Esta obra coordinada tiene el objetivo, como se plasma en su introducción, de abordar la problemática del fenómeno de la corrupción desde diversas ópticas, experiencias e investigaciones, para que, con base en ello, se construyan nuevos instrumentos y mecanismos de combate a la corrupción y se perfeccionen los modelos existentes, a partir de las fallas y áreas de oportunidad detectadas.

La obra se divide en dos apartados: Visiones y perspectivas sobre el combate a la corrupción, y Participación ciudadana: eje fundamental en el combate a la corrupción. En el primer apartado se tratan temas diversos que tienen en común el impacto de la corrupción en el acceso a los derechos humanos.

Dichas perspectivas exhortan a reflexionar en la manera en que la corrupción menoscaba, en particular, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, aún sobre los derechos civiles y políticos; cuyo efecto es potencial dado que el desvío de recursos públicos se interpone sobre la suficiencia presupuestal que el Estado dispone para proporcionar a los ciudadanos bienes y servicios públicos necesarios para una adecuada vida social.

En ese sentido, es relevante conocer el impacto de la corrupción, aunque también es importante mencionar que no es claro cómo se diagnostica o se mide el grado de violación a los derechos humanos causado por la corrupción, lo que podría conllevar a que se ponga en duda la relación entre ambos si es que no se cuenta con indicadores sobre los cuales se vincule claramente los actos de corrupción con la violación a los derechos humanos.

Relacionado con el tema del perjuicio de la corrupción sobre los derechos humanos, la obra incluye un capítulo enfocado en la rendición de cuentas sobre acceso a la justicia para mujeres, el cual concluye que para que se logre, uno de los elementos que abonaría, es la participación igualitaria entre hombres y mujeres en cargos de tomas de decisiones, así como considerar la perspectiva de género en los procesos de selección, inducción y capacitación.

Sin embargo, dicha conclusión no es suficiente para vincular la corrupción con la justicia desigualitaria para hombres y mujeres, puesto que la falta de un mecanismo para implementar una política judicial de género no es una consecuencia directa de la corrupción, sino un tema de estructura en la carrera judicial; esto no significa que la corrupción no esté inmiscuida en algún proceso judicial, pero es importante aclarar que no es el origen del problema.

De igual manera, el primer apartado de la obra tiene el objetivo de ampliar la perspectiva en cuanto a que la corrupción, además de ser evidente en el desvío de recursos públicos, implica la captura de puestos y decisiones públicas.

Se explica cómo la discrecionalidad con la que se designan a los servidores públicos obedece más a intereses políticos que a los méritos, lo cual se trató de evitar décadas atrás con el Servicio Civil de Carrera, cuyo propósito era profesionalizar y especializar a los servidores públicos para fortalecer las instituciones, sin afectarlas por quien desplegara el poder político.

Esta ilustración resulta muy atinada cuando se le relaciona con las decisiones públicas, las cuales no obedecen siempre a intereses económicos, sino también a fines políticos para otorgar más poder a cierto grupo, ya sea con la implementación o la orientación de alguna política pública.

Dicha postura resulta contrastante con la visión de autores como Samuel P. Huntington, quien en su obra Political Order in Changing Societies (¹⁹⁶⁸)¹ considera que la corrupción permite lubricar el funcionamiento de la economía cuando el exceso de normatividad limita al sector privado, lo cual denota una perspectiva meramente económica de la corrupción.

Mientras que, la presente obra pretende sustentar que el nuevo paradigma de la corrupción extiende su concepción a un asunto público, multisistémico, multifactorial y multicausal, como lo señala Amparo Casar en México: anatomía de la corrupción (²⁰¹⁶).²

En este orden de ideas, resulta imprescindible la rendición de cuentas que permita que la ciudadanía pueda conocer las motivaciones de la toma de decisiones públicas a cargo de los actores políticos, escenario que será posible cuando se implementen mecanismos que permitan transitar hacia la apertura institucional, lo cual, en consecuencia, dirigirá hacia el ejercicio de un gobierno abierto.

Concatenado con lo anterior, el segundo apartado de la obra profundiza sobre la trascendencia de la participación ciudadana para el gobierno abierto, el cual tiene el propósito de cambiar la manera en la que se relacionan los ciudadanos, los gobiernos y la administración pública, razón por la cual y en aras de alcanzarlo, se creó el Comité de Participación Ciudadana.

En este comité se canalizó la crítica a la corrupción ejercida por la ciudadanía, no solamente con acciones en espacios públicos, sino en un cuerpo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, como una herramienta para atacar los fenómenos de corrupción.

Los capítulos de este segundo apartado de la obra coinciden en que la participación ciudadana es un factor primordial para combatir la corrupción, debido a que con ella se ejercería un control en la toma de decisiones y en la administración de recursos, aunado a que facilitaría la denuncia de las malas prácticas con la finalidad de limitar y, sobre todo, eliminar los abusos de grupos con poder político y económico.

De igual manera, en la obra se pormenoriza que para que la participación ciudadana sea verdaderamente inclusiva, es menester integrar a grupos en posición de desventaja, que hayan sido víctimas de abuso de poder o cuyos derechos humanos hayan sido vulnerados por actos de corrupción, con el objeto de que la gestión pública considere sus intereses y necesidades.

En ese sentido, se logra transmitir la importancia de la participación ciudadana para la democratización de lo público, ya que se le daría voz, voto y, específicamente, control a la ciudadanía en materia del combate a la corrupción.

No obstante, al profundizar en la conformación y el ejercicio del Comité de Participación Ciudadana, la obra es acertada en resaltar que éste no es la panacea para lograr un gobierno abierto, puesto que carece de controles que le permitan una efectiva rendición de cuentas y de mecanismos legales para concretar su labor.

La obra comunica, en consecuencia, la necesidad de un nuevo modelo jurídico y administrativo del comité, con el propósito de que se consolide como un ente con recursos presupuestales y facultades para lograr un eficaz combate a la corrupción.

Dicho panorama incita a deducir que la falta de voluntad política es la causante de que el comité sea una figura sin poder, convirtiéndose en una simulación de la participación ciudadana, lo cual denota la falta de compromiso y convicción de las autoridades para colaborar con la ciudadanía en la erradicación de la corrupción y para dejar de lado la búsqueda del beneficio propio o del grupo aprovechando los medios disponibles, en detrimento de la sociedad.

Finalmente, otro tema sobre el que la obra trata es la corrupción como un problema de exclusión, lo que se evidencia cuando la desigualdad permite que grupos de interés utilicen su influencia en el poder para incidir en las decisiones políticas, sociales y económicas que les beneficien, rebasando cualquier noción de justicia.

Este contexto tiene como resultado una desconfianza generalizada, en el que el sector desfavorecido no visualiza la posibilidad de condenar los actos de corrupción y de cambiar el orden establecido, fomentando el desánimo por involucrarse en los asuntos que le afectan directamente. Lo anterior constituye un riesgo latente para el combate a la corrupción, el cual debería ser el objetivo de todos los mexicanos.

Si bien la obra transmite el mensaje de que existen múltiples áreas de oportunidad en el Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente en el Comité de Participación Ciudadana, también les da importancia a los avances logrados a la fecha de la publicación del libro.

Por consiguiente, genera en el lector un estímulo para contribuir en el rescate del país de la corrupción, ya que, como se describe a lo largo de la obra, la participación ciudadana es donde radica el poder auténtico para generar cambios estructurales para reducir e incluso llegar a eliminar la exclusión y asimetrías del poder en el control de la corrupción.

A manera de breviario, la obra pone énfasis en el impacto de la corrupción en la vulneración de los derechos humanos y en la participación ciudadana como una estrategia para combatirla. Sin embargo, no aborda la transformación ética en los servidores públicos, que también es indispensable para posibilitar la eliminación del fenómeno.

Cuando se logre concientizar en los servidores públicos que su labor parte de la premisa de anteponer el interés de la sociedad sobre el particular, permitirá que las instituciones públicas se fortalezcan y recuperen su legitimidad frente a la ciudadanía. Acorde con esto, ^{Cortina (1998)} expresa:

Una confianza no se logra sólo multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la que compete a una ética de la administración pública: la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia.³