INTRODUCCIÓN

En México, la tipificación del delito de feminicidio tiene poco más de una década. Si bien del 2012 a la fecha se han generado un sin fin de instituciones, normativas y procedimientos legales para investigar y hacer justicia, la violencia en contra de las mujeres, que data de mucho tiempo atrás, continúa y se incrementa. Según cifras oficiales, en México,

entre 2007 y 2016, fueron asesinadas 22,482 mujeres. En 2016 en promedio, 7 mujeres eran asesinadas al día; en 2017 esta cifra aumentó a 8, y en 2018 fueron asesinadas 9 mujeres diariamente. De enero a junio de 2019 se habla de que al día son asesinadas casi 10 mujeres y niñas. (^{Católicas por el Derecho a Decidir A. C. et al., 2019}, p. 2)

La violencia hacia las mujeres se incrementa y la impunidad también. Los procesos judiciales carecen de perspectiva de género, y en muchos casos, los feminicidios son clasificados como suicidios. Tan sólo en 2023 “el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2,591 homicidios dolosos” (^{López Barajas y Guerra Favela, 2024}), es decir, sólo el veinticinco por ciento fueron investigados como feminicidios (López Barajas y Guerra Favela, 2024). La reclasificación del delito implica años de lucha de las familias, tanto en los tribunales como en las calles. En este contexto, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) tiene cuatro estudiantes víctimas de feminicidio:

Martha Karina Torres Jorge, Kari, como le dice su mamá, 19 años, estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones, plantel Cuautepec. El 11 de mayo del 2013 fue asesinada por su expareja. El agresor fue detenido gracias a la intervención de una periodista. Fue declarado culpable de feminicidio y actualmente cumple su condena en el penal de Barrientos en el Estado de México.

Campira Lisandra Camorlinga Alanís, 31 años, madre de dos hijxs, estudiante de la licenciatura en Creación Literaria, plantel Del Valle. El 31 de diciembre de 2016 fue asesinada por su entonces pareja. La familia exigió y luchó por años para alcanzar la justicia. En el camino se encontraron con la familia de Yang Yang Kyung María Jun Borrego, quien a sus 21 años también fue asesinada por el mismo agresor el 21 de septiembre del 2014, pero en su caso, la justicia lo clasificó como suicidio. Finalmente, en 2023, el agresor fue sentenciado por feminicidio por el caso de Yang y en 2024, por el caso de Campira. Cumple su condena en el penal de la Ciudad de México.

Nancy Lara Bandera, 25 años, tesista de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, plantel Cuautepec. El 20 de julio de 2018 se le vio con vida por última vez. El domingo 22 de julio encontraron su cuerpo sin vida. Para Nancy la justicia no ha llegado. Su caso está en la fiscalía del Estado de México.

Leslie Leticia Hernández Moreno, 18 años, estudiante de la licenciatura en Comunicación y Cultura, plantel Centro Histórico. Salió de su casa por la tarde del sábado 10 de noviembre de 2018. Estuvo desaparecida por dos meses. El 10 de enero de 2019 se halló su cuerpo en la misma zona donde desapareció. Son las autoridades de la Ciudad de México quienes deben impartir justicia, en este caso, pero a más de cinco años no hay avances.

El vínculo y, en algunos casos, el acompañamiento con las familias de las estudiantes y con otras nos permitió dimensionar el impacto de este delito y su complejidad. También, mirar de cerca el desprecio, las omisiones e impunidad con que actúan las instancias de justicia en estos casos, así como aprender la importancia de la organización de las familias para acceder a la justicia, no solo en las acciones fuera de los tribunales donde se han acuerpado con otras personas, a veces en las calles o en las universidades, afuera de las audiencias, en las movilizaciones, a veces con arte, música, murales (^{CU MART, 2021}), las más de las veces para presionar a las autoridades para que hagan su trabajo, pero también para hacer memoria, para no saberse solas. En el ámbito legal -cuando en ellas recae la investigación, el ofrecimiento de pruebas, los peritajes- han tejido un cuerpo jurídico y multidisciplinario que las acompaña, las capacita y las forma. Es este esfuerzo colectivo que ha impulsado y generado leyes, protocolos, precedentes jurídicos, sentencias, peritajes, investigaciones.

A lo largo de casi diez años, un grupo de docentes y trabajadoras de la UACM, de manera organizada, han construido y probado diversas rutas para acompañar la lucha de las familias. Se han pronunciado públicamente, salen a las calles, organizan eventos para exigir justicia y para hacer memoria (^{Hernández, 2023}). También, se ha exigido a las autoridades universitarias que se pronunciaran oficial e institucionalmente en cada feminicidio, y que se impulsen mesas de trabajo con funcionarios del Estado. Se realizaron festivales, mesas de diálogo y reflexión colectiva en los que participaron familiares, colectivos, abogadas y abogados y personas expertas en el tema.

Es en este andar de aprendizajes, que se identificó que para acreditar las razones de género -en los procesos judiciales-, los peritajes sociales son imprescindibles. Éstos permiten situar los contextos e impactos de las violencias que vivieron y viven las víctimas y sobrevivientes. Para lo anterior, se requieren esfuerzos multidisciplinares de diferentes personas expertas con herramientas para realizar peritajes, pero con perspectiva de género. Sin embargo, en las instituciones no se cuenta con profesionales con ese perfil, o si las hay, no son suficientes. Los y las peritas especializadas con enfoques críticos son pocos para lograr atender la alta demanda de casos existentes. Entonces, se planteó la posibilidad de responder a esta necesidad inmediata de las familias para los procesos judiciales a través de una formación profesional. Fue así que se comenzó a trabajar en el diseño a principios de 2022.

LA PERTINENCIA DE FORMACIÓN DE PERITOS Y PERITAS CON PERSPECTIVA FEMINISTA

En los casos de feminicidio -judicializados y con avances en el acceso a la justicia-, los peritajes sociales han dado los elementos a la parte jurídica para afirmar la violencia sistemática hacia las víctimas y las razones de género que la tipifican como feminicidio. En este sentido, ^{Lanchenal et al. (2016}) afirman:

En los casos específicos de feminicidios muertes violentas de mujeres, los peritajes sociales también toman en cuenta ciertas evidencias materiales (presencia de violencia sexual, huellas de maltrato físico o saña, etc.) para relacionar la forma en que fue asesinada la mujer y el grado de violencia con las razones de género, discriminación y desigualdad de género. (p. 13)

Dentro del proceso legal, los peritajes sociales deben ser realizados de manera regular por las autoridades, para establecer el caso y las condiciones de violencia que existieron. Sin embargo, como menciona Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT, 2025), “los juzgados carecen de una adecuada capacitación en perspectiva de género y derecho victimal; a pesar del Protocolo para juzgar con perspectiva de género” (p. 4), lo cual implica, en la mayoría de los casos, que el trabajo que realizan las instituciones termina revictimizando o criminalizando a la víctima y a su familia (^{Monreal, 2022}; ^{OCNF y Red TDT, 2025}); así como retrasar el acceso a la justicia, tan sólo en la última década, de “34,715 mujeres, adolescentes y niñas, pero sólo 24.6 % de los casos se investigan como feminicidio” (^{OCNF y Red TDT, 2025}, p. 8).

Ante el aumento de casos de feminicidio y también de desaparición de mujeres -el Informe al Comité CEDAW ante la décima evaluación al Estado mexicano (^{OCNF y Red TDT, 2025}) señala que en México se asesinan 10 mujeres cada día y que hay 29,509 mujeres desaparecidas o no localizadas- ha habido un incremento en el interés desde diversas profesionistas por apoyar en los procesos jurídicos. En este contexto, los peritajes sociales son una oportunidad para dar acompañamiento desde las herramientas de la antropología, sociología, psicología social y trabajo social. Sin embargo, en la formación de estas profesiones no siempre dan las herramientas jurídicas ni metodológicas para realizar peritajes sociales y tampoco cuentan con una perspectiva de género. Para 2022, que se comenzó el diseño de este diplomado, no encontramos una oferta académica en instituciones públicas para formar peritos y peritas con el perfil requerido por las familias.

En este contexto, empezamos a imaginar una propuesta curricular, una formación profesional que dotara de herramientas teóricas, metodológicas y jurídicas para realizar peritajes sociales en caso de feminicidio, la cual debía cumplir ciertas condiciones y requisitos para realmente aportar en los procesos de búsqueda de justicia. Primero, hay que poner a las víctimas en el centro, es decir, que la formación no solo responda a la necesidad de elaboración de peritajes, sino que ésta reconozca “la resistencia de las personas y colectivos frente a la impunidad, sus formas de afrontamiento y sus procesos organizativos” (^{Antillón, 2022}, p. 34), así como establecer diálogos interdisciplinarios para trazar la estrategia jurídica, siempre tomando en cuenta expectativas y necesidades de familias y víctimas (^{Antillón, 2022}).

Segundo, debía ser asequible y otorgar un reconocimiento oficial. Se consideró que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México era la opción más pertinente tanto por su cualidad de dar educación superior pública y gratuita, como por sus principios (^{Ley de la UACM, 2004}), su proyecto educativo (^{UACM, 2007}) y su normativa. Fue así que se decidió implementarlo desde la UACM y también por asumir su responsabilidad social en atender una problemática real.

Era de interés de este proyecto conocer la opinión de quienes realizan peritajes sociales desde la antropología, psicología social y trabajo social, para casos de feminicidio. De esta forma, se les consultó a estas personas expertas sobre la pertinencia de una formación de este tipo para casos de feminicidio en una universidad pública. Su respuesta sorprendió: tanto ellas como las abogadas que han llevado casos de víctimas de feminicidio consideraron muy pertinente y necesaria una formación de este tipo, además de la disposición para contribuir con sus saberes y experiencia. Por último, se realizó un acercamiento a la entonces rectora de la UACM para conocer las posibilidades del compromiso institucional tanto en presupuesto como para el reconocimiento oficial de esta formación. La respuesta fue positiva.

LA PROPUESTA CURRICULAR

A partir de las condiciones antes mencionadas, se construyó una propuesta curricular de un diplomado que cubriera, por un lado, las necesidades de formación para atender la situación actual de los procesos de justicia. Por otro lado, atender los lineamientos técnicos-pedagógicos requeridos para su dictaminación como un diplomado extracurricular dentro de la UACM. Teniendo esto como base, se diseñó una propuesta curricular con tres ejes: la educación situada, la perspectiva feminista y el codiseño curricular donde las docentes y expertas tuvieron una participación especial en la construcción de los contenidos.

El primer eje para pensar un diplomado que respondiera a las necesidades de las familias y los procesos jurídicos en caso de feminicidio fue considerarla como un proceso de educación situada. La teoría de la práctica social desarrollada por ^{Jean Lave (1991}, ²⁰¹⁹) ha colocado el interés en vincular el aprendizaje, los conocimientos y la vida cotidiana socialmente estructurada como elementos interrelacionados de un proceso situado de participación social. Para ^{Lave (1991}, ²⁰¹⁹), el aprendizaje está situado en contexto histórico y social determinado, en el cual las personas participan activamente en la construcción de conocimiento; es decir, existe una relación dialógica entre la acción, el conocimiento y la formación de las personas. Aunque ella lo ha trabajado en contexto de educación no escolar, sus planteamientos han influenciado en entender también procesos educativos escolarizados. Frida ^{Díaz-Barriga (2006}), utilizando los planteamientos de Lave, propone estrategias de enseñanza situada. Para ella el conocimiento es el “producto de aprendizaje situado que ocurre en un contexto y situación determinada, y es resultado de la actividad de la persona que aprende en interacción con otras enmarcadas en prácticas sociales” (^{Díaz-Barriga, 2006}, p. 20).

Desde esta perspectiva, el proceso educativo involucra pensamientos, afectos y acciones de las personas que están involucradas, ya sea como aprendices o como expertas, pues la participación en este sentido, incluye todo lo que somos como personas, y no solo se refiere a un proceso interno psicologizante. ^{Díaz-Barriga (2006}) propone que “la unidad de análisis en esta perspectiva no es el individuo en singular ni los procesos cognitivos o el aprendizaje ‘en frío’, sino la acción recíproca, es decir, la actividad de las personas que actúan en contexto determinados” (p. 21).

Esta perspectiva se aterriza en el diseño curricular pensando, primero, que la convocatoria estaba dirigida a quienes estuvieran inmersas en la elaboración de peritajes sociales, ya sea vinculadas o haciendo acompañamiento de casos y a las familias de víctimas de feminicidio; es decir, el objetivo no fue formar a funcionarios públicos ni a personas representantes del Estado. Segundo, que los contenidos tenían que ser aterrizados en un caso concreto de caso de feminicidio o de violencia feminicida. Tercero, la participación de las personas involucradas como parte de un proceso de aprendizaje colectivo.

El segundo eje fue la perspectiva feminista. Si bien la perspectiva de género en los peritajes sociales provee “una explicación de hechos en circunstancias que toman en cuenta las relaciones desiguales de género, las relaciones de poder y la situación de discriminación en las que se encontraba la víctima, debidas a su situación y condición de género” (^{Lachenal et al., 2016}, p. 22). Consideramos que esta perspectiva no es suficiente pues no permite entender ni abordar de manera compleja las violencias que recaen sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Por ello, planteamos la perspectiva feminista en este diseño curricular, en el sentido de que se han propuesto por diversas académicas feministas, desde lo teórico-epistemológico (^{Davis, 2005}; ^{Monárrez, 2006}; ^{Gargallo, 2014}; ^{Segato, 2016}; entre otras) como en lo metodológico (^{Monárrez, 2006}; ^{Segato, 2016}; ^{Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009}) para la elaboración de peritajes en el contexto Latinoamericano. Es decir, al ser una formación profesional, un diplomado con valor curricular, la perspectiva feminista consistió en recuperar las propuestas teórico-metodológicas de los feminismos para el análisis y la elaboración de los peritajes sociales en caso de feminicidio.

De tal forma, nos abrevamos de los feminismo negros y comunitarios de América Latina (^{Gonzalez, 1982}; ^{Lugones, 2007}; ^{Cumes, 2008}; ^{Curiel, 2012}; ^{Ribeiro, 2017}) para entender las violencias contra las mujeres como efectos de la imbricación de múltiples opresiones: sexistas, racistas, clasistas y coloniales. Para ^{Lugones (2007}), la opresión no solo es producto del patriarcado, sino de una colonialidad del género que subordina e invisibiliza a las mujeres no blancas en diversas dimensiones de la vida social, política y económica. La matriz de opresiones (^{Curiel, 2012}) permite, entonces, entender la violencia que vivimos las mujeres dentro de los procesos históricos de colonización, capitalismo, patriarcado, y cómo esta matriz nos afecta de forma diferente, siendo las más afectadas las mujeres negras, procedentes de pueblos originarios, pobres y marginadas.

También, este eje es un posicionamiento político para evidenciar los diferentes procesos de exigencia de justicia y movernos de la perspectiva de género. De tal forma, fue importante colocar la perspectiva feminista en el nombre del diplomado y mostrar el lugar desde donde se realiza la construcción y acompañamiento en caso de feminicidio y de violencia hacia las mujeres.

El tercer eje que se consideró fundamental fue recuperar la experiencia y conocimientos de quienes en los últimos años han hecho los peritajes sociales para caso de feminicidio desde la perspectiva de género y feminista. Con algunas de ellas ya teníamos algún vínculo por el acompañamiento de otros casos de violación de derechos humanos y procesos legales. De tal forma, convocamos a la siguientes mujeres profesionistas reconocidas en el campo: Valeria Moscoso (investigadora independiente), Ximena Antillón (investigadora independiente), Ana Yeli Pérez (Justicia Pro-Persona, A. C.), Mayek Querales (Grupo Inter-disciplinario de Antropología Social Forense (GIASF)), Liliana López (GIASF), Isabel Beltrán (GIASF), Sandra Gerardo (GIASF), Roxana Medina (Universidad Nacional Autónoma de México), Adriana Hernández (Geobrujas), Helena Guzmán (Geobrujas), Socorro Damián (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa) y Samanta Zaragoza (UACM).

El primer paso fue realizar reuniones con cada una de ellas para socializar nuestra apuesta formativa (segundo semestre de 2021) y ver si les interesaba participar. Contar con sus respuestas afirmativas y entusiastas nos impulsó a seguir con el diseño. De tal forma, pensamos una estructura modular en la que cada una de ellas tuviera una responsabilidad de docencia. La intención era generar un proceso de codocencia para conseguir tejer los conocimientos de una manera más fina, en la que cada una aportara desde su campo de conocimiento. De tal forma, se diseñó la estructura curricular y colocamos la distribución de temas y los objetivos de cada módulo. Hicimos una propuesta para presentar a las autoridades de la UACM con el aval de las docentes invitadas. Al tener esta aprobación (mitad de 2023), así como de los recursos para poder operarlo, se puso en marcha otro proceso importante: el codiseño de los contenidos por sesiones. Consideramos que el diseño curricular debe de ser flexible y participativo (^{Tobón, 2009}). Es decir, desde la colaboración, tomar en cuenta las voces de diferentes actores para hacer del currículo una herramienta contextualizada y relevante que responda a diferentes posiciones epistemológicas y experienciales. De esta forma, se articularon saberes y disciplinas diferentes, experiencias de peritaje diversas que enriquecieron la formación de las participantes (estudiantes).

La coordinación de todo este trabajó recayó en un equipo que se conformó con quienes por más de diez años han luchado contra las violencias en la UACM: las docentes investigadoras, Samanta Zaragoza, Ana Rosen y Tania Paloma Hernández; las trabajadoras administrativas de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Yessica Jaimes y Nadia García; así como Julieta Briseño, investigadora del CIESAS-CDMX.

PROPUESTA DEL DIPLOMADO

Después de casi dos años de trabajo, de colaboración y de construcción de acuerdos, se logró tener una estructura formativa curricular consensuada. El objetivo general del Diplomado Peritajes Sociales en Caso de Feminicidios con Perspectiva Feminista es “aportar a la formación de profesionistas capaces de construir peritajes sociales en caso de feminicidio a través de brindar herramientas teóricas y metodológicas -jurídicas, socioculturales, psicosociales y antropológicas- con perspectiva de género” (^{UACM, 2023}). Para quienes se involucraron en este proceso, siempre fue importante que este diplomado contribuyera al acceso a la justicia de familiares de las víctimas en casos de feminicidio desde una academia comprometida social y comunitariamente.

La estructura del diplomado constó de 20 sesiones organizadas en cuatro módulos. Cada uno de ellos es una unidad de aprendizaje que aportó a la perspectiva feminista, la importancia del lenguaje jurídico y las técnicas y metodologías específicas para la construcción de peritajes sociales en procesos judiciales por feminicidio. Los módulos I, II y IV fueron de temas generales para todas las participantes. El módulo III se planeó como uno de especialización, donde cada estudiante eligió una especialidad: psicosocial, trabajo social o antropología (según sus intereses, pero también sus perfiles profesionales).

Los módulos se consideraron teóricos, pero se estableció un eje transversal práctico, el cual tenía la intención de que a lo largo de las sesiones se fuera construyendo un peritaje sobre un caso de feminicidio o de violencia feminicida. Se buscaba que, al terminar el diplomado, las participantes tuvieran elaborado un primer borrador que pudiera aportar algún caso que ellas estuvieran acompañando o que hubieran puesto en práctica la escritura de un peritaje social desde una de las especialidades. Además, dentro de las sesiones, se consideró fundamental agregar herramientas para el acompañamiento a las familias, así como a aquellas que están vinculadas a los procesos de quienes hacen estos acompañamientos. Ya que éstos permiten, se buscaba no sólo documentar, conocer y comprender los impactos de las violencias, sino también tejer nuevos sentidos de las experiencias, así como fortalecer las resistencias (^{Antillón, 2022}).

El 10 de octubre de 2023 el diplomado fue dictaminado favorablemente por la Coordinación Académica de la UACM; es decir, se estaba en condiciones de emitir la convocatoria y echar a andar la operación de éste. Sin embargo, reconociendo que en el centro están las víctimas y sus familias, y que este proyecto formativo se debía a ellas, antes de hacer pública la convocatoria llamamos a una reunión con familiares y colectivos para presentarles la propuesta curricular y que supieran que era una forma de aportar a su exigencia de justicia. El 30 de octubre se hizo pública la convocatoria.¹ Recibimos 87 solicitudes, y después de un trabajo colegiado y cuidadoso de revisión de documentos y entrevistas, 26 personas fueron aceptadas. Es así que de enero a junio de 2024 se impartió por primera vez el Diplomado Peritajes Sociales en caso de Feminicidio con perspectiva Feminista en la UACM, sin costo para los y las estudiantes (^{Ley de la UACM, 2004}; ^{UACM, 2007}). Se realizaron 20 sesiones sabatinas en el Plantel Del Valle de la UACM, que permitió la configuración de un espacio de solidaridad y compromiso ético y político hacia la construcción de conocimiento colectivo. El apoyo institucional, tanto de la rectoría como de la coordinación del plantel, así como la presencia permanente del equipo coordinador fue fundamental para que cada sábado se trabajara en las mejores condiciones posibles. Las personas seleccionadas que conformaron el grupo potenciaron una dinámica de colectividad y contención ante la dureza de las discusiones. A esto se sumó el compromiso de las docentes en compartir sus conocimientos y sus experiencias de trabajo directo con las familias. Esto conformó un espacio donde los saberes, conocimientos y experiencias constituyeron un piso común, que permitieron abordar las tensiones teóricas, metodológicas y epistemológicas del propio proceso de formación y de la construcción de peritajes sociales para casos judicializados.

APRENDIZAJES Y REFLEXIONES FINALES

La crisis actual y sostenida de impunidad y de grave violación de derechos humanos en la que vivimos en México se agrava en el caso de los feminicidios y de desaparición de personas. Hay mucho por hacer. Exigir justicia, acompañar a las familias y a las víctimas es una labor fundamental de una academia comprometida. En este contexto, ampliar las herramientas y las estrategias de profesionistas quienes ya de por sí acuerpan los caminos tortuosos de búsqueda de justicia es fundamental. En este contexto, el Diplomado Peritajes Sociales en caso de Feminicidio con Perspectiva Feminista fue una propuesta y una experiencia formativa pertinente y con relevancia social.

Sin embargo, en su aplicación fuimos reconociendo algunas limitaciones y tensiones que nos dejan aprendizajes para poder mejorar y aportar a la exigencia de justicia y a las familias de mejor forma. A lo largo del semestre, estrechamos y generamos diálogos y vínculos con las familias que viven y han vivido graves violaciones a derechos humanos. Esto nos permitió identificar que, además de esta formación, ellas requieren herramientas específicas que van más allá de los contenidos del diplomado. Al terminar la primera generación se reconoció la importancia de hacer una evaluación y sistematización de la experiencia, trabajo que debe de hacerse en colectivo entre el equipo coordinador y las docentes, tarea que hemos comenzado. Por otro lado, detectamos áreas de fortalecimiento del propio diseño curricular. Para julio de 2025 tenemos ya una currícula con ciertos cambios que nos permitirá abrir una siguiente convocatoria y poder formar una próxima generación.

Consideramos que fue un acierto recuperar las propuestas teórico-metodológicas de los feminismos para el análisis y la elaboración de los peritajes sociales en caso de feminicidio, ya que la perspectiva de género resulta limitada tanto para la elaboración de peritajes como para la comprensión de las violencias hacia los cuerpos de las mujeres. Además, como perspectiva para el ámbito jurídico permiten la construcción de otras formas de acceder a la justicia. Sin embargo, consideramos que queda el reto de lograr la transversalidad de la perspectiva feminista en todo el diplomado.

Finalmente, coincidimos con ^{Antillón (2022}):

Cuando la violencia se empezó a extender como una niebla en nuestros paisajes cotidianos, y nuestras categorías para entender las violaciones a los derechos humanos se volvieron borrosas para aprehender lo que estaba pasando, hicimos lo que pudimos: acuerparnos con otras y otros cuyas vidas habían sido desgarradas, y, sin embargo, seguían caminando con dignidad en la búsqueda de justicia. (p. 17)

Por eso, se apuesta a que la academia, las instituciones y la sociedad caminen con dignidad. Agradecemos infinitamente a quienes hicieron posible este proyecto.