El surgimiento de cada uno de los organismos constitucionales autónomos (OCAs) ha sido con motivo de la evolución y modernización, por décadas, de la Administración Pública Federal (APF), al través de la descentralización del poder del Ejecutivo Federal para atender exigencias políticas, económicas y sociales nacionales, además de nivel internacional, con motivo de firma de tratados y convenios.

El presente trabajo, por el espacio destinado, -muy valioso- refiere solo una panorámica de los antecedentes y estructura actual del Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social (Coneval), uno de los OCAs establecidos en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que tiene como objetivo la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social,¹ así como para emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

La reforma constitucional del 26 artículo para otorgar la autonomía a este OCA se efectuó el 10 de enero de 2014, junto con otras once política-electorales en materia energética, competencia económica, hacendaria, laboral, telecomunicaciones y radiodifusión, financiera, educativa, y una nueva Ley de Amparo, las cuales se habían consensuado en el Pacto por México,² un acuerdo político entre los principales partidos integrantes del Congreso, desde 2012. La creación del Coneval no estaba incluida en dicho convenio, sin embargo, se aprobó en ese paquete de iniciativas. Posteriormente, el 11 de agosto del mismo año, se promulgaron las leyes secundarias correspondientes a la reforma energética, omitiendo la reglamentaria del Coneval, y la designación de sus consejeros por parte de la Cámara de Diputados, según lo señala el Artículo Vigésimo transitorio del citado decreto de reforma al Artículo 26 Constitucional.³

Considero que, un antecedente del Coneval surgió en 2001, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar, cuando se integró un Programa Nacional de Desarrollo Social con un Comité técnico para la Medición de la Pobreza,⁴ el cual se dedicaría a integrar datos oficiales, con las secretarias responsables de apoyar recursos, a las áreas más necesitadas de la población. A la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en 1976, le correspondía esta función: en 1982, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; para 1992 esta dependencia se transforma en la Secretaría de Desarrollo Social, y finalmente en 2018, en la Secretaría de Bienestar,⁵ renovando, fortaleciendo y cancelando programas dirigidos a una multiplicidad de grupos sociales.

En el referido Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, en su apartado de concepto de pobreza, indica que, no existe un significado único del término pobreza, aunque comúnmente se defina a partir de la identificación de un estándar social que no puede ser alcanzado por ciertas personas y que les representa una adversidad inaceptable.⁶ En 2010, el Coneval establece una precisión de la pobreza, al expedir los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición y Medición de la Pobreza, indicando que ésta considera las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: uno de ellos, el bienestar económico, otro el de los derechos sociales y el tercero, es de contexto territorial.⁷

Por su parte la Organización de Naciones Unidas, señala que, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos, es un problema de derechos humanos, entre las manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, y otros servicios como la educación y la salud.⁸

La pobreza, entiendo, es producto de la desigualdad entre los grupos sociales, no solo son las carencias materiales, sino un impedimento para disfrutar los derechos humanos en toda su amplitud, y en todos los países se ha pretendido detectar las necesidades de la población, para que, por medio de análisis y de diagnósticos se diseñen y ejecuten políticas públicas aplicando programas para la atención de las necesidades de los gobernados.

Previa a esta transformación en OCA, el Coneval se había constituido el 20 de enero de 2004, al señalarse en el artículo 81 de Ley General de Desarrollo Social (LGDS), como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, con la atribución normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que aplican las dependencias públicas, emitir los lineamientos y criterios que permitan la definición, identificación y la medición de la pobreza.⁹ El 24 de agosto de 2005, se emitió un decreto para su regulación, en donde se establece en el artículo 3º que:

…tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y evaluación tienen las secretarías de Hacienda y Crédito Pública, y de la Función Pública…, incluyendo la definición, identificación y medición de la pobreza.¹⁰

Con este acuerdo, percibo, no solamente el Coneval tiene la obligación de normar y evaluar los programas y acciones que ejecutan las dependencias de la APF, sino que también estas actividades las realizan otras secretarías de Estado, como son la de Hacienda y Crédito Público, la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, y con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, por lo que considero citar, brevemente, algunos antecedentes de la evolución en México, referente al manejo del presupuesto y la evaluación de recursos públicos.

Según el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para la definición, identificación y medición de la pobreza, ¹¹ se utilizan 9 indicadores: Ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud y de seguridad social; calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; y grados de cohesión social, y de accesibilidad a carretera pavimentada.

Respecto a la evolución en el manejo del gasto público en la AP, el cual está intrínsecamente relacionado con la evaluación, consideré de interés, citar a Lucio Mendieta y Núñez, en su discernimiento acerca de ésta, en el cual indica que, toda sociedad humana, al alcanzar relevancia y complejidad, emprende actividades para enfrentar peticiones internas planteadas por la vida colectiva, así como las externas, trazadas frente a otros grupos sociales,¹² indicando que, por primitivo que sea el Estado, se va estructurando de acuerdo con un plan de la sociedad, es decir lo que le imponen los hechos sociales. En coincidencia a este punto de vista, Marco Antonio Zeind, asevera que, debe quedar claro que, en todo momento, la AP parte de la estructura del Estado, que ésta no representa al pueblo, sino que debe a éste su origen.¹³

La estructura de la AP en México es bastante compleja debido a la cantidad de dependencias y entidades con las cuales se ha ido conformando, la cual opera con un marco de regulación y evaluación que contiene ordenamientos, programas y disposiciones para asegurar su ejercicio, y cumplir con sus objetivos. Desde hace décadas, el gobierno mexicano ha legislado e institucionalizando muchas medidas por medio de reformas constitucionales, leyes y acuerdos en busca de una debida aplicación del presupuesto federal y local.

En forma resumida, citaré los periodos o fechas que, considero, reflejan las modificaciones más importantes en la AP, debido a que no es motivo de este artículo, pero que reflejan transformaciones relevantes en el cuidado y manejo de los fondos públicos, y de la evaluación. Esta última, según lo describe Osvaldo Feinstein, se realiza con dos propósitos: para aprender de la experiencia, y para la rendición de cuentas al público y/o a quienes han provisto de recursos que se utilizan, o al Parlamento.¹⁴ Es un pronunciamiento, señala, sobre el valor de una intervención gubernamental, que implica la eficiencia, eficacia, la legalidad, la transparencia o cualquier otro criterio de desempeño, por lo que, para evaluar las políticas públicas, es primero aclarar su marco orientativo o normativo, tratando de identificar los objetivos planteados explícitamente.

No solo la rendición de cuentas es necesaria, sino también la transparencia, ambas son indispensables para el óptimo funcionamiento del Estado, indica Ma. Fernanda Ruezga García, primordialmente porque contribuye a controlar la corrupción y a mejorar el desempeño gubernamental.¹⁵Desde luego, opino, no solo basta tener un buen manejo del presupuesto oficial, sino que es necesario que se conozca su ejercicio, de manera que cuando se conozcan por parte de los gobernados los gastos efectuados en programas y proyectos, de esa manera se pueden prevenir manejos ilícitos en la adquisición de bienes o contratación de servicios.

Referentes al manejo de los recursos públicos en México existen desde 1821, como es un reglamento de gobierno, según la cita que hace Alberto Villalobos Pacheco, en el cual se indicaba como manejar los haberes y el gasto, y posteriormente se fueron expidiendo normas y disposiciones con el fin de adaptar a la APF a los cambiantes requerimientos de los sucesos históricos,¹⁶ con la inquietud por mantener una adecuación permanente del aparato administrativo gubernamental.

En un estudio elaborado por Emiliano Busto, acerca de la administración pública en México, en ¹⁸⁸⁹, presentado en Paris, Francia, indica que, en la Tesorería general,¹⁷ dependiente de la Secretaría de Hacienda, …el Ministro de Hacienda, ejerce el derecho de verificación absoluta sobre todas las operaciones de cualquier Ministerio que afecten el pago de caudales del Estado…La tesorería general tiene la obligación de hacer al Ejecutivo las observaciones correspondientes , en caso de hacerse un pago indebido o ilegal en una partida del presupuesto, esta aseveración, acerca de las obligaciones del encargado de la Hacienda Pública, a mi consideración, es sin duda, una de las maneras de vigilar la aplicación del gasto: sin ilegalidades o disposiciones indebidas.

Durante el periodo de 1917-1940, refiere Omar Guerrero Orozco, es el lapso cuando se expide la primera Ley de Secretarías de Estado, el 14 de abril de 1917, la cual fue de tipo transitoria, con departamentos administrativos; se suprime la Secretaría de Justicia, y se adecuó la AP durante los difíciles tiempos revolucionarios, cuando se publica la CPEUM, conservando algunas áreas de gobierno y con nuevas dependencias. Este es el periodo de presidencialismo dominante,¹⁸ asegura, debido a que, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, la jefatura del Ejecutivo y las mayorías calificadas de las dos cámaras pertenecían al mismo partido; con este entorno, los poderes presidenciales alentaron una subordinación incondicional del Congreso al Poder Ejecutivo.

A partir de la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF),¹⁹ publicada el 29 de diciembre de 1976 se abrogó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958. Esta norma ha sido utilizada como una herramienta jurídica para el sistema administrativo mexicano, pues se ha ido transformando para plantear y desarrollar los programas de un gobierno con una nueva distribución de actividades. Con esta ley, se intentó una reingeniería del aparato administrativo con el fin de eliminar la duplicidad de actividades, y simplificar estructuras, con ella se pretendía organizar al gobierno para organizar al país.²⁰

Sin embargo, la evaluación del gasto en la APF no se había contemplado en las continuas modificaciones en disposiciones para el ejercicio del presupuesto, según refiere Villalobos Pacheco, a pesar de que desde 1973, se instituyó el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial (GEI), el cual anteriormente se conocía como Departamento de Evaluación de Operaciones. La misión de este organismo es la de apoyar los esfuerzos de los gobiernos con el fin de fortalecer sus sistemas de seguimiento y evaluación (S y E) al igual que sus capacidades institucionales.²¹De la lectura del Informe de Reporte del Banco Mundial,²² para la Creación de Sistemas se desprende que, se establecen mecanismos de seguimiento y evaluación, su importancia, y diagnósticos, una herramienta útil para todos los gobiernos, y los cuales se han ido incorporando a múltiples administraciones.

El Gobierno de Australia, añade Villalobos Pacheco, a finales de la década de los 80, inició una cultura de evaluación, al solicitar a todos sus ministerios que evaluaran cada uno de sus programas cada tres o cinco años, inclusive su programación y los métodos que se utilizarían, tanto por las mismas dependencias y otras centrales que las supervisarían.

Durante el primer año de gobierno del presidente José López Portillo (1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982), se estableció el Sistema Nacional de Planeación,²³ conteniendo tres iniciativas presidenciales para las Leyes de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal; de la Deuda Pública, y Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, con las cuales, se inicia, entiendo, una modernización de la administración gubernamental con un reordenamiento del gasto y supervisión del presupuesto público.

El titular del Ejecutivo Federal refiere Alejandro Carrillo Castro, en materia de evaluación, instruyó a que cada entidad gubernamental realizara una autoevaluación anual acerca de sus programas prioritarios y de sus reformas constitucionales,²⁴ se analizara a cada dependencia y los problemas en sus avances, pero este sistema de evaluación interna solo reflejaba fallas y errores, sin medir el impacto nacional. Sin embargo, desde mi punto de vista fue un intento de evaluación del ejercicio del presupuesto que ya vislumbraba la necesidad gubernamental y social de la supervisión del gasto, sin embargo, no tuvo muchos avances.

Posteriormente, el 2 de febrero de 1983, se reformó el Artículo 25 Constitucional, para reordenar las actividades del gobierno, con la obligación de mantener estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero,²⁵ crea por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, que se sigue emitiendo en cada administración, y se expidió una Ley de Planeación²⁶ con lineamientos para todos los proyectos de programas de la APF.

Un asomo a la evaluación, según citan Daniel González G. y Elías R. Hernández, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, es cuando se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación,²⁷como una herramienta gubernamental para controlar el gasto excesivo, y frenar la manifiesta intervención oficial en la economía y en la sociedad. La LOAPF se reformó el 28 de diciembre de 1994, para modificar el nombre de la Contraloría General de la Federación por el de Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.²⁸

El 30 de julio de 1999, por medio de una reforma constitucional, a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la CPEUM, se estableció la Auditoría Superior de la Federación para sustituir a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados,²⁹con el fin de fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales, por medio de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica, entre otras operaciones, con una gran expectativa de vigilancia. Una entidad que ha sido sumamente cuestionada en la última administración por su sumisión y partidización, y que ha perdido credibilidad. Señala Alejo Sánchez Cano, que a raíz de la información que difundió acerca de que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había tenido un costo de más de 300 mil millones de pesos, causó la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y debieron ser ajustadas las cifras al gusto del mandatario, por lo que el titular del órgano David Colmenares, claudicó a sus obligaciones, y los resultados de las auditorías que revelan graves anomalías en el ejercicio de recursos públicos, se maquillan.³⁰

Ante el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el periodo gubernamental del presidente Carlos Salinas de Gortari (1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994), se reformó la CPEUM en 53 ocasiones,³¹ con la perspectiva de modernizar la APF, adelgazar y modificar su estructura administrativa y hacendaria, para facilitar la aceptación por parte de los socios de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, la evaluación del gasto fue planteado con mayor énfasis, al proponer la iniciativa de la Agenda del Buen Gobierno,³² trazando un gobierno honesto, profesional, de calidad, digital, con mejora regulatoria y con menor gasto. Se creó un Sistema de Metas Presidenciales (SIMEP), con el propósito de concertar metas y objetivos de cada una de las dependencias de la APF, directamente con el titular del Poder Ejecutivo,³³ mediante el cual los secretarios se comprometían a someterse a diversas evaluaciones con indicadores de desempeño. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, modificó su denominación en 2003 a Secretaría de la Función Pública, al plantear la medición de la capacidad de los Órganos de Vigilancia y Control. Sin embargo, se integraron estos órganos a cada una de las dependencias oficiales, con encargados nombrados por los titulares, medida que entiendo, no ha prosperado al estar sujetos a los secretarios de Estado, sin contar con autonomía. Con la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se instauró un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), adoptado del Banco Mundial,³⁴ que solamente se estuvo realizando por algunos años, no con los resultados requeridos.

Sin embargo, percibo, fueron solo cambios sexenales y políticamente oportunos para la firma del referido Tratado, ya que los referidos gobiernos de alternancia, arriba citados, durante doce años (1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2012), los precios internacionales del petróleo mexicano ascendieron hasta triplicarse,³⁵ no obstante no se aprovechó este auge en las divisas para realizar inversiones o ahorros, sino que se aumentó en un 50 por ciento los requerimientos financieros del sector público, y aumentó el número de plazas de la alta burocracia, hasta en un 19.24 por ciento, es decir, 106 mil plazas adicionales, según estudio difundido de Ricardo Gómez.

Durante el periodo presidencial del presidente Enrique Peña Nieto (1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018), se registraron el mayor número de reformas a la CPEUM, 314, con el Pacto por México,³⁶ en donde surgieron dos organismos autónomos con fines de evaluación: el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (Artículo 3 y 73 constitucional), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Artículos 26 y 28 Constitucionales, además del Sistema Nacional Anticorrupción, la cantidad referida de las reformas fue equivalente a casi la mitad de las 699 enmendadas en los últimos años.³⁷

En la exposición de motivos de la reforma al artículo 26 constitucional, para otorgar la autonomía al Coneval, se indicó por parte de algunos representantes del poder legislativo, que, en el sistema de división de poderes, se instauraron los Organismos Constitucionales Autónomos que tienen como objetivo principal la rendición de cuentas entre los otros poderes, y que la pobreza en estos días es una situación que no permite a los gobernados el acceso a recursos para satisfacer necesidades tanto físicas y psíquicas básicas, lo cual propicia sometimiento por falta de suministro de alimentos, vivienda, asistencia sanitaria, educación, y a los servicios como agua, alumbrado, transporte, telefonía, entre otros.³⁸

En el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciado el primero de diciembre de 2018, fue suprimido por medio de reforma constitucional, en mayo de 2019, el organismo constitucional autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa,³⁹cuya función primordial era como su denominación lo indicaba, evaluar el funcionamiento del sistema educativo nacional, tarea que no se había concretado en varios sexenios, realizándose solamente intentos aislados.

Al tomar posesión, López Obrador, el primero de diciembre de 2018, entre sus 100 puntos de Plan de Gobierno,⁴⁰ de los cuales entresaco el número 2, que señala: Se atenderá a todos los mexicanos… pero se aplicará el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres, el cual considero como punto de referencia para la medición de la pobreza y evaluación de los programas sociales, al través del Coneval.

El panorama acerca de México, fuera de los datos oficiales, no es muy favorable, en un estudio efectuado en México, en la Revista Expansión indica que, el nivel de vida en 2023, sitúa al país en el puesto 66 de la escala, sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación con el resto de los 196 países, y el salario medio de los mexicanos es uno de los más bajos del mundo.⁴¹ En cuanto al índice de Desarrollo Humano o IDH que realiza las Naciones Unidas para medir el progreso en el país, y nivel de vida de sus habitantes, se encuentra en el número 86, y algo más grave, en cuanto al índice de Percepción de la Corrupción del sector público ha sido de 31 puntos, lo que significa que sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el gobierno.

El Fondo Monetario, entre el reporte Perspectivas económicas,⁴² publicado en julio de 2024, señala que México avanzará 2.2 por ciento en ese año, por debajo de una estimación de 2.4 por ciento, al disminuir las inversiones para construcción y para la manufactura, a diferencia del año anterior, con la demanda del mercado estadounidense; no se considera que exista impulso económico, existen además otros desafíos como el mantenimiento del alto costo del endeudamiento durante más periodos, lo que se considera un riesgo para el crecimiento en general, y una incertidumbre en materia de política económica. Los megaproyectos de la administración del presente gobierno, que está por concluir, tendrán impactos en la economía, ya que se generarán un menor número de puestos de trabajo.

El presente año 2024, el aumento de la deuda externa llegó a un nivel récord, según refiere un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la cual fue equivalente a 5.4 % del PIB,⁴³ por lo que el endeudamiento nacional ha continuado. Estos datos fueron confirmados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un informe que, la deuda neta del Gobierno Federal es de 13 billones 987 mil 877.8 millones de pesos en el corte de junio de 2024, con un saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y al cierre de junio, el déficit presupuestario se ubicó en 744 mil millones de pesos, 57 mil millones por debajo de lo programado.⁴⁴

Los datos emitidos por el Coneval, son hasta cierto punto, ponderados, ya que en el informe de 2018 a 2020, el número de pobres pasó de 51.9 a 55.7 millones, de ese total, 2.1 millones más de habitantes entraron al nivel de pobres en grado extremo.⁴⁵ El informe refiere que, en el año de 2020, el Coneval publicó y envió a los gobiernos federal y estatales, un reporte con un posible incremento de pobreza en los ingresos que podría afectar a entre 8 y 10 millones de personas, sin embargo el aumento que emitió el organismo fue de un poco menos de cinco millones.

Los datos de Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) indica que, en 2022 la línea por ingresos en las zonas rurales tuvo un incremento del 9.6% en comparación a diciembre de 2021, mientras la línea de pobreza por ingresos en las zonas urbanas aumentó en un 8.4 % en comparación al año anterior.⁴⁶ Añade el referido reporte que, la Relatoría Espacial señala que le preocupa y toma nota del Informe de Desigualdad Mundial de 2022, en donde se señala a México como uno de los países más desiguales del mundo.

Por lo anteriormente expuesto, mi punto de vista es que, es difícil conocer el grado de pobreza y evaluar los programas gubernamentales, aun cuando existe un organismo referido como autónomo en el 2001, que es el Coneval, pero que sigue conservando su dependencia al Ejecutivo Federal, como organismo descentralizado, al no haberse expedido su ley reglamentaria, y la designación de sus integrantes del Consejo por parte de la Cámara de Diputados.

En cuanto se aprobó el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en donde se suprimieron 7 organismos autónomos,⁴⁷ el Coneval envío un posicionamiento en el cual expresaba su preocupación, solicitando un espacio de diálogo y comunicación con el Congreso de la Unión, sobre ese asunto central parte de la garantía de los derechos sociales de los mexicanos, señalando la independencia técnica necesaria para asegurar la calidad y credibilidad..., indicando el organismo sus funciones y señalando que, los investigadores académicos son seleccionados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, y el Secretario Ejecutivo por el Ejecutivo Federal, lo que asegura independencia técnica y rigor metodológico del Consejo. Esta situación acerca de la designación del Ejecutivo Federal, entiendo, no refleja la autonomía técnica necesaria para efectuar una evaluación que esté libre de intervenciones políticas.

La comunicación dirigida hacia el Poder Legislativo,⁴⁸ por parte del Coneval, especificó tener un modelo único de gobernanza, cuando, opino, no participan actores involucrados en el proceso para decidir, como son los ciudadanos u organizaciones,⁴⁹ y en poco más de una cuartilla, el Consejo describió sus funciones, no informó de los resultados y metas alcanzadas, como lo hicieron otros organismos autónomos ante las reformas señaladas. El organismo descentralizado no aprovechó la comunicación para solicitar a la Cámara de Diputados, la cual ha sido omisa desde la creación de este organismo autónomo, a nombrar a sus consejeros y expedir su ley, que, según el texto de la reforma al Artículo 26 constitucional, este OCA debe estar integrado por un presidente y seis consejeros, quienes deben ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio, con un mínimo de 10 años de experiencia, y no pertenecer a partido político, El nombramiento debe realizarse con el procedimiento que determine la ley reglamentaria, la cual no ha sido expedida , y debe efectuarse por medio de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Habría que recordar que la autonomía del Coneval fue gravemente cuestionada por el titular del Ejecutivo Federal, en julio de 2019, cuando fue cesado Gonzalo Hernández Licona, quien había dirigido el organismo desde su fundación -trece años antes-, al negarse a aplicar las medidas de austeridad que, las cuales señaló afectaban las tareas sustanciales, y al criticar la desaparición de algunos programas sociales.⁵⁰ Por lo que actual titular fue nombrado por el presidente de la República, y actualmente es, como ya lo he referido, el Coneval es un organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría del Bienestar, en donde se aplican la mayor parte de los programas sociales y distribución de recursos económicos a la población por parte del Gobierno Federal, es por lo tanto un Consejo que autoevalúa a la dependencia federal de la que se subordina, por lo que no puede cuestionar su actuación.

De lo anteriormente expuesto, indico que, en el manejo y evaluación de los recursos gubernamentales aplicados a la población, se han creado organismos autónomos, dependencias federales, leyes, reglamentos, disposiciones, entre otras, en cada administración gubernamental desde el siglo pasado, y no se han atendió problemas urgentes y eventos como las pandemias por la falta de organización y voluntad política. Cada sexenio se aborda el manejo, transparencia, supervisión y evaluación del gasto público y de los programas sociales, pero aún con la participación de todos, inclusive con influencia internacional, se sigue midiendo la pobreza, pero ésta no sigue disminuyendo. Existen diagnósticos parciales, con deficiencias en el diseño de la distribución de estrategias, y una visión limitada, que impide una participación integral para atender las necesidades de la población.

No solo basta crear organismos y disposiciones para evaluar los programas sociales que pretenden disminuir la pobreza, sino que, se requiere de una reingeniería de la aplicación del gasto social, con la participación de especialistas e instituciones con autonomía, para atender integralmente de acuerdo a un efectivo Plan Nacional de Desarrollo que registre las necesidades de superación de la pobreza, con un ejercicio amplio del presupuesto federal en educación, salud, alimentación nutritiva, generación de empleo e ingreso, capacitación, entre otras, y un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción, vigoroso y autónomo.