El despertar de viejos debates

El largo encierro al que nos orilló la epidemia de COVID-19 agravó las enormes dificultades que las personas dedicadas al ejercicio de la prostitución tienen que enfrentar incluso en condiciones “normales”. Esa situación volvió a atizar los debates que desde hace ya más de un siglo han enfrentado a la sociedad en general y a las feministas en particular en posturas que parecen imposibles de conciliar. Por un lado, está la postura que concibe la prostitución solamente como violencia/explotación/esclavitud y, por el otro, la de quienes la piensan como un trabajo que debe ser reconocido y debe tener derechos y garantías, que sería el campo en el que yo me sitúo. De cualquier manera, la prostitución, en esta segunda década del siglo XXI, sigue siendo una espina clavada en las buenas conciencias de la ciudadanía.²

Al comenzar a pensar este artículo, en Xalapa, en pleno encierro pandémico, creí ingenuamente que iba a ser relativamente sencillo sondear, a través de la prensa, la situación en la que se encontraban las personas dedicadas al sexoservicio. Pronto pude constatar que los medios no se interesaron mucho en ellas, sino que la preocupación global se centró más bien en las “víctimas de la esclavitud sexual por trata”. Si bien es aterradora la manera exponencial en que la trata de personas ha crecido en todo el mundo, y estoy convencida de que debe ser perseguida y condenada con rigor, ha sido un sector particular -el de la trata con fines de explotación sexual- el más mediatizado, mucho menos que el de la trata de personas para explotación laboral, que es numéricamente mayor.

Actualmente, el comercio sexual se ha complejizado y se ofrece de múltiples formas y en diversos espacios sociales, ya no solo en los lugares de antaño, puesto que el internet ha abierto otros horizontes; sin olvidar por supuesto el amplio espectro que engloba el turismo sexual, tan vinculado a los procesos migratorios y a la trata. Por todas esas razones, resulta imposible cifrarlo. Además, la industria del sexo involucra una cantidad ingente de actores sociales que no prestan el servicio directamente, aunque sí se benefician de este; no obstante, las investigaciones y las políticas públicas se enfocan en la “prostitución”, mientras que todo ese universo vinculado al sexo no aparece en los estudios, lo cual significa que no hay permisos ni inspecciones ni impuestos y, evidentemente, se desconoce la manera en que opera (^{Tinat y Laverde 2021: 57}).

En este artículo realizo un breve recorrido antropohistórico para explicar los dilemas que suscitó el sexoservicio a partir del siglo XIX y la manera en que la sociedad les hizo frente desde dos posturas antagónicas: reglamentarismo vs. abolicionismo. El legalismo -que pretende legalizar la prostitución- y el prohibicionismo o “modelo nórdico” -que pretende criminalizar al cliente y no a quien vende el servicio- surgen en algunos países ya avanzado el siglo XX.

A partir de una revisión de la prensa y de páginas web analizo la situación del sexoservicio en el estado de Veracruz en el momento del encierro por la pandemia para mostrar la importancia del reconocimiento de los derechos de lxs sexoservidorxs. Por último, reviso la manera en que el sector abolicionista ha utilizado a la prensa y a la opinión pública internacional para crear un “pánico sexual” que ha logrado analogar toda prostitución a la trata y a la explotación.³

Las personas defensoras del abolicionismo pensaron que la pandemia debía ser aprovechada para terminar de una vez por todas con esa industria amoral que esclaviza a las mujeres. Según Debra Boyer, para dicho sector, toda prostitución implica esclavitud que desemboca o alimenta irremediablemente el desarrollo de la trata con fines de explotación sexual (^{Boyer 2020}).

Si bien muchos burdeles y moteles efectivamente cerraron sus puertas, muy pronto el servicio del sexo se adaptó a los nuevos tiempos, reinventándose. Hoy en día cientos de miles de hombres y mujeres en todo el mundo, por una razón u otra, se dedican por su cuenta a ese ejercicio y siguen reclamando, como lo comenzaron a hacer desde la década de 1970, el reconocimiento legal de su trabajo y reciben el apoyo de un amplio sector de la sociedad que incluye a muchas feministas. Si este sector de sexoservicio “voluntario” o “consentido” -con todo y sus ambiguas connotaciones- afirma no pertenecer a la trata, no por ello está libre de sufrir una serie de violencias y de ahí la necesidad de acceder a los derechos y obligaciones que el trabajo legal ofrece. En lo que sí parece existir un consenso entre todas las sociedades es en rechazar cualquier participación de niñxs y adolescentes en el comercio sexual (^{Robles 2006: 197}).

El impacto que el confinamiento y el cierre de ciudades provocados por la pandemia tuvo entre las trabajadoras sexuales en todo el mundo fue muy duro, principalmente porque no son reconocidas como trabajadoras y permanecen en la economía informal, lo cual hace su situación precaria y las expone a la policía y a las enfermedades. El portal Cuartoscuro ilustra la difícil posición de las trabajadoras sexuales, aunque muchas entrevistadas afirman no estar esclavizadas por la trata. Por ejemplo, Kathy, de 47 años y más de 20 de ejercer la prostitución en las calles de la Ciudad de México. Madre soltera, declara que se pasaba ocho horas bajo el sol y apenas le caía un cliente al día (^{Cuartoscuro s/f}). Es decir, las personas dedicadas al sexoservicio en México ya estaban en una situación muy frágil antes de la pandemia. El COVID agudizó esa situación.

En Xalapa, Veracruz, el cierre de bares, cantinas, antros, centros botaneros, discotecas, cervecerías, videobares, pulquerías y los centros nocturnos, ordenado por la autoridad municipal el 21 de marzo de 2020, indignó muy pronto a lxs dueñxs de dichos locales que se quejaron en diversas ocasiones de que no iban a poder pagar las rentas de sus locales ni los salarios de sus empleadxs, quienes también mantenían a sus familias; denunciaban que, paradójicamente, el ayuntamiento no había mandado cerrar las casas de masaje, en donde abiertamente se ejerce la prostitución (^{Valera 2020}). Para sobrellevar su penosa situación, en la Ciudad de México,

las sexoservidoras de la calle, montaron a espaldas del Metro Revolución unas cabinas consistentes en seis camas de cobijas, separadas por cortinas con el logo del IMSS. Aunque una de las entrevistadas denunció que después de las siete de la noche, el gobierno manda patrullas, que se llevan al cliente y les sacan la cartera (^{Valera 2020}).

Asociaciones civiles como El Caracol y Brigada Callejera denunciaron que el número de lxs trabajadorxs del sexo se duplicó durante la pandemia, que muchxs perdieron sus techos y que las personas en condición de calle aumentaron al menos en 20% en la Ciudad de México, pero que no existen diagnósticos actualizados para hacer frente al problema (^{Gándara 2021}). Si bien existen varias iniciativas para regular el trabajo sexual en la capital, no hay datos recientes sobre cuántas personas ejercen el oficio “más antiguo del mundo”.

Breve recorrido histórico

Durante siglos, el ejercicio de la prostitución fue aceptado por instituciones tanto civiles como religiosas; formó parte del tejido urbano y generó abundantes dividendos, por lo que desde tempranos tiempos se intentó gestionar. Si la prostitución permeó todo el tejido social mientras era un pecado más o menos tolerado, en el siglo XIX, se convirtió en uno de los temas nodales que los observadores sociales se sintieron obligados a tocar. Desde diversas trincheras, médicos, periodistas, juristas, literatos apoyaron la implementación de lo que se llamó el “sistema francés” -el cual obligaba a todas las “mujeres públicas” a registrarse y a trabajar sometidas a la inspección sanitaria, de preferencia en burdeles controlados- para controlar la prostitución; según ellos, esa era la única manera de frenar las enfermedades venéreas que amenazaban con destruir a las familias y, por lo tanto, a la nación. El “sistema francés” fue adoptado en México a partir del Segundo Imperio. Mediante ese sistema, las prostitutas debían ser revisadas por médicos y controladas por policías en oficinas creadas ex profeso, y, si estaban enfermas, debían internarse en un hospital; mientras que a los hombres, sus clientes, nadie jamás los molestó ni obligó a ser revisados, y en la enorme mayoría de los casos, hasta la fecha, permanecen en el anonimato. La idea de que debía haber mujeres públicas, disponibles y sanas, porque los hombres tenían una naturaleza sexual irrefrenable, ha sido el trasfondo que convirtió a la prostitución en eso que se calificó desde entonces como “un mal necesario”.

En la década de 1870 surgieron en Inglaterra, entre los protestantes y las feministas, voces contrarias al sistema francés que “esclavizaba” a las mujeres; se autonombraron “abolicionistas”. Con Josephine Butler a la cabeza, pretendían ponerle fin a la doble moral sexual imperante en la sociedad y acabar con ese sistema. Fundaron múltiples organizaciones que emprendieron cruzadas morales contra la “esclavitud de las mujeres” sometidas a la reglamentación. Pujantes grupos feministas avalaron el movimiento abolicionista, que reprobaba las relaciones extraconyugales y pugnaba por una moral igual para ambos sexos. Ya en el siglo XXI, surgió una tercera postura, más radical, que criminalizaba la actividad prostitucional en general y a sus ejecutantes. Si bien las tres posturas condenaban enérgicamente a proxenetas y lenones, desde entonces se enfocaron más en el control-reglamentación, en la “redención” o en la criminalización de las que venden sus cuerpos; por último, el prohibicionismo, en la actualidad, pretende castigar también a los clientes.

Ninguna de esas posturas ha logrado resolver los problemas que acarrea la prostitución ni mejorar la suerte de las personas dedicadas a ese ejercicio, mucho menos ponerle fin a las redes de trata que continúan dominando una parte del mercado sexual.

Si bien la prostitución ha sido vista como el “oficio más viejo del mundo”, su ejercicio se pensó como eminentemente femenino, al menos hasta principios del siglo XX en que la prostitución masculina empezó a volverse visible y llega hasta nuestros días en que mujeres y hombres comparten el espacio prostitucional con un sector cada vez más grande de personas de la diversidad sexual, de la misma manera en que el desarrollo de la industria turística, con sus paraísos sexuales, ha ampliado considerablemente el espectro de la oferta sexual. Por eso hay autores que piensan que la prostitución es más bien uno de los oficios más recientes del mundo (^{Solé 1993: 13}).

Los observadores sociales han denunciado la estrecha relación que ha habido a lo largo de la historia entre miseria y prostitución femenina, así como entre nulos o precarios empleos y prostitución; aunque al mismo tiempo han debido de reconocer -sorprendidos- que “inexplicablemente” siempre haya habido mujeres menos “necesitadas”, o pertenecientes a las clases sociales acomodadas, que han decidido dedicarse a ese oficio. Sin embargo, es la ausencia de opciones laborales para las mujeres pobres lo que convierte al sexoservicio en una alternativa de sobrevivencia posible para ellas, quienes afirman ganar más, a veces mucho más, que en otras ocupaciones (^{Lamas 2016: 25}).

Veracruz

En ¹⁹⁷⁴, el antropólogo Estanislao Barrera Caraza realizó el primer acercamiento etnológico al mundo de la prostitución en la capital del estado de Veracruz. Era una época en que algunas mujeres vivían bajo el régimen de los burdeles, pero ninguna de ellas estaba esclavizada por la trata. Barrera Caraza entrevistó en profundidad a 50 prostitutas: algunas trabajaban en prostíbulos, otras en “reservados” y muchas más ejercían como clandestinas, es decir, fuera del radar de las autoridades. Visitó 15 prostíbulos y siete casas de citas, varios “disimulos” -negocios en los que se vendía licor y se facilitaban encuentros sexuales en espacios traseros- y “casas de pupilas” o “casas de modas” en los que se vendía sexo clandestinamente. Analizó las zonas en donde las mujeres taloneaban, que son las mismas en las que hoy en día muchas mujeres, hombres gays o personas trans siguen ofertando sus servicios sexuales. El estudio mostró que la prostitución era un negocio floreciente en la ciudad. Todas las entrevistadas eran mujeres pobres, muy poco o nada escolarizadas, solas o con hijos (algunas hasta con ocho) o parientes de quienes se hacían cargo. Si bien afirmaron ganar mucho más que en otros trabajos que podían encontrar -como el servicio doméstico, las pocas fábricas existentes o la venta ambulante-, la mayoría argüía que prefería trabajar por su cuenta en las calles ad hoc.

El problema de la tolerancia a la prostitución, sin una clara reglamentación, es que en cuanto sucedía cualquier evento subido de tono o si algún vecino se quejaba se procedía a las redadas, a la represión y a la extorsión. Barrera Caraza describe las irregularidades y la corrupción imperante: los policías exigían “mordidas” o servicios sexuales gratuitos para no llevar a las mujeres a la cárcel. A pesar de los riesgos, las mujeres entrevistadas afirmaron preferir las calles y la libertad para escoger sus horarios que estar fijas en los burdeles.

Más recientemente, ^{Luis Antonio Blanco Cebada (2003)} realizó entrevistas a 11 de las 25 mujeres que ofertan sus servicios en la Plaza del Carbón, en el centro de Xalapa, y demostró que las mismas zonas de tolerancia de 35 años atrás seguían siendo utilizadas para ese fin. Que el promedio de edad de las mujeres que se paran a esperar clientes en esa zona céntrica oscila alrededor de los 50 años de edad, algunas afirmaron “talonear” ahí desde hacía más de 10 años. Todas eran pobres, poco escolarizadas, tenían hijos y eran el sostén de sus familias. Ofrecían sus servicios a cargadores, albañiles, jardineros, campesinos…, en los pequeños hoteles alrededor del céntrico Mercado Jáuregui, en cuartos dentro de vecindades, incluso en coches. Las entrevistadas afirmaron que ganaban más ahí que en el servicio doméstico al que se habían dedicado previamente y que les gustaba la calle porque se sentían más libres. Afirmaron trabajar solo algunos días y en los horarios que les convenían más. Frente al encierro que la pandemia obligó, algunas, con el mismo perfil de las entrevistadas por Blanco Cebada, le contaron a Magda Cuevas Munguía que combinaban el lavado y planchado o la venta ambulante con la prostitución, para poder llevar comida a sus hogares. Ella observó a cantidad de jóvenes que llegaban de fuera de la capital y, al no encontrar trabajo o ver los míseros salarios que se pagaban, se ofrecían como escorts mediante sus teléfonos móviles.⁴

Blanco Cebada registró la existencia de un Sindicato de trabajadoras sexuales del estado de Veracruz cuya lideresa, Pilar Lara, afirmaba que en Xalapa había 2000 trabajadoras sexuales (sin contar a los del género masculino).⁵ Es decir, que lxs trabajadorxs sexuales comenzaron a organizarse, tal como sucedió por las mismas fechas en el Malecón de Coatzacoalcos. La antropóloga Patricia Ponce entrevistó al grupo de mujeres y hombres que formó la organización Amazonas para defender sus derechos y denunciar los abusos y vejaciones que sufrían a manos de la policía, así como las continuas difamaciones por parte de la prensa amarillista (^{Ponce 2008}).

Trabajos académicos recientes han descrito el mundo homosexual que también ejerce el sexoservicio y se despliega en todas las ciudades del estado de Veracruz: mayates, gigolós, chichifos, sobrinos, escorts, acompañantes, se ofrecen en las calles o como bailarines. Atienden en casas de masaje, en bares, discotecas, antros gays, hasta en gimnasios (^{Córdova 2015}).

La investigación que Espronceda realizó con sexoservidores en uno de los parques centrales del puerto jarocho permite conocer las particularidades de ese ejercicio así como la identidad que los hombres -autodenominados mayates- de entre 15 y 33 años dedicados al trabajo sexual quieren proyectar: “En el parque te puedes ganar una luz sin ningún problema, le dijo un amigo a Alfredo cuando este no encontraba trabajo”. Y desde entonces, siempre está ahí esperando a alguien dispuesto a “cotorrear”. Asegura que ninguno de los entrevistados se asumió como gay u homosexual, sino como hombres con una visión machista que destaca su “rol sexual activo” y menosprecia a los “chotos”, es decir, a quienes son penetrados. Aunque resalta que, si un cliente les ofrece más dinero, le permiten que los penetre, aunque públicamente no lo reconozcan; hacerlo significaría rebajarse a aceptar que han sido pasivos, lo que para ellos equivale a ser jodidos, a renunciar al poder. El dinero no siempre es la razón principal por la que esos hombres tienen sexo con otros hombres. A veces basta con que los inviten a comer, a tomar un par de cervezas o que les regalen ropa o zapatos, para que acepten sostener relaciones sexuales. Muchos disfrutan “el cotorreo”, aunque siempre enfatizan que hacerlo con una mujer “es lo máximo”. Exaltan sus relaciones sexuales con mujeres, presumen de que son fogosos y de que tienen penes grandes (^{Espronceda 2008}).

El mundo transexual se ha vuelto también cada vez más visible en las calles y avenidas donde ofrecen sus servicios, aunque no se tengan estadísticas; “el desempleo y los bajos salarios han provocado ese aumento”, afirmó en una entrevista a El Dictamen el presidente de la Comunidad Jarochos LGBTI, Izacur Maldonado (^{Ramírez 2017}). El mismo artículo cita a una mujer trans que parece contradecir aquella afirmación: Betina, de 52 años, dice prostituirse desde los 15 “no por necesidad sino porque le gustaba ganar dinero fácil”. La nota subraya el riesgo de que, al ser un negocio bastante lucrativo, “a la larga pueda convertirse en una nueva clase de trata porque deja más ganancias que la prostitución de mujeres [cis]”. Los clientes de estas chicas trans son hombres casados, padres de familia, empresarios, hasta curas; es decir, los que tienen dinero y una vida oculta. Ellas cobran entre 1500 y 2000 pesos, mientras las que están paradas cobran entre 500 y 600. El artículo concluye que, si muchas chicas trans trabajan por su cuenta, algunas sí pueden estar siendo extorsionadas por terceros, y recuerda que, hasta el día de hoy, las personas de la comunidad LGBTI siguen siendo víctimas de violencia (^{Ramírez 2017}).

La revisión de la prensa veracruzana permite vislumbrar que las zonas de tolerancia en ciudades del estado de Veracruz siguen existiendo y que todo el mundo las conoce. Ahí se concentran la prostitución y los negocios relacionados con la industria del sexo. En el Puerto, una de estas zonas se localiza en el centro. Desde muy temprano se ven mujeres de todas las edades afuera de hoteles de baja categoría en espera de captar clientes. Otras sexoservidoras jarochas entrevistadas que merodean en el parque central dicen sufrir su peor crisis económica ante la falta de clientes: “porque la policía llega y corre a los viejitos”. Ellas afirman que eran los adultos mayores quienes más las buscaban, así como los campesinos de los alrededores (^{Sentíes 2019}).

Una regidora del ayuntamiento de Orizaba declaró que, debido a la escasez de empleos, había cada vez más amas de casa y estudiantes en la prostitución (^{Velázquez 2019}). El representante de la Unión de Vendedores de Veracruz, Andrés Gómez Ojeda, afirmó por su parte que en Córdoba también había un incremento de la prostitución a raíz de la contingencia sanitaria, ya que al no poder obtener ingresos mujeres y varones se prostituían en gran cantidad (^{Lira 2020}).

Otra noticia local señaló que la “sacrosanta” familia era la que, en ocasiones, fungía como explotador/padrote. Relata el caso de “una madre condenada a 15 años de reclusión por haber sido proxeneta de su hija de 11 años, a quien vendía por 100 pesos en Coatzacoalcos. Ella llevaba a la niña y la esperaba en la sala de los señores a quienes la vendía” (^{Velázquez 2019}).

Las notas periodísticas reflejan que la sexualidad sigue siendo percibida y representada de manera misógina: los hombres no pueden ni deben reprimirse, lo que justificaría la existencia de sexoservidoras. También muestra la confusión y la poca información que se tiene sobre el ejercicio de la prostitución:

aunque la prostitución es considerada ilegal, las zonas de tolerancia en el puerto de Veracruz funcionan como una válvula de escape, pues estos lugares permiten este tipo de actividad laboral en personas adultas de manera legal, eso sí, se debe cumplir con exámenes médicos para la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual, además se les dota de preservativos de manera gratuita, de lo que carecen es de vigilancia para que la zona sea por lo menos segura (^{Sentíes 2019}).

Una somera inmersión en el internet por los anuncios eróticos en el estado de Veracruz me permitió ver la multitud de sitios en los que se ofrece sexo. En una de esas páginas -“Disfruta de las sexoservidoras más ardientes”- encontré desde el anuncio de una “mujer madura y experimentada que ofrece promoción para primerizos”, hasta el de una “ninfómana que te espera en Orizaba”, o el de una “werita, chichona y apretadita”, así como muchos otros más precisos: “mi servicio es de 500 por una hora y dos relaciones”, y otros donde se detalla el tipo de servicio ofrecido, “anal y oral”.

Frente a la mayoría de mujeres descritas por la prensa que ingresan al sexoservicio empujadas por la necesidad apremiante de ganar dinero para sobrevivir, también existen las que, como “Martha de 27 años”, afirman ser muy felices con ese segundo trabajo que les permite darse lujos. De día ejerce como maestra en una escuela pública de Tuxpan; declara ser una persona muy libre, abierta y que comenzó ejerciendo esa segunda actividad hacía cuatro años. Ella escoge cuidadosamente a quién aceptará; el cliente debe tener dinero y, de preferencia, 40 años. A veces hace excepciones y acepta a jóvenes y guapos. Le depositan previamente en el “bendito” Oxxo. Martha afirma que, en cuanto postea que está libre y en la ciudad, en cinco minutos ya tiene 35 respuestas en su inbox. El reportero constata que su casa es hermosa y ella le dice que todo lo que gana es para sus lujos, a veces tiene hasta tres citas en una noche. No tiene miedo de que la puedan reconocer en su pueblo, porque son sus clientes quienes quieren preservar el secreto. Martha afirma que por los prejuicios, ellos no reconocen que les gustan las putas. Dice que entre los riesgos que corre está el de que se enamoren de ella, como ya le sucedió con el papá de un alumnito (^{Redacción Forotuxpan 2019}).

Encontramos también sitios donde se anuncian “nuevas” formas de prostitución, como el trueque sexual. Los usuarios no intercambian dinero, sino valores en especie: internet, licor, corte de pasto, reparaciones diversas.

Mariana, de 26 años, por ejemplo, afirmó que había amueblado todo su departamento con artículos conseguidos a cambio de sexo. Ella no se considera prostituta, no cobra, le regalan cosas por acostarse con quien ella elige (^{Chaparro 2017}). Un estudio sobre este tipo de intercambio de sexo por beneficios materiales, llamado sexo recompensado, realizado en Guadalajara, Jalisco, por el Instituto Nacional de Salud Pública, permite ver el otro lado de la moneda, es decir, el de la vulnerabilidad de las jóvenes de pocos recursos. Ahí se analizan las dificultades que tuvieron los psicólogos para que las jóvenes entrevistadas reconocieran, incluso ante sí mismas, que habían tenido ese tipo de intercambios. Para no ser estigmatizadas “por ser rameras”, escondían el intercambio como si fuera un “noviazgo”, a pesar de que reconocían que los muchachos con quienes tuvieron relaciones no les gustaban y declarasen abiertamente haberse acostado para obtener cosas (^{Théodore, Gutiérrez, Torres y Luna 2004}).

La mayor parte del comercio sexual que hemos descrito es consentido y ejercido por personas de escasos recursos, aunque también haya quienes no lo son. No encontramos testimonios de mujeres esclavizadas por alguna red de trata. Lo que intentamos mostrar aquí es que la amplitud de situaciones y la complejidad del fenómeno obliga a que sea analizado con mucho cuidado, para no confundir situaciones; una cosa es el trabajo sexual consentido y otra, muy diferente, la trata.

El discurso abolicionista y la normativa antitrata

Es importante diferenciar estos conceptos para diseñar políticas públicas específicas en cada caso. Diversas organizaciones civiles que apoyan el reconocimiento de derechos para el trabajo sexual denuncian que cuando el estado interviene para salvar “víctimas de la trata”, lo hace en redadas a establecimientos donde se sabe previamente que hay oferta sexual, aunque en general esta sea consentida y tolerada. Esos operativos castigan a ficheras, meseras, bailarinas y personal diverso que labora en esos establecimientos, pero no resuelven el problema de la trata. Noticias en la prensa veracruzana ilustran el problema.

En 2019, con grandes titulares, el periódico Plumas Libres denunció que “En cantinas, bares y lupanares del Puerto de Veracruz hay menores de edad víctimas de trata, traídos de los estados de Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Chiapas”. El artículo es interesante para nuestros propósitos porque, a pesar del título -“Prostituyen en Veracruz puerto a chicas que traen de Puebla, CDMX, Tlaxcala y Chiapas, algunas son víctimas de trata, denuncian”-, no se comprobó que hubiera menores de edad ni mucho menos que las mujeres que efectivamente ahí laboraban fueran víctimas de trata:

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Instituto Municipal de las Mujeres, la policía, el DIF, la Procuraduría del Menor y la Familia, así como la Fiscalía Regional y la Policía Naval realizaron un operativo para rescatar a menores, acompañados por la diputada de Veracruz Maryjose Gamboa. Recorrieron los centros de prostitución de Veracruz y alertaron a familiares que buscan a chicas desaparecidas a que fueran a Veracruz ya que sus hijas podrían estar siendo explotadas sexualmente. A los propietarios de dichos lugares se les informó sobre las sanciones que sufrirían si tuvieran a menores de edad trabajando. Asimismo platicaron con varias jovencitas y les entregaron información sobre lo que es la trata de personas. Las autoridades verificaron la edad de las jóvenes quienes presentaron credenciales de mayoría de edad y no intervinieron a nadie, solo clausuraron un local por falta de documentación; pidieron proporcionar a otras mujeres dicha información para evitar que fueran víctimas de trata y supieran cómo detectarlo y pedir ayuda (^{Periodistas Digitales 2019}).

Una noticia similar en Al calor político informa de un “operativo” realizado en la zona de tolerancia de la región de Perote, donde intervinieron a 45 mujeres que laboraban en bares y cantinas: “En el Bar Exótico Palace fueron encontradas más de 20 mujeres prostituyéndose, en el Kumbala más de 10, y en el Frontera más de 5”. Todas demostraron que eran mayores de edad y entonces se procedió a la detención de los encargados de dichos bares. La noticia cierra informando que “las 45 jovencitas ya están en sus domicilios” (^{Salas 2007}).

No sabemos si las “jovencitas”, que en realidad eran mayores de edad y estaban ejerciendo la prostitución en esos bares por su cuenta, querían ser devueltas a sus domicilios. No sabemos tampoco si los dueños de esos bares tenían sus papeles en regla o si por fin descubrieron a verdaderos tratantes. Sí sabemos que estaban en una zona de tolerancia en la que supuestamente la prostitución era permitida.

La retórica del “rescate” es la que prevalece en las noticias. El consentimiento de las mujeres es irrelevante. Ese discurso consolida una técnica más del poder y vigilancia patriarcal sobre los cuerpos y autonomía de las mujeres; pero sobre todo, alimenta la confusión entre trabajo sexual y trata de personas que tanto conviene al abolicionismo y que tan perniciosa es para las propias trabajadoras, ya que al criminalizar su trabajo las empuja hacia la clandestinidad. La asociación Brigada Callejera de la Ciudad de México ha declarado que las acciones contra la trata se han caracterizado por el uso de la violencia hacia las mujeres que se dedican al comercio sexual; su principal objetivo no ha sido “rescatar” a víctimas de trata en general, sino identificar a personas menores de edad explotadas en ese contexto (^{Tinat y Laverde 2021: 155}).

Ha sido el abolicionismo el que ha fomentado el “pánico sexual” (^{Daich 2013: 33}) que relaciona todo tipo de prostitución con explotación y esclavitud por la trata.⁶ Esto ha desembocado en la organización de operativos muy mediáticos que pretenden rescatar “víctimas inocentes”, aunque sus casos no cumplan los requisitos que conforman el delito de trata: captación, traslado, uso de la fuerza y coerción. El problema es que los pánicos infundados tienen efectos concretos en las legislaciones represivas.

Hacia el reconocimiento legal del trabajo sexual en todo México

Como en el resto del país, el trabajo sexual en Veracruz, en tanto intercambio de servicios sexuales a cambio de dinero, es legal, siempre y cuando sea ejercida personas mayores de edad y por propia voluntad; por lo tanto, ni la venta ni la compra de ese servicio pueden ser penadas por la ley. El trabajo sexual es ilegal cuando quienes lo ejercen son menores o cuando una tercera persona se beneficia de su explotación, y es entonces cuando se le equipara con la trata.⁷

Sin embargo, cada estado de la república tiene normas diferentes y poco claras, lo que significa que las sexoservidoras se encuentran siempre con vacíos legales que las dejan expuestas a la corrupción, a la explotación o a la trata por parte de bandas criminales. Así, las personas dedicadas a ese oficio no ilegal, pero tampoco reconocido, están a la merced de extorsiones y todo tipo de violencias por parte de terceros, así como de las autoridades.

Diversas académicas, organizaciones no gubernamentales, así como las mismas sexoservidoras, denuncian que por hipocresía y un falso moralismo nadie quiera encarar el tema. La falta de una legislación clara y reglamentos puntuales impide que se respeten sus derechos y regularicen sus actividades. Se sigue criminalizando la actividad sexual consentida entre adultos y se penaliza arbitrariamente su ejercicio o la simple invitación a la prostitución, lo que termina volviendo todavía más vulnerables a las trabajadoras sexuales. Ellas siguen siendo vistas como sospechosas, como agentes de transmisión de enfermedades o como víctimas indefensas que deben ser rescatadas y rehabilitadas.

Baste como prueba del poco interés por dignificar ese ejercicio el hecho de que en Veracruz se siga utilizando la ley relativa a la prostitución y a la profilaxis social de 1943, así como la Ley de Salud del Estado de 1988. Cada ayuntamiento cuenta con difusas zonas de tolerancia, así como con lugares “permitidos” en donde se ejerce la prostitución.

En 2006, el diputado veracruzano del PRD, Agustín Mantilla Trolle, propuso una iniciativa de ley de asistencia y protección sexual para preservar los derechos humanos de ese sector tan vulnerable en el estado de Veracruz. El diputado declaró que quienes laboran en los antros, casas de masaje o table dance “pagan un porcentaje a los dueños de esos negocios sin ningún tipo de prestación a cambio” (^{Redacción Proceso 2006}). El diputado afirmó que se debería regular esa actividad para proteger los derechos de las sexoservidoras y vigilar esos establecimientos, ya que muchos operan de manera clandestina. Afirmó que la prostitución no solo supone un problema de salud pública, sino también social. Señaló la importancia de reconocer dicha actividad como una opción de trabajo lícita, ya que, debido a los efectos del modelo de desarrollo y de la política económica de México, el trabajo sexual es una alternativa de sobrevivencia.

Sin embargo, a pesar de los indudables avances que el feminismo ha logrado implementar para la constitución de nuevos tipos penales con perspectiva de género, así como para el respeto de los derechos humanos, el panorama legal de nuestra justicia penal sigue siendo ambiguo y contradictorio respecto al sexoservicio porque prevalecen los criterios morales de la misógina cultura mexicana y del feminismo abolicionista en los jueces y policías. No está prohibido ejercer la prostitución, pero no se le reconoce como trabajo. La ley las obliga a inscribirse en registros de sanidad, pero eso no evita que las personas dedicadas al sexoservicio sean perseguidas ni extorsionadas. Y a los clientes, igual que antaño, tampoco se les exige ningún tipo de control sanitario (^{Lamas 2017: 108-109}).

A pesar de que supuestamente la prostitución no es penalizada en México y no obstante su militancia abolicionista, tanto en el derecho penal como en el sistema administrativo o en la jurisprudencia, el ejercicio e invitación a la prostitución son conductas penalizables y consideradas como atentados al pudor e inmorales (^{Robles 2006: 206}).

Después de un largo combate por parte de lxs trabajadorxs sexuales callejerxs, en 2014 el gobierno del Distrito Federal les otorgó licencias de “trabajo no asalariado”, un paso muy importante para regular ese trabajo. Sin embargo, en mayo de 2020 la Ley de Cultura Cívica convierte de nuevo la prostitución en falta administrativa. El representante local de Morena, Temístocles Villanueva, pugnó por quitarle el renglón que dice que las prostitutas y sus clientes pueden recibir multas o ser arrestados si los vecinos se quejan. Para dicho legislador, la despenalización y regulación del trabajo sexual en la capital es una primera medida contra la trata sexual que atrapa a miles de personas en este país.

En 2015 Amnistía Internacional declaró que el comercio sexual debía despenalizarse para garantizar y defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales, pero eso fue una bomba para los conservadores y la organización fue muy criticada por la CATW (Coalition Against Trafficking in Women) de América Latina y por las feministas abolicionistas que, como ya lo hemos dicho, están en contra de cualquier acción a favor del reconocimiento legal del trabajo sexual ya que opinan, desde el siglo XIX, que la despenalización del comercio sexual conduce obligatoriamente a la trata con fines de explotación sexual (^{Lamas 2016: 34}).⁸

Es importante recalcar que la política abolicionista de Estados Unidos se ha visto alentada desde Reagan por el moralismo antisexualidad que permeaba en los sectores sociales conservadores. No solo condenaban la pornografía y la prostitución sino que se posicionaron incluso contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y la privacidad de lxs adolescentes (^{Lamas 2016: 21-22}). El antiwokismo trumpiano es muestra de que la política neoabolicionista y conservadora ha dado sus frutos, como podemos constatarlo hoy en la furia con la que algunos países luchan contra “la ideología de género” y quieren detener los avances en el respeto a los derechos humanos. Es importante analizar el origen del abolicionismo, porque desde que nació lo hizo con mentiras, exageraciones y ocultación de las evidencias surgidas del trabajo empírico en el terreno, y por supuesto, omitiendo las experiencias de las propias protagonistas (^{Núñez y Fuentes 2017}).

Desde finales del siglo XX, los debates en torno a la trata han tomado mucha fuerza; la retórica hegemónica la concibe como un problema inherente a la migración y al comercio sexual. Millones de personas se acogen a redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y encontrar mejores condiciones de vida, pero aún no conocemos la frecuencia con la cual las personas migrantes son objeto de trata, forzadas y esclavizadas al trabajo sexual. No obstante, el delito de trata va más allá del comercio sexual e incluye todo el trabajo forzado (en lo doméstico, en la maquila, en el campo), aunque, en realidad, los casos que generan escándalo son los vinculados al trabajo sexual forzado, aunque estadísticamente su dimensión sea bastante menor que la de los otros (^{Lamas 2016: 23}).

En 2000 el Protocolo de Palermo pretende controlar el tráfico de personas, armas y drogas. Sin embargo, los casos que movilizan más recursos son los vinculados con el trabajo sexual. Weizer afirma que

en ninguna otra área de las ciencias sociales la ideología ha contaminado de forma tan penetrante como en los escritos sobre la industria sexual, donde con frecuencia se suspende el canon de la investigación científica y la investigación se sesga deliberadamente para servir a una determinada agenda política (cit. en ^{Tinat y Laverde 2021: 47}).

Consideraciones finales

El retrato elaborado sobre la situación actual del sexoservicio en Veracruz me llevó a viajar al pasado para mostrar la larga vida de las preocupaciones y angustias que la sexualidad en general y el fenómeno de la prostitución en particular han despertado en las sociedades a través del tiempo.

Si bien este artículo pretende defender la postura del reconocimiento legal del sexoservicio consentido como un trabajo, soy consciente de que no es un trabajo como cualquier otro. Mientras perdure la connotación peyorativa y criminal de su ejercicio, reflejo de la desigualdad entre mujeres y hombres, del doble estándar de moral sexual y del sexismo de nuestras sociedades patriarcales, la prostitución seguirá siendo “un mal necesario” y un sector de la sociedad seguirá convencido de que es su deber rescatar a esas personas y redimirlas incluso a pesar de ellas mismas.

Sin negar las condiciones de precariedad y los grados de marginación de muchas de las personas que participan en los mercados sexuales, tenemos que reconocer su capacidad de agencia. Los pánicos morales y sexuales no permiten ver la multiplicidad de razones por las que tantas personas se dedican a dicho comercio al que entran y salen dependiendo de una variedad enorme de razones, a diferencia de las que están efectivamente forzadas por la trata. El delito de trata comprende la captación, el traslado y la retención de una persona mediante el engaño, el abuso de poder y otras formas violentas de coacción. En México, sin embargo, se mezclan indistintamente dos delitos diferentes, el de trata y el de explotación sexual. En la explotación sexual, es un tercero el que se queda con parte del beneficio económico; mientras que el beneficio en la trata se logra mediante el engaño, la coerción, la amenaza y la subordinación (^{Tinat y Laverde 2021: 41}).

Eso ha provocado que la mayoría de las acciones de combate a la trata se conviertan más bien en acciones antiprostitución, lo que conlleva la vulneración del ejercicio de los derechos de quienes ejercen el servicio sexual por su propia voluntad. Ese dispositivo ha surgido desde sectores conservadores que se niegan a la liberalización de las costumbres sexuales y que han convertido el combate a la trata en una cacería indiscriminada. Las razzias organizadas para “salvar” mujeres y “rescatar” víctimas realizadas en los lugares donde se lleva a cabo el comercio sexual no ha acabado con la trata. En la Ciudad de México, por ejemplo, se ha documentado la manera en que las trabajadoras sexuales aprehendidas en los “operativos” son obligadas a declararse víctimas para no ser declaradas cómplices, como el resto de quienes trabajan en dichos lugares (^{Lamas 2016: 24}).

A partir de investigaciones sobre los mercados sexuales en contextos locales latinoamericanos, el Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre los Mercados Sexuales plantea la necesidad de matizar los discursos totalizantes y maniqueos que producen imágenes erróneas de las realidades vividas y nutren el pánico moral que la corriente abolicionista suele fomentar. Han demostrado que si se legaliza, el sexoservicio regulado es menos peligroso que el clandestino e ilegal; además, al contrario de lo que piensan los abolicionistas, es una estrategia contra la trata mucho más efectiva (^{Tinat y Laverde 2021: 21}).

Las sexoservidoras organizadas en diferentes partes del mundo han luchado desde el siglo pasado para defenderse de la corrupción y la explotación; saben que un marco jurídico realista es el primer paso para ser reconocidas como ciudadanas. A diferencia del reglamentarismo decimonónico, ahora pretenden que el estado sea el garante de sus derechos humanos, no de manera coercitiva, al imponerles solo a ellas controles sanitarios, sin programas de salud sexual y reproductiva, ni al confinarlas a difusas zonas de tolerancia, sino con la adecuación de los puntos de trabajo con el consenso entre vecinxs y trabajadorxs sexuales (^{Robles 2006: 269}).

Sería más saludable exigir que los estados introduzcan en su definición de trata, y en sus estrategias políticas para combatirla, la transformación de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que son las que producen la emergencia de ese fenómeno. Recordemos tan solo las consecuencias nefastas de la desregulación y flexibilización laboral, la privatización de servicios de seguridad social, la explotación laboral generalizada y, por supuesto, la persistente y nefasta desigualdad de género.

En vez de criminalizar, perseguir y condenar a las personas que se dedican al comercio sexual consentido, subrayemos las perniciosas consecuencias que los operativos antitrata acarrean a millones de migrantes. En aras de proteger a esas “pobres víctimas”, los operativos las convierten primero en ilegales para internarlas después en centros de retención, fuera del derecho común, para por último ser expulsadas a los países de los que huyeron con tanto trabajo.