Pedro Guibovich nos tiene acostumbrados a su buena pluma y claridad expositiva. Su libro Censura, libros e Inquisición en el Perú colonial, 1570-1754 (1990) sigue siendo modélico y útil para la formación de nuevos investigadores. La clarificación del marco jurídico y la exposición de las particularidades de la práctica institucional del tribunal limeño lo convirtieron en un referente para entender el tema de la censura en materia de libros. Desde entonces, el autor nos ofrece periódicamente aportes y reflexiones que surgen de un incansable trabajo de archivo. El nuevo libro de Pedro Guibovich, El Argos de la fe, nos hace rememorar los aciertos de su obra pionera, al tiempo que nos presenta un trabajo de madurez: episodios de archivo analizados con la experiencia de dos décadas de investigación y reflexión sobre el tema. Con cierto atrevimiento, podríamos llamarlo un divertimento. Así se conoce en música una pieza compuesta por una serie de movimientos breves, escrita de forma libre y con un carácter alegre. En cierto modo, y pese a su sombrío título, El Argos de la fe fue un divertimento historiográfico que su autor urdió para sacar provecho a los días de encierro durante la pandemia.

El libro se compone de 13 ensayos -ocho inéditos y cinco reformulados- acompañados de una sólida introducción y unas páginas finales presentadas “a modo de conclusión”. Es fácil hacer una lectura individual de los textos porque cada uno plantea preguntas específicas, unas derivadas de los hallazgos del autor y otras de su relectura de obras literarias y fuentes olvidadas. Es una suma de microhistorias con un claro hilo conductor: la idea de que la censura inquisitorial de textos manuscritos e impresos en el Perú fue muy activa en la época colonial, debido a los numerosos individuos que participaron en ella. A lo largo del libro, Guibovich constata que la censura era una práctica impuesta por la Iglesia y la Corona, pero sostenida y legitimada por la denuncia de los fieles y la colaboración de las élites locales. No obstante que existía una normativa dictada desde Madrid con pretensiones hegemónicas, la censura del libro y la lectura fue permeable a las condiciones geográficas y sociales del Perú, a los conflictos que enfrentaban a autoridades y corporaciones, a los intereses políticos de grupos locales, así como a la transformación de los saberes y las creencias religiosas de la población.

Con una acertada selección de casos, Guibovich ofrece una mirada sobre la Inquisición desde una perspectiva crítica y alejada de maniqueísmos que, al igual que su primer libro, invita a buscar paralelismos y diferencias con los otros dos tribunales americanos: México y Cartagena. En primer lugar, el “Argos de la fe” de Guibovich no es un tribunal compuesto por tres jueces que languidecen en una torre solitaria, sino un sistema que opera gracias a la actividad de sus dependientes -comisarios, secretarios, familiares y alguaciles-, así como de frailes y catedráticos, que colaboran desde fuera en calidad de censores y promotores de denuncias. Es el caso del agustino, Juan de Almaraz, denunciante y censor del libro El Cortesano, de Baltasar Castiglione, en 1582, al que el autor dedica su primer capítulo (pp. 25-39).

La opinión de los calificadores o censores podía ser decisiva en pesquisas y sentencias. En el caso de libros sospechosos, sus dictámenes podían conducir a su confiscación temporal -so pretexto de su “corrección”-, a su prohibición definitiva e, incluso, a su destrucción, como indican varios capítulos dedicados a estos intermediarios entre la Inquisición y la sociedad. Como ejemplo, destacamos el capítulo “Los jesuitas, agentes y víctimas de la censura inquisitorial”. El amplio conocimiento del autor sobre la historia de la Compañía de Jesús en el Perú y su injerencia en la actividad inquisitorial, le permite adoptar una posición intermedia entre la corriente historiográfica de los siglos XIX y XX, que sostenía que la Compañía “ejerció poder e influencia en el Santo Oficio”, y una vertiente contemporánea que minimiza su injerencia, al grado de afirmar que los ignacianos se mantuvieron “al margen” de la Inquisición. Para Guibovich, la relación entre la Inquisición y los jesuitas fue constante, pero contradictoria, pues, además de la Corona y el Consejo de la Suprema, intervenían en ella intereses de carácter local. La documentación confirma, en efecto, “el rol protagónico de los jesuitas” en la historia del tribunal limeño, aunque no siempre como colaboradores en las tareas de censura, sino también, en ocasiones, como blanco de censura. Al respecto, el autor menciona tres episodios ocurridos en los siglos XVI y XVII, en que teólogos de la Compañía fueron silenciados por la Suprema a través de sus tribunales. El Consejo les prohibió disputar sobre ciertas controversias (De auxiliis, la inmaculada concepción de María) en cátedras, púlpitos y escritos, y mandó recoger y expurgar sus libros, entre ellos, alguno de Francisco Suárez, una de las máximas autoridades de la Orden en teología y jurisprudencia (pp. 41-73).

Una de las herramientas de censura más intrigantes de la Inquisición limeña es la “Nómina de los libros prohibidos que no pueden leer, ni retener aun los que tienen licencia del Ilustrísimo Señor Inquisidor General”. Se trata de un impreso suigéneris, que Guibovich transcribe y analiza en uno de los capítulos. En la segunda mitad del siglo XVIII, algunos lectores distinguidos o adinerados podían solicitar, por medio del tribunal correspondiente, una licencia para leer libros prohibidos, pero siempre con excepción de unos cuantos, señalados con una prohibición especial. Por lo tanto, el impreso mencionado puede entenderse como un listado de los libros “más malos”, identificados por el propio tribunal con base en sus propios edictos. Esta lista incluye 77 obras, en su mayoría francesas, prohibidas mediante edictos promulgados por la Suprema entre 1755 y 1785. Lo notable de esta “Nómina” es su factura americana, por uno de los secretarios del tribunal limeño. Ante la falta de actualización del Índice de Libros Prohibidos (el más nuevo era el polémico de 1747) y la “invasión” de literatura francesa en el Perú, todo hace pensar que el tribunal elaboró su propia herramienta de trabajo. En los hechos, no conocemos cómo se usó la “Nómina”, pero sospechamos que serviría para agilizar las “visitas” o inspecciones a librerías, que de otra manera hubieran dependido exclusivamente de los edictos, de difícil lectura y que rara vez estaban todos al alcance de los comisarios. La Inquisición española no consiguió actualizar el Índice de Libros Prohibidos hasta 1790, pero el tribunal peruano se había adelantado a formar un listado que podía serle de mucha utilidad. Es probable que ese esfuerzo estuviera relacionado con el singular experimento censor que Guibovich estudia en el capítulo dedicado a fray Diego Cisneros.

En efecto, el descubrimiento de un conjunto de libros prohibidos, de origen francés, llevó al virrey del Perú, Teodoro de Croix, a proponer un nuevo sistema de decomiso de libros, diseñado por un oidor, para frenar su introducción en 1786 (más o menos al tiempo de la confección de la “Nómina”). La Inquisición, lejos de celebrar la medida, desconfió desde un comienzo. ¿Se intentaba ayudar al tribunal o era una trampa institucional para eludir su vigilancia? Muy pronto, los inquisidores advirtieron que el censor designado por el gobierno, fray Diego de Cisneros, era demasiado laxo en su oficio y comentaba el contenido de las obras que debía decomisar. El tribunal abrió un expediente en su contra, bajo la sospecha de jansenismo, aunque es probable que el asunto de fondo haya sido el modo de percibir la tarea censora. Años después, a raíz de la publicación del Índice de 1790, fray Diego de Cisneros expresaría su oposición al regreso del “jesuitismo”, que en otras ocasiones había combatido con fervor. Las contradicciones de la censura hacen eco, en esta ocasión, de los cambios en la política inquisitorial. La institución, que durante varios años había sido guiada por el fervoroso antijesuita Felipe Bertrán (bien estudiado por León Navarro) adoptaba una nueva actitud bajo la dirección de un inquisidor más conservador, Agustín Rubín de Ceballos.

Más allá de estas particularidades, los capítulos de El Argos de la fe exponen las contradicciones y problemas que han enfrentado otros sistemas de censura, como los estudiados por Robert Darnton en su libro Censors at Work (2014). ¿Con qué criterio se debía corregir o prohibir un libro? ¿Cumplía la censura un papel benéfico o negativo para la literatura? ¿Hasta qué punto era conveniente propiciar el desconocimiento de ciertas obras? ¿A quién se debía permitir la lectura de los “libros malos”? Cuestionamientos de esta índole surgieron cuando se discutió, por ejemplo, si los dominicos, tradicionales aliados de la Inquisición, podían tener una licencia especial de Roma para poseer y leer obras prohibidas (pp. 247-275). El capítulo dedicado a fray Bartolomé Badillo, teólogo y panegirista del Santo Oficio, muestra que esas preocupaciones venían de lejos. Invitado de honor para predicar en la capilla del tribunal de Lima en el siglo XVII, Badillo disgustó a los inquisidores, pues su sermón criticaba a los teólogos que, debido a su ignorancia sobre los argumentos de los herejes, eran incapaces de convencerlos de abandonar sus errores (pp. 165-184).

En 1624 resultó escandaloso sostener la necesidad de conocer las premisas de las herejías para combartirlas exitosamente. Un siglo y medio después, por el contrario, esa misma necesidad impulsó la publicación en castellano del Deísmo refutado por sí mismo, de Nicolás Bergier y otros libros “antifilosóficos”, algunos de autores franceses. Y en esta necesidad se escudaron algunos individuos que, seguros de su catolicismo, defendían su capacidad de buscar elementos de utilidad en los libros prohibidos sin riesgo de “contaminarse”. Contadas excepciones, la mayoría de los integrantes de la Inquisición manifestaron frecuentemente su oposición a flexibilizar la censura y permitir la propagación de argumentos heréticos, pues esto favorecería su discusión pública en un momento en que el gusto por la conversación y la disputa sobre religión y política iban en aumento. La Inquisición desconfiaba de estas prácticas tanto como del “curioso lector”. Desde su perspectiva, la obligación del buen cristiano no era convencer al hereje de sus errores, sino rehuirle y denunciarlo.

Esa paradoja se observa en el ejercicio mismo de la censura. ¿Hasta qué punto era conveniente publicar los argumentos que habían dado pie a una prohibición? En los autos de fe, los secretarios de la Inqui sición describían los actos de maldad de los reos, pero omitían los principios o fundamentos de sus opiniones. Algo semejante ocurría con los edictos inquisitoriales contra libros, pues dejaban ver fragmentos de una censura cargada de adjetivos infamantes, pero evitaban que se entendiera el fondo de la argumentación (tanto del censor como de los censurados). Esto explica por qué fue denunciada la Instrucción de sacerdotes del obispo de Almoguera, que describía con lujo de detalle la vida y las costumbres licenciosas de los malos curas. Este caso revela los temores crecientes de la censura inquisitorial, pues si bien la Instrucción no buscaba propagar la herejía, su lectura suponía un riesgo para los buenos curas y la Iglesia católica en su conjunto. La idea de que el texto pudiera “ser leído por los herejes y en consecuencia proveerles de argumentos contra la Iglesia” (p. 240) es un buen ejemplo del extremo al que llegaba el pensamiento censor, al anticipar el mal uso de un texto “bueno” fuera de sus fronteras.

Los dilemas que enfrentó la Inquisición a propósito de la lectura nos llevan a la última parte del libro, dedicada, precisamente, a los lectores. De ella, queremos destacar el cuidadoso estudio que ofrece Guibovich sobre Miguel de Gijón y León, primer conde de Casa Gijón en el reino de Quito. Hombre culto y viajero, Gijón fue investigado por la Inquisición en los últimos años de su octogenaria vida (pp. 301-320). ¿Era sólo un católico crítico o compartía el deísmo de su amigo Pablo de Olavide, el célebre peruano que había sido castigado en Sevilla como ejemplo del lector descarriado? La documentación fragmentaria dificulta conocer con exactitud la información con que contó el tribunal de Granada, que formó el expediente contra Gijón, pero todo sugiere que las pruebas no pasaron de sospechas e inferencias por sus lecturas y cercanía con franceses. Guibovich analiza su biblioteca decomisada en Lima y los inteligentes argumentos que dejó anotados en una carta al tribunal. En ella repudiaba a sus posibles delatores y reafirmaba las críticas que había hecho a la sociedad católica, incluso contrastándola con la calvinista, sin pretender apartarse de su religión. ¿Estaba prohibido a los católicos ver y criticar sus propios defectos? Sólo la muerte salvó al viejo conde de un proceso que ya estaba en curso en plena reactivación del tribunal durante los años de la revolución francesa.

Cabe señalar otra virtud del nuevo libro que reseñamos: en todos los capítulos se advierte una curiosidad renovada de su autor, además de su incredulidad característica. Crítico conocedor de la historiografía, se opone a escribir a partir de citas de autoridad, práctica añeja que lleva a repetir errores, dando por hechos lo que en realidad son meras especulaciones y algunas bastante audaces (pp. 185-186). El examen minucioso de documentos le permite, en contraste, corregir importantes imprecisiones. En un capítulo demuestra, por ejemplo, que la Inquisición nunca examinó a Santa Rosa de Lima, y que, por lo tanto, es imposible que el tribunal haya “aprobado” sus milagros (pp. 185-202). En otro, Guibovich se enfrenta a la escasez documental mediante el análisis del único expediente inquisitorial relacionado con la Santa y conservado en la actualidad. Se trata del proceso -inconcluso- contra Luisa Melgarejo, acusada de formar parte de un grupo de mujeres que fingía arrobos místicos. Tras revisarlo cuidadosamente, el autor concluye que el tribunal no llevó el caso más allá de una confiscación de libros y papeles. Con esta discreta advertencia, la Inquisición pudo hacer una demostración de fuerza, pero tuvo que resignarse a suspender un proceso que podía provocar conflictos con otros eclesiásticos (pp. 203-219).

Como antídoto a la repetición estéril, Guibovich recuerda la importancia de escudriñar fuentes y esforzarse por comprenderlas a cabalidad. La tarea es particularmente difícil cuando se trata de documentar la actividad de la Inquisición de Lima, cuyo archivo ha desaparecido casi por completo. A pesar de ello, el autor ha dedicado toda su vida a recuperar expedientes -como la selección que publica en esta obra-, a identificar los perdidos y analizar minuciosamente los que sobreviven. No lo mueve la aspiración de obtener detalles eruditos, sino la convicción de que es necesario regresar a la fuente, al punto de origen documental, para esclarecer problemas y aportar nuevos elementos a un debate sustancioso. Más allá de la institución inquisitorial, El Argos de la fe descubre aspectos inimaginados sobre el pensamiento y la cultura religiosa de las sociedades sujetas al tribunal limeño, al tiempo que abre caminos para reflexionar sobre otras realidades americanas.