Introducción

El papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas es particularmente relevante en tanto que los gobiernos democráticos se valen de instituciones, normativas, políticas para organizar el sistema democrático y a la sociedad, sin embargo, los medios de comunicación han alcanzado tanta influencia que se han convertido en actores en los procesos políticos construyendo su propia agenda a partir de sus intereses (^{Villafranco, 2005}). Actualmente, la comunicación a través de los medios de comunicación es central en la interlocución entre los agentes políticos como emisores y los ciudadanos como receptores, estableciendo un espacio de información entre quienes conforman la sociedad organizada, de ahí que la relación entre los medios de comunicación y la ciudadanía, su estudio y evolución sea fundamental para la comunicación política (^{Reyes, 2007}). Los medios de comunicación fungen como constructores y voceros de las narrativas institucionales que fundamentan la configuración de las posiciones de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y a la vez son constructores y voceros de la opinión pública a través de la cual el poder político cimienta su agenda de gobierno (^{Villafranco, 2005}).

Asimismo, en la sociedad democrática, para los gobernantes es indispensable conocer la opinión pública, y es la comunicación la que permite el flujo de comunicación desde el poder político a la ciudadanía y de la ciudadanía, en la forma de opinión pública, a los gobernantes, de tal forma que los medios de comunicación influyen en la conformación de los gobernantes y de los gobernados, siendo el espacio de interlocución de los gobernantes al difundir sus logros, planes y mensajes clave, y por otro lado comunican las demandas económicas, sociales y políticas de los gobernados. De esta manera, los medios de comunicación median ente los mensajes políticos y la recepción de los mismos por parte de los ciudadanos (^{Reyes, 2007}). Como lo menciona ^{García Canclini (1995)}, para vivir en sociedades democráticas es imprescindible comprender que existen nuevos escenarios donde se construye lo público, en donde la diversidad de opiniones ciudadanas y la disonancia entre ellas es muy variada.

En el caso de México, la comunicación política ha estado estrechamente vinculada al Estado, lo que mermaba la posibilidad de generar información objetiva y a su vez limitaba el derecho a la información de la ciudadanía. Adicionalmente, el marco de derecho favorecía la concentración del capital mediático, promoviendo a la creación de grandes corporativos en la industria mediática mexicana, que serían voceros privilegiados y los emisores de los mensajes políticos (^{Reyes, 2007}). De esta manera, la consolidación de la democracia se ve obstaculizada por una lógica mediática condicionada por el mercado y una necesidad de información no satisfecha para los ciudadanos (^{Villafranco, 2005}). Tras la alternancia en el gobierno federal, se esperaba que el marco legal en el contexto de los medios de comunicación cambiara a un modelo de comunicación política que garantizara el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a participar de las decisiones públicas, no obstante, al día de hoy, estas demandas siguen vigentes (^{Reyes, 2007}).

En este sentido, es importante mencionar que existe una brecha informativa que se ha incrementado y profundizado por la influencia que tienen los medios de comunicación, que al ser orientados por el mercado modifican la forma en la que elaboran los discursos informativos. De esta forma, tanto los ciudadanos como las organizaciones políticas toman decisiones desde una asimetría informativa. Así, los medios de comunicación son mediadores entre sociedad y gobierno, desplazando a instituciones que tradicionalmente se encargarían de vincular a los ciudadanos con el poder. Adicionalmente, los ciudadanos se informan a través de los medios de comunicación para formular su opinión y toma de decisiones sobre las elecciones, la evaluación del desempeño gubernamental e incluso de las problemáticas sociales que aquejan a la comunidad, lo que implica que están condicionados a la información que los medios proveen (^{Villafranco, 2005}).

En este contexto, los movimientos estudiantiles en México han contribuido a visibilizar la relación de los medios de comunicación con el Estado y a su vez, cuestionar su relación con la ciudadanía, estableciendo desde sus propias luchas cimientos para la democratización de la información, el derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana. En el presente ensayo se realizará una revisión histórica de los movimientos estudiantiles en México y el papel de los medios de comunicación en su desarrollo. Para este fin se llevó a cabo una revisión bibliográfica y de fuentes académicas sobre los movimientos estudiantiles en México que tuvieran relevancia a nivel nacional y que se encontrarán analizados desde fuentes académicas prioritariamente. Posteriormente se procedió a indagar en fuentes académicas el papel de los medios de comunicación en estos movimientos y el posible impacto en la opinión pública. Asimismo, se investigaron los repertorios de acción a través de estos, implementados por los estudiantes a fin de visibilizar sus causas e incluso, enfrentar la cobertura mediática.

Movimientos estudiantiles en México: 1968-2012

De acuerdo con ^{Ackerman (2018)}, los jóvenes son protagonistas de la historia en tanto que su participación política permite que la sociedad trascienda la represión y establezca una ruta para superar los autoritarismos que han dañado al país. Los movimientos estudiantiles en México son escenarios de una lucha en común en contra del autoritarismo y la represión, la búsqueda de respuesta a demandas estructurales y coyunturales, escenarios que también son espacios de liberación y encuentro personal, de aprendizaje político que enfrenta a los jóvenes a las diversas estrategias para frenar a los movimientos y a la falta de comprensión de la sociedad hacia las sensibilidades de las nuevas generaciones (^{Ackerman, 2018}). Los movimientos estudiantiles históricamente han sido de gran relevancia en las luchas sociales en México, dado que la participación desinteresada de los jóvenes a favor de causas sociales, les ha dado legitimidad entre la población, lo que repercute en que sus demandas cuenten frecuentemente con un gran respaldo social, lo que a su vez genera que tanto el poder político como los poderes fácticos, como los medios de comunicación, busquen contrarrestar la fuerza de los movimientos (^{Ramírez, 2018}).

El movimiento estudiantil de 1968 es un referente importante para los siguientes movimientos estudiantiles y juveniles que se han suscitado en México durante los últimos cincuenta años. Este movimiento tiene su origen en un contexto extremadamente autoritario que definía la cultura política nacional y local y fue una de las manifestaciones más importantes en el contexto de la crisis del estado corporativo y de la legitimidad del Partido Revolucionario Institucional, movimiento que, ante el hartazgo frente a un sistema violento y autoritario logró la unión en la diferencia y ser una caja de resonancia para la urgencia de un profundo cambio cultural (^{Aboites, 2011}). Es relevante mencionar que en este periodo las políticas periodísticas implementadas por el Estado mexicano lograron mantener a los periódicos de la época alineados a los intereses gubernamentales, por lo tanto, eran carentes de crítica, salvo algunos medios con menor tiraje o la prensa cultural. Los grandes medios de difusión de importancia gozaban del apoyo de un grupo político o de un presidente lo que les concedía solvencia económica. De esta forma, no había un medio de comunicación que le diera difusión a las fuerzas opositoras o a las voces críticas al gobierno y la prensa marginal que mantenía una postura crítica era constantemente amenazada y perseguida.

En cuanto a los medios electrónicos, su relación con el poder era similar al de la prensa, en tanto que en primera instancia las barras de noticias reproducían los contenidos de la prensa, con lo que se concentraba la información, a pesar de que algunos medios contaban con contacto de agencias de noticias. Es en 1960 que se promulga la Ley Federal de Radio y Televisión, que estableció las normas para la actividad mediática, y a partir de la cual se privilegió un modelo de explotación comercial, dicha ley marcaría las pautas que seguirían los medios de comunicación décadas después (^{Esteinou, 2007}). De esta manera, los contenidos en la televisión y radio eran prioritariamente de entretenimiento, aunque también transmitían eventos políticos de trascendencia (^{Karam, 2019}). La difusión de las actividades públicas en los medios de comunicación transformó los procesos políticos y electorales, al tiempo que introducen nuevas realidades simbólicas a partir de las cuales se construyó la plaza pública electrónica, misma que en los sesentas estaba dominada por el poder político (^{Esteinou, 2010}).

Entre las causas inmediatas que detonaron el movimiento estudiantil del 68 se consideran los enfrentamientos de vocacionales y preparatorianos el día 22 de julio de 1968, en la que la intervención policíaca fue violenta. Posteriormente, se llevaron a cabo marchas para expresar el rechazo frente a la violencia ejercida en contra de los jóvenes y por la defensa de la autonomía universitaria, en la que se unieron estudiantes de politécnicos, preparatorias, vocacionales y universidades nacionales, de la que se desprendió el Consejo Nacional de Huelga (CNH) que era el organismo que representaba al movimiento estudiantil y articulaba las demandas y el repertorio de acción (^{Rosenberg, 2009}). Los estudiantes se valieron de volantes y pequeños periódicos que se repartían de mano en mano para difundir su causa, también ocuparon La Gaceta Universitaria, medio de la Universidad Nacional y que se convertiría en la voz oficial del Comité Coordinador de la Huela. A su vez, los estudiantes emplearon medios como El pueblo y La hoja popular para comunicar sus demandas a los trabajadores y difundir acontecimientos que sucedían en otras colonias (Karam, 2017).

Asimismo, los estudiantes abrieron medios alternativos de comunicación con los que fortalecieron el diálogo con la opinión pública, que estaba fuertemente influida por los medios de comunicación, así los estudiantes crear panfletos, periódicos murales, cartas abiertas, caricaturas, desplegados, mantas, corridos, canciones de protesta y expresiones cinematográficas (^{Serna 2014}). Cabe mencionar que el gobierno de México estaba buscando una fuerte proyección del país a nivel internacional, por lo que sería cede de los juegos olímpicos lo que impulsó a que el gobierno federal reprimiera de manera extrema al movimiento (^{Aboites, 2011}), de esta manera, la prensa a través de sus encuadres y enfoques informativos presentaban una versión desfavorable para los estudiantes y se privilegiaba la información relacionada a las los juegos olímpicos por encima de las demandas de los estudiantes (Castillo, 2015). El fin del movimiento estudiantil ocurrió el 2 de octubre de 1968 mientras los estudiantes se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cuando fueron brutalmente reprimidos por fuerzas militares y grupos paramilitares, lo que dejó más de quinientas personas muertas, por lo que se le denominó la Masacre de Tlatelolco (^{Rosenberg, 2009}; ^{Aboites, 2011}). La élite política celebró el operativo del 2 de octubre, las cámaras de diputados y senadores apoyaron la represión contra los estudiantes y los directores de los medios de comunicación reiteraron su respaldo al Presidente Gustavo Díaz Ordaz (Castillo, 2015). La revista ¿Por qué? fue el único rotativo que publicó los testimonios sobre la represión contra los estudiantes, lo que expresa un comportamiento distinto a la prensa comercial (^{Karam, 2019}). Sin embargo, un nutrido grupo de corresponsales extranjeros se encontraban en el país para cubrir la justa deportiva, este hecho permitió la posibilidad inédita de contrastar las versiones de la prensa nacional ya que los periodistas extranjeros difundieron los hechos con mayor independencia (Serna, 2015).

El movimiento estudiantil del 68 contribuyó al cambio de la cultura en México, tanto en el fomento de una cultura política democrática, en las expresiones artísticas y en el cuestionamiento a los modelos patriarcales, el autoritarismo y los modelos familiares. Este movimiento se vincula estrechamente con los derroteros que tomó el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, puesto que a través de los medios de comunicación alternativos que crearon los estudiantes evidenciaron las limitaciones que enfrentaban los periodistas ya sea por la coerción por parte de las autoridades, la autocensura o la falta de interés periodístico (^{Serna, 2014}). Si bien, después del movimiento estudiantil del 68 se han generado cambios en el sistema político, las reivindicaciones de los movimientos sociales posteriores al 68 que se enfrentaron al autoritarismo, revelan que las demandas del movimiento estudiantil del 68 siguen vigentes (^{Ramírez, 2018}). A su vez, la cobertura mediática de los sucesos del 68 puso en evidencia la necesidad de un periodismo que informara a la sociedad desde la objetividad, la ética y el equilibrio de las fuentes, en la que creció la exigencia de evitar ocultar o tergiversar la realidad, demanda que seguiría vigente en el movimiento de #YoSoy132 (^{Serna, 2014}; ^{Castells, 2015}). Cabe mencionar que el movimiento estudiantil del 68 logró abrir espacios para los movimientos sociales posteriores, en un momento histórico en el que existían importantes restricciones para los movimientos sociales que implicaban la criminalización de las protestas y el uso de la fuerza pública para disolver las protestas. Este movimiento es un momento clave en el desarrollo de la democracia en México, en parte por la exigencia de los estudiantes al diálogo público entre gobierno y ciudadanía (^{Serna, 2014}).

Posteriormente a la masacre de Tlatelolco, el gobierno de Luis Echeverría implementó una serie de reformas que cumplieron algunos puntos del pliego petitorio del CNH, liberó a presos políticos, particularmente líderes estudiantiles del 68 y se derogó el artículo 145, mismo que criminalizaba las protestas (^{Montellanos, 2018}). Adicionalmente se establecieron canales de participación política y se incrementaron los recursos para la educación superior. El cambio de estrategia del gobierno dio soluciones para algunos sectores que se movilizaron en el 68, sin embargo, el temor y la confusión forjada posteriormente al 2 de octubre generó la deserción de los estudiantes de las actividades políticas, lo que finalmente acabó por lograr la disolución del CNH. No obstante, de acuerdo con Ruíz (2011) el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz emitió un mensaje claro en el que no habría diálogo, ni apertura democrática, y a partir del movimiento estudiantil del 68 el Estado recrudeció la represión al fortalecer su red de espionaje e infiltración, lo que sería un legado para los movimientos sociales posteriores, tal es el caso del movimiento estudiantil de 1971 que tuvo su origen en la Universidad Autónoma de Nuevo León que buscaba la autonomía universitaria, la solidaridad por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Instituto Politécnico Nacional (IPN) dieron pie a una marcha el día 10 de junio, misma que fue reprimida con brutalidad por el gobierno empleando un grupo paramilitar denominado Los Halcones (^{Ramírez, 2018}). A pesar de que los movimientos estudiantiles fueron duramente reprimidos, la violencia sistemática de la que fueron objeto despertó la conciencia y el espíritu revolucionario en miles de estudiantes (Ruíz, 2011).

Es importante señalar que los movimientos estudiantiles de la década de los setenta y hasta 1987 se caracterizaron por pasar un periodo refractario y de atomización de sus diferentes corrientes, con lo que se radicalizó el discurso, mismo que estaba desligado de las demandas de los universitarios, en tanto que su preocupación estaba más vinculada a las problemáticas de los movimientos obreros o campesinos que por los de la universidad. Esta desarticulación del discurso y el alejamiento de las problemáticas universitarias tuvo como resultado que el apoyo masivo que recibía el movimiento por parte de la sociedad de finales de los sesenta, desapareciera en los setenta y en los principios de los ochenta (^{Garrido, 2017}).

Las respuestas frente a los movimientos de 1968 y 1971 tuvieron por consecuencia el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno, adicionalmente a partir de 1976 cada periodo presidencial se veía marcado por una profunda crisis económica, misma que en 1982 se extendió durante todo el sexenio (Sánchez, 2006). Para la década de los ochenta, México se encuentra en un proceso de transformación capitalista, por lo que el papel del Estado al que le corresponde el desarrollo económico, social y cultural va cediendo espacios a la participación de las élites económicas capitalistas nacionales e internacionales (^{Ávila, 2018}). A partir de los sismos de 1985 donde la falta de un programa de gobierno eficaz para enfrentar desastres de esta naturaleza y la poca eficiencia de las instituciones y organizaciones tradicionales para guiar los esfuerzos para enfrentar la crisis, dio pie a que los ciudadanos encontraran alternativas de organización que dieron respuestas a diversos problemas generados por la catástrofe. Esta articulación de esfuerzos ciudadanos puso en evidencia que las instituciones políticas fueron superadas, lo que contribuyó a la demanda de ajustes en los programas y en la búsqueda de nuevos canales para encauzar exigencias sociales. Esta situación conllevó a que se generaran formas organizativas fuera de las instituciones, lo que repercute en que la participación se lleve a cabo con autonomía de organizaciones, lo que permitió la innovación en los mecanismos de participación ciudadana. Un segundo momento que implicó una transformación en la relación entre autoridad y sociedad civil fue el movimiento estudiantil de 1987 (^{Ramírez, 2018}).

Para 1987 el Consejo Universitario de la UNAM aprobó una serie de reformas a diversos reglamentos que afectaban directamente al alumnado, situación que no recibió el respaldo de los alumnos, dado que afectaba a los estudiantes que tenían una situación económica precaria. Uno de los elementos fundamentales de este movimiento estudiantil es que se gestó y se desarrolló en el seno de la institución, y que a fin de garantizar la legitimidad y credibilidad de los miembros que componían el movimiento estudiantil se emplearon canales de comunicación institucionales para canalizar sus demandas, no obstante, las diversas contradicciones en el discurso oficial y el crecimiento de la inconformidad de los universitarios rebasaron los mecanismos institucionales.

De esta manera, el movimiento se desarrolla en un proceso donde la institución no ofrece una auténtica posibilidad de participación ni un marco de legalidad (^{Ramírez, 2018}), por lo que después de seis meses de este evento, se realizaron marchas y el bloqueo de las instalaciones de la UNAM y para el 9 de febrero de 1987 el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) realizó una marcha multitudinaria que logró la participación de más de 250 mil personas (^{Garrido, 2017}). El movimiento articuló una serie de estrategias claras en las que, al emplear los canales de comunicación de la institución y los medios de comunicación los estudiantes contaron con la capacidad organizativa y la posibilidad de tener una red de comunicación que generó consensos dentro de la comunidad. Posteriormente, la comunidad universitaria convocaría a huelga, ganando atención de los medios de comunicación, lo que amplió la visibilidad del movimiento ya que recibió cobertura mediática extranjera. Con este repertorio de acciones, el CEU logró que las autoridades cedieran a sus demandas y que la discusión se llevara a través de cauces institucionales, dándole fin al conflicto.

Al finalizar el movimiento, el país se encuentra en medio de la agitación política con la creación del Frente Democrático Nacional, partido opositor al Partido Revolucionario Institucional, que aglutinó a una gran parte de los estudiantes que formaron parte del movimiento, lo que convirtió a los universitarios en actores políticos con agencia electoral (^{Ramírez, 2018}). Este conflicto daría inicio a una etapa de enfrentamientos entre las autoridades universitarias y grupos estudiantiles que generaron momentos críticos en 1992, 1997 y 1999, dichos movimientos se originaron ante los intentos de las autoridades por reformar los reglamentos que afectaban los exámenes, inscripciones o pagos, elementos clave para la vida estudiantil, pero no tendrían el mismo respaldo social ni consecuencias (^{Garrido, 2017}).

El año posterior al final del conflicto, estuvo marcado por una fuerte crisis económica y de legitimidad que ponía en riesgo la permanencia del partido hegemónico en el poder, lo que dio como resultado que las preferencias electorales en la contienda por el poder ejecutivo en el poder en 1988 apuntaran a la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional. El día de la elección estalló el sistema de cómputo electoral, lo que supondría un fraude electoral para mantener el poder a través de Carlos Salinas de Gortari. Los medios de comunicación, particularmente la televisión tuvo una participación importante en la defensa de la legitimidad de la elección, a través de una cobertura en favor del partido en el poder. Adicionalmente, el ocultamiento mediático del fraude y la cobertura consistentemente favorable al partido hegemónico contribuyó a reducir el malestar social y en la oposición (Sánchez, 2006).

Para 1991 las autoridades de diversas facultades e institutos de la Universidad Nacional incrementaron las cuotas por colegiaturas y otros conceptos a los alumnos de posgrado, por lo que miembros del Consejo Estudiantil Universitario se agruparon y declararon los incrementos ilegales, lo que anticipaba un próximo movimiento. Este movimiento pudo organizarse y difundir sus posiciones de manera rápida, lo que contribuyó a la participación de ocho mil personas, dando por resultado la resolución del conflicto (Garrido, 2006). En 1997 las demandas universitarias confluyeron con la articulación de los movimientos organizados por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e incluso algunas organizaciones estudiantiles originalmente concentradas para actuar a partir de las demandas estudiantiles, se transformaron en organizaciones políticas que sin dejar de lado las problemáticas universitarias, priorizaron el apoyo al EZLN. Este mismo año se anunciaron proyectos de reforma al Reglamento General Estudiantil y al Reglamento General Interno por lo que los diversos grupos estudiantiles buscaron convocar a acciones masivas de protesta, sin embargo, solamente participaron 300 personas, la baja participación llevaría a la disolución del movimiento (Garrido, 2006).

En abril de 1999 se creó el Consejo General de Huelga, como órgano creado por estudiantes de las escuelas, facultades y colegios de la Universidad Autónoma de México que se organizaron para demandar la democratización de la UNAM y pugnar por la defensa ante un modelo neoliberal que buscaba privatizar el modelo de educación superior. Este conflicto tuvo una prolongada duración de cerca de diez meses. La modificación del Reglamento General de Pagos que proponía la rectoría implicaba que se realizara un cobro diferenciado de acuerdo a la situación económica familiar de los estudiantes, con lo que se socavaba la gratuidad de la educación pública superior en el país, además discriminaba a los sectores más pobres de la población, está propuesta surge como parte de las reformas estructurales propuestas por el Banco Mundial para Latinoamérica (^{Ávila, 2018}). El conflicto de 1999-2000 logró movilizar a quince mil personas en su primera protesta, lo que pone en evidencia la eficacia en su capacidad de organización de la acción colectiva (Garrido, 2006).

Este movimiento surge en un contexto de contradicción entre la visión hegemónica del capitalismo globalizador y el surgimiento de opciones alternativas contra hegemónicas que se manifiestan en la consolidación del movimiento zapatista y la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. Como señala ^{Meneses (2019)} el EZLN era el referente moral y político e influyó en la organización y en las prácticas del movimiento, ya que se realizaron asambleas horizontales, rotativas, representativas que se tomaron de las prácticas zapatistas, así como consultas para la toma de decisiones. A su vez, este movimiento se enmarca en la transición de los dispositivos de comunicación, técnicas y formación de redes hacia el mundo digital, ya que, si bien se emplea Internet, aun no existen las redes socio digitales y los estudiantes no se comunicaban a través de teléfonos celulares, por lo que sus repertorios de acción siguen siendo medios tradicionales como las brigadas, los volanteos y radios libres (^{Ávila, 2018}). El 20 de abril se realizó una consulta que sustentó el llamado a la huelga escalonada y a su vez se constituye el Consejo General de Huelga (CGH) y se hizo un llamado al diálogo con rectoría, que no fue favorable. Una semana después empieza el Programa Emergente de Apoyo Académico en la que se llevaron a cabo clases extramuros que dieron pie a enfrentamientos entre los paristas, quienes seguían asistiendo a clases, profesores, dichos enfrentamientos se tornaron violentos (^{Meneses, 2019}).

Tras la violencia de los enfrentamientos y la extensión del conflicto Juan Ramón de la Fuente asumió la rectoría, abriendo la posibilidad de diálogo. La cobertura mediática fue determinante en la opinión pública, en la que predominaba una exposición de la violencia, intransigencia de los estudiantes y un llamado a las autoridades y a la policía para tomar acción (^{Meneses, 2019}). El movimiento llegó a su fin el 6 de febrero tras la entrada de la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria, se detuvieron a 700 estudiantes acusados de diversos delitos. El movimiento fue la manifestación de las tensiones acumuladas durante décadas y logró detener el aumento de las cuotas en un largo periodo, volvió a poner a los estudiantes en el centro de la política y en cierta medida frenaron las políticas capitalistas que socavaban los derechos sociales (Ávila, 2019).

Posteriormente, en el año 2000 se llevó a cabo la transición democrática en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó el poder ejecutivo después de ochenta años, dándole paso a Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), y sería relevado por Felipe Calderón del mismo partido. Tras doce años de gestión panista en la que se gobernó bajo el sistema neoliberal, las elecciones presidenciales del año 2012 favorecían al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto a pesar de que su candidatura representaba un sistema de corrupción e impunidad que caracterizó al gobierno priista (^{García, 2018}). Cabe mencionar que la esperanza de la transición democrática encabezada por Vicente Fox, se vio empañada por la ineficiencia del manejo del gobierno y diversas incongruencias en la práctica de los supuestos democráticos. En este periodo surgió el conflicto con los pobladores de Atenco en Estado de México al final del sexenio, mismo que fue brutalmente reprimido por las fuerzas estatales, lo que fue percibido como un acuerdo entre el gobierno federal y el entonces gobernador del Estado Enrique Peña Nieto. Asimismo, se llevó a cabo el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador quien ostentaba el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal y quien encabezaba las preferencias de cara a la campaña presidencial, el proceso de desafuero estaba orientado a limitar sus posibilidades como candidato (^{Olivier y Tamayo, 2018}).

Para 2006, Felipe Calderón Hinojosa fue electo como presidente, sin embargo, su gobierno inició bajo un serio conflicto de deslegitimación democrático dada la controversia en los resultados electorales. En este sexenio se profundizó la crisis social, aumentó la inseguridad y las cifras de muertes por el crimen organizado aumentaron, esto aunado a los conflictos por la desaparición de la Mexicana de Aviación y Luz y Fuerza del Centro que provocaron el desempleo de miles de trabajadores, allanaron el camino para el regreso del PRI, partido que había logrado mantener un equilibrio político desde las gubernaturas de los estados y los escaños en los congresos locales (^{Olivier y Tamayo, 2018}).

La campaña electoral del 2012 marcó el contexto en el que emergería el movimiento #YoSoy1432, ya que el resurgimiento del PRI, con un renovado corporativismo y complicidad con los medios de comunicación significaba la interrupción de la posibilidad del mejoramiento de la calidad de la democracia. Durante varios años, el PRI se había preparado construyendo una imagen mediática de Enrique Peña Nieto, a partir de una estrategia mercadológica que lo posicionaría como un competidor con amplia ventaja (^{Olivier y Tamayo, 2018}). El 11 de mayo de 2012, Enrique Peña Nieto en su calidad de candidato por la presidencia de México, participó en un debate organizado por los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (^{Olivier y Tamayo, 2018}). Durante el evento, los estudiantes lo acusaron de la violencia policial contra la población de Atenco en el año de 2006 durante su mandato como Gobernador del Estado de México. Después de que el candidato defendiera sus políticas, los estudiantes lanzaron consignas y gritos en su contra, por lo cual se refugió en los servicios y abandonó el campus junto con su equipo de seguridad, al tiempo que cientos de jóvenes seguían gritando su rechazo a las políticas y a la corrupción del PRI (^{Castells, 2015}).

Estos cuestionamientos hacia el candidato presidencial del PRI y la respuesta desde el partido y de los medios de comunicación darían lugar al movimiento #YoSoy132, conformado no solamente por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, se sumaron estudiantes tanto de universidades públicas como privadas, organizaciones populares, organizaciones políticas y artísticas e distintas corrientes que tenían por objetivo expresar el descontento de los mexicanos cante el inminente regreso del PRI al poder (^{García, 2018}). Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana grabaron el incidente en un video que subieron a las redes sociales y se difundió viralmente, ganando el apoyo de diversos grupos de la sociedad civil. No obstante, los canales de televisión y los líderes del PRI retrataron la protesta como una conspiración política y replicaron que los manifestantes no eran estudiantes de la universidad (^{Castells, 2015}). La cobertura mediática del incidente pretendía orientar a la opinión pública a considerar que las manifestaciones estaban organizadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) (^{Bizberg, 2015}).

A fin de replicar a estas acusaciones, 131 estudiantes de la universidad grabaron un nuevo video que difundieron por la plataforma YouTube en el que daban su nombre y mostraban su credencial de estudiante para defender la autenticidad del movimiento y negar una afiliación política, a las pocas horas el video se volvió tendencia a nivelo mundial y a través de 125 mil tuits se reconoció el valor de los estudiantes. El mismo día a iniciativa de un estudiante del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se invitó a simpatizantes a sumarse a la causa (^{Olivier y Tamayo, 2018}). El video fue compartido 20 mil veces por usuarios de YouTube lo que inició en las redes sociales el movimiento #YoSoy132 en el que nuevos individuos se sumaban a los 131 que habían dado inicio al movimiento (^{Castells, 2015}). De acuerdo con ^{Olivier y Tamayo (2018)} este movimiento fue inusitado para la opinión pública puesto que no es común que expresiones de rebeldía de tal impacto se originaran en una universidad privada, ya que históricamente las manifestaciones universitarias de gran magnitud se observan en instituciones públicas, lo que a su vez generó que la reacción de los medios de comunicación fuera atribuir las expresiones de rebeldía a grupos infiltrados de oposición.

El movimiento despertó a la población juvenil, que apoyado en las redes sociodigitales rompió el estereotipo que retrataba a los jóvenes de principios de siglo como apáticos y apolíticos, en tanto que se manifestaron activamente a partir de protestas en las calles, en los medios de comunicación, a través de diversas actividades artísticas y en la cotidianidad (^{García, 2018}). Según ^{Bizberg (2015)}, el movimiento #YoSoy132 une a jóvenes que comparten una situación de crisis internacional, económica, ecológica, política y social inédita. De esta manera, se asemeja a movimientos como Indignados, Occupy Wall Street y el movimiento de la Plaza Gezi en Turquía, que aglutinan diversas demandas insatisfechas, frustraciones relacionadas con el sistema político y económico y los problemas que derivan de estos (^{Bizberg, 2015}). Asimismo, comparte con estas manifestaciones el movimiento de la protesta en redes sociodigitales a las calles, pues el 19 de mayo 30 mil personas protestaron contra Peña Nieto en el Zócalo de la Ciudad de México (^{Castells, 2015}). Este movimiento articuló un repertorio de acción en el que se incluía el uso de redes sociodigitales, principalmente Twitter, Facebook y YouTube, pero también actividades en el espacio físico como manifestaciones, asambleas y redes plurales (^{Olivier y Tamayo, 2018}).

Las redes sociodigitales, se convirtieron en herramientas que impulsaban la espontaneidad en la organización con un amplio alcance para las diversas acciones emprendidas por el movimiento, de esta forma se convertirían en un instrumento clave para la organización juvenil. Adicionalmente, estas herramientas no eran solamente instrumentos de difusión, también permitían la comunicación entre desconocidos que podían responder a los llamados espontáneos del movimiento (^{Amozurrutia, 2019}). Para el 30 de mayo, #YoSoy132 organizó su primera asamblea general en la UNAM, donde quince grupos debatieron sobre diversas problemáticas como educación, agricultura, la situación de los pueblos originarios, la violencia, la impunidad, el papel de los medios de comunicación y la oposición al neoliberalismo. A pesar de las potenciales desavenencias internas del movimiento derivadas de su heterogeneidad, se coincidió en señalar que la principal demanda del movimiento fue el rechazo a la manipulación de los medios de comunicación, particularmente de las televisoras Televisa y TvAzteca, así como la demanda de libertad de expresión (^{Castells, 2015}). A su vez, este movimiento pone de manifiesto la capacidad de los medios para imponer representaciones culturales y la complicidad con el poder político, de esta manera la democratización de los medios de comunicación surge como demanda principal (^{Bizberg, 2015}).

En este contexto, los manifestantes organizaron un debate presidencial al que todos los candidatos fueron invitados y al que todos acudieron menos el candidato del PRI. Para ^{Amozurrutia (2019)} este evento fue el primero de este tipo organizado por un movimiento juvenil, que determinó la estructura, el formato, los objetivos y sobre todo que consistiera en un debate orientado a exponer las propuestas reales de los candidatos, en oposición al formato organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE). Asimismo, se llevó a cabo un cerco pacífico que duró 24 horas en Televisa Chapultepec, que recibió apoyo de la sociedad civil y se realizó el Contrainforme, que era una réplica al informe presentado por el presidente en turno (^{Amozurrutia, 2019}).

Si bien el movimiento no incidió en la preferencia electoral, fue un punto de quiebre en la campaña, ya que hicieron emerger una serie de conflictos fundamentales para la sociedad mexicana y abrieron espacio para el debate de estos problemas otrora olvidados (^{Bizberg, 2015}). Para ^{Castells (2015)}, los diversos intereses alrededor del PRI, la fortaleza de las redes clientelares del partido y el bombardeo de los medios de comunicación fueron determinantes para la elección de Enrique Peña Nieto para la presidencia, sin embargo #YoSoy132 tuvo dos logros sustanciales, en primera instancia logró que la idea de oponerse a las élites corruptas fuera posible y también rompió el monopolio de la información, en tanto que la televisión dejó de ser la única fuente de información sobre la realidad del país. El movimiento logró consolidar una autonomía comunicativa en algunos grupos políticos que buscaban crear una alternativa al aparato populista del PRI (^{Castells, 2015}).

Conclusión

La relación de los medios de comunicación y el Estado entre la década de los sesenta y los noventa en México, configuró una dinámica en la que el Estado llegó a tener suficiente control sobre los medios de comunicación, particularmente, en los medios electrónicos, con lo que se limitó la independencia de los medios. Esta histórica y asimétrica relación marcó la narrativa con la que se trataron los asuntos públicos, de tal manera que los medios estaban saturados por contenidos referentes y a favor de las élites políticas, por lo que la sociedad civil solo existía en los medios cuando su presencia se adaptaba a los formatos y líneas narrativas establecidas por el poder político (^{Reyes, 2007}). No obstante, las nuevas capacidades tecnológicas y materiales que se desarrollaron a finales de los noventa y a principios del siglo XXI posibilitaron que los medios de comunicación aumentaran su eficacia en la difusión de información y en la persuasión de los auditorios, lo que a su vez permitió que se convirtieran en el cuarto poder político y posteriormente se colocaran en la cima del poder contemporáneo, superando la subordinación al Estado. Este cambio creo una nueva sociedad mediatizada, mediante la que a su vez se transformó la relación entre el Estado y la sociedad civil (^{Esteinou, 2010}). En este sentido, lo público se convierte en un marco mediático a través del cual las instituciones presentan a la sociedad diversos aspectos de la vida social (^{García Canclini, 1995}).

De acuerdo con ^{Reyes (2007)}, la presencia de la sociedad civil mexicana en los medios de comunicación se puede observar en tres etapas que a su vez reflejan la transformación de la relación de los medios con el estado. La primera considera un modelo de subordinación y control de los medios de comunicación por parte del PRI que se agota con la cuestionada elección de 1988. La cobertura mediática recibida por el movimiento estudiantil de 1968 pone en relieve la subordinación de los medios de comunicación al Estado como se refirió con anterioridad (Serna, 2015). La segunda etapa se inserta entre 1994 y 1999 cuando el surgimiento de movimientos sociales que promovían el desarrollo democrático del país tuvieron presencia en los medios de comunicación, a pesar de que diversos medios contaban un discurso oficialista, también existieron medios que visibilizaron otra narrativa, lo que se pone de manifiesto en el movimiento estudiantil de 1999 que a su vez estuvo marcado por el surgimiento de medios digitales (^{Ávila, 2018}). Finalmente, la tercera etapa se da en el año 2000 con la alternancia en el poder, donde los medios de comunicación tienen un papel trascendente en abrir espacios para conocer diversas propuestas políticas, asimismo, esta tercera etapa está marcada por la esperanza de la democratización de la información (^{Reyes, 2007}) lo que se hace patente en las demandas del movimiento #YoSoy132 (^{Castells, 2015}).

Las luchas estudiantiles ya sea a favor de proteger la democratización de la educación superior o la apertura del ámbito público, lograron la sensibilización social tanto de jóvenes, como de otros sectores sobre las problemáticas del país. Los movimientos estudiantiles contribuyeron a abrir espacios para la deliberación y para la participación política de las siguientes generaciones (Ordorika et al., 2018). La lucha en común de los jóvenes en contra de un sistema autoritario, en contra de la represión, la búsqueda consistente de abrir espacios para la deliberación y la liberación, el apoyo o la falta de comprensión de otros sectores de la sociedad y las estrategias institucionales para desarticular los movimientos son temáticas centrales en el campo de estudio de los movimientos estudiantiles (^{Ackerman, 2018}).

Los medios de comunicación a su vez han tenido un papel central en el desarrollo de los movimientos universitarios, tanto en la construcción de las narrativas sobre los movimientos, como en los repertorios de acción implementados por los activistas (^{Ramírez, 2018}). Los movimientos estudiantiles son agentes de concientización que promueven el cambio político y social (^{Castells, 2015}), pueden detonar y enarbolar otras luchas sociales, fomentan que los sentimientos de indignación, injustica e insatisfacción que crecen en el seno de la sociedad se transformen en una acción política que detonen la esperanza. A través de estas luchas y los diversos esfuerzos de comunicación tanto con las autoridades como con la ciudadanía en general, han abierto espacios para la deliberación, la libertad de expresión y para el desarrollo de las sociedades democráticas (^{Ramírez, 2018}).