¹Como señala ^{Mesa Marrero (2006)}, son muchos los calificativos utilizados para referirse a esta convivencia: matrimonio de hecho, convivencia more uxorio, uniones extramatrimoniales, uniones de hecho, familia de hecho y unión o pareja extramatrimonial. Pero no todas son nociones sinónimas. Así, familia de hecho o familia no matrimonial son términos que aluden a realidades más amplias; por otra parte, al emplearse este vocablo se da a entender que de esta unión nacen hijos, lo que no sucede en todos los casos. La jurisprudencia española ha empleado diversos términos para referirse a las uniones no matrimoniales: uniones libres o, de hecho, o unión paratrimonial. En el Código Civil se habla de “vivir o convivir maritalmente con otra persona” (artículos 101 y 320), o de haber vivido como matrimonio (Disposición adicional 10 de la Ley 30/1981, del 7 de julio). También emplean la expresión “pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal” (Disposición adicional 3a. Ley 21/1987) o “quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad” (Código Penal). Afirma esta autora que el vocablo concubinato ha sido utilizado durante mucho tiempo especialmente por la doctrina francesa. Este término es criticado por la mayoría de los autores por el matiz peyorativo y el significado negativo que ha supuesto en otras etapas históricas; en el mismo sentido ^{Amunátegui Rodríguez (2002)}, afirma que el término concubinato puede tener en nuestra sociedad actual alguna connotación peyorativa o censurable; analiza esta autora los diversos términos empleados en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación española. Sobre esta cuestión, véase igualmente, ^{Merino Gutiérrez (1988: 1004-1011)} y ^{Fosar Benlloch (1982: 885-934)}.

²Bercovitz Rodríguez-Cano afirma que las parejas de hecho se inscriben hoy dentro de lo que cabría denominar normalidad social, como forma de unión alternativa al matrimonio. Su frecuencia como pauta de comportamiento ha sido decisiva respecto de su reconocimiento social. Asimismo, con respecto al reconocimiento jurídico de las nuevas realidades sociales, la jurisprudencia ha desempeñado un papel clave en esta materia. La normalización jurídica ha venido de la mano de la legislación autonómica que ha ido aprobando leyes que regulan las parejas de hecho.

³RJ 2001/4993. En todas las sentencias usaremos la referencia de Aranzadi.

⁴Asimismo, Antonio Gálvez Criado afirma que esta diversidad de regulaciones autonómicas ha provocado un grave problema, ya que la diversidad de la normativa aplicable a un mismo supuesto, derivado de la pluralidad legislativa autonómica, no puede ser directamente calificada de contraria al artículo 14 de la Constitución española (^{Espada Mallorquín, 2007: 112-147}).

⁵El Tribunal Constitucional, en su sentencia 222/1992 del 11 de diciembre, ha señalado que en la Constitución de 1978 “el matrimonio y la convivencia no son realidades equivalentes, de forma que cabe admitir diferencias legítimas de tratamiento entre unas familias y otras; dicha diferencia tendría como único límite las exigencias derivadas del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 CE y que con ello no se coarte, más allá de lo razonable, la libertad de opción de quién decide mantener una convivencia more uxorio con otra persona. La protección de la familia proclamada en el artículo 39 de la CE podría alcanzar, en principio tanto a la familia matrimonial como a la no fundada en el matrimonio, pero es claro que dicha norma no postula por sí sólo una paridad de trato en todos los aspectos y en todos los órdenes de las uniones matrimoniales y no matrimoniales. Por ello no serán necesariamente incompatibles con el artículo 39 de la CE, aquellas medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio” (artículo 32, CE). Además de la citada sentencia 222/1992, del Tribunal Constitucional (en adelante STC) fueron paradigmáticas las SSTC 184/1990, del 15 de noviembre y 47/1993, del 8 de febrero; más recientemente, entre otras, la STC 180/2001, del 17 de septiembre; STC 174/2004, 11 de mayo; STC 93/2013, del 23 de abril.

⁶Los impedimentos para contraer matrimonio están regulados en la Ley núm. 1/92 de Reforma Parcial al Código Civil Paraguayo, específicamente en los artículos 17, 18 y 19 en el capítulo referido a la “Capacidad para contraer matrimonio”.

⁷Los efectos del matrimonio están regulados en los artículos 6 a 11 de la Ley núm. 1/1992.

⁸Con la aprobación de la Ley núm. 1/1992 quedó derogada la regulación de las uniones de hecho contenida en el capítulo X del título III, libro I, del Código Civil paraguayo.

⁹Así, el artículo 1.344 del Código Civil (en adelante CC), dispone que: “Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla”. El artículo 1.347 del CC atribuye la condición de ganancial, entre otros, a los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges y los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno sólo de los esposos. Por su parte, el legislador español atribuye el carácter de bien privativo de cada cónyuge a los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad y los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos (artículo 1346, apartados 1 y 3). Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por el sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y circunstancias de la familia (artículo 1362.1 CC). En lo relativo a su administración y en defecto de pacto, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges (artículo 1375 CC). La interpretación del artículo 1375 del CC, sensu contrario, determina que la gestión y disposición de los bienes privativos corresponde a su titular.

¹⁰Resulta sorprendente que el legislador haya dotado de una mayor protección a las personas unidas en concubinato respecto de la otorgada a los cónyuges cuando se trata de una sucesión en la que no existen hijos comunes, pero sí ascendientes; así, hemos visto que en tal caso el concubino tiene derecho a la mitad de los gananciales. Por el contrario, tratándose de un viudo o viuda, su derecho hereditario sobre los bienes propios del causante se reduce a la tercera parte de la herencia si concurre con los padres o ascendientes (artículo 2.586 inc. b) Código Civil paraguayo).

¹¹A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1/1992, se dictó la Acordada núm. 378/2005 del 26 de julio de 2005, que regula el procedimiento para practicar dicha inscripción.

¹²La regulación relativa a la inscripción de la unión concubinaria a efectos de lograr su equiparación al matrimonio, ha sido objeto de crítica por dos motivos. El primero, por conceder al juez la posibilidad de practicar la inscripción a pesar de que la solicitud proceda de uno solo de los integrantes de la unión. En segundo lugar, porque de los términos del precepto se desprende que dicha inscripción tiene carácter constitutivo. La eficacia constitutiva atribuida a la inscripción tiene otra consecuencia importante, cual es que la cesación de la convivencia y la extinción de todos los efectos no siempre coinciden, ya que los miembros de la unión deberán solicitar la cancelación de la inscripción en el registro.

¹³Existe hoy una doctrina constitucional absolutamente consolidada que afirma que el concepto de familia contemplado en el artículo 39 de la Constitución española no se identifica con la que tiene su origen en el matrimonio y que la convivencia more uxorio entra dentro del ámbito de protección de la familia, si bien matrimonio y pareja de hecho no son situaciones equiparables. Pioneras en dicho reconocimiento fueron las SSTC 222/1992 del 11 de diciembre y 47/1993 del 8 de febrero. De igual modo, se trata de una afirmación que comparte la doctrina científica en general. Sobre esta cuestión existe abundante bibliografía.

¹⁴Nos dice Pantaleón Prieto que la preocupación del legislador por las parejas no casadas comienza en la década de los ochenta. Estas normas, pensadas sólo para las parejas heterosexuales, aparecen con la reforma del Código Civil de 1981 y se caracterizaban más bien por la repercusión negativa que tenía la convivencia more uxorio, que por la concesión de derechos a esta forma de convivencia. Así, el artículo 101 del Código Civil señala que el derecho a la pensión se extingue por contraer el acreedor nuevo matrimonio o convivir maritalmente con otra persona. O la convivencia more uxorio como causa para solicitar la emancipación por parte del sujeto a la patria potestad del que pasaba a convivir maritalmente con otra persona.

¹⁵Sin pretender hacer una enumeración exhaustiva, en materia penal se considera circunstancia agravante o atenuante tanto la condición de cónyuge como de persona a la que se halle ligado por análoga relación de afectividad; se consideran exentos de la pena impuesta a los encubridores a los cónyuges o persona unidas por análoga relación de afectividad (artículos 23 y 454 del Código Penal respectivamente). En materia procesal también se equipara al cónyuge con persona unida por análoga relación de afectividad a efectos de poder iniciar el procedimiento de habeas corpus. En derecho civil, en materia de adopción, técnicas de reproducción asistida, arrendamientos urbanos, o autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se prevé la equiparación entre cónyuges y conviventes.

¹⁶Comparte esta visión ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 126)} cuando afirma que España en el momento presente está en una situación mucho más enrevesada e insegura que antes de que se hubiera publicado ninguna ley sobre parejas estables y partimos de una realidad mucho más compleja de la que existe en los países de nuestro entorno. Para esta autora, el legislador no puede permanecer indiferente ante esta situación, aunque no resulta nada fácil saber qué tipo de respuesta es la que demanda la sociedad.

¹⁷Así, por ejemplo, el capítulo III de la Ley de Extremadura lleva por rúbrica “Normas administrativas”. En parecidos términos, el capítulo IV de la Ley de Andalucía se rubrica “Del ejercicio de derechos antes las administraciones públicas de Andalucía”; el capítulo V de la Ley de Parejas de Hecho de Cantabria regula el régimen de derecho público y administrativo de las parejas de hecho. En el artículo 8o.: “Beneficios respecto de la función pública” de la Ley sobre Parejas de Hecho de la Comunidad de Madrid, se dispone que: “Con relación al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, los conviventes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas que hayan contraído matrimonio”; por su parte, el artículo 9o. de dicha disposición bajo la rúbrica “Normativa de derecho público”, establece que “Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa madrileña de derecho público para los miembros de la pareja que hayan contraído matrimonio, serán de aplicación a los miembros de una unión de hecho, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios”. Finalmente, el artículo 315 del Código de Derecho Foral de Aragón señala que: “Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa aragonesa de derecho público, que no tenga carácter tributario, serán de igual aplicación a los miembros de la pareja estable no casada”.

¹⁸La sentencia del Tribunal Constitucional 81/2013, del 11 de abril que declaró inconstitucional determinados artículos de la Ley sobre Parejas de Hecho de la Comunidad de Madrid, afirmó: “Las comunidades autónomas sin competencias sobre legislación civil pueden legislar equiparando los conviventes en unión de hecho a los cónyuges, en el régimen del personal al servicio de la administración de la comunidad autónoma y en los derechos y obligaciones de la normativa autonómica de derecho público”. En el mismo sentido ^{Coca Payeras (n.d.: 37-43)} y ^{Rodríguez Ruiz (2014: 29-48)}.

¹⁹La diversidad de interpretaciones sobre el artículo 149.1.8 de la Constitución española ha dado lugar a varias posiciones doctrinales que pueden sintetizarse en dos. En primer lugar, la tesis foralista más inclinada hacia una cierta unificación del derecho civil y la tesis autonomista partidaria de extender la competencia de las comunidades autónomas sobre toda la legislación civil, salvo las materias reservadas a la competencia exclusiva del Estado (^{Gavidia Sánchez, 1999: 1970-1975}; ^{Murillo Muñoz, 2006}; ^{Rodríguez Martínez, 2003}; ^{Rodríguez Ruiz, 2014: 37-43}; ^{Serrano Chamorro, n. d.}).

²⁰Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno contra la Ley 3/1988, de 25 de abril de las Cortes de Aragón, sobre equiparación de los hijos adoptivos a los hijos por naturaleza; dicha equiparación se estimó constitucional, aunque con dos votos particulares.

²¹En la doctrina, la interpretación de esta sentencia ha dado lugar a opiniones contrapuestas. Así, ^{Bercovitz Rodríguez-Cano (2003: 78 y ss.)}considera que dicho desarrollo queda limitado a una figura o materia conexa respecto de las ya reguladas en cada uno de los derechos civiles forales o especiales. Dicho requisito no se da en las uniones de hecho ya que éstas no se encontraban reguladas en ninguno de los derechos civiles forales o especiales en el momento de aprobación y entrada en vigor de la Constitución. Menos aún si se tiene en cuenta que además la competencia legislativa de desarrollo debe venir condicionada por los propios y peculiares principios generales de cada derecho civil foral, de manera que sólo existe cuando el desarrollo es consecuencia directa de dichos principios generales. A juicio de este autor, el fenómeno del reconocimiento social de las parejas de hecho no responde a peculiaridad alguna de unas u otras comunidades autónomas. Se trata de un fenómeno general, que responde a sensibilidades sociales y jurídicas propias de todo el país, que además tiene su origen y desarrollo en fechas bastantes recientes. Por otra parte, tampoco se puede defender que se trata de una figura o materia conexa con el régimen económico matrimonial y con el régimen de sucesiones, ya que nos encontramos ante una cuestión previa. En el mismo sentido se pronuncia ^{Serrano Chamorro (n. d.: 30-31)}. Una tesis contraria es la mantenida por ^{Gavidia Sánchez (1999: 1975)}, quien sostiene que, al menos, son de tres tipos las vías o formas de presentarse o establecerse la conexión que legitima el desarrollo de un derecho civil autonómico hasta regular una institución no previamente regulada: cuando la institución nueva es conexa respecto a otra ya previamente regulada; cuando una institución previamente regulada se extiende a supuestos antes no incluidos en su esfera de aplicación, pudiendo entonces regular también de forma completa la institución nueva que entra así en contacto con la antigua; y finalmente cuando la institución nueva es desarrollo de un principio informador de ese derecho civil. A las dos primeras se le puede llamar conexión institucional y a la tercera conexión principal. Sólo en la tercera habrá de ajustarse la legislación de desarrollo a los principios que informan ese derecho.

²²El derecho a la “convivencia anómica en pareja”: ^{Martín-Casals (2013: 1-43)}; este autor sostiene esta afirmación en el Fundamento Jurídico 5o. de dicha sentencia, pues dice que: “la competencia exclusiva de Navarra en materia de derecho civil, foral o especial encuentra su cobertura en el artículo 149.1.8 del CE que ha de interpretarse en los términos de nuestra reiterada doctrina, a la vista de la cual es indudable que Navarra goza de una amplia libertad de configuración legal en el ejercicio de su competencia en materia de derecho civil foral o especial. Expresamente se alude en esta sentencia a la STC 236/2000, de 16 de octubre que en su FJ 3o., señala que la diferencia legislativa de un derecho civil foral o especial respecto del derecho civil común obliga a conceder un margen de libertad al legislador foral para regular materias propias que atañen a las instituciones que va a regular pues, de otro modo, vaciaríamos el contenido de la competencia legislativa.

²³A la doctrina de las materias conexas alude el voto particular formulado por el magistrado Aragón Reyes al que se adhiere el magistrado Rodríguez Arribas. En primer lugar, dicho magistrado sostiene que el recurso de inconstitucionalidad debió ser estimado en su integridad, declarándose la inconstitucionalidad y nulidad de toda la Ley Foral impugnada, toda vez que la Comunidad Foral de Navarra carece de competencias para dictar esta Ley. A su juicio y tal como afirman los parlamentarios que interpusieron el recurso y el abogado del Estado, la Ley 6/2000 vulnera la competencia estatal ex artículo 149.1.8 de la CE, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio y la regulación de dicha norma se proyecta sobre un vínculo entre dos personas definido como una relación de afectividad análoga a la conyugal con la pretensión de equiparar estas relaciones more uxorio con la institución matrimonial. Además, incurre en exceso competencial que vulnera la competencia estatal exclusiva ex artículo 149.1.8 que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación civil sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan. Pues bien, en lo relativo al término desarrollo, la STC 88/ 1993 FJ 3 señala que la Constitución permite que las comunidades autónomas dotadas de derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del derecho foral. Sin embargo, la Comunidad Foral de Navarra carece de competencias para regular las uniones de hecho, pues no existía en la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra a la entrada en vigor de la Constitución, la institución jurídica de las parejas de hecho estables que Navarra ha regulado, en flagrante exceso competencial, en su Ley Foral 6/2000. Como vemos, la tesis de estos magistrados coincide con la de Bercovitz Rodrígez-Cano, ya expuesta. Pero con esta argumentación ninguna comunidad autónoma tendría competencias para regular las parejas de hecho, que era una institución inexistente al recogerse en las respectivas compilaciones el derecho foral existente en ese momento.

²⁴El estatuto jurídico de las parejas de hecho se contiene en el capítulo IV, del título III, del libro II del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y familia, aprobado por la Ley 25/2010, de 29 de julio.

²⁵Título VI “De las parejas estables no casadas”, del Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.

²⁶Ley Foral 6/2000 de 3 de julio para la igualdad jurídica de las parejas estables. La Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 de abril ha declarado parcialmente inconstitucionales los artículos 2, 4 y 5, y ha anulado íntegramente los artículos 3, 6, 7, 9, 11 y 12. En algunos casos el fundamento de dicha declaración de inconstitucionalidad es la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo10.1 CE). Esto es así porque la Ley atribuye de forma imperativa a las parejas estables un estatuto jurídico integrado por derechos y obligaciones, a pesar de que la naturaleza de este tipo de relaciones radique precisamente en evitar este sometimiento al derecho, siendo los miembros de la pareja los únicos legitimados para regular sus relaciones y, por ende, para someterse a las previsiones legislativas sobre su estatuto jurídico. En otros casos la declaración de inconstitucionalidad se basa en que la norma anulada va en contra del reparto de competencias previsto en el artículo 149.18 de la Constitución española. Sobre esta cuestión, véase ^{Coca Payeras (n. d.: 43 y 28)}, ^{Gálvez Criado (2015: 1832-1835)} y ^{Martín-Casals (2013: 28 y ss.)}.

²⁷Ley 18/2001, de 19 de diciembre de parejas estables de Baleares.

²⁸Ley 2/2003, de 7 de mayo reguladora de las parejas de hecho.

²⁹Ley 5/2012, de 15 de octubre de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana. Un comentario de esta norma realiza ^{Escalona Saludo (2013: 72-85)}, donde precisamente critica la exigencia de que para aplicar la normativa deba tratarse de uniones de hecho formalizadas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2016, de 9 de julio ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno contra esta Ley y ha declarado inconstitucionales los artículos 1.1, en el inciso “los derechos y deberes de quienes son miembros” y los artículos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

³⁰Ley 5/2002, de 16 de diciembre de parejas de hecho.

³¹Ley 5/2003, de 20 de marzo de parejas de hecho.

³²Ley 5/2003 de 6 de marzo de regulación de las parejas de hecho en la Comunidad de Canarias.

³³Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho

³⁴Ley 11/ 2001 de 19 de diciembre de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. Un comentario de esta norma realiza Gómez Calle: “La Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid” (^{Serrano Fernández, 2008: 411-463}), donde cuestiona la constitucionalidad, por falta de competencia, de dicha Comunidad Autónoma para legislar en materia civil. La Sentencia del Tribunal Constitucional 8172013, de 11 de abril declaró inconstitucionales y nulos los artículos 4 y 5 de dicho texto, por vulneración del artículo 149.1.8 al carecer dicha Comunidad Autónoma de competencias para legislar en materia civil.

³⁵Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo de parejas estables.

³⁶Ley 7/2018, de 3 de julio, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Murcia.

³⁷El Tribunal Supremo en su sentencia de la Sala Primera del 18 de mayo de 1992, RJ 1992/4907, destaca las condiciones en que debe desarrollarse esa convivencia para ser jurídicamente relevante: “La convivencia more uxorio debe desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar”. Por su parte, la STC 93/2013, define negativamente las parejas de hecho como “una relación estable de convivencia more uxorio cuyo elemento definitorio común queda cifrado en la voluntad libremente configurada al margen del derecho en cuanto a las consecuencias jurídicas de la institución matrimonial”; una crítica de esta técnica de definir una institución de forma negativa realizan ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 67-99)}, ^{Camas Roda (2005: 81-113)}, ^{Coca Payeras (n. d.: 42)}, ^{Lacruz Berdejo (1990: 1061-1069)}, ^{Mesa Marrero (2006: 31-44)}, ^{Murillo Muñoz (2006: 477 y ss.)}, ^{Serrano Chamorro (n. d.: 571-578)} y ^{Ortuño Muñoz y Vega Sala (2005: 81 y 113)}.

³⁸En términos generales la legislación autonómica define la pareja de hecho como la unión de dos personas mayores de edad con una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual. Específicamente, las normas catalana (artículo 234-2), aragonesa (artículo 306), navarra (artículo 2.1), andaluza (artículo 3.2), cántabra (artículo 4.4), del País Vasco (2.1) y artículo 1 de la Ley de Murcia, incluyen en la definición, además, la exigencia de que los miembros de la pareja no tengan vínculos de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o línea colateral hasta el segundo grado y siempre que ninguna de ellas esté unida por vínculo matrimonial, o forme pareja estable con otra persona.

³⁹Como afirma ^{Mesa Marreno (2006: 34-36)}, la necesidad de establecer un plazo de convivencia es evidente ya que constituye un dato objetivo que acredita la estabilidad de la unión, especialmente en la relación de los conviventes frente a terceros. No obstante, a veces ello implicaría negar efectos a aquellas uniones estables a las que le faltara uno o varios días para cumplir el plazo legal. Por ello, a juicio de esta autora existen otros elementos que pueden reflejar si estamos ante una unión de hecho, como el reconocimiento de hijos fruto de esa unión, la intención de los conviventes de hacer comunes los bienes adquiridos durante su convivencia, o la simple apertura de cuentas corrientes bancarias.

⁴⁰Así, Cataluña y Aragón exigen un periodo mínimo de convivencia de dos años; otras como Asturias, Canarias, Cantabria o Extremadura reducen dicho periodo a un año. Baleares (artículo 1.2), el País Vasco (artículo 3.1) y Valencia (artículo 3.1) no exigen un periodo mínimo de convivencia, pero en cambio atribuyen carácter constitutivo a la inscripción registral de la pareja. La legislación de Andalucía no exige ni periodo mínimo de convivencia, ni inscripción constitutiva.

⁴¹En tal sentido, señala Martínez de ^{Aguirre Aldaz (1999: 1095 y ss.)} que a medida que se ha ido produciendo una cierta intervención legislativa precisamente para atribuir determinados efectos jurídicos a las uniones de hecho, se ha producido un fenómeno de progresiva juridificación de dichas uniones respecto a su constitución y existencia. De este modo, la convivencia va perdiendo importancia en favor de un acto de voluntad de los conviventes dirigido bien a constituir la unión, bien a acogerse al régimen jurídico predispuesto legalmente para ella.

⁴²El artículo 3 de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre de uniones de hecho dispone que: 1. Las uniones de hecho a que se refiere la presente Ley producirán sus efectos desde la fecha de la inscripción en el Registro de las Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, previa acreditación de los requisitos que se refiere el artículo 1 en expediente contradictorio ante el encargado del Registro”. Cuestionada la constitucionalidad de este precepto por vulneración de las competencias estatales relativas a la ordenación de los registros e instrumentos públicos, la STC 81/2013, de 11 de abril de 2013, señala que: “la inscripción en el registro que contempla el artículo 3 tiene por única finalidad la acreditación de una situación de hecho, sin afectar a facetas propias de las relaciones personales o patrimoniales de los integrantes en la unión de hecho”. En otras palabras, se trata de un registro administrativo y no de un registro civil. Esta doctrina es compartida plenamente por ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 104-109)} y ^{Valpuesta Fernández (1995: 47-66)}.

^{43 Amunátegui Rodríguez (2002: 87)} y ^{Talavera Fernández (2001: 87)} consideran que lo esencial para la existencia de una convivencia afectiva es que la dimensión sexual esté incluida dentro de esa comunidad de vida.

⁴⁴Estrada Alonso (1991) afirma que esta unión para ser portadora de efectos civiles debe rehusar la poligamia. Ello conlleva que debe excluirse de nuestro sistema una la relación extramatrimonial que es simultánea con una relación legítima. En contra de esta opinión parece manifestarse ^{Alensa Salinas (1998: 103-114)}, quien ante la aplicación de la normativa propia del derecho de familia a relaciones diversas, sin base conyugal, se pregunta ¿por qué limitar la protección a las uniones de hecho monogámicas? ¿Por qué dejar fuera a las relaciones poligámicas?

⁴⁵Aragón, Navarra, Asturias, Andalucía, el País Vasco, Valencia y Cantabria.

⁴⁶Baleares (artículo 2), Madrid (artículo 2), Canarias (artículo 2), Extremadura (artículo 3) y Murcia, que tampoco permite constituir pareja de hecho a las personas legalmente incapacitadas mediante sentencia judicial firme (artículo 3).

⁴⁷Un estudio sobre los problemas que plantean estos criterios de conexión realiza ^{Zabala Escudero (2005: 45-78)}.

⁴⁸Respecto de este criterio, ^{Espadas Mallorquín (2007: 118 y 119)} señala que las comunidades autónomas donde la vecindad civil común de los conviventes es el criterio de aplicación de la regulación, no plantean problemas de inconstitucionalidad puesto que reiteran el criterio establecido en el artículo 16.1 del Código Civil. El problema surge cuando la vecindad civil de los miembros de la pareja no es la misma, pues es entonces cuando se introduce un problema de aplicación de derecho interregional y se está invadiendo competencias exclusivas del Estado; el fundamento es que el criterio de la vecindad civil no sólo se emplea como criterio de aplicación de la norma, sino también como criterio para resolver el conflicto de la ley aplicable a la convivencia more uxorio.

⁴⁹En relación con estas leyes autonómicas que establecen estos otros puntos de conexión distintos de la vecindad civil, en opinión de ^{Rodríguez Martínez (2003: 61 y ss.)} resulta plenamente aplicable la doctrina contenida en la STC 156/1993, que conduce a su inconstitucionalidad por ruptura de la unidad del sistema de derecho interregional y la igualdad en el ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles. Así, a propósito de la residencia, que era el criterio acogido por la ley balear, el Tribunal Constitucional sostiene que la quiebra de la unidad del sistema estatal de derecho interregional va acompañada, correlativamente, de una disparidad respecto al ámbito de aplicación en el espacio de los distintos derechos civiles coexistentes en España, ya que si la común conexión del artículo 16.1.1o. —la vecindad civil— asegura un igual ámbito de todos los ordenamientos civiles, no ocurre lo mismo en el caso del derecho civil balear, cuyo ámbito se amplía considerablemente en virtud de la disposición aquí impugnada que introduce un punto de conexión distinto. La cursiva es nuestra. Esta sentencia se dictó como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad 2401/90, presentado por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del gobierno contra el artículo único del texto refundido de la Compilación de Derecho Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, del gobierno Balear, en la medida en que el artículo 2 de dicho cuerpo normativo establecía como criterio de conexión la residencia habitual, en lugar del de la vecindad civil.

⁵⁰Sobre esta cuestión, entre otras, ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 219-288)}, ^{Mesa Marrero (2006: 76-82)} y ^{Rodríguez Ruiz (2014: 37-43)}.

⁵¹En tal sentido, afirma ^{Coca Payeras (n. d.: 34)} que si el Estado hubiera regulado sobre esta materia nos hubiéramos ahorrado la diversidad normativa autonómica acerca de la configuración de las parejas estables, así como las leyes de las comunidades autónomas que carecen de competencias en el ámbito civil y el panorama de contaminación legislativa en este campo, así como el espectáculo de arbitrariedad que ha llevado a recurrir por inconstitucionalidad a unas leyes (Navarra, Madrid y Valencia) y no a otras (Cataluña, Baleares, Extremadura…).

⁵²Artículo 307 del Código de Derecho Foral aragonés, artículo 5.1. de la Ley Foral de Navarra, artículo 7 de la Ley andaluza, artículo 7 de la Ley de Canarias, artículo 4 de la Ley de Baleares y artículo 5 de la Ley de Asturias. El Código Civil de Cataluña dispone en su artículo 234-3 que 1. Las relaciones de la pareja estable se regulan exclusivamente por los pactos de los convivientes, mientras dura la convivencia, sin hacer referencia al contenido de estos pactos.

⁵³Artículo 8 de la Ley de Cantabria y artículo 6 de la Ley de Extremadura.

⁵⁴STC 81/2013, de 11 de abril, FJ 4, sobre la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho.

⁵⁵Artículo 7 Ley Canaria y 4 de la Ley de Baleares.

⁵⁶Artículo 307 del Código de Derecho Foral de Aragón; artículo 8 de la Ley de Cantabria; artículo 6o. de la Ley de Extremadura.

⁵⁷Artículo 5o. de la Ley de Asturias y 5.1. de la Ley de Navarra.

⁵⁸El artículo 5.2 de la Ley navarra establecía que en defecto de pacto los miembros de la pareja tenían el deber de contribuir proporcionalmente a las respectivas posibilidades al mantenimiento de la vivienda y de los gastos comunes. Dicho precepto ha sido declarado inconstitucional por la STC 923/2013 por ir en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad, proclamado en el artículo 10 de la Constitución española.

⁵⁹En especial son gastos comunes los originados en concepto de alimentos, en un sentido amplio; los de conservación o mejora de las viviendas u otros bienes de uso de la pareja; los originados por las atenciones de previsión, médicas y sanitarias. Por el contrario, no tienen la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión y defensa de los bienes propios de cada miembro de la pareja ni, en general, los que respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja

⁶⁰En especial, el artículo 11 prevé que podrán solicitar información sobre los siguientes aspectos: a) contribución a las cargas familiares; b) régimen de titularidad y disposición de los bienes y ganancias; c) derecho de alimentos, y d) efectos patrimoniales derivados de la disolución de la pareja de hecho.

⁶¹Sobre esta cuestión, ^{González Moreno (1998: 273-297)}.

⁶²Para ^{Mesa Marrero (2006: 129-132)}, el deber de alimentos no puede ser aplicado a los conviventes; sin embargo, reconoce esta autora que dicha obligación está prevista en algunas leyes autonómicas. Por esta razón en su opinión se trata de una obligación natural de alimentos que no puede ser exigida jurídicamente, si bien tampoco cabe la restitución de lo entregado voluntariamente en concepto de alimentos por los sujetos mientras duró la convivencia. En parecidos términos, ^{Martínez Rodríguez (1998: 345 y 358)}. Por su parte, ^{García Rubio (1995)} señala que lege data no existe entre los conviventes un derecho/deber recíproco de sostenimiento de las cargas familiares, similares a las que se da entre los cónyuges. No obstante, reconoce esta autora que la buena fe en el ejercicio de los derechos y la confianza recíproca generada por la convivencia son bases suficientes para crear entre ambos miembros de la pareja el deber de mutua solidaridad.

⁶³Dicho precepto señala que: 1. Con independencia del régimen económico matrimonial aplicable, el cónyuge titular, sin el consentimiento del otro, no puede hacer acto alguno de enajenación, gravamen o, en general, disposición de su derecho sobre la vivienda familiar o sobre los muebles de uso ordinario que comprometa su uso, aunque se refiera a cuotas indivisas. Este consentimiento no puede excluirse por pacto ni otorgarse con carácter general. Si falta el consentimiento, la autoridad judicial puede autorizar el acto, teniendo en cuenta el interés de la familia, así como si se da otra justa causa. 2. El acto hecho sin el consentimiento o autorización que establece el apartado 1 es anulable, a instancia del otro cónyuge, si vive en la misma vivienda, en el plazo de cuatro años desde que tiene conocimiento de él o desde que se inscribe el acto en el Registro de la Propiedad. 3. El acto mantiene la eficacia si el adquiriente actúa de buena fe y a título oneroso y, además, el titular ha manifestado que el inmueble no tiene la condición de vivienda familiar, aunque sea una manifestación inexacta. No existe buena fe si el adquiriente conocía o podía razonablemente conocer en el momento de la adquisición la condición de la vivienda. En cualquier caso, el cónyuge que ha dispuesto de ella responde de los perjuicios que haya causado, de acuerdo con la legislación aplicable. Sobre las viviendas de la pareja de hecho, ^{Mesa Marrero (2006: 132 y ss.)}.

⁶⁴Sobre esta cuestión, ^{Camas Roda (2005: 293-364)}.

⁶⁵Como pone de manifiesto ^{Miralles González (2005: 183-225)}, en algunas leyes como Andalucía, Asturias o Canarias dicha compensación es exclusivamente consecuencia del pacto; en otras como en Aragón, Baleares, Extremadura, el País Vasco o Cataluña, si hay desequilibrio, se aplicará como efecto legal el derecho a obtener/solicitar una compensación económica. De igual modo, dicha compensación estaba prevista en el artículo 4 de la Ley de la Comunidad de Madrid declarada inconstitucional por la STC 81/2013, de 11 de abril. Especial atención merece la STC 93/2013, de 23 de abril de 2013, que declaró inconstitucional y por tanto nulos los artículos 5o. y 6o. de la Ley Foral navarra para la igualdad jurídica de las parejas estables que permitían exigir una pensión periódica o una compensación económica a los miembros de la pareja, aunque no se hubiera pactado nada sobre dicha cuestión, “por considerar que dichos preceptos vulneran la libertad de decisión consagrada en el artículo 10 de la CE al responder básicamente a un modelo imperativo alejado del régimen dispositivo que resulta acorde con las características de las uniones de hecho y a las exigencia del libre desarrollo de la personalidad”. Ello con independencia de que las reglas generales de responsabilidad por enriquecimiento injusto puedan tener su proyección en determinados supuestos y de que los miembros de la pareja puedan libremente establecer los pactos que tengan por conveniencia al respecto; lo que resulta inconstitucional es la imperatividad de la previsión en los términos referidos; la cursiva es nuestra. Sobre esta cuestión, ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 249-260)} y ^{Mesa Marrero (2006: 205-234)}.

⁶⁶Artículo 234-10 del Código de Derecho Civil de Cataluña; artículo 2o.a de la Ley del País Vasco; artículo 9o.1 de la Ley de Baleares; por su parte, el artículo 5.4 de la Ley Navarra fue declarado nulo por la ya citada STC de 23 de abril de 2013. Como afirma ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 259)} se trata de compensar por la pérdida de los costes de oportunidades laborales o profesionales que el solicitante ha experimentado como consecuencia de la convivencia, al no poder conseguir un trabajo o recuperar el que había tenido antes.

⁶⁷Artículo 442-3. Sucesión del cónyuge viudo y del conviviente en unión estable de pareja superviviente. 1.El cónyuge viudo o el conviviente en pareja estable superviviente, si concurre a la sucesión con hijos del causante o descendientes de éstos, tiene derecho al usufructo universal de la herencia, libre de fianza, si bien puede ejercer la opción de conmutación que le reconoce el artículo 442-5. 2.Si el causante muere sin hijos ni otros descendientes, la herencia se defiere al cónyuge viudo o al conviviente en pareja estable superviviente. En este caso, los padres del causante conservan el derecho a la legítima. Artículo 452-1. Derecho a la cuarta viudal. 1. El cónyuge viudo o el conviviente en pareja estable que, con los bienes propios, los que puedan corresponderle por razón de liquidación del régimen económico matrimonial y los que el causante le atribuya por causa de muerte o en consideración a ésta, no tenga recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades tiene derecho a obtener en la sucesión del cónyuge o conviviente premuerto la cantidad que sea precisa para atenderlas, hasta un máximo de la cuarta parte del activo hereditario líquido, calculado de acuerdo con lo establecido por el artículo 452-3. 2. Para determinar las necesidades del cónyuge o del conviviente acreedor, debe tenerse en cuenta el nivel de vida de que disfrutaba durante la convivencia y el patrimonio relicto, así como su edad, el estado de salud, los salarios o rentas que esté percibiendo, las perspectivas económicas previsibles y cualquier otra circunstancia relevante.

⁶⁸Artículo 311 del Código de Derecho Foral de Aragón. Derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes. 1. En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá derecho, cualquiera que sea el contenido de la escritura de constitución, del testamento o de los pactos sucesorios, al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar. 2. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año.

⁶⁹Artículo 13 “Régimen sucesorio”. Tanto en los supuestos de sucesión testada como en los de intestada, el convivente que sobreviviere al miembro de la pareja premuerto tiene los mismos derechos que la Compilación de Derecho Civil balear prevé al cónyuge viudo.

⁷⁰El artículo 9o., bajo la rúbrica “Régimen sucesorio”, señala que a los efectos de la Ley 3/1992, de 1 de julio de Derecho Foral del País Vasco, las parejas de hecho tendrán la misma consideración que las casadas.

⁷¹En parecidos términos, ^{Pereda Gámez (2005: 117-179)} afirma que ese diferente trato legal sugiere inmediatamente la reflexión sobre la afectación del derecho fundamental a la igualdad (artículo 14 CE) y la duda fundada en los límites del Poder Legislativo de las comunidades autónomas para establecer estas variadas normas frente a la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1 CE). En su opinión, el reconocimiento de derechos sucesorios al convivente se justifica con mayor facilidad por la protección (post mortem) que el Estado debe brindar a los miembros de la familia (artículo 39 CE), que por la protección de la propiedad y su tránsito por causa de muerte (artículo 33.1 CE).

⁷²Para un estudio detallado, ^{Mesa Marrero (2006: 167-234)}.

⁷³Sentencia del TS (Sala de lo Civil), RJ 1993/6274. En este caso la convivencia matrimonial había durado más de 30 años y se extinguió por fallecimiento del convivente varón.

⁷⁴Ibidem, 1994/8946.

⁷⁵Ibidem, 1994/10391

⁷⁶Ibidem, 1996/9020.

⁷⁷Ibidem, 1998/1272. Como pone de manifiesto ^{Mesa Marrero (2006: 199)}, lo relevante de esta sentencia es el criterio en el que se basa el fallo favorable a la atribución del uso de la vivienda familiar, ya que dicha medida no se establece por aplicación analógica del artículo 96 del CC, sino por aplicación del principio general del convivente perjudicado, que es la primera vez que se invoca para solucionar uno de los problemas que origina el cese de la convivencia. En el mismo sentido, ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 193)}.

⁷⁸Sentencia del TS (Sala de lo Civil), RJ 2001/4770.

⁷⁹Ibidem, 2009/404.

⁸⁰Ibidem, 2011/6708

⁸¹Ibidem, 2003/4605

⁸²Sentencia del TS (Sala de lo Civil), RJ 2008/4062

⁸³Ibidem, 2014/1692

⁸⁴Sobre dicho precepto afirma ^{Mesa Marrero (2006: 205-206)} que es el desequilibrio económico consecuencia de la separación o el divorcio el presupuesto básico del otorgamiento de la pensión compensatoria. Para la atribución de ésta deberá valorarse si existe tal desigualdad comparando la situación económica de cada cónyuge antes y después del matrimonio, por lo que es esencial tener en cuenta las circunstancias personales de los esposos enumerados en dicho precepto que servirán no sólo para determinar la cuantía de la pensión, sino también para decidir si procede o no su otorgamiento. Respecto de la jurisprudencia recaída en esta materia, destaca esta autora la ausencia de un criterio claro y uniforme sobre la posibilidad de admitir o no la aplicación analógica de la pensión compensatoria, prevista para la ruptura matrimonial, a las situaciones de ruptura de la pareja de hecho.

⁸⁵Sentencia del TS (Sala de lo Civil), RJ 1996/9020.

⁸⁶Ibidem, 2001/4770. Sobre esta sentencia, véase ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 251)} y ^{Mesa Marrero (2006: 208)}.

⁸⁷Ibidem, 2001/4993. En esta sentencia el TS justifica la aplicación analógica del artículo 97 del Código Civil argumentando que existe una semejanza clara entre la ruptura del matrimonio y la ruptura de una unión de hecho que permite, con fundamento en la fuerza expansiva de la norma, extender a esta situación los efectos legales de la primera. De no ser así, ello conduciría inexorablemente a que los españoles no pertenecientes a alguna autonomía que haya legislado en este punto hayan de utilizar los argumentos del enriquecimiento injusto o sin causa, que ha sido denostado por un importante sector de la doctrina civilista.

⁸⁸Ibidem, 2002/6246. En esta sentencia el alto tribunal declara que, si bien es cierto que la jurisprudencia de esta Sala mantuvo un tiempo la solución indemnizatoria basada en la doctrina del enriquecimiento injusto, posteriormente consideró más adecuado la aplicación analógica del artículo 97 del Código Civil.

⁸⁹Ibidem, 2005/7148.

⁹⁰A juicio del Tribunal Supremo debe huirse de la aplicación, por analogía legis, de normas propias del matrimonio como son los artículos 97, 96 y 98 del CC, ya que tal aplicación comporta, inevitablemente, una penalización de la libre ruptura de la pareja y, más especialmente, una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada más paradójico que imponer una compensación económica por ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse el régimen jurídico que prevé esa compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio.

⁹¹Se reitera dicha doctrina en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 6 de octubre de 2006, RJ 2006/6650, 8 de mayo de 2008, RJ 2008/3345, y de 15 de enero de 2018, RJ 2018/76.

⁹²Ahora bien, ^{Pantaleón Prieto (1998a: 75)} considera que no es inconstitucional no dar derechos sucesorios ab intestato al convivente extramatrimonial.

⁹³La STC 184/1990, del 15 de noviembre declaró que la exigencia de vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida en el Sistema de la Seguridad Social no era contraria al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución; dicha sentencia contenía un voto particular emitido por el magistrado López Guerra, que consideraba que el fin del artículo 41 de la Constitución española, que prevé un régimen público de Seguridad Social, es compensar frente a un daño y afrontar unas repercusiones económicas negativas, como son las causadas por el fallecimiento de uno de los miembros de la unión matrimonial. Esa misma situación de necesidad se puede producir en el supuesto de una unión estable. Al establecer el artículo 160 de la Ley General de la Seguridad Social una diferencia de trato entre situaciones idénticas de daño económico se produce una vulneración del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española, al no haber una justificación razonable de la diferencia de tratamiento. Para un análisis de la evolución del derecho español en esta cuestión, ^{Blanco Pérez-Rubio (1992)}, ^{Camós Victoria (1998: 163 y 181)} y ^{Moreno Gene et al. (1998: 383-400)}.

⁹⁴Reconoce ^{Roca Trias (2005: 403-427)}, que el problema relativo a si la dispersión en la regulación de la pareja de hecho puede ser contrario a “las condiciones básicas que garantizan la igualdad entre los ciudadanos”, cuya legislación básica le corresponde al Estado de acuerdo con el artículo 149.1.1. del CE, es complejo de solucionar. En su opinión, si se parte de la pluralidad legislativa del ordenamiento que la misma Constitución reconoce, mal se puede hablar de quiebra del principio de igualdad.

⁹⁵Dicho precepto dispone que: “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”.

⁹⁶Esta sentencia afirma que el artículo 150.3 de la CE constituye una norma de cierre del sistema, aplicable sólo a aquellos supuestos en que los que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general, pues en otro caso el interés que se pretende tutelar y que justificaría la utilización de la técnica armonizadora se confunde con el mismo interés general que ya fue tenido en cuenta por el poder constituyente al fijar el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Las leyes de armonización vienen a complementar, no a suplantar, las demás previsiones constitucionales. La sentencia del alto tribunal no sólo declara inconstitucionales algunos de los artículos más importantes de la ley, sino que modifica de forma sustancial la naturaleza de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, al establecer que no puede tener carácter ni orgánico ni armonizador, por lo que queda desprovista de toda virtualidad jurídica.

⁹⁷En el mismo sentido, ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 123 y ss.)} afirma que el legislador español debe de dar respuesta a alguno de los problemas planteados; otra cosa es qué tipo de respuestas se demanda: una regulación específica y parcial que aborde los problemas concretos o, por el contrario, una regulación sistemática que institucionalice la situación de las parejas y que, además, en mucho casos, se presente con carácter imperativo.

⁹⁸Partidarios de esta opción son ^{Amunátegui Rodríguez (2002: 138)} y ^{Pantaleón Prieto (1998a: 76-77)}, quienes afirman que en materia de convivencia extramatrimonial el principio fundamental es el artículo 10 de la Constitución Española, de forma que no será constitucional que se estableciera entre los conviventes derecho de alimentos legales, derechos de pensión legales o derechos legitimarios legales. Sin embargo, el artículo 39.1 de la CE dentro del concepto de familia incluye la convivencia extramatrimonial; ello, en opinión de este autor, envía al legislador ordinario deberes de protección económica, como las prestaciones asistenciales por razón de muerte establecidas en la legislación de la Seguridad Social y una reforma del impuesto de sucesiones, a fin de que los tipos de los derechos de sucesiones y donaciones entre los conviventes no sean peores que el de los sobrinos.

^{99 Coca Payeras (n. d.: 33)}, en su opinión la existencia de leyes sobre parejas de hecho dictadas por comunidades autónomas carentes de competencias para legislar en materia civil han sido consecuencia de la desidia del legislador estatal que no ha regulado estas situaciones, ni tampoco las uniones entre personas del mismo sexo hasta la reforma del matrimonio operada por la Ley 13/2005, del 1o. de julio. Es más, en algunas de estas leyes, como la Ley 12/2001, se expresa su carácter hacia la futura y nunca concretada legislación estatal.

^{100 García Rubio (1995: 35-63)} considera que esa deslealtad se produce respecto de aquellas materias cuya competencia es exclusiva del Estado y el legislador decide no regularlas, incumpliendo con ello el deber de colaboración que debe existir entre el Estado y las comunidades autónomas.

¹⁰¹Sobre esta cuestión, ^{Martín-Casals (2013: 14)}.

^{102 Martín-Casals (2013: 18)} dice que podría pensarse que el Tribunal considera que sólo podrán ser parejas de hecho susceptibles de regirse válidamente por la legislación foral las parejas formalizadas. Sin embargo, la sentencia afirma de forma sorprendente que la ley evidentemente no restringe su ámbito de aplicación a las parejas estables que hubieran formalizado documentalmente su situación, porque también tiene la consideración de parejas estables aquellas que reúnan los requisitos establecidos en la definición del artículo 2.1, si bien, tal concurrencia deberá ser acreditada por sus integrantes a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho.

¹⁰³Señala ^{Martín-Casals (2013: 8 y 28)} que con el argumento del libre desarrollo de la personalidad la sentencia impide, so pena de inconstitucionalidad, que el legislador estatal pueda regular las parejas de hecho de acuerdo con modelos y criterios que no han sido todavía objeto de tacha de inconstitucionalidad en los países democráticos más avanzados; es decir, no puede dictar una ley que limite la autonomía de la voluntad, como expresión del libre desarrollo de la personalidad, de forma que la operatividad de los efectos jurídicos que afecten a las parejas de hecho debe estar condicionada a la previa asunción por ambos miembros de la pareja de dichos efectos, a modo de condición puramente potestativa (si voluero). A juicio de este autor lo que está haciendo el Tribunal en esta sentencia es crear un nuevo derecho fundamental, denominado el derecho fundamental de convivir anómicamente en pareja de hecho, ya que lo esencial en él no es que las partes puedan establecer los pactos que consideren conveniente para regular su relación, sino que la pareja sólo esté obligada a regirse por aquellas normas que previamente hayan asumido ambos miembros (la cursiva es nuestra).

¹⁰⁴De igual modo, la constitucionalidad del artículo 5.5 de la Ley Foral que regula la posible existencia de una pensión compensatoria en caso de ruptura de la pareja estable, en defecto de pacto, es analizada en la sentencia. Al respecto, se afirma que lo que resulta inconstitucional es la imperatividad de la previsión, en los términos referidos, al igual que sucedía con el apartado 3 del mismo artículo 5o.

¹⁰⁵Esta sentencia ha sido criticada por una parte de la doctrina española. Así hemos visto las consideraciones de Martín-Casals. Por su parte, ^{Conca Payeras (n.d.: 48)}, considera que no es consciente el alto tribunal de la brecha que abre con la doctrina sentada, pues su diseño de la pareja estable es el de una figura tutelada por el artículo 10.1 de la CE cuyo régimen es dejado íntegramente a la voluntad de los integrantes que pueden decidir, en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad, la absoluta inexistencia de deberes, obligaciones o derechos entre ellos, de cualquier orden jurídico-privado. Para ^{Gálvez Criado (2015: 1832-1834)}, el artículo 10.1 de la CE, como lo interpreta la STC 93/2013, impone al legislador un mayor respeto a la libertad de opción de los conviventes que a la de los cónyuges, lo cual carece de todo sentido.