1. Trespass contra la persona

Se ha dicho que las interferencias directas y que implicaban un contacto físico eran acciones utilizadas como instrumento para preservar la paz y el orden en la sociedad, ya que ése era el tipo de conducta con mayor tendencia a alterarla por su potencialidad para provocar el deseo de venganza. La acción era concedida aun cuando no existiese lesión porque se consideraba que el ilícito resultaba no de la circunstancia de haber causado algún daño físico, sino porque la seguridad de la víctima y, fundamentalmente, la tranquilidad de la sociedad habían sido alteradas.

En cada uno de los ilícitos contra la persona a los que nos estamos refiriendo hay dos elementos: la conducta, como elemento objetivo, y la intención, como elemento subjetivo.⁷

A. Battery

Consiste en el contacto directo, intencional e injustificado en otra persona sin su consentimiento. El grado o la intensidad de ese contacto parece ser irrelevante.⁸ Algunas decisiones procuran defender la aplicabilidad del adagio de minimis non curat lex,⁹ pero la doctrina, en general, defiende la idea opuesta.¹⁰

El requisito de la comisión directa resulta imprescindible. Para socorrer a las víctimas de daños apenas indirectos surgió, a partir del siglo XIV, un nuevo instrumento: la acción sobre el caso (action on the case) donde la víctima, al revés de lo que sucedía en el trespass, debía necesariamente probar la existencia de daño. Como hemos mencionado precedentemente, el writ de la acción “sobre el caso” no contenía ninguna fórmula estereotipada, como era el caso de los writ de trespass. Consistía apenas en una exposición sumaria de los hechos sobre los cuales la víctima fundamentaba su requerimiento a la justicia, ya que ninguna fórmula podría haber sido lo suficientemente amplia como para que se aplicase a todas las situaciones potencialmente existentes.

La particularidad singular de la acción sobre el caso es que, al mismo tiempo que exigía la prueba del daño, se constituía en la vía instrumental para introducir la noción de culpa en el derecho inglés, a pesar de tener, paradojalmente, en relación al trespass, un carácter puramente residual.

Ni un cierto grado de intensidad en la fuerza aplicada, ni la hostilidad en el contacto representan elementos esenciales de la battery. Existe una antigua decisión (Cole v. Turner),¹¹ que reproduce las palabras del juez Holt, que continúan siendo frecuentemente repetidas hasta hoy “el mínimo contacto intencionado con otra persona es battery, pero si dos o más personas se encuentran en un pasaje estrecho y sin ninguna violencia o intención de daño, una toca a la otra, no lo es”.¹² Eso no significa que la mala intención o la hostilidad sean esenciales al concepto de battery. Un beso, o un abrazo no consentido, por ejemplo, también la constituyen. Lo que sucede es que la ley considera elemental un mínimo de tolerancia para los incidentes de la vida cotidiana, para los cuales habría una especie de consentimiento implícito por parte de todo aquel que interactúa en sociedad y, en consecuencia, se expone a alguna forma de contacto físico, como una pequeña palmadita en el hombro para llamar la atención de alguien.

La presunción de consentimiento constituye también la base para tornar legales algunos tipos de contactos físicos, como las lesiones sufridas durante la práctica de ciertos deportes o las operaciones quirúrgicas.

Si bien la protección de la ley se extiende a todas las partes del cuerpo, no es necesario que la piel de la víctima haya sido alcanzada por el contacto. En efecto, la battery comprende inclusive el contacto con las ropas que aquélla esté usando, las cuales son identificadas con la víctima misma. Si bien el más típico caso de battery se presenta en los golpes de puño o puntapié, el contacto también puede ser realizado a través de alguna extensión del propio cuerpo, como un pedazo de madera,¹³ caño o cualquier otro objeto que estuviere en las manos del autor de la acción ilícita, o lanzados por éste, como un balde de agua, o una piedra.¹⁴ Inclusive hay registros de decisiones en que se considera probada la battery por la simple acción que provocó el contacto, como retirar la silla en que la persona se iba a sentar.¹⁵ Más dudoso es el caso de proyección de luz, calor, ruidos o vapores en otra persona de modo a provocar una incomodidad en la persona.¹⁶

El contacto, aun cuando fuese mínimo, puede ser considerado ilícito ya que lo que interesa es el respeto a la dignidad de la persona. Por otro lado, insistimos, se trata de un instrumento del Estado que refleja el interés en la preservación de la paz social, pues el ataque podría estimular el deseo de venganza. Por esa razón, el sentimiento de indignación personal despertado ha tenido siempre un considerable valor. En ese sentido, el demandado será responsable, no sólo por los contactos de los cuales resulta alguna lesión, sino inclusive aquellos relativamente triviales pero que son interpretados como ofensivos o insultantes. Así, ya se consideró battery como agarrar a alguien por la nariz,¹⁷ quitarle el sombrero,¹⁸ cortarle el cabello,¹⁹ arrojarle agua,²⁰ o escupir a otro.²¹ La idea subyacente es que resulta más conveniente admitir acciones por ese tipo de actos, de invasiones aparentemente mínimas, que dejar abierta la puerta para represalias más violentas que pudieren generar en el espíritu de las víctimas.

La mayoría de la doctrina considera que el ilícito se configura aún cuando no haya existido la intención de causar daño ni ofensa con el contacto,²² como ocurre en el caso del beso no consentido, o inclusive en circunstancias de querer auxiliar a otro.²³

El actor deberá probar el elemento intención si pretende tener éxito en su demanda. Es decir, deberá evidenciar que el agresor quería el contacto, o que, al menos, sabía que su accionar muy probablemente llevaría al contacto físico. El simple descuido o la negligencia que apenas crea el riesgo de contacto podrían dar lugar a otra acción, pero no es suficiente para constituir battery.²⁴ En ese sentido, el requisito no estará satisfecho si el mismo sólo pretendía asustar al sujeto y el contacto fue meramente accidental.

No obstante, el requisito de la intencionalidad no necesariamente deberá estar presente al comienzo de la acción, siempre y cuando lo esté en algún momento antes de la finalización de ésta. En Fagan v. Metropolitan Police Commissioner, por ejemplo, el demandado accidentalmente pisó con su auto a un policía. Cuando el agente le gritó que moviera el vehículo para liberar su pie, el demandado deliberadamente demoró su acción. El tribunal lo condenó por considerar que el elemento intencional de practicar un contacto ilícito estaba dirigido a una acción en progreso.

Es importante enfatizar que lo único que el actor deberá probar es que el agresor quiso el contacto, no que hubo intención de causar daño o lastimar al otro. La ley considera al contacto en sí mismo como un ilícito, por lo que se podrá accionar por battery aun cuando ninguna lesión haya sido sufrida.

Por otro lado, la mayoría de los tribunales interpreta que, en orden a considerar que hubo comisión de battery, el demandado debe haber practicado alguna acción positiva y, por tanto, la simple obstrucción del paso, aun cuando pueda constituir otro tort, no configura battery.

La clase de conducta, el contexto social, la relación entre las partes o los medios de contacto son elementos que pueden influenciar en la determinación de la existencia o no de battery. Por ejemplo, las expectativas de una persona en un transporte público repleto de gente naturalmente son diversas de las que la misma persona tendría en otro lugar o circunstancias; la relación entre marido y mujer o entre amigos íntimos podría representar un consentimiento presunto para determinado tipo de contactos, los que resultarían inaceptables entre dos extraños; besar a alguien sin su consentimiento es completamente diferente de tocar el hombro de alguien para llamar su atención, etcétera.

La protección que se concede a la persona por medio de la acción de battery es tan importante, que la misma estará configurada aún cuando la víctima sea totalmente inconsciente en el momento de su realización, como en el caso de un beso mientras ésta se encuentra dormida o anestesiada.

La responsabilidad del demandado por el daño resultante se extiende, como en la mayor parte de los torts intencionales, inclusive a consecuencias que éste no pretendió, ni pudo razonablemente prever, basados en la natural argumentación de que, en los daños inesperados, es más acorde a los principios de justicia hacerlos recaer en el sujeto que actuó con cierta intencionalidad, que en la víctima completamente inocente.

B. Assault

Defínase al assault como todo acto que directa e intencionalmente provoque a otro el temor de un inminente contacto físico dañoso u ofensivo a su persona. En otras palabras, el temor de la inminencia de sufrir battery.

En la mayoría de los casos un assault precede a una battery, aunque sea por intervalos muy breves, pero es posible también la existencia de esta última sin el primero cuando la víctima no ha tenido conciencia del peligro que la acechaba, por ejemplo si recibe un ataque por la espalda, o un disparo mientras se encontraba durmiendo. Naturalmente, también es posible la existencia de assault sin la subsecuente battery, como sucede en los casos en que el agresor no está dispuesto a llevar adelante sus amenazas.

La esencia de este tort es, por tanto, la aprehensión producida. Para el análisis de su determinación se considera la que una persona razonable pudiera sentir, es decir, se trata de una evaluación objetiva. Excepcionalmente, la ley protege también a la persona excesivamente temerosa o particularmente susceptible a intimidaciones cuando esa circunstancia es conocida por el agresor, quien actúa en consecuencia.²⁵ El ilícito es singular en la medida en que se trata del único caso en el common law en que una mera sensación ofensiva, desacompañada de cualquier síntoma psicosomático que provoque traumas externos, da lugar a una acción de responsabilidad.²⁶ La explicación para esto obedece a que esta transgresión representaba una significativa forma de rompimiento o alteración de la paz social, contra la cual, justamente, se había creado la acción de trespass como instrumento para reforzar el derecho penal.²⁷

No es necesario que el autor de la acción pretenda, de hecho, emplear la fuerza o violencia, lo que interesa es la razonable creencia de la víctima de encontrarse próxima a ser objeto de un acto de tal naturaleza. Así, por ejemplo, constituye assault apuntar un arma descargada, aun cuando esta circunstancia sea del conocimiento del agresor, siempre que ignorada por la víctima.²⁸

La conciencia de la amenaza, al revés de lo que ocurre en la battery, es esencial. En consecuencia, no constituye assault el apuntar un arma a alguien que ignora que está siendo apuntado. Golpear a una persona mientras duerme o desde atrás, es battery, pero no puede constituir assault debido a la inexistencia de la aprehensión del ataque.

El efecto producido en la víctima no necesariamente debe ser temor, miedo o alarma, sino que es suficiente la aprehensión de sufrir violencia. Si así no fuese, las personas más valientes estarían imposibilitadas de apelar al assault por el simple hecho de la ineficacia de la intimidación (entendida ésta como el efecto subjetivo de la amenaza).

Prosser afirma no ser imprescindible la conciencia de que la amenaza tiene su origen en la conducta hostil humana, como sería el caso en que alguien provoca una explosión que coloca a la víctima en situación de temor por su vida o seguridad personal.²⁹

El concepto de aprehensión presupone, indiscutiblemente, la posibilidad de ejecución inmediata de la amenaza. En consecuencia, no habrá assault si la distancia entre el sujeto que amenaza y la víctima es lo suficientemente grande como para imposibilitar la concretización de la agresión como, por ejemplo, mostrar amenazadoramente los puños por la ventana de un tren que está partiendo para alguien que se encuentra en la plataforma, o desde la otra orilla de un río ancho y profundo.

Tampoco existirá aprehensión de la inmediatez del ataque si el agresor amenaza con el uso de la fuerza física o violencia en un futuro más o menos distante, como podría suceder con amenazas hechas telefónicamente (a no ser que se encuentre en un lugar muy próximo o que la amenaza consista en la detonación de un explosivo por control remoto).

Una vez generada la aprehensión en la víctima, es irrelevante que el sujeto que amenaza desista voluntariamente sin haber llegado a causar daño. El ilícito se concretiza con la alteración de la paz mental de la víctima, y la desistencia a proseguir la conducta en dirección a la battery no obstaculiza la configuración del assault.

No hay consenso en relación a si las palabras, desacompañadas de cualquier gesto o movimiento corporal, constituyen o no assault. Antiguamente se sostenía que las meras palabras, sin una conducta que señalase que la amenaza iba a ser ejecutada, carecían del contenido de inmediatez imprescindible al assault. (R. v. Meade & Belt, 1823), pero en R. v. Constanza, 1997 esa jurisprudencia parece haber sido modificada.

Por el contrario, está claro que las palabras sí pueden dar a un determinado acto, que en sí mismo es inofensivo, el carácter de ilícito. Por ejemplo, poner las manos en el bolsillo es un acto completamente inofensivo, pero si simultáneamente el sujeto dice que va a tomar un arma y disparar, es assault. De igual modo, las palabras pueden neutralizar la ilicitud de un acto que en sí mismo constituiría un acto amenazador. Por ejemplo, si alguien toma un cuchillo y lo dirige a otro habrá assault, pero, si al mismo tiempo pronuncia palabras que dejan claro que no hará uso de él, la transgresión no estará tipificada.³⁰ Por el contrario, las palabras que no retiran el contenido amenazador sino que simplemente lo condicionan de algún modo no desconfiguran la existencia de assault, como sería el caso de un sujeto que amenaza a otro con “romperle el cuello si no se va de allí”.³¹

Algunas conductas pueden ser dudosas en cuanto a su potencial intimidatorio y dependerá de las circunstancias que la acompañan el poder establecer si hubo o no assault. En ese orden, por ejemplo, hay pronunciamientos en el sentido de que seguir una mujer en la calle no configura ilícito si esa conducta no se encuentra acompañada de sugerencias indecentes o amenazas.³²

En el fondo, lo que debe ser analizado es el contexto. Por eso la doctrina enseña que las palabras son siempre pronunciadas dentro de un contexto y es en ese contexto que las mismas pueden provocar aprehensión.³³

En el mismo sentido se ha afirmado que bloquear el paso, permaneciendo parado en una entrada, no constituye assault, pues se exige una acción positiva, aunque en realidad esto debe ser interpretado con cuidado. Lo que se requiere es que haya existido alguna señal indicativa de la inminencia del contacto; es decir, que la aprehensión no sea el fruto espontáneo de la víctima sin ninguna circunstancia que la justifique. Si el agresor eligió, como instrumento de la intimidación, instalarse en el medio del camino de brazos cruzados y esa pasividad es percibida e interpretada con el sentido que se quiso dar a la pasividad, no vemos razón para excluirla de la noción de assault. De cualquier manera, en ese caso, la pasividad debe ser analizada en conjunto con la acción positiva anterior de adoptar esa posición para intimidar.

De la misma forma, el silencio, acompañado de otras circunstancias podría ser considerado assault. En R. v. Ireland (un caso criminal), el acusado realizó una serie de malintencionadas llamadas telefónicas a tres mujeres. Cuando atendían, él permanecía en silencio. Las mujeres, como consecuencia de ello, resultaron con trastornos psicológicos. El acusado fue imputado por la comisión de assault causador de daño físico y condenado. La Cámara de los Lores ratificó la condena afirmando que sus llamadas telefónicas silenciosas llevaron a las señoras a creer que irían a ser atacadas por quienquiera que fuese que estuviese al otro lado de la línea. Esto aun cuando existiese algún intervalo de tiempo entre que el acusado abandonase el lugar desde el cual se encontraba haciendo las llamadas y la casa donde ellas estaban.

C. Detención o privación ilícita de la libertad (false imprisonment)

La expresión en inglés false imprisonment es equívoca en un doble sentido, primero porque no hay nada en ella de “falso” en el sentido de “irreal”, sino que se refiere a la idea de ilícito o ilegal y, en segundo lugar, porque si bien es posible que la figura represente un verdadero encarcelamiento en el sentido de confinamiento en una prisión, ello no representa en absoluto un requisito para la constitución de la transgresión de que se trata. Es verdad que en sus orígenes estaba destinada a conceder compensación por el sufrimiento de prisión o encarcelamiento ilegal, pero esa aplicación estricta ha sido superada hace ya tiempo.³⁴ Lo que se protege es la libertad de movimiento y, en ese sentido, la privación de la libertad puede presentarse en la calle,³⁵ en un automóvil,³⁶ en un tren en movimiento,³⁷ en el ascensor,³⁸ etcétera.

La detención ilícita es el acto que intencionalmente provoca la total restricción de la libertad o confinamiento de una persona en un espacio limitado, sin justificación legal. Es esencial para su configuración que el sujeto se encuentre, de hecho, gozando de su libertad y, por tanto, alguien que ya se encuentra en prisión en cumplimiento de una detención legal, no podría accionar invocando la comisión de este ilícito por haberse afectado su “libertad residual”.³⁹

La expresión “detención” representa la idea de restricción dentro de los límites establecidos por una voluntad o poder distinto del propio. La extensión de los límites en los cuales la víctima se encuentra confinada es indiferente, pudiendo ser tan estrecha como el cubículo de un ascensor, o tan amplia como el perímetro de un aeropuerto. El tiempo de la privación de la libertad también es indiferente, por lo que aun el más breve será suficiente. La antigua noción del confinamiento subsiste, sin embargo, en el sentido de que la restricción de la libertad debe ser total, más que la de una simple limitación del derecho de ir a donde la víctima lo desee.⁴⁰ De ese modo, no constituye detención ilícita obstruir el paso de una persona en una única dirección, o impedir el abandono de un área determinada a través de una salida si existe otra vía alternativa que no ofrezca peligro para la vida, o riesgo físico de aquélla.⁴¹ Por el contrario, habrá false imprisonment aun frente a la existencia de una vía alternativa de escape, si ésta es desconocida para la víctima.

En Bird v. Jones⁴² el actor había sido impedido por el accionado de usar parte de un puente, normalmente usado para transitar, al colocar unas sillas para asistir a una regata que estaba teniendo lugar en el río. Este último le manifestó que podía usar la otra parte del puente, pero el primero se recusó y, cuando pretendió usar la fuerza para desbloquear ese sector, fue detenido por policías que se encontraban en el lugar. Llevado a juzgamiento, el tribunal interpretó que no hubo detención ilícita porque la restricción total de la libertad, necesaria para su configuración, no había existido. En voto disidente, Lord Denman expresó: “En la medida en que yo esté siendo privado de hacer lo que tengo derecho de hacer, ¿qué importancia tiene que se me permita hacer otra cosa diferente?”

Un aspecto controvertido es el de si resulta necesario que la víctima tenga conocimiento de la privación de libertad de que está siendo objeto. Una importante decisión del juez Atkin afirma que “una persona puede estar prisionera sin su conocimiento, mientras duerme, estando alcoholizado, en estado de inconsciencia o privado de sus facultades mentales”.⁴³

En un caso frecuentemente referido, el actor, por orden de sus patrones, (los demandados) había comparecido al escritorio de éstos que le exigían explicaciones en relación a algunos robos que venían sucediendo, sin saber que tres detectives se encontraban del lado de afuera con instrucciones de impedirle que se alejara del lugar si intentaba hacerlo.⁴⁴

Un fallo más antiguo (considerado por importante sector de la doctrina desde todo punto de vista censurable) contrasta con esa decisión. En Herring v. Boyle, el director de una escuela de internado se negó a permitir que la madre de un alumno lo llevase a casa para las vacaciones de Navidad, alegando encontrarse atrasada con el pago de las mensualidades escolares. En la sentencia se expresaba que no era procedente la acción de detención ilegítima porque no resultó probado que el niño había permanecido contra su voluntad o, por lo menos, que la negativa de liberación había sido realizada en su presencia, en otras palabras, que el actor (el niño) no había tenido conocimiento de la existencia de ninguna restricción.⁴⁵

La restricción a la libertad se puede alcanzar por medio del uso de la fuerza, o amenaza de fuerza a la cual la víctima se somete. Es suficiente que ésta sufra una razonable aprehensión del uso de la fuerza derivada de la conducta del agresor aún cuando, de hecho, ninguna fuerza haya sido empleada, ni ninguna amenaza haya sido externalizada.

La presencia de personas con aparente autoridad para efectuar detenciones, como policías uniformados o personal de seguridad, naturalmente provoca en las personas comunes la idea de la obligación de obedecer.⁴⁶ En estos casos, eventualmente podría haber dificultad para establecer los límites entre el consentimiento, por un lado y la pacífica, pero involuntaria sumisión, por el otro. En Lebrun v. High-Low Foods Ltd.,⁴⁷ por ejemplo, la víctima había consentido en la búsqueda, en su automóvil, de cigarrillos que habían desaparecido del supermercado en donde acababa de efectuar compras. Su consentimiento derivaba de la creencia de que la negativa iría a derivar en su detención por el guardia de seguridad que exigía la requisa del vehículo.

Del mismo modo, habrá detención ilícita si la víctima acompaña a otro sujeto apenas para evitar una escena vergonzosa,⁴⁸ o si éste retiene algún objeto personal valioso que pertenezca a aquélla.⁴⁹

Generalmente, la detención ilegítima se constituye a través de medios positivos, pero también puede ser realizada por medio de omisiones como no liberar al prisionero al final de su sentencia.⁵⁰ Sin embargo, esa cuestión ya fue decidida en sentido opuesto. En un conocido caso resuelto por la Cámara de los Lores (Herd v. Weardale), un minero había descendido a la mina a cumplir sus tareas como habitualmente lo hacía, y encontrándose abajo, después de una discusión, se negó a continuar trabajando y exigió ser llevado a la superficie. Los acusados se negaron a facilitarle el uso del elevador que se encontraba libre y tuvo que esperar unos veinte minutos hasta el cambio de turno para poder salir. En esa oportunidad, sin embargo, las razones esgrimidas fueron que se trataba de un caso de aplicación de la regla volenti non fit injuria. Se afirmó que cuando alguien ingresa en la propiedad de otro, en cumplimiento de contrato o con autorización, no pude alegar detención ilícita simplemente porque no se le permite salir de una manera inconsistente con los términos en los cuales entró, o si se le niegan facilidades especiales en un horario no contemplado entre las partes.⁵¹

A una conclusión similar ya se había arribado en Robinson v. The Balmain New Ferry C. Ltd.⁵² Una persona había ingresado a los muelles pertenecientes a la compañía pretendiendo cruzar la bahía hasta Balmain. Pagó un penny para atravesar el molinete, pero cuando se enteró que el ferry acababa de partir y el próximo sólo iría a salir veinte minutos más tarde decidió retornar. A la salida se encontraba otro molinete para el cual había que pagar otro penny, que la persona en cuestión se negó a pagar, permaneciendo detenido en el área por un breve período hasta que le fue permitido saltar por encima del molinete.

La sentencia, que declara no haber existido detención ilícita, destaca que los demandados no estaban obligados a permitir la salida de sus instalaciones gratuitamente a las personas que ingresaron en virtud de un contrato que contemplaba el abandono del muelle a través del ferry en la dirección opuesta. Es decir que para el tribunal fue fundamental la circunstancia de que el accionante había contratado dejar el muelle por la otra salida.

Winfield se pregunta si podrían haberlo mantenido en aquella condición indefinidamente. El prestigioso autor también plantea la cuestión de las personas que abordan el ómnibus equivocado y a quienes no se les permite descender sin pagar, o del estudiante que entra por error a otra sala y el profesor le prohíbe salir hasta el final de la clase, bajo el argumento de que iría a interrumpirla (aún cuando el esfuerzo en mantenerlo en esas condiciones significase aún más interrupción…), concluyendo que la decisión debe basarse en si el error era razonable y si la condición exigida para la salida también lo era.⁵³

Herd v. Weardale es una decisión de la Cámara de los Lores, y Robinson v. The Balmain New Ferry C. Ltd. del Privy Council; es decir, tanto el uno como el otro, de la mayor autoridad. Se ha sugerido; sin embargo, que ambos provienen de una época en que el principio del pacta sunt servanda debía prevalecer sobre cualquier otro. En la actualidad sería difícil de sustentar una decisión que sostuviese que el consentimiento contractual, una vez otorgado no puede ser revocado como se desprende de Herd v. Weardale, o que el acreedor puede privar al deudor de su libertad a los efectos de obligarlo a pagar su deuda.⁵⁴

En un interesante artículo, Tan sostiene que el consentimiento para la restricción de la libertad, generalmente puede ser retirado en cualquier momento, siendo ese asentimiento independiente de la voluntad asumida contractualmente y, por tanto, cualquier limitación, con posterioridad a la revocación del consentimiento, debe ser considerada false imprisonment.⁵⁵

Finalmente, cabe enfatizar que la detención ilícita no requiere la existencia de daño. No obstante, la restricción de la libertad debe ser intencional, si es causada negligentemente, por ejemplo, encerrando a alguien por descuido en una biblioteca, la víctima deberá probar el perjuicio.⁵⁶

D. Provocación intencional de angustia mental o daño psicológico (infliction of mental distress)

En 1896, el juez Wright en Wilkinson v. Downton⁵⁷ estableció por primera vez que si una persona voluntariamente provoca daños psíquicos a otra a través de la práctica de un acto calculado para causarlo, debe responder.

El caso analizaba la conducta de un sujeto que, aparentemente con la intención de divertirse, se presentó en la casa de una mujer diciendo que su marido estaba gravemente herido, se encontraba tirado en el suelo, con las dos piernas quebradas y que debía ir inmediatamente con dos almohadas para poder transportarlo a su casa. La historia era completamente falsa y la mujer, que había creído en ella, tuvo un shock nervioso que le provocó vómitos y otras graves y permanentes consecuencias físicas.

Las circunstancias no encajaban en las formas de ninguno de los torts existentes en la época. El más próximo era el assault, pero no había habido amenaza de daño inminente. Por otro lado, el demandado había apenas hablado y el trespass exigía un acto. El daño no había sido infligido directamente (corpore corpori), sino indirectamente, a través de la palabra. Pero, no era apenas eso, sino que en 1896 los tribunales no estaban preparados para conceder acciones por shock nervioso.

Wilkinson v. Downton se refiere, en particular, a una afirmación falsa dirigida a producir daño, pero comprende tanto afirmaciones (palabras) como actos y no hay nada en la decisión que sugiera que la afirmación deba, necesariamente, ser falsa para ser procedente.⁵⁸ Lo que interesa es que haya sido realizada intencionalmente para causar daño.⁵⁹

Eso no significa que los portadores de malas noticias se encuentren en una situación de desventaja en función de que la información que se disponen a transmitir pueda poseer en sí misma un alto potencial de dañosidad psíquica. En Mount Isa Mines v. Pusey,⁶⁰ se determinó que no hay obligación frente a la ley de transmitir malas noticias de una manera delicada, de modo a minimizar el riesgo de daño psíquico, ni obligación de no hacer nada que produzca malas noticias… a no ser que exista intención de causar shock nervioso.⁶¹

Wilkinson v. Downton tuvo aplicación nuevamente en Inglaterra en Janvier v. Sweeney.⁶² Un hombre (detective particular que buscaba unas cartas) se presentó en la casa de la señora Janvier diciendo ser inspector de Scotland Yard, que venía en representación de las autoridades militares, y que la estaba buscando por estarse escribiendo con un espía alemán. Las amenazas y las circunstancias le provocaron un fuerte shock nervioso que le significó un largo periodo de enfermedad atribuido a las palabras usadas en aquella ocasión.

La Corte, no apenas ratificó la vigencia de Wilkinson v. Downton, sino que dijo tratarse de un caso más extremo todavía, ya que en aquél el demandado pretendía apenas hacer una broma, mientras que en éste hubo la intención de aterrorizar a la víctima con el propósito de obtener, ilegítimamente, un objeto deseado.

Wilkinson v. Downton también ha sido aplicado a actos y no palabras. En Purdy v. Woznesensky,⁶³ el demandado había atacado y golpeado violentamente al marido de la accionante en su presencia, lo que le provocó un shock nervioso y daño en su salud. En la sentencia se dice que un hombre razonable debía saber la preocupación y el cuidado intuitivo que una esposa siente por su marido. En consecuencia, debería haber previsto que, obligándola a presenciar un ataque tan imprevisto y violento como el que practicó con su marido, iría a afectar su sistema nervioso de modo a provocarle daño físico.⁶⁴ Si bien el lenguaje utilizado resulta más apropiado para un caso de negligencia que el de un tort intencional, a rigor, le fue atribuido al demandado la intención de causarle daño psíquico.

Otra cuestión que ya tuvo oportunidad de ser analizada en el Common Law es si las palabras o dichos deben ser dirigidos a la víctima o, por lo menos, realizados en su presencia. En Bielitski v. Obadiak,⁶⁵ un sujeto telefoneó varias veces a una persona con la noticia falsa de que el hijo de otra señora, que vivía en la misma casa, se había suicidado ahorcándose con una soga. El relato había sido realizado con la seguridad de que la noticia finalmente habría de llegar hasta la señora Bielitski, como de hecho sucedió, y que terminó sufriendo un fuerte impacto emocional que le causó una seria enfermedad. La Corte de Apelaciones de Saskatchewan concluyó que “cualquier persona razonable sabría que la consecuencia natural y probable de divulgar una noticia de esa naturaleza sería que habría de llegar hasta la accionante causándole, con absoluta seguridad, no apenas angustia psíquica sino daño físico”.⁶⁶

Otro espantoso caso, juzgado por la corte de Iowa, es el de Blakeley v. Shortal’s Estate⁶⁷ donde un sujeto decidió que sería una buena idea suicidarse cortándose la garganta con un cuchillo de cocina de la actora, en su ausencia. Cuando ésta regresó se deparó con la horrible escena del cuerpo ensangrentado y charcos de sangre por todas partes.

El temor a las falsas denuncias, las dificultades de prueba del sufrimiento mental y la argumentación de la potencialidad de una catarata de acciones hizo que el Common Law se autoprotegiese creando una serie de salvaguardias para desalentar las demandas fútiles y establecer un límite, a partir del cual no habría reparación. Éstas sólo tendrán lugar cuando exista una conducta que exceda todos los límites habitualmente tolerados por la sociedad, que sea de una naturaleza especialmente calculada para causar, y que de hecho cause, daños mentales de gravedad.⁶⁸

En primer lugar, debe tratarse de una conducta capaz de alterar las emociones de una persona razonable, es decir, no habrá reparación en el caso de personas particularmente sensibles, o con reacciones impropias de las personas comunes. Una prueba del rigor con que esa exigencia es a veces requerida puede ser constatada en el caso australiano de Bunyan v. Jordan.⁶⁹ La actora, una joven de 22 años en la época de los hechos, trabajaba como empleada en la tienda del accionado. El día del incidente, entró a su local de trabajo y encontró a su patrón, aparentemente alcoholizado, sentado frente a una mesa con un revólver y una botella con la inscripción “veneno”. Posteriormente ella lo escucha diciéndole a sus hijos (con el objetivo de ejercer presión sobre ellos) que se iba a suicidar. Inmediatamente después, la joven se aleja hasta un local vecino y escucha un disparo de arma de fuego. El demandado no tenía intenciones de suicidarse y había actuado de esa manera sólo para atemorizar a sus hijos. El incidente provocó a la accionante una grave perturbación de su sistema nervioso.⁷⁰

Las argumentaciones de la sentencia no parecen exentas de crítica: “en el caso de personas normales”, decía, “si una persona dice que va a matar a alguien y después ellas escuchan un disparo, o inclusive ven a la persona matarse, o matar a un tercero, pueden perturbarse o incomodarse en diferentes grados, pero no irán a enfermarse como consecuencia de una crisis nerviosa”.⁷¹

Otra importante salvaguardia es que la perturbación emocional debe venir acompañada de daño físico objetivo y substancial, o de consecuencias psicopatológicas. La simple angustia, o el miedo, no son suficientes. En otras palabras, la seguridad emocional como derecho en sí no existe, salvo el caso particular del assault.

En Radovskis v. Tomn,⁷² por ejemplo, la madre de una niña de cinco años, que había sido violada, no obtuvo reparación por el shock nervioso que aquélla había sufrido porque no hubo prueba de consecuencias físicas.

La línea aparece un poco más tenue en Edmons v. Armstrong Funeral Home,⁷³ donde se concedió indemnización por la angustia mental sufrida por el autor, cuando los demandados permitieron el ingreso de un médico al recinto de la casa funeraria, donde estaba siendo velada su esposa, para practicar una autopsia en el cadáver, sin su autorización.

En los Estados Unidos, en 1948, hubo una enmienda al Restatment of Torts declarando innecesaria cualquier consecuencia física. La conclusión de la doctrina es que, frente a la ausencia de daño físico, la inclinación de los tribunales a partir de entonces fue la de tender a exigir más en el desajuste de la conducta del demandado, como medio para garantizar que la perturbación mental alegada no sea ficticia.⁷⁴

1. Consentimiento

Existen ocasiones en que el daño puede ser causado a una persona sin que ésta tenga derecho a indemnización por haberlo consentido o, por lo menos, por haber consentido con la práctica de la acción que lo provocó. El efecto de ese consentimiento o asentimiento resulta correctamente expresado por el adagio volenti non fit injuria, cuya antigüedad algunos remontan hasta Aristóteles.⁷⁵ En Inglaterra, Bracton en su De Legibus Angliae, ya en 1250, utilizó el adagio.

La defensa aparece más vinculada a los daños contra la persona, pero nada impide su aplicación a los daños a la propiedad. De cualquier manera, el fundamento es el mismo: nadie puede reclamar un derecho al cual voluntariamente ha renunciado o abandonado.

Su empleo puede asumir dos formas: el consentimiento en sentido propio, oponible en los torts intencionales; o la complacencia de la víctima en correr el riesgo de lesión derivado de una particular fuente de peligro, tradicionalmente denominado aceptación del riesgo, aplicable al daño culposo.

La distinción fue particularmente destacada en Mc. Namara v. Duncan⁷⁶ por el juez Fox quien expresó que la aplicación del adagio volenti non fit injuria es diferente según se trate de los casos de trespass intencional o en los de negligencia, ya que en éstos el consentimiento se refiere al riesgo de daño, mientras que en los primeros el consentimiento es con el trespass.

A. El consentimiento en los deportes

El consentimiento es particularmente relevante en los deportes. Un jugador de rugby presta asentimiento a los tackles que las reglas permiten, pero no a los contactos físicos realizados con el deliberado propósito de provocar lesiones, como un puñetazo en la cabeza o un pisotón en los dedos del rival que se encuentra en el suelo.⁷⁷ Eso no significa que cualquier uso de fuerza física fuera de las reglas de juego serán tratadas como trespass, sino apenas la imposibilidad de la extensión del consentimiento a actos del accionado realizados con el conocimiento, real o presumido, de que si practicada tal acción ilícita, el daño o lesión provocados podrían suceder. En otras palabras, una infracción a las reglas, si es cometida dentro de los límites razonables, no constituye trespass.

En Pallante v. Stadiunos Pty. Ltd⁷⁸ se determinó que el jugador implícitamente consiente con la violencia ordinaria y razonablemente apreciada como normal o incidental en el deporte a que se refiere, con el requisito adicional de que esa violencia debe ser provocada dentro del espíritu de las reglas de la competencia deportiva.⁷⁹

B. Consentimiento en las prácticas médicas

Cualquier contacto físico con el paciente que no prestó su consentimiento es considerado, prima facie, battery. El consentimiento no precisa ser por escrito y, en la práctica, frecuentemente habrá de derivarse implícitamente de la conducta del paciente, como en el caso de extender el brazo, sin pronunciar palabra, para que le sea aplicada una inyección.

En las cirugías o tratamientos invasivos es común solicitar de los pacientes la firma de un formulario aceptando la operación o tratamiento así como sus efectos y naturaleza debidamente explicados. En los Estados Unidos, el consentimiento, para ser válido, debe estar basado en todos los hechos relevantes para su formación (consentimiento informado).⁸⁰ En Inglaterra, prevalece la opinión de que el consentimiento no resulta viciado por la omisión del médico en dar al paciente suficiente información. Apenas cuando el consentimiento es consecuencia de dolo relativo a la naturaleza del tratamiento (fraud or misrepresentation) puede considerarse la nulidad del asentimiento.⁸¹

La falta de información acerca de los riesgos asociados a un determinado tratamiento, aún cuando esos riesgos sean lo suficientemente serios como para hacer que una persona razonable rechace el tratamiento, no vicia el consentimiento en el caso de una pretendida acción por battery. El paciente, en esa circunstancia, no obstante, conserva la acción por negligencia contra el médico por la violación al deber de informar.

La Corte Suprema de Canadá, en Reibl v. Hughes,⁸² enfatizó la distinción entre los casos en que la cuestión es la de si existía una obligación de informar los riesgos de una determinada cirugía o tratamiento, y aquellos en que hubo la realización de estas prácticas, sin la existencia de ningún consentimiento. Los primeros, en opinión de la Corte, debían ser restrictos al ámbito de la negligencia, los últimos a los de la battery.

Para los casos de investigaciones se ha sugerido que el voluntario posee el derecho a la más absoluta información acerca de los hechos, probabilidades y opiniones, y que la reserva de información para evitar la preocupación del paciente cuando ese estado resultaría perjudicial para la investigación es inaceptable. En Halushka v. University of Saskatchewan,⁸³ un estudiante se ofreció voluntariamente para la realización de pruebas de anestesia con el propósito de investigaciones a ser realizadas por el Departamento de Anestesia de la Universidad. Durante la práctica el estudiante sufrió un paro cardíaco que lo dejó inconsciente por cuatro días y hospitalizado durante diez. El consentimiento firmado por el estudiante fue considerado insuficiente.

Los menores pueden prestar consentimiento sin el asentimiento paterno, si poseen madurez suficiente para comprender la naturaleza y las consecuencias del acto (por ejemplo, tratamiento médico o relaciones sexuales). En Gillick v. West Norfolk⁸⁴ la Cámara de los Lores determinó que una menor de 16 años podía consentir con el tratamiento médico que incluía administración de anticonceptivos, y que ese consentimiento producía efectos, no apenas en ausencia de consentimiento paterno, sino aún frente a la negativa de éste. En el caso de menores impúberes el consentimiento paterno, en general, será suficiente para autorizar tratamientos benéficos para ésta.

La Suprema Corte de Australia afirmó en el caso Marion⁸⁵ que el consentimiento paterno es insuficiente. La cuestión giraba en torno a la posibilidad de esterilización de deficientes mentales y la respuesta de la Corte fue enfática en el sentido de que las cirugías propuestas, que no se encontraban vinculadas a problemas físicos inmediatos, como podría ser, por ejemplo, una histerectomía para remover el útero afectado por cáncer, requieren la autorización del juez antes que una intervención tan grave, y generalmente de efectos irreversibles, pueda ser practicada. La mayoría de la Corte afirmó que el test apropiado era el de preguntarse si el objetivo principal del procedimiento era o no terapéutico (en el sentido de tratamiento correctivo de una disfunción o enfermedad).

2. Legítima defensa

Durante siglos, el common law ha justificado la violencia ejercida contra cualquier persona en los casos en que la víctima, o un tercero, se encuentran amenazados de sufrir un daño. Fallos que se remontan al año 1400 (Chapleyn of Greye’s Inn) dan cuenta que es legítimo hacer uso razonable de fuerza o violencia para protegerse a sí mismo, o a terceros, de un ataque ilegítimo.

La determinación de la razonabilidad de la fuerza empleada, es decir, que no exceda los límites impuestos por las circunstancias, es cuestión a dilucidar en cada caso.⁸⁶ Cuando el uso de la fuerza fuese razonablemente necesario, el hecho que el daño causado haya sido más grave que lo previsto no perjudica la defensa.⁸⁷ La posibilidad de escapar, en vez de reaccionar, es uno de los elementos que el jurado debe considerar al analizar la razonabilidad de la conducta del demandado. Así, en Fontin v. Katapodis⁸⁸ la Corte Suprema de Australia consideró que el accionado, en vez de defenderse atacando al actor con un pedazo de vidrio, podría haberse alejado del lugar evitando, de ese modo, nuevos golpes. En consecuencia, la fuerza empleada no fue considerada “razonablemente necesaria”.

El privilegio de la defensa propia emana del razonable temor de agresión física. No es necesario que la persona amenazada sea de hecho atacada, ni tampoco es menester ninguna forma de advertencia previa. La simple provocación que no pone en riesgo la seguridad física, sin embargo, no autoriza el empleo de la fuerza. En White v. Conolly,⁸⁹ por ejemplo, el marido traicionado que sorprendió a la mujer en flagrante delicto reaccionando contra el amante fue considerado responsable de las heridas causadas.

La utilización de violencia después que cesó la amenaza, excediendo los límites de la defensa e ingresando en el ámbito de la venganza, deja al sujeto expuesto frente a una eventual acción por los daños causados. En McClelland v. Symons el actor había apuntado un arma y hecho amenazas verbales. El demandado tomó una barra de metal y lo golpeó con tanta fuerza en la cabeza que le provocó fractura de cráneo y contusión cerebral.

En el caso, hubo prueba dudosa de si un segundo golpe habría sido dado cuando el actor permanecía, desarmado e indefenso, en el suelo. En relación a ese eventual segundo golpe el juez Sholl dijo que

...el derecho a reaccionar existe antes del inicio del ataque, pero ese derecho se extiende tan sólo al período en el cual el peligro subsiste. La ley no concede a la persona atacada el derecho de aplicar otro golpe como forma de venganza, ni permite al demandado excusarse bajo la alegación de la excitación del momento, o en razón de la provocación, ni afirmar que sin la existencia de los mismos, los golpes no habrían sido aplicados.⁹⁰

Actos justificados de legítima defensa, por tanto, pueden transformarse en injustificados, si en un rapto de entusiasmo la víctima agrede ferozmente a su atacante. De ese modo, resulta perfectamente posible que tanto la víctima original, como su atacante, terminen ambos condenados simultáneamente por battery.

Si en el ejercicio de la legítima defensa el demandado no acierta su objetivo y termina hiriendo a un tercero será considerado accidente inevitable (siempre que no haya habido negligencia).⁹¹

Antiguos fallos, que remontan al siglo XVII, legitimaban la acción del siervo en defensa de su patrón,⁹² así como la del patrón en defensa del siervo,⁹³ o de un miembro de la familia,⁹⁴ pero excluían la de terceros desconocidos. Al presente tales distinciones son totalmente obsoletas. El common law contemporáneo, atendiendo a las exigencias modernas de solidaridad, permite a cualquier persona salir en defensa de un tercero agredido.⁹⁵ No obstante, el grado de proximidad puede llegar a ser relevante a los fines de determinar la razonabilidad de la fuerza o violencia ejercida.

3. Necesidad

Algunos actos provocadores de daño pueden ser justificados si son necesarios para la preservación de la integridad física o protección de la propiedad, independientemente de si la acción alcanza el objetivo previsto.⁹⁶ Existen algunos trazos comunes con la legítima defensa, pero en ésta la amenaza proviene de quien resulta agredido por la acción defensiva, en cuanto que en la necesidad el peligro es derivado de un acto de la naturaleza o de un tercero.

Para que la defensa sea procedente son esenciales dos requisitos: a) la existencia de una situación de peligro inminente y real, y b) necesidad (y no apenas conveniencia) razonable de los medios empleados para conjurar el peligro.⁹⁷

El common law es riguroso en la evaluación de las circunstancias de peligro inminente, ya que, según se expresa: “necesidades menores constituyen apenas una máscara para la anarquía”.⁹⁸ El favor de la ley tampoco procede cuando la necesidad del acto deriva de la propia negligencia del sujeto que la invoca.⁹⁹

La noción de razonabilidad exige un balance de los valores en conflicto. En Southport Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd.¹⁰⁰ el juez Devlin dijo que “la seguridad de la vida humana pertenece a una escala de valores diferente de la seguridad de la propiedad. Ellos no pueden ser objeto de comparación y la necesidad por la seguridad de la vida fue, en todos los tiempos, considerada razón suficiente para causar daños necesarios a la propiedad de terceros”.

Es por ello que cuando de proteger la vida o la integridad física de las personas se trata, la destrucción de propiedad ajena, si necesaria para tal propósito, encuentra en la ley plena justificación. Por el contrario, el recurso a la figura de la necesidad como defensa contra ataques a la persona son muy escasos.

En el ámbito del transporte público, por ejemplo, hay decisiones que conceden el derecho de uso de la fuerza al capitán del navío contra cualquier pasajero que amenace la seguridad del mismo, o la continuidad del viaje.¹⁰¹ Por analogía, reglas similares son aplicadas a las aeronaves.

Existe absoluto consenso en que nadie tiene el derecho de matar o lesionar a alguien para salvar bienes, con excepción quizás de que ello sea practicado para evitar una destrucción de magnitudes catastróficas como podría ser un desastre nuclear.¹⁰² Para el caso en que el dilema se presente entre lesionar una persona u otra, si el accionar es razonable, hay indicaciones en el sentido de que no habría responsabilidad, como sería el caso en que el conductor de un vehículo, para evitar atropellar a un niño desvía el ómnibus que conduce y lo dirige hacia donde se encuentra un grupo de personas causando lesiones a alguna de ellas.¹⁰³

La cuestión de si existe obligación de indemnizar es incierta. Para algunos, se trata de un privilegio incompleto;¹⁰⁴ es decir, que justifica la invasión de los derechos de terceros obligando a éstos a soportarla, pero que no libera al causador del daño de indemnizar el perjuicio provocado.¹⁰⁵ Para otros, si el acto es legítimo, no puede generar obligación de reparar como si se tratase de acción ilícita. Un tercer grupo, se inclina por asimilar la situación a la responsabilidad objetiva, donde la práctica de una actividad lícita no priva a las víctimas del derecho a ser indemnizadas por el daño sufrido.¹⁰⁶

Dos casos del siglo XIX, Rv. Dudley v. Stephens¹⁰⁷ y US v. Holmes¹⁰⁸ muestran que el riesgo de la vida propia no justifica eliminar la ajena. En el primero, cuatro náufragos se encontraban a la deriva en el medio del océano, en un bote salvavidas, sin provisiones. Para intentar sobrevivir, tres de ellos decidieron matar al más joven de los cuatro, un marinero de 17 años que ya se encontraba moribundo. Aún cuando el deceso se habría igualmente producido por muerte natural, los náufragos decidieron anticiparla para preservar la sangre y poder beberla. Finalmente fueron rescatados y tras un controvertido proceso resultaron condenados a una pena mínima, pero el principio del caso, deja sentado que la defensa de necesidad no es aplicable para el homicidio.

En el segundo, unos catorce pasajeros fueron lanzados al mar para aliviar el peso de la carga del bote salvavidas en que se encontraban, tras haberse hundido el barco en el que navegaban. Holmes, un simple marinero pero muy respetado entre la tripulación, que era quien había impartido la orden, fue condenado a una pena mínima de seis meses, pero el precedente sirvió para excluir a la necesidad como defensa en casos similares.

4. Disciplina

Otro medio de defensa contra los torts intencionales, aunque hoy de uso muy limitado, es el de disciplina.

La defensa de disciplina viene sufriendo en el common law una gradual pérdida de significación al punto de ser considerada por algunos un asunto desplazado a la historia del derecho.¹⁰⁹ Sin duda, la idea de que el marido puede castigar a la mujer bajo la alegación del ejercicio del poder disciplinario se encuentra completamente rechazada en el mundo occidental,¹¹⁰ siendo que el uso de la fuerza o el confinamiento resulta inadmisible aún cuando practicado para evitar el abandono de hogar.¹¹¹ Sin embargo, la cuestión no está despojada de interés en relación a los menores y, ocasionalmente, en el caso de pasajeros en medios públicos de transporte.

El privilegio concedido a los padres de imponer razonables castigos o correctivos a sus hijos, a pesar de las críticas de los especialistas en educación, han subsistido hasta hoy. El Children and Young Persons Act 1933, en Inglaterra, el Código Penal de Western Austrália (s. 257) y el Código Penal de Queensland (s. 81) reconocen expresamente ese derecho.

Los tribunales, sin embargo, son enfáticos al afirmar que su uso debe ser moderado, razonable y de acuerdo con la edad física y mental del menor. El poder correctivo se extiende a la privación de la libertad o a la confiscación de bienes del menor cuando fuese razonable de acuerdo con las circunstancias. Se ha sugerido, por ejemplo, que la defensa sería procedente si un padre encierra en el cuarto a su hija de catorce años para evitar los encuentros con un grupo de Hell’s Angels, en cuanto que idéntica alegación no sería válida para impedir a un menor de diecisiete años hacer un test para ingresar a la universidad.

En gran parte del área del common law, los profesores aún conservan (en internados y colegios comunes) el derecho de ejercer uso de la fuerza con fines correctivos.¹¹² El poder correctivo no se limita al ámbito físico de la escuela, si razonablemente relacionado con la disciplina escolar.¹¹³ Como siempre en materia de defensa, la fuerza empleada debe ser razonable de acuerdo con las circunstancias. En su consideración, la naturaleza de la transgresión, la edad del menor, su conducta precedente, los motivos y la posible influencia del ejemplo del menor en la conducta de sus colegas deben ser evaluadas.

Los motivos del castigo deben ser estrictamente correctivos y no producto de sentimientos de rencor, furia, odio o maldad. Si los límites de la moderación fuesen superados, la persona que aplica el castigo responde por el exceso, aún cuando haya sido autorizado por los padres.¹¹⁴

Tradicionalmente, se interpretaba que el poder disciplinario de los directores y profesores de escuela derivaba de una delegación tácita de los padres. Modernamente, se defiende la idea de que, “por lo menos en un sistema de enseñanza obligatoria, el poder de disciplina existe en virtud de la naturaleza de la relación profesor-alumno y de la necesidad de mantener el orden dentro y en relación a la escuela”.¹¹⁵ La distinción es fundamental, ya que permite su ejercicio aun contrariando los deseos paternos. De tal modo, el profesor puede, por ejemplo, confiscar un paquete de cigarrillos, aunque los padres no se opongan a que el menor fume.¹¹⁶