4.1 Homicidio y desaparición: preponderancia en la población joven

Las condiciones de exclusión y precariedad de los jóvenes constituyen dimensiones que configuran la violencia juvenicida, donde el asesinato es su indicador más extremo. Retomando los datos de defunciones por homicidio que publica el INEGI, encontramos que la población joven es la principal víctima de dicho tipo de violencia en Zacatecas. Como se observa en la Figura 1, los homicidios aumentaron en el estado desde el año 2010, con una intensificación a partir del año 2016. Mientras que para el 2010 se registraron un total de 133 homicidios (56 de jóvenes), para el 2016 se registraron 580 (267 de jóvenes), teniendo los picos históricos en 2021 con 1,767 (775 de jóvenes) y 2022 con 1 767 (698 de jóvenes). Desde el 2011 al 2022 más del 45% de las víctimas de homicidio en Zacatecas fueron jóvenes entre los 10 y 29 años. Si a esta población le sumamos el rango de 30 a 34 años, encontramos que la proporción asciende incluso al 60% de los casos.

Fuente: elaboración propia con datos del ^{INEGI (2024}).

Figura 1 Total de defunciones por homicidio en Zacatecas, 2006-2022 

Zacatecas tuvo las tasas de homicidio por cien mil habitantes más altas del país entre el 2020 y 2022 (^{Impunidad Cero, 2023}). Estos indicadores muestran la intensidad de la violencia en el estado en el marco de la implementación de políticas militaristas de “combate a las drogas”, derivado en las fragmentaciones y disputas armadas por el control del territorio. El incremento de las disputas armadas en Zacatecas se explica por su posición geográfica estratégica, como puerta de entrada a la Sierra Madre Occidental, espacio de conexión con Durango, Sinaloa y Chihuahua, y centro de extracción minera (^{Valadez, 2021, p. 52}). En tal sentido la incidencia de la violencia está asociada a las economías ilegalizadas de las drogas (producción y circulación), trata de personas (tránsito de migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado), extorsión y otras rentas (legales e ilegales).

Otro de los factores asociados con la radicalización de las disputas en este territorio está vinculado con las adecuaciones del mercado internacional de las drogas y el nuevo peso de la producción de fentanilo, del cual hay reportes de decomiso en el estado desde el año 2019.¹ Organizaciones consultoras señalan que desde el 2019 el “Cartel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) pactó con el “Cártel del Golfo” para controlar territorios estatales, y desde el 2020 tiene mayor presencia en el estado (desde los motines que se presentaron en el penal varonil de Cienaguillas o la aparición el 12 de abril de dicho año de 17 “narcomantas” simultaneas en diversos municipios). Se ha documentado la presencia en el estado de los “cárteles” del “Golfo”, “Sinaloa”, “Noreste”, “CJNG” y “Los Talibanes”, siendo especialmente cruenta la disputa entre el “CJNG” y “Sinaloa”.

Como muestran las estadísticas, las dinámicas de violencia se agudizaron durante el gobierno de Alejandro Tello (2016-2021) y los primeros años del gobierno de David Monreal (2021-2026). Durante este último gobierno, y continuando con la implementación de la política federal de expansión de la militarización y presencia de la Guardia Nacional, en noviembre de 2021 se implementó el Plan Zacatecas II, el cual aumentó la presencia de las fuerzas militares en todo el estado. Justamente desde dicho año se empezó a dar un fenómeno de disminución paulatina de los homicidios dolosos, pero un aumento significativo de las desapariciones de personas. Zacatecas tenía en julio de 2024 un acumulado histórico de más de 3 850 personas desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda. Dentro del periodo de implementación abierta de políticas de militarización y “combate contra el narcotráfico”, del año 2006 al 1 de junio de 2024, se registraron 3 590 personas desaparecidas o no localizadas en Zacatecas, de las cuales más del 50% se reportaron entre los años 2019 y 2024. Es decir, en ese lapso corto se intensificó como nunca el fenómeno a nivel estatal, al punto que Zacatecas tuvo las tasas de personas desaparecidas por cada cien mil habitantes más altas de todo México entre el 2021 y 2023 (^{Impunidad Cero, 2023}; ^{López, 2023}).

Los municipios más afectados por el fenómeno de la desaparición son Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y Jerez, principales cascos urbanos y económicos del estado. Seguidos por municipios que han experimentado dinámicas conflictivas de disputas armadas por los territorios como Rio Grande, Calera, Ojocaliente, Valparaíso, Villa de Cos, Loreto, Sombrerete y Pinos (^{López, 2023}). La distribución geográfica muestra la concentración del fenómeno en los espacios de desarrollo económico subregional.

Del total de personas desaparecidas o no localizadas entre 2006 y 2024, el 49.1% son jóvenes de entre 10 y 29 años (1,656 casos), es decir, el segmento poblacional que representa poco menos del 30% de la población acumula la mitad de las desapariciones. Como se observa en la Figura 2, en la medida que la incidencia del delito de la desaparición creció en Zacatecas, aumentó la magnitud y proporción de victimización de la población joven. Especialmente desde el 2019 el aumento de casos de desaparición estuvo asociado con mayor cantidad de víctimas jóvenes, superando el 50% de los casos totales en 2019, 2021, 2023 y 2024.

Fuente: elaboración propia con datos del RNPDNO.

Figura 2 Personas Desaparecidas o No Localizadas por rango de edad en Zacatecas, 2006junio 2024 

Mientras el contexto estructural de precariedad y exclusión que configura las violencias en Zacatecas imponía condiciones de vulnerabilidad especial a los jóvenes, las guerras en los territorios, la militarización y las economías ilegalizadas reforzaban las formas de violencia sobre sus cuerpos. La vulnerabilidad especial de la violencia desaparecedora deja heridas profundas en cientos de familias, comunidades y entornos sociales que reciben el mensaje de la prescindibilidad de las vidas juveniles.

En el discurso oficial se explican las desapariciones como consecuencia de “reclutamientos forzados”, construyendo una narrativa según la cual las jóvenes víctimas hacen parte de organizaciones delictivas, se encuentran en contextos de consumo y venta de drogas, o son víctimas de las necesidades de los criminales (^{Redacción, 2023}). Estos discursos, que refuerzan el “perfilamiento” y la estigmatización sobre la población joven (^{Reguillo, 2015}; ^{Valenzuela, 2019}), son reduccionismos que no permiten entender la compleja relación de las desapariciones como parte de un continuo de violencias juvenicidas.

5.1. Trayectorias de vulnerabilidad inmersas en la violencia

Reconstruyendo las trayectorias de las víctimas, encontramos vidas inscritas en el cruce de vulnerabilidades donde destacan la precariedad laboral, la educación truncada y otras formas de violencia. Todos los testimonios parten de la ruptura profunda que implicó la desaparición de los hijos o hermanos, la incomprensión de los hechos y sus razones. Las circunstancias de la desaparición varían, desde casos donde los jóvenes fueron extraídos de sus casas o frente a sus familiares (Entrevista E4; E5; E11); quienes fueron desaparecidos cuando salieron de sus casas “camino a la tienda” (Entrevista E1; E9); quienes fueron desaparecidos cuando salían de su trabajo (Entrevista E5), hasta aquellos que lo fueron cuando estaban realizando trabajos en otros municipios (Entrevista E7; E2; E3). En los casos de los hijos de Marta y Raquel y, la hija de Adriana, fueron desaparecidos y desaparecida junto con, por lo menos, una persona más, y si bien las otras familias no se movilizan activamente en la búsqueda, en los testimonios recolectados los mantienen presentes.

Un elemento común en los casos de los hombres tiene que ver con trayectorias en las que no culminaron los estudios básicos o profesionales. En el caso de Raquel, su hijo desaparecido y su mellizo, estudiaron hasta la secundaria y por necesidad de trabajar para aportar en sus gastos abandonaron los estudios, empezando a trabajar con familiares en tiendas de abarrotes o mecánica.² Por su parte, el hijo de Marta, quien vivía en Guadalupe, solo culminó sus estudios de secundaria pues fue padre de tres niños desde muy temprana edad, por lo cual se insertó en trabajos informales con los que buscaba sostener a su familia. En la narración Marta recuerda que su hijo laboraba en jornadas muy pesadas desde temprana edad (en refraccionarias), y si bien no logró alcanzar su sueño de ser arquitecto, logró conseguir una casa para su familia; fue desaparecido en Loreto en 2017 cuando se encontraba realizando una entrega para su empresa junto con un compañero.

Las vidas laborales de los hijos de Raquel, Marta, Josefina y Guadalupe muestran condiciones de alta precariedad y peligrosidad, pues en un contexto donde la violencia y la inseguridad aumentaban, los jóvenes tenían que hacer viajes de trabajo en carreteras peligrosas en zonas como Loreto, Ojocaliente y Fresnillo. En un recuerdo muy vívido, Josefina narra que su hijo desde muy temprana edad estuvo trabajando en brigadas de salud, particularmente menciona que viajaba mucho a Valparaíso, en el centro sur del estado, una región donde las disputas entre grupos armados se han intensificado vorazmente en los últimos años (^{López, 2023}).

La vulnerabilidad de los jóvenes no se reduce a trayectorias de informalidad laboral en zonas de alta violencia. En el caso de la hija de Adriana, desaparecida junto con una compañera cuando salían de su jornada laboral en una de las principales mineras de Fresnillo, la familia no solo fue víctima de extorsiones, sino que la minera no quiso responder por su trabajadora: “nosotros no hemos ido nunca a la minera, mi esposo y familia han dicho que tal vez vayamos, pero para mí es como que aceptamos que mi hija ya no va a volver. Aunque se supone que podría haber alguna indemnización o apoyo, pero de la empresa nunca se han comunicado y nosotros nunca hemos ido y nunca ayudaron en las investigaciones” (Entrevista E5).

La desaparición de un joven tiene igualmente impactos en los otros jóvenes de las familias. Depresión, miedo, ansiedad, tristeza, son sentimientos que se generan en las vidas de los hermanos y hermanas de las personas desaparecidas, además de muchos quiebres en sus relaciones con las madres que deciden movilizarse, rompiendo con las anteriores rutinas pues hacen de la búsqueda un trabajo de tiempo completo no remunerado. En el caso de Adriana, encontramos que una de sus hijas estudiaba en la universidad y “cuando desapareció su hermana quería dejar de estudiar, los propios compañeros de la escuela le insistieron que no dejara los estudios, aunque sea que estudiara viernes y sábado, y poco a poco fue sacando su carrera” (Entrevista E5). Otro de sus hijos “terminó la secundaria y se fue para Estados Unidos, cruzó tres veces y lo deportaron en todas, ahora en el último viaje ha logrado estar más de un año. Dejó los estudios luego de que desapareció su hermana, le faltaba un año para acabar” (Entrevista E5). Finalmente, el hijo menor dejó la escuela y se dedicó a trabajar. La madre señala: “Es que a uno ya no le dan ganas de nada, ni mente tenía para pararme a enviar a mi hijo a la escuela” (Entrevista E5).

Ahora nos detenemos en el caso de la hija de Lina, porque condensa las condiciones de vulnerabilidad y estigmatización de los y las jóvenes, en contextos de graves violencias de género y entornos cercanos de consumo. La joven fue desaparecida en julio de 2019 en el municipio de Guadalupe, una tarde en la que se encontraba con amigos en su casa. Creció en un entorno que ahora su madre reconoce como machista y adverso, culminó su carrera profesional e inició muy temprano su vida laboral y como madre. Cuando su bebé tenía menos de 10 meses fue víctima de violencia con tentativa feminicida al ser golpeada brutalmente por su entonces esposo, el cual luego de pasar un tiempo en la cárcel quedó en libertad y retomaron la relación. A pesar de este antecedente, reincidió la violencia de género, algo que en el testimonio de la madre aparece como “inexplicable”. La hija de Lina perdió su trabajo luego de quejarse ante su jefe por no contar con seguridad social. Este entorno de violencia de género fue aislando paulatinamente a la joven de su familia, incluidos sus hermanos, quienes señalaban que su hermana se estaba “comportando cada vez más hermética, de manera más rara, como si le tuviera miedo a todo” (Entrevista E1). Si bien logró separarse de su esposo, el cual era policía estatal, mantuvo la distancia con sus familiares incidiendo en espacios de consumo, razón por la cual la llevaron a centros de rehabilitación donde fue víctima de más violencias. Cuando la hija de Lina fue desaparecida su familia inició la búsqueda y los amigos con los que se encontraba se negaron a dar información sobre lo sucedido.

Este caso nos muestra un contexto donde las violencias de género marcan trayectorias vitales de descomposición de vínculos en entornos de supervivencia adversos. Una de las características del testimonio es la posibilidad que da a las víctimas de construir sentidos a experiencias muy dolorosas, las cuales no suelen plantearse por el sufrimiento y la urgencia (^{de Marinis y Macleod, 2020}). De esa manera en nuestro diálogo Lina se fue percatando del cúmulo de condiciones violentas por las que atravesó su hija a lo largo de su vida, al punto de afirmar que “siento como si por fin lograra quitarle la culpa a mi hija, y entender que ella también sufría” (Entrevista E1). La condición de género en un entorno machista, en contextos laborales precarios, donde las relaciones de pareja fueron sumamente violentas, configuran una trayectoria vital de vulnerabilidad extrema (^{Berlanga, 2015}).

En los testimonios se expresan condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban muchos de los y las jóvenes en el contexto de exclusión y creciente violencia en Zacatecas. Si bien no estamos presentando estas condiciones como explicación última de la victimización, sí señalamos que constituyen entramados de vidas vulnerables propias de la violencia juvenicida, una población donde hemos mostrado que la incidencia de la desaparición es mucho mayor.

5.2. Circuitos de impunidad y estigmatización

La violencia desaparecedora descansa sobre la impunidad. Según el informe de la organización ^{Impunidad Cero (2023)}, en Zacatecas se dieron solamente seis sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares entre los años 2019 y 2022. Como señaló el ^{Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en 2022}, la desaparición en México sigue el paradigma del “crimen perfecto” (2022), en tanto los circuitos de impunidad permiten que este delito se reproduzca de manera generalizada sin castigo a los culpables, enviando un mensaje de permisividad y permanencia de la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas. ^{María Victoria Uribe (2023)} y ^{Roberto González (2022)} han señalado que esta forma de “crimen perfecto” se rompe cuando del otro lado del espejo de la desaparición se presenta la voz, testimonio y movilización de las familias de las víctimas que hacen denuncias públicas. Esta visibilidad se contrapone al ocultamiento como técnica particular del terror, enfrentando resistencias en gobiernos, fiscalías y la sociedad.

Las atenciones deficientes de las instancias institucionales son la traducción burocrática del discurso revictimizante, en un circuito que refuerza la falta de acceso a la justicia. Para el caso de la hija de Lina, por ejemplo, quien fue desaparecida en julio de 2019, todavía en octubre “nomás tenía la hojita de la denuncia y la otra que no sé qué decía, ¡ah, y la ficha!, de resto nada de avance en su supuesta búsqueda” (Entrevista E1). A su hija le pusieron mal el nombre en la ficha de búsqueda (Entrevista E1), de la misma manera que en el caso del hijo de Raquel, donde la carpeta de búsqueda tenía mal las fechas, los lugares y números telefónicos.

A Raquel le tomaron dos veces prueba de ADN y trabajadores de la Fiscalía estatal le señalaron reiteradamente que su hijo desapareció porque estaba con “la mafia”, insistiéndole que mejor desistiera de buscar: “Y ya le dije: ‘Es que, según nosotros, no… pues él nomás nos dijo que venía para acá, que estaba trabajando’. -¡Ay, señora!, pues si ya sabe que aquí al único que se vienen es con los de la mafia -dijo-.

¿Para qué viene a buscarlo?, ¿para qué?, ya se sabe por qué desaparecen” (Entrevista E2). En el caso de Marta, el Fiscal Especializado le insistió que no buscara: “Me dijo: ‘Su hijo estaba en el lugar y con la compañía equivocada. Ya ve cómo son los jóvenes’” (Entrevista E3). La misma narrativa se repite en los casos de los hijos de Alicia, Guadalupe y Margarita. En el caso de Adriana, lo primero que las autoridades le dijeron fue “no se preocupe eso seguro vuelve, se debió ir de fiesta”, más de un año después su hija continúa registrada como secuestrada y no como desaparecida.

En todos los testimonios las madres y familiares de los y las jóvenes desaparecidas tomaron por su cuenta acciones de búsqueda e investigación, ya que las autoridades no atendían sus exigencias. Encontramos casos donde las familias fueron a buscar individual o colectivamente información con población carcelaria (Entrevista E3; E9; E2), buscaron en diferentes municipios y carreteras (Entrevista E7; E3), en los circuitos de cámaras de vigilancia o con testigos para tratar de reconstruir los hechos (Entrevista E1; E8; E6), contactando a los bancos para rastrear los últimos movimientos de las tarjetas de sus hijos (Entrevista E7, E2), o indagando con amigos que pudieran tener información (Entrevista E8; E1; E9; E2). Estas acciones, que deberían realizar las autoridades por simple procedimiento, fueron asumidas por las familias, pues las autoridades no habían realizado su trabajo argumentando saturación de casos y luego de haber estigmatizado y criminalizado a las víctimas.

Las madres y hermanas buscadoras realizan estas acciones solas por temor a involucrar a más familiares y ponerlos en vulnerabilidad por amenazas, extorsiones o represalias (Entrevista E1; E3; E8; E5), lo que muestra el alto riesgo que implica romper con los patrones de impunidad y estigmatización.

Las familias movilizadas tienen una gran conciencia sobre el trato diferenciado que las autoridades dan a las desapariciones, pues mientras que a la gran mayoría de hombres o mujeres les estigmatizan desde la primera atención, queriendo justificar las desapariciones como parte de los comportamientos rebeldes de los jóvenes, en otros casos mediáticos la respuesta es inmediata y contundente. Así recuerda Adriana el caso de la privación ilegal de la libertad de un primo del gobernador David Monreal en mayo de 2023 (^{Animal Político, 2023}), junto con otros dos trabajadores de la empresa Grupo Modelo: “ahí si hubo un gran operativo para rescatarlo, me impresionó ver tantas fuerzas de seguridad y militares para buscar a una persona, pero cuando se trata de los casos que no son personas importantes no hacen nada (…) el mismo día que pasaron los hechos ya tenían hasta la foto de los responsables y en nuestros casos nada de nada” (Entrevista E5). Igualmente, Josefina recordó el episodio: “llegan elementos de todos lados, tanto es que acaban de fortalecer con 800 elementos de la SEDENA ¿verdad? O cuando secuestraron al primo, que sí, encontraron al primo del gobernador ¿verdad? Ahí sí, hubo movilizaciones y lo hemos dicho, pero de verdad, no hay impacto si no son de gente de adentro de ellos” (Entrevista E6).

La impunidad y la estigmatización son componentes centrales de las violencias juvenicidas y de la desaparición de jóvenes. La “precarización económica y social de la población también precariza sus condiciones de acceso a la justicia, pues, sus vidas son vidas proscritas, prescindibles, sacrificables, ubicadas en los márgenes de la justicia, son subalternos sin voz y sin escucha” (^{Valenzuela, 2015, p. 16}). Como encontramos en todos los testimonios recolectados, la impunidad viene de la mano de un patrón generalizado de estigmatización, criminalización y revictimización por parte de las autoridades a partir de la identidad juvenil de las víctimas.

5.3. Disputas por la restitución moral de las víctimas

El continuo de violencia juvenicida que se manifiesta en la desaparición generalizada de jóvenes encuentra uno de sus elementos más claros y visibles en las disputas morales por la definición de las víctimas. Como recuerda Valenzuela, “la estigmatización de sectores juveniles permite la construcción de grupos socialmente desacreditados o desacreditables y es uno de los elementos que participan en construcción y aceptación social del juvenicidio” (2015, p. 20). Las exclusiones históricas, la vulnerabilidad y la violencia, sostenida sobre los circuitos de impunidad, encuentra en la estigmatización y revictimización esa práctica justificadora de la desechabilidad de la vida joven (^{Becerra-Romero, 2022}; ^{Berlanga, 2015}; ^{Bonvillani, 2022}).

Un caso que ejemplifica con claridad cómo se evaden las condiciones de precariedad y vulnerabilidad es el de la desaparición de siete jóvenes el 24 de septiembre de 2023 en la pequeña comunidad de Malpaso, Zacatecas. Luego de ser privados de libertad por un grupo armado, las familias desesperadas tomaron la caseta de la UNIRSE ubicada a unos cuantos metros de la comunidad, exigiendo atención y localización inmediata de sus hijos. Según las familias los jóvenes fueron “levantados” de una casa en la que se encontraban en una fiesta, y si bien se escucharon disparos, las fuerzas de seguridad ubicadas a unos cuantos metros no reaccionaron de manera inmediata. Mientras se daban las protestas que paralizaron el tráfico en una carretera federal, en declaraciones públicas el gobernador del estado aseguraba que por lo general los jóvenes que desaparecían y no eran localizados estaban vinculados con cuestiones de drogas o del crimen organizado. Igualmente, circularon videos donde se apreciaba al Secretario de Seguridad Pública instando con tono de burla a las familias a que los acompañaran a la sierra a buscar a sus hijos. Dada la manifestación de las familias, las autoridades iniciaron un operativo sin precedentes en el estado para localizar a las víctimas, en el que participaron más de 200 agentes de la policía estatal, ejército, guardia nacional y fiscalía. Días después fueron localizados sin vida seis de los siete jóvenes, mientras que el sobreviviente fue trasladado al hospital para ser atendido de graves heridas.

La prensa nacional e internacional cubrió el acontecimiento desde un enfoque que siguió al pie de la letra la narrativa sensacionalista de la “guerra de cárteles” (^{Zavala, 2022}), sin presentar mayor evidencia de los hechos y reproduciendo el discurso oficial. Así encontramos titulares como “Pugna entre cárteles, motivo de homicidios de seis jóvenes en Zacatecas” (^{Valadez, 2023}), “Narcoterror en Zacatecas: secuestro y muerte para seis adolescentes” (^{Santos, 2023}), “Asesinato de seis jóvenes en Zacatecas; una disputa por territorio entre crimen organizado asegura gobernador” (^{Barajas, 2023}). El episodio muestra de manera clara la estigmatización pública, mediática y oficial que se realiza bajo el discurso de la “guerra contra las drogas”, pues el mismo gobernador del estado no dudó en afirmar en el marco de estos hechos que los asesinatos y desapariciones de jóvenes se debían a temas de “consumo de drogas y narcomenudeo” (^{Barajas, 2023}).

Frente a estas formas de justificación de la violencia y estigmatización de los jóvenes, la restitución moral de las víctimas que realizan las familias se constituye en una contranarrativa de la violencia juvenicida, luchando por no normalizar una violencia que tiene raíces que van más allá del acontecimiento victimizante. Frente al discurso oficial que generaliza y señala que todas las personas desaparecidas, especialmente los jóvenes, están vinculadas con el narcotráfico, la búsqueda, el nombrar y visibilizar dignifica a las personas desaparecidas (^{Domínguez, 2022}; ^{Robledo, 2019a}; ^{Uribe, 2023}). En este punto se evidencia la vinculación entre violencia juvenicida, desaparición y el doble espejo, pues las acciones y prácticas de memoria que llevan a cabo las familias movilizadas disputan moralmente la tendencia del borramiento y ocultamiento de las víctimas.

En nuestro estudio hemos abordado testimonios de familias que participan en diversas acciones públicas. Entre estas destacan las marchas, plantones, elaboración de memoriales públicos con los nombres y rostros de las personas desaparecidas, instalación de exposiciones que evocan la ausencia y humanizan la identidad de las víctimas (como son la elaboración de peluches a partir de prendas de vestir de sus familiares), exposiciones fotográficas, o los denominados “árboles de la esperanza” en espacios visibles de municipios como Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Villa de Cos, Luis Moya o Jerez. En todos los testimonios las familias hablan de sus jóvenes desaparecidos como “personas trabajadoras”, “inteligentes”, “que no tenía problemas”, “luchadoras por su familia”, en una apuesta discursiva que busca derrumbar los estigmas con los que cargan todas las víctimas de desaparición.

Finalmente, una de las características de la desaparición en México ha sido la importancia que ha tenido para los colectivos organizados la búsqueda en vida y en campo. Aquí destaca la tensión entre el ocultamiento (perpetradores) y la resistencia (familiares sobrevivientes). La búsqueda en vida o en campo constituye una reivindicación radical de la humanidad de las víctimas desde el derecho a ser buscados. Marta, quien ha participado en diversas brigadas de búsqueda y que ha localizado a dos personas en sus acciones (una con vida y otra sin vida), lo define así: “me da un gusto, es lo más emocionante que le pasa a uno en su vida y mientras encuentra a su hijo encuentra otros” (Entrevista E3). Cuando las familias buscan a sus seres queridos, y especialmente en los casos analizados a jóvenes desaparecidos sobre los cuales caen estigmas, rompen con la pretensión de desechabilidad de las vidas juveniles.