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Introducción
Los avances legislativos conseguidos en materia de despenalización del aborto son fruto de una larga lucha del movimiento feminista en tres dimensiones: local, regional e internacional. Debido a tal éxito, en últimos años, las estrategias y narrativas antiderechos desarrolladas por sectores neoconservadores se han complejizado y sofisticado cada vez más con la finalidad de mantener una política sexual opresiva1 para las mujeres y personas con capacidad para gestar.2
No existe una definición unívoca de los grupos neoconservadores; no obstante, se constituyen como un movimiento transnacional “que cuenta con el apoyo de elites de poder político” (Malca 2018: 352) y articula “actores políticos con explícitos programas de derechas y ultraderechas; fundamentalismos o neointegrismos religiosos; cámaras empresariales, actores económicos neoliberales, y conservadurismos de vieja data presentes en gobiernos de distinto signo político” (Torres 2020: 10). En América Latina, estos sectores están íntimamente vinculados con “la jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas” (Morán y Vaggione 2022: 77). En suma, los grupos neoconservadores constituyen un sector heterogéneo de actores sociales y políticos que han logrado superar algunas diferencias ideológicas que los dividen para luchar desde un piso común: la defensa de la vida y la familia concebidas como lo propone la religión cristiana, específicamente la católica apostólica romana y la evangélica en sus variantes pentecostal y neopentecostal (Bárcenas 2022a, Torres 2020).
Los grupos neoconservadores se posicionan contra los movimientos feministas y LGBTIQ+, a quienes configuran como un adversario político al asumir que buscan la destrucción de la familia heterosexual, como institución fundamental de la sociedad, y de los valores tradicionales que, desde su perspectiva, deberían prevalecer. Esta posición se origina al inicio de la década de 1990, a partir de la caída del denominado “bloque socialista”, cuando la jerarquía católica perdió el elemento unificador que en ese momento se hallaba en su lucha contra el comunismo soviético y el totalitarismo.3 Para recuperar un objetivo unificador, el Vaticano, encabezado por el Papa Juan Pablo II, inició una cruzada contra lo que denominó la ideología de género; el discurso en torno al cual se articula la ofensiva neoconservadora -a la que se han unido varias instituciones eclesiásticas en la actualidad- se consolidó en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing (1995) (Bárcenas 2022a, Lamas 2022, Morán y Vaggione 2022).
Desde el otro lado del espectro ideológico, las activistas y académicas feministas y LGBTIQ+ latinoamericanas construyeron colectivamente el neologismo antiderechos. Este término caracteriza nuevas formas de expresión política, entre las que se incluyen estrategias, campañas, narrativas y formas de organización de los grupos neoconservadores cuyo objetivo es frenar -incluso revertir- avances legislativos conquistados por las luchas y los movimientos feministas y LGBTIQ+ desde hace décadas, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la incorporación de la Educación Integral de la Sexualidad científica y laica en la educación básica y la despenalización del aborto voluntario.
Distintas autoras (Bárcenas 2022b; Bergallo, Jaramillo Sierra y Vaggione 2018; Karstanje, Ferrari y Verón 2019, 2021; Morán y Vaggione 2022) han puesto en evidencia que, para lograr tal fin, los activismos neoconservadores recurren a la apropiación de estrategias y narrativas históricamente utilizadas por el movimiento feminista, tales como la fundación de organizaciones sin fines de lucro o “no gubernamentales autodenominadas ‘pro vida’ o ‘pro familia’ (proceso de ongización de lo religioso) y la realización de congresos, seminarios, encuentros nacionales e internacionales para articular una agenda en común” (Vaggione 2018: 328).
Aunado a esto, implementan nuevas formas de militancia, como la búsqueda de aliados en la política, la fundación de partidos políticos de corte confesional, la promoción de proyectos de ley antigénero (Bárcenas 2022b) o la consolidación de narrativas orientadas a frenar o derogar “derechos laicos” (De la Torre 2019), cada vez más presentes en los cargos de elección popular.4 Malca (2018: 360) agrega que “el Poder Legislativo es uno de los espacios más usados contra el derecho al aborto en América Latina”.
Método
El objetivo del presente trabajo es analizar las narrativas antiderechos pronunciadas durante los debates parlamentarios en torno a la despenalización del aborto en los congresos de México y Argentina entre 2018 y 2022.
Para tal propósito, realicé un análisis comparativo de 168 discursos públicos de personas legisladoras que votaron en contra de proyectos de ley para despenalizar el aborto: 126 en Argentina y 42 en México (véase el Cuadro 1).5
Cuadro 1 Personas legisladoras (oradoras) que hicieron uso de la palabra en Argentina y México durante los debates sobre la despenalización del aborto (2018-2022)
| País | Recinto legislativo | Fecha | Resultado | Afirmativa | Negativa | Votación0 total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina (Congreso de la nación) | Cámara de Diputados | 13/06/2018 | Aprobado | 95 | 77 | 172 |
| Cámara de Senadores | 08/08/2018 | Rechazado | 31 | 30 | 61 | |
| Cámara de Senadores | 29/12/2020 | Aprobado | 35 | 19 | 54 | |
| Total de personas oradoras en Argentina | 161 | 126 | 287 | |||
| México (Congresos estatales) | Oaxaca | 26/09/2019 | Aprobado | 4 | 6 | 10 |
| Quintana Roo | 02/03/2021 | Rechazado | 5 | 4 | 9 | |
| Hidalgo | 30/06/2021 | Aprobado | 2 | 7 | 9 | |
| Veracruz | 20/07/2021 | Aprobado | 1 | 5 | 6 | |
| Baja California | 29/10/2021 | Aprobado | 9 | 7 | 16 | |
| Colima | 12/12/2021 | Aprobado | 5 | 1 | 6 | |
| Sinaloa | 08/03/2022 | Aprobado | 4 | 2 | 9 | |
| Guerrero | 05/05/2022 | Aprobado | 5 | 4 | 11 | |
| Baja California Sur | 02/06/2022 | Aprobado | 8 | 3 | 3 | |
| Durango | 28/09/2022 | Rechazado | 1 | 2 | 3 | |
| Quintana Roo | 26/10/2022 | Aprobado | 2 | 1 | 3 | |
| Total de personas oradoras en México | 46 | 42 | 88 | |||
| Total | 207 | 168 | 375 | |||
Fuente: elaboración propia con información de Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Oaxaca 2019; Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Quintana Roo 2021; Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo 2022.
Debido a que aún hay pocos estudios que exploren los discursos expresados en torno a la despenalización del aborto en espacios parlamentarios durante el periodo seleccionado, empleé una metodología de análisis cualitativo de corte exploratorio.6 El ejercicio comparativo entre naciones permitió identificar las diferencias y similitudes de las narrativas antiderechos pronunciadas en dos países latinoamericanos y, de esta forma, conocer los nodos que articulan los discursos en una dimensión regional, sin dejar de lado las especificidades contextuales de cada país.
A partir del análisis inductivo de las versiones estenográficas de los debates, identifiqué los conceptos clave de las narrativas antiderechos pronunciadas para razonar el voto negativo a proyectos de ley para despenalizar el aborto a nivel nacional o local. Para ello, recurrí al programa de análisis cualitativo atlas.ti 23 y a la teoría fundamentada (Strauss y Corbin 2016) como herramienta y estrategia de análisis respectivamente.
Primero identifiqué cada uno de los discursos manifestados por las personas legisladoras que votaron en contra de la despenalización del aborto para categorizarlas con su nombre, partido político, estado o provincia, recinto legislativo donde se desarrolló el debate y año. Después realicé una ronda de codificación in vivo para identificar las palabras recurrentes, distinguiendo aquellas para las cuales ya existían conceptos descritos en la bibliografía feminista. En una tercera fase, busqué establecer relaciones entre las categorías por medio de la codificación axial; la escritura de memorandos durante la etapa anterior fue de utilidad para agrupar los conceptos en categorías. Finalmente, realicé una última etapa de codificación selectiva para refinar y presentar las categorías más relevantes en cuestión argumentativa.
Las cuatro categorías resultantes son las que dan título a los apartados de este artículo y, al mismo tiempo, son los principales argumentos antiderechos expresados en los congresos de México y Argentina: 1) la tecnocratización del dogma del inicio de la vida desde el momento de la concepción; 2) el fracaso del estado, sus instituciones y políticas públicas; 3) alternativas neoconservadoras basadas en la defensa de la familia tradicional, y 4) narrativas ausentes: laicidad, ideología de género y feminismo.
Tecnocratización del dogma del inicio de la vida desde el momento de la concepción
Retomo el concepto tecnocratización propuesto por Malca (2018: 360) como una “maniobra de secularización” que las personas activistas y legisladoras antiderechos han implementado en años recientes porque comprenden las limitaciones de los discursos religiosos en los espacios de poder político de los estados nacionales, en los que las aspiraciones democráticas apuntan hacia la secularización, la laicidad y la separación estado-iglesias. Para fines de este análisis, entiendo la tecnocratización como un proceso de reelaboración argumentativa de presupuestos religiosos expresada con un lenguaje científico o jurídico.7
En este sentido, la narrativa de trasfondo religioso más recurrente en los debates legislativos antiderechos giró en torno a la defensa del inicio de la vida desde el momento de la concepción. Un total de 107 personas legisladoras fundamentaron su voto negativo con base en esta noción (25 en México y 82 en Argentina) a partir de tres razones principales: como un fundamento arraigado en la religión cristiana, particularmente católica; como un hecho demostrado con evidencia científica; y como un bien jurídico y un derecho humano protegido por constituciones locales, tratados y organizaciones internacionales.
Argumentos religiosos
La defensa del inicio de la vida humana desde el momento de la concepción8 es una de las narrativas antiderechos mejor consolidada contra la despenalización del aborto (Karstanje et al. 2019). Su origen se encuentra arraigado en las doctrinas católicas de la hominización inmediata y de la Inmaculada Concepción (Galeotti 2004, Morán 2013). Esta cuestión no debe soslayarse en países cuya aspiración democrática está fuertemente vinculada con los principios de laicidad y secularización, como lo son Argentina y México, pero que, al mismo tiempo, cuentan con sistemas jurídicos arraigados en el derecho romano y canónico (Levaggi 1978, Núñez 2018, Robles 2000), así como en la tradición judeocristiana (Monsiváis 2006, Rodríguez y Rodríguez 2005).
Solo tres legisladores argentinos se posicionaron ostentando un orgullo religioso. Enuncio los discursos de dos de ellos por su relevancia argumentativa. Los legisladores denunciaron la falta de respeto al pensamiento católico y demandaron su derecho a la libertad de expresión desde una postura religiosa. El emitido por el senador argentino Rodríguez Saá es un discurso que se entreteje con nociones nacionalistas y políticas:
He escuchado durante el debate una constante descalificación a las convicciones, una constante apología a la libertad religiosa y una permanente condena a la Iglesia católica, donde no nos respetan a los que pensamos como católicos. Yo vengo acá y voy [a] defender mis convicciones; mis convicciones de argentino, mis convicciones de cuyano, de puntano, mis convicciones de peronista y mis convicciones de católico apostólico romano (Frente Nacional y Popular, San Luis, Senado de la Nación Argentina 2018).
En la misma línea, el diputado Olmedo apeló a los valores de la iglesia cristiana evangélica como modelo para la sociedad argentina, entrelazando un discurso religioso con uno nacionalista, enunciado a título individual, pero en representación de dos partidos políticos:
Quiero una Argentina profunda, con valores, con respeto, con distintas ideologías, las respeto a todas. También respétenos a quienes acá juramos por Dios y los Santos Evangelios desempeñar nuestro trabajo. Si alguien juró por Dios y los Santos Evangelios y hoy vota en favor del aborto, le pido que por favor renuncie, por ética, porque no está cumpliendo con su juramento y con el pueblo argentino en su conjunto. Muchos partidos, como el mío y el Justicialista, siguen la doctrina de la Iglesia. Allí está claro: en ningún lado dice que se puede matar al niño por nacer (Salta Somos Todos, Salta, Senado de la Nación Argentina 2018).
Esos discursos dan cuenta de la presencia de la iglesia católica y la entrada gradual de las iglesias evangélicas en la política argentina. Sus narrativas, evocadas en la deliberación sobre los derechos reproductivos de las mujeres, vuelven a poner de manifiesto el debate en torno a la participación de las instituciones religiosas y las personas creyentes. Pero hay que recordar que este sector representa “solamente unas de las muchas voces que participan en igualdad de condiciones” en el espacio público de un estado laico, plural y democrático (Capdevielle 2015).9
No obstante, es fundamental destacar que el ejercicio de alguna religión no conlleva inherentemente la oposición al aborto voluntario como derecho y política pública. De hecho, diversas autoras feministas católicas y cristianas han señalado las desigualdades que experimentan como mujeres en las instituciones religiosas, así como el sesgo patriarcal que mantiene el control del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, por lo que reclaman que las iglesias transformen estas posturas (Arellano, de Reza, Morales y Colectiva Las del Pozo 2022, Grupo de Mujeres Cristianas en México 1984, Hurst 1998, Mejía 2009).
En este sentido, la diputada Rista se pronunció a favor de la descriminalización del aborto como única solución para garantizar la salud y la vida de las mujeres, cuestión que no entra en conflicto con sus creencias católicas:
Más allá del resultado al que lleguemos hoy, debemos entender que estar en contra del aborto no es algo incompatible con lo personal o lo religioso. Personalmente soy católica de formación y estoy en contra de este procedimiento, pero también creo que su despenalización es el camino que debemos seguir (Unión Cívica Radical, Córdoba, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
En contraste, en México ninguna persona legisladora sustentó su discurso de oposición a la despenalización del aborto con argumentos religiosos. Esto se debe a que los principios constitucionales de laicidad y separación entre el estado y las iglesias prohíben la expresión pública de discursos políticos de índole religiosa. Lo anterior no implica la ausencia de personas legisladoras o partidos políticos que legislen desde una perspectiva dogmática, sino que tienden a tecnocratizar sus argumentos al desplazar el fundamento religioso hacia uno científico y jurídico, como se puede ver en los siguientes subapartados.
Argumentos religiosos que emplean un lenguaje científico
Quienes postulan narrativas antiderechos suelen desdibujar el fundamento de sus juicios en las doctrinas católicas mencionadas y los presentan como verdades sustentadas en evidencias científicas y tecnológicas, y, por ende, incuestionables. Así se manifestaron 46 personas legisladoras argentinas y 13 mexicanas. Con la tecnocratización, el discurso, aparentemente, quedaría exento de moral o dogmas:
¿Cómo puede ser que el derecho a la vida, raíz y fundamento de todos los demás derechos, sea cuestionado y pisoteado con tanta facilidad? Mi defensa de la vida no se basa en una creencia religiosa; tampoco surge de la moral o de dogma alguno. Nace de mi capacidad de discernimiento y de observación, de ver cómo las tecnologías aplicadas permiten un continuo y dinámico conocimiento de la embriología (Diputado Mares, PAN, Congreso de Baja California Sur 2022).
En las intervenciones antiderechos de los debates parlamentarios analizados, la noción de la defensa de la vida desde el momento de la concepción se pone de manifiesto en la utilización de forma indistinta de los términos embrión, feto, bebé, niño, niña, persona, vida, ser humano (con personalidad jurídica), nonato, individuo o niño por nacer. Todos ellos para referirse al óvulo fecundado, lo cual crea una confusión conceptual, disciplinar e incluso epistemológica (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Oaxaca 2019; Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Quintana Roo 2021; Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo 2022).
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue una de las fuentes a la cual recurrieron las personas legisladoras para emplear un lenguaje científico y refutar los argumentos feministas que abogan por la despenalización del aborto. Sin embargo, hicieron uso de su nombre para respaldar estadísticas falsas o datos procedimentales manipulados que pretendieron hacer pasar como evidencia médica y epidemiológica de la concepción o de los riesgos a los cuales, en su opinión, se exponen las mujeres que recurren a un aborto (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Hidalgo, Baja California 2021). Un ejemplo de ello se encuentra en el discurso de una diputada hidalguense, quien no solo cita porcentajes de “complicaciones físicas y psíquicas” del aborto, sino que, con base en tal información, asegura que el derecho a la salud de las mujeres se vulnera. Pero no se detiene ahí. Expone distintos procedimientos -la mayoría completamente obsoletos, en desuso o empleados en procesos de aborto inseguro en contextos de clandestinidad- que no son recomendados por la OMS:
Los métodos más utilizados para la interrupción del embarazo son: 1. Por succión, legrado o aspiración; 2. Por dilatación y curetaje; 3. Por dilatación y evacuación; 4. Aborto mediante inyección salina; 5. Mediante administración de prostaglandinas; 6. Administración de mifeprex o mifepristone; 7. Aborto por nacimiento parcial. Los riesgos más comunes en todos estos tipos son: infecciones, trauma del cérvix, peritonitis, endometritis, laceración o perforación del útero, hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis y/o esterilidad. Sea cual sea la técnica utilizada, el aborto provocado es un procedimiento quirúrgico o químico que siempre se acompaña de un riesgo para la salud (Diputada Islas, pan, Congreso de Hidalgo 2021).
Es evidente la tergiversación de datos de la OMS que remiten a la práctica del aborto inseguro. En realidad, esta organización recomienda la despenalización del aborto voluntario para transformar las condiciones inseguras derivadas de la clandestinidad y, de esta manera, garantizar su práctica segura como un servicio de salud pública (World Health Organization 2022).
Con base en lo anterior, es posible afirmar que las narrativas antiderechos se asientan en una retórica del miedo (González, Castro, Burneo, Motta y Amat 2018) al presentar las complicaciones de la práctica de un aborto inseguro como si fueran consecuencias inevitables de tomar la decisión de interrumpir un embarazo.
La retórica del miedo, además, sustentó la construcción de narrativas que postulaban que, de ser aprobada la iniciativa, las mujeres acudirán en masa a realizarse un aborto por cualquier motivo en cualquier momento de la gestación, a pesar de que las iniciativas debatidas establecen límites moderados para interrumpir un embarazo de 12 semanas en México y 14 en Argentina:
Según la definición -y voy a otro hecho grave de la Organización Mundial de la Salud- la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y en este proyecto nos están diciendo que la mujer, solo por el riesgo que pudiera tener en su salud, después de la semana catorce recién podrá justificar que quiere privar de la vida a ese hijo que lleva dentro de su vientre (Senadora Giacoppo, Unión Cívica Radical, Jujuy, Senado de la Nación Argentina 2018).
Específicamente en Argentina, donde se discutió la iniciativa de despenalización del aborto a nivel nacional durante los tres debates analizados, algunas personas legisladoras llevaron ese argumento hasta el extremo, porque no solo esperan que las mujeres locales decidan recurrir a un aborto con ligereza, sino que el miedo se extiende a la idea de abrir el acceso a una interrupción del embarazo segura, legal y gratuita para mujeres extranjeras: “¿Qué vamos a hacer si comienzan los tours abortivos de los países vecinos donde esta práctica no está legalizada?” (Diputado Medina, pro, Buenos Aires, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
Otros oradores presentaron la defensa de la vida como una política realmente progresista que nada tiene que ver con ninguna religión. De hecho, la narrativa de la evidencia científica empieza a entrelazarse con un discurso jurídico, como lo expresó la diputada Duran: “desde el principio fijé mi postura, y no por un tema religioso, ¡ojo, eh! No es un tema religioso […] fue un tema de análisis jurídico, científico y social” (Congreso de Quintana Roo 2021), o el diputado argentino Enríquez:
He escuchado hacer referencia a algún tema confesional, pero no hace falta ser católico, judío, musulmán, budista, agnóstico o ateo para no reconocer que el primero y más esencial de los derechos humanos es el derecho a la vida, y que la vida y la dignidad humana deben ser un valor no negociable para los auténticos progresistas (PRO, CABA, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
Argumentos religiosos con lenguaje jurídico
Las narrativas antiderechos también se sustentan en la defensa de derechos inscritos en instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales con la finalidad de encubrir el discurso fundamentalista de la defensa de la vida como un derecho. Al respecto, se presentaron dos vertientes narrativas.
En la primera vertiente, se hace uso de documentos locales y nacionales. Los documentos legales citados con mayor frecuencia son las constituciones locales de los estados mexicanos (36 discursos) y de las provincias argentinas (70 discursos) que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Oaxaca 2019; Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Quintana Roo 2021; Guerrero, Baja California, Durango, Quintana Roo 2022).
Vale la pena aclarar que estos argumentos se construyen en torno a las constituciones y otras leyes locales, como códigos civiles o penales, porque ninguna de las constituciones nacionales de los países analizados protege la vida desde el momento de la concepción como un derecho absoluto. Sin embargo, 50 personas legisladoras argentinas y cuatro mexicanas sugirieron que así era (Congresos de Baja California y Colima 2021; Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020). En ocasiones, incluso disipan la noción jurídica ampliamente aceptada por todos los países de la protección gradual e incremental de la vida y los derechos humanos, por lo que no es adecuado equiparar la vida de un embrión, un feto o, como lo señala la diputada Burgos, un “niño por nacer”, con la vida de las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad:
así lo expresa nuestra Constitución Nacional; el artículo 75, inciso 23, sostiene que el Congreso tiene que sancionar normas y promover medidas referidas a la protección de los niños por nacer, de las mujeres embarazadas y de las personas con discapacidad. Este proyecto de ley no cumple con esos objetivos. Entonces, también sería necesario que cambiásemos la idea de país que tenemos. ¿Qué protegemos? ¿Qué está por encima de todo? Si no es la vida, deberíamos revertir la estructura de nuestra Constitución Nacional (Diputada Burgos, Unión Cívica Radical, Jujuy, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
En la segunda vertiente, los argumentos antiderechos se sustentan en la defensa del derecho a la vida desde la concepción como un absoluto en los tratados, convenciones y declaraciones internacionales ratificados por México y Argentina y, por lo tanto, reconocidos en sus constituciones federal y nacional, respectivamente. En este sentido, los cuatro instrumentos jurídicos más citados fueron
la Convención sobre los Derechos del Niño, presente en 30 discursos: uno en Hidalgo, México (2021) y 29 en Argentina (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020)
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, mencionado por nueve personas oradoras argentinas y seis mexicanas) (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima 2021; Baja California Sur 2022)
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, retomado por cinco personas legisladoras argentinas y cuatro mexicanas (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Hidalgo, Baja California, Colima 2021; Baja California Sur 2022)
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mencionada por seis personas parlamentarias mexicanas y cuatro argentinas (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima 2021)
Lo que no expresaron las personas legisladoras con voto negativo es que tanto México como Argentina han ratificado instrumentos jurídicos internacionales que destacan el deber de los estados de garantizar el derecho a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres [CEDAW], Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres [Belém do Pará]). En particular, ambos estados ratificaron el derecho a la salud reproductiva, incluyendo el acceso al aborto seguro, el cual no había sido garantizado hasta antes de la descriminalización de esta práctica (Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo [El Cairo,1994] y Conferencia Internacional de la Mujer [Beijing, 1995]).
Incluso los Comités de Derechos Humanos (CDH), de los Derechos del Niño (CDN) y contra la Tortura (CCT) han realizado observaciones para reiterar la obligación de los estados para proteger la vida, salud y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres garantizando el acceso a servicios de aborto seguros y legales, así como moderar las restricciones legislativas que conducen a muertes innecesarias y prevenibles (Centro de Derechos Reproductivos 2010).
La tecnocratización de las narrativas antiderechos analizadas en este apartado evidencia el uso del lenguaje científico y jurídico amoldado a conveniencia para sustentar argumentos religiosos contra la despenalización del aborto. En estas narrativas, las personas legisladoras neoconservadoras instan al estado a proteger la vida desde el momento de la concepción como un derecho secular y absoluto. Sin embargo, en otra dimensión argumentativa, también objetan del estado en diversas políticas sociales, por lo tanto, consideran que despenalizar el aborto es una consecuencia del fracaso de su intervención en cuestiones sociales.
El fracaso del estado, sus instituciones y sus políticas públicas
Otro de los argumentos con que algunas personas legisladoras sustentaron una posición antiderechos fue la acusación a sus respectivos estados por haberle “fallado” a las mujeres, principalmente a aquellas en situación de pobreza, o por haber fracasado en cuestión de salud y políticas públicas. Este argumento tuvo mayor presencia en Argentina: 50 discursos en esta nación lo emplearon (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018, Senado de la Nación Argentina 2018), en contraste con solo cinco en México (Congresos de Hidalgo, Veracruz, Baja California, Quintana Roo 2021; Guerrero 2022).
Para fundamentar estos argumentos, las personas legisladoras retoman el argumento feminista de la mortalidad materna asociada con la práctica de abortos inseguros, sustentado en datos estadísticos, que demuestra que las mujeres en situación de pobreza son las más vulnerables en contextos criminalizantes (Lamas 2008). Sin embargo, el encuadre principal de las narrativas antiderechos es el antagonismo de la vida contra la muerte del producto de la concepción, lo cual resta importancia a las mujeres que mueren a causa de abortos inseguros en contextos de clandestinidad:
Estamos totalmente de acuerdo en que hay que reducir [la mortalidad materna]. Pero es la causal de muerte número 74. Sobre 9,000 muertes, hubo 34. ¿Y las otras? ¿Qué hacemos con el cáncer, con la diabetes, con la hipertensión, con los problemas renales, con todos los otros problemas? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos para tratar algo que no está en la línea de los temas que realmente hacen la causal de muerte en las mujeres? Porque hay 73 causales antes (Senador Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa, Senado de la Nación Argentina 2020).
Incluso hubo quienes sugieren de manera implícita que la vida del embrión o feto tiene más valor que la de la mujer embarazada y que las estadísticas de las instituciones gubernamentales u organizaciones internacionales son falsas: “Son números inflados y mentirosos, en complicidad con algunos funcionarios que están en el Ministerio. Lo único seguro es que si, por ejemplo, hay quinientos abortos, hay quinientos niños que mueren” (Diputado Orellana, Justicialista, Tucumán, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
También hicieron uso de narrativas apoyadas en estadísticas epidemiológicas de mortalidad por otras enfermedades -en ocasiones, sin citar fuentes- en las cuales se basan para argumentar que las mujeres enfrentan problemas de salud más graves, con mayor índice de mortalidad y, por ende, más urgentes de legislar y presupuestar. En contraste, la legalización del aborto implicaría altos costos que colapsarían los sistemas de salud pública, en particular después de la pandemia por COVID-19 (Diputado Echevarría, PAN, Congreso de Baja California 2021).
La violencia contra las mujeres, el feminicidio y la pobreza fueron tres grandes temas retomados por las personas legisladoras para demostrar el fracaso del estado. En México, además, se mencionaron cifras de homicidios, extorsiones, secuestros y otros datos relacionados con la violencia y la inseguridad, cuestiones que, en opinión de las personas legisladoras antiderechos, afectan mucho más la vida de las mujeres que la criminalización del aborto y, por tanto, su despenalización no es prioritaria:
Para eso es para lo que exigimos un presupuesto: para que paren los homicidios, para que paren los feminicidios en el estado de Veracruz y no estar aplicando una política de muerte porque en este momento lo que el estado necesita resolver son las prioridades de la violencia hacia la mujer. Primeramente, salvaguardar nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a poder caminar tranquilas, y ni siquiera eso puede salvaguardar el estado (Diputada Ortega, pan, Congreso de Veracruz 2021).
Por otro lado, en Argentina la narrativa más frecuente en torno a problemas sociales fue la representación determinista10 de las personas en situación de pobreza como seres virtuosos que ostentan valores morales familiares: “Vengo de una provincia pobre y de una familia muy pobre. ¿Saben qué? ¡Las pobres no abortan! ¡Las pobres salen a laburar para mantener a sus hijos y darles las oportunidades que el estado no les ha dado!” (Diputada Morales, Federal Unidos por una Nueva Argentina, Santiago del Estero, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
Dentro del sistema familiar tradicional que las personas legisladoras antiderechos defienden, la mujer tiene un rol esencializado (“sagrado y bendito”); por lo tanto, están en contra del aborto y, según sugieren estas narrativas, no obtendrían ningún beneficio de su descriminalización:
En mi caso, entiendo a la mujer como ese ser humano sagrado y bendito que tiene la posibilidad de engendrar. También escuchaba decir que son las mujeres humildes o las pobres las que más dificultades tienen a la hora de dar a luz. Tampoco coincido con esto. Para mí la mujer pobre, que es riquísima en valores humanos, hace de su embarazo un culto a los valores de la humanidad. Son un conjunto de amor hacia el otro (Diputada Caselles, Partido Bloquista de San Juan, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
La perspectiva determinista fomenta la construcción de expectativas irreales sobre las criaturas para erradicar la pobreza y desigualdad de sus familias: “La gente humilde tiene valores y no aborta, no le hace falta la clandestinidad porque le da valor a su hijo, porque su hijo es una esperanza de vida para salir de la pobreza” (Diputado Olmedo, Salta Somos Todos, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
En los discursos expuestos en este apartado es tangible el estrecho vínculo que existe entre neoconservadurismo y neoliberalismo. Dentro de este marco, se argumenta en oposición a las políticas del estado de bienestar para generar sujetos y subjetividades neoliberales, por encima de los intereses colectivos. La racionalidad neoliberal, como postulan la socióloga Melinda Cooper y la politóloga Wendy Brown, no podría sostenerse sino por la defensa de la familia patriarcal cis-heteronormada. En palabras de Morán y Vaggione (2022: 89-90),
el neoliberalismo tiende a producir un tejido social atomizado, donde las principales unidades de agencia son los individuos y, en última instancia, las familias. Esto debido a que deben tornarse responsables de su propio bienestar y del de sus familiares ante el abandono del Estado. La responsabilidad familiar privada, en este sentido, reemplaza a la responsabilidad estatal como principio de la política social. La idea de la familia opera como un punto de encuentro entre la racionalidad neoliberal y una lógica neoconservadora centrada en la defensa de un modelo familiar específico, basado en el matrimonio, la monogamia, la reproducción y la heterosexualidad, pero también en un imaginario blanco y de clase media.
Alternativas neoconservadoras basadas en la defensa de la familia tradicional
Con el modelo de familia tradicional como categoría central, algunas de las personas legisladoras que votaron en contra de la despenalización del aborto plantearon propuestas que, desde su perspectiva, se constituyen como alternativas para conciliar los derechos a decidir sobre el propio cuerpo, a la salud, a la libertad y a la autonomía de las mujeres, con el derecho a la vida desde el momento de la concepción (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018). Al respecto, elaboraron con mayor frecuencia tres planteamientos.
El primero se refiere al desarrollo de políticas públicas y asignación de presupuestos en materia de educación y salud para “mejorar las condiciones de vida de las mujeres” (Congresos de Baja California Sur y de Guerrero 2022; Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020). Las personas legisladoras subrayaron la necesidad de desarrollar políticas públicas, programas sociales y apoyos económicos centrados en las mujeres, pero acotados a aquellas que son madres, y en particular a las madres solteras o que enfrentan un embarazo solas. En este sentido, hubo siete discursos pronunciados en México (Congresos de Hidalgo, Veracruz y Baja California 2021; Baja California Sur y Durango 2022) y 38 en Argentina (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020). Esta propuesta fue casi tan frecuente como la priorización de las políticas públicas con un enfoque en la familia nuclear, argumentada por 17 personas legisladoras mexicanas y 54 argentinas (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020; Congresos de Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Quintana Roo 2021; Sinaloa, Baja California Sur y Durango 2022).
Una docena de personas parlamentarias en ambos países enfatizó el rol decisivo de los hombres en la fecundación y arguyó que las iniciativas de ley que despenalizan el aborto no solo ignoran este rol, sino que privan a los hombres de sus derechos como padres sobre los niños por nacer y de su derecho a ejercer una paternidad responsable, aunque esto implique obligar a las mujeres a la gestación y a la maternidad forzadas: “Aquellos padres que quieren tener una parte de paternidad responsable, ¿dónde queda su derecho? ¿También lo violentamos? Porque en esta reforma se hizo a un lado. En esta reforma solo se está viendo una parte” (Diputada Durán, Sin partido, Congreso de Quintana Roo 2021).
Por otro lado, se destaca la injusta sobrecarga de responsabilidades y obligaciones que recae casi de manera exclusiva en las mujeres embarazadas y que con frecuencia exime a los hombres: “Si la decisión es solo de las mujeres, los varones quedan liberados no solo de derechos, sino también de obligaciones. En consecuencia, alentar las políticas abortistas no es más que seguir cargando de responsabilidad únicamente a la mujer” (Diputada Sapag, Movimiento Popular Neuquino, Neuquén, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018). Sin embargo, uno de los trasfondos de este argumento es la desconfianza que las mujeres inspiran para tomar sus propias decisiones sin un hombre o un marco jurídico que las tutele: “Me preocupa que el poder sobre la vida de nuestros hijos recaerá sobre una persona que respeto profundamente: la mujer. Esta norma ha dejado completamente de lado al hombre y muchos padres quieren criar a sus hijos y no están contemplados en este proyecto” (Diputado Dindart, Unión Cívica Radical, Corrientes, Cámara de Diputados 2018).
Con base en estos argumentos, es posible vislumbrar que las propuestas centradas o bien en el beneficio exclusivo de las familias tradicionales, o bien en defender los derechos y las responsabilidades que los hombres tienen sobre un embarazo que ocurre en otro cuerpo, refuerzan la dimensión patriarcal que mantiene a las mujeres en un lugar de subordinación al privilegiar los derechos y las decisiones de los hombres sobre los de las mujeres.
Una segunda propuesta neoconservadora pronunciada durante los debates fue “la apuesta” por las políticas de prevención dirigidas a fomentar la planificación familiar, el uso de métodos anticonceptivos y la educación sexual. Esta propuesta fue presentada como un hecho novedoso al menos por cinco personas legisladoras mexicanas y 54 argentinas. No obstante, parece un tanto contradictoria dado que, tanto en México como en Argentina, la educación integral en sexualidad es una iniciativa promovida por grupos feministas y de la diversidad sexual, y dado que han sido los mismos grupos neoconservadores con perspectiva provida y profamilia quienes históricamente han bloqueado la difusión de los métodos anticonceptivos en el sector salud así como la inclusión de la educación sexual laica y científica en el currículo de la educación pública (Díaz Camarena 2017, Loza y López 2020, Rangel Bernal 2019).
Una tercera propuesta proporcionada por las personas legisladoras en contra de la descriminalización del aborto fue la desburocratización de la adopción, misma que garantizaría la adopción desde el vientre o desde la concepción. Solo cuatro personas legisladoras mexicanas se pronunciaron a favor de agilizar los trámites de la adopción en este país (Congresos de Baja California Sur, Durango y Quintana Roo 2022), pero no emplearon los términos desburocratización ni adopción desde el vientre o desde la concepción; mientras que 27 en Argentina opinan que debe legislarse al respecto y sí emplearon estas palabras en sus discursos (Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018; Senado de la Nación Argentina 2018, 2020).
Lo discutible de tal sugerencia es que se continúa legitimando la visión patriarcal de la maternidad como destino biológico de las mujeres y la desigualdad entre los géneros, al tiempo que se invisibiliza por completo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y personas gestantes. Quienes impulsan esta tercera propuesta, ignoran la lucha y la crítica feministas contra la “maternidad forzada” (Lamas 2022). Incluso ansían obligar a las personas gestantes a continuar con un embarazo no deseado y parir en contra de su voluntad para entregar a la criatura en adopción a una de muchas familias que han buscado tener descendencia biológica o por medio de la adopción, pero, por alguna razón, no han podido lograrlo:
también tenemos que evolucionar en los sistemas judiciales de adopción, sin perder los necesarios controles. Desburocraticemos el sistema de adopción. Años y años para que una familia que no puede, biológicamente, tener un bebé, pueda adoptar. Inclusive, podemos modificar nuestro Código Civil y crear la figura de la adopción de las personas por nacer (Senador Poggi, Avanzar San Luis, Senado de la Nación Argentina 2020).
Estas sugerencias podrían dar cuenta de las propuestas legislativas que se presentarán en el futuro cercano por organizaciones religiosas privadas o no gubernamentales, fenómeno que empieza a visibilizarse en otros países de la región, como Panamá (Nevache 2022).
La adopción desde el vientre como alternativa para negar el derecho al aborto seguro seguiría legitimando el principio fundamentalista provida y también el profamilia. Si algo ha quedado claro de la militancia y los activismos antiderechos es el rechazo a los matrimonios del mismo sexo y a la adopción homoparental, en contraste con la defensa de la familia nuclear heteropatriarcal.
Es verdad que en la mayoría de los países latinoamericanos el proceso de adopción es difícil y es prácticamente inaccesible para las familias mono y homoparentales, así que debería estar mejor regulado. Las sociedades democráticas deberían hacer un esfuerzo para que todas las personas que lo deseen pudieran adoptar sin demasiadas complicaciones burocráticas y sin que los tabúes y estigmas sociales las obstaculizaran; todo eso es cierto y debería defenderse. No obstante, es indispensable cuestionar si la propuesta expresada en los debates de la nación argentina respecto a desburocratizar la adopción o establecer la adopción desde el vientre garantizaría, por un lado, la accesibilidad a todas las personas para adoptar, y por el otro, el interés superior de la niñez, en lugar de emplearse como una medida para mantener el aborto en un estatus criminalizante.
Narrativas ausentes: laicidad, ideología de género y feminismo
La expresión de narrativas basadas en el principio de laicidad, en contra de la ideología de género o el feminismo, fueron escasas o incluso nulas. Solo cuatro de 168 personas legisladoras antiderechos (una mexicana y tres argentinas), dijeron haber razonado su voto desde una postura laica.11 De hecho, un diputado mexicano se posicionó como defensor del estado laico y en contra de ideologías sesgadas:
Si realmente nos interesan las libertades y los derechos de las mujeres, entonces, no podemos ocultar que hay un sesgo ideológico en un estado laico. Defendemos el estado laico, nuestra defensa para que ninguna ideología esté sesgada y se haga derecho, estamos descomponiendo el derecho para imponer una ideología y pertenecemos a un estado laico, o ¿qué es el estado laico? ¿Si ustedes sí pueden imponer una ideología, ustedes otra, yo otra? Por supuesto que no. Es la ciencia, es la naturaleza, el límite de la especie humana y la evolución de la misma (Diputado Guízar, pan, Congreso de Veracruz 2021).
Probablemente este diputado hacía alusión a la ideología de género, dispositivo retórico puesto en circulación en 1994 como estrategia argumentativa en contra de las iniciativas feministas que impulsaron el reconocimiento de la categoría género y de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing, 1995) (Bárcenas 2022a, Lamas 2022, Morán y Vaggione 2022). Importa destacar que en ninguna de las narrativas antiderechos consideradas se empleó el término ideología de género ni se hizo alusión al movimiento LGBTIQ+.
Por otro lado, únicamente tres legisladores argentinos y un mexicano nombraron al movimiento feminista durante sus intervenciones, y lo hicieron para reconocer los aportes del feminismo a la democracia: “trabajar sobre estos temas, que han formado parte desde hace mucho tiempo de grupos feministas, nos enriquece, nos hace bien como sociedad democrática, como una sociedad que respeta el pluralismo” (Senadora López, Frente Nacional y Popular, San Juan, Senado de la Nación Argentina 2018); para fomentar el diálogo: “Reconozco que no tenían la necesidad de llegar hasta donde llegaron, y hasta donde se vieron obligadas, las mujeres del colectivo feminista debían de ser escuchadas y tienen el derecho de recibir una respuesta a sus demandas, el diálogo siempre debe prevalecer y sostengo que hay que escuchar para legislar” (Diputado Hernández, PRI, Congreso de Quintana Roo 2021); o bien, como militante “feminista”, argumento ostentado por la diputada argentina Pitiot, quien mencionó la necesidad de conciliación de posturas en coalición dentro de este movimiento, con lo cual invisibilizó la histórica demanda feminista por la despenalización del aborto :
Para nosotras -lo reivindico y lo afirmo- el feminismo es una lucha colectiva y creciente. Sin embargo, muchachas feministas, tenemos un gran desafío: conciliar posiciones y reclamos de muy diversa índole dentro del feminismo. Creer que la voz de las mujeres es única es tan extremo como cuando a las mujeres no nos dejaban hablar y nos acallaban. ¡A mí no me van a acallar! ¡A mí no me van a decir que soy antiderechos de las mujeres! ¡A mí no me van a correr con eso! (aplausos). Por supuesto que la situación del aborto nos enfrenta a la colisión de derechos y nos pone en un dilema, pero no podemos permitir que los derechos de algunas mujeres estén por encima de los derechos de mujeres y hombres por nacer (Federal Unidos por una Nueva Argentina, CABA, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
Es destacable que algunas personas legisladoras con voto negativo quieran tratar de conciliar las distintas posturas en el debate público de un fenómeno tan relevante como el aborto con miras a fomentar la democracia en los países de estudio. Sin embargo, apenas constituyen 2.3% de las narrativas antiderechos estudiadas. La mayoría de ellas se sustentaron en la defensa de la vida y la familia. Si acaso se nombró a un adversario, con frecuencia se le perfiló como una suerte de verdugo impulsor de políticas de muerte, otra desafortunada -y tal vez emotiva- estrategia discursiva también iniciada por el Vaticano que calificó la propuesta de “maternidad sin riesgos” de la Organización de las Naciones Unidas como un “proyecto de muerte” (Lamas 2022: 74), y puede observarse en el siguiente discurso: “Me duele mucho escuchar una campaña con un eslogan que quiere legitimar la muerte […] creo que las leyes de mi República establecen la vida desde la concepción y legalizar el aborto es legalizar la muerte” (Diputado Medina, pro, Buenos Aires, Cámara de Diputados de la Nación Argentina 2018).
El viraje discursivo en torno al movimiento feminista permite entender la apropiación que los grupos neoconservadores hacen de sus estrategias y argumentos para señalar un aparente conflicto respecto a la postura frente al aborto en el interior del feminismo. Mientras que la omisión de la ideología de género y la invisibilización de los grupos de la diversidad sexual resultan relevantes porque históricamente han formado parte de las narrativas neoconservadoras para configurar a los movimientos feminista y LGBTIQ+ como adversarios políticos y para construir “una estrategia política, un dispositivo discursivo y retórico, y el núcleo desde donde resiste la ampliación y garantía de derechos y se formulan programas políticos antidemocráticos integrales” (Torres 2020: 20).
Conclusiones
A medida que los movimientos feministas y LGBTIQ+ han conquistado derechos para mujeres y grupos de la diversidad sexual, las movilizaciones neoconservadoras han buscado consolidar argumentos antiderechos cada vez más alejados de los dogmas religiosos y más orientados a una interpretación acotada de los derechos humanos que guardan una relación más cercana con los principios que se ajustan a su cosmovisión religiosa, como son el derecho a la vida, a la no discriminación y los derechos de las infancias. Sin embargo, dejan de lado otros derechos, como el derecho a decidir, a la privacidad o a la salud de las mujeres y personas con capacidad para gestar. Esta perspectiva podría parecer paradójica, pero en realidad consiste en la apropiación del lenguaje de los derechos humanos planteada por los movimientos feminista y de la diversidad sexual, quienes fundamentaron su discurso con base en una interpretación ampliada de estos derechos.
Lo que está en disputa, por tanto, es cómo se interpretan y jerarquizan los derechos humanos, pues de ello se desprenden efectos jurídicos de importancia. En el caso del aborto voluntario, la consolidación de las estrategias y narrativas antiderechos, por parte de los grupos neoconservadores, buscan efectos concretos, por ejemplo, frenar la despenalización del aborto voluntario, revertir los avances logrados e incluso “profundizar en su criminalización” (Vaggione 2018: 328).
He tratado de mostrar las narrativas antiderechos que se expresan en espacios públicos de discusión legislativa, como los congresos locales en México y las cámaras de diputados y senadores de la nación argentina.
Los grupos neoconservadores modifican y refinan cada vez más las narrativas religiosas basadas en la defensa de la vida desde el momento de la concepción y la familia tradicional con una tendencia hacia la tecnocratización, lo cual tiende a encubrir, bajo alegatos pretendidamente seculares, un discurso católico y evangélico.
Estos grupos fundan sus narrativas de manera estratégica en una retórica del miedo, al tiempo que hacen uso de recursos supuestamente científicos, tecnológicos, seculares, jurídicos, de derechos humanos, emotivos, estadísticos e incluso epidemiológicos. Esto no significa que el discurso religioso haya desaparecido. En Argentina tiene cierta presencia, mientras que, en México, por los principios constitucionales de la separación estado-iglesias y de laicidad, tal tipo de argumentos no aparece en los debates parlamentarios.
Por otro lado, en las narrativas antiderechos, las personas legisladoras de ambos países denuncian desde una perspectiva determinista el fracaso del estado, sus instituciones y políticas públicas para atender problemas sociales tales como la violencia contra las mujeres, la inseguridad y la pobreza, al tiempo que proponen alternativas basadas en la defensa de la familia tradicional como la adopción desde el vientre o la desburocratización de la adopción. Por último, destaca el viraje argumentativo al suprimir de sus narrativas el principio de laicidad, la existencia del movimiento LGBTIQ+ y el dispositivo retórico ideología de género, mientras que se apropian de argumentos y estrategias feministas.
El análisis comparativo entre los casos de estudio, aunque con sus especificidades, permite vislumbrar la consolidación de una estrategia argumentativa y retórica de un movimiento organizado y transnacional cuyo objetivo es mantener una política sexual opresiva, lo cual plantea nuevos retos para garantizar los derechos de las mujeres y disidencias sexuales en las democracias latinoamericanas.
