Introducción

Se estima que en 2015 las personas retornadas¹ representaban el 0.09% de la población total de México (^{INEGI, 2015}). Hacia 2020 eran ya equivalentes al 0.23%. En términos absolutos, sumaban ya 294 mil personas, de las cuales, el 13.8% habían sido sujetas a un juicio de deportación, y eran mayormente hombres en edad de trabajar.

El crecimiento demográfico no vegetativo, que representa el retorno, apremia a revisar en qué medida las condiciones actuales favorecen la integración social de quienes, por diversos motivos, vuelven a su país de origen. Esto pudiera implicar un reto importante ante las modestas tasas de crecimiento económico que ha tenido México durante las últimas cuatro décadas y ante un crecimiento poblacional a causa de la inmigración internacional reciente. La economía nacional tiene una limitada capacidad de absorción de fuerza de trabajo adicional (^{Mendoza, 2014}).

La deportación viene acompañada de un rompimiento con la rutina económica, social y familiar de las personas. En consideración de que las personas deportadas pueden encontrarse en condiciones más desfavorables que quienes vuelven a México por algún otro móvil, este trabajo tiene como objetivo analizar cómo varía la inserción laboral de migrantes internacionales de retorno, dependiendo si su regreso fue por un motivo mayormente voluntario o si fue producto de un proceso de deportación.

En el ámbito temático, se analiza la misma problemática tratada por ^{Orraca y Medina (2021)} pero con una metodología similar a la implementada por ^{Meza y Pederzini (2022)}. En un primer ejercicio, se compara el ingreso laboral para estos dos grupos de retornados contra el de la población que no emigró. Posteriormente, se analizan a mayor detalle los determinantes entre las diferencias de ingreso y de prestaciones laborales entre retornados voluntarios y deportados. Para ello, se recurre a datos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda (CPV) de 2020-proyecto estadístico que capta algunas características del empleo actual y los motivos del retorno- y a distintos instrumentos econométricos.

A continuación, se presenta brevemente una revisión de la literatura referente al retorno y a la reinserción laboral. Más adelante, se describen los datos a utilizar, así como sus alcances y limitaciones más importantes, para después contextualizar el estado del retorno a México. Posteriormente, se describe la metodología y se presentan los resultados. Por último, se discuten las implicaciones de los principales hallazgos y se señalan algunas conclusiones.

I. Revisión de literatura

El estudio de la migración se intensificó hacia la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, como señalan ^{Durand (2006)} y ^{Fernández Guzmán (2011)}, poco se ha dicho sobre el retorno, aun cuando en años recientes ha cobrado importancia en los países que históricamente han tenido altas tasas de emigración, tal es el caso de México. Una de las primeras referencias teóricas sobre el retorno es presentada por ^{Castillo (1997)}, quien intenta construir tipologías de dicho fenómeno, pero todas ellas contienen una importante carga de motivos voluntarios.

Dentro del marco conceptual de las causas voluntarias del retorno, algunos trabajos empíricos no contemplan a la migración obligada o forzada como una causa de retorno. Por ejemplo, ^{Ilahi (1999)} y ^{Démurger y Xu (2011)} estudian para Pakistán y China, respectivamente, si el retorno está asociado con mayores índices de ocupación en el autoempleo y con una menor probabilidad de insertarse en el trabajo asalariado. ^{Gitter et al. (2008)}, ^{Hagan y Wassink (2016}, ²⁰¹⁸⁾ hacen lo propio con datos de México. Los resultados de todos estos autores apuntan a que, a mayores niveles de ahorro previo al retorno, aumenta la probabilidad de ocuparse en el autoempleo.

Buena parte de la literatura referente a la reinserción laboral emplea indistintamente los términos autoempleo y emprendimiento; sin embargo, el autoempleo puede ser en mayor medida una respuesta a potenciales barreras que dificulten la inserción en el mercado laboral formal. En tanto que, el emprendimiento pudiera ser, más bien, una acción previamente planificada y que muchas veces es financiada por los ahorros acumulados en el país anfitrión.

Ante la necesidad de una visión más amplia de la migración de retorno, ^{Dustmann y Weiss (2007)} contrastan con la teoría neoclásica de la migración para buscar explicar por qué el retorno tiene lugar aun cuando el nivel salarial del lugar de destino sea mayor que en el de origen. Entre los motivos que identifican estos autores se encuentran diferencias de precios relativos y la expectativa de percibir mejores ingresos a futuro en el lugar de origen, con el capital humano acumulado en el exterior.

Así mismo, ^{Durand (2004)} propone cuatro tipologías para la migración de retorno: i) definitiva y voluntaria, ii) trabajadores temporales, iii) retorno transgeneracional, iv) forzado, y v) voluntario fracasado. Aunque en el retorno forzado ya se contempla la posibilidad de una migración obligada hacia el lugar de origen, bajo esta clasificación la deportación no es considerada como una forma de retorno en sí misma. ^{Hagan y Wassink (2020)} han agrupado desarrollos teóricos previos en dos enfoques. El primero, desde la economía y la sociología, el cual aborda el aumento del volumen y de la diversidad del retorno desde mediados de la década de 1990, asumiendo el retorno como voluntario y analiza cómo el tiempo y la ocupación en el extranjero afectan las oportunidades laborales. El segundo enfoque, desde la sociología política, reconoce el papel cada vez más importante de los Estados, tanto de origen como de destino, en el control y la gestión de la migración. Además de examinar cómo los actores estatales e institucionales en los países de origen dan forma a las experiencias de reintegración de los deportados, solicitantes de asilo rechazados, y migrantes no admitidos forzados a volver a casa.

El estudio de los efectos de la deportación se ha abordado en años recientes mayormente desde el trabajo empírico. En el contexto internacional, por ejemplo, ^{David (2017)} ha estudiado la integración socioeconómica de retornados en Argelia, Marruecos y Túnez bajo la hipótesis de que la deportación incrementa la vulnerabilidad individual y afecta la integración de las personas retornadas, tanto desde un punto de vista estructural, como social y cultural. Utilizando distintos métodos econométricos, se identifican mayores vulnerabilidades entre personas deportadas, no solo en el momento inmediato al retorno, sino también en el largo plazo. Éstas presentan mayor incidencia de tasas de desempleo y menores probabilidades de emprendimiento, en comparación con personas que retornaron por motivos voluntarios. Esto, a su vez, funciona como un incentivo para la reemigración hacia su antiguo país anfitrión o hacia algún nuevo destino.

Para el caso de México, ^{Reinhold y Thom (2013)} hacen un primer acercamiento empírico del retorno entre migrantes documentados y no documentados, bajo el entendido de que estos últimos están más expuestos a un posible proceso de deportación. Dentro de los resultados, se señala que personas que emigraron de forma documentada tienen mayores ingresos a su retorno, lo cual está asociado con una mayor acumulación de capital y un regreso planificado. Cabe considerar que, si bien el estatus legal de la persona no es lo mismo que la causa del retorno, pueden estar relacionadas, así como lo está la experiencia en las distintas fases del proceso migratorio.

Específicamente para la etapa del retorno, ^{Lindstrom (2013)} señala que, si la decisión de volver no está vinculada con alguna oferta de trabajo en el lugar de origen, el proceso de inserción laboral es más bien similar al proceso de búsqueda estando en situación de desempleo, pero con muy altas probabilidades de experimentar movilidad ocupacional descendente. Esto ocurre aun sin distinguir si el retorno fue o no por deportación.

Con datos para la ciudad de León, Guanajuato, ^{Hagan et al. (2019)} observan que la reinserción laboral en el retorno se da en trabajos informales normalmente indeseados, y que, una reintegración exitosa en el largo plazo depende de la adquisición y movilización de capital humano y capital financiero. Por su parte, con datos de encuestas demográficas y de ocupación de representatividad nacional, ^{Orraca y Medina (2021)}, encuentran que durante los primeros meses, tras volver a México, los retornados presentan menores tasas de participación laboral, mayores tasas de desempleo y menor ingreso mensual en comparación con la población no migrante, resultando aún más desfavorecidos quienes han sido deportados. Sin embargo, con el paso del tiempo estos indicadores se asemejan al promedio nacional, de manera que quienes reportan tener entre un año y cinco de haber regresado a México muestran un desempeño laboral similar al observado entre los no migrantes, aunque con menores niveles de participación laboral.

En la siguiente sección se describen brevemente los datos a utilizar, para más adelante abordar elementos descriptivos de las poblaciones de interés y la metodología a desarrollar.

II. Datos

Con el fin de indagar si el motivo del retorno tiene algún efecto en la inserción laboral, se utilizan datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020, (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020}). Dicha muestra es cercana al 10% de la población total y a los entrevistados se les aplica un cuestionario adicional, a través del cual se captan características de la ocupación que se tenía al momento del levantamiento. No se utilizan rondas anteriores, ya que fue en 2020 cuando por primera vez se capturó si el retorno fue a causa de una deportación.

A partir de la disponibilidad de información, para este trabajo se entiende por migrante retornado a toda aquella persona que declara haber nacido en México, que en 2020 se encontraba viviendo en territorio nacional y que en 2015 residía en E.U.A., destino del 96.7% de la diáspora mexicana (^{Instituto de los Mexicanos en el Exterior - IME, 2023}). En otros términos, el retorno es definido a partir de la migración reciente. En consecuencia, estos datos no permiten identificar como migrantes de retorno a personas que: i) hayan vuelto a México en un momento anterior a los cinco años antes del levantamiento del Censo, ii) emigraron después de 2015 y volvieron antes de 2020, iii) hayan sido migrantes circulares y que declaran haber vivido en México cinco años atrás.

Para reducir un potencial sesgo por eventos de ciclo de vida, la muestra se acota a personas de 25 a 64 años de edad. Al ser los datos de corte transversal, no es posible dar seguimiento del desempeño laboral a través del tiempo, como pudiera hacerse con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). En contraparte, las principales ventajas de la muestra del Censo es su amplia cobertura y representatividad para distintos niveles de desagregación. Así mismo, es posible diferenciar con un mayor detalle el motivo del retorno. Por estos motivos se descartó el uso de la ENOE. En la siguiente sección se presentan algunas estadísticas descriptivas de la población de retorno y su situación laboral.

III. Población retornada en México

Se estima que en el año 2020 la población total retornada ascendía a las 294,516 personas, de las cuales 81.6% tenían entre 25 y 64 años. Para este último subgrupo, las principales entidades federativas de recepción son también las que históricamente han tenido mayores índices de emigración internacional, tales como Jalisco (8.2%), Michoacán de Ocampo (7.3%) y Guanajuato (6.9%), junto con el estado fronterizo de Baja California (7.4%). En su conjunto, estas entidades recibían al 29.7% del total de retornados desde E.U.A.

Sobre los motivos del retorno de las personas en el grupo de edad de interés, alrededor del 15.5% de quienes volvieron, enfrentaron un proceso de deportación y 84.5% regresó por causas mayormente voluntarias (ver Cuadro 1). El 76.1% de las personas deportadas dijeron estar trabajando al momento del levantamiento, en tanto que, entre quienes volvieron por motivos voluntarios, lo hacia el 70.2%. En cuanto al puesto de trabajo que ocupan, en todos los casos se declara mayormente ser empleado u obrero y, en segundo término, ser trabajador por cuenta propia. En lo que a la actividad económica se refiere, personas deportadas tienden a ocuparse más en la construcción (20.0%), además de actividades agropecuarias (18.7%) y manufactura (12.3%), y quienes retornan por algún otro motivo mayormente voluntario se concentran en actividades agropecuarias (23.2%), construcción (17.3%) y comercio al por menor (11.5%).

Las diferencias de participación laboral y actividad económica de ocupación pueden ser explicadas parcialmente por disparidades en el perfil demográfico de cada grupo. El Cuadro 2 muestra algunas características de quienes retornaron de manera voluntaria y quienes fueron deportados, y con fin de explorar si existen diferencias con el resto de la población, también se incorpora el grupo de quienes reportan no haber emigrado entre 2015 y 2020. En dicho Cuadro, se observa que los deportados son principalmente hombres con menor promedio de edad y menos años de escolaridad acumulada, ambos elementos asociados a menores niveles de ingreso laboral. Además, presentan un menor porcentaje de hablantes de lengua indígena en la vivienda que otros grupos poblacionales. Únicamente en comparación con retornados voluntarios, las personas deportadas asumen en una menor proporción la jefatura del hogar y tienen menos presencia en localidades de hasta 50 mil habitantes. Sin embargo, los deportados reportan una mayor recepción de remesas nacionales e internacionales a nivel vivienda. En cuanto a las diferencias de quienes trabajan y quienes no lo hacen, para todos los casos las mayores disparidades se encuentran en las variables de sexo, jefatura del hogar y recepción de remesas en la vivienda.

En lo que a características del trabajo de las personas ocupadas para estos tres grupos poblacionales se refiere, en el Cuadro 3 puede verse que, contrario a lo esperado, las personas deportadas tienen un mayor acceso a prestaciones que personas que volvieron por algún otro motivo; sin embargo, perciben menores ingresos. En ambos casos de personas devueltas, el acceso a prestaciones laborales dista mucho del resto de la población. Los datos de prestaciones laborales deben interpretarse con cautela, ya que el diseño del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020}). no capta las prestaciones laborales de quienes declaran ser patrones, empleadores o trabajadores por cuenta propia. No ocurre así para el ingreso, el cual se reporta en todos los casos, independientemente del puesto que se tenga en la fuente de trabajo.

En la siguiente sección se describe la metodología a utilizar. Fundamentalmente se plantea comparar el nivel de ingresos y la calidad laboral, por un lado, entre personas mexicanas que hace un lustro residían en el país y, por otro lado, únicamente entre población que volvió al país en función del motivo de dicho retorno.

IV. Metodología

En una primera aproximación, con el fin de explorar en qué medida el estatus migratorio -no emigrante, retorno mayormente voluntario y retorno por deportación- afecta el nivel de ingreso laboral, se estima la ecuación de Mincer, similar a como hacen ^{Meza y Pederzini (2022)} para el estudio de la inserción laboral de inmigrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica en el mercado mexicano, tal que:

Donde la variable dependiente yi es el ingreso laboral mensual, xi una variable dicotómica que indica el estatus migratorio y el vector Zi un conjunto de controles referentes a características demográficas tales como el sexo, edad y su término cuadrático como aproximaciones de la experiencia laboral, años de escolaridad acumulada, así como variables dicotómicas que indican si la persona es jefe de hogar, si algún miembro en la vivienda habla lengua indígena y si vive en una localidad menor a los 50 mil habitantes, además de controles adicionales como el sector de actividad económica a dos dígitos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y entidad federativa de residencia. Por tanto, los valores de los coeficientes β para los distintos estatus migratorios indicarán en qué medida éstos afectan el nivel de ingreso laboral.

Un inconveniente de los resultados del modelo (1) asumen que los retornos de las características incluidas en Z son independientes al estatus migratorio; sin embargo, en la práctica, el hecho de que la deportación esté estrechamente ligada con una estancia irregular ocasiona que las experiencias migratorias sean diferenciadas en el país anfitrión y en el país de retorno. El estatus migratorio puede afectar la acumulación de capital humano, la experiencia profesional y la estructura familiar. En consideración a esto, se recurre a una descomposición de Oaxaca-Blinder (^{Oaxaca, 1973}; ^{Blinder, 1973}) para identificar si los diferenciales en las variables de interés se deben a las dotaciones promedio para cada uno de los grupos poblacionales, a los retornos que ofrece el mercado laboral, o a una interacción de ambas. Para este ejercicio, se comparan personas deportadas y quienes volvieron por motivos mayormente voluntarios, como se clasifican en el Cuadro 1. El modelo inicial se expresa como:

Donde yi es la variable dependiente y Xi contiene a las variables de jefatura de hogar, escolaridad acumulada, sexo, tamaño de localidad, edad y su término cuadrático. Para esta estimación, se recurre a tres variables dependientes distintas. En primer lugar, al logaritmo del ingreso laboral, como se hace en (1). En segundo término, para identificar diferenciales en la calidad laboral, se utiliza la sumatoria de prestaciones tales como aguinaldo, vacaciones, servicio médico, utilidades, incapacidad con goce de sueldo, registro en algún sistema de ahorro para el retiro (SAR) o administradora de fondo para el retiro (AFORE), y crédito para vivienda, de modo que este indicador toma valores de entre 0 y 7. Por último, para analizar más ampliamente la calidad laboral, se construye un indicador mediante componentes principales que incluye a las siete prestaciones anteriormente enlistadas, además de ingresos por hora y horas trabajadas. El indicador se estandariza para que tome valores de entre 0 y 100. Con el fin de identificar a personas que pudieran estar subempleadas, para esta última variable dependiente se toma como referencia solo a aquellos que declaran trabajar como actividad principal, antes de las preguntas de verificación incluidas en el cuestionario del Censo de Población y Vivienda 2020. De esta manera, un menor número de horas trabajadas debería estar mayormente asociada con menos calidad laboral.

Debido a que los resultados pueden estar sujetos a sesgos de selección, de manera adicional se estima la descomposición de la ecuación (2) en dos etapas, como sugiere ^{Heckman (1979)}. Para la primera etapa, se asume que la decisión de trabajar está en función de la jefatura de hogar, sexo, recepción de remesas nacionales o internacionales, así como la edad y su término cuadrático, como hacen ^{Orraca y Medina (2021)}. Estos autores incluyen además el estado civil, el cual también se consideró en este texto, pero al estar estrechamente relacionado con la jefatura de hogar y arrojar resultados similares en magnitud y significancia estadística, se optó por presentar los resultados sin este control.

Como pruebas de robustez, las estimaciones descritas se hicieron también para: i) toda la población adulta, ii) muestras desagregadas por sexo y, iii) considerando como deportadas a todas aquellas personas retornadas por otros motivos, en cuya vivienda alguien haya sido deportado. En todos los casos los resultados fueron similares.

V. Resultados

En el Cuadro 4 se presentan los resultados del modelo expresado en la ecuación (1). De la columna 1 a la 3 se muestra que, controlando por diversas características de los individuos, en promedio, las personas sujetas a una migración reciente de retorno tienen ingresos mayores al resto de la población. Resultados similares se encuentran en la literatura. En lo particular, se confirman para el caso mexicano las conclusiones de ^{Reinhold y Thom (2013)}, en cuanto a que quienes retornan perciben mejores ingresos laborales que el resto de la población.

De las columnas 4 a 6 se diferencia este efecto por el motivo del retorno, siendo quienes no migraron el grupo de referencia. De tales resultados se observan dos cosas. En primer lugar, se reafirma que independientemente de si el retorno fue producto de una deportación o por algún otro motivo de índole mayormente voluntario, el ingreso laboral de quienes residían en E.U.A. era, en promedio, más alto al de quienes no emigraron. En segundo lugar, para este ingreso adicional existe una brecha importante entre deportados y retornados voluntarios, donde estos últimos resultan favorecidos. Esto se confirma de las columnas 7 a la 9, donde el grupo de referencia está compuesto por migrantes de retorno voluntario. Las personas deportadas perciben ingresos menores de alrededor del 6% que otros retornados, pero mayores en una medida cercana respecto quienes no emigraron.

Los resultados de las descomposiciones de Oaxaca-Blinder iniciales se muestran en el Cuadro 5. De la columna 1 a la 3 se observa que la diferencia en el ingreso en favor de retornados voluntarios se explica, en parte, por las retribuciones a sus características y por la interacción de estas con sus dotaciones. Para los resultados donde la variable dependiente incluye a las distintas prestaciones laborales, de la columna 4 a la 9, la diferencia se invierte. Esto es, el grupo favorecido es el de las personas deportadas. La brecha en ambos indicadores está ahora explicada por los coeficientes. En otros términos, el mercado laboral retribuye mejor las características que, en promedio, tienen quienes fueron deportados. Para todos los casos, solo una vez que se controla por la entidad federativa, las dotaciones resultan estadísticamente significativas, lo que pudiera responder a diferencias en la elección del lugar de residencia en función del motivo del retorno.

En el Cuadro 6 aparecen los resultados una vez que se corrige por selección. Las brechas identificadas en el Cuadro 5 se acentúan de forma importante. La diferencia en el ingreso aumenta más de seis veces, pasando de ser del 4% a alrededor del 25% en favor de quienes volvieron por motivos mayormente voluntarios. El número de prestaciones pasa de 0.2 a 0.6 y para el índice de calidad laboral de 2 a 8 aproximadamente, en ambos casos a favor de los deportados. Sobre los elementos que expliquen tales brechas, solo para el caso del ingreso es claro que, tanto dotaciones como coeficientes, tienen efectos significativos. En otras palabras, los retornos que ofrece el mercado laboral a quienes regresaron por motivos voluntarios son más altos, pero sus características disminuyen ese efecto, debido a que en este grupo hay una mayor presencia de mujeres, personas que comparten vivienda con alguien que habla lengua indígena y se ubican en mayor proporción en localidades rurales. El mercado laboral castiga, en términos de ingreso, a personas que presentan estas características. Los resultados parecen opuestos a los hallazgos de ^{Orraca y Medina (2021)}; sin embargo, los datos censales utilizados no permiten indagar si hay efectos diferenciados a través del tiempo.

Conclusiones

A pesar de que México ha sido históricamente un país de importante tradición migratoria no fue sino hasta hace algunos años que fue reconocido también como un importante país de tránsito y de retorno. El desarrollo de evidencia empírica sobre estos roles se ha intensificado durante la última década, pero aún quedan muchas aristas de la migración de retorno por explorar. En este trabajo se analizó, con base en datos censales recientes, cómo varía la calidad laboral de la población retornada a México si el motivo del regreso fue por la deportación o por algún otro motivo mayormente voluntario.

Los hallazgos apuntan a que, en términos de ingresos, quienes regresaron a México desde E.U.A. presentan mejores condiciones que quienes no emigraron. Sobre la calidad laboral, entendido como el conjunto de prestaciones laborales y nivel de ingreso, se encontró que las personas deportadas se ocupan en mejores trabajos que quienes retornaron voluntariamente. Estos resultados, aparentemente contradictorios, pueden responder a diversas causas tales como:

El análisis hecho presenta diversas limitaciones. Por un lado, dado el objetivo de los datos censales, no es posible profundizar sobre la actividad actual ni trabajos previos; por tanto, tampoco es posible ver cómo el ingreso y la calidad laboral pueden variar a través del tiempo. Del mismo modo, se desconoce la experiencia del migrante en el exterior, que puede tener incidencia en su desempeño laboral actual. Por otro lado, no es posible distinguir a las personas que emigraron y que volvieron en menos de un lustro.

Bajo el supuesto de que los migrantes fracasados tiendan a volver a su lugar de origen en una temporalidad más corta, es de esperar que las personas que se consideran deportadas en las estimaciones hayan permanecido un mayor tiempo en E.U.A., hayan podido adquirir capital humano y logren reinsertarse en el mercado laboral mexicano en mejores condiciones. Sobre la duración de la última estancia en E.U.A., también con datos de la EMIF, quienes fueron deportados entre 2015 y 2020 reportaban una media de 2 años, por lo que no serían captados por el Censo. Además, dado el diseño del instrumento estadístico de la muestra del censo, en las estimaciones se asume que el impacto de la deportación es homogéneo entre quienes han vuelto recientemente y quienes lo hicieron casi cinco años previos al levantamiento del censo.

Un mejor entendimiento del retorno permitirá una mejor planeación de la política pública para la garantía de derechos de un grupo poblacional que sigue una tendencia creciente. En materia de políticas dirigidas a la inserción laboral, con base en la evidencia empírica es preciso replantear acciones que fomenten una verdadera inserción a través de la participación de distintos actores sociales. A manera de ejemplo, el Programa de Repatriados Trabajando, que al día de hoy opera a través de gobiernos estatales en forma de Subprograma carece de todo tipo de evaluaciones y en su documentación se señala que tiene el objetivo de otorgar apoyo para el traslado desde el punto de repatriación hacia su lugar de residencia en el país con fines de búsqueda de empleo, a las y los connacionales repatriados que manifiesten no intentar un nuevo cruce hacia E.U.A. con tal fin (^{CONEVAL, 2015}), acción que difícilmente puede favorecer a la inserción laboral.