La familia como soporte y apoyo para el desarrollo de su vida profesional

María Cristina Salmorán nació el 10 de agosto de 1918 en el capital del estado de Oaxaca, en el seno de una familia poco convencional para la época. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la determinación y la entereza de dos mujeres profesionistas: su madre, María Salmorán, profesora normalista egresada de la Escuela Normal de Maestros de Oaxaca en 1909 como “especialista de instrucción primaria superior”, y su abuela, Francisca Cervantes, la primera médica obstetra titulada del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca en 1893 (^{Bolívar, 2014, p. 52}). Ambas mujeres ejercieron su profesión en el estado de Oaxaca hasta el año de 1926.⁵ Particularmente, su madre tuvo un rol activo en las protestas en defensa de los derechos de los maestros frente al gobierno local e incluso fue nombrada representante del magisterio (^{Chávez, 2014, p. 35}). Sin embargo, dada la inestabilidad política y económica del estado, la familia tuvo que abandonar su residencia en la capital Oaxaqueña y se dirigió a la capital del país.⁶

Ahí, María Cristina continuó con sus estudios de educación básica y su madre siguió con su labor profesional en el magisterio. Ella asistió a la escuela primaria anexa a la Escuela Nacional de Maestros y, posteriormente, cursó la educación secundaria en la Escuela para Niñas núm. 8. Al terminar sus estudios, la directora de dicha institución, Soledad Anaya, le extendió por escrito una felicitación por haber obtenido “calificación aprobatoria” en todos los cursos. También expresó que tal desempeño había requerido de “un esfuerzo constante, una voluntad decidida y un aprovechamiento eficaz de sus capacidades”.⁷ Esta nota devela que, a la edad de quince años, la joven María Cristina ya mostraba un sólido interés y una notable dedicación por sus estudios, aspectos que sin duda fueron cultivados bajo la tutela de las figuras maternas presentes en su hogar.

Tal parece que en la historia de vida de María Cristina Salmorán de Tamayo su abuela y su madre fungieron como modelos de vida positivos que contribuyeron con su desarrollo personal, su desempeño académico y que incentivaron su aspiración de perseguir una carrera profesional.⁸ La ministra Martha Chávez Padrón expresa en su escrito biográfico sobre este personaje, que ella tenía un “recio vínculo con su madre basado en sólida admiración y probado respeto; en ella sentirá apoyo durante los años venideros y duros de su existencia como destacada profesionista […]”. (^{Chávez, 2014, p. 36})

La valoración de la educación profesional como un medio de desarrollo y superación personal de la mujer fue un aspecto característico en la abogada Salmorán de Tamayo que trató de promover activamente durante su trayectoria profesional no sólo por medio de declaraciones públicas en diferentes foros, sino que ese ideal puede verse materializado en su apoyo al desarrollo profesional femenino dentro del máximo tribunal de justicia.

La Universidad Nacional Autónoma de México: el semillero de la élite política

La joven María Cristina Salmorán ingresó en 1934 a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el centro educativo mejor vinculado con la vida intelectual, cultural y política del país. Esta institución fue fundada por Gabino Barreda en 1867 y se ubicó en el centro histórico, en el corazón del barrio de estudiantes o también conocido como barrio estudiantil.⁹

Académicamente la ENP ofreció a sus estudiantes la posibilidad de obtener un título de bachiller y especializarse en arquitectura, jurisprudencia, medicina, odontología, ingeniería o ciencias físicas.¹⁰ María Cristina Salmorán cursó jurisprudencia. Ahí encontró amigas que compartieron su interés por la disciplina y juntas ingresaron a la Escuela Nacional de Jurisprudencia (ENJ) en 1937. De ese grupo de tres o cuatro compañeras, destaca la amistad que entabló con Margarita Lomelí Cerezo,¹¹ quien años más tarde ocupó el cargo de magistrada del Tribunal Fiscal de la Federación, y con quien compartió su preocupación por defender la igualdad de oportunidades laborales de las abogadas en el ámbito profesional.

Los estudiantes de la ENJ provenían de la clase media.^{12 Camp (1985)} señala que quienes elegían la carrera de Derecho eran los estudiantes que tenían intereses y aspiraciones en la política “en la suposición de que esta carrera es la que siguen la mayoría de los políticos en México” (p. 97); de ahí que en tono de broma se dijese que todos los estudiantes de derecho aspiraban a ser presidentes. En cuanto a la composición por sexo de la matrícula en la carrera de jurisprudencia, la población femenina fue mucho menor que la masculina. De acuerdo con las cifras aportadas por Lucio ^{Mendieta (2002)}, de los 300 alumnos que en promedio ingresaban en la ENJ, las mujeres “que por aquel entonces se aventuraban, no sin cierta extrañeza por parte de la sociedad, en la carrera de Derecho, eran muy pocas, cuatro o cinco” (p. 57).¹³

La relevancia que la UNAM tuvo en la vida política del país se debió a que era la institución de educación superior de donde se seleccionaba, entrenaba e identificaba a los futuros líderes políticos (^{Camp, 1985, p.128}). Los lazos de confianza que se formaban al interior de la comunidad estudiantil derivaron en una red de contactos que incrementaba las posibilidades de acceder a un cargo en el sistema político mexicano. Las amistades funcionaban como grupos informales que “cumplen funciones de socialización […] y también de reclutamiento político, seleccionando típicamente a individuos que concuerdan con los valores del grupo” (^{Camp, 1996, p.31}). No es un aspecto menor que la generación de estudiantes de la década de 1930 -a la cual perteneció la joven María Cristina Salmorán- haya producido al mayor grupo de líderes políticos en el país. (^{Camp, 1985, p.145}).

El tutelaje de Mario de la Cueva: el camino hacia una carrera profesional especializada en materia laboral

El cuerpo docente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia se caracterizó por incluir a miembros prominentes de la élite intelectual y política del país. Particularmente, proliferaron los funcionarios públicos en servicio los cuales tuvieron la facilidad de reclutar estudiantes directamente de sus cátedras para que ocupasen diversos cargos en la administración pública.¹⁴ Roderic Ai ^{Camp (2013)} propone que esta dinámica entre profesor-estudiante al interior de la institución de educación superior es un elemento que permite “comprender no solo las interacciones entre políticos sino entre todos los grupos de liderazgo” de la época. (p. 22) Tratándose de María Cristina Salmorán, la figura que marcó el rumbo de su carrera profesional fue el maestro Mario de la Cueva, el jurista mexicano más destacado en materia laboral y uno de los mentores de mayor influencia en la ENJ.

El maestro De la Cueva fue profesor titular de la cátedra de Derecho del Trabajo, una de las materias más jóvenes de la institución. Al momento de su apertura, en febrero de 1936, el maestro se desempeñaba como secretario de estudio y cuenta en la ponencia del ministro Alfredo Iñárritu en la recién inaugurada Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.¹⁵ La creación de una Sala especializada en derecho laboral se dio con la reforma judicial de 1934 -promovida por el candidato electo Lázaro Cárdenas- con el objetivo de que atendiese con mayor rapidez las disputas laborales y contribuyese activamente “con el desarrollo del derecho obrero” que apenas se estaba configurando. (^{Cabrera, 1999, p. 26}). Por ejemplo, algunas de las iniciativas más significativas en materia laboral de esa época fueron: la federalización de la política obrera por medio de la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 1927;¹⁶ las reformas constitucionales a los arts. 73 y 123 las cuales permitieron que el Congreso de la Unión fuese el único órgano facultado para legislar en materia laboral y cuyo resultado fue la derogación de las leyes obreras emitidas en 25 entidades federativas;¹⁷ y la promulgación de la ^{Ley Federal del Trabajo de 1931}.

En un contexto de configuración de las normas del trabajo, fueron pocos los juristas mexicanos especializados en la materia. El maestro Mario de la Cueva egresó de la ENJ en 1925 y continuó su formación académica en Berlín bajo la influencia de figuras intelectuales destacadas.¹⁸ Santiago Barajas refiere que la cátedra del maestro De la Cueva incluía una “breve, pero eficaz” bibliografía de autores extranjeros “poco citados en nuestros días, pero todos pioneros en la materia”.¹⁹ En 1938 el maestro De la Cueva publicó la primera obra especializada en la materia titulada El Derecho mexicano del Trabajo, la cual se convirtió en una referencia obligada para su estudio y una fuente confiable para su aplicación.

El maestro De la Cueva fue recordado por sus estudiantes como un hombre enérgico, severo y de maneras hoscas, pero también como alguien generoso. Jesús ^{Reyes Heroles (1982)} apunta que “tenía la virtud de dejar que las nuevas generaciones se le acercaran, incluso las buscaba. Les enseñaba, pero también aprendía, mérito singular en el México de entonces” (p. 71). Jesús ^{Silva-Herzog (2017)} reconoce que la vivienda del maestro fue el “vivero más distinguido de la clase política mexicana”, y que por ahí desfilaron los alumnos más distinguidos. No obstante, él mismo aclara que el maestro De la Cueva no otorgaba plazas en la administración pública, sino más bien desempeñaba la labor de mentor al proporcionar herramientas para que sus estudiantes se abrieran paso hacia “la ruta del poder” (p. 174). Por su parte, María Cristina ^{Salmorán de Tamayo (1982)} lo caracterizó como un hombre de “inteligencia clara y ponderada” que estimuló su interés y pasión por el derecho del trabajo (p. 54).

Con los años, los lazos de confianza y afinidad entre ambos personajes derivaron en redes de apoyo y colaboración que pueden percibirse en distintos momentos de su trayectoria académica y profesional. En principio, el maestro Mario de la Cueva fungió como su mentor y asesoró su tesis para obtener el grado de licenciado en derecho titulada “Legislación protectora de mujeres”, la cual fue defendida ante un jurado en mayo de 1945.²⁰ Este hecho es significativo pues la escritura de una tesis era un proceso intelectual que usualmente transcurría de manera individual en tanto que los profesores no solían asumir la dirección de una tesis (por falta de tiempo) y tampoco había seminarios de tesis. (^{Barajas, 1982, p. 49})

Luego, en los años posteriores a su titulación, el maestro De la Cueva le extendió la invitación para colaborar como auxiliar en el grupo especial que él presidía en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, institución donde ella laboraba desde 1939. Este nombramiento supuso un avance considerable en su trayectoria profesional al interior de la institución. Para la ministra ^{Chávez Padrón (2014)}, ese fue el momento en el que la abogada Salmorán de Tamayo “inició, recia y decididamente, a seguir los pasos del maestro, como siempre en forma callada, pero firme y eficiente” (pp. 36-37).

Finalmente, ya como ministra de la Suprema Corte de Justicia, Salmorán de Tamayo participó en las comisiones encargadas de reformar el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, integradas por personajes como Mario de la Cueva, Salomón González Blanco, Ramiro Lozano, entre otros. En este punto de su carrera, la ministra transitó de ser un operador del derecho dedicado a la aplicación de la norma a una legisladora encargada de la configuración de los preceptos legales en materia de derecho del trabajo.

El vínculo académico que surgió en la ENJ entre Mario de la Cueva y María Cristina Salmorán de Tamayo ilustra en cierta medida la manera cómo operaba orgánicamente el sistema de reclutamiento de la elite política mexicana identificado y descrito por Roderic Ai Camp. En este caso, el sexo de la estudiante no supuso un obstáculo para su desarrollo académico y profesional, y gozó de las mismas oportunidades que sus pares. El carácter y la apertura del maestro De la Cueva ante el talento de las nuevas generaciones, permitió que una estudiante como ella -con su personalidad, sapiencia y dedicación- se convirtiese en su discípula y llegase a cultivar una relación de colaboración profesional a largo plazo.

Trayectoria profesional en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

La trayectoria profesional de María Cristina Salmorán previo a su nombramiento como ministra de la Suprema Corte de Justicia transcurrió en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, institución encargada de conciliar los conflictos obrero-patronales suscitados en industrias de concesión federal o cuyas actividades de desarrollaban parcial o totalmente en zonas federales. (^{Ley Federal del Trabajo [LFT], 28/08/1931, art. 358}).

En principio, la intervención de la Junta Federal en los asuntos de su competencia se limitaba a procurar que las partes llegasen a un entendimiento. (^{LFT, 28/08/1931, art. 352}). Según explica el maestro De la ^{Cueva (1959)}, la diferencia entre los tribunales judiciales y los conciliatorios no radicaba en que “los jueces deban fallar conforme al derecho legislado o consuetudinario y los conciliadores según la equidad y su conciencia” sino que “la conciliación persigue como finalidad que las partes pongan fin al pleito sin necesidad de que se dicte sentencia obligatoria” (p. 935). Por su parte, la abogada Salmorán de Tamayo puntualizaría en su obra Jurisdicción y derecho procesal del trabajo que:

Técnica y jurídicamente estas Juntas responden a la naturaleza de verdaderos órganos jurisdiccionales a quienes se les encomienda la administración de la justicia en la materia obrera. Es evidente que se trata de una jurisdicción especial creada para que mediante un procedimiento distinto al que se sigue en los tribunales judiciales, se garantice la solución rápida de las controversias que siempre afectan en forma muy sensible a la clase trabajadora.²¹

En cuanto a su estructura y funcionamiento, la Junta Federal se organizaba en grupos especiales según las ramas industriales existentes; y estaba presidida por tres miembros: un representante del Gobierno, nombrado por el secretario del Trabajo y Previsión Social; un comisionado del sector obrero y otro del sector industrial en disputa. (^{Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], 5/02/1917, art. 123, fracc. XX}) De ahí que la Junta sesionase en Pleno con el fin de mantener el equilibrio entre los factores de producción. (^{LFT, 28/08/1931, art. 363})

La estudiante María Cristina Salmorán ingresó a la Junta Federal en su tercer año de carrera -posiblemente por sugerencia del maestro De la Cueva- y comenzó su trayectoria profesional en cargos que se ubicaban al fondo de la jerarquía institucional. Su primera asignación fue como escribiente o mecanógrafa (1939-1940),²² cargo que no requería conocimientos especializados en derecho y cuyas ocupaciones se limitaban a “escribir a máquina”.²³ Dos años más tarde, fue promovida al cargo de actuaria (1941-1942). Al concluir el plan de estudios de la ENJ y adquirir el estatus de “pasante en derecho”,²⁴ ella ascendió a secretaria de audiencias y, meses más tarde, ocupó el cargo de secretaria de acuerdos (1942-1944). A cinco años de su ingreso, fue reconocida como abogada de la Junta Federal (1944).²⁵

Al obtener formalmente su título en derecho, la abogada Salmorán de Tamayo se desempeñó en cargos de mayor responsabilidad y estrechamente relacionados con la materia de su interés. En 1945 asumió la posición de dictaminadora y posteriormente se desempeñó como auxiliar en el grupo especial dirigido por el maestro De la Cueva, siendo este el único momento en el que se percibe una intervención directa del maestro para que ella desempeñase un cargo en dicha institución. Más tarde, fue nombrada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Ramírez Vázquez, como titular auxiliar en el grupo de mineros y petróleos, una de las industrias más importantes para la política del desarrollo económico mexicano.

Se dice que, en su trato cotidiano, la abogada Salmorán de Tamayo se mostró amable con el personal de la Junta Federal y supo ganar la confianza y la amistad de varios de sus colegas. Según el testimonio de su hijo, el Dr. Rolando Tamayo, a medida que fue ascendiendo en la jerarquía institucional, ella obtuvo el respeto y la admiración de mecanógrafas, taquígrafas y secretarias, quienes comenzaron a llamarla “la jefa”. Además, asegura que mantuvo buenas relaciones con distintos representantes de grupos patronales y sindicales.²⁶

En septiembre de 1951 fue nombrada presidente sustituto en la sección de asuntos petroleros y huelgas (^{Chávez, 2014, p. 38}), dos de los rubros más importantes y problemáticos de la época. El petróleo era de especial interés para la economía nacional porque se trataba de la principal fuente energética que abastecía de combustible a las industrias, a los medios de transporte -tanto de pasajeros como de carga-, a la compañía de luz y fuerza, a los telefonistas, entre otras. En consecuencia, las huelgas o los paros en esta rama industrial no sólo ocasionaban pérdidas millonarias, sino que obstaculizaban las actividades cotidianas de las grandes ciudades.²⁷

Por su parte, las huelgas eran un asunto delicado para el régimen político ya que su emplazamiento podía amenazar la estabilidad política y económica del régimen. La huelga fue definida como “la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición de trabajadores”, entendida esta última como “un acuerdo de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes” (^{LFT, 28/08/1931, arts. 258 y 259}). Salmorán de Tamayo (1957) consideró que, pese a que la huelga podía ser considerada como una medida extrema, ésta era un instrumento de presión justificado, empleado por los trabajadores para la resolución de un conflicto, y que tendía a “regularizar y establecer el orden alterado por la parte patronal”.²⁸ En opinión del maestro De la ^{Cueva (1959)} el derecho a huelga sólo debía utilizarse cuando se agotaban los procedimientos conciliatorios como “resultado de pláticas fallidas” y no podía ejercerse sin una notificación previa (p. 825). En caso de que la huelga incurriese en actos violentos o en violaciones a los estatutos vigentes, las Juntas tenían la facultad de declararla como “ilícita” y, por ende, “inexistente”.²⁹

El ascenso de la abogada Salmorán de Tamayo a la presidencia de la Junta Federal ocurrió en 1953 debido a la licencia por tiempo indefinido concedida a su presidente Romeo León Orantes.³⁰ El responsable de su nombramiento fue el secretario del Trabajo y Previsión Social, Adolfo López Mateos. Su ascenso no fue menor ya que por primera vez se eligió a una mujer como titular de una institución de vital importancia para la política obrera del régimen. El secretario del trabajo expresó que su nombramiento coincidía con “la norma de conducta del presidente Ruiz Cortines” quien ya había hecho “justicia a la mujer, a la que considera un valor estimable en las tareas diarias”.³¹ No es fortuito que su designación haya ocurrido en el marco de la reforma al artículo 34 constitucional que reconoció la ciudadanía de la mujer y que garantizó el pleno goce de sus derechos.³²

Tal parece que la designación a favor de la abogada Salmorán de Tamayo fue bien recibida en la institución. Por ejemplo, el secretario general de la Junta Federal, Felipe Ibarra Olivares, expresó que aun cuando el personal estaba acostumbrándose a “tener como jefa a una mujer”, le parecía apropiado reconocer y celebrar el liderazgo de “aquellos que han dado pruebas de su dedicación y competencia al frente de las comisiones que se le han encomendado”, tal y como ella lo había hecho.³³

De acuerdo con una nota publicada en ^{El Nacional}, en su primer año como presidenta de la Junta Federal, la abogada Salmorán de Tamayo hizo frente a miles de emplazamientos de huelga debido a la devaluación ocurrida en 1954 que ocasionó malestar en el sector obrero. José Luis ^{Reyna (1981)} apunta que con estas acciones los obreros no buscaron fracturar el sistema o confrontar a la burocracia sindical, sino más bien pretendieron aliviar las fluctuaciones en la economía por medio de aumentos salariales.³⁴ En ese año, las salas especiales de la Junta Federal trabajaron arduamente en los meses de abril a octubre para atender la “inusitada” cantidad de asuntos y su presidenta implementó medidas como “reforzar con más gente la sección de conflictos” y extender las actividades laborales a fines de semana.³⁵

Respecto al desempeño de la Junta Federal, Edelmiro ^{Maldonado (1978)} sostiene que en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, esta institución declaró a una gran cantidad de huelgas como “inexistentes” como parte de una estrategia impulsada por el Estado para contener las amenazas obreras. En consecuencia, el gobierno de Miguel Alemán utilizó mecanismos de represión para sofocar los movimientos obreros y fomentó la práctica del “charrismo” como un instrumento de control sobre los sindicatos y la clase trabajadora.³⁶ Esta dinámica de poder cambio significativamente durante el mandato del presidente Ruiz Cortines (1952-1958) y se mostró una actitud más conciliadora con la clase trabajadora. De acuerdo con Rogelio ^{Hernández (2015)} “la paz social y política que se vivió durante el gobierno de Ruiz Cortines en buena medida se atribuye a la habilidad con la que López Mateos pudo conciliar intereses [obreros], lo que le valió una imagen de tolerancia y simpatía con los trabajadores” (p. 264).³⁷

El momento de crisis para la estabilidad del régimen político fue en 1958-1959. Ariel ^{Rodríguez Kuri (2015)} señala que “la tendencia en los gobiernos de Alemán Valdés y Ruiz Cortines a inducir el crecimiento económico con medidas débiles para redistribuir la riqueza” provocó inconformidad en los sectores obreros - a razón de que los salarios no alcanzaban a cubrir el costo de vida y debido al control que el Estado ejercía sobre los sindicatos- (p. 202).

Los movimientos sindicales de mayor envergadura tuvieron lugar en la transición de gobierno por tratarse del momento de mayor “debilidad” del régimen político “la disidencia lo consideró la mejor oportunidad para presionar y obtener beneficios que de otra forma habrían sido imposibles. Esto explica la proliferación de movimientos que hubo en 1958 y el tipo de demandas […] inaceptables para el sistema político” (^{Hernández, 2015, p. 265}). En ese año, los movimientos sindicales de mayor importancia fueron el de telegrafistas, dos secciones del sindicato de petróleos y el ferrocarrilero. Si bien el gobierno de Ruiz Cortines buscó alternativas para conciliar y conceder parte de las demandas obreras sin ceder espacios políticos, esto no fue suficiente.³⁸

El momento más álgido del conflicto obrero se alcanzó entre 1958 y 1959 con la huelga del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), una de las organizaciones sindicales independientes más fuertes del momento. El movimiento de huelga contó con el apoyo de telegrafistas, estudiantes y maestros, lo cual provocó un clima de crisis e incertidumbre en el Estado mexicano (^{Servín, 2010, p. 108-110}). ^{José Fernández (1975)} señala que “la madurez organizativa de los ferrocarrileros logró poner en jaque a todo el aparato de Estado, quien tuvo que echar mano de todos sus recursos para reprimir el movimiento” (p. 80).

Entre sus demandas económicas se encontraban el 16.65% de aumento en salarios, el establecimiento de un fondo de ahorro tomando como base el 10% de las aportaciones, y servicio médico y medicinas para los familiares.^{39 Hernández (2015)} señala que, entre sus peticiones, también contemplaron aspectos sobre “la operación de los ferrocarriles que incluía la revisión de tarifas y condicionar la contratación de empleados de confianza, que fueron inaceptables para el gobierno” (p. 266).

Las primeras negociaciones se dieron en los últimos meses de la presidencia de Ruiz Cortines. Al lograr un aumento salarial, Demetrio Vallejo rápidamente se colocó como líder en las elecciones de secretario del STFRM. Sin embargo, este logró resultó insuficiente para cubrir sus demandas y decidieron intensificar sus acciones colectivas durante los primeros años de la presidencia de Adolfo López Mateos. Los ferrocarrileros acordaron paros escalonados en diversos puntos del país. El 26 de junio se suspendieron “las actividades de las oficinas, los talleres y los trenes” durante dos horas. Posteriormente, el 28 de junio se convocó a otro paro de seis horas (^{Cabrera, 2004, p. 35}). El presidente López Mateos entabló un diálogo con los líderes sindicales, pero ante la poca disposición de los patrones de revisar el contrato colectivo y una supuesta incapacidad económica,⁴⁰ el Sindicato de Ferrocarriles programó para el 25 de febrero al medio día, un paro coordinado en tres empresas: Ferrocarriles del Pacífico, Ferrocarril Mexicano y Terminal de Veracruz.

La Junta Federal, presidida por Salmorán de Tamayo, determinó que no podía establecerse la legitimidad de la huelga y se declaró inexistente. De acuerdo con la resolución de los grupos especiales uno y catorce, la huelga no había sido convocada por una coalición de trabajadores -entendida como un acto preliminar al emplazamiento y de carácter momentáneo, es decir, que surge con un fin y se extingue al cumplirse su objetivo-⁴¹ sino por el “comité ejecutivo del sindicato”. Se expuso que el Sindicato era “una coalición permanente” que no podía convocar a una huelga porque se trataba de un derecho exclusivo de los trabajadores. Señalaron que este comité no presentó “constancias” que exhibiesen que el emplazamiento a huelga había sido acordado según la “voluntad de los trabajadores”. Además, sostuvieron que el comité no había obrado según lo dispuesto en el artículo 263 del reglamento interno del sindicato de ferrocarriles el cual refería que “para declarar una huelga se requiere una votación mínima del 60% de los agremiados, afectados por el conflicto, pudiendo votar únicamente, según el artículo 250, los trabajadores de la empresa”.⁴²

La presidencia de la Junta Federal declaró a la prensa que “de acuerdo con la Ley de Federal del Trabajo y el estatuto interno del sindicato de ferrocarrileros los grupos especiales pronunciaron la calificación que en derecho procedió”;⁴³ y se concedió un plazo no mayor a 24 horas para que los huelguistas volvieran al trabajo. Con esta resolución, dirigentes, trabajadores, estudiantes y maestros fueron encarcelados y las instalaciones de ferrocarriles fueron tomadas por el ejército. De los 225 ferrocarrileros concentrados en el campo Militar Número Uno, se declaró formal prisión a 66 de ellos por el “delito de disolución social, ataques a la economía nacional, así como a las vías generales de comunicación y el de amenazas”. Aunado a esto, se consideraron “los delitos de asonada o motín y el de encubrimiento, pues el propósito era subvertir la vida institucional del país provocando conflictos y la suspensión ilegítima de un servicio público para la Nación” (^{Cabrera, 2004, p. 37-38}). Si bien la mayoría de los trabajadores salieron libres, varios de los dirigentes permanecieron encarcelados acusados del delito de disolución social.

En el comunicado oficial dirigido a la nación mexicana emitido el día 25 de febrero por radio y televisión, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Salomón González Blanco, declaró que había sido “norma invariable del gobierno, en el tratamiento de los conflictos obrero-patronales, el intervenir conciliatoriamente propugnando por soluciones que eviten actos que lesionan los intereses de la colectividad y de las partes”. Sostuvo que el laudo de la Junta Federal se dio con “estricto apego a la ley” porque los huelguistas “no cumplieron con requisitos legales indispensables para que dicho movimiento prosperara”.⁴⁴

La resolución de los grupos especiales, avalada por Salmoran de Tamayo en calidad de presidenta de la Junta Federal, posibilitó que el Estado actuara de manera coercitiva en contra del movimiento colectivo de mayor fuerza y alcance en el país. Con ello, el Estado retomó y afianzó el control sobre el sector obrero en su momento de mayor debilidad. A partir de ese momento no hubo otro movimiento de tal envergadura que desafiará el control del Estado hasta el movimiento estudiantil de 1968. ^{Rodríguez Kuri (2015)} sostiene que “la década de 1960 debe su peculiar configuración política a la intensidad de las luchas obreras y a la magnitud sin precedentes de la represión gubernamental contra los ferrocarrileros en marzo de 1959” (p.203).

Los vínculos con el representante del Ejecutivo: el licenciado Adolfo López Mateos

En su planteamiento sobre el sistema de reclutamiento político mexicano del siglo XX, Roderic Ai ^{Camp (1996)} sugiere que las mujeres no consiguieron posiciones de liderazgo en la administración pública porque carecieron de vínculos con el Ejecutivo, cuya figura es considerada dentro de un sistema político presidencialista como “la fuente de patronazgo ocupacional y de los recursos económicos” del país (p. 196).⁴⁵ Tratándose de la abogada María Cristina Salmorán de Tamayo, esta premisa parece sostenerse ya que ella, a diferencia de otras profesionistas, sí tuvo una relación cercana de carácter profesional con quien ocupó la presidencia en 1958: el licenciado Adolfo López Mateos.

En principio, su vínculo se originó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, institución de educación superior en donde ambos cursaron sus carreras profesionales.⁴⁶ Posteriormente, Adolfo López Mateos fue nombrado secretario del Trabajo (1952-1958) durante el gobierno de Ruiz Cortines, y él tomó la decisión de designar a la abogada Salmorán de Tamayo como presidenta de la Junta Federal en 1953. Dada la naturaleza de dicha institución, ambos personajes -en calidad de titulares de instancias gubernamentales especializadas en derecho laboral- fincaron un sólido y estrecho vínculo de comunicación y colaboración de carácter profesional.

Luego, ya como presidente de la república, López Mateos realizó el nombramiento de María Cristina Salmorán de Tamayo como ministra de la Suprema Corte de Justicia en nada menos que la Sala especializada en derecho laboral. De acuerdo con el testimonio del Dr. Tamayo, cuando quedó vacante el asiento ocupado por el ministro Gilberto Valenzuela en la Cuarta Sala del máximo tribunal de justicia en 1961, el mandatario solicitó a su secretario del Trabajo, Salomón González Blanco, que reuniera los perfiles de los candidatos que podrían llenar tal posición. Para tal encomienda, González Blanco se puso en contacto con la presidenta de la Junta Federal, con quien compartía una buena relación laboral y una estrecha amistad. En este dialogo entre funcionarios, la abogada Salmorán de Tamayo tuvo la resolución de sugerir que quien ocupase dicha posición debía ser “cualquiera que sepa más de derecho del trabajo que yo”.⁴⁷ La osada propuesta de la abogada Salmorán de Tamayo -amparada por una larga y destacada trayectoria profesional- fue respaldada sin reservas por el secretario del trabajo y el presidente de la república.

Esta resolución fue posible gracias a dos condiciones. En primera instancia, a diferencia de otros funcionarios, López Mateos fue un joven político que mantuvo una actitud abierta y receptiva a la incorporación de las profesionistas al ámbito de la administración pública. Durante su gestión como secretario del trabajo, presenció el clima de activismo político femenino en torno a la reforma al art. 34 constitucional y durante su trayectoria profesional apoyó activamente el desarrollo del talento femenino. Por ejemplo, la ministra Chávez Padrón recuerda que, en el marco de la inauguración de la nueva sede de la Casa de las Universitarias alrededor de 1963, ella entabló una conversación con López Mateos -y otros funcionarios- donde el presidente reconoció que no podía seguir limitándose la participación femenina a “lideresas de valla” sino que era necesario que “ingrese la mujer pasante, profesionista universitaria, al mundo de la política y el quehacer nacional”.⁴⁸ En este caso, puede decirse que el presidente, en calidad de designador, tuvo la apertura y la voluntad de nombrar a la profesionista a semejante cargo dentro del Poder Judicial Federal.

En segundo lugar, tal parece que, durante los procesos de selección, el presidente López Mateos prestó especial atención a que los perfiles y la experiencia profesional de los candidatos a un cargo en su gabinete y en instituciones gubernamentales coincidieran con el ámbito al que serían adscritos. ^{Rogelio Hernández (2015)} detalla que, para la selección de su gabinete, el mandatario “mantuvo un equilibrio entre amigos y conocidos en el desempeño profesional, pero cuidando que contarán con una probada experiencia en sus áreas” (pp. 229-234). La abogada María Cristina Salmorán de Tamayo no fue la excepción a esa regla.

Además de su trayectoria profesional en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (1941-1961), la abogada Salmorán de Tamayo desempeñó el cargo de trabajadora social en el Instituto Mexicano del Seguro Social (1951). Fue profesora adjunta y titular del Segundo Curso de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho, de la UNAM (a partir de 1951 y 1955, respectivamente). Se matriculó como estudiante en el Doctorado en Derecho (1951-1952), ganó una beca financiada por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] para el estudio de la legislación protectora de mujeres y niños en Francia (1952); y elaboró su tesis nuevamente bajo la tutela del maestro Mario de la Cueva -aunque no optó por el título debido a que ya ocupaba el cargo de presidenta en la Junta Federal-. Fue seleccionada por el secretario del Trabajo como primera delegada del gobierno mexicano en la XLIII y XLIV Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se llevó a cabo en Suiza (1959 y 1960), y ahí fue elegida presidenta de la “Comisión de colaboración entre autoridades y las organizaciones de empleados y trabajadores en el ambiente industrial” (1959) y vicepresidenta del “grupo Gubernamental” (1960). Luego de su participación en dichas conferencias, Salmorán de Tamayo fue invitada formalmente a que ocupase cargos en la OIT y en la ONU, pero ella decidió continuar con su labor en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aunado a esto, ella fue autora de obras como el Breviario Popular sobre Derecho Laboral en 1957 y Jurisdicción y derecho procesal en México.⁴⁹

Tal y como puede apreciarse, la abogada Salmorán de Tamayo había construido una sólida trayectoria en derecho del trabajo y, para el año de 1961, ya era una figura que había adquirido visibilidad en la esfera pública y en el ámbito político tanto en el plano nacional como en el internacional. En ese sentido, aun cuando ella no hubiese señalado que poseía la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar tal posición, parece plausible que sus méritos profesionales hubiesen bastado para que fuese considerada por los designadores como una candidata preparada para el máximo tribunal de justicia.

En el contexto del presidencialismo mexicano, la propuesta de designación del presidente Adolfo López Mateos a favor de María Cristina Salmorán de Tamayo fue ratificada sin contratiempos. En la ceremonia de recibimiento de los nuevos ministros, el ministro presidente Alfonso Guzmán Neyra reconoció la excepcionalidad del momento y sostuvo que la presencia femenina en el máximo tribunal de justicia debía tomarse “como demostración de la preparación que la mujer mexicana ha adquirido”.⁵⁰ Por su parte, el secretario del Trabajo, González Blanco, no vaciló en asegurar que “la señora Salmorán de Tamayo desempeñará una labor brillantísima [en la Suprema Corte de Justicia], que contribuirá a una magnifica administración de justicia obrera, como lo requiere el pueblo mexicano”. En su opinión, era un cargo bien merecido pues ella ya había dado muestras de “su honradez, eficiencia y dedicación absoluta al trabajo” al frente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.⁵¹

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Roderic Ai ^{Camp (1996)} advirtió que las mujeres con aspiraciones en la política “al igual que los hombres, necesitan estar en el lugar preciso en el momento preciso para alcanzar el éxito. [Ellas] deben ingresar en las instituciones donde se reúne la futura élite política” (p. 197). Sin lugar a duda, esta aseveración sintetiza las bases sobre las que operó el método de reclutamiento de los lideres políticos en el México contemporáneo, y señala -sin hacer una distinción con base en el sexo- que los canales de reclutamiento, los reclutadores y las oportunidades laborales en la administración pública fueron factores que intervinieron decisivamente en el proceso de selección y designación de los funcionarios públicos.

Si bien esta premisa parece cumplirse en el caso de la ministra Salmorán de Tamayo, a lo largo de este estudio se ha hecho énfasis en que su proceso de selección estuvo mediado por figuras que valoraron su desempeño y que no se opusieron a la incorporación de una mujer tanto en el ámbito político como en el de la justicia. Esta precisión es importante ya que muestra cómo, en la práctica, los estereotipos de género sí tuvieron un peso considerable en la resolución de elegir a una mujer para un cargo de decisión y alta responsabilidad. En consecuencia, existen dos elementos más que deben considerarse dentro del proceso de reclutamiento político de las mujeres: la actitud de los reclutadores hacia el trabajo profesional femenino y la voluntad de integrarlas a las distintas dependencias gubernamentales. Vale la pena señalar que la percepción masculina sobre el desempeño de las mujeres -particularmente en la profesión del derecho- y su efecto en la decisión de incorporarlas -o no- a los cuerpos burocráticos del Estado no son atributos propios del sistema de reclutamiento político descrito por Camp, sino que son rasgos constantes que se encuentran en otros procesos de selección y designación de la época.

En una reflexión sobre las dificultades que las abogadas enfrentaron en el ámbito laboral, la ministra en retiro Victoria Adato Green coincide en que, dado los estereotipos de género imperantes en la sociedad mexicana, las capacidades y las habilidades de las profesionistas fueron puestas en duda y eso condujo a que fuesen excluidas de ciertos espacios de desarrollo profesional. Ella apunta que:

el problema de las mujeres en el desempeño de cargos públicos ha sido algo que ha tenido que aceptarse, venciendo patrones culturales de siglos, y también de tipo religioso […] hacen que en el fondo haya […] no un rechazo abierto sino una costumbre de no ver a las mujeres ahí, de no tener las consideraciones profesionales de pensar que pueden tener aportes profesionales tan importantes, significativos […].⁵²

La ausencia o poca presencia de mujeres en cargos públicos parece indicar que, pese a que no hubo restricciones formales que impidieran que las mujeres ejerciesen su profesión, en la práctica, no existieron condiciones que asegurasen que los procesos de selección y designación se conducirían en términos equitativos entre hombres y mujeres. Esto llevó, tal y como ilustra la ministra Adato Green, a que se menospreciara la labor de las mujeres.

Tal y como ha quedado establecido en este estudio, la abogada Salmorán de Tamayo fue la primera profesionista que ocupó posiciones de decisión y liderazgo -tanto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como al frente de la delegación del gobierno mexicano en conferencias internacionales organizadas por la OIT- en un ambiente en donde no hubo otras mujeres en posiciones similares. Debido a su sexo, ella también enfrentó cuestionamientos sobre sus conocimientos y capacidades para ejercer sus funciones a pesar de que la abogada Salmorán de Tamayo había continuado con su formación académica en sus estudios de posgrado -dentro y fuera del país- y construyó una sólida carrera profesional especializada en derecho laboral por mérito propio -al transitar por todos los escalones de la jerarquía institucional y asumir la titularidad de la Junta Federal por un periodo de ocho años-.

El ascenso de la abogada María Cristina Salmorán de Tamayo a la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia se percibe como un fenómeno excepcional porque, a diferencia de otras naciones como Estados Unidos, su nombramiento no fue el resultado de un largo proceso democrático que demandara la igualdad de derechos entre hombres y mujeres -como el de ejercer libremente una profesión-, y apelara por condiciones más equitativas de acceso a espacios laborales. En realidad, su designación se explica a través de las prácticas de reclutamiento y ascenso de líderes políticos de la época. Esto quiere decir que, bajo las condiciones y las reglas establecidas por el propio sistema político, ella fue la única abogada capaz -amparada por una sólida trayectoria profesional- y preparada para asumir tal posición en el año de 1961.