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INTRODUCCIÓN1
Los parlamentos no son espacios políticos neutrales, sino saturados de expectativas, prácticas y normas de género que históricamente han conferido poder a los hombres (Palmieri 2019: 175), creadores y únicos ocupantes de los parlamentos durante largo tiempo (Lovenduski 2014: 17). A menudo son considerados ámbitos moldeados en clave masculina por una cultura que data de los tiempos en que la política estaba reservada a los hombres; a dicha cultura se enfrentan las mujeres al entrar al parlamento (Erikson y Josefsson 2021: 83). Aunque en teoría las mujeres hoy pueden ocupar (y ocupan) cargos en ámbitos políticos de los cuales han sido históricamente excluidas, en la práctica todavía pueden ser consideradas y tratadas como “invasoras de espacio” precisamente porque esos espacios han sido construidos mediante su exclusión (Puwar 2004a: 8).
La condición de “recién llegadas” (Bareiro y Echauri 1998) las coloca ante “el desafío de adaptarse a códigos y reglas de funcionamiento de la vida parlamentaria que fueron configurados en su ausencia” (Marx y Borner 2011: 11).2 Asimismo, dado que los cambios en estas configuraciones son lentos, en la práctica las mujeres pueden permanecer en desventaja dentro de los órganos legislativos incluso cuando han alcanzado números altos (Erikson y Josefsson 2021: 83), tales como una proporción superior a 40% (Erikson y Josefsson 2018) o 50% (Freidenberg y Gilas 2020). De ahí la importancia de prestar mayor atención a la posibilidad efectiva que tienen las parlamentarias de actuar como representantes electas en igualdad de condiciones con sus pares varones (Erikson y Josefsson 2022: 23).
El presente artículo presenta y analiza tres mecanismos que pueden operar en detrimento de las legisladoras en el ámbito parlamentario y muestra cómo estos mecanismos arrastran los sedimentos discrimina-torios de la histórica división público/privado. La dicotomía público/privado, que tradicionalmente ha servido de fundamento social para excluir a las mujeres del ámbito público, persiste hasta nuestros días, no obstante los “quiebres” que han resultado de la lucha de los movimientos feministas y de la creciente inclusión de las mujeres en los asuntos públicos (Albaine 2020: 22).
Los mecanismos de desventaja presentados en este artículo han sido identificados principalmente mediante un análisis de testimonios compartidos en veintidós entrevistas con parlamentarias y exparlamentarias paraguayas durante 2021. El artículo argumenta que estos mecanismos operan para desfavorecer a las mujeres dentro del espacio parlamentario al negarles atributos o roles tradicionalmente identificados con lo público y (re-)asignarles rasgos o roles tradicionalmente asociados con la esfera privada. Estos mecanismos retornan simbólicamente a las mujeres al espacio doméstico, es decir, las re-privatizan (Beard 2017: 30).3
Tras una breve introducción a la metodología adoptada, el artículo presenta el contexto dentro del cual operan los mecanismos de desventaja identificados: una sociedad caracterizada por una marcada sub-representación de las mujeres en la esfera política y una sobrecarga de trabajo no remunerado en la esfera doméstica. El artículo describe el funcionamiento de estos mecanismos, así como las formas en que reproducen la dicotomía público/privado en el espacio parlamentario para marginar y desfavorecer a las mujeres.
METODOLOGÍA
Los argumentos presentados en este artículo se basan en un análisis de datos cualitativos recogidos principalmente en veintidós entrevistas realizadas con mujeres que han ocupado los cargos de diputadas y senadoras desde el inicio de la transición democrática (1989) hasta el periodo parlamentario actual (2018-2023) en Paraguay.
El grupo de entrevistadas fue seleccionado a modo de obtener una diversidad en términos de periodos parlamentarios, afiliación política y espectro ideológico, años de experiencia parlamentaria e integración de las cámaras del Congreso. Se hizo especial hincapié en contar con una participación significativa de las parlamentarias del periodo actual 2018-2023 (54.5% del total de las entrevistadas). El grupo de entrevistadas, por tanto, incluye: 1) parlamentarias del periodo actual y parlamentarias de periodos parlamentarios anteriores, incluyendo 1998-2003, 2003-2008, 2008-2013 y 2013-2018; 2) parlamentarias y exparlamentarias de una amplia gama de partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria, incluyendo grupos mayoritarios y minoritarios; 3) parlamentarias y exparlamentarias con distintos lapsos de experiencia legislativa (algunas con un periodo legislativo y otras con más de uno); y 4) parlamentarias y exparlamentarias que han integrado la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Las entrevistas fueron en profundidad y semiestructuradas con una duración promedio de una hora cada una. Tuvieron lugar vía Zoom o en forma presencial a lo largo de 2021. El cuestionario usado de guía en las entrevistas se centró en cuatro aspectos o áreas: liderazgo de las legisladoras, trato a las legisladoras, voz de las legisladoras y violencia contra las legisladoras dentro del Congreso.
Los temas e interrogantes fueron elegidos tomando como punto de partida aquellos abordados recurrentemente en la bibliografía académica, principalmente en la que interroga las condiciones en que las parlamentarias ejercen sus funciones legislativas a fin de determinar si desfavorecen a las mujeres (Palmieri 2019; Erikson y Josefsson 2022).
El análisis de los testimonios recogidos en las entrevistas ha sido complementado con un análisis de relatos y experiencias compartidos públicamente por legisladoras y exlegisladoras sobre aspectos relevantes para la investigación. Estos testimonios complementarios han sido obtenidos de fuentes secundarias recientes, como entrevistas publicadas en medios de comunicación. El análisis ha sido además complementado con las intervenciones de las senadoras del periodo parlamentario 2018-2023 en aquellas sesiones del Senado en 2021 en que se trató el Proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género.4
Los datos recogidos fueron codificados manualmente en dos rondas (dentro de cada transcripción/nota periodística y entre las distintas transcripciones/notas periodísticas) para luego ser categorizados adoptando un análisis temático (Bryman 2016). Así, tomando como base la segunda ronda de codificación de los datos, se establecieron relaciones entre los códigos, se agruparon estos códigos en temas o categorías relevantes para la investigación, y se identificaron vínculos entre estos temas o categorías y la bibliografía que ha servido de marco teórico al estudio.
ORDEN POLÍTICO SEXUADO: SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA Y SOBRECARGA DOMÉSTICA DE LAS MUJERES EN PARAGUAY
Tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, Paraguay inició un proceso de transición democrática caracterizado por una serie de reformas normativas para proteger los derechos humanos y avanzar hacia la igualdad de género de iure y de facto en varias esferas, entre ellas la política. Así, la Constitución aprobada en 1992 exige que la igualdad entre mujeres y hombres sea “real y efectiva”, y sienta las bases para adoptar medidas de acción positiva para lograr esta igualdad.5
El Código Electoral paraguayo, promulgado en 1996, contiene ejemplos de medidas de acción positiva adoptadas para superar la desigualdad en la que se encuentran las mujeres para acceder a cargos electivos. Este Código exige a los partidos políticos integrar las listas en sus elecciones internas con un mínimo de 20% de mujeres, establece un mandato de posición de una mujer por cada cinco lugares en las listas, y sanciona su incumplimiento con la no inscripción de sus listas en los tribunales electorales.6
La cuota electoral paraguaya es, sin embargo, “una de las más bajas de la región” y ha tenido poca efectividad para “favorecer el acceso de las mujeres a los cargos públicos electivos” (OEA 2021: 6). Además de baja, se aplica solamente en las elecciones internas de los partidos, va acompañada de un “mandato de posición laxo”, y su incumplimiento no cuenta con sanciones fuertes (Toppi 2018: 250).7
Es cierto que varios partidos políticos han establecido cuotas más altas e incluso la paridad.8 Sin embargo, los resultados electorales hasta el momento de redacción de este artículo indican que “los partidos no están cumpliendo esta normativa interna y aun cuando lo hacen, las mujeres terminan ocupando lugares en las listas donde difícilmente sean electas” (Sumamos Mujeres 2020: 29).9 En 2018, el Congreso paraguayo debatió el Proyecto de Ley de Paridad Democrática, pero finalmente no prosperó.10
Si bien la presencia numérica de mujeres en cargos electivos ha aumentado lentamente a lo largo de las tres últimas décadas, la persistencia de obstáculos económicos, sociales y culturales ha contribuido a mantener un bajo acceso de las mujeres a estos cargos (Zub Centeno 2015; Soto 2019). Los resultados de las últimas elecciones nacionales (2018), por ejemplo, revelan que los hombres lograron 82% de los cargos titulares en disputa, mientras que las mujeres obtuvieron solo 18% (Justicia Electoral Paraguaya 2018: 6). Más específicamente, en el Congreso, las mujeres alcanzaron 16.8% del total de las bancas parlamentarias titulares (Justicia Electoral Paraguaya 2018: 10), apenas la mitad del promedio de participación femenina (34.9%) en los parlamentos en América (IPU 2023: 2). Estos números han llevado recientemente a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos a calificar de “alarmante” la sub-representación política de las mujeres paraguayas (OEA 2021: 7).
La sobrecarga o sobreexigencia de las mujeres en el ámbito doméstico ha contribuido igualmente a esta sub-representación.11 En Paraguay, las mujeres dedican un mayor número de horas que los hombres al trabajo no remunerado doméstico y de cuidados a miembros del hogar (DGEEC 2017: 11, Serafini 2020: 6). De hecho, varias de las parlamentarias y exparlamentarias entrevistadas para el presente trabajo relataron que este obstáculo las limita y las pone en desventaja en el ejercicio de su labor parlamentaria y política, especialmente a aquellas que son madres, están en pareja y tienen otras responsabilidades familiares.
Hay cuestiones propias de la política, la cual está construida socialmente para los varones, hasta los horarios de reunión; por ejemplo, si dicen: “hoy a las diez de la noche vamos a reunirnos y tomar”, si vos sos mujer, sos casada y tenés hijos, tenés familia, tenés que tener mucha comprensión en tu familia, reuniones que a veces son todas de varones y vos sos la única mujer en el grupo (entrevista #4).
Otra entrevistada compartió precisamente los desafíos de ser la única mujer en reuniones hasta altas horas de la noche por no tener en ese entonces responsabilidades familiares: “la mujer no puede hasta esa hora porque es mamá, porque es esposa, porque es hija, su papá está enfermo, se va, es abuela, y yo podía porque no era nada de esto” (entrevista #22).
La división sexual del trabajo ha sido identificada como “el núcleo duro de la discriminación de las mujeres en la política” en Paraguay (CDE 2018: 9). Una encuesta nacional sobre la participación política de las mujeres mostró que “la mayoría de la población paraguaya asigna a las mujeres un papel preferencial en la familia antes que en la política y no parece dispuesta a cuestionar esta división de roles que confina a las mujeres al ámbito privado” (CDE 2018: 10).
El que los hombres sigan detentando desproporcionadamente el poder y la autoridad mientras que las mujeres siguen dedicando más tiempo y energía al cuidado y a las tareas domésticas revela un “orden político sexuado” (Rubio-Marín 2021: 1448-1449) que apunta a la esencia misma de la dicotomía público/privado. La conocida división que la modernidad ha hecho entre lo público y lo privado como territorios masculino y femenino, respectivamente (Rodríguez y Rubio-Marín 2007: 147), ha construido el ámbito público mediante la exclusión de las mujeres y su relegación al ámbito doméstico, valiéndose de un doble reduccionismo: la despolitización de lo doméstico y la limitación de la política a lo público (Zub Centeno 2015: 48).
La razón de esta exclusión histórica de las mujeres en la política se vincula, por tanto, a las nociones mismas de masculinidad y feminidad que asocian la independencia con la primera y la gestión de la dependencia con la segunda (Rodríguez y Rubio-Marín 2007: 152). La construcción del individuo político como independiente “fue posible en la medida en que se concibió al individuo como masculino, y se asignaron a las mujeres las tareas relativas a la dependencia del hombre”, esto es, aquellas tareas necesarias para la supervivencia física, social y cultural de los seres humanos (Rodríguez y Rubio-Marín 2007: 148).
En la siguiente sección, a partir de un análisis de los testimonios y datos recogidos para este artículo, se examinan tres mecanismos que implícitamente siguen sirviéndose de la dicotomía independencia/dependencia y de otras dicotomías de género para redibujar la división público/privado dentro del espacio público en desventaja de las mujeres parlamentarias: 1) relegación de las legisladoras a la gestión de la dependencia; 2) híper visibilización (y agresión verbal) contra el cuerpo, la sexualidad, y la vida privada y familiar de las legisladoras, y 3) negación de la capacidad racional a las mujeres parlamentarias.
MECANISMOS DE RE-PRIVATIZACIÓN EN EL ESPACIO PARLAMENTARIO
Relegación a la gestión de la dependencia
Un primer mecanismo de desventaja puede operar dentro del espacio parlamentario (re)asignando los roles tradicionales de género asociados con la gestión de la dependencia, lo cual refleja la división sexual del trabajo presente en la sociedad en general. En este caso, la re-privatización o el retorno simbólico de las mujeres a la esfera privada puede darse mediante submecanismos que 1) abiertamente “retornan” a las mujeres al ámbito doméstico, recordándoles explícitamente roles estereotipados de género o que 2) sutilmente las segregan horizontalmente en el espacio parlamentario, apelando implícitamente a estos roles estereotipados.
Algunos testimonios ilustran el primer sub-mecanismo y la forma en que abiertamente se sirve de estos roles estereotipados para excluir simbólicamente a las mujeres del ámbito político-parlamentario y “re-ubicarlas” en la esfera doméstica. El siguiente testimonio es ilustrativo de este sub-mecanismo:
Te quieren denigrar, pero es porque vos le quitaste el espacio. Yo le quité el espacio a un hombre, entonces lógicamente como que “vos tenés que estar para la casa nomás”. Ese famoso […] “por qué pío no te vas a cocinar o qué”. Yo sé cocinar también y cocino súper bien, pero sé legislar también. Te dan eso (entrevista #16).
El relato de otra entrevistada pone igualmente en evidencia el rol estereotipado de género del que se vale este mecanismo de relegación al ámbito doméstico: “y algunos, en serio te digo, que creen -porque lo sostienen- que las mujeres solamente están para arreglar, para tener hijos y para cocinar” (entrevista #22).
El segundo submecanismo a través del cual las mujeres pueden ser relegadas a la gestión de la dependencia una vez que están dentro del espacio parlamentario es el de la segregación horizontal: aunque no todas, un número importante de entrevistadas percibe que en la práctica las mujeres parlamentarias son confinadas a liderar en ciertas áreas legislativas, mientras que otras áreas quedan, de hecho, reservadas a los varones.
El fenómeno de la segregación horizontal se observa cuando los legisladores se concentran en áreas asociadas tradicionalmente con lo “masculino”, y por ello consideradas política y culturalmente más importantes, mientras que las legisladoras se concentran en temas tradicionalmente asociados con lo “femenino”, y por tanto considerados menos importantes (Erikson y Verge 2022: 5).12 Se suele manifestar cuando las mujeres se encuentran más frecuentemente liderando comisiones asociadas con el cuidado y el ámbito doméstico, como las de salud, educación y niñez, mientras que los hombres se concentran en comisiones asociadas con el ámbito público, como las de defensa, seguridad nacional y economía (Baekgaard y Kjaer 2012: 465; Franceschet 2010: 397-398).
El siguiente testimonio resume la percepción compartida en varias entrevistas: “casi siempre nos relegan a las comisiones de salud, educación, mujer, etcétera, pero asuntos constitucionales, legislación o hacienda casi siempre son los compañeros varones los que ocupan las presidencias” (entrevista #4). De acuerdo con esta legisladora, “estos son lugares políticamente estratégicos y para nosotras no es fácil, no se puede llegar fácilmente por decisión de los compañeros, sino pelear duramente para que esto suceda” (entrevista #4).
Otra entrevistada observó “una diferencia en el sentido de que las comisiones más importantes sí se las dan a los varones en mi bancada”, aunque aclaró que no todas las comisiones y que, en su periodo, una de las más importantes ha sido presidida por una mujer (entrevista #10). De acuerdo con otro testimonio, “había mujeres presidiendo comisiones que eran importantes, no las más relevantes. Las comisiones más relevantes son las de asuntos constitucionales, un varón siempre presidiendo la de hacienda y presupuesto, en ese momento” (entrevista #8). Estas comisiones, notó otra participante, “estaban vedadas para las mujeres” (entrevista #11), mientras otra más resaltó que “están luego las comisiones que son de las mujeres” (entrevista #18).
El testimonio en la entrevista #3 indica que son los colegas varones los que perciben ciertas comisiones como más importantes que otras:
A la hora de repartir las comisiones, los cargos de poder dentro de las dos cámaras, a las mujeres siempre se les ofrece la comisión de género, la comisión de niñez, esas comisiones de menor importancia, sin que a mí me parezca que es de menor importancia mujer y niñez, pero a ellos sí, pues les es de menor importancia. Ninguno de ellos quiere la comisión de mujer, de niñez, de juventud, de deporte. Para ellos, esas son boludeces y eso les dan a las mujeres. Y ellos se pelean y se matan por la comisión de presupuesto, de obras, legislación, constitucionales, etcétera, etcétera (entrevista #3).
Otra participante notó igualmente que “de hecho, lo que están haciendo es demostrar que esas son las áreas que menos les importan y las dejan como si fueran en el ámbito doméstico” (entrevista #5). Dos testimonios más confirman esta visión de que la distribución tácita de temas y roles en el Congreso refleja y refuerza la división público/privado al reservar a las mujeres aquellos temas y roles relacionados con el ámbito doméstico. Así, en la primera entrevista salió a relucir lo siguiente:
¿Qué les reservan a las mujeres? La de equidad y género porque ni modo, la de derechos humanos, niñez. Es la misma práctica casera: la mujer tiene que estar en la cocina, lavando los platos, cuidando a los hijos. Son las comisiones tiernas, solo las tiernas nosotras podemos presidir (entrevista #1).
En la séptima entrevista, la participante señaló que “la Comisión de la niñez y la adolescencia sí o sí para una colega, y tiene que tener hijos porque así ella va a entender lo que pasa en esa comisión” (entrevista #7).
De esta manera, la segregación horizontal funciona como un sub-mecanismo mediante el cual la división público/privado puede verse reinstalada en desventaja de las mujeres dentro del mismo espacio público. Al arrinconar a las mujeres en ciertos roles temáticos identificados tradicionalmente con las tareas domésticas y de cuidados (que en la realidad siguen recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres), la segregación horizontal reproduce y refuerza dentro del espacio parlamentario la división sexual del trabajo presente en la sociedad en general.
La independencia/dependencia no es la única dicotomía que históricamente ha servido para construir lo público como masculino en contra-distinción de lo privado como femenino. La esfera pública ha sido, además, construida como espacio de la masculinidad, marcado por la lógica y la razón, mientras que la esfera privada ha sido designada como espacio de la feminidad caracterizado por la emoción y la corporalidad (Puwar 2004b: 67). A continuación, analizo otros mecanismos de desventaja que implícita o explícitamente se sirven de estas otras dicotomías de género para re-privatizar simbólicamente a las mujeres parlamentarias dentro del espacio parlamentario.
Híper visibilización (y agresión verbal) contra el cuerpo, la sexualidad, y la vida privada y familiar de las mujeres13
El segundo mecanismo de desventaja identificado opera re-privatizando simbólicamente a las mujeres en el espacio parlamentario mediante una híper visibilización -a menudo a través de comentarios, exigencias y agresiones verbales- de cuatro aspectos tradicionalmente asociados con la esfera privada: el cuerpo, la sexualidad, la intimidad y la vida familiar.
Híper visibilización del cuerpo y de la sexualidad
El mecanismo de híper visibilización del cuerpo de las mujeres en el espacio parlamentario se encuentra claramente capturado en el siguiente testimonio:
El hombre directamente va al cuerpo de la mujer, es notable. Cuando un hombre habla y los otros están escuchando y no están de acuerdo con sus pensamientos, discuten sus pensamientos: “No estoy de acuerdo con eso” o “Tendría que ser de tal manera” o “Yo propongo que sea a la inversa”. Pero cuando una mujer habla y los hombres no están de acuerdo, “Pero qué vas a decir, vos gorda”, “Esta es una gorda” […] O también a mí me parece una ofensa muchas veces que el hombre te esté diciendo en un colegiado: “Porque ella es tan hermosa”, a la inversa. “Porque la senadora tal es tan linda”. Es una manera también de degradarte. Es como “yo te digo lo que quiero, total vos sos una mujer y yo soy el hombre que te puedo hacer el galanteo que quiero” (entrevista #6).
La híper visibilidad y la súper exposición de los cuerpos de las mujeres en el espacio parlamentario, argumenta Puwar, hace que las mujeres a menudo se vean presionadas a reproducir ciertos estándares de apariencia femenina considerados ‘aceptables’ (2004b: 76). Como ilustra el testimonio de otra entrevistada: “Y sí, todo el tiempo, desde tu aspecto personal, si sos flaca, si sos gorda, si sos linda, sos fea. Todo, todo el tiempo estamos en observación” (entrevista #7).14 Esta entrevistada relató que sus colegas le decían que tenía que verse como otra legisladora: “ella llegaba siempre espléndida, ningún cabello fuera de lugar. Le miraba y decía: ‘imposible’” (entrevista #7). Sin embargo, el testimonio de otra participante ilustra que incluso cuando las mujeres se adecuan a estos estándares, también pueden ser criticadas y descalificadas: “dice como con desprecio y dice para achicarte: sos una boluda, sos una tonta, hueca, que se broncea y tiene collares y se viste bien” (entrevista #3). Según este testimonio, a los legisladores “nadie le dice ‘vos porque tu ropa y tu zapato y tu camisa de marca’ […] A la mujer es a la que se le estigmatiza por su aspecto” (entrevista #3).
Para algunas de las entrevistadas, las exigencias físicas para ocupar los espacios políticos y parlamentarios son mayores para las mujeres. Como observó una de ellas: “nadie les dice nada, que son burros, que son inútiles. No, la mujer tiene que tener cuatro másters en ciencias políticas, encima tiene que ser linda, flaca, no tener celulitis” (entrevista #3). Otro testimonio confirma esta percepción: “para los varones, da igual que sea bueno o malo, gordo o lindo, pero la mujer hasta cómo nos vestimos, cómo hablamos, con quién hablamos, nuestra vida personal, nuestra capacidad intelectual” (entrevista #4).
Este segundo mecanismo de desventaja también puede operar híper visibilizando y, a veces, atacando verbalmente la sexualidad de las mujeres en el espacio parlamentario. Varias entrevistadas hicieron notar que, ante las diferencias de opinión, la sexualidad de la mujer pasa a un primer plano. En palabras de una de ellas, “cuando hay diferencias de ideas, inmediatamente se pasa a tocar la sexualidad de la mujer” (entrevista #2). Algunas mencionaron como ejemplo el caso de una legisladora a quien le dijeron que “le faltaba un macho para tranquilizarse”. De acuerdo con una de las entrevistadas, la referencia a su sexualidad fue “solamente por haber expuesto sus ideas con más entusiasmo y vehemencia” (entrevista #2). Otro ejemplo mencionado en las entrevistas incluye el caso de una legisladora a la que amenazaron con hacerle “perder su vestidura” (entrevista #1).
Varios de los testimonios analizados dan cuenta de cómo los ataques políticos a las mujeres a menudo pueden ser mediados por sus cuerpos. Los cuerpos de las mujeres son así usados como fuente adicional de combustible durante los intercambios de fuego político (Puwar 2004b: 76). La dicotomía cuerpo/mente, implícitamente dibujada en la separación de los territorios femenino y masculino (Olsen 2000), niega el aspecto corporal de los varones al tiempo que enfatiza la corporalidad de las mujeres (Puwar 2004a: 16). Esta separación es absorbida en la esfera pública al punto de que el cuerpo es tratado con sospecha, como sede de apetitos y pasiones descontroladas que pueden obstaculizar la búsqueda del conocimiento y de la verdad (Puwar 2004a: 16).
En suma, al reducir a las mujeres a sus cuerpos y sexualidades, el mecanismo de híper visibilización las excluye simbólicamente del espacio público no solo porque implícitamente les niega el lado valorado culturalmente de la dicotomía (mente), sino porque, además, explícitamente les (re)asigna el lado devaluado (cuerpo). La reducción a lo corporal y sexual las re-privatiza simbólicamente dada la asociación de estos rasgos (corporal/sexual) con la esfera privada.
Híper visibilización de la vida íntima y familiar
La re-privatización de las mujeres en el espacio parlamentario también sucede cuando se ataca de forma verbal y se hacen comentarios sobre la vida íntima y familiar de las parlamentarias, otros dos ámbitos propios de la esfera privada.
Algunas entrevistadas notaron que las confrontaciones temáticas fácilmente se traducen en ataques a la vida privada y familiar de las mujeres. El ataque “más fácilmente va a otros aspectos de la persona que en el caso de los varones”, señaló una de las entrevistadas (entrevista #18). En palabras de otra participante: “se incorpora mucho el juzgamiento permanente de su accionar y la desacreditación de posiciones políticas a partir de la valoración de la vida privada de las personas” (entrevista #5). De acuerdo con ella, la desacreditación va “desde la carga hormonal hasta la vida privada del tipo ‘está en un momento de crisis, por eso reacciona así’” (entrevista #5).
Otras participantes observaron que “ahora hay más brutalidad en Cámara de Diputados, por ejemplo, de tocar la honorabilidad de algunas legisladoras, se toca la vida privada” (entrevista #11) y que “muchas veces está todavía ese pensamiento, pero no sé, no sé si eso es machismo o falta de cultura, esta historia de tocar la vida personal, mencionar a tal señora como que tiene tal relación con tal persona” (entrevista #19). Refiriéndose a intromisiones e invenciones sobre su vida privada y la de otras legisladoras, otra entrevistada reflexionó: “no tiene nada que ver con su labor como legisladora, ni con un proyecto que presentó ni con quién se acuesta ni deja de acostarse. Sí o sí se meten en nuestra cama en el sentido simbólico de la palabra” (entrevista #7).
Como ilustra el testimonio de otra de las entrevistadas: “Entran en la vida privada de la gente, manosean su familia como si nada, buscando desacreditar para ocupar el espacio de ellas. Entonces muchas mujeres jóvenes te dicen “no, mejor no quiero meterme en la política, es muy sucia la política” (entrevista #22).
En síntesis, los comentarios sobre la intimidad y las agresiones a la familia de las parlamentarias pueden funcionar como mecanismo de re-privatización en el espacio público al híper exponer, híper visibilizar e híper criticar aspectos asociados con la esfera privada. El mecanismo las excluye simbólicamente del espacio público no solamente porque les niega el lado socioculturalmente valorado de la dicotomía (la vida público-política) sino también porque les señala el lado devaluado (la vida doméstica y familiar).
Negación de la capacidad racional
El tercer mecanismo de desventaja identificado en el análisis de los datos recogidos para este trabajo opera cuestionando o negando la capacidad racional de las mujeres para participar en la esfera pública. Los testimonios presentados en esta sección ilustran cómo la lógica y la racionalidad, rasgos simbólica y tradicionalmente asociados con lo masculino (Olsen 2000), pueden seguir operando para destinar a las mujeres a la inferioridad en ámbitos en los que se requiere racionalidad (Puwar 2004a: 16). La negación de la capacidad racional a las mujeres en el espacio parlamentario puede tomar varias formas, desde las más sutiles (como la aplicación de parámetros de evaluación intelectual más exigentes) hasta las más abiertas (como la reducción al aspecto emocional, la descalificación intelectual directa y la infantilización).
Parámetros de evaluación intelectual más exigentes para las mujeres
De acuerdo con varios de los testimonios compartidos en las veintidós entrevistas y en algunos medios de comunicación, la aplicación de una doble vara para juzgar el desempeño de las parlamentarias y de los parlamentarios se observa en las mayores exigencias de formación y trabajo para las mujeres y en una menor tolerancia a los errores cometidos por ellas.
Las declaraciones de la actual senadora Blanca Ovelar en una nota periodística capturan la carga que experimentan varias mujeres de tener que contrarrestar una suerte de presunción de incompetencia para hacerse merecedoras de ocupar el espacio parlamentario: “[n]o es fácil, porque entrás a un ambiente desigual, donde necesitás demostrar mucha más competencia para igualarte” (Pausa 2020).
Asimismo, una de las veintidós mujeres entrevistadas para este trabajo afirma: “claro que la calidad, pero ¿a qué varón se le exige en el Parlamento tener el conocimiento y las condiciones que se le exigen a cualquier mujer?” (entrevista #7). En un sentido similar, otra participante observa: “Yo decía: ‘ah no, los hombres meten dos burros, nosotras metemos dos burras’. Yo contestaba así. Pero hoy te das cuenta que no funciona. Sigue estando el hecho de que vos tenés que ser más” (entrevista #3).
Esta misma participante agrega que algunas legisladoras se han ganado el respeto “a fuerza de formación, inteligencia y oratoria” (entrevista #3). Para otra entrevistada, sin embargo, aun con formación, las mujeres siguen siendo sub-valoradas:
Estamos subvaloradas, las mujeres estamos muy formadas, en cuanto máster, doctorado, formación universitaria e intelectual; los hombres no, la mayoría tiene un techo académico bastante bajo y sin embargo nosotras no tenemos esa posibilidad a pesar de tener objetivamente la forma de probar que nuestra capacidad es superior, no tenemos espacios (entrevista #1).
Una cuarta entrevistada observa que, incluso después de varios años de experiencia parlamentaria, las mujeres tienen que rendir examen permanentemente:
Te respetan de acuerdo al resultado de la evaluación permanente a la que estamos sometidas. A pesar de estar en el Congreso dos, tres o cuatro años, todos los días es una prueba, es un examen para las mujeres; para los hombres no, ellos ya tienen aprobado el examen de entrada (#17).
El margen de tolerancia al error, de acuerdo con otra participante, es menor para las mujeres que para los hombres: “la discriminación en un parlamento como la experiencia que yo tuve es que debes propender siempre a la perfección porque tenés que saber que el mínimo de errores afecta brutalmente a una mujer, no así a un hombre” (entrevista #6). La misma entrevistada añadió: “a igual cantidad de errores, siempre se le pasa más a un hombre y se le respeta más a un hombre” (entrevista #6).
Para otra entrevistada, este tipo de situaciones tiene un “valor simbólico muy fuerte” porque, cuando una mujer no se destaca, “eso se usa para demostrar que las mujeres somos inútiles y burras, que estamos acá o por favores políticos o por las discriminaciones contra la mujer política” (entrevista #4). Para ella, las mujeres están además “siempre híper expuestas, híper evaluadas, híper criticadas” mientras que los varones “son a veces híper peores que nosotras, pero eso es natural” (entrevista #4).
Estos parámetros diferenciados de valoración intelectual se aplican a las opiniones y a las iniciativas legislativas, observa otra entrevistada. En sus palabras:
Es diferente la opinión que da una legisladora de la que da un legislador. La mujer tiene que estar mucho más preparada, debe tener más formación, debe tener una serie de reconocimientos para que su opinión pese igual que la de un legislador menos preparado. Un legislador con menos participación y menos formación de repente es más escuchado, se le escucha más por el hecho de ser hombre, es lo cotidiano (entrevista #2).
Las demandas de preparación también son mayores, señalan otras entrevistadas. Una de ellas sostiene: “ellos doblan y dejan su carpeta en la Comisión, nosotras llevamos nuestras carpetas como escueleras a nuestras casas” (entrevista #17); otra advierte que “es importantísimo tener en cuenta que lo que uno debe decir, debe saber a ciencia cierta, debe tener números, debe tener estadísticas, es importante no improvisar y sentirse segura de lo que uno está diciendo” (entrevista #6).
Estos testimonios describen lo que se ha dado en llamar “la carga de la duda”: la duda que pesa sobre las mujeres -y otros grupos históricamente excluidos del espacio político- sobre su capacidad o competencia para ocupar ese espacio (Puwar 2004b: 73). Así, al no ser las “ocupantes naturales” de posiciones de privilegio, el comportamiento de las mujeres es sometido a una “súper vigilancia” y sus aptitudes son continuamente puestas en tela de juicio (Puwar 2004b: 73-74). En consecuencia, para ser percibidas como capaces, las mujeres tienen que hacer un despliegue exagerado de competencias, mientras que sus errores tienden a ser amplificados, todo lo cual puede llevar a erosionar su autoridad (Puwar 2004b: 73).
Reducción al aspecto emocional
Reducir a las mujeres al aspecto emocional -el opuesto de la razón estereotípicamente asociado con lo femenino y por tanto devaluado (Olsen 2000)- es otra forma en que las parlamentarias pueden ser simbólicamente despojadas de la capacidad racional. De acuerdo con varios testimonios, las parlamentarias son a veces juzgadas negativamente o descalificadas debido al prejuicio de que las mujeres tienen “un mal manejo de sus emociones”.
“A las mujeres siempre se les considera más temperamentales, que no manejan bien su parte emocional” (entrevista #2), notó una de las entrevistadas, mientras que otra destacó el prejuicio en el Congreso, y en varios otros lugares, de que “somos demasiado sensibles” (entrevista #15). En otra entrevista, la participante observó que al encarar a los colegas por no respetar cuando estaba haciendo uso de la palabra ella terminó siendo “la histérica, violenta, agresiva” (entrevista #7). Otra entrevistada también observó el uso de este tipo de descalificaciones: “yo gesticulo mucho y la manera en la cual se refieren a mi es: ‘tomá un té de tilo, sos una histérica’” (entrevista #1).
En otra entrevista la participante hizo notar cómo el estereotipo que asocia a las mujeres con lo emocional puede estar detrás de la doble vara con la que a veces se juzgan ciertos comportamientos, según provengan de una mujer o de un hombre: “es una construcción cultural que a nosotras nos asigna esa perspectiva de que no podemos controlar nuestras emociones por eso reaccionamos así, y si un hombre se agarra a trompadas con otro en plena sesión, no recibe el mismo juicio” (entrevista #5). En este mismo sentido, en la entrevista #1, la participante hizo notar: “la mujer grita y es histérica pero el hombre simplemente defiende convicciones, hay todavía esa percepción”.
Descalificación intelectual e infantilización
Según algunas entrevistadas, las mujeres legisladoras enfrentan abiertas descalificaciones intelectuales, como lo ilustra este testimonio: “con todas nos pasaba, ‘vos sos burra, vos no entendés nada, vos estás para adornar o para molestar’” (entrevista #7). Esta legisladora notó que incluso vio a “las más aguerridas” sufrir este tipo de discriminación: “no les hagas caso, ellas luego no entienden nada” (entrevista #7).
Otros testimonios coinciden con esta percepción. Por ejemplo, otra participante señaló que las mujeres tienen que hacer cinco o seis veces lo que los hombres solo hacen una vez, “y aun así no son consideradas, porque creen que tienen una limitante en el raciocinio de los análisis” (entrevista #22). En otra entrevista, la legisladora sostuvo que “hay mucho insulto también al trabajo intelectual que uno realiza, siempre es un mamotreto, un adefesio, no hay respeto al trabajo de la mujer” (entrevista #1).
De acuerdo con algunos testimonios, los legisladores, por otra parte, aplican el uso del “mi reina,” del “mamita” y del diminutivo “ita” hacia las legisladoras, mientras que entre ellos se tratan de senadores o diputados.15 Una de las entrevistadas observó: “vos no eras una señora diputada sino ‘mi reina, mamita’” (entrevista #1). Otra de ellas reflexiona: “Es tan ancestral esto que uno no percibe y se percata, no es consciente esa necesidad de que ellos son nuestros papás, ellos son los que nos protegen y hasta lo hacen con cariño y a veces con afecto, pero les cuesta a ellos vernos en igualdad de condiciones” (entrevista #4).
Este mecanismo de infantilización, renuente a investir de autoridad a las mujeres y otros grupos históricamente excluidos del ámbito político (Puwar 2004b: 73), implícitamente les niega las capacidades racionales asociadas con la adultez.
Detrás de los submecanismos presentados en este apartado -mayores exigencias intelectuales, reducción al aspecto emocional, descalificación intelectual e infantilización- se puede percibir un estereotipo discriminatorio de género que continúa viendo a las mujeres como “incapaces para ocupar cargos políticos”. El estereotipo exige a las mujeres contrapesar esta presunción de incompetencia si desean ser tratadas como iguales en un espacio público como el parlamentario. Al negar el rasgo racional a las mujeres y (re)asignarles el rasgo emocional, la dicotomía razón/emoción funciona para reinstalar la división público/privado dentro del espacio público y así excluir simbólicamente a las mujeres por “no reunir el requisito necesario de racionalidad” para hacerse merecedoras de ese espacio.
Para concluir esta sección, los tres mecanismos de desventaja examinados (relegación a la gestión de la dependencia; híper visibilización de la corporalidad, sexualidad, vida íntima y familiar; y negación de la razón) re-privatizan simbólicamente a las mujeres parlamentarias. Las retornan figurativamente “a su lugar”, esto es, a la esfera privada, valiéndose de la negación de rasgos estereotípicamente masculinos, tradicionalmente asociados con lo público, o de la (re)asignación de rasgos/roles estereotípicamente femeninos y tradicionalmente relacionados con lo privado.
CONCLUSIÓN
Tanto las normas electorales como los números alejan a Paraguay de la tendencia en la región a avanzar en la paridad y aumentar el promedio de mujeres en los parlamentos (Soto 2019: 7). Paraguay se encuentra entre los países de la región con los “dispositivos normativos más débiles” y con “peor representación femenina en el Congreso” (Soto 2019: 32). Bajo la influencia de las reformas electorales de género, el promedio de legisladoras nacionales en la región “se triplicó entre 1990 y 2018, pasando de 9% a 28.6%” (OEA y UNAM 2021), mientras que en Paraguay no ha alcanzado siquiera 20% en las tres últimas décadas.
Sin embargo, y a pesar de no contar con una ley de paridad, en Paraguay se pueden observar ciertas reverberaciones o resonancias de las cada vez más paritarias democracias latinoamericanas. Un ejemplo de estas resonancias es la aprobación en 2022 de la paridad por parte de un partido tradicional, el Partido Liberal Radical Auténtico, en la conformación de sus listas plurinominales para cargos legislativos. Asimismo, en las elecciones municipales paraguayas de 2021, se ha hablado de una “paridad desde abajo”, al observarse que 16% de las listas de candidatas/os a concejales fueron paritarias (Zub Centeno y Bareiro 2021).
Ahora bien, aunque es importante y necesario seguir avanzando en el aumento numérico de mujeres en cargos electivos, está claro que la paridad política en la democracia “no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral”, sino que va más allá de los números y abarca también una igualdad en las condiciones que hacen posible el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres (OEA y CIM 2017: 16). Es así que, a pesar de estar accediendo en números cada vez mayores a los parlamentos (IPU 2023), las mujeres pueden seguir sufriendo las desventajas de un orden político sexuado, presente en la sociedad y reproducido en el interior de los parlamentos y otros espacios público-políticos. Experiencias comparadas en la región evidencian que la adopción de la paridad “no se traduce por sí sola y de manera automática, en la eliminación de los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio del poder y en la realización de sus intereses” (Freidenberg y Gilas 2020: 352).
Resulta por tanto fundamental preguntarse no solo cómo alcanzar la participación de más mujeres en los procesos de toma de decisiones públicas, sino también en qué estructuras de poder participan las mujeres: “¿en las estructuras del patriarcado?” (Chinkin 2021).16 La pregunta apunta a la necesidad de transformar tales estructuras, así como de repensar y resignificar el poder y la política (Beard 2017: 86-7; Ochoa, Ortega y Mendoza 2022).
Mediante la identificación de diversos mecanismos de re-privatización de las mujeres parlamentarias, este artículo espera haber arrojado luz sobre algunas de estas estructuras de poder y haber visibilizado la necesidad de transformarlas. El artículo desea haber contribuido a ilustrar cómo la dicotomía público/privado puede reconfigurarse dentro del mismo espacio público para seguir confinando a las mujeres a la esfera privada, valiéndose de mecanismos que les (re)asignan rasgos y roles estereotípicamente asociados con lo femenino y, por tanto, culturalmente devaluados (cuerpo, sexualidad, emoción, cuidados, familia) al tiempo que les privan de rasgos y roles estereotípicamente asociados con lo masculino y por ende culturalmente valorados (mente, razón, independencia, política).
Si lo que se busca es lograr que las mujeres sean tratadas como pares dentro de las instituciones políticas en las que participan y avanzar hacia espacios políticos verdaderamente igualitarios, es necesario continuar cuestionando la neutralidad de género de estas instituciones y el orden político sexuado que las sostiene.17 Como nos recuerdan Freidenberg y Gilas, “aún falta mucho trabajo hacia una mayor representación simbólica y sustantiva” de las mujeres (2020: 352).
