Información

 

Discurso del doctor Jorge Carpizo, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el acto inaugural del congreso internacional "El constitucionalismo, a dos siglos de su nacimiento en América Latina", efectuado en el auditorio de la Universidad Autónoma de Puebla el 2 de febrero de 2010

 

Señor gobernador constitucional del estado de Puebla;
Señor rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
Señor director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha Benemérita Universidad;
Señor presidente honorario del Instituto Iberoamericano;
Distinguidos miembros del presidium;
ñores ponentes e invitados especiales;
Señores congresistas, participantes, autoridades del estado y municipio;
Señores profesores y estudiantes:

A nombre de nuestro Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del cual están presentes varios miembros de su Consejo Directivo y diversos presidentes de las secciones nacionales, agradezco especialmente la hospitalidad fraterna que nos brinda esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para la celebración de este congreso internacional. Hago énfasis en que el apoyo de su rector y del director de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales facilitó la organización de este evento académico.

Es un deber, que cumplo con satisfacción, reconocer que la organización del congreso fue responsabilidad de los doctores Rafael Sánchez Vázquez y César Astudillo. Mil gracias a ambos.

Constituye una antigua tradición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la celebración académica del aniversario de la promulgación, el 5 de febrero, de la Constitución mexicana de 1917.

Desde hace varios años, el Instituto Iberoamericano colabora con Investigaciones Jurídicas en esta conmemoración. Jurídicas es el tronco y la raíz del Iberoamericano, y así lo reconocemos todos sus miembros.

Este año, un nuevo aniversario de la ley fundamental de 1917 adquiere un significado especial. México celebra el bicentenario del inicio de su independencia, el centenario de su Revolución y del restablecimiento de su Universidad Nacional, la nuestra, y 70 años de la creación de Investigaciones Jurídicas.

Conmemorar a nuestra Constitución en esta hermosa ciudad de Puebla adquiere un doble significado, en virtud de que aquí se inició la Revolución mexicana el 18 de noviembre de 1910 — cuando la policía asaltó la casa familiar de los heroicos Serdán— y porque nuestro evento lo efectuamos en esta Universidad, que tantos esfuerzos ha desarrollado en los últimos años por la superación académica con proyección social; es decir, la excelencia académica al servicio de la sociedad.

Este Congreso, y no podía ser de otra forma, tiene carácter internacional. Su finalidad es revisar el constitucionalismo, a dos siglos de su nacimiento en la América Latina, y escuchar experiencias europeas actuales. Nuestros movimientos de independencia comenzaron poco antes o poco después de 1810, debido a que en casi todos los países el detonador fue el mismo: la invasión napoleónica a la península ibérica y los problemas jurídicos y políticos que se presentaron en las colonias de ultramar. Ante tal invasión, resultó indispensable preguntarse ¿en quién recae ahora la soberanía?, ¿cuál es entonces el gobierno legítimo?, ¿no poseen los latinoamericanos el mismo derecho de luchar por su independencia que los hermanos ibéricos?

A partir de entonces, la evolución política de América Latina ha sido larga y muy accidentada, tan accidentada como lo ha sido en muchos de los países de Europa occidental, los cuales logran establecer democracias estables con desarrollo económico y respeto a los derechos humanos, varios años después de la Segunda Guerra Mundial y, en algunos casos, hasta finales de la década de los setenta del siglo XX.

En contraste, a partir de la Segunda Guerra Mundial, América Latina no ha podido superar añejos problemas que la agobian. La democracia en la región se encuentra poblada de claroscuros que son preocupantes.

Con todas las limitantes que contienen las generalizaciones, se puede afirmar que en América Latina, a partir de la Segunda Guerra Mundial, existió una ola democratizadora como consecuencia del triunfo de las potencias aliadas. No obstante, a principios de los años cincuenta, encontramos un ciclo autocrático que incluyó a muchos países.

A partir de la segunda mitad de los años cincuenta, algunos Estados regresaron a la democracia; se produjeron varios movimientos de masas con idearios de contenido social. Sin embargo, desde la revolución cubana de 1959, en diversas naciones triunfó la doctrina de la seguridad nacional, lo cual implicó la intervención del ejército en la política. En los años sesenta y setenta, regímenes civiles no dictatoriales sólo los encontramos en cuatro países del área.

En el crepúsculo de los setenta y, sobre todo, en los ochenta, paulatinamente comenzaron a restaurarse sistemas constitucionales en la región. Hoy, la casi totalidad de los Estados del área califican como democracias electorales, ya que los gobiernos son resultado de elecciones competidas, generalmente objetivas y limpias, aunque en algunos países se presentaron algunas irregularidades.

El rápido repaso anterior persigue una finalidad: comprender que lo que acontece en un país de América Latina no puede ser indiferente a los otros, no sólo por razones de fraternidad, sino también pragmáticas; los mencionados ciclos son un hecho histórico; es decir, por las influencias positivas o negativas, según sea el caso, lo que acontece en un Estado, influye en los otros.

Pues bien, contemplo que la mayoría de las democracias actuales de América Latina son frágiles en grados diversos, dependiendo del país. En forma genérica, sin puntualización alguna, y sin pretender ser exhaustivo en un discurso, entre las principales causas encuentro las siguientes:

Primera: Las democracias electorales, con sus excepciones, han sido incapaces de enfrentar con éxito la lucha contra dos grandes lacras sociales: pobreza e insultante desigualdad.

Este es un tema que constituye una preocupación constante para nosotros. En tal virtud, los organizadores de este Congreso señalamos entre sus finalidades la evaluación de los fines y valores del constitucionalismo social, con el propósito de generar alternativas que permitan aminorar las asimetrías en la distribución del ingreso y de la riqueza en América Latina.

Segunda: La concepción democrática no se encuentra completamente arraigada. Las encuestas de los últimos años, con ligeras variaciones, muestran que más de la mayoría de los habitantes consideran que es más importante el desarrollo económico que un sistema democrático, lo cual es lógico, en razón de que la mitad de los habitantes de la región se encuentran en pobreza, y muchos en pobreza extrema.

Así, en América Latina, democracias estables y desarrollo económico van de la mano.

Tercera: La corrupción y la impunidad, viejas lacras, aunadas al desprestigio de los partidos políticos y de la clase política, han impulsado, en varios países, el regreso de gobiernos populistas.

Cuarta: El desprecio al Estado de derecho. Todos quieren que se aplique la ley al vecino, pero no a él ni a su familia ni amigos cercanos.

Quinta: El hiperpresidencialismo como resultado de la excesiva personalización del poder y la fragilidad de los otros poderes. La sombra del autoritarismo nos amenaza de nueva cuenta, con la consecuente pérdida de libertades, como la de expresión y reunión, lo cual ya está aconteciendo en varios países.

Sexta: Si los años de crecimiento económico pujante no aminoraron, como regla general, las tensiones sociales, esta nueva etapa de problemas económicos o crecimiento económico débil, de desempleo y aumento de la pobreza, puede, en algunas naciones, originar inestabilidad política e incluso grave descontento social.

No cabe duda alguna de que los avances democráticos en muchos de los países de la región, durante las últimas tres décadas, son formidables pero no definitivos, en virtud de que el desarrollo económico y los derechos sociales no avanzaron a igual ritmo.

Séptima: El Estado se ha debilitado, y los espacios que ha perdido han sido suplidos por poderes de hecho o grandes corporaciones transnacionales que únicamente actúan en beneficio de sus intereses.

Octava: La despolitización militar no es completa, hace poco se tuvo un ejemplo evidente; muchos ejércitos consideran que su misión fundamental es preservar valores y bienes que revisten carácter permanente y esencial.

Todo parece indicar que la mayoría de los ejércitos aceptan su subordinación al poder civil, pero, al mismo tiempo, acontece un incremento de su intervención en ámbitos que no les son propios como la seguridad y los servicios públicos.

Novena: La nueva corriente reeleccionista del presidente de la República, que comenzó en 1993 con Fujimori, y que desde entonces otros ocho países han seguido con diversos procedimientos y matices, desde la reelección indefinida en Venezuela hasta la posibilidad de dos reelecciones sucesivas, como se plantea actualmente en Colombia.

Así, se ha quebrado uno de los principios constitucionales más importantes de América Latina: la no-reelección presidencial para el periodo inmediato.

Décima: El embate, en varios países, del crimen organizado contra las instituciones públicas, con la consecuencia de grados diversos de inseguridad que eran inimaginables hace unos cuantos años.

A su vez, la infiltración del crimen organizado en gobiernos, elementos de seguridad, partidos políticos y elecciones.

Décima primera: Fuerte deterioro de la moral pública, con el consecuente desprecio a los valores morales laicos y constitucionales.

América Latina, entonces, se enfrenta a retos gigantescos, pero no mayores a los que existían en las décadas de los sesenta y setenta, y, en algunos aspectos, se alcanzaron logros importantes. Hoy debemos luchar para que no existan retrocesos, sino avances, para ir resolviendo los problemas que tenemos.

En América Latina, los científicos sociales no podemos darnos el lujo del juego de abalorios. Al contrario, con nuestros instrumentos, que son los académicos, debemos denunciar y realizar propuestas, y hasta servir para lograr consensos que fortalezcan nuestros sistemas democráticos, la defensa y la protección de los derechos humanos, el reforzamiento del patriotismo, y que la justicia social sea una realidad.

Los congresos académicos, entre los que se encuentra el que hoy comienza, constituyen foros estupendos para escuchar, ponderar y analizar ideas y pensamientos que sean estrellas polares en el largo, difícil y azaroso camino de cuidar y proteger nuestras democracias, porque únicamente en ellas, al ser garantes de los derechos humanos, la persona se proyecta en toda su dignidad.

 

Señoras y señores ponentes y congresistas:

Muchas gracias por su presencia. Sus participaciones también se proyectarán hacia el futuro a través de la publicación de la Memoria de este acto, a lo cual nos comprometemos los organizadores del Congreso, y éste tiene asegurado el éxito por el excelente nivel académico y científico de ustedes.

Dos siglos de independencia latinoamericana, de los cuales, tal vez, según sea el país, se han vivido cincuenta, cuarenta, treinta o menos años de Estado democrático-constitucional. Los habitantes de esta región latina debemos tener claro que hay que esforzarnos, unirnos, tolerarnos, tener fe en los ideales para crear proyectos nacionales que construyan verdaderos Estados democráticos y sociales en el porvenir inmediato.