El texto constituye un excelente análisis del caso de Florence Cassez y de Israel Vallarta, presuntos líderes de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”. Para ello, la autora realiza una profunda investigación, en donde parte de la información difundida por los medios de comunicación, además de realizar una minuciosa revisión del expediente, entrevistas a funcionarios gubernamentales y a los presuntos secuestradores, así como la lectura de diversos documentos complementarios. A partir de la investigación, la autora realiza un análisis que podría sintetizarse en el uso del sentido común para cuestionar la lógica del caso expuesto por el gobierno; sin embargo, a pesar de lo simple que parece, la autora demuestra el esfuerzo gubernamental para difundir, legitimar y defender su postura ante la opinión pública, entre los que nos encontramos la ciudadanía en general, activistas, periodistas, analistas, etcétera, quienes no conocemos a profundidad el caso ni cuestionamos su lógica, pero que la aceptamos, nos convencemos de ella, la legitimamos, la difundimos y la defendemos.

La exposición permite el reconocimiento de dos posturas: la del gobierno, que asume a Cassez y Vallarta como líderes de una organización criminal dedicada al secuestro, y la de Cassez y Vallarta, quienes se asumen como víctimas de un montaje del gobierno. Los primeros, cuentan con apoyo de los medios de comunicación para difundir su postura; los segundos, con las pruebas técnicas que buscan demostrar su inocencia, lo que en cierta medida ha logrado Cassez. La diferencia entre posturas implica también ambigüedad en la definición de las víctimas: los presuntos secuestrados o los señalados como presuntos secuestradores.

Ambas posturas buscan construir una verdad, pero sin quedar claro a quién va dirigida. Podría o debería afirmarse que la verdad que se busca demostrar tiene como público a las instituciones judiciales; sin embargo, las propias instituciones judiciales son actores en el caso; en ese sentido, teniendo en consideración el uso de los medios de comunicación para la difusión de la versión gubernamental, se puede afirmar que el público no son las instituciones judiciales, sino la sociedad en general; en consecuencia, el caso no sería solo jurídico, sino también político. Toda esta ambigüedad constituye la complejidad del caso, que es expuesta detalladamente por la autora.

Debe advertirse al lector que la exposición no es imparcial. La autora señala en diversas ocasiones que su objetivo es presentar los dos puntos de vista alrededor del caso; sin embargo, ella misma se convence de la construcción propagandística que hace el gobierno federal y, en vez de contrastar ambas visiones, busca demostrar que el gobierno miente. A pesar de esta advertencia, el análisis es muy valioso, y su lectura resulta apasionante, debido a que obliga al lector a cuestionar todo aquello que pudiera saber sobre el caso, generando dudas sobre todo aquello que se consideraban certezas. El gran problema que esto genera es la falta de claridad sobre qué se puede creer o en quién se puede creer.

La complejidad lleva a considerar el caso como una política de Estado o como mentira de Estado, dependiendo del enfoque que se asuma, debido a la complejidad de los actores que participan en el asunto. Por un lado, puede observarse el esfuerzo gubernamental contra organizaciones criminales, especialmente las dedicadas al secuestro, implicando la defensa diplomática del caso ante el presunto intervencionismo internacional para presionar a las autoridades de nuestro país, con un importante apoyo de los medios de comunicación masiva, así como de la sociedad en general. Por otro lado, la autora señala que el caso contra Cassez y Vallarta es la construcción de una mentira gubernamental que ha llevado a la cárcel a personas inocentes; con declaraciones obtenidas bajo tortura o testimonios que se amplían a conveniencia; con un montaje de la Procuraduría General de la República para los medios de comunicación, especialmente las televisoras; con un Poder Judicial que ha respaldado el caso en gran medida; con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no se atreve a involucrarse completamente; medios de comunicación que difunden la postura gubernamental; organizaciones de la sociedad civil que apoyados en la incuestionabilidad de las víctimas, con su presunta independencia política y presunta superioridad moral, defienden la postura gubernamental; analistas especializados que también respaldan al gobierno, y una opinión social que respalda la mentira. El gran dilema entre ambas posiciones es que no es posible conocer la verdad, para lo cual la autora elabora una extraordinaria contribución al conocimiento y análisis del caso a partir de discutir lo que se conoce públicamente del caso contra la revisión del expediente.

Para contrastar las posturas, la autora nos lleva a cuestionar lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que opinamos del caso, contra el caso. Las diferencias entre lo que se sabe de caso y el caso no son menores. Lo que se conoce del caso implica la información difundida por medios de comunicación, mientras que el expediente se refiere a información conocida por los directamente involucrados en el caso, que no tiene la misma difusión y alcance; en consecuencia, la primera genera opinión pública, y puede entenderse como una forma de propaganda; la segunda, busca la demostración jurídica de los hechos; la primera, implica versiones generales, simplificadas, dirigidas a un amplio público no especializado; la segunda, es técnica y dirigida a un público más restringido y especializado.

La obra se estructura alrededor de diez capítulos, donde la autora puntualmente expone y analiza el caso. En el primero, titulado “Prácticamente en vivo”, expone detalladamente la transmisión del evento central: la transmisión televisiva de un presunto operativo de la Agencia Federal de Investigaciones para la liberación de víctimas de secuestro y la aprehensión de los líderes de una banda de secuestradores. En el segundo, titulado “Esto no es un montaje”, se expone la primera discusión sobre la validez del evento expuesto en el primer capítulo, se discute si se trató de un “montaje” o de una “recreación”; se comienza a cuestionar el papel de las presuntas víctimas liberadas; se analiza el papel de los reporteros; se presentan primeros detalles sobre la posibilidad de que la detención de los presuntos secuestradores no hubiera sido en ese momento, etcétera; en pocas palabras, se comienza a cuestionar la lógica, la legalidad y la razón de ser del evento central. El tercer y cuarto capítulos constituyen el análisis del expediente, donde se expone cómo Florence Cassez e Israel Vallarta son procesados y juzgados a partir de testimonios de víctimas que no los reconocen como sus secuestradores, con testimonios incoherentes tanto de las presuntas víctimas como de los agentes que realizaron las detenciones, con declaraciones autoincriminatorias de los presuntos secuestradores obtenidas a partir de tortura, entre otros; a primera vista, constituiría un caso insostenible ante la autoridad judicial e implicaría también una fuerte acción de la CNDH, pero en cambio el Poder Judicial respalda el caso para sentenciar a Cassez y continuar el proceso de Vallarta, mientras que la CNDH inicia un procedimiento que deja inconcluso.

El quinto y sexto capítulos exponen la forma como el gobierno construye el caso contra la organización criminal de secuestradores “Los Zodiaco”, lo cual constituye un elemento central del libro, ya que la autora demuestra que el gobierno adjudica a esta organización secuestros cometidos por otras dos organizaciones criminales diferentes, de tal manera que no hay claridad en quiénes son las víctimas ni quiénes son los secuestradores. A lo largo del quinto capítulo, la autora demuestra cómo la incoherencia en el discurso gubernamental llega a considerar que la organización de “Los Zodiaco” en realidad no había cometido secuestros, ya que no son reconocidos por las víctimas ni por otros secuestradores, lo que lleva al gobierno a apoyarse de testimonios cuestionables para sustentar sus acusaciones contra Vallarta y Cassez, lo que lleva a la autora a afirmar que el gobierno construye un guión donde se fabrican víctimas de secuestro y presuntos secuestradores para sustentar su caso. Estos capítulos dan el nombre al libro, ya que la autora demuestra que la banda “Los Zodiaco” en realidad no existía, sino que son parte de la mentira construida por el gobierno para sostener su caso, apoyándose en los secuestros cometidos por otras organizaciones criminales.

Entre los elementos más importantes que analiza la autora a lo largo de los capítulos séptimo y octavo, es el papel de las presuntas víctimas de secuestro, especialmente de sus testimonios. Las víctimas repentinamente recuerdan detalles precisos sobre sus secuestros que inicialmente no habían declarado, amplían de manera conveniente sus declaraciones para involucrar con mayor profundidad a Vallarta y a Cassez. Los testimonios de las víctimas sirven para implicar a familiares de Israel Vallarta como presuntos integrantes de la organización criminal. Adicionalmente, en este punto un elemento de gran importancia es la participación de Isabel Miranda de Wallace, destacada activista y defensora de víctimas de secuestro, como defensora de las víctimas en este caso y de sus testimonios, considerando que por el solo hecho de ser víctimas de secuestro, sus testimonios deben ser incuestionables, lo cual lleva a la autora a señalar a Miranda de Wallace como manipuladora de las víctimas y aliada del gobierno federal. En términos académicos, aunque la autora no lo expresa de esta manera, se expone cómo el discurso gubernamental busca ser incuestionable al provenir de un emisor con mayor legitimidad a la del gobierno, una activista social, víctima de las organizaciones dedicadas al secuestro y aparentemente independiente del gobierno, cuestionar a las víctimas es cuestionar también al emisor; es decir, a Isabel Miranda de Wallace.

El análisis concluye con la exposición de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo interpuesto por Florance Cassez. La autora destaca el señalamiento de la SCJN de que el gobierno escenificó un montaje que corrompió todo el proceso legal, pero no se atreve a sancionar ni a obligar a la realización de investigaciones que conduzcan a sanciones para los responsables de dicho montaje. Asimismo, se destaca la diferencia en el trato brindado a Cassez y el olvido en el que se tiene a Vallarta, a pesar de que sus procesos -aunque independientes- se conducen de manera paralela, presumiblemente por las presiones diplomáticas a las que se ve sometido el gobierno mexicano, y que reiteran nuevamente la falta de independencia del Poder Judicial ante la política relacionada con el caso; mientras que para Florence Cassez ya se ha resuelto, para Israel Vallarta está congelado.

Al concluir la lectura de este trabajo se generan nuevas preguntas. El texto obliga a cuestionar todo y a todos; no deja ninguna certeza, sobre todo porque desde su punto de vista, el caso constituye la construcción de una mentira de Estado, debido a que fue construido y defendido por el gobierno federal, transmitido por los medios de comunicación, defendido por activistas sociales y analistas, respaldado también por parte del Poder Judicial y por la CNDH; es decir, por el Estado. Cabe entonces preguntar quién tiene la razón, dónde está la verdad; sin embargo, al parecer, éste será un capítulo de la historia de nuestro país en donde no sabremos qué pasó realmente.