entre las legislaciones, con el fin de determinar la ley aplicable para hacer respetar los derechos y obligaciones que nacen de éstas".²¹

Ahora, se empleó la expresión equivalente al DIPr, obviándose un delineado enfoque epistémico. El problema fue que no se explicó en qué consiste la equivalencia.

Nótese que en las primeras decisiones que resumo se resolvió que el punto de partida debe ser acorde a los "principios jurídicos del DIPr", pero en ninguna de estas sentencias se explicó en qué consisten esos principios, cuál es su contenido, ni cómo se infieren (las premisas de las cuales surgen), si son preexistentes al derecho o su relación con el caso resuelto. Tampoco explicó por qué se partió de la matriz disciplinaria del DIPr y no a lineamientos del derecho regulatorio de un Estado federal; tampoco se dijo cuál es la conexión "lógica" entre un principio de DIPr y uno de derecho interestatal.

A mi entender, el recurso a principios (por esa época) suponía que éstos eran suprapositivos, que se carecía de disposiciones positivadas y que había un derecho preexistente o por encima del prescrito (un enfoque ontológico), algo propio de la metafísica. No se explicó de dónde se infirieron, por qué son "fundamentales", ni por qué precisamente "principios". Se careció de racionalización para obtenerlos. A mi parecer, fue un medio para encubrir la ignorancia de una matriz disciplinaria específica.

C. Decisiones con enfoque procesalista

Los tribunales también produjeron decisiones que tuvieron como marco la directriz disciplinaria del derecho procesal. En estas decisiones, relacionadas con enfoques procesales entre entidades, tampoco se presentaron explicaciones especiales o aclaraciones.

Bajo esta perspectiva, varias resoluciones judiciales se apoyaron en teorías y conceptos tomados del derecho procesal para reformular la regulación procesal intraestatal, especialmente la relacionada con la competencia de cada entidad (aquí debe tomarse en cuenta que cada entidad federativa cuenta con su propio código procesal civil y familiar), pero sin fundamentar su decisión en alguna disposición interestatal.

De esta manera, las construcciones doctrinarias de la disciplina procesal fueron llevadas a resolver problemas interestatales. En estas decisiones se confundió la norma que elige a un juez (dentro de una entidad) con la que selecciona a una entidad (la competencia estatal con la competencia de cada órgano de gobierno). Aun hasta ahora, los tribunales no han atinado a definir esta diferencia. Han seguido el modelo "el derecho interestatal es parte del Derecho procesal".

Diversas reformulaciones doctrinarias del derecho procesal (cuando eran conformadas para una sola entidad u orden jurídico) fueron llevadas al plano interestatal (donde había dos o más ordenamientos y autoridades autónomas). Así ocurrió en las resoluciones de acumulación, de procedimientos de inhibitoria y de declinatoria. Por lo general, en estas decisiones, las cuestiones interestatales fueron tratadas como un capítulo del derecho procesal (el intraestatal), y no con autonomía; esto es, considerando una perspectiva específica para las relaciones interestatales interordinamentales. Aquí se han extrapolado argumentos procesales para resolver cuestiones interestatales.

a) En las primeras resoluciones habidas, llamó la atención una de 1878. Se trató de un juicio hipotecario iniciado en la CDMX, pero un juez de Guanajuato, ante el que se planteó un concurso de acreedores, pidió la acumulación del asunto que se seguía en la CDMX. La SCJN resolvió favorablemente que se acumularan en Guanajuato. El hecho es que en torno a esta resolución, un editorial de El Foro, escrito por ^{José Ma. Villela (1878)}, cuestionó el actuar del alto tribunal. Argumentó que no existía disposición alguna para este proceder de la SCJN, y que el DIPr, sobre el que se había fundado, no era derecho vigente en México.

Aquí hay que tomar en cuenta que durante el virreinato los asuntos eran trasladables de una ciudad otra; pero los tribunales, ya en un estado federal, no atinaron a ver que ya no se estaba en un estado central.

b) Recurriendo a una transferencia conceptual semejante, la SCJN (en la segunda mitad del siglo XX), para resolver un problema de litisconsorcio, en el que las causas se encontraban en diferentes entidades federativas, se apoyó tanto en el Diccionario de derecho procesal civil de Pallares como en el derecho procesal civil, de Jaime Guasp, y en las Instituciones del proceso, de Carnelutti; y en los Ensayos de derecho procesal civil, de Chiovenda (SJF 1980, Competencia 57/79, registro 240822), ninguno de los cuales corresponde a una obra enfocada en reformular relaciones interordinamentales, sino procesales, que partieron de un único orden jurídico y de una matriz disciplinaria intraestatal.

Quienes resolvieron estos problemas no parece que se hubieran percatado de que antes que estar resolviendo un problema meramente procesal, de índole intraestatal, había un problema interordinamental (entre ordenamientos autónomos), que debía resolverse previamente. Confundieron las normas que le atribuyen competencia a una entidad (las que le otorgan poder a un ente descentralizado) con las de competencia de los órganos de ese ente (capacidades de los órganos de una entidad para conocer y resolver dentro del territorio que se les asigna).

Esta manera de "ignorar" la relación interestatal e inicio con soluciones meramente procesales no ha sido expresada mediante argumentos racionales, ni siquiera en la doctrina de los juristas. Ninguna resolución aclara por qué evita abordar la problemática interordinamental (como premisa previa), necesaria para una toma de posición epistémica. Por desgracia, este tipo de razonamientos, que dejan de considerar una premisa o antecedente, se suelen advertir con frecuencia por parte de nuestros tribunales y nuestra doctrina. De esta forma, se han llevado teorías y conceptos de la disciplina procesal a la resolución de problemas interestatales, ignorando el marco interestatal.

En la cuestión de competencia, los juzgadores han incumplido las reglas de la implicación lógica, pues sin decirlo han implicado las normas de competencia de una entidad en las normas de competencia de los órganos de una entidad. Han presupuesto, equivocadamente, que todas las entidades se rigen bajo un mismo orden jurídico, e ignoran la autonomía de cada entidad y la necesidad de tomar en cuenta una relación interordinamental.

El hecho observado es que no se suele tomar en cuenta el primer paso y se comienza con el segundo. La competencia interestatal (un paso o premisa básica) no suele ser tomada en cuenta. Esto significa que se resuelve enfrentándose a un problema de razonamiento.

Procuro explicar. Un diagrama de flujo me sirve como ejemplo: para obtener una sentencia, primero se debe comenzar con una demanda, luego con la contestación; le han de seguir las pruebas, y así. Se rompe el flujo o algoritmo si omito el paso de la demanda. Así, si dentro de un estado federal contamos con 32 entidades federativas, cada una con sus órganos de gobierno, lo que debemos hacer para afirmar que el juez de Uruapan, de Chiapas o de Cozumel, es el competente, consiste primeramente en precisar cuál de todas las entidades es la competente. No cabe omitir el paso de la elección de la entidad y afirmar, sin más, que cierto juez es el competente.

El razonamiento se rompe cuando se incumple el orden secuencial. En otras palabras, se incumple con alguno de los pasos u operaciones a seguirse; esto es, los pasos ordenados y necesarios para llegar a la decisión para elegir a cierto juez de un lugar específico.

Es necesario tener en claro cada uno de los pasos que han de darse y seguir la secuencia requerida. El paso para elegir una entidad y el paso para elegir a un funcionario estatal no son pasos paralelos, sino simultáneos; primero debe elegirse al estado, luego al funcionario de ese estado. Este encadenamiento es objeto de conocimiento del derecho interestatal.

D. Decisiones con enfoque constitucionalista

Otras resoluciones han reflejado una cierta directriz disciplinaria apoyada en el derecho constitucional.

Sin dejar al lado el enfoque internacionalista, la SCJN y tribunales colegiados han sostenido otra perspectiva metodológica (alternativa), partiendo del sistema federal constitucional. Al respecto, han dicho:

Esto es, en cierta forma, los tribunales han admitido la diferencia entre las entidades, pero en su perspectiva ven la coordinación y armonización para equilibrar el poder entre ellas ("previniendo la injerencia extraterritorial de las legislaciones abusivas de un Estado en el territorio de otro"). Obsérvese que dice que es un "cimiento" del estado federal, que procura un "ligamen" entre la diversidad de ordenamientos jurídicos.

Hay razón en las expresiones del tribunal, aunque demasiado estrechas. El enfoque epistémico no es claro.

4. Perspectiva doctrinaria

Son pocos los doctrinarios que han partido de una perspectiva metodológica específica para reformular los artículos 106 y 121 constitucionales. Citaré a los principales, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con ellos.

a) Comienzo con los constitucionalistas, entre los que destacan Eduardo Ruiz y Felipe Tena Ramírez, que presentan reformulaciones derivadas del artículo 121 constitucional. El primero subsume el estudio de este texto en el DIPr (^{Ruiz 1902}); el segundo, afirma que se trata de una disposición que afina y complementa el sistema federal, pero que el alcance de su significado le corresponde ser descrito al DIPr, pues "la Constitución no ha hecho sino aplicar, con mayor o menor acierto, nociones de aquel derecho a las relaciones de los estados entre sí" (^{Tena 1967, 160}).

b) José Luis Siqueiros reconoce que hay una escasa literatura sobre el artículo 121 constitucional (^{Siqueiros 1957}). Le parece que el conocimiento de esta prescripción involucra "una materia de carácter exclusivamente especulativo o teórico", y que ésta es la razón por la que el tema ha sido evadido, "aun cuando jueces y profesores hubiesen tenido la oportunidad de ahondar en sus problemas" (^{Siqueiros 1957, 13 y 14}).

La base quinta se refiere a las profesiones. A partir de esta base, el titular de un título profesional expedido en una entidad federativa trata de que se le reconozca en otra. En esta hipótesis, la mayoría de los estudiosos del derecho interestatal suelen rechazar su interpretación con el pretexto de que se trata de un supuesto o cuestión de derecho público y no privado.

Al profesor Siqueiros le asombra que esta base se encuentre en el artículo 121 constitucional, puesto que "su colocación es desafortunada", pues -afirma- como se trata de una cuestión relacionada con los títulos, debió quedar en la ley reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. constitucionales. Nótese que para este autor esta prescripción no es parte del derecho interestatal, sino del derecho de las profesiones (^{Siqueiros 1965, 60}).

c) A Eduardo Trigueros le pareció que el artículo 121 fue un pacto de coordinación (^{Trigueros 1984}), idea que fue secundada por su hija, Laura Trigueros, así como por Jaime Cárdenas Gracia (^{Cárdenas 1997}). ^{Laura Trigueros (1996, 240)} lo estimó como una norma de coordinación del sistema federal, afirma que

... indispensable para garantizar su adecuado funcionamiento y también una disposición que pretende hacer prevalecer la seguridad jurídica en el Estado. Por una parte es una disposición característica del Derecho constitucional, pues contiene normas relativas a la organización del Estado y a las facultades de los órganos de poder que los gobiernan, federales y locales. Por otra, es una norma de coordinación de sistemas jurídicos, típica del Derecho internacional privado, dado que establece reglas para lograr que se respeten, mutuamente, las normas y actos jurídicos creados en los distintos Estados de la federación, se les otorgue validez y se les permita producir efectos.

^{Walter Frisch Philipp (1989, 46)} agregó que

El constituyente mexicano dispuso en el artículo 121 de su ordenamiento el fundamento para la armonización del Derecho interlocal mexicano estableciendo en las fracciones I a IV del mismo artículo las bases que se observarán por los Estados-miembros en la creación de sus disposiciones conflictuales interlocales cuya reglamentación descansa en la competencia local (artículo 124 constitucional) sometida.

Para los Trigueros, es una regulación de coordinación federal, en tanto que para Frisch, de armonización interestatal.

d) ^{Elisur Artega (1989, 11)}, al referirse al artículo 121 constitucional, expresa que "antes que principios conflictuales, es una norma de carácter constitucional que pretende circunscribir el orden jurídico de las entidades federativas a sus límites territoriales e impedir intentos indebidos de parte de ellas o excederse en su jurisdicción".

A mi parecer, todos coinciden en que se trata de armonizar y coordinar el poder con el que cuenta cada entidad federativa.