Introducción

Desde el golpe de Estado de 1955 y por más de veinte años Argentina estuvo atravesada por la imposibilidad de resolver la crisis de dominación política abierta con el desplazamiento por la fuerza del general Juan Domingo Perón de la presidencia de la República. El proyecto de exclusión del peronismo, que abarcó a distintos gobiernos militares y civiles, no admitió por años la consolidación de un sistema de gobernabilidad. Con el propósito de cerrar esta crisis, en 1966, se instauró la primera dictadura institucional de las Fuerzas Armadas inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional. Encabezado por el general Onganía, el nuevo gobierno, lejos de pretender reinstaurar el “orden”, se postuló instituyente al proponerse llevar a cabo cambios estructurales (^{O’Donnell 1996}). A tal fin, clausuró todos los canales de participación política legales e impuso un clima cultural fuertemente retrógrado y tradicionalista (^{Manzano 2005}; ^{Eidelman 2015}). El intento de disciplinar a la sociedad civil se fue tornando cada vez más coactivo, a medida que de manera espontánea u organizada los distintos grupos sociales y políticos rechazaban estas prácticas autoritarias. El Estado trazó por entonces una línea cada vez más persecutoria hacia la protesta obrera y estudiantil, la actividad de las organizaciones de la izquierda y el peronismo revolucionario y, particularmente, la actividad de los grupos armados. Simultáneamente se fue implantando una legislación adecuada para prevenir o directamente erradicar toda oposición política, social o cultural de corte izquierdista. No se trató de una modificación aislada sino de una creciente institucionalización de la violencia por parte de un Estado que había proscripto a los partidos políticos, intervenido la universidad pública e impuesto silencio e intimidación a las formas insumisas de activismo sindical.

La creciente militarización, profesionalización y articulación de los aparatos represivos fue de la mano de la conculcación de mayores derechos individuales, políticos y sociales. De este modo, cuando los militares controlaron nuevamente al Poder Ejecutivo en 1976, con lo que se conoce como la dictadura más sangrienta de la historia argentina, todos estos instrumentos coercitivos tenían ya al menos una década de desarrollo. De modo tal que este periodo histórico debe ser concebido como una unidad histórica en la que los conflictos sociales fueron procesados desde y por el Estado de modo cada vez más violento.

La mayor parte de las investigaciones producidas sobre la violencia perpetrada por la última dictadura militar se concentraron en los aspectos más clandestinos e invisibles de la represión, soslayando el carácter procesual que adquirieron las contradicciones sociales a lo largo de varias décadas (^{D’Antonio 2016}). Sin embargo, es precisamente cuando el análisis se centra en la experiencia de los centros clandestinos de detención cuando resulta difícil establecer conexiones con la creciente institucionalización de la violencia anterior a 1976, pues la forma que adviene con el golpe no tiene precedentes, más allá de algunos casos aislados, aunque no por ello poco significativos (^{Andújar y D’Antonio 2008}). El foco de análisis exclusivo puesto en esta fase de la violencia reforzó en la historiografía local una mirada excepcionalista de la experiencia del último régimen militar, aparejando una especial valoración de las rupturas por sobre las continuidades y de las anomalías e irregularidades más que en las líneas históricas de largo plazo (^{Vezzetti 2002}; ^{Romero 2007}; ^{Franco y Levín 2007}).

Ha resultado fructífero para mí centrar el análisis en instituciones de histórica constitución como las cárceles del Servicio Penitenciario Federal en tanto se convirtieron en referencia fundamental del Estado Nacional en los años sesenta y setenta para el control del delito político. Entre 1966 y 1976, las instrucciones carcelarias, la reglamentación interna de las fuerzas de seguridad y la ley penitenciaria operaron como marco regulatorio general que atravesó a distintos gobiernos constitucionales y militares, instando a una uniformidad institucional que fue utilizada, de modo cada vez más progresivo, en favor de la lucha contra la “subversión” (^{Rubano 1994}; ^{Garaño 2008}; ^{D’Antonio y Eidelman 2010}).

Si bien es cierto que la violencia en las cárceles de los años de la última dictadura tuvo límites más precisos que en los centros clandestinos de detención, la violencia estatal -fuera legal o ilegal, visible u oculta- estuvo anudada a un proceso político unificado que no puede analizarse fragmentariamente ni en términos de escalas de sufrimientos de las víctimas.

Mi lectura sobre este proceso histórico sugiere que esta tensión entre lo oculto y lo visible constituyó una dialéctica que el mismo Estado terrorista alentó y que fue estructurante de la legitimidad conseguida. La prisión política y el modo en que ésta se articuló con otros aspectos de la represión estatal enlazaron la dinámica particular de esta institución con la relación más general del régimen en torno a lo que ocultaba y lo que dejaba ver. En el marco de esta estrategia compleja, las cárceles y las personas presas por razones políticas fueron la cara pública y manifiesta de la represión y ocuparon un lugar central para que pudiesen existir más de 600 centros clandestinos de detención y cientos de miles de desaparecidos.

Sabemos que el Estado moderno funda su legitimidad naturalizando el monopolio y el uso de la fuerza, por lo que la exhibición pública de la arbitrariedad de ese uso, lo erosiona como tal. Pero en momentos de fuerte ascenso de lucha entre las clases, el Estado y sus fuerzas de seguridad tienden a expresarse de modo cada vez más coactivo. Es allí cuando al Estado se le plantea la necesidad ambivalente de, por un lado, visibilizar su coerción para amedrentar a quienes pretenden impugnar el orden social y, por otro lado, invisibilizar su violencia, para que ésta no genere el efecto contrario al deseado, esto es, socavar al poder estatal mismo. De modo tal que, por ejemplo, el régimen militar ostentaba su carácter represivo en términos físicos en las calles y a nivel simbólico en sus discursos, a la vez que esquizofrénicamente negaba tal carácter mediante la producción activa de ignorancia en torno a las bajas por desaparición y asesinato día tras día.

Lo que se mostraba de la prisión legal se desplegó como negación de lo que se ocultaba del encierro y la represión clandestina, y a la vez este mecanismo tuvo un correlato en el género. Si bien no propongo realizar una analogía estricta entre el juego de visibilización e invisibilización con que se estructuró la represión estatal con la visibilización e invisibilización de género que operó en la represión hacia las mujeres y varones presos políticos, es posible observar en el análisis ciertas congruencias en ambos niveles. Por caso, el encierro femenino fue el que privilegiadamente ocupó el rol más ostensible ya que se centralizó en la cárcel de Devoto, una unidad penitenciaria metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Los varones, por su parte, sufrieron un mayor ocultamiento por parte del Estado pues fueron movilizados permanentemente de un penal a otro con el objetivo de impedir la creación de lazos de sociabilidad estables entre ellos. Muchos fueron alojados en penales muy retirados de las ciudades más importantes del país como es el caso del penal de Rawson en la Patagonia o el penal de Resistencia al límite noroeste, en la frontera con el Brasil y el Paraguay. De este modo, la visibilización de la prisión femenina y la invisibilización del encarcelamiento masculino se constituyó en relación inversa a los roles de género que los militares promovían en su discurso público que implicaba el confinamiento doméstico para las mujeres y la libertad en la arena pública para los varones.

El régimen militar subvirtió el orden de género y sexual en los espacios de encierro ocultos a los ojos de la sociedad yendo contra su propia prédica restauracionista en torno a las atribuciones de género tradicionales. De este modo, la veneración que se practicaba en el discurso público hacia las madres se oponía por el vértice al trato dado a las mujeres militantes a las que convertían primero en desaparecidas y luego les secuestraban a sus hijos e hijas. Algo similar a lo que les sucedió a las presas políticas en tanto el poder penitenciario puso todos los mecanismos institucionales al servicio de la interferencia del vínculo entre ellas y sus niños y niñas. En este sentido, la visibilidad de las prisioneras políticas resulta al menos paradójica dado que se colocaba en la “vidriera” solo a las subjetividades femeninas abyectas, en este caso, a las que habían abandonado sus destinos de género. Atribuciones decimonónicas que implicaban que su politización no podía ser tomada en serio por su falta de celo para estos menesteres por estar inclinadas “naturalmente” al orden hogareño. Es por ello que estas mujeres eran para los penitenciarios más locas que peligrosas.

La concentración de presas políticas en el penal de Villa Devoto puso en juego, además, la masculinidad del régimen mismo, pues las “mostraban”, exhibiendo a la vez, “caballerosidad” e “indulgencia”. Esta performance masculina del Estado era utilizada conjuntamente para imponer la feminización de los varones sometidos a la represión. Se podría decir en otras palabras, que el agente del encierro se representó como un varón y la víctima del encierro, aunque se enclavara en un cuerpo masculino, devenía mujer en términos de estructura de poder (^{Segato 2003}; ^{Sirimarco 2004})

En síntesis me interesa reparar en este texto en la articulación de género y sexual en el campo de fuerzas que se dio en la prisión entre el Estado y las personas apresadas por razones políticas. La violencia ejercida en las cárceles durante este periodo permite no perder de vista cómo la estructura de género reaparece insistentemente para reafirmar al poder represivo. La penalización de la condición de género y de la sexualidad fue utilizada como una estrategia para ultrajar y doblegar y colocar a los presos y presas políticos en posición de víctimas y no de adversarios políticos con el propósito de redoblar los efectos deshumanizantes, despersonalizantes y destructivos de la estrategia represiva. De allí que la sexualidad y el género puedan ser el aleph desde donde mirar a los cuerpos como territorios en los que se dirimieron tanto lógicas de poder como de resistencia.²

Modernización y disciplinamiento

Si el sistema penitenciario desde muy tempranamente en Argentina destinó un lugar dentro de su agenda a la represión de los opositores políticos, lo que se convierte en una novedad desde fines de la década de los años 60, es el redoblamiento de este rol a partir del fuerte ascenso del conflicto social y de la contribución directa, desde mediados de la década siguiente, con las fuerzas armadas. En este nuevo contexto histórico, el Estado pasó a interesarse menos en el control social del mundo criminal y más en la sujeción de los grupos política y socialmente rebeldes.

La prisión argentina comenzó a formar parte de este sistema represivo cada vez más centralizado y la violencia jugó un rol fundamental en esa profundización de las transformaciones carcelarias. Hasta fines de los años sesenta las cárceles habían funcionado con un criterio ortopédico que tenía por propósito devolver a la persona detenida a la sociedad. A los varones que habían violado la ley, el objetivo era transformarlos en trabajadores respetuosos del orden, y a las mujeres en buenas esposas y amas de casa. De este modo, la reforma de la persona delincuente se llevaba a cabo a través del trabajo, el deporte, las oraciones religiosas, y cierto bienestar material y psicológico en el encierro. Sin embargo, a partir del advenimiento del ciclo de dictaduras de los años sesenta y setenta, ya no se dispuso de un espacio para la rehabilitación y reforma de los sujetos caracterizados de subversivos, tal como sí lo había pretendido y puesto en práctica el sistema penitenciario en la primera mitad del siglo xx para el delincuente común (^{Caimari 2004}).

El proceso de reforma y especialización del sistema penitenciario guardó relación estrecha con una estrategia represiva del Estado más global e integral, congruente con el ideario antisubversivo dominante durante la Guerra Fría tanto en Argentina como en otros países latinoamericanos. Este fue un asunto, por otra parte, que se tornó particularmente decisivo a la hora de homogeneizar ideológicamente al personal penitenciario con los miembros de las fuerzas armadas. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) tuvo entonces una puesta en valor, fundamentalmente a través de una creciente especialización de sus prisiones. Muchas unidades fueron refundadas adquiriendo el sistema penitenciario una mayor unidad como aparato de control político. Uno de los ejes de esta nueva etapa fue la creación de un servicio de inteligencia propio y la formación de su personal con ideas afines a la Doctrina de Seguridad Nacional, centrada en la persecución del enemigo interno, comunista y subversivo (^{Bossio-Haulet 2003}).

La transformación modernizadora que efectivamente franqueó al SPF implicó, por un lado, la ampliación o construcción de establecimientos penitenciarios y, por el otro, su jerarquización con el fin de graduar la peligrosidad de presos y presas de acuerdo con criterios ciertamente políticos más que sociales. Se aplicaron procedimientos y reglamentos enmarcados en una lógica de “guerra interna” que provocaron un deterioro paulatino de la calidad de vida en el encierro.

En este contexto, la dimensión de género fue un elemento constituyente de la tecnología disciplinadora. Tanto el sistema penitenciario como el poder militar en sus técnicas represivas de control tuvieron al género como el principal organizador. Se ensayaron prácticas de desfeminización, desmaternalización y de patologización de la sexualidad en el caso de las mujeres. Y los varones por su parte fueron esencialmente castigados en aquellos lugares del cuerpo que afectaban su virilidad. Asimismo, esta tecnología represiva produjo en los espacios no visibles como los calabozos o las celdas una “subversión” de género por parte del personal penitenciario, llevando a cabo vejaciones sexuales contra las prisioneras y los prisioneros a contra pelo del discurso público “restaurador”, familiarista y heterosexista. En el próximo apartado desarrollaré estos aspectos.

Sexualidad y género como formas particulares de disciplinamiento

Como se señaló anteriormente la “modernidad carcelaria” no sólo no trajo aparejado el decrecimiento de la violencia represiva del Estado sino que, por el contrario, la misma se profundizó al calor del ascenso del conflicto social. Es por ello que, por ejemplo, en las cárceles del Estado terrorista donde estuvieron alojadas las mujeres no primó una resocialización acorde con las pautas de género -como practicaron por décadas las religiosas de la congregación del Buen Pastor encargadas del encierro femenino hasta comienzos de los años setenta-, sino a un cúmulo de estrategias de desubjetivación.

El concepto de desubjetivación alude al momento en el que el sujeto, atravesado por los modos históricos en los cuales cada sociedad representa y apuntala esta conformación diferenciada en sentido estricto del inconsciente, es objetalizado o menoscabado en su ser (^{Bleichmar 2004}). En este sentido los intentos de desmantelar los anudamientos de distintos aspectos y registros, simbólicos, imaginarios, públicos, íntimos y privados, redundaron y se materializaron, en el caso de las presas políticas en sujeción de las identidades de género y sexuales en tanto constelaciones organizadoras de la subjetividad. Este avasallamiento se cristalizó en prácticas de desmaternalización, de desfeminización y de patologización del género y la sexualidad.³

La desmaternalización se practicó contra aquellas presas que portaban la condición de madres. En la cárcel de Devoto existía un pabellón donde estas mujeres podían convivir con sus hijos hasta que alcanzasen los dos años de edad. Sin embargo, esta convivencia se daba en condiciones de higiene, de alimentación y, en general, de salubridad muy deplorables. Los niños y las niñas solían enfermarse todo el tiempo pues no había agua caliente, los vidrios estaban rotos y no contaban ni con mantas ni con colchones en buen estado. El “pabellón de las madres” estuvo siempre al límite de las epidemias y por ende de la supervivencia. Dicho de otro modo, se les permitía a estas mujeres permanecer con sus vástagos pero ejerciendo una fuerte violencia institucional contra ellas y sus hijos.

El proceso de desmaternalización se profundizó posteriormente por medio de una medida disciplinaria muy severa que fue la de obligar a las madres a desprenderse de sus hijos de las celdas a los seis meses de edad. Si bien esta orden no alcanzó el mismo nivel de violencia que en los centros clandestinos de detención donde a las mujeres secuestradas les quitaban a sus hijos inmediatamente luego de parir para luego asesinarlas; la penitenciaría las forzó a separarse de sus hijos, confiriéndoselos a los familiares cuando los había o, en su defecto, amenazándolas con entregarlos en adopción a personas desconocidas o a dejarlos en la Casa Cuna⁴ o en cualquier otra institución hospitalaria. En efecto, las fuerzas armadas y penitenciarias a la vez que estimulaban mecanismos para suscitar que las presas cediesen en adopción a sus hijos promovían adopciones ilegales a ojos vista (^{Villalta 2012}; ^{Regueiro 2013}).

El decreto reglamentaba, además, que las presas políticas sólo podían recibir visitas comprobando, por medio de una documentación adecuada, los vínculos filiales. En consecuencia quedaba totalmente prohibida la comunicación con los seres queridos presos que no acreditasen este vínculo de un modo oficial. En oportunidades sucedía que a las presas no solo se las alejaba de sus hijos o hijas sino también de sus compañeros y padres de esos niños con los que de golpe no estaban casadas o no contaban con los papeles que pudiesen probar el vínculo. Se atormentaba además a las madres presas políticas manipulando la correspondencia. Es así que los dibujos que llegaban dentro de las cartas tenían muchas veces impreso el sello de censurado sobre el mismo trazo infantil. Conjuntamente no podían tomar contacto físico con sus pequeños, las visitas se realizaban detrás de un panel de vidrio y eran escuchadas y vigiladas por personal penitenciario, quitándole al encuentro todo rasgo de intimidad.

La estrategia de desfeminización penitenciaria no resulta en mi lectura de la disminución de las características asociadas con el potencial biológico reproductivo femenino, tal como podría explicarlo el discurso médico, sino con la tecnología represiva que articula el poder penitenciario y militar para menguar todo elemento subjetivante de las mujeres en términos sexuales. Es con este fin que a las presas se les quitó lo que el mismo régimen postulaba como tareas “naturales” del mundo femenino, me refiero a aquellas asociadas con las labores que emulan en el penal la vida doméstica (tareas de limpieza, de cocción de alimentos, de confección de prendas, entre otras). El objetivo en este caso fue ensayar una fuerte violencia simbólica quitándoles incluso todo rasgo de una feminidad normativa. Los penitenciarios las desnudaban empuñando armas de guerra, les cortaban el pelo al ras, les daban una vestimenta carcelaria informe y no les permitían usar paños de contención del flujo menstrual. Aunque no hayan existido violaciones sexuales masivas en las cárceles, la humillación del cuerpo físico se unía por medio de estos elementos a la desubjetivación de género y sexual y con ello se apostaba simultáneamente a la degradación de cada una de estas mujeres en términos políticos.

Como se adelantó en la introducción, el discurso del régimen militar feminizaba “tradicionalmente” a las mujeres solo en una faz visible de su accionar, pues puertas adentro las patologizaba tratándolas de locas. La estrategia de patologización consistía en anular la racionalidad femenina y reducirla a una subjetividad “anormal” y por tanto también “subversiva” como suelen ser clasificadas las locas. En este sentido, la tecnología represiva cuando sexualiza a las presas políticas les atribuye características que el mismo discurso militar califica de enfermas y anómalas. El mote de locas funcionó como una atribución despolitizante que tenía el doble objetivo de degradarlas como militantes a la vez que como mujeres. Parafraseando a Marcela Lagarde, la tarea de asignar la locura como cualidad deviene entonces de la trasgresión de la feminidad esperable (^{Lagarde 1997}). Son entonces connotadas negativamente, anuladas y degradadas en su feminidad, y desde la visión de la corporación militar resultan además degeneradas.

En síntesis, la locura, la virilización y el antimaternaje son todos atributos que resitúan a las presas políticas en un cautiverio “simbólico” que sobreviene de la necesidad de degradar su sexualidad y de la relación que ellas pueden entablar con otros cuerpos sexuados. Un cautiverio que se rearticula en clave de género con el cautiverio político disciplinario.

Por su parte la tecnología que los militares y penitenciarios utilizaron para disciplinar a los presos políticos varones tuvo también por eje producir un intenso proceso de desubjetivación. Si bien el objetivo explícito del régimen penitenciario-militar era ocasionar la destrucción ideológica y política de los varones presos políticos, la desubjetivación, como en el caso de las mujeres, se consumó en términos de una lógica de género desmasculinizadora que se manifestó por medio de un ataque al cuerpo físico de los presos políticos.

En el caso de los varones presos en el penal de Rawson, en la lejana Patagonia, la dominación a través del eje sexual tuvo una estrategia metódica. Analizándola es posible vincular la desestructuración política a los efectos de devastación de los rasgos básicos de la masculinidad que se expresó centralmente en el quebranto del cuerpo y en la sexualización de la tortura.

Si fuertes diferencias ideológicas separaban a las fuerzas de seguridad de los militantes políticos en el encierro, la representación de la masculinidad y la forma de vivenciarla sin embargo, asemejaban a ambos grupos entre sí por medio de estándares de destreza física y resistencia corporal. Cuando los militares perfeccionaron el modo de quebrar el espíritu de lucha de los presos políticos vislumbraron la posibilidad de vulnerar la integridad de estos varones, desmasculinizándolos. Esto se expresó, por un lado, en la imposición del régimen carcelario de mantenerlos encerrados durante 23 horas al día, obligándolos a estar recostados en sus camastros dentro de pequeñas celdas ocasionándoles entumecimientos, inflamaciones y edemas. Por otro lado, porque la alimentación que ofrecía el penal no superaba las 450 calorías diarias. Una insuficiencia energética que redundó en una disminución notable del peso y de la masa muscular por carencia de vitaminas, proteínas y minerales y que, en una fase posterior, derivó en cuadros de desnutrición, trastornos hormonales, cuerpos fláccidos y en la caída del vello. El proceso de desmasculinización se sirvió de distintos instrumentos para devastar físicamente a los presos políticos y éste, a la vez, incluyó la escasa y en oportunidades nula atención médica.⁵

Según testimonios que ofrecieron los presos políticos en distintas oportunidades, sobre todo en los dos primeros años de régimen militar, entre 1976 y 1978, se aplicaron la mayor cantidad de torturas físicas. La golpiza era un tormento que tenía como objetivo quebrar física y moralmente a los militantes con el fin de convertirlos “en seres atemorizados, recelosos y dóciles por efecto del terror”.⁶ La cárcel de esta etapa no sólo privó a los varones de su fuerza física sino que cuando aplicó tortura física lo hizo particularmente en las zonas del cuerpo que al menos en nuestra cultura resultan fundantes de la masculinidad misma: los genitales. Es así que con bastones de goma y manoplas de acero golpeaban directamente en los órganos sexuales y reproductores, pero incluso cuando las torturas no apuntaban directamente al aparato genital, seguían teniendo por propósito, devastar los lugares del cuerpo que connotaran peculiaridades masculinas como el vello de las axilas o los bigotes.

Otras veces la dominación adquiría carácter sexual resultando de ella una abierta violación con objetos como palos o armas de varones a otros varones, como una suerte de rito de “admisión”. La institución penitenciaria intervenía en esa primera instancia de recepción con gran fuerza simbólica, delimitando una economía distributiva del poder sexual. La “penetración” de los presos por parte del poder penitenciario militar muestra, por un lado, la posibilidad de extremar la desmasculinización del preso político a través de la sodomización y, por otro lado, la constitución de los penitenciarios en sujetos institucionales a la vez que en sujetos sexuales. Distintos testimonios muestran que los agentes más dinámicos en la lucha contra la “subversión”, que además eran premiados por ello, entendían que su masculinidad quedaba a resguardo por ser ellos los penetradores sexuales, ya que al no ser sodomizados no colocaban en entredicho su heteronormatividad. Este acto violatorio en el que se sublima el pene a través de un instrumento fálico como puede ser un palo de escoba o el caño de un arma de fuego sirve para reafirmar a los penitenciarios en la (re) producción de su masculinidad.

Reflexiones finales

En este trabajo permeado por los estudios de género y de la sexualidad he puesto de manifiesto que ambos factores son nodales a la hora de comprender lo sucedido en la prisión política de los años setenta. Si bien la relación entre la invisibilización y la visibilización de la lógica represiva no es equivalente como se ha planteado a la lógica del sistema sexo-género, ambas están delimitadas por marcos similares y se entrelazan de manera inextricable, a punto tal, que la invisibilización de las cuestiones de género en el análisis obtura la posibilidad de pensar la relación entre lo visible y lo invisible en la tensión entre el Estado, la violencia y la sociedad civil.

El ejercicio de poner en foco la dimensión históricocultural del género y de la sexualidad en su construcción, desarrollo, aplicación y resultado de una política estatal implica interpretar a esta más allá de un mero producto mecánico de intereses corporativos o de la crueldad inmanente de las dictaduras sudamericanas. Justamente, el despliegue de esa perspectiva y de los enlaces en los que reverbera, me ha permitido poner en escena los dispositivos yuxtapuestos que determinaron que la prisión política se subdividiera entre la cárcel “vidriera” para las mujeres (Villa Devoto) y la cárcel lejana, oculta y más represiva para los varones (Rawson). Una división que muestra que los roles de género se entrelazan con aquello que se podía visibilizar y aquello que se debía ocultar. En efecto, el proceso represivo estuvo marcado por cuestiones de género que se observan en la evolución del encierro mismo. Las cárceles legales no tuvieron por objetivo inicial el exterminio masivo que se ensayó en los centros clandestinos de detención pues se intentó “transformar” a las y los detenidos por medio de técnicas de disciplinamiento rigurosas y reglamentos restrictivos. Mas esta política no se mostró del todo efectiva pues las presas y los presos siguieron defendiendo su carácter politizado, lo que llevó al poder penitenciario-militar a aumentar la coacción y a eliminar progresivamente cada vez más derechos. Empero, a partir de 1976, ya no alcanzó con esta supresión y se emprendió un plan de destrucción de la subjetividad con la finalidad última de desarticular todo tipo de oposición política al interior de los penales. En este proceso de desubjetivación se puede ver el modo en que operó la represión de lo femenino y de lo masculino. A las mujeres presas ya no se intentó resocializarlas en roles de género tradicionales, sino desmaternalizarlas, desfeminizarlas y patologizar su sexualidad. En el caso de los varones, las acciones del personal penitenciario se dirigieron a desmasculinizarlos y a desvirilizarlos para desde allí ahondar en un derrumbe físico, político y moral.

Si la destrucción ideológica fue el objetivo del régimen esta se enlazó de hecho con el sistema sexo-género. Se trató de una pretensión de destrucción subjetiva que se manifestó articulada con el ataque al cuerpo físico y a la masculinidad o la feminidad de las personas presas. De este modo, las políticas de destrucción de la subjetividad genérica que el régimen practicó de manera oculta en los espacios de encierro fueron la contracara de lo que las autoridades militares clamaban en sus discursos públicos. En estos últimos primaba una prédica restauracionista de los roles de género acorde con una hipotética cultura argentina derivada de la tradición occidental y cristiana. Pero contradictoriamente, el régimen militar estimuló en las cárceles una fuerte subversión de los sentidos atribuidos en el discurso público al género y a lo sexual. Los militares desplegaron públicamente una retórica de las madres como pilares fundamentales de la familia a la vez que secuestraron a los hijos de las mujeres prisioneras en los campos de detención clandestinos e intentaron quebrar el lazo de las presas políticas con sus hijos e hijas en las cárceles legalizadas. La maternidad fue de este modo válida solamente para aquellas mujeres que no impugnaban el orden social, pero para quienes eran disidentes el Estado reservaba un ataque directo a su subjetividad que incluía subvertir las propias representaciones que el régimen manejaba sobre la cuestión de género. En el penal de Rawson, en tanto, se intentó dominar a los varones obligándolos a prácticas que no fortalecían el sistema normativo de sexo- género sino que, por el contrario, constituían un desafío a su propia existencia. Así, los penitenciarios subvirtieron sus roles tradicionales y se asumieron como penetradores sexuales, trastornando los sentidos deseados socialmente sobre el sexo y el género. La dictadura militar que se presentaba como garante de los roles de género y de la familia misma en realidad no hizo más que alterar estas reglas en los espacios ocultos o semiocultos a la sociedad.

Los análisis del género y la sexualidad en las ciencias sociales han tendido a enfatizar solamente el carácter emancipatorio de la subversión de roles, identidades, prácticas y representaciones. Por este motivo, tal vez, el enlace de estas dimensiones haya pasado desapercibido para buena parte de estos estudios ya que bajo la experiencia de la última dictadura la subversión del género y la sexualidad no tuvo ese carácter liberador. No se trata de negar que la desestabilización de una estructura sexo-genérica opresiva pueda ser efectivamente liberadora sino de subrayar que no todas las impugnaciones a esta estructura tienen en sí mismo un carácter emancipador. En esa dirección creo que es posible afirmar que la dificultad de concebir o encuadrar las formas autoritarias de la desestabilización sexo-genérica ha constituido un obstáculo epistemológico para comprender cabalmente la experiencia de la dictadura en este punto y en las dinámicas represivas más generales. En consecuencia, he caracterizado el régimen militar más allá de su discurso explícito de restauración de la opresión sexual y de género, recuperando críticamente la ambivalencia que de hecho este instaló al respecto. El legado de esa ambivalencia permite comprender en mejor grado cómo se articularon los clivajes de género y de la sexualidad en las décadas siguientes. No resulta casual que el desmoronamiento del régimen militar conllevara, casi inmediatamente en los primeros años 80, a la legalización del divorcio vincular, la patria potestad compartida y el resurgimiento de un activismo feminista, primero, y de las diversidades sexuales, después. Contra sus propósitos, el autoritarismo del ataque al género y a la sexualidad se constituyó en un saber, que con el advenimiento del Estado de derecho fue resignificado en aras de fomentar las consecuencias emancipatorias que la dictadura intentó conjurar.

Tal como lo planteara Michel ^{Foucault (1989)} el encierro carcelario nunca ha logrado conjurar el mal que desea eliminar pues la cárcel misma es la experiencia del fracaso de la reforma de los recluidos a la vez que imagen intimidatoria para el resto de la sociedad.