Bibliografía

 

Aguilar V., Rubén y Castañeda, Jorge G., El narco: la guerra fallida

 

Miguel Carbonell*

 

México, Punto de Lectura, 2009, 143 pp.

 

* Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 

Desde los primeros días de su Presidencia, Felipe Calderón emprendió una lucha sin precedentes en contra de la criminalidad organizada. De hecho, el tema de la seguridad pública es el que ha consumido más tiempo en la agenda presidencial y al que más veces se ha referido Calderón en sus discursos. En algún momento parecía incluso que era el único tema que ocupaba y preocupaba al presidente.

Luego de tres años en el Gobierno y del enorme esfuerzo operativo, logístico, militar, de inteligencia e incluso económico realizado en la materia, no parece que los resultados sean muy alentadores. La cifra de ejecutados a lo largo de la primera mitad del sexenio supera los 15,000; la delincuencia en general ha presentado un aumento y sigue estando fuera de control en varias entidades federativas (incluso en algunas de las que el gobierno de Calderón ha concentrado buena parte de sus esfuerzos, como es el caso de Chihuahua, con fuerte presencia militar desde el inicio del sexenio).¹

En este contexto, se entiende que haya quien salga a cuestionar la estrategia gubernamental, no solamente por los pobres resultados que arroja, sino sobre todo por las razones por las que fue instrumentada. De eso trata el libro, breve pero sustancioso, de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda.

La obra se estructura en seis capítulos, en los cuales los autores van desmontando las razones ofrecidas por el presidente Calderón para centrar los esfuerzos de su administración en el combate al narcotráfico y otras modalidades de la criminalidad organizada. Los puntos de vista de los autores no se basan simplemente en sus opiniones personales, sino que se respaldan en datos estadísticos oficiales, lo que refuerza enormemente sus argumentos.

El primer argumento presidencial que se encargan de desmontar los autores es el relativo al incremento en el número de personas adictas a las drogas duras en México, o sea la idea tan repetida de que las drogas están llegando a nuestros hijos. Aguilar y Castañeda demuestran con base en la Encuesta Nacional de Adicciones, que en México el consumo de drogas en general es bastante bajo y que no se ha incrementado de manera importante en los últimos años. En todo el territorio nacional teníamos en 2008 aproximadamente 465,000 personas que consumían drogas duras de forma regular, cifra que no resulta preocupante en un país de 110 millones de habitantes (representa un 0.4 por ciento de la población, frente a un 3% en EUA, 2.1 en Alemania y 1.8 en Holanda).

Los autores aportan evidencias empíricas interesantes sobre las ciudades con mayor consumo en la República (Tijuana, Ciudad Juárez, Distrito Federal, Matamoros, Monterrey, etcétera) y sobre los precios de la droga, a partir de los cuales —por cierto— se demuestra que el mercado mexicano es poco atractivo para los grandes traficantes, dado el bajo precio de las sustancias ilícitas, en comparación con el precio que alcanzan en las ciudades estadounidenses. Por ejemplo, un kilo de cocaína pura cuesta en México 12,500 dólares, pero ese mismo kilo alcanza un precio de hasta 97,000 dólares en Nueva York o Seattle.

El segundo argumento de Calderón al que se dedican los autores tiene que ver con el grado de penetración de los cárteles de la criminalidad organizada en el poder político o en algunos cuerpos policiacos, sobre todo de nivel local (estatales o municipales), así como con el incremento de la violencia que se había producido por el control mafioso de partes del territorio nacional. Los autores intentan demostrar que ese fenómeno no es algo nuevo (ya el presidente Miguel de la Madrid tuvo, en su momento, que desmontar la Dirección Federal de Seguridad por la enorme corrupción que había). La postura de los autores es que la estrategia gubernamental a partir de diciembre de 2006 no solamente no contribuyó a disminuir la violencia, sino que la elevó (tal como se mencionaba en algunos párrafos precedentes y tal como lo demuestran todas las encuestas disponibles).

Lo cierto es que, según algunas encuestadoras profesionales, para diciembre de 2006 el tema de principal preocupación ciudadana era la violencia y la alta incidencia delictiva, lo que probablemente ayudó a Calderón a tomar una deriva centrada precisamente en el ataque frontal a esos fenómenos (o, mejor dicho, a su parte más visible, pues la delincuencia que en verdad afecta al mayor número de habitantes del país es la común, sobre todo en la modalidad de robo).

Los autores también discuten sobre la idea, muy asentada entre la opinión pública nacional, del efecto de la introducción de armas por la frontera norte en la incidencia delictiva en México. Los autores reconocen que la mayor parte de las armas incautadas a los delincuentes son originarias de Estados Unidos y afirman que las revisiones de las autoridades estadounidenses para ingresar en su territorio son cinco veces más estrictas que las que aplican las autoridades mexicanas para quienes provienen de los EUA. Pero les parece que el problema no tiene fácil solución, dado el apoyo político que en Estados Unidos tiene la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite que cualquier ciudadano tenga en su casa armas.²

Lo cierto es que la regulación legal de la venta de armas en EUA es sumamente laxa, lo que genera severos problemas de un lado y de otro de la frontera. Tal regulación permite, por ejemplo, que en Texas y otros cinco estados no haya un requisito mínimo de edad para comprar un arma; un niño de 12 años puede hacerse de una pistola o un rifle. En 48 estados sus habitantes pueden comprar sin mayor problema un rifle de asalto y en 43 de ellos no se requiere de una autorización, licencia o permiso especial para hacerlo. En 46 estados no existe límite alguno al número de armas que una persona puede comprar en cualquier momento que lo desee.

Cuatro estados han establecido que una misma persona puede comprar solamente un arma al mes, como medida para prevenir el tráfico ilegal de armamento. En 35 estados no existe ningún tipo de registro respecto de los poseedores de armas. En muchos casos basta con que el comprador vaya a la tienda para que pueda salir con el arma que desea, sin que nadie verifique si tiene antecedentes y sin que tenga que esperar unos días para obtenerla.³

El resultado de esta regulación completamente insensata es que hay cuarenta millones de personas armadas en los Estados Unidos. La población estadounidense tiene en sus manos 65 millones de pistolas y revólveres de todo tipo; el 39% de los hogares de ese país tiene un rifle. Entre 55,000 y 120,000 veces se usan esas armas para autodefensa. Eso explica, por ejemplo, que cada año se reporten 130,000 heridos por arma de fuego.⁴

Los autores reconocen que un número considerable de armas de fuego compradas en Estados Unidos atraviesan la frontera mexicana, pero estiman que el costo de impedir ese tránsito es muy alto para el comercio y la economía fronteriza, por lo que no puede asumirse en el corto plazo. Habrá que aprender a vivir con el tráfico de armas hasta en tanto se desarrollen los mecanismos tecnológicos para agilizar las revisiones de autos y camiones.

En la parte final de su ensayo, Aguilar y Castañeda proponen algunas alternativas posibles a la política oficial. Por ejemplo, señalan que lo importante es atacar los efectos colaterales del tráfico de estupefacientes, o sea las ejecuciones, los secuestros, la violencia indiscriminada en nuestras calles, etcétera. En Colombia, el presidente Uribe pudo lograrlo y gracias a ello tiene una tasa importante de aprobación ciudadana.

Igualmente, proponen reducir el daño por el consumo de drogas duras, dedicando recursos humanos y económicos a la prevención y adecuado tratamiento de las personas adictas.

También proponen actuar en Estados Unidos para presionar por una legalización más o menos explícita de las drogas, a lo que serían favorables altos funcionarios del gobierno estadounidense del presidente Obama.

Por cuanto hace a las acciones para frenar el tráfico que proviene de Colombia, Perú y Bolivia, los autores proponen actuar en la zona del istmo de Tehuantepec, debido a que es la única parte del territorio nacional que podría ser objeto de un efectivo "sellamiento" por tierra, mar y aire.

Como quiera que sea, considero que es un tema que merece ser discutido. Las soluciones fáciles no existen y los dilemas para el gobierno mexicano están a la vista. Lo que no podemos ni debemos hacer es dejar de participar en una discusión que nos interesa a todos, puesto que la inseguridad afecta a millones de mexicanos cada año. La CNDH ha estimado que anualmente la delincuencia deja un reguero de 48 millones de víctimas en México⁵ (de víctimas en sentido amplio, no de víctimas mortales, obviamente). De ese tamaño es el reto que tenemos que enfrentar entre todos.

 

Notas

¹ Véase, por ejemplo, los datos que nos ofrece CIDAC sobre delincuencia violenta en el país: http://www.cidac.org/vnm/pdf/pdf/IncidenciaDelictivaViolencia2009.pdf, en ese índice se recogen datos tan impresionantes como el siguiente: en 2008 se robaron en todo el país más de 150 mil vehículos; una tercera parte de ese número de robos se produjo en dos entidades federativas solamente: Estado de México y Baja California. Véase también los datos de la Sexta Encuesta Nacional sobre la Inseguridad presentada por el ICESI en octubre de 2009: http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/ENSI-6.pdf,         [ Links ] también son interesantes, sobre el mismo tema, los datos que nos ofrece el CIDE respecto a la situación en el Distrito Federal y el Estado de México: http://www.seguridadpublicacide.org.mx/CIDE/Portal/Docs/pdfs/encuestafinal_1.pdf.

² Su texto es el siguiente: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada, para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Sobre su contenido, véase Levinson, Sanford, "The Embarrasing Second Amendment", The Yale Law Journal, vol. 99, núm. 3, diciembre de 1989.         [ Links ] Sobre su origen histórico, Carbonell, Miguel, Una historia de los derechos fundamentales, México, Porrúa-UNAM-CNDH, 2005, pp. 199 y ss.         [ Links ]

³ Todos estos datos y otros muchos sobre el tema pueden verificarse en www.smallarmssurvey.org.

⁴ Sobre el tema, puede verse el documento "Legal Community Against Violence, Regulating Guns in America: An Evaluation and Comparative Analysis of Federal, State and Selected Local Gun Laws (2008)", disponible en http://www.lcav.org/library/reports_analyses/RegGuns.entire.report.pdf.         [ Links ]

⁵ http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/2infSegPublica08/2informeSeguridad08.htm.