A pesar de los avances durante los últimos 15 años en cobertura de servicios de salud y protección financiera en México, el sistema de salud de nuestro país no ha conseguido aún el acceso efectivo a la salud para todos los mexicanos, lo cual implica cobertura universal, con servicios de salud de alta calidad y protección financiera.

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es “promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio”.

Como parte de la creación del marco normativo para lograr esta meta, en julio del presente año se presentó ante el Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud de México, la cual propone la creación de un sistema de acceso universal y gratuito a los servicios de salud y medicamentos asociados para la población sin seguridad social y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Por la relevancia de la iniciativa y con el ánimo de coadyuvar a su fortalecimiento en beneficio de la salud pública, un grupo de investigadores del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública analizó algunos aspectos sustantivos del Proyecto de Decreto en un documento que se presenta en este número de Salud Pública de México,¹ con la intención de motivar la reflexión sobre sus componentes más importantes e identificar áreas de oportunidad para fortalecer la propuesta y facilitar su implementación y operatividad.

El análisis aborda algunos aspectos dignos de considerar, de los cuales destaco a continuación los más relevantes:

El acceso garantizado de los servicios de salud de primer y segundo nivel para la población es un tema fundamental de la iniciativa, que sin duda requerirá de una cuidadosa estimación de los costos de la prestación de estos servicios, con alto nivel de calidad, para conocer el presupuesto requerido.

Otro tema es el acceso a los servicios de alta especialidad, los cuales tienen mayor potencial de generar gastos catastróficos, y su financiamiento, aspectos que no están claramente descritos en la iniciativa. Sería deseable mantener el derecho otorgado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que ha beneficiado la salud y la economía de los hogares de la población más pobre.

Uno más de los puntos interesantes del análisis es la coordinación entre la Secretaría de Salud, las entidades federativas y otras instituciones de salud, como IMSS e ISSSTE, para la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos para la población sin seguridad social, lo que representa un elemento de rectoría y gobernanza que merece un cuidadoso trabajo para lograr la operatividad del sistema.

El tema de medicamentos se aborda ampliamente en este documento por ser un área crítica en el acceso a la atención, que incluye el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y el Catálogo de Insumos, así como el sistema de distribución de medicamentos y el tiempo apropiado del registro sanitario. Estos son rubros esenciales para la implementación del Insabi en su papel de prestador de servicios de salud y medicamentos gratuitos y su vinculación con los cuadros de insumos de las instituciones de seguridad social. Asimismo, aunque el objetivo de mejorar el acceso a los medicamentos es indispensable, también debe asegurarse la calidad de los fármacos y el uso racional de los mismos, lo que podría lograrse impulsando una política farmacéutica nacional.

El gasto público insuficiente destinado a financiar los servicios de salud en México y el gasto de bolsillo sumamente alto son otro aspecto crucial en la discusión de la iniciativa para garantizar la factibilidad financiera del Insabi que se retoma en este documento de análisis. En este tema es particularmente importante la definición del grupo de padecimientos a ser incluidos por el nuevo esquema y los procedimientos para la transferencia de recursos a los prestadores de la atención.

Finalmente, los autores estiman que la iniciativa se beneficiaría del establecimiento de foros de trabajo entre los principales actores, con el propósito de incorporar la mejor evidencia disponible para fortalecerla como base para una política de salud pública con equidad. Desde la academia ofrecemos apoyo y compromiso para robustecer la iniciativa.